martes, 30 de junio de 2020

Guerra en el servicio civil: Reino Unido lanza la mayor reforma del Estado en décadas

El primer ministro, Boris Johnson, está dispuesto a entrar en una guerra política para reformar el servicio civil en plenas negociaciones del posBrexit y la pandemia del covid-19

 Revista de prensa.- CELIA MAZA. LONDRES.- El Confidencial.com.-Se avecina una gran tormenta sobre el Civil Service”, vaticinaba Dominic Cummings, el todopoderoso asesor del primer ministro Boris Johnson, en una reciente reunión con su equipo. Y, en efecto, los primeros temblores del terremoto que va a sacudir los cimientos del sistema público británico han comenzado a provocar las primeras grietas. El hombre que verdaderamente mueve los hilos en Downing Street —si quedaba alguna duda, fue disipada durante la pandemia— se dispone a llevar a cabo la mayor centralización del Estado en la historia reciente de Reino Unido.

Cummings quiere revolucionar la Administración pública con expertos procedentes del campo de la ciencia, la empresa y la tecnología -con especial atención sobre todo lo relacionado con la inteligencia artificial (IA)-. El pasado mes de enero, el estratega ya publicó un anuncio en su blog donde decía, literalmente, “se buscan raros e inadaptados” para esta misión. Pero la reforma está siendo cada vez más piramidal y lo que realmente preocupa a los analistas es que se termine con un “ejército” estilo Trump que ejecute las políticas sin tan siquiera cuestionarlas. La fórmula en democracia no suele salir bien.

Mientras los políticos vienen y van, el conocido Civil Service (o servicio civil) ha sido desde 1853 el engranaje clave de la maquinaria del Reino Unido. Se trata de una organización constante e imparcial que no solo está ahí para llevar a cabo los planes de las administraciones elegidas en las urnas, sino también para brindar asesoramiento y estabilidad al Gobierno de turno.

 Por lo tanto, el hecho de que Sir Mark Sedwill -la máxima autoridad al frente de la Administración pública- haya presentado este lunes su carta de renuncia es sumamente relevante. Se trataba además del asesor de Seguridad Nacional, un puesto que, a partir de septiembre y sin tener experiencia previa en la materia, ocupará David Frost, actual negociador del equipo británico ante Bruselas para intentar cerrar un acuerdo comercial posBrexit. Por cierto, las fechas mandan un claro mensaje a la UE: debe haber avances significativos para otoño.

Sedwill es el tercer funcionario de alto rango que deja su puesto por desavenencias con el Número 10 en apenas unos meses. En febrero, Sir Philip Rutnam abandonó su oficina en el Ministerio del Interior y hace apenas un par de semanas Sir Simon McDonald hacía lo propio con Exteriores. De los grandes departamentos, el único superviviente que queda es Sir Tom Scholar, en el Tesoro, pero quizá no por mucho tiempo. Así que, definitivamente, “la gran tormenta” ha llegado.

¿Centralizar o descentralizar?
Según Cummings, el análisis que se está realizando de su estrategia es erróneo. Se trata de una “invención de la prensa” porque, según defiende, él no quiere centralizar el poder del Estado. Todo lo contrario. Su plan pasa por “aligerarlo” y dar más independencia a los departamentos gubernamentales individuales.

Seguramente, los medios también habrán “malinterpretado” el absoluto control impuesto al resto de asesores, que tienen prohibido comer con periodistas y temen ser pillados por la red de espías que el estratega ha creado en todos los restaurantes de la zona de Westminster. O puede que también se eche la culpa a las supuestas 'fake news' ante el hecho de que el comité de Inteligencia y Seguridad no se haya reunido desde las elecciones de diciembre (el parón más prolongado de los últimos 25 años) porque Cummings quiere controlar quiénes van a ser sus miembros. "The Dom factor" —el factor Dominic—, lo ha llegado a llamar el mismísimo 'The Telegraph', biblia para los 'tories'.

Lo cierto es que en Reino Unido siempre ha habido un sentimiento de que el primer ministro tiene mucho poder oficial, pero pocos recursos para imponerlo. En definitiva, puede tirar cuando quiera del freno de mano, pero eso no lleva implícito que el coche se detenga. Y esto ha creado diferentes batallas entre el funcionariado y gobiernos de todo signo político, desde el liderado por Margaret Thatcher -que ya en su día quiso sustituirlos por ejecutivos empresariales- hasta el de Tony Blair. Con todo, lo que se ha emprendido ahora es una auténtica guerra contra el funcionariado.

Aunque el término tiene en Reino Unido una connotación distinta. Mientras que existen actualmente alrededor de seis millones de 'public servants' (aquellos que trabajan para las instituciones públicas), solo hay unos 420.000 'civil servants' que recorren Whitehall, la gran avenida pegada a Westminster donde se encuentran todos los ministerios. Los sueldos iniciales rondan las 25.000 libras anuales, una cifra que podría duplicarse en el sector privado. Pero los que logran ascender, aparte de la satisfacción de servir al país y lidiar con asuntos de Estado, normalmente son premiados con títulos de 'Sir' o incluso 'Lord'. Y en la cultura británica, eso da mucho pedigrí e influencia.

Las pruebas de acceso son de lo más peculiares. Según ha podido saber El Confidencial, uno de los requisitos para entrar en el departamento de Exteriores, por ejemplo, es ser capaz de vender ante una mesa de expertos que se hacen pasar por hombres de negocios un programa (ficticio) que quiere llevar a cabo el Gobierno británico pero que va en contra de los intereses de otro país aliado, cuyo embajador (ficticio) está sentado también como comensal. Y todo ello, claro, sin poner en peligro las relaciones diplomáticas.

¿Reforma o guerra?
El asesor principal del primer ministro quiere ahora reformar la Oficina del Gabinete —creada originalmente para supervisar y centralizar el Servicio Civil—, ya que considera que la organización está “inflada” y es “ineficiente”.

