Revista de prensa. la Voz de Galicia.- Un total de 54 jefes de servicio, departamento, sección y
unidad del Ayuntamiento fueron nombrados en comisión de servicio, un mecanismo
que permite a los responsables políticos total discrecionalidad en el
nombramiento, por lo que la normativa legal restringe su uso a casos de urgente
e inaplazable necesidad y por un plazo máximo de dos años.
Pero en María Pita las comisiones de servicio no son en
absoluto excepcionales. Se han empleado de forma habitual, y se ha ignorado el
plazo máximo de dos años casi con la misma asiduidad.
Esas irregularidades dieron pie a un recurso judicial del
sindicato CIG que fue estimado en su totalidad. La sentencia, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña el pasado 5 de
noviembre, ordena al Ayuntamiento el «cese
inmediato» de todos lo funcionarios en comisión de servicio que hayan superado
el plazo de dos años en esa situación.
De los más de 200 funcionarios en comisión de servicio, el
dictamen judicial afecta a 161, según el sindicato CIG, aunque un informe
municipal reduce la cifra a 156. Entre ellos estarían la mitad de los 54
funcionarios jefes, que desempeñan puestos de responsabilidad. La mayor parte
de ellos, 39, fueron nombrados en este mandato, y otros 15 proceden de
gobiernos anteriores.
Las comisiones de servicio tienen una duración máxima de dos
años, por lo que esos 15 tendrían que haber sido cesados por el actual
gobierno local en algún momento de este mandato, ya que lleva tres años y
siete meses al frente del Ayuntamiento.
En la parte más alta del escalafón de funcionarios están los
jefes de servicio. Hay diez de ellos en comisión de servicio. Todos fueron
nombrados por el actual gobierno local y seis superan el plazo máximo de dos
años.
Segunda, tercera y cuarta línea
La siguiente línea está compuesta por los jefes de
departamento. Hay 21 en comisión de servicio, de los que 15 fueron nombrados en
este mandato. Tres de ellos, y los seis heredados de mandatos previos, superan
los dos años.
Justo por detrás están los jefes de sección. Entre
ellos hay 11 nombrados en comisión de servicio, seis en este mandato. Uno de
ellos lleva más de dos años en esa situación, igual que los cinco procedentes
de gobiernos previos.
Finalmente, las comisiones fueron utilizadas para
nombrar a 12 jefes de unidad. Ocho lo fueron en el actual mandato. Dos de ellos
y los cuatro heredados deberían cesar, según la sentencia, al pasar de dos años
en el puesto.
La comisión de servicio también se utilizó para nombrar al
actual oficial mayor, fichado por el gobierno local en el Ayuntamiento de A
Laracha el 16 de noviembre del 2016. La semana pasada resultó ganador del
concurso para otorgar esa plaza por procedimiento de libre designación.
También está en comisión de servicio el director de la Banda
Municipal de Música, aunque está dentro del plazo de dos años.
El alcalde apela al orden
El actual gobierno local fue el que aprobó más comisiones de
servicio, especialmente entre los funcionarios jefes. De hecho, la CIG ha
criticado que la Marea «continuou promovendo máis comisións de servizo,
algunhas mesmo disfrazadas de concursos nos que engadían restricións ou
preferencias, mais só nos postos máis baixos» y, aunque señala que el ejecutivo
de Xulio Ferreiro «non é o responsábel do inicio da totalidade dos postos
denunciados», si sería «responsábel das sucesivas renovacións». Pese a ello, el
alcalde insistió ayer en que el problema viene de años atrás y en que su equipo
lo que pretende es devolver el «orden» a la plantilla del Ayuntamiento.
Pero la vía para lograrlo no pasa por ejecutar la sentencia
judicial, que ordena el cese «inmediato» de los funcionarios. El gobierno
local ya ha anunciado que la recurrirá, aunque según la sentencia en el juicio
no articuló argumentos en su defensa, y mientras tanto tramitará un concurso de
traslados para regularizar la situación de los funcionarios.
El propio juez rechaza esa solución al señalar que el citado
concurso no invalida un «hecho cierto», la «ilegalidad» del mantenimiento de
las comisiones que superan los dos años. De ahí que ordene el cese inmediato.
La CIG ha invitado al equipo de Ferreiro a cumplir el «contundente» fallo
judicial, y ha advertido que sería «temerario» no hacerlo, pero el recurso se
da por seguro.
XOSÉ GAGO. MARCOS
MÍGUEZ
Su discrecionalidad ha causado críticas, pero los partidos
las justifican en privado por la necesidad de tener cargos fiables
Unos 200 funcionarios del Ayuntamiento de A Coruña ocupan su
puesto mediante una comisión de servicio. Se trata del 14 % de la plantilla
municipal, un porcentaje que evidencia el abuso que se ha hecho en María Pita
de esa figura, perfectamente legal, pero planteada para cubrir situaciones
extraordinarias y de urgente necesidad en la Administración.
¿Desde cuándo hay quejas por el abuso de las comisiones de
servicio?
