jueves, 8 de noviembre de 2018

La posibilidad de flexibilizar la administración: relajar y vigilar

"Siempre que se produce una actuación heterodoxa en una organización (sea ésta pública o privada) no suele estar en las reglas del juego sino en la vulneración de las mismas por parte de la ambición patológica de una persona o de un colectivo" 

Por Carles Ramió. EsPúblico blog. La posibilidad de flexibilizar la administración: relajar y vigilar 

I RELAJAR
La flexibilidad en la gestión pública es necesaria para lograr eficacia, eficiencia y ser permeable a la innovación y al aprendizaje. La Administración pública en cuanto prestadora de servicios tendría que operar como si fuera una empresa, una buena empresa. No hay que conformarse en trabajar con limitaciones organizativas, con una mirada excesivamente reflexiva hacia los procedimientos formales, con sistemas de control ex ante, de proceso y ex post que sean castradores, con normativas que limitan el campo de juego hasta dejarlo casi inerte.

Todos los que hemos dirigido y gestionado organizaciones públicas nos sentimos impotentes y nos asemejamos a luchadores que tienen las manos atadas a la espalda. Ante una buena idea política (el qué) como de gestión (el cómo) es recurrente el comentario «esto no lo podemos hacer ya que somos una institución pública, si fuéramos una empresa otro gallo cantaría». Esto es sencillamente inadmisible ya que jamás una buena política y una buena forma de gestionarla debería ser descartada por el mero hecho de ser una institución pública. Los ciudadanos exigen buen gobierno y esto significa elevada calidad política y de gestión. Hay que dotarse de los instrumentos necesarios para dar respuesta a esta demanda ya que la legitimidad del sistema público está en juego. Es más: está en juego la relevancia e incluso supervivencia de la propia Administración pública. No es baladí comentar que las limitaciones propias del modelo burocrático y de su contexto normativo son un aliciente para que la mala política (los políticos mediocres) y la mala gestión (los funcionarios ociosos) escondan sus miserias y su holgazanería en supuestas limitaciones del sistema público que realmente son inexistentes o simplemente hay una falta clamorosa de imaginación y energía. No es lógico que los buenos políticos y los buenos empleados públicos  dediquen buena parte de su tiempo a ser creativos para extorsionar las normas, jugando con su coeficiente de elasticidad y lograr cumplir la letra de las leyes pero contraviniendo su espíritu. Trabajar en la Administración pública suele implicar especializarse en hacer trampas en el juego de cartas del solitario. Nosotros mismos establecemos unas reglas del juego para luego intentar sortearlas. No es lícito ni ético que supuestos buenos gestores públicos se dediquen a violar las leyes con el argumento que de esta manera son más eficaces y más eficientes. Cuando se opera de forma alegal o paralegal queda abierta la inquietante puerta por la que puede entrar la arbitrariedad, el nepotismo, el clientelismo y la corrupción. Pero, además, el modelo burocrático como sistema estandarizado y mecánico mata el principal valor asociado a una sociedad tecnológica y del aprendizaje,  como es la capacidad de innovación  de los profesionales (sean éstos políticos o funcionarios). La metáfora podría ser la siguiente: la ciudadanía en su modernidad nos exige una cocina creativa del tipo restaurantes como Arzac o el Celler de Can Roca pero obligamos a los afamados y creativos cocineros a que trabajen con los protocolos propios de un McDonals. Totalmente imposible e insensato. 

Controles
También carece de sentido que las administraciones públicas para escapar de sus propias reglas institucionales de control generen mecanismos organizativos para relajar su propio modelo. El ejemplo es la enorme proliferación de la administración instrumental. Los ministerios y otros organismos de la administración nuclear están sometidos a reglas de funcionamiento tan estrictas que deben crearse otros organismos para que puedan operar con más flexibilidad: agencias ejecutivas, organismos autónomos, consorcios o empresas públicas. En sentido estricto creamos más Administración pública (generando duplicidades y más complejidad) para escapar de las reglas de la propia Administración. El modelo final es de un barroquismo institucional extremo, generando enormes costes organizativos injustificados, y de una complejidad en la que muchas veces se pierde el control de estos “agentes” de flexibilidad. Además, en muchas ocasiones es una impostura ya que no es raro que ante la dificultad de contratar formalmente a nuevos empleados en un ministerio se encargue a una agencia o un consorcio dependiente que contrate a los nuevos empleados que van a trabajar en el propio ministerio con el agravante que no se respetan los principios meritocráticos. Realizar trampas en el solitario es grave pero, además, genera unos costes organizativos e económicos muy onerosos. ¿No sería más sensato relajar las normas del solitario para asegurar que la mayoría de las veces el juego culmine satisfactoriamente para los jugadores? Se trataría de realizar una propuesta seria y bien argumentada, que es compleja pero técnicamente viable, que relajara lo que es posible flexibilizar y mantuviera una