¿Hay margen de mejora? Por supuesto que sí y ningún funcionario respetuoso diría lo contrario”, señala Lord Kerslake, quien en su día fue responsable de la Administración pública para el Ministerio de Comunidades, en 'The Guardian'. “Pero es poco probable que la reforma vaya a salir bien si el Gobierno empieza una guerra”, advierte.

“Peor aún, este Ejecutivo parece estar preparándose para utilizar las dificultades que conlleva el Brexit y las deficiencias en la gestión de la pandemia como razones para socavar la imparcialidad de los funcionarios. Hay una narrativa perniciosa que une estas cuestiones y defiende el modelo estadounidense de designar para el Servicio Civil a personas que estarían completamente comprometidas con la política del Gobierno y la llevarían a cabo sin cuestionamientos. En la era del presidente Trump, dudo que haya muchos interesados ​​en esto. Pero podría suceder con sigilo. Por lo que es necesario un escrutinio exhaustivo de lo que puede ocurrir ahora en Whitehall”, añade.

Como parte de esta gran reestructuración, Downing Street también plantea cambiar la sede de determinados departamentos de Londres a otras zonas del país, para “reducir la distancia entre el Gobierno y el electorado”, en concreto aquel que votó por el Brexit. “Debemos estar más cerca de ese 52% que votó por salir de la UE para entender de primera mano sus motivaciones”, señala el jefe de Gabinete, Michael Gove. El que a efectos prácticos sería ministro de la Presidencia, siempre ha sido gran aliado de Cummings. Las nuevas oficinas podrían establecerse en el norte de Inglaterra, en el conocido como 'muro rojo', donde el electorado votó por los 'tories' por primera vez desde la II Guerra Mundial para asegurarse de que se llevaba a cabo el divorcio con el bloque.

Por otra parte, el primer ministro presidirá a partir de ahora tres nuevos comités sobre prioridades nacionales, internacionales y económicas para establecer estrategias con ministros del gabinete individuales encargados de que las políticas se implementen en Whitehall. Desde el Número 10, aseguran que el nuevo sistema se inspira en la estructura utilizada para las negociaciones del Brexit y la respuesta a la emergencia sanitaria inicial ante la pandemia. Aunque, de momento, no ha dado más detalles.





lunes, 29 de junio de 2020

España bate el récord de funcionarios interinos tras sumar 333.000 en siete años

La Administración sigue engordando sin freno: 3,25 millones de empleados públicos, y el 27,5% son interinos

Revista de prensa. Por Roberto Pérez. ABC.es.- España se ha visto sorprendida otra vez por una crisis económica con una cifra récord de trabajadores a sueldo de las administraciones públicas. Ocurrió en 2008 y ha vuelto a ocurrir ahora, tras desencadenarse la crisis del coronavirus. Y todo ello tras años en los que se ha disparado la cifra de interinos.

En 2010, cuando la recesión colocó al borde del precipicio las cuentas públicas de España, la Administración se vio forzada a poner a dieta sus gastos. Una de las consecuencias fue el recorte de plantillas: el empleo público empezó a reducirse en 2011, pero apenas tres años después ya estaba remontando. Y no ha dejado de crecer con fuerza desde entonces, de modo que ahora España ya está otra vez en cifras de récord.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), cuando más empleados públicos hubo en nuestro país fue a finales de 2011, cuando se llegó a los 3,3 millones de asalariados; ahora, el sector público tiene 3,25 millones de trabajadores, pero con una sustancial diferencia respecto a 2011: ahora hay muchos más interinos y menos funcionarios de carrera.

La Administración española ha batido todos sus récords de interinos: alrededor de 900.000, según las tres últimas EPA. La del primer trimestre del año situaba la cifra de interinos en 892.800, tras una escalada que se viene produciendo desde hace años, de forma sostenida. En el primer trimestre de 2013 había 559.700 interinos en el sector público español, dos años después ya eran 622.500, en el primer trimestre de 2017 se había subido hasta los 686.100, a principios de 2019 la cifra alcanzó los 862.800, y en este último año las administraciones españolas han engordado con otros 30.000 interinos. En total, en siete años, 333.000 más.


Se trata de plazas que la Administración ocupa con contratados temporales, en vez de cubrirlas empleados públicos de carrera que han obtenido un puesto en propiedad tras el correspondiente proceso selectivo. La normativa establece que los puestos cubiertos por interinos deben ser una circunstancia excepcional y pasajera. Entre otras cosas, para asegurar que el empleo público se dota con personal de carrera, por oposición, garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Administración.

Sin embargo, el sector público español transita ahora también en tasas récord de temporalidad. No solo es ahora cuando más interinos hay en número absoluto, sino que la proporción que representan sobre la plantilla total de la Administración anda disparada en tasas de récord: hace siete años, tras ponerse «a dieta» el sector público, los interinos suponían el 19% de todos sus asalariados; ahora son el 27,5%.

Datos por comunidades
Los gobiernos autonómicos son líderes en la materia. Entre otras cosas, porque las administraciones regionales son, con mucha diferencia, las que concentran la mayor parte del empleo público en España. Y también de los interinos.

Contando los asalariados al servicio de todas las administraciones (la periférica del estado, las locales y la autonómica correspondiente), prácticamente todas las regiones tienen una tasa de interinidad del empleo público superior al 25%. Cinco superan el 30% y una, el País Vasco, roza el 40%. En ránking lo lideran Navarra, con una tasa de temporalidad del empleo público del 33,3%; Canarias, con el 34%; Extremadura, 35,1%; Cantabria, 36,3% y el País Vasco, con un 38,7%.

Frente a las voces de economistas que alertan del elevado déficit público en el que está instalada España, y del riesgo que supone el aumento constante de los costes estructurales de la Administración, desde los sindicatos defienden el aumento del empleo público que se ha producido, para recuperar las plantillas tras los recortes aplicados en la anterior crisis.