Desde siempre. El sindicato que acudió al juzgado por las
irregularidades, la CIG,
señala que ya se utilizaban mal en tiempos de Francisco Vázquez. Pero la
central y el presidente de la junta de personal, Manuel Aceña, del CSIF,
coinciden en que en este mandato han seguido aumentando. Las cifras que
maneja la CIG indican que en el actual mandato se concedieron 77, a las que hay
que sumar ocho del último mes, mientras que en todo el anterior mandato se
otorgaron 72. El sindicato también critica que el actual gobierno local ha
renovado las que recibió de sus predecesores, ya que a los dos años tendría que
haberlas terminado, y por acción u omisión no lo hizo.
¿Por qué se critica ese mecanismo?
Los sindicatos no critican el sistema en sí, sino el uso que
se hace de él. La principal crítica es que permite hacer los nombramientos
de forma discrecional, sin necesidad de que el funcionario pase por prueba
alguna de selección. Además, se puede emplear para fichar a funcionarios de
otras Administraciones -normalmente para los puestos de más responsabilidad y
mejor remunerados-, lo que suele provocar quejas entre los funcionarios «de la
casa», que por una decisión política ven frustrada su oportunidad de hacer
carrera.
¿Por qué los políticos recurren a ese sistema?
Por supuesto, parte de las comisiones se otorgan de manera
motivada con el fin para el que fueron planteadas: suplir necesidades urgentes
de la Administración. El problema es que esas situaciones a veces se prolongan
más de lo que permite la ley sin que se convoque un procedimiento reglado para
otorgar las plazas. Esa podría ser la explicación de que haya cinco altos
cargos de los centros sociales que están en comisión de servicio desde hace un
decenio.
Pero la discrecionalidad de los nombramientos en comisión de
servicio también ofrece a los responsables políticos la posibilidad de
situar al funcionario que quieran en un puesto determinado.
Esa circunstancia suele relacionarse con el «enchufismo»,
pero en privado todos los partidos justifican hasta cierto punto la necesidad
de contar con personas «de confianza» en los puestos claves de la
Administración, como las jefaturas de servicio.
Claro que los funcionarios perjudicados son mucho menos
comprensivos con esa necesidad, sobre todo desde que la ley autoriza el
nombramiento de directores de área -el actual gobierno tiene nueve, uno más que
el PP-. Esos cargos
se nombran de forma totalmente discrecional, pueden proceder de otras
Administraciones, y se sitúan un peldaño por encima -tanto en materia salarial
como jerárquica- de los jefes de servicio. Por lo tanto, la mayoría de los
funcionarios considera que la necesidad de un mando político dentro del propio
aparato administrativo ya queda cubierta con esos cargos.
¿Por qué aumentaron las comisiones durante los últimos
mandatos?
Entre otras causas, la supuesta necesidad de contar con
personal «de confianza» en puestos elevados ayuda a entender el aumento. En 28
años de gobiernos socialistas se formaron, inevitablemente, afinidades con
parte de la plantilla. El siguiente gobierno del PP no contó con algunos, y
movió la plantilla y la aderezó con funcionarios de otras Administraciones
utilizando, entre otros sistemas, las comisiones de servicio.
Ese efecto se incrementó con la Marea, que no tenía afinidad
ni con los nombrados por el PP ni por la mayor parte de los heredados del
bipartito PSOE-BNG. Como consecuencia,
aumentaron los desembarcos de personal externo y los bailes en la plantilla.
¿Es coherente la postura de los partidos políticos?
No. Aunque en privado se muestren comprensivos con esas
maniobras, en público todos proclaman su fe incondicional en los funcionarios.
De hecho, uno de los ejes de la campaña de la Marea Atlántica fue
su rechazo a los nombramientos «a dedo» del PP y su insistencia en que
contarían para todo con la plantilla de María Pita. Pero hubo desembarco de
personal de otras Administraciones -en ocasiones con cargo político- destinados
a los puestos de más responsabilidad.
La demanda de los funcionarios fue el colofón de un mandato
marcado por la tensión
El mandato arrancó con elogios del gobierno local a los
funcionarios de María Pita, pero los choques con la plantilla se han sucedido a
un ritmo similar o incluso superior al de otros gobiernos.
Hubo polémica cuando el jefe de gabinete del alcalde llamó
«orcos» a parte de la plantilla, o cuando el concejal de Rexeneración Urbana
habló de funcionarios «permisivos» con los promotores en el área de Urbanismo.
Esos roces verbales dieron paso a movilizaciones en el caso
de la Policía Local, en la que se han combinado las reivindicaciones laborales
y el disgusto creado por el apoyo del gobierno local a los okupas de la
Insumisa, para dar paso a un malestar que podría llegar hasta las elecciones.
El colofón fue la demanda de la CIG por las comisiones de
servicio, que los más críticos de la plantilla ven como la ruptura total de las
promesas electorales del gobierno, que se comprometió a regularizar la
situación de la plantilla y contar con ella.
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