sábado, 30 de marzo de 2013

Burgos y Alcalá de Guadaira se suman a las Smart Cities

El proyecto estará implementado para el próximo año 2014

Revista de Prensa.- 30 Mar. (Portaltic) - Gowex, junto al Instituto Tecnológico de Informática (ITI) de Valencia, incluirán a Burgos y Alcalá de Guadaira en la plataforma Integral Management for the Smart Citizens (IMASCITI). Se trata de una plataforma inteligente capaz de poner a disposición de todos los ciudadanos la información y las utilidades de las Smart Cities.

Catedral de Burgos
 Tanto Gowex, la compañía líder en la creación de ciudades Wi-Fi Inteligentes, como el ITI de Valencia, quieren que, para el último trimestre de 2014, los ciudadanos de Burgos y Alcalá de Guadaira puedan ser 'Smart Citizens' y hacer más sencillo, para ellos el acceso a la información municipal. La financiación para conseguirlo ha venido de parte del Ministerio de Economía y Competitividad a través del subprograma INNPACTO en la convocatoria del año 2012.

 El proyecto IMASCITI consiste en una plataforma inteligente capaz de aglutinar y poner a disposición de todos los ciudadanos la información, tanto la proveniente de las Administraciones Públicas como la del propio entorno de la ciudad y de sus ciudadanos.

 Algunas de las novedades tecnológicas del proyecto son un sistema de identificación segura de los ciudadanos basado en el DNI-e y en su arquitectura de seguridad. Los ciudadanos también contarán con un sistema con el que podrán reportar incidencias de la ciudad y una funcionalidad para la planificación de rutas, proposición de rutas alternativas, tanto a pie como transporte público y privado, en función de las incidencias de movilidad.  

Sensores
Otro de los servicios permitirá recoger información de toda la ciudad gracias a los sensores presentes en la ciudad. Por otro lado, crearan un 'Open Data Caster'. Se trata de un acceso a la información del sistema que permite poner a disposición de la comunidad, en un único punto de acceso, un gran volumen de datos de diferentes fuente como los sensores o los propios hábitos del usuario a la hora de navegar.

Todo este proyecto hace que la distancia entre los ciudadanos y los organismos públicos disminuya creando un canal de servicios y de comunicación directa. Los ciudadanos han conseguido con este proyecto cierto poder a la hora de evaluar la ciudad y su entorno. Además, las administraciones públicas podrán desarrollar nuevos modelos de movilidad ciudadana con la información que se recogerá.

miércoles, 27 de marzo de 2013

Guía de Open Data en Castilla y León

Noticias de Redes Sociales :  Publicada la Guía de Open Data en las Administraciones Locales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

Descubre qué es Open Data, sus ventajas y cómo implantar la apertura de datos públicos

La Red Transdigital ha elaborado una guía con el título "Guía de Open Data en las Administraciones Locales". Con ella se pretende explicar en qué consiste el Open Data, qué ventajas tiene y cómo se pueden dar los primeros pasos para implantar la apertura de datos públicos a nivel de los Ayuntamientos y Diputaciones de Castilla y León.

Open Data es una filosofía que busca poner a disposición de toda la sociedad los datos que manejan los organismos públicos en el desarrollo de sus funciones, en bruto (sin procesar) y en formatos fáciles de manipular, de manera que cualquier ciudadano o empresa pueda analizarlos, reutilizarlos y redistribuirlos, convirtiéndolos en otros nuevos servicios de valor añadido.

Por un lado, el Open Data permite a las Administraciones Públicas ganar en transparencia de cara a sus ciudadanos (“Gobierno abierto”) y, por otro lado, fomenta la generación de riqueza económica a través de una gestión inteligente de sus recursos (“Gobierno inteligente”).

Beneficios


Así en la Guía se explicarán los principios del Open Data, los beneficios que reporta (económicos, para el ciudadano y para la Administración Pública), los elementos que debe contener un portal de Open Data, diversos proyectos de referencia, ejemplos de aplicaciones desarrolladas con datos abiertos y la estrategia a seguir para abrir datos públicos en las Administraciones Locales.


martes, 26 de marzo de 2013

CEMCI: Taller para elaborar planes urbanísticos

Taller: Procedimiento de elaboración y aprobación de planes urbanísticos (formación virtual. 40 hrs.). Fechas: Del 8 de abril al 8 de mayo de 2013

Desde una visión eminentemente práctica se aborda el estudio de la elaboración y tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. La adopción de decisiones en materia de ordenación urbanística se enmarcan en un escenario de distintos condicionantes que el planificador, los responsables públicos, y en general, los distintos operadores no deben desconocer.

Estos vienen representados por los elementos que configuran la ordenación física del territorio desde distintas vertientes, y otros elementos de índole económica que corresponsabilizan a agentes públicos y privados de los compromisos que unos y otros contraen para la ejecución y el mantenimiento de dotaciones e infraestructuras.

Destinatarios
Cargos electos, directivos, funcionarios con habilitación de carácter estatal y empleados públicos de las Entidades Locales con titulación superior que tengan a su cargo funciones relacionadas con la materia objeto de la actividad formativa.
Objetivos
-Estudiar el proceso de elaboración y tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
-Conocer los efectos de un acto complejo del que se derivan distintos efectos (aprobatorios, denegatorios y, en su caso, suspensivos).
-Analizar casos prácticos que evidencian las incidencias más comunes que suelen presentarse en este prolijo proceso.