Pactos incumplidos
La secretaría de Políticas Públicas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Miriam Pinillos, considera que la alta tasa de interinidad que se da ahora es consecuencia directa de esa «recuperación del empleo público que se había perdido». Recuerda los acuerdos alcanzados entre los sindicatos y la Administración en 2017 y 2018 para la mejora del empleo público, que incluía reducir la temporalidad por debajo del 8%. El problema -explica Pinillos- es que las plazas se han dotado con interinos a la espera de unas ofertas públicas de empleo que la Administración no está llevando a cabo.

En similar sentido incide Francisco Lama, secretario nacional de Acción Sindical de CSIF. «Han pasado tres años desde que se firmó el primer acuerdo para reducir la tasa de temporalidad y, a día de hoy, siguen pendientes de ejecución el 80% de los procesos selectivos que debían haberse convocado con las correspondientes ofertas de empleo público».

«Hay una excesiva tasa de temporalidad provocada por las administraciones públicas, y son ellas las que tienen que corregirla», subraya Francisco Lama. Y defiende la estabilidad del empleo público como una de las garantías de los servicios que se prestan a la ciudadanía. «Cuando más se necesitan los servicios públicos es cuando más se nota esa precariedad, como ha ocurrido con las condiciones laborales en las que ha tenido que responder la Sanidad pública en la pandemia del coronavirus».

El 57%, a sueldo de las autonomías
La mayor parte del empleo público español depende de los gobiernos regionales. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), las administraciones autonómicas concentran el 56,8% de todos los trabajadores públicos que hay en nuestro país, mientras que el 20% dependen de las administraciones locales (ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares), apenas un 18% son empleados de la Administración central y de la Seguridad, y en torno al 5% son asalariados de entes vinculados a las distintas administraciones.

La abultada plantilla de las autonomías está directamente relacionada con la sanidad y la enseñanza públicas, dos grandes servicios muy intensivos en personal y que son competencia de las administraciones regionales.

Desde el primer trimestre de 2014, las autonomías han ampliado sus plantillas un 15,5% -han sumado otros 247.400 asalariados, según la EPA-. Las entidades locales han engordado un 7,7%, y un 5% la Administración central y de la Seguridad Social.

viernes, 26 de junio de 2020

La Junta rechaza convertir a los interinos de Andalucía en fijos tras la sentencia europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea llamó la atención a las administraciones por el exceso de contratos temporales entre el personal público 

Revista de prensa. ABC Andalucía.- La Junta rechaza hacer fijos a los 30.000 interinos que tiene Andalucía trabajando para la administración autonómica sin un proceso de selección. Así lo ha indicado el consejero de la Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, Elías Bendodo, durante su comparecencia en comisión en el Parlamento andaluz. El también portavoz del Gobierno andaluz ha indicado que están «negociando la solución más justa para todos» en relación con este colectivo de personal interino. Es una idea que ya han indicado antes desde la Junta. Los interinos deberán pasar un proceso de selección si quieren estabilizar sus plazas.

La polémica viene de lejos y no es solo andaluza. Hasta 800.000 interinos que trabajan en todas las administraciones de España podrían verse afectados por una decisión -la de hacerles fijos tras años encadenando contratos temporales-, que de momento, Andalucía rechaza por completo.

Varios representantes de este colectivo de interinos acudieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para reclamar que las administraciones públicas reconocieran que eran fijos. La sentencia, sin embargo, no reconoció este asunto, pero sí abrió la puerta a que los distintos gobiernos de la UE regularan posibles mecanismos contra el abuso de la temporalidad en la administración.

En Andalucía, los funcionarios tienen además otras dos opciones para convertirse en fijos. Una es una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha de debatirse en el Parlamento andaluz. Hay además otra ILP presentada ante el Parlamento nacional que ha sido admitida a trámite.

30.000 interinos
Pero de momento, el Gobierno andaluz no está por la labor de hacer fijos a esos 30.000 interinos. «Es una cuestión que estamos solucionando con la colaboración con el Estado», ha explicado Bendodo, quien ha señalado que el Gobierno central «tiene que jugar un papel importante»

En todo caso, el consejero andaluz ha recordado que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha varios procesos de estabilización de plazas. «Más de 31.000», ha indicado Bendodo, que ha reconocido que este proceso se inició cuando el PSOE aún gobernaba en la Junta, aunque, ha reclamado, es el Gobierno de Juanma Moreno el que ha puesto en marcha las pruebas.

Sobre la sentencia del TJUE, Bendodo ha indicado que «señala que los jueces de cada estado deben ver si la fijeza o indemnización son medidas adecuadas para prevenir los abusos de la temporalidad», pero «la sentencia no implica que los interinos por mucho tiempo que lleven soportando tal abuso puedan pasar automáticamente puedan ser indefinidos. Deberán superar el proceso selectivo correspondiente».

jueves, 25 de junio de 2020

6 claves para saber si una administración está preparada para estar en las redes sociales

Por Amalia López Acera blog.- Los pasados 26 y 27 de febrero participé en el Congreso CNIS 2019 celebrado en Madrid y en una entrada anterior de este blog os dejé la ponencia que utilicé y que podéis consultar aquí, además de comprometerme a escribir una entrada resumen de la ponencia. Y aquí está.

El planteamiento de mi intervención era el siguiente. La fase inicial en las que las administraciones públicas nos planteamos si debemos estar o no en redes sociales creo que ya está superado. A nadie le cabe duda de que sí tenemos que estar en redes sociales.

Y debemos estar no por una cuestión de postureo o de moda pasajera, sino porque los ciudadanos están ahí y es dónde están los ciudadanos (aunque parezca obvio), donde las administraciones públicas tenemos que estar para poder comunicarnos y relacionarnos con ellos.