II VIGILAR
Pero las administraciones públicas poseen unos ámbitos que permiten aportar y asegurar la seguridad jurídica e institucional a la sociedad es el ingrediente básico para lograr el desarrollo económico que facilita el desarrollo humano y el bienestar ciudadano. Recordemos: los países fracasan o no en función de la calidad de sus instituciones (Acemoglu, Robinson, 2015).  Tomemos el ejemplo de un Ayuntamiento: a todos nos llama la atención el abanico, profundidad y calidad de los servicios que presta (sociales, educativos, culturales, limpieza, etc.) pero solemos olvidar sus amplias competencias en materia de disciplina del espacio público (en el sentido físico o de urbanismo, económico y social). De la eficacia de la disciplina que pueda aportar un ayuntamiento depende la calidad de vida de sus ciudadanos y depende también las oportunidades para crear negocios y con ello generar riqueza. Del seguimiento del cumplimiento de las ordenanzas municipales y de las normativas superiores y de su régimen sancionador depende el bienestar ciudadano y la igualdad de oportunidades. Estas competencias municipales son muy delicadas y hay que abordarlas con todas las garantías jurídicas y con un seguimiento (inspección y control), con unos procedimientos (incoación de expedientes) y con un sistema sancionador muy ordenado y sistemático. Esta parte de la Administración pública no puede operar con la flexibilidad propia de una empresa sino con una organización y unos procedimientos absolutamente estandarizados. En el ámbito de competencias como la disciplina, el régimen sancionador y algunas otras la Administración pública debe operar como un McDonalds que garantiza el mismo trato y el mismo tipo de servicio y nivel de calidad para todos los ciudadanos, para todas las empresas y organizaciones sociales.

 Estos ámbitos deben poseer un modelo burocrático en el sentido técnico del término. Precisamente uno de los problemas que presentan actualmente muchos ayuntamientos es que han invertido más en la prestación de servicios que en sus ámbitos de disciplina y sanciones. Y otro problema es que han optado por modelos gerenciales de carácter empresarial y han tendido a flexibilizar también la gestión de la disciplina del espacio público. En este ámbito es imposible optar por la “cocina creativa”. Ambos problemas se asocian y generan pautas de gestión erráticas, asistemáticas, discrecionales que corrompen organizativamente al propio ayuntamiento y estimulan la corrupción social. Un ayuntamiento que ejerce un control policial caótico genera desconcierto social. Son ciudades donde los ciudadanos aparcan su automóvil donde les viene en gana y se estimula los actos incívicos de los ciudadanos. La calidad de vida de la población se resiente. Son ciudades donde las empresas que cumplen con la normativa suelen fracasar ya que compiten de manera desfavorable con una economía informal que no cumple con la normativa fiscal, sanitaria o medio ambiental. Son, en definitiva, ciudades donde impera la ley de la selva, donde la Administración pública abandona su rol de regulación del sistema y son ciudades que caen en la decadencia económica y social que las empobrece en todos los sentidos.

El paradigma burocrático, con su visión mecanicista y castradora sigue siendo útil para controlar a un Leviatán (el Estado en sus distintas facetas como puede ser un Ayuntamiento) que posee un poder enorme. Pero no se trata tanto de controlar al Leviatán como institución sino a sus componentes subjetivos (políticos y empleados públicos) que son los que pueden actuar bajo pulsiones subjetivas y personales que abren un abanico de discrecionalidad que una Administración pública no puede soportar. El problema no suele ser tanto el automóvil sino como lo conduce el conductor. Aunque no hay que perder de vista que si bien es cierto que todos los automóviles suelen tener elevados estándares de calidad este factor también tiene que ser objeto de regulación y control para evitar casos en que en éstos fallen sus elementos de seguridad o que contaminen tan poco como establece la normativa. Al fin y al cabo, los coches también los diseñan y fabrican unas personas que también poseen sus propias pulsiones subjetivas y personales. Weber intentó combatir la discrecionalidad que de las organizaciones premodernas y clientelares y esta lucha sigue y seguirá totalmente presente en el paisaje de nuestras administraciones públicas. Siempre que se produce una actuación heterodoxa en una organización (sea ésta pública o privada) no suele estar en las reglas del juego sino en la vulneración de las mismas por parte de la ambición patológica de una persona o de un colectivo. 

Cuando sucede algo indeseable en una organización hay que buscar siempre a la persona o personas culpables y a sus motivaciones para comprender su errático y dañino comportamiento. Este modelo funcionaría mediante pautas mecánicas impulsadas por instancias administrativas que operarían de manera burocrática, pero con unos mecanismos que, gracias a las tecnologías de la información, trabajarían de forma más segura y no tan castradora, y no atentaría contra la eficacia y la eficiencia de los procesos y de los resultados.

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