Avance de programa
1. Unidad Primera: La ordenación Urbanística
1.1. Los instrumentos de planeamiento general
1.2. Los instrumentos de planeamiento de desarrollo.
1.3. Naturaleza de los planes urbanísticos. Proyección de su naturaleza normativa.
2. Unidad Segunda: La elaboración del planeamiento urbanístico:
2.1. Condicionantes territoriales y sectoriales en la elaboración de los instrumentos de planeamiento
2.2. Especial consideración a los instrumentos de ordenación territorial. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Plan de Protección Territorial del Corredor Litoral y Planes Subregionales
2.3. Condicionantes provenientes de la sostenibilidad ambiental, territorial y económica
2.4. Los convenios urbanísticos como instrumentos preparatorios de la ordenación urbanística
3. Unidad Tercera: Tramitación de los instrumentos urbanísticos:
3.1. Procedimiento para la aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico
3.2. Concurrencia de informes sectoriales en la elaboración de los planes urbanísticos
3.3. Trámite de información pública y posible reiteración del mismo
3.4. Órganos competentes para la adopción de distintos acuerdos
4. Unidad Cuarta: El acto de aprobación definitiva del planeamiento urbanístico
4.1. Contenido, efectos
4.2. Órgano competente
4.3. Publicación, publicidad de los planes urbanísticos
4.4. Las innovaciones de planeamiento urbanístico
+info.

lunes, 25 de marzo de 2013

El Consejo de Ministros del 22.3.2013 aprobó la Oferta de Empleo Público de la AGE para el año 2013

 Se convocan 422 plazas de personal funcionario y estatutario y laboral, frente a las 133 plazas que se autorizaron en 2012. Plazas en Anexo. Ver RD 218/22 de Marzo. BOE sábado 23.3.2013

También se arprueban 449  plazas de promoción interna (347  en 2012)

El Consejo de Ministros  de 22 de marzo pasado  aprobó, mediante un Real Decreto, la Oferta de Empleo Público 2013 para la Administración General del Estado (AGE), de acuerdo con los criterios fijados en la Ley de Presupuestos para 2013 para el conjunto de las Administraciones Públicas.

Consejo de Ministros 22.3.13. Se prioriza  el ingreso en Cuerpos que realizan funciones contra el fraude en sus distintas vertientes (fiscal, de seguros, catastral, laboral), en materia de seguridad social, en relación con las subvenciones públicas, representación de España en el exterior, personal investigador doctor, asesoramiento jurídico, gestión y control de la asignación eficiente de los recursos públicos, supervisión e inspección de los mercados de valores, personal para la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y el correspondiente a la Administración de Justicia, así como Cuerpos docentes no universitarios en el ámbito de la Ley Orgánica de Educación.

Así, se convocan 422 plazas de nuevo ingreso de personal funcionario y estatutario y laboral, frente a las 133 plazas que se autorizaron en 2012.

Igualmente, se convocan 449 plazas de promoción interna que en estos momentos se configura como una alternativa al no incremento de nuevas plazas.

Subgrupo A1
Las plazas del Subgrupo A1, que recoge la Oferta de Empleo Público de 2013 son, entre otras Abogados del Estado; Carrera Diplomática; Ingenieros Aeronáuticos; Inspectores de Hacienda del Estado; Inspectores de Seguros del Estado; Superior de Interventores y Auditores del Estado; distintos Cuerpos de la Seguridad Social; Técnicos Comerciales y Economistas del Estado; así como Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación; el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información.

Subgrupo A2
Por lo que se refiere al Subgrupo A2, se convocan, plazas de  Diplomados Comerciales del Estado, Gestión de la Administración General del Estado, Gestión de Sistemas e Informática de la Administración General del Estado, Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, Técnico de Auditoría y Contabilidad y Técnico de Hacienda. Igualmente, se convocan en el Cuerpo de Maestros.

Subgrupo C1
Por lo que se refiere a Cuerpos del Subgrupo C1, se convoca la especialidad de Agentes de la Hacienda Pública. Igualmente, se incluyen las plazas correspondientes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Discapacidad
Además, se convoca, en turno independiente y exclusivamente para personas con discapacidad intelectual (lo que origina el reconocimiento de tal condición, la no discriminación en el acceso al empleo público y la compensación de las desventajas para este colectivo), el correspondiente cupo establecido por la ley del 2 por 100 para las personas con discapacidad intelectual.

Justicia
Por lo que se refiere a las plazas del personal al servicio de la Administración de Justicia, la Oferta Pública de Empleo contiene  las que corresponden a este ámbito y diferencia, de acuerdo con lo indicado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, las que se autorizan para el ámbito del Ministerio de Justicia de las que corresponden a Comunidades Autónomas que han recibido traspaso de medios personales en esta materia, que en total suman 300. Corresponde a ingreso libre el 50 por 100 de las indicadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado 2013 autoriza la convocatoria de hasta 50 plazas para el acceso a las carreras judicial y fiscal, plazas cuya convocatoria corresponde gestionar al Consejo General del Poder Judicial

Otras OEP pendientes
 En próximas fechas, el Consejo de Ministros aprobará los correspondientes Reales Decretos de Oferta Pública de Empleo para el Cuerpo de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Fuerzas Armadas.

viernes, 22 de marzo de 2013

Los grandes sindicatos de las Administraciones Públicas, CSIF, UGT y CC.OO, también se oponen a la reforma local

CSIF pide al MAHAP elaborar un catálogo de servicios que no pueden privatizarse y  crear un Registro de Cargos de confianza en Ayuntamientos y Diputaciones. CCOO ve un peligro de ajuste de personal. 
El sindicato CSI-F ha enviado al Ministerio de Hacienda y AA.PP. sus alegaciones al anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que también fueron trasladadas al Grupo  Socialista, en el marco de la ronda de contactos  iniciada por el sindicato, y que  pretenden "garantizar la calidad de los servicios públicos, la estabilidad en el empleo y las condiciones laborales del cerca de medio millón de empleados públicos que trabajan en estas administraciones."

Entre las propuestas destacan la creación de un Registro General de Personal Eventual y Asesores  y un catálogo de servicios públicos no externalizables.