Nos encontraríamos por tanto en una fase más avanzada en el que la gran mayoría de administraciones públicas cuanta con más o menos perfiles en redes sociales y se plantea ahora la cuestión de si esa presencia en redes sociales es la que corresponde a lo que como administración pública se nos exige en cuanto a calidad, profesionalidad y sobre todo, por servir a los intereses y objetivos que como administración tenemos encomendados.

Por tanto, planteé la siguiente cuestión y es saber si las administraciones públicas estamos preparadas o no para estar en redes sociales. Elaboré un sencillo test mediante el que con unas preguntas nos permita detectar los aspectos que son claves para saber si estamos preparado o no.

Si no hiciste el test y quieres conocer si en tu administración pública estáis preparados para estar en redes sociales puedes contestar ahora estas preguntas y saberlo.

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1).- ¿ Hay profesionales de la comunicación gestionando las redes sociales?
Ha sido práctica habitual durante mucho tiempo el que una administración pública decidiera abrir perfiles en redes sociales y no se planteara al mismo tiempo si tenía el personal adecuado para su gestión. Total, el Facebook lo sabe llevar cualquiera.

Con el paso del tiempo nos hemos empezado a dar cuenta de que esto no es tan fácil como parecía ya que una cosa es publicar algo y otra muy distinta es gestionarlas  redes sociales de una forma profesional. Sobre todo teniendo en cuenta de que se tratan de las redes sociales de una administración pública.

Si nos tomamos muy en serio cuando se ofrece un servicio a la ciudadanía, ¿por qué no se hace lo mismo con la gestión de las redes sociales? En este artículo intenté dar respuesta a esta cuestión con el post No todos somos communiy manager que se ha convertido en casi un alegato del trabajo de las personas que nos dedicamos a estas funciones y que es hasta ahora mi post con mayor número de lectores.

Por tanto, si tu administración pública quiere estar en redes sociales es importante que tenga profesionales gestionando las mismas.


2) ¿Hay un departamento de comunicación o equipo de gestión de redes sociales?
Si importante es que haya personal especializado gestionando las redes sociales más importante es si cabe el hecho de que todos ellos trabajen de forma coordinada. Es verdad que apenas existen departamentos de comunicación formado sólo por personal funcionario, y que en la mayoría de los casos hay asesores y cargos de confianza que trabajan más para el equipo de gobierno que para la propia institución.

Pero sí que hay casos, y aquí os pongo el ejemplo del Ayuntamiento de Calp (Alicante) en el que yo trabajo y en donde las 3 personas que formamos el departamento de comunicación somos las 3 periodistas funcionarias de carrera.

Es también habitual encontrar como existen cuentas en redes sociales «diseminadas» y que a veces incluso se desconoce su existencia, ya que se considera que pertenecen a un departamento y servicio concreto y atienden a su público.
Habría que analizar la conveniencia o no de seguir manteniendo muchas de esas cuentas pero en el caso de que se decidiera mantenerlas se hace necesario que exista un equipo en el que estén todas las personas que gestionan las redes sociales de una administración pública.

Hay que cambiar la concepción de que es el «Facebook de cultura» o el «Twitter de juventud» ya que son cuentas del ayuntamiento X y por tanto tienen que estar integradas dentro de una estrategia y estilo común.

Y todo eso no se puede hacer si no existe coordinación entre todas esas personas.

3) ¿Se elabora un plan de comunicación y redes sociales?
Muchas veces me preguntan si es necesario que una administración pública tenga un plan de comunicación y redes sociales a lo que suelo responder que lo que no entiendo es como pueden trabajar sin tenerlo.

Es decir, cómo decidimos cuál es el trabajo que vamos a realizar, las acciones que vamos a desarrollar, los objetivos que nos fijamos… se trata de diseñar y planificar para qué estamos trabajando.

Y no es importante sólo tener ese plan de comunicación anual sino también hacer un balance al final de año de la ejecución de dicho plan en el que se refleje el trabajo que hemos realizado y el grado de cumplimiento.

Esa información nos permitirá así mismo diseñar el nuevo plan de comunicación que determinará el trabajo que realicemos durante el siguiente año.

4) ¿Se utilizan nuevos formatos para comunicarse con los ciudadanos?
Si en tu administración pública en redes sociales solo se publican fotos y notas de prensa tenéis que comenzar a pensar que a lo mejor no estáis comunicando de la mejor forma con la ciudadanía.

Las redes sociales nos permiten ofrecer la información que se genera desde las administraciones públicas de forma más rápida, directa, atractiva y sencilla. Pero ello nos obliga a un proceso de reciclaje profesional, como ha sido nuestro caso, en el que este año hemos hecho dos cursos para poder elaborar contenidos audiovisuales utilizando simplemente el móvil.

Infografías, Stories, Gif’s… las nuevas técnicas audiovisuales nos permiten crear contenidos en formatos muy atractivos pero tenemos que estar preparados para poder crearlos.

5) ¿Se destina presupuesto para la gestión de las redes sociales?
Yo siempre digo que abrir un perfil en redes sociales es gratis, pero gestionar las redes sociales de forma profesional cuesta dinero.

Si más arriba decíamos que es necesario crear contenido en nuevos formatos, esto significa destinar dinero no solo para formación sino para comprar licencias para programación, edición de vídeos, diseño gráfico, material como estabilizadores, smartphones, tarjetas de memoria, micrófonos…

6) ¿Tiene acceso todo el personal a las redes sociales desde su puesto de trabajo?
Hace unos días Víctor Almonacid me preguntaba algunas de estas cuestiones para su post Pautas para un uso adecuado de las redes sociales por parte de los empleados públicos en el que yo señalaba que no podemos tener administraciones en redes sociales si no tenemos funcionarios en redes sociales.
Hay que empezar a entender que las redes sociales además de ser un elemento de diversión y entretenimiento también pueden tener un uso profesional. La cuestión es que no se ha enseñado a hacer un uso profesional de esas redes sociales.

