martes, 20 de agosto de 2019

Transparencia o postureo, claridad o tinieblas

Por José López Viña. EsPúblico Blog. Profundizar en la transparencia.-Hace ya muchos años, alguien dogmatizó -al menos para mí- la frase de que había que derribar esas ventanillas que actúan como muros entre la Administración y el ciudadano. Igualmente ha sido constante escuchar -como la crítica ácida de Mariano José de Larra en el Madrid de 1833- la frase del “vuelva usted mañana” como reproche a la experiencia que muchos tuvieron con la Administración.

Son otros tiempos, se dirá, han desaparecido  numerosas ventanillas físicas, en muchas ocasiones ya no es necesario “volver mañana» para un trámite ante la Administración. Además, nuestro ordenamiento jurídico ha ido incorporando, sobre todo desde el régimen constitucional de 1978, sucesivas leyes que mediante el incremento de los derechos de los ciudadanos  en sus relaciones con la Administración dificultan aquella vieja y trasnochada  cultura administrativa.

Especialmente la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, supone -o al menos eso expone en su preámbulo- un importante avance en la materia y establece unos estándares homologables al del resto de democracias consolidadas, a base de incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública, que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones.

Sin embargo, cuatro años después de la plena aplicación a las Corporaciones Locales de las obligaciones de publicidad  activa impuestas por dicha Ley (según su disposición final novena), acabando de constituirse los nuevos Ayuntamientos, en muchos casos con cambios de gobierno, y finalmente, a la luz de la experiencia que me hace observar por un lado que muchas veces se confunde el conjunto de las obligaciones de publicidad activa de la respectiva Administración pública local con la “propaganda” sobre los logros del respectivo equipo de gobierno y por otro cómo ciudadanos de a pie entran en las Casas Consistoriales desconcertados, hasta asustados (creo que la misma situación de desconcierto e inseguridad les produce también  a usuarios de las nuevas tecnologías al entrar en el portal de transparencia o en la web municipal), me parece oportuno transmitir algunas reflexiones sobre mi percepción -y creo la de muchos ciudadanos- de deficiencias observadas en la aplicación efectiva de esta Ley.

Deficiencias
No estoy generalizando las situaciones. Soy consciente del enorme esfuerzo hecho en muchos Ayuntamientos y del gran trabajo, planificado, organizado y constante en la materia por muchos directivos y empleados públicos, en algunos casos dirigido por verdaderos profesionales y expertos de la transparencia (situaciones que deberían servir de modelo a seguir). Me estoy refiriendo a los casos -que haberlos, haylos– en que por motivos muy variados -cada Ayuntamiento “es un mundo»- no ha calado la cultura de la transparencia, la de las obligaciones de publicidad activa a que dedico  este artículo.

Si hacemos un recorrido por las sedes electrónicas, o portales de transparencia, ya que la Ley alude indistintamente a ambos sitios, ¿con qué  nos encontramos, o qué encontramos? Por cierto, aunque pueda resultar atrevido y por supuesto discutible, yo abogo por un único medio (un portal de transparencia de todas las Administraciones públicas), donde se pueda encontrar la información ordenada, clara, comprensible, de fácil localización para el ciudadano), y es que si no somos capaces de fijar unos criterios y compromisos (de cultura administrativa a que aludo en este artículo) en el conjunto de las administraciones públicas del Estado español ¿cómo vamos a ser capaces de lograr lo que parece pretender la Ley (véase la Exposición de motivos) en el futuro con el impulso y adhesión por parte del Estado tanto a iniciativas multilaterales en este ámbito como con la firma de los instrumentos internacionales ya existentes en esta materia.

¿Consta toda la información a que se refieren los artículos 6 a 8 de la Ley?
Aparece la información institucional, organizativa y de planificación?

Aparece  la Información de relevancia jurídica?

Aparece la información económica, presupuestaria y estadística?

Dicha información engloba todo el contenido que detallan los artículos citados?

Y sobre todo: el ciudadano de a pie puede ver la información:
-de una manera clara, estructurada y entendible?
– se encuentra en formatos reutilizables?
-están establecidos los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización?
-¿toda la información es comprensible, de acceso fácil y gratuito? ¿está a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos?