En el primero "quedaría reflejada el perfil del puesto, el servicio real que prestan en los Ayuntamientos, las retribuciones, etcétera. CSI-F además propone que estos puestos se cubran preferentemente con empleados públicos de las diferentes administraciones como ocurre con los subdelegados del Gobierno garantizando así los principios de igualdad, mérito y capacidad de acceso a la Administración". 

En cuanto a los servicios que no podrán privatizarse, el sindicato " sigue echando en falta un verdadero pacto de Estado por las Administraciones Públicas para que el modelo de gestión y las condiciones de los empleados públicos no esté al vaivén de los diferentes cambios de Gobierno". Leer más

CC.OO en defensa del empleo público
Por lo que respecta a CC.OO, este sindicato "considera que la reforma que propone el Gobierno supone un verdadero plan de ajuste con destrucción de miles de puestos de trabajo y la supresión de los correspondientes servicios públicos, sin información ni evaluación del impacto real tanto en la efectiva prestación, extensión y calidad de los servicios públicos, como en el empleo asalariado afectado" .

Desmantelamiento de servicios para UGT
Según la valoración que hace UGT del anteproyecto aprobado por el Gobierno en febrero pasado, la reforma local provocará un desmantelamiento de los servicios públicos que ahora prestan los entes locales. Eso provocará un  deterioro en la calidad de los servicios que prestan los ayuntamientos "y  vendrá por una doble vía. En primer lugar por el hecho de que estos pasen a ser prestados por otra administración que desconoce, por su lejanía, "la realidad y las necesidades de los vecinos", y por otra parte, porque la reforma permite que aquellos servicios que no sean "rentables económicamente" pasen a ser privatizados con la consiguiente pérdida de calidad y con subida de tasas y precios y el consiguiente aumento del paro en dichos sectores".

jueves, 21 de marzo de 2013

Los archiveros no están preparados para responder a la demanda de información que generará la Ley de Transparencia

El Congreso inició ayer miércoles  otra ronda de comparecencias de expertos para asesorar en la elaboración de  la Ley de Transparencia

En una de esas comparecencias, la presidenta de la Asociación de Archiveros de las AA.PP, Rosana de Andrés, advirtió que con los medios actuales será imposible atender las demandas de información que cursen los ciudadanos en aplicación de la futura Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno. "Estamos en cuadro", ha resumido en un momento de su intervención ante la Comisión Constitucional, según informó Europa Press.

Revista de Prensa. Europa Press. 20.3.2013. De Andrés, uno de los cuatro expertos que ha comparecido este miércoles ante la comisión encargada de tramitar la citada norma, ha hecho hincapié en que el factor humano es insustituible por la tecnología para garantizar entre otras cosas la cadena de custodia ininterrumpida de los documentos públicos, imprescindible para su fiabilidad. Por eso, ha denunciado que la reciente externalización de determinados servicios en los archivos públicos, además de aumentar los gastos, ha "roto la cadena de custodia pública".

La funcionaria ha reclamado rango orgánico para la Ley de Transparencia y ha criticado la actual "dispersión normativa" en materia archivística y ha reclamado una ley de ámbito nacional que vele por la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la información pública y acabe con el "desorden" que impera en muchos archivos, con documentos en "cuartos de baño" o colocados por "azar".

   Por último, ha abogado por regular el acceso a cualquier tipo de información obrante en cualquier tipo de archivo, incluidos los históricos, porque no se puede hacer depender el alcance del derecho de los ciudadanos del archivo en el que esté la información que demandan.

 Desde la Coalición Fundación Pro Acceso, Elisa de la Nuez, ha defendido que la ley afecte a todas las instituciones públicas, incluida la Casa del Rey pero ha alertado de que la norma no será la panacea puesto que en España más que cultura de la transparencia lo que existe es una "cultura de la opacidad" por parte de los poderes públicos. De la Nuez ha defendido que el organismo encargado de velar por la protección del derecho de acceso a la información sea independiente y cuente con el poder suficiente para implementar de forma rápida y consistente el derecho de acceso a la información en todo el territorio. A su juicio, sería recomendable sumar el mismo organismo las competencias de protección de datos y las correspondientes a la transparencia y acceso a la información pública.

Lobbies
En nombre del Foro por la Transparencia, que agrupa a varias empresas, su portavoz, Joan Navarro, ha apostado por aprovechar la Ley de Transparencia para regular las relaciones entre los grupos de interés ('lobbies') y el Ejecutivo, además del Legislativo.

El modelo debe ser, según su organización, el vigente en la legislación comunitaria. En este sentido, ha pedido medidas "audaces" para luchar contra la transparencia porque "a más transparencia, menos corrupción y más confianza en la política".

 El representante de la Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA), Antonio Ruiz Salgado, ha reclamando que el ámbito de aplicación subjetivo se amplíe "a todos los poderes públicos y personas físicas o jurídicas que ejercen funciones públicas o actúan financiadas con fondos públicos". Respecto a las limitaciones al acceso a la información en aras de la protección de datos personales y la propiedad intelectual e industrial, ha abogado por garantizar el acceso a esos documentos escondiendo los datos 'sensibles' "con una sencilla operación de ocultación".

También ha remarcado que la jurisprudencia establece que, el ámbito medioambiental, se puede acceder a informes finalizados "aún cuando no haya terminado el procedimiento administrativo", lo que debe recogerse en la nueva ley. Además, ha apostado por ampliar la tabla de infracciones, tipificando como tal la desestimación infundada de una petición de acceso o la no respuesta a una solicitud en el plazo legal.

miércoles, 20 de marzo de 2013

¿ Vive la Administración en otra Galaxia ?

En la blogosfera pública cada día nos sorprendemos con aportaciones interesantes a pesar de lo sosa que es nuestra burocracia. Uno de los blogs que más nos gusta es el titulado :  trabajandomasporunpocomenos, con contribuciones periódicas y lúcidas de sus tres autores: Fuencisla Gaitero, Antonio Anson y Gerardo Bustos. De este último, reproducimos el del pasado lunes 19 de marzo.