Por tanto, restringir el acceso a las redes sociales es creer en primer lugar que los empleados públicos no podemos hacer un uso responsable de los medios y recursos que la administración pública pone a nuestra disposición.

Y en segundo lugar, si el objetivo es impedir «distracciones» poco vas a conseguir bloqueando el acceso, ya que si quiero entrar en redes sociales en horas de trabajo no necesito el ordenador del trabajo porque tengo mi teléfono móvil.

Estas fueron las 6 cuestiones planteadas en mi ponencia en el Congreso y que nos permiten conocer el grado de integración e importancia que la presencia en redes sociales tiene para una administración pública.

Pero yo voy un poco más allá, ya que yo no planteo solo la cuestión de estar o no en redes sociales, sino la de establecer un nuevo modelo de comunicación desde las administraciones públicas.

Desde que me incorporé en el Ayuntamiento de Calp estoy trabajando junto con mis compañeras en desarrollar un modelo de comunicación que sea válido para cualquier administración pública.

Muchas de las cuestiones que he planteado más arriba las tenemos ya puestas en marcha junto con otras que configuran un modelo que hemos denominado #CalpComunica y que empiezan a tomar forma como proyecto conjunto.

En los próximos meses y según se vayan desarrollando y concretando algunos aspectos explicaré con más detenimiento este modelo que creo es exportable y puede servir como ejemplo para su implantación en otras administraciones.
Por tanto, seguimos en contacto.

Podemos seguir la conversación en:

miércoles, 24 de junio de 2020

La falta de personal de enfermería, el talón de Aquiles que el coronavirus dejó al descubierto

Durante muchas semanas, la COVID-19 convirtió a España e Italia en el epicentro mundial de la pandemia. Los países del sur tenían un escudo sanitario con agujeros.

Por Civio.- Cada día, cuando el reloj marcaba las ocho de la tarde, miles de personas salían a aplaudir a sus balcones en varios países europeos. Lo hacían para reconocer el inmenso esfuerzo de los profesionales de la sanidad que todavía hoy luchan por salvar la vida de miles de pacientes. Desde que empezó la crisis, en Europa se han registrado más de un millón y medio de casos de coronavirus. Y cerca de 174.000 personas han fallecido por culpa de la COVID-19. “Han sido meses durísimos. Lo que se ha vivido en los centros sanitarios ha sido espantoso”, recuerda María José García, portavoz de SATSE, el principal sindicato español de enfermería. Ella, que trabaja en Madrid, ha sido una de las miles de profesionales que han estado en primera línea contra el virus. Su esfuerzo ha sido titánico, pese a no tener los medios adecuados para hacerlo.

Hay, de hecho, una línea invisible que divide a Europa. Antes de que el coronavirus golpease al continente, los países nórdicos y centroeuropeos eran los que tenían equipos sanitarios mejor preparados. Aunque el número de médicos y médicas por cada mil habitantes era similar, la diferencia estaba en otro eslabón importantísimo en la cadena: la enfermería. Los países del norte y del centro de Europa tenían mucho más personal de esa especialidad que los del sur. Según datos de Eurostat, Alemania contaba con casi 13 profesionales por cada mil habitantes, cifras parecidas a las de Luxemburgo (11,72), Bélgica (10,96), Suecia (10,90), Países Bajos (10,88) o Dinamarca (9,95).

En el otro extremo, Grecia era la región con menor número (3,31) por cada mil habitantes en 2017. Según los datos de Eurostat, otros países del sur también presentaban grandes agujeros en sus plantillas. España, con 5,74, e Italia, con 5,80 especialistas de enfermería por cada mil habitantes, se encontraban muy lejos de las cifras de sus vecinos del norte. Durante los momentos más álgidos de la pandemia, tanto España como Italia se convirtieron en el epicentro de la crisis sanitaria. La emergencia provocada por el coronavirus ha revelado, con más intensidad si cabe, una de las debilidades históricas de sus sistemas sanitarios: la falta de personal de enfermería. A menos profesionales, más pacientes a repartir, una sobrecarga laboral que afecta a la salud de las personas tratadas, según sugiere un estudio realizado en 300 hospitales de nueve países europeos.
Los datos de Italia y España son todavía peores si comparamos la ratio entre personal médico y de enfermería. En líneas generales, los países nórdicos y centroeuropeos tienen una relación más cercana a la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): tres profesionales de enfermería por cada uno de medicina. Por el contrario, Italia presentaba una ratio de 1,45, y en España, la proporción era parecida, de 1,48. Esto se debe a que la dotación de personal médico de ambos países es similar a la media europea, algo que no sucede en enfermería, cuyas plantillas son mucho más reducidas en el sur. “Nuestro sistema sanitario se focaliza más en curar que en cuidar a las personas o prevenir la enfermedad”, explica Mar Rocha, portavoz del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.

La situación es todavía peor en los centros sociosanitarios. “Las residencias de personas dependientes, no solo de mayores, siempre han tenido una ratio muy deficiente”, dice Mar Rocha. “Si históricamente en el ámbito sanitario somos pocas enfermeras, en el ámbito sociosanitario estamos prácticamente solas. Esta pandemia ha hecho visible esa carencia en la atención sanitaria y ha causado estragos en los residentes”, apunta. A fecha 10 de junio, cerca de 20.000 personas habían fallecido con COVID-19 o con síntomas compatibles en las residencias españolas.