El ciudadano de a pie demanda tener una información  inmediata, clara, estructurada, actualizada,  de toda la normativa municipal, dónde y cómo debe dirigirse para cualquier trámite (ya sea presencial o electrónicamente ) ante su Ayuntamiento y/o ante cualquier otra Administración, sí, digo o ante cualquier otra Administración porque no está reñido con la transparencia ni con las competencias municipales informar -ya sea presencial o digitalmente- a sus vecinos sobre el organismo competente para el trámite que precisa, la dirección física y electrónica de dicho organismo, la documentación necesaria, la normativa aplicable, etc. y teniendo en cuenta precisamente la facilidad hoy día, con las nuevas tecnologías existentes, para formar una base de datos destinada a tal fin.

Porque al ciudadano de a pie puede gustarle o no (como likes en las redes sociales) la información sobre la última actividad del correspondiente equipo de gobierno, esas noticias del día a día -que siempre sonarán a trabajo bien hecho, a logros, de ahí lo que denomino el “postureo»- pero de lo que no me cabe ninguna duda es que a todos los ciudadanos de a pie les gustará contar con la información mencionada en el párrafo anterior y la descrita detalladamente en los citados artículos 6 a 8 de la  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; pero de forma clara, objetiva, entendible, actualizada y estructurada, y no desordenada, parcial, partidista…. porque entonces el ciudadano percibirá tinieblas.

Es hora, pues, de profundizar en la transparencia en la Administración más cercana al ciudadano.

domingo, 18 de agosto de 2019

Nacionalismo, federalismo y autonomía. Una aproximación taxonómica al concepto constitucional de nación -PARTE II.-

Por Marcos Peña Molina - Blog EsPúblico.es.- Analizado en la parte primera de este artículo (Nacionalismo, federalismo y autonomía. Una aproximación taxonómica al concepto constitucional de nación -PARTE I-el concepto de nación, corresponde ahora ponerlo en relación con el de pueblo.

II. PUEBLO Y NACIÓN. UN ACERCAMIENTO TAXONÓMICO DEL CONCEPTO DE NACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL

Lo expuesto en la primera parte del artículo no es más que una pequeña muestra del oscurantismo del concepto que manejamos, sobre todos si se hace desde categorías jurídico-públicas (Estado, federalismo, confederalismo, unidad, identidad, regionalismo, centrismo).

No obstante lo anterior, para abordar el concepto con el que vamos a operar, partiremos del análisis y la categorización que el constitucionalista alemán Gerhard Leibholz, Presidente del Tribunal Constitucional Alemán desde 1951 a 1972 y artífice de la ilegalización del Partido Nazi en 1952, expuso en su obra de 1973 “Politische Verfassung des Staates – Verfassungsgesetz1 sobre el nacimientos de los Estados.

Sus análisis nos servirán para poder diferencias dos conceptos que utilizados de forma sinonimia, sin embargo responden a realidades distintas. Estos son pueblo y nación. Al estudio de los mismos procedemos.

II.1 El Pueblo
II.1.a) El pueblo como elemento natural: Una entidad social reunida presencialmente.

Pueblo y nación son conceptos que responden a realidades distintas, aun cuando el lenguaje moderno no raras veces aplique hoy un sentido semántico semejante. Pueblo, en oposición a nación, es en realidad, algo que existe por naturaleza2.

Los pueblos, frente a las naciones, han existido tanto en la Antigüedad como en la Edad Media y en la llamada Edad Moderna. Pueblo, en sentido originario, tal como fue utilizado en la antigua Roma, populus, o en los Estados anglosajones, cuando emplean la palabra people, presupone siempre la presencia real de un número de personas que ha de ser de algún modo imaginable sensiblemente, ya sea de modo visual, retórico, acústico o corporal. En este sentido, se venía hablando, por ejemplo, del “pueblo bajo”3 al pretender distinguirlo de la clase dominante.

En el sentido expuesto, se utiliza el término pueblo para referirnos al pueblo reunido en una plaza, en una calle, o cuando nos referimos a los discurso que se emiten ante el pueblo.

Pueblo es, por tanto, una entidad social perceptible por su presenciabilidad. Pueblo es, en definitiva, el que está realmente reunido; es decir, aquel que puede manifestar su voluntad en forma de aclamaciones o votaciones ya sean estas electivas, plebiscitarias o refrendatarias.