¿ Vive la Administración en otra Galaxia ?. Post de Gerardo Bustos 19.3.2013. Lo que ocurre con la Administración y las redes sociales no es el tradicional retraso a la hora de subirse a los carros. Sencillamente, vivimos en un mundo 2.0 y la Administración no está en él. Es la comunicación, estúpido.

 Voy a empezar con el optimismo de una excepción que confirma la regla:

En este vídeo podemos ver un magnífico ejemplo de uso de redes sociales por parte de las Administraciones Públicas, en general, y la Administración General del Estado (AGE), en particular. Nada menos que la Policía. Con humor y desenfado, con cercanía al ciudadano, con utilidad para el ciudadano. Por desgracia, no se trata de un caso habitual entre los organismos de la AGE.

Ajenos a la realidad
Desde la AGE se miran las redes sociales como si mordieran. El problema no es que la Administración Pública esté ajena al uso de las redes sociales. Realmente este hecho es sólo un síntoma del problema, la evidencia de un mal mucho mayor: no entiende el profundo cambio experimentado en la sociedad.  El hecho es que la AGE vive en otro mundo, ajena a la realidad.
Esta circunstancia no es nueva, pero en este caso es más grave, porque ya no significa llegar tarde, sino estar en el lugar equivocado. En definitiva, actuar y moverse como si estuviera en otra galaxia.

A modo de ejemplo, recordemos lo que ha tardado la Administración en asumir y generalizar tímidamente el pago con tarjeta de crédito, después de que ese sistema llevara ya décadas entusiasmando la sociedad. Baste recordar que la tarjeta de crédito llegó a España en los 60 y se generalizó en los 80. Muy pocos centros administrativos lograron vencer las trabas burocráticas y poner en marcha el cobro con tarjeta de crédito antes del cambio de siglo. Nada menos que cuatro décadas después.

La firma electrónica no arranca
Otra evidencia la tenemos ahora con la dificultad de extensión de la firma electrónica. Se han generado un mecanismo tan complejo, que la firma electrónica no termina de arrancar, a pesar de las campañas que se han realizado. Eso sí, legislativamente arranca con el Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre. Trece años y medio nada menos.   Pero, claro, las leyes no cambian los comportamientos si no responden a ellos y no van acompañadas de las medidas adecuadas que facilitan su puesta en marcha.
En el entorno de las nuevas tecnologías algunos momentos nos enseñaron que la Administración llega tarde. Es el caso del uso de internet en los ordenadores de los empleados públicos en la AGE: durante años se prohibió y restringió su uso en buena parte de sus centros. Otro tanto ocurrió con el correo electrónico, también restringido durante años. Hoy tanto internet como el correo electrónico son herramientas usuales y aquellas primeras trabas al uso nos dan risa. Por no llorar, claro.

La AGE fuera de la galaxia 2.0
Aparentemente, la historia se está repitiendo de nuevo. Pero no es eso; estamos ante algo mucho peor. Lo que está ocurriendo con las redes sociales no es cosa de llegar tarde. Es el problema de no entender la Administración 2.0.  Y el problema es que todo se sumerge en la galaxia 2.0, mientras la AGE sigue en otra galaxia, como si fuéramos marcianos.

Todo está en la red y las redes sociales constituyen la mejor expresión de comunicación plena entre la AGE y los ciudadanos. Sin embargo, las redes sociales se usan simplemente como tablón de anuncios, en el mejor de los casos. Vamos, como usar un potente ordenador simplemente para sustituir la vieja máquina de escribir.

La Administración debería fomentar el uso de las redes sociales entre sus empleados, e implicarlos en la comunicación permanente con el ciudadano. En lugar de eso, muchos organismos prohíben y cierran el acceso a las redes sociales en sus centros. Todo lo más, se dan de alta en algunas redes, especialmente twitter, para informar al exterior (insisto, “informar a”, y no “comunicarse con”).  Por supuesto, sin “escuchar” y sin generar un entorno colaborativo con el ciudadano.

martes, 19 de marzo de 2013

El "papel preeminente" que ejercerán los interventores con la nueva reforma local preocupa a los alcaldes

Los alcaldes sevillanos del PP advierten del  poder que adquirirán los habilitados nacionales en el control presupuestario de los ayuntamientos. Estos funcionarios pasarán a depender del Ministerio de Hacienda y AAPP

Revista de Prensa. El Mundo. 17.3.2013.- Al PP de Sevilla no le convence el exceso de poder que la reforma local que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy le concede a los interventores en la administración local; ni tampoco la limitación de sueldos para los concejales de los municipios más pequeños.

El controvertido proyecto ha provocado inquietud entre los dirigentes sevillanos, que están convencidos de que es mejorable y será reformado. Al fin y al cabo, la reestructuración afecta a uno de los pilares básicos del PP en todo el país: los ayuntamientos.

«Al final, el proyecto de reforma se cambiará, no hay otra opción», explican desde la dirección del partido, que ha hecho frente a ese malestar con un documento de propuestas para mejorar esa reforma que se enviará a Madrid. El documento señala los puntos más débiles de la reforma, como la transferencia de competencias vitales para los municipios, como los servicios sociales, el mantenimiento de los colegios o las políticas de salud, a las comunidades.

«Entendemos que, al ser el Ayuntamiento la administración más cercana a los ciudadanos y ser el tema de los servicios sociales muy delicados, habría que establecer muy bien los límites de cada una de las administraciones», señala el documento, que incide en la tesis expresada por el presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, de que los ayuntamientos están «preparados» para ejercer esa competencia, aunque ahora están asfixiados por la falta de pago de los programas conjuntos por parte de la Junta de Andalucía.