Diferentes datos para una misma realidad
Los datos incluidos corresponden al personal sanitario en ejercicio, la categoría a la que Eurostat define como los profesionales, tanto de medicina como de enfermería, que “atienden directamente a los pacientes”. No obstante, algunos países europeos, como Francia, Portugal, Irlanda y Eslovaquia, no dan a conocer sus cifras en esta categoría. Los datos que publican en sus informes nacionales corresponden con la etiqueta de “profesionales en activo”, una categoría ligeramente distinta, que incluye no solo a los activos, sino a todos los que tienen una licencia. En este caso, aunque no sean directamente comparables, y por eso no aparecen en nuestra tabla, Francia y Portugal presentaban mejores datos relativos: en 2018, el sistema sanitario galo contaba con 10,48 profesionales de enfermería, mientras que la sanidad lusa tenía 7,2 especialistas por cada mil habitantes, cifras más elevadas que las de España e Italia. Tampoco incluimos en el análisis de la ratio a Rumanía, República Checa y Grecia por algunos problemas en sus cifras de personal médico o de enfermería. Otros estados europeos presentan algunas peculiaridades en la forma de contabilizar a su personal sanitario que se detallan en la metodología al final del artículo.

Hay una carencia endémica de enfermeras”, subraya María José García, una opinión en la que también coincide Barbara Mangiacavalli, presidenta de la Federación Nacional de Profesionales de Enfermería (FNOPI) en Italia. Así lo ha puesto de manifiesto también el Tribunal de Cuentas de su país: en un reciente informe, este órgano señala que la progresiva reducción del gasto público en la sanidad italiana ha supuesto la disminución del personal sanitario, especialmente acusada en el caso de la enfermería. El país transalpino, según los datos de FNOPI, necesitaría incorporar al menos entre 53.000 y 54.000 personas de este ámbito para alcanzar al menos la media europea. En España, las necesidades oscilan entre las 88.000 y las 125.000 personas, de acuerdo con los datos que manejan las propias especialistas entrevistadas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también ha destacado la carencia de enfermeras en ambos países.

“Históricamente, las enfermeras hemos tenido muy poca visibilidad”, comenta Mar Rocha. Y esa reducida visibilidad, explica, “se traduce en falta de reconocimiento social”. “La mayoría nos concibe como un personal a las órdenes de los médicos en hospitales y en centros de salud, pero no es así”, coincide García. Como explica Rocha, portavoz del colectivo madrileño de enfermería, este personal es el que lidera “los cuidados a los pacientes” y el que está “en contacto directo con ellos de manera continuada”. Además, su trabajo durante la crisis de la COVID-19 también se ha multiplicado exponencialmente. “Más allá de la atención sanitaria, nuestro rol fue no dejar nunca a ningún paciente solo, sostiene Barbara Mangiacavalli.

Sanitarias al pie del cañón
Ello explica también que la enfermería, como otros colectivos sanitarios, tuviera cifras de contagio más altas que la población general. Ya a principios de abril, la Organización Mundial de la Salud alertó de que el 10% de todos los contagios en la región europea correspondían a personal sanitario. Poco después, a finales de abril, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, en inglés) destacó algunas cifras reveladoras: el 20% de las personas con COVID-19 en España eran profesionales sanitarios; el porcentaje en Italia se situaba en el 10%, aunque en algunas de las zonas más afectadas, como Lombardía, esta proporción de infectados rondaba también el 20%.

Además, a diferencia de lo que ocurre en la población general, existe una importante brecha de género en los datos de personal sanitario infectado. A principios de junio, según el Istituto Superiore di Sanità, el 70% de las sanitarias italianas contagiados con COVID-19 eran mujeres. Los datos registrados en España a finales de mayo mostraron que el 76% de los contagios entre profesionales sanitarios se dieron en mujeres, aunque el número de fallecidos era mayor en el caso de los hombres. Este dato contrasta con la proporción de mujeres afectadas por coronavirus entre la población general, que ronda el 56%. ¿A qué se debe esta diferencia? Las expertas apuntan a la altísima presencia femenina en los colectivos sanitarios: de acuerdo con Eurostat, el 78% del total son mujeres, algo que se ve especialmente en enfermería. “Es una profesión altamente feminizada desde sus orígenes”, cuenta Rocha.

Nunca he conocido un bombero que vaya a una casa en llamas sin protección, pero los gobiernos les dijeron a las enfermeras que fueran a las unidades COVID sin ningún tipo de protección y poniendo en riesgo su vida” Paul De Raeve, secretario general de EFN

Para explicar la alta tasa de contagios entre el personal sanitario, los responsables políticos han ofrecido diversas razones. En España, por ejemplo, se ha achacado a la mayor realización de pruebas diagnósticas en este colectivo, la mayor exposición en el trabajo o el desconocimiento inicial del papel de las personas sin síntomas en la transmisión del virus. Sin embargo, las autoridades obvian el problema que, para las organizaciones, fue la razón de sus contagios: la falta de equipos de protección individual.

“No somos héroes, no llevamos capa ni tenemos superpoderes. Por eso tenemos los contagios que tenemos”, critica María José García. Según un reciente estudio realizado en España, durante las primeras semanas de la epidemia, el personal sanitario notó sobre todo la falta de disponibilidad de mascarillas filtrantes para protegerse, por ejemplo, tanto en los hospitales como en atención primaria. “Nunca he conocido un bombero que vaya a una casa en llamas sin protección, pero los gobiernos les dijeron a las enfermeras que fueran a las unidades COVID sin ningún tipo de protección y poniendo en riesgo su vida. Es inaceptable”, afirma Paul De Raeve, secretario general de la Federación Europea de Asociaciones de Enfermería (EFN, en inglés).

A fecha 29 de mayo, 51.482 profesionales sanitarios se habían contagiado de coronavirus en España. Algo similar ocurrió en Italia. Según datos de FNOPI, unas 13.000 enfermeras italianas se contagiaron del coronavirus, lo que supone casi la mitad de los casi 30.000 profesionales sanitarios infectados en este país. “Cuarenta murieron a causa de la COVID-19 y esto a pesar de que la población de enfermeras es lo suficientemente joven como para poder soportar mejor los efectos del virus”, lamenta Barbara Mangiacavalli. Pero lo ocurrido con el coronavirus, según critica De Raeve, no es algo novedoso.