Este populus, que está presente de forma real, no puede ser representado, a no ser que se falsee la idea de democracia directa, como ya lo había considerado con razón Rousseau, que rechazaba la representación política por considerar que el pueblo no podía ser representado por estar siempre presente4.

Desde este punto de vista, debemos decir que representar significa hacer de nuevo  presente algo que está ausente, o sea, posibilitar la existencia de alguna cosa que realmente no está presente; puede decirse que aquello que no está “aquí” y “ahora” resulta nuevamente “traído a la presencia”5.

Con estas palabras definió la representación Gerhard Leibholz, en su célebre ensayo de 1929, “La rappresentazione nella democrazia”, donde enmarcó lo que debía entenderse por «representación»: la representación es una estrategia contra una ausencia –por algún motivo– insuperable; representar es poner en escena, es crear una presencia evocativa o sustitutiva de una realidad que no se da (o no se da más) sino en una forma (discursivamente, simbólicamente, «escénicamente») mediata, pero no por esto evanescente o «irreal». La representación así entendida evoca en primer lugar un ser y, secundariamente, un actuar: podríamos hablar de la representación como de un «ser por» (o «en lugar de») un sujeto ausente y/o como de un «actuar por» (o «en lugar de») un sujeto inactivo.

En conclusión, desde esta perspectiva pueblo es la asociación de individuos que están presentes, por naturaleza, en un determinado territorio. Su representación, en la esfera pública, solo es posible en los casos de ausenciabilidad, donde la representabilidad hará traer al presenté lo que está ausente. Siendo ésta, por tanto, de existencia real aquella sobra.

II.1.b) El pueblo como elemento político. Una unidad política colectiva e ideológica.
La representación propia de un pueblo, por ejemplo, por un Jefe de Estado o de un Parlamento, supone, en cambio, otro concepto de pueblo. En este sentido, no pensamos en el pueblo en estrictos términos, sino que pensamos en esa entidad como un “todo”, como una “unidad” con fuerza o potencia política.

Al hablar de representación pensamos en el pueblo como una unidad con conciencia de lo político6, como una totalidad ideal cuya voluntad colectiva se exterioriza en una unidad total colectiva directa o representada.

Esta unidad colectiva, por cierto, carece de personalidad colectiva independiente de los individuos, pero en cambio, es a la vez algo más que la suma de los individuos que constituyen la comunidad popular, y al mismo tiempo, asume la herencia de las generaciones pretéritas, y encierra en sí siempre, como embrión, la vida de las futuras. Toda ella constituye una unidad por su carácter asociativo y colectivo. Pueblo, así entendido, no solo es el pueblo realmente existente de las democracias directas sino también el que conforma la unidad política fundida en un todo concreto individual desde el punto de vista de la formación de lo político. El pueblo actúa como un todo integrado en una firme persistencia de valores homogéneos, que le hacen manifestarse activamente como unidad ideal en la realidad política por medio de una representación actualizante. 

II.2  La Nación. Elementos constitutivos primarios. España como nación cultural e histórica.
Desde Ortega y Gasset, se ha considerado con acierto que el problema de España y sus nacionalismos es un problema filosófico, pues conceptos como “unidad”, “identidad”; “nacionalidad” o incluso “vertebración” son conceptos básicos y esenciales de éste saber de segundo grado que es la Filosofía.

Sin embargo, siendo ajustado lo citado, resulta imprescindible que aquel tenga una respuesta constitucional, esto es, una respuesta jurídicamente ordenada, pues no puede haber estabilidad estatal sin orden constitucional donde las distintas entidades territoriales en las que se distribuye un Estado compuesto puedan desarrollar sus competencias en un ámbito de seguridad jurídica y equilibrio político.

Si nos enfrentamos con un problema donde la Filosofía debe aportar su saber gnoseológico, no es menos cierto que el Derecho Constitucional debe participar, dotando de ordenación y estabilidad la respuesta jurídica que se presente.

Manifestaba el profesor Gustavo Bueno7, que el concepto de nación no había sido un concepto univoco y permanente a lo largo de la Historia sino diverso y evolutivo, en el que las distintas acepciones habían llegado a encontrarse en un punto integrador y unificador, que no era sino la nación política o constitucional, concepto envolvente de todas aquellas acepciones.