Las 'alegaciones' del PP de Sevilla a la reforma de ayuntamientos y disputaciones también afecta al establecimiento de un «coste estándar» para los principales servicios públicos, que haría que esa competencia se le fuera retirada cuando el municipio supere esa cifra.

Papel preeminente
Los alcaldes sevillanos también protestan por el papel preeminente que adquiere la figura del interventor en los municipios menores de 5.000 habitantes,  que socava la autonomía política local. En concreto, hablan de un «excesivo control y decisión de los interventores, anulando, en cierta medida, la capacidad de gestión y decisión de los órganos políticos». «Entendemos que debe tener un control del dinero, pero no el control de la eficiencia ni de las decisiones políticas de un gobierno democráticamente y legítimamente elegido», aseguran.

El PP de Sevilla también está en contra de que los alcaldes de municipios de menos de 20.000 habitantes se queden sin sueldo, y de la prohibición de constituir o participar en la creación de organismos y sociedades para los ayuntamientos que tengan un plan de ajuste en marcha. Ésta última posibilidad afecta al de Sevilla capital, que tiene las cuentas saneadas y un plan económico y financiero, por lo que reclama la posibilidad de participar en nuevas entidades como la futura zona franca.

Los alcaldes del PP se rebelan, por último, contra el traspaso de presupuesto y personal municipal a la Junta de Andalucía cuando ésta asuma competencias que ejercían los ayuntamientos, como el mantenimiento de los colegios.

lunes, 18 de marzo de 2013

El grupo español de Ciudades Patrimonio de la Humanidad profesionalizan su gestión

Para ser elegido director, Ángel Rosado  ha tenido que super un proceso de selección a través de una consultora que analizó más de 700 currículos

Revista de Prensa. ABC. 16.3.2013. El grupo de trece ciudades españolas con el reconocimiento de ser Patrimonio de la Humanidad ha decidido hoy profesionalizar su gestión, al elegir a un director gerente. También han acordado que la ciudad de Ávila acoja el acto central de la conmemoración del veinte aniversario de su creación.

Este grupo de ciudades celebró el fin de semana su asamblea anual y reunió a su comisión ejecutiva, encuentro del que informaron en rueda de prensa el alcalde compostelano, Ángel Currás; el de Segovia, Pedro Arahuetes -a su vez, presidente del grupo- y el de Toledo, Emiliano García-Page, que lo presidirá a partir de junio.

Arahuetes informó de que han designado a un nuevo director gerente del grupo, Ángel Rosado Martínez, actual responsable de comunicación de la Fundación Albéniz, que ha superado un proceso de selección a través de una consultora que analizó más de 700 currículos.
El alcalde de Segovia calificó de "hito importante" y "novedoso" la contratación de un director gerente, ya que hasta ahora el grupo de ciudades carecía de él y contaba con una estructura "muy básica".

Según manifestó el alcalde de Segovia, en la reunión compostelana no se ha hablado específicamente de un tema tan "recurrente" como es el de los edificios monumentales que no generan Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), si bien dijo que suponen una "sangría" para las arcas municipales de las ciudades, ya que los inmuebles de interés cultural exentos de ese impuesto merman sus ingresos.

"Siempre hemos reclamado, y espero que alguna vez podamos conseguir, que por parte del Gobierno de España se compense a nuestros ayuntamientos" por esta caída en la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles, dijo.
En la reunión de Santiago también se aprobó el presupuesto del grupo para 2013, que asciende a 1.600.000 euros, si bien 380.000 corresponden a 2012 y están pendientes de ejecutar.

La asamblea de ciudades españolas Patrimonio de la Humanidad, distinción que concede la UNESCO, decidió apoyar a San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife, para que sea este año Capital Europea de la Juventud.
El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) inició ayer en Santiago de Compostela la reunión para aprobar sus presupuestos para 2013, año en el que celebrarán el vigésimo aniversario de su constitución, efeméride que se recordará con un acto central en Ávila.

La figura del gerente será la encargada de diseñar las actuaciones de comercialización previstas en los convenios firmados con Turespaña, Renfe y Paradores, para su promoción en los principales mercados emisores del mundo y la gestión del plan estratégico para los próximos tres años, informaron ayer fuentes del Ayuntamiento compostelano.

El grupo fue creado para "actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio histórico y cultural de estas ciudades y en el mantenimiento y potenciación de sus formas de vida, realizando proyectos comunes y estableciendo políticas de intercambios de experiencias", según dichas fuentes.




sábado, 16 de marzo de 2013

El BOE publica el RDL 5/2013, de 15 de marzo, sobre nuevos requisitos para acceder a la Jubilación Parcial y Anticipada

Acceso al texto completo del RDL 5/2013, de 15 de marzo. (BOE 16.3.2013)

Los empleados públicos -incluidos los integrados en  Clases Pasivas- podrán compatibilizar pensión de jubilación y trabajo retribuido con algunas excepciones. Ver Disp. Adic. 2ª y 3ª del RDL5/2013. 
(Ver Nota de Prensa del MHAP)

Nuevos requisistos para acceder a la jubilación parcial:

Edad. De 61 a 63 años. Se eleva progresivamente la edad de acceso hasta llegar a los 63 siempre que se tenga 36 años y 6 meses cotizados o más y hasta llegar a los 65 años si cuenta con 33 años cotizados o más.(Ver cuadro)

Reducción de jornada. Es necesario acreditar un período de antigüedad en la empresa de al menos seis años, inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. La reducción de la jornada de trabajo del jubilado parcial debe estar entre un mínimo de un 25% y un máximo del 50% (antes, el 75%). Se puede llegar al 75% (antes, al 85%) en los casos en que el trabajador que releve al jubilado parcial sea contratado a jornada completa mediante un contrato fijo, a tiempo completo, y una duración mínima de, al menos, dos años más que lo que reste al trabajador para alcanzar la edad ordinaria de jubilación.