Cuando en 2014 el ébola llegó por primera vez a Europa, una sanitaria se contagió del peligroso virus en un hospital madrileño. Ya por aquel entonces, la profesión puso el foco en la necesidad de contar con equipos de protección individual. “Nadie puso atención en ello”, explica el portavoz. Para el Consejo Internacional de Enfermería (ICN, en inglés), la situación representa una “emergencia global”. A fecha 18 de mayo, según la carta que dirigieron a la Organización Mundial de la Salud, habían fallecido al menos 360 enfermeras en todo el mundo por culpa del coronavirus. Sin embargo, muchos países, entre ellos España, no desglosan los datos de sanitarios afectados por categorías profesionales, lo que podría hacer que esta cifra fuera solo la punta del iceberg. “Tenemos que cuidar a los que nos cuidan”, insiste De Raeve.

Concentración en el exterior de un hospital de Madrid | María Álvarez del Vayo
La huella que no se ve
El impacto que ha dejado el coronavirus en todo el mundo ha sido y seguirá siendo enorme. Pero en el personal que trabaja en primera línea quizás la huella es todavía mayor. A la enorme cantidad de trabajo acumulado, pronto se sumaron la sobrecarga emocional y el sentimiento de desprotección que sufrían. “Te vas con el miedo de contagiar a tu familia, de convertirte en un elemento contagiador de la enfermedad”, dice María José García.

“Cuando tienes treinta años de experiencia profesional, se te ha muerto mucha gente a lo largo de tu vida y te habitúas. Pero sabes afrontarlo porque lo haces de forma puntual”, relata la enfermera. El problema es que la crisis del coronavirus se convirtió de la noche a la mañana en una pesadilla difícil de asumir. Sus pacientes fallecían de forma casi continua, en la mayoría de casos solos y lejos de sus familias. “Estamos continuamente expuestas al dolor y a la enfermedad de las personas, pero esta crisis se puede considerar un tsunami emocional y psicológico”, describe Rocha. De hecho, una investigación preliminar de la Universidad Complutense de Madrid muestra cómo casi el 80% del personal sanitario entrevistado tenía síntomas de ansiedad y el 51% padecía signos relacionados con la depresión. Las fuentes consultadas por Civio hablan de interminables horas de trabajo, de cientos de pacientes a los que atender, de la urgencia de los cuidados y del angustioso número de fallecidos que veían día a día. Y, pese al cansancio físico y mental, su compromiso era inequívoco: “No dejar nunca a nadie solo”, insiste Mangiacavalli.

Para De Raeve, esta voluntad habla del compromiso profesional de la enfermería, que en 2020 conmemora su año internacional. Pocos imaginaron meses atrás que esta celebración se haría en medio de una pandemia mundial, que, paradójicamente, ha reivindicado y visibilizado el valor de esta profesión sanitaria. Sin embargo, la lucha contra el virus se ha hecho con una elevada precariedad laboral, según denuncian las fuentes consultadas: en España, con contratos en ocasiones de días y semanas; en Italia, con salarios muy alejados del promedio europeo. Según explica De Raeve, estas condiciones se dan pese a la elevada formación académica del personal de los países del sur. En Portugal y España hay una cualificación de alto nivel, por lo que tienen “plantillas buenas y sólidas y eso es clave”, apunta. Pese a que los datos muestran que “Alemania tiene más manos” en enfermería, su personal cuenta con una menor formación, alerta el portavoz de la federación europea.

Estas diferencias pueden explicar también por qué muchas de ellas hicieron años atrás las maletas para trabajar en otras regiones. Según datos publicados en Reino Unido, casi el 6% del personal de enfermería de su sistema nacional de salud procede de otros países europeos, un total de de 19.325 individuos. De esos, más del 60% son profesionales de Irlanda, Portugal, España e Italia. El sindicato SATSE señala que, según estimaciones de hace años, más de 5.000 personas dedicadas a la enfermería podrían haberse ido a trabajar a otras regiones, mientras que, en el caso de Italia, FNOPI eleva este número hasta las 20.000. Ahora, los profesionales sanitarios afrontan las próximas semanas con el miedo a los rebrotes y al regreso del virus. “Volver sería mucho peor. Hay tal agotamiento físico y mental que no se podría dar la misma respuesta por mucho que se quisiera”, dice García.

Por ahora, la enfermería sigue al pie del cañón, realizando sus labores habituales y, en muchas regiones, encargándose además de la toma de muestras para realizar pruebas o del rastreo de contactos, cuenta Mar Rocha. Y, mientras tanto, piden trabajar con más medios de protección, mejores condiciones laborales y el apoyo de especialistas en psicología que puedan ayudarles, a ellas y al resto de sanitarios, a recuperarse física y emocionalmente de lo ocurrido. “Ya que hemos tenido esta situación tan desgraciada, pedimos que no se olvide y que de ello consigamos sacar un sistema sanitario fortalecido, que gire en torno a las necesidades de los pacientes”, explica García. Y así conseguir que el reconocimiento unánime de las ocho de la tarde convierta los aplausos en nuevos muros de contención frente a futuras pandemias.

lunes, 22 de junio de 2020

El pasillo estrecho: las enseñanzas contemporáneas de los clásicos

Por Carles Ramió. EsPúblico Blog. La actual crisis sanitaria, social, económica, institucional y política auspiciada por el covid 19 es un buen ejemplo de los retos contemporáneos a los que se enfrentan los estados, sus entramados institucionales y los líderes políticos. La crisis del coronavirus ha supuesto una prueba de estrés institucional a los gobiernos y a las administraciones públicas de casi todo el planeta. Resaltamos tres vectores que guardan relación con las enseñanzas de dos autores clásicos: Maquiavelo y de Hobbes.