Entre éstas acepciones podrían diferenciarse las siguientes. La primera, haría referencia al término nación en su acepción biológica y se referiría a su concepción más prístina. Desde esta perspectiva, el término “nación”, que deriva de la voz latina nāscor, se circunscribiría al origen o nacimiento de algo. Cuando se utiliza con este significado podemos estar haciendo referencia al “nacimiento del pelo” o a la “nación de los dientes”, por ejemplo.

La segunda acepción del término “nación”, es la más utilizada y la que más literatura ha generado. Esta perspectiva refiere a la nación desde un punto de vista étnico o antropológico. Dentro de esta extensión se encontraría, igualmente, la nación histórica o cultural.

Siguiendo con esta perspectiva, existe prácticamente unanimidad en considerar que España se constituyó como una verdadera nación etnológica con la llegada de los Godos. Desmembrado el Imperio Romano, tanto los habitantes de las estirpes godas como los hispano romanos comenzaron a considerarse miembros de una nación independiente, con modos de vivir propios, a la que le dieron el viejo nombre romano de Hispania.

Esta conciencia de pertenencia a una casta, a una etnia residente en el territorio hispánico aparece de manera absolutamente irrefutable precisamente en el representante más cualificado de la cultura hispana: Isidoro de Sevilla (Siglo VI d.c.). Autor de la gran enciclopedia de la época, las Etimoligías, la primera enciclopedia de la Historia adelantándose en casi un milenio y medio a la francesa del S. XVIII. Puede verse también ese aspecto en la Estoria de Espanya de Alfonso X el Sabio, la Crónica de Espanya de Ribera de Perpejá e incluso en la Crónica de Bernat Desclot.

Nada impediría la existencia de varias naciones étnicas en un mismo territorio. De hecho, es normal que las mismas confluyan dando lugar al enriquecimiento de las resultantes. Ese fue el resultado de la nación española. La influencia romana, visigoda, árabe, germánica dejó una impronta en el carácter españolista, en las costumbres, en las raíces, en los hábitos, en la lengua, en los modos colectivos de vivir, en definitiva en la cultura, que individualiza y especifica los rasgos hispanos frente a otras naciones. Esta acepción es sociológica y no política.

Su unidad e identidad destacaron en dos momentos distintos pero de naturaleza semejante, a saber, con la caída del Imperio Romano y con la expulsión de los musulmanes; estos movimiento de unicidad social se reforzarán desde el S. XV hasta el S. XIX8, con la consecución de su unicidad política.

Las naciones se presentan así como la lenta sedimentación que se va acumulando como el arrastre de las fuerzas continuas de las olas del mar. Son producto y resultante de la Historia, de la convivencia, de hechos voluntarios e involuntarios en los que no interviene consciencia ni planificación humana. La Historia de las naciones está plagada de sincronicidades y hechos accidentales alejados de “proyectos sugestivos de vida en común”9, tal y como se referiría a ella Ortega y Gasset, influido decididamente por el pensamiento que sobre esta materia poseía Ernesto Renan, expuesto sintéticamente en una de sus conferencias en la Sorborna, y convertida en obra escrita en 1889, bajo el título: ¿Qué es una nación?.

Frente a dicha perspectiva subjetivista, dirá Gerhardt Leibholz, que la nación es producto de la Historia, que es lo que explica que la nación, en oposición a pueblo, no sea algo dado por la naturaleza sino algo que se origina históricamente. En este mismo sentido, Disraeli nos recordará que la nación es “a work of art and time”10.

Ahora bien, dejado claro lo anterior, y abordando la tercera acepción del término nación, si en un mismo territorio pueden convivir distintas nacionalidades étnicas, deviene imposible cuando hablamos de nación política. Y es esta acepción la que más problemas ha generado, pues cuando un nacionalismo estatal se refiere a nación a lo que se está refiriendo precisamente es a este tipo de nación política.

De lo que realmente se discute en el debate político es de nación-es políticas y no de naciones étnicas o históricas, todas ellas conviviendo en un nuevo “Estado Federal español”. Y, es aquí donde se encuentra un problema irresoluble, si lo analizamos desde la categoría de lo político, esto es, desde la perspectiva del titular de la soberanía, o del derecho público al imperium, como lo definiría el famoso jurista francés, Leon Duguit11.