Años de cotización. Se eleva de 30 a 33 años el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación parcial.
Cuadro de diario  El País 16.3.2013

Base de cotización creciente. Se mantiene la exigencia de que la cotización correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65% del jubilado parcial. Durante el periodo de disfrute de la jubilación parcial, empleador  y trabajador cotizarán por la base de cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir trabajando este a jornada completa, si bien este punto se aplica gradualmente comenzando con un 50% de la base de cotización que hubiera correspondido a jornada completa e incrementándose un 5% cada año hasta llegar al 100%.

 Nueva jubilación anticipada voluntaria 
 La edad de acceso deberá ser inferior en dos años a la edad ordinaria de jubilación establecida con carácter general. Es decir, irá  desde los 63 años y un mes actuales a los 65 años en 2027. Se exigirán 35 años de cotización efectiva (se podrá computar uno de mili). Además, los coeficientes reductores serán del 8% anual, salvo excepciones menores (Ver cuadro).

 
 Compatibilizar Pensión y Trabajo (Arts 1-4) 
 Se facilita la posibilidad de cobrar el 50% de la pensión y ser a la vez trabajador en activo, tanto por cuenta ajena como propia, a tiempo completo o parcial.

Cotización del 8%. Se exime del pago de la mayor parte de las cotizaciones sociales,pero se introduce la “cotización de solidaridad” del 8% (6% a cargo de la empresa, 2% a cargo del trabajador). Para acceder a esta modalidad se deberá haber alcanzado la edad legal de jubilación y el 100% de la base reguladora. Cuando finaliza el periodo de actividad, se restablece el pago de la pensión íntegra.

Los funcionarios también podrán compatibilizar trabajo y pensión. Para los funcionarios del Régimen General se exigen condiciones semejantes a las del personal laboral para compatibilizar empleo y pensión. Normativa específica para Clases Pasivas. (Ver disposiciones adicionales segunda y tercera. pags. 21.460 y 21.461 del BOE 16.3.2013 )

viernes, 15 de marzo de 2013

El Gobierno endurece los requisitos para acceder a la jubilación parcial y anticipada. Afectará a empleados públicos

A falta de conocer el texto del Real Decreto, que se publicará próximamente en el BOE, el Gobierno ha informado del acuerdo adoptado hoy sobre la forma de acceder a las jubilaciones anticipadas. Referencia Consejo Ministros 15.3.2013.

Ver Cuadros PDF (Envejecimiento Activo)

El personal laboral de las AA.PP. solo  podrá acceder a la Jubilación parcial a falta de dos años para la edad reglamentaria: 63 años y mes -antes 61 años- en 2027, 65 años. Además de 33 años de cotización. El tiempo de trabajo no podrá ser menor del 50% de la jornada.

La jubilación anticipada voluntaria en el Régimen General de la S.S.  requerirá 35 años de cotización y tener más de 63 años y 1 mes -65años  en 2027-. Además tendrá una penalización del 8% anual.  

Los nuevos requisistos  exigidos para acceder a las distintas pensiones  de jubilación anticipada, son los siguientes:  
Jubilación anticipada:
En este sentido, se plantea una modificación de la jubilación anticipada para incrementar la coherencia del sistema.
  • Se mantiene el esquema general de la Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, del 1 de agosto de 2011, distinguiendo entre jubilaciones anticipadas voluntarias e involuntarias.
  • Se incrementa gradualmente la edad mínima de acceso, de forma coherente con el incremento paulatino de la edad legal de jubilación previsto en la Ley antes citada. De esta forma, la edad de jubilación anticipada voluntaria se elevará progresivamente de los 63 años actuales los a 65 años en 2027, y la de jubilación involuntaria anticipada pasará de 61 años a 63 años en el mismo período.
  • Se introduce una mayor gradualidad en la aplicación de coeficientes reductores atendiendo a la carrera de cotización, con el objetivo de reforzar el principio de neutralidad y contributividad.
  • Se fija un período mínimo de cotización de 35 años en el caso de la jubilación anticipada voluntaria y de 33 años en el caso de la jubilación anticipada forzosa.
  • Así, para la jubilación anticipada voluntaria se establece una reducción por trimestre del 2 por 100 para períodos de cotización inferiores a 38 años; del 1,875 por 100 para períodos de entre 38 años y seis meses y 41 años y seis meses, del 1,7 por 100 para periodos entre 41 años y seis meses y 44 años y seis meses y del 1,625 por 100 a partir de los 44 años y seis meses. Para la jubilación anticipada involuntaria se establece una reducción de 1,875 por 100 para los periodos de cotización de hasta 38 años y seis meses, del 1,750 por 100 para periodos entre 38 años y seis meses y del 1,625 por 100 para periodos a partir de los 41 años y seis meses.
Jubilacion parcial:
      -Solo se accederá a falta de dos años para la jubilación reglamentaria -(ahora 63 años y 1 mes y 65 años en 2027)
  • Se limita al 50 por 100 la reducción máxima de jornada con carácter general.
  • Se permitirá alcanzar el 75 por 100 de reducción máxima cuando la medida venga acompañada de la formalización de un contrato de relevo con un trabajador más joven, con carácter indefinido, a tiempo completo, y una duración mínima de, al menos, dos años más que lo que reste al trabajador para alcanzar la edad ordinaria de jubilación. El incumplimiento de esta condición generará obligaciones de compensación al empresario.
  • Se eleva el periodo mínimo de cotización del trabajador hasta los 33 años (25 años en el caso de personas con discapacidad). El empledador abonará el 100% de las cotiazaciones, incluida la del relevista.
Compatibilidad de trabajo y pensión:
El Real Decreto Ley facilita la posibilidad de ser pensionista activo, una opción que estaba muy restringida en el ordenamiento español, a diferencia de otros países europeos:
  • Se abre la posibilidad de trabajar, tanto por cuenta ajena como propia, a tiempo completo o parcial percibiendo el 50 por 100 de la pensión.
  • Se exime del pago de buena parte de las cotizaciones sociales. Se introduce, no obstante, una cotización de "solidaridad" del 8 por 100 (6 por 100 a cargo de la empresa, 2 por 100 a cargo del trabajador).
  • Cuando finaliza el periodo de actividad, se restablece el pago de la pensión íntegra, sin que el pensionista pierda esta cualidad en ningún momento.
  • Para acceder a esta modalidad se deberán haber alcanzado la edad legal de jubilación y el 100 por 100 de la base reguladora.