El primer vector es que una crisis de salud pública solo puede resolverse políticamente con solvencia si los líderes políticos buscan el consejo de los técnicos, de los especialistas en la materia. El segundo vector es que los líderes políticos requieren para afrontar esta crisis de los atributos que Maquiavelo considera como imprescindibles para un Príncipe.  Destacamos tres de ellos: a) Sinceridad: hay que reconocer en todo momento que esta crisis es inédita y cambiante. Qué se está haciendo todo lo posible pero que los cambios de criterio en este caso son inevitables. Jamás mentir ni ocultar datos. 

Al contrario: si los datos son alarmantes o lo pueden llegar a ser hay que facilitarlos y adelantarlos. La ciudadanía lo va a perdonar todo en esta crisis, pero jamás van a absolver una mentira o que se les oculte información. Por otra parte, reconocer todas las equivocaciones y demostrar que se va aprendiendo sobre la marcha. Que realmente se está implementando una gestión del conocimiento. Se está gestionando con todas las posibilidades que ofrece el conocimiento «Siempre ha habido gestión del conocimiento en el sector público con fundamento en los saberes de la época. La novedad ahora consiste en que los conocimientos que se generan y emplean para la producción de los bienes y servicios públicos son mediados tecnológicamente: se sustentan en datos que se producen, acopian, reguardan, combinan y procesan mediante el empleo de tecnologías digitales que constituyen la materia para elaborar prospecciones de problemas sociales que son más precisas y empíricamente fundadas. El objetivo último de la gestión del conocimiento es contribuir a estrechar la brecha institucional entre lo que el gobierno hace y logra empíricamente y lo que normativamente debería hacer y lograr. Las decisiones públicas no pueden ser eficaces a menos que se sustenten en el conocimiento». (Aguilar, 2020).  b) Valentía: las decisiones tienen que presentarse sin dudas y si hace falta decisiones radicales hay que adoptarlas. Lo que no perdonará la ciudadanía son decisiones timoratas o a medias. En este error ya hemos caído y no hay que volver a reincidir. Sí hay que cerrar toda la actividad económica (salvo los servicios básicos) hay que hacerlo sin más dilaciones. Nada es peor para desprestigiar el liderazgo político que ir improvisando decisiones que los ciudadanos ya anticipan. La sociedad no va a castigar las equivocaciones en las decisiones políticas, sino que va a censurar la falta de contundencia de las mismas y, en especial, la cobardía. Ser tachado de líder cobarde es el peor escenario para un político en las actuales circunstancias. c) Lealtad: lealtad política al país, a la sociedad y a las instituciones. En esta crisis no tiene sentido practicar el politiqueo (totalmente legítimo en situaciones no extremas) sino que hay que hacer política de alta intensidad. 

Críticas cruzadas
No hay que entrar en la lógica de críticas cruzadas entre partidos políticos o entre niveles administrativos. Los errores van a ser inevitables, pero ahora no es momento de la crítica, sino de aprendizaje, de mirar siempre hacia adelante para acertar mejor con la siguiente decisión. Los líderes políticos que aprovechen la ocasión para criticar a otros actores institucionales están perdidos y no van a gozar de ninguna empatía social. Los que, en cambio, ejerzan la autocrítica y vayan ganando consistencia en sus decisiones con el tiempo van a vindicarse como auténticos líderes políticos.

Finalmente, un tercer vector guarda relación con el Leviatán de Hobbes y el enésimo ejemplo de la renovación del delicado contrato social entre los ciudadanos y el Estado. Los ciudadanos contemporáneos estábamos cada vez más emancipados del control de unos Estados cada vez más respetuosos con la libertad individual. La capacidad coercitiva del Estado solo era utilizada en situaciones extremas en las que había bastante consenso social. La complejidad sanitaria de la crisis del coronavirus ha hecho revivir un Estado omnipresente en la vida de los ciudadanos limitando de una manera casi fundacional del Leviatán las libertades y derechos de los ciudadanos y, además, gracias a la revolución tecnológica, al potencial sometimiento digital de la sociedad a un control muy intenso por parte del Estado. Ha vuelto, transitoriamente, el Estado hobberiano aparentemente aceptado socialmente por la gravedad y sorpresa de una pandemia sobrevenida. Después de la fase aguda de esta crisis habrá un intenso debate sobre sí va a ser necesario cambiar las reglas del juego entre el Estado y los individuos. Los ciudadanos han vuelto a ser súbditos (confinados sin libertad de movimientos para sus actividades sociales y económicas) durante unos meses en una situación distópica inimaginable hasta hace poco tiempo. Veremos cómo se va a renovar en el futuro inmediato el pacto social sobre el papel del Estado del mañana. Recordemos que el pacto social consiste en que el pueblo renuncia parcialmente a su autonomía y libertad a favor de la protección proporcionada por el Estado. Hay, en este sentido, dos posibles escenarios: uno de Estado blando y otro de Estado duro. Un viejo debate que se ha vuelto a poner de moda con la reciente aportación de los economistas  Acemoglu y Robinson en su obra “El pasillo estrecho” (2019). Un Leviatán blando que puede ser ausente o de papel o un Leviatán duro que puede ser despótico. La solución que apuntan los autores es un Leviatán encadenado que debe hacer complejos equilibrios en un pasillo estrecho para no traspasar por exceso o por defecto las dos cercanas paredes. El pacto social consiste en canjear libertad por seguridad. ¿Por cuál de los dos posibles escenarios nos vamos a decantar? ¿por un Estado blando y o por un Estado duro? El pasillo estrecho de Acemoglu y Robinson se ha apretado todavía más y, con ello, puesto en entredicho al Estado encadenado.

En definitiva, para enfrentarnos con solvencia a estas dinámicas de cambio hay que desempolvar a los autores clásicos y fundacionales del poder y del Estado, como son Maquiavelo y Hobbes. Los dos autores que han contribuido a diseñar el Estado moderno y en sus obras atesoran, también, nuestras dudas y respuestas más urgentes y contemporáneas.