La nación política, sujeto constituyente, poseedora de la acción positiva constituyente, solo puede ser una, pues una e indivisible es la soberanía que la hace sujeto exclusivo del poder político, es decir, que la hace nación política. La nación política engloba a todas las demás. Es un todo único sin perjuicio de las nacionalidades históricas o étnicas que subyagan en su interior.

La nación como unidad política colectiva con capacidad de obrar y consciencia de lo político12 cuya base descansa en su unidad e identidad social, se torna titular exclusivo y excluyente del ejercicio de su propia soberanía. Acción de un poder político, que mediante un proceso constituyente, dota al Estado de personalidad jurídica. Es por ello por lo que el jurista García Trevijano, desde una perspectiva kelseniana, dirá que aquel no es más que la personificación de la nación13.

Gerhard Leibholz se preguntaba qué convierte un pueblo en nación política. Y vino a decir que no lo hacía el nacer en una comunidad, ni tampoco un idioma común, sino la consciencia de su propio valor político cultural, afirmando su existencia como una totalidad independiente, concreta y única.

Esa idea de nación envolvente que incluye a todas las demás con un sustrato político-cultural, encuentra su base en el concepto de cultura utilizado por el filósofo alemán J. G. Fichte, aunque también aparece acentuado en Hegel. En este sentido, Gustavo Bueno subrayará que14: “la cultura (para Fichte y Hegel) es considerada como un conjunto de contenidos históricamente determinados, conformadores de los propios hombres, podrá ser percibida como cultura envolvente y organizadora de las generaciones sucesivas. Esta función conformadora y envolvente de una cultura históricamente dada no podría ejercerse sobre cada individuo, sino estuviese implantado en la sociedad política, en el Estado. Y así como la finalidad de cada individuo aislado es el goce egoísta de los bienes, así la finalidad de la especie es la cultura, pues solo a su través la especie puede desenvolverse en sus individuos. El Estado es la organización que los individuos constituyen para llevar a cabo la finalidad de la especie. Con esto Fichte puede creer que la finalidad del Estado es la cultura”.

“De este modo, Fichte está poniendo por primera vez la idea (el mito) del Estado de Cultura. Una idea que maduró también a través, sobre todo, de la filosofía política alemanda y antes de que Bismarck en 1871 levantase como bandera del Estado prusiano el KulturKumpf. Bluntschi (en su Allgemeines Staatsrechts de 1852) había establecido una célebre clasificación de los Estados, manifestado que junto con las Monarquías y las Repúblicas se hallan los Estados de Cultura, puesto que los intereses culturales pueden determinar de forma especial la vida de un pueblo”. (Continúa)

Notas:
1 .-Traducida al español como: Conceptos Fundamentales de la Política y de la Teoría de la Constitución. Ed. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1984. En dicho tratado, así como en la Teoría del Estado publicada en 1921, LEIBHOLZ tuvo una clara influencia del famoso jurista de Plettenberg CARL SCHMITT a través de su “Teoría de la Constitución” de 1928 (Theorie der Verfassung) al tratar el Estado burgués de Derecho, como aquel en el que se formalizaban los principios de unidad, conformado a partir de la nación, como unidad política en la que encontraba su identidad en el Estado, y el principio liberal de la representación.
Igualmente, LEIBHOLZ tuvo una clara influencia de su profesor, el filósofo y jurista alemán HEINRICH TRIEPEL, a la hora de elaborar una teoría de la democracia, donde el parlamentarismo estaba encontrando graves problemas de articulación con los nuevos partidos de masas.
Por últimos, y sin ánimo de ser exhaustivos, el presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, recogió las tesis y aportaciones de RUDOLF SMEND en su concepción sobre la “integración” de las masas para la construcción del Estado.


2 Vid: LEIZHOLB, G. Ob, cit, pag 210. Por su parte, Jellinek define al pueblo desde esta perspectiva, como pueblo en sentido subjetivo, por cuanto que supone el elemento materia de asociación estatista. Vid: Georg Jellinek: Teoría General del Estado, Fondo de Cultura Económica, 2005, Mexico, pag-378,


3 .- Vid:PEREZ MONTFORT, R.: “El Pueblo y la Cultura. Del Porfiriato a la Revolución” en La identidad nacional mexicana como problema político y cultural. Nuevas miradas, (Coord. RAÚL BÉJAR Y HECTOR ROSALES), Centro Nacional de Investigaciones Multidisciplinares, 2005, Mexico, pag 70.