  • Se establecen para los funcionarios públicos condiciones semejantes de compatibilización de empleo y pensión.
Se creará, en el plazo de un mes, un Comité de Expertos para el estudio del Factor de Sostenibilidad y la remisión de una propuesta al Pacto de Toledo, en línea con lo previsto en la Disposición Adicional 59 de la Ley sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, del 1 de agosto de 2011.

Discriminación por edad
La norma modifica la disposición adicional decimosexta de la citada Ley que regula las aportaciones económicas que tienen que efectuar las empresas o grupos de empresas que ocupen a más de cien trabajadores con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a personas de cincuenta o más años. De esta forma, se compensa el impacto que generan estos procesos sobre el sistema de protección por desempleo y de pensiones, con el objeto de desincentivar en mayor medida los ajustes de plantilla que perjudican a trabajadores de mayor edad de forma discriminatoria.

Esta situación genera un acortamiento de la vida laboral (más del 40 por 100 de las jubilaciones era anticipada) y enormes cargas al sistema (la mayor parte de las jubilaciones anticipadas accedía desde prestaciones y subsidios). Por ello, se modifica la compensación que deben pagar las empresas de mayor tamaño por la inclusión de trabajadores de más edad en despidos colectivos.
  • Se exige la compensación no sólo a las empresas que estuvieran en situación de beneficios, sino también a aquellas en pérdidas que en cinco años obtengan resultados positivos. El objetivo es desincentivar la inclusión de trabajadores mayores en despidos colectivos, mucho más difíciles de reinsertar en el mercado laboral.
  • Para evitar que se utilice la edad como criterio preferente de selección de los trabajadores objeto de despido, la obligación se exigirá en el caso en que el porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años sobre el total de despidos sea superior al porcentaje que los trabajadores de esa edad representan sobre el total de la plantilla de la empresa.
  • Se homogeneiza la regulación del subsidio para mayores de 55 años en relación con el resto de prestaciones del sistema, y se refuerzan las políticas activas de empleo destinadas a este colectivo.

El Consejo de Ministros aprobó hoy viernes requisitos más exigentes para acceder a la jubilación parcial y anticipada

Entrará en vigor el próximo 1 de abril y afectará al personal laboral-jubilación parcial- y a funcionarios del régimen general de S.Social. Se abre la posibilidad de seguir trabajando y cobrar parcialmente la pensión.

Revista de Prensa. ABC. 15.3.2013. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy -viernes- un decreto que endurecerá la jubilación anticipada con el objetivo de paliar el fuerte gasto que supone para el sistema una fórmula que se emplea en España para uno de cada dos retiros. Las exigencias serán, por tanto, mayores para dejar de trabajar antes de tiempo y habrá también más facilidades para estar jubilado y seguir trabajando.

Todos los cambios entrarán en vigor el 1 de abril, aunque se respetarán las condiciones pactadas antes de esa fecha. Estas son las principales medidas que incluirá un decreto que no ha sido posible consensuar con el Pacto de Toledo:

Jubilación por despido. La edad se mantiene en 61 años. Como ya informó ABC, el retiro forzoso se mantendrá en 61 años frente a una primera propuesta al Pacto de Toledo de elevarlo hasta 63. Eso sí, esos 61 años irán aumentando de forma paralela al retraso en la edad legal de jubilación, de los 65 años y un mes actuales a los 67 años en 2027. Es decir que este año serán necesarios 61 años y un mes para jubilarse de forma forzosa y en 2027 esta forma quedaría en 63 años. La idea es que en este caso la edad mínima de acceso a la pensión siempre será cuatro años menor que la edad legal.

La edad para jubilarse de forma voluntaria será a partir del próximo mes de 63 años. Crecerá también de forma paralela a la edad legal, de forma que en 2027 quedará en 65 años.

Más años cotizados. Pasarán de 30 a 33 años. El aumento de los años no será lo único que aumente, también el periodo exigido para que un trabajador pueda jubilarse de forma anticipada. Los años exigidos pasarán de los actuales 30 a 33 para todo tipo de retiro.

Nuevas penalizaciones. Hasta el 8% para retiro voluntario. El decreto crea para el retiro anticipado nuevos coeficientes de reducción. En la reforma de 2011, se establecen dos: 7,5% menos de pensión por cada año que el trabajador se jubile antes de la edad legal si ha cotizado menos de 38,5 años y un 6,5% si lo ha hecho más. Ahora se crean cuatro: 7,5% para los que han cotizado 38,5 años; 7% para quienes lo han hecho entre 38,5 años y 41,5; 6,5% entre 41,5 y 44,5; y 6% para el resto.

Las penalizaciones serán más duras para la anticipada voluntaria. Estarán entre el 8% y el 6,5%, según el periodo cotizado.

Retiro parcial. La jornada del empleado jubilado podrá llegar hasta el 75%
También hay cambios en la jubilación parcial. El Gobierno aumentará gradualmente la edad hasta que en 2027 se sitúe en 63 ó 65 años, según se hayan cotizado al menos 36,5 años o 33, respectivamente. También aumentará el tiempo de trabajo del empleado jubilado, entre el 25% y el 50% de la jornada, aunque podrá extenderse hasta el 75% si el sustituto tiene contrato indefinido.