4 Vid: PEÑA MOLINA, M. “De la representación política a la identificación orgánica” en Cuadernos de Derecho Local (QDL),  Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, junio de 2016, pag 186-200.
5 Vid: PEÑA MOLINA, M. “De la representación política a la identificación orgánica” en Cuadernos de Derecho Local (QDL),  Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, junio de 2016, pag 186-200.
6 .- Es decir, con conciencia de su potencialidad para constituirse en una sociedad política estatalizada.
7.-Vid: BUENO, G. España frente a Europa. Ed. Alba. Barcelona. 1999. pp-13,31 y 192. También en, España no es un mito. Claves para una defensa razonada, Ed. Temas de hoy, Madrid, 2005, pp-25 y ss.
8 .- Vid: NEGRO, D. Sobre el Estado en España. Ed. Martial Pons. 2007. pag 12, aunque este autor hablará de “nación moderna”.
9 .-  Cfr: ORTEGA Y GASSET, J. España invertebrada: bosquejo de algunos pensamientos históricos. Ed. Revista de Occidente. (1975). Pag 63.
10 Cfr: LEIBHOLZ, G. Ob, cit. Pag 213.
11 .- Vid: DUGUIT, L. Las transformaciones del Derecho Público y Privado. Ed. Comares. 2007. pag. 12
12 .-  Vid: SCHMITT, C. Teoría General de la Constitución. Ed. Alianza Editorial. 2011. Pag 75
13 .-  Vid: GARCIA TREVIJANO FORTE, A. Teoría pura de la República Constitucional. Ed. MCRC. 2012. pag 309
14 .-  Cfr: BUENO, G. El Mito de la Cultura. Ed. Pentalfa. 2008. Pags 108 y 109 C

jueves, 15 de agosto de 2019

¿Quén vota por los nuevos partidos? Voto económico, ideología política y actitudes populistas

"Es la percepción de las dificultades económicas enmarcada ideológicamente (en lugar del estado objetivo de la economía) lo que explica el voto en contra del establishment"

Por   y  Agenda Pública blog.- La crisis económica y financiera de finales de la década de 2000 es ampliamente reconocida por facilitar el éxito de nuevos partidos políticos en Europa. Sin embargo, en este artículo argumentamos que votar por nuevos partidos no puede entenderse como una mera respuesta económica. Más bien, en momentos en que la crisis económica se enfrenta a una crisis cada vez más profunda de la representación democrática, las actitudes populistas pueden hacer que los ciudadanos perciban a los nuevos partidos como una alternativa política real a las fuerzas tradicionales.

A raíz de la crisis financiera y económica de 2008, la mayoría de las sociedades europeas fueron testigo del declive electoral de los partidos establecidos y del surgimiento de nuevas plataformas políticas. Estos nuevos actores han llamado la atención no solo por su rápido éxito, sino también porque a menudo son vistos como sintomáticos de la tendencia populista en la política europea.

España es un buen ejemplo de ello. En las elecciones nacionales de 2011, el PSOE salió del gobierno en favor del PP. En 2015, después de que el PP implementara un programa de austeridad, el electorado castigó a ambos partidos establecidos con porcentajes de votos históricamente bajos. El apoyo se dirigió a dos recién llegados a la política electoral, Ciudadanos y Podemos que, lejos de ser iguales, se distinguen por su actitud crítica hacia el establishment político y al mismo tiempo, difieren sustancialmente en la ideología política, siendo Ciudadanos un partido de centroderecha y Podemos de izquierda radical.

La aparición y resistencia de nuevos partidos
Pero ¿qué pasará con los nuevos partidos como Ciudadanos y Podemos una vez que la crisis económica ya no esté en la agenda política? La formulación de expectativas sobre esta y otras preguntas relacionadas requiere una mejor comprensión de lo que motiva el éxito de los nuevos partidos y el declive de los partidos tradicionales. El éxito de los dos nuevos partidos españoles, de manera similar a otras nuevas formaciones políticas en Europa, se explica generalmente en términos de la reacción negativa de los votantes a las condiciones económicas de su país. Los votantes que perciben que su propia situación económica, y especialmente la economía de sus estados empeora, tenderán a castigar al partido en el gobierno votando por las alternativas políticas disponibles, ya sean partidos de oposición o fuerzas previamente marginales o nuevas, o directamente absteniéndose.

A pesar de la prominencia de las teorías del voto económico para explicar el apoyo a los nuevos partidos, muchos estudiosos dudan de que el comportamiento electoral en tiempos de crisis sea reducible solamente a los juicios a corto plazo sobre el desempeño económico nacional y destacan el papel de la ideología política para influir en las reacciones de los votantes ante el deterioro económico percibido. Esta perspectiva, como complemento a las teorías del voto económico, considera que las percepciones de los votantes sobre la situación económica están mediadas por la ideología política. Por lo tanto, es la percepción de las dificultades económicas enmarcada ideológicamente (en lugar del estado objetivo de la economía) lo que explica el voto en contra del establishment.

Introduciendo las actitudes populistas
Argumentamos que esta imagen aún no está completa. La investigación académica sobre cómo la Gran Recesión impulsó el éxito de nuevos partidos en las elecciones nacionales dejó una dimensión desatendida: el papel de las actitudes populistas. Adoptamos la definición generalizada de populismo como una ideología fina o delgada que considera que la sociedad se separa en dos grupos homogéneos y antagónicos, ‘el pueblo puro’ y ‘la élite corrupta’, y que argumenta que la política debería ser una expresión de la voluntad general o de ‘la gente’.

Considerar el populismo como una ideología fina nos permite distinguirlo de las ideologías «más gruesas» que brindan visiones del mundo completas, como el socialismo o el liberalismo. Así, el populismo puede presentarse en combinación con programas de izquierda y de derecha o sin un programa específico definido ideológicamente. Las actitudes populistas de los individuos se entienden como latentes y solo son electoralmente efectivas cuando son activadas por actores políticos con un discurso populista.

Los estudios han demostrado que las actitudes populistas son buenos predictores del apoyo a los partidos populistas. Sin embargo, no todos los partidos nuevos que surgieron a raíz de la crisis financiera y económica son populistas, como ejemplifica Ciudadanos. Así, todos los nuevos partidos podrían haberse beneficiado de los votos de los ciudadanos con actitudes populistas, ya que, si bien no son necesariamente populistas, los nuevos partidos seguramente se esfuerzan por presentarse como capaces de romper con las relaciones de poder político existentes, lo que podría explicar el atractivo de los nuevos partidos para los votantes con este tipo de actitudes.

Nuevos partidos y actitudes populistas
Nuestra investigación sobre los nuevos partidos españoles proporciona evidencia en apoyo de esta hipótesis. Usando los datos de una encuesta representativa, encontramos que los votantes con fuertes actitudes populistas tienen más probabilidades de apoyar a un partido nuevo, independientemente de si sostiene un discurso populista o no. Esto sugiere que los nuevos partidos ofrecen un potencial de identificación positiva a los votantes con actitudes populistas. Si los nuevos movimientos no hubieran ofrecido ninguna identificación a los votantes que rechazaron a los partidos tradicionales, entonces estos individuos con actitudes populistas probablemente habrían renunciado a acudir a las urnas.
Nota: Para más información, ver el artículo de los autores en  West European Politics

El gráfico muestra cómo las actitudes populistas en interacción con la ideología de izquierda-derecha influyen en las intenciones de voto para los nuevos partidos. Resulta que la probabilidad de que individuos de izquierda y de derecha voten por Podemos es aproximadamente la misma si comparten fuertes actitudes populistas. Los nuevos partidos populistas parecen ser capaces de atraer votantes populistas que no comparten plenamente su posición ideológica. Por el contrario, los encuestados con fuertes actitudes populistas tienen menos probabilidades de votar por Ciudadanos si se ubican en el lado izquierdo de la escala ideológica. Cuanto más se mueven los encuestados hacia la derecha, mayor es la influencia ejercida por las actitudes populistas sobre la probabilidad de votar por Ciudadanos. La congruencia político-ideológica desempeña un papel importante al explicar por qué algunas personas populistas tienen la intención de votar por un nuevo partido político no populista.