Combinar salario y pensión. Podrán recibir hasta el 50% de la prestación
El texto abre la puerta a que los pensionistas que así lo deseen sigan trabajando. Podrán cobrar hasta el 50% de la prestación que les corresponda. Estos jubilados seguirán cotizando pero con una cuota reducida. Será del 8%. El 6% a cargo del empresario y el 2% del trabajador. Para poder acceder a esta nueva fórmula, será necesario tener cotizados 35 años y un mes en 2013. Los años irán creciendo de forma progresiva hasta que 2027 se sitúen en 38,5 años.

jueves, 14 de marzo de 2013

Novedad editorial: La eficiencia en el sector público

"La eficiencia en el sector público. Un enfoque sistémico. El fracaso de las reformas y un manifiesto para una alternativa mejor". Por John Seddon

En España no tenemos muchas  experiencias exitosas en reformas públicas planificadas y consensuadas. La mayoría de las veces se han tomado forzadas por cambios políticos o por imperiosas necesidades económicas, como en la actualidad. Pocas veces los cambios han sido consecuencia de una adaptación a modelos o referencias contrastadas. Los costes de tanta  improvisación suelen pagarse caros en términos económicos y sociales.  Quizás el libro de Seddon  pueda darnos pistas. 
Reseña del libro: La reforma de la Administración Pública es un asunto pendiente en muchos países. En algunos se han llevado a cabo programas de mejora en la eficiencia pero no se ha conseguido mejorar la calidad de los servicios ni reducir los costes, sino todo lo contrario: un aumento de los costes y la necesidad de repercutirlos a los ciudadanos aumentando impuestos y recortando servicios cada día peores. Ello se debe a que éstas iniciativas han sido llevadas a cabo haciendo las cosas equivocadas.

Creer en “targets”, incentivos e inspecciones, en la economía de escala, y servicios de “back-office” compartidos son ideas equivocadas que han minado los intentos de reformar las Administraciones Públicas.

Resultados
En este libro John Seddon explica estos programas y sus desastrosos resultados en varios servicios como la gestión y concesión de subvenciones, servicios sociales y policía en el Reino Unido. Una descripción del despilfarro que se lleva acabo con nuestro dinero, el de los contribuyentes, que somos los que pagamos estos caros e ineficientes programas.

En lugar del desastre actual aboga por un enfoque sistémico en el que las personas son lo primero, se reduce el despilfarro y la responsabilidad sustituye a culpabilidad. Es un enfoque que se ha probado exitosamente en muchas organizaciones tanto públicas como privadas en todo el mundo y que necesita ser adoptado por los Gobiernos de todo el mundo y sus consejeros.


El autor. Ver biografía
John Seddon formado como psicólogo ocupacional es conocido en todo el mundo por su trabajo pionero en cambios en las organizaciones y por haber trasladado y adaptado el Toyota Production System (TPS) para su uso en organizaciones de servicios.

Seddon  es un autor ampliamente publicado, conferenciante en congresos, seminarios, universidades y escuelas de negocios en todo el mundo. Es el Managing Director de Vanguard Consulting LTD, una consultoría especializada en cambios organizacionales -(En España J. M.  Raventós) y es profesor visitante del Lean Entreprise Research Center y de la Universidad de Cardiff.

La eficiencia en el sector público. 224 pags. ISBN: 978-1-908009-85-2 . También en Amazon

miércoles, 13 de marzo de 2013

El gobierno de Aragón se suma a los Open Data

Los datos abiertos del gobierno aragonés pueden consultarse  en una Web para su posterior reutilización para múltiples servicios

Aragón Open Data es el portal de datos abiertos del Gobierno de Aragón y  tiene como misión ser el catálogo a partir del cual los ciudadanos y las empresas puedan acceder al conjunto de datos abiertos que se publiquen tanto desde el Gobierno de Aragón como del resto de instituciones del territorio aragonés que se quieran unir a la iniciativa. 

Aragón Open Data es por tanto un portal en el que se muestran datos abiertos, en formatos reutilizables con el fin de que puedan ser aprovechados por otras personas o empresas para desarrollar aplicaciones y servicios para el conjunto de los ciudadanos. 

Formatos

Para la disposición de la información de forma pública dentro del portal se utilizan diferentes tipos de formatos. Desde Aragón Open Data se considera necesaria la liberación de los datos en formatos no propietarios que permitan su mejor reutilización. Sin embargo, para mejorar la utilidad de los datos, también se ofrecerán datos en formatos propietarios, pero que por ser comunes y de amplio uso se han convertido en estándares para la población. 

martes, 12 de marzo de 2013

AEVAL, la Agencia de Evaluación y Calidad reconocida por la Comisión Europa

Los sellos AEVAL de certificación del nivel de excelencia de las organizaciones públicas españolas seleccionados por la Comisión Europea

Reconocida la contribución a la Excelencia en el Sector Público del enfoque progresivo otorgado por AEVAL a su Programa de Reconocimiento

AEVAL. En el marco del proyecto financiado por Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea “Lecciones de 10 años de políticas de innovación y de innovación en el sector público en Europa”, se realizaron 6 estudios de caso a nivel europeo para difundir los casos más interesantes identificados como buenas prácticas de innovación.

En el caso de España se seleccionó la certificación del nivel de excelencia de las organizaciones realizada por AEVAL conforme a los Modelos EFQ, CAF y EVAM, por su contribución a la excelencia en el sector público y por la flexibilidad que ofrece a las organizaciones pública para elegir el modelo que mejor se ajusta a sus necesidades, marcando, no obstante, una “ruta hacia la excelencia”.

El estudio fue realizado mediante un análisis inicial de bibliografía, incluyendo distintos informes y guías elaborados por AEVAL, y complementado con entrevistas a personal del Departamento de Calidad de los Servicios de AEVAL y a Salvador Parrado Díez, Profesor de Ciencia Política y Administración de la UNED.