Lo que podemos aprender
Es probable que este conocimiento novedoso sobre el comportamiento electoral posterior a la crisis refine nuestra comprensión de los motivos detrás del debilitamiento de los partidos tradicionales en favor de los nuevos. En España, como en otros lugares, las elecciones posteriores a 2008 han provocado un aumento de la fragmentación electoral, la inestabilidad y la polarización política. El conocimiento sobre las causas de estas dinámicas puede aumentar nuestra comprensión de las tendencias que configuran el desarrollo de políticas democráticas en un futuro cercano.

En general, nuestro estudio sugiere que los nuevos partidos políticos pueden conectarse con el electorado más allá de las consecuencias económicas de la crisis. El surgimiento de nuevos partidos puede verse como una expresión de las transformaciones estructurales de gran alcance que se están produciendo en los sistemas políticos de Europa occidental, cambios catalizados por la Gran Recesión. Por lo tanto, los nuevos partidos pueden sobrevivir incluso en tiempos de prosperidad económica, aunque pueden surgir nuevos desafíos en forma de problemas de institucionalización o de su capacidad para movilizar continuamente las actitudes populistas del electorado.

martes, 13 de agosto de 2019

Carles Ramió: La benevolencia y el coraje de los directivos públicos

"Un líder también debe mostrar una controlada rabia e irritación ante hechos y situaciones indeseables para el bien de la institución. En cambio, un líder no debe ser impetuoso ya que debe canalizar muy bien su valentía, su rabia y su irritación"

Por Carles Ramió. Blog EsPúblico.- Benevolencia: la benevolencia es la propiedad de la persona que es comprensiva y tolerante y está relacionada con conceptos delicados como condescendencia, indulgencia y otras actitudes de carácter patriarcal. Los manuales de liderazgo suelen proponer un modelo de líder empático, participativo y benevolente contrapuesto al modelo de liderazgo autocrático e inflexible. Maquiavelo le dedica todo un capítulo al tema de la crueldad y la clemencia, y de “si es mejor ser amado o ser temido”. Huelga decir que llega a la conclusión que es mejor ser temido. 

Pero Maquiavelo tiene en la mente un modelo de Estado que se basa en la fuerza y en las armas, un modelo plenamente militarizado. Pero en las instituciones públicas contemporáneas si dejamos fuera a las fuerzas armadas y a los cuerpos de seguridad del Estado infundar temor por la vía de la crueldad tiene un corto recorrido. Nuestras instituciones se sustentan en el conocimiento e información que atesora su personal y este dejará de aflorar con fluidez si se adoptan estrategias y formas poco amables y poco empáticas. En la sociedad del conocimiento el líder debe asumir el rol de seductor para poder sacar el máximo provecho de las potencialidades de sus recursos humanos. Sólo un buen clima organizativo logra aprovechar al máximo los recursos y conocimientos y, en cambio, un mal clima hace que los profesionales se encierren en sus corazas y rindan el mínimo y opten por ser cicateros a la hora de aportar sus conocimientos y experiencia.

Ser benevolente implica que el líder comprende y perdona los errores cometidos por sus empleados o iguales y no los aprovecha para castigar o lograr otros objetivos o imponer nuevas condiciones o cambiar en su provecho las reglas del juego. Se enmarca dentro de una lógica patriarcal que hace que el líder se comporte básicamente como un buen padre de familia. Ser benevolente es uno de los instrumentos más relevantes para poder dar amor en el seno de las instituciones (tema que hemos abordado antes). Ahora bien, un exceso de benevolencia genera desgobierno y falta de disciplina y, con ello, un muy bajo rendimiento institucional. Para argumentar esto son muy útiles las reflexiones de Maquiavelo. Este autor dice que un líder debe ser a la vez amado y temido, pero como es difícil reunir ambas cosas, si se ha de renunciar a una de ellas, más vale renunciar a ser amado. Argumenta que los que los líderes “que son amados no pueden contar con las personas cuando se las necesita de verdad ya que los hombres temen menos ofender a aquel que se hace amar que al que se hace temer, porque la amistad es un vínculo de obligación, el cual, para vergüenza de los hombres, siempre se rompe en ocasión de la propia utilidad; pero el temor de un castigo jamás les abandona”. De esta frase niego la mayor, pero estoy de acuerdo en la menor. Es indudablemente mucho mejor ser amado que temido pero hay que tener en cuenta las reflexiones de Maquiavelo y evitar las externalidades negativas a nivel institucional de este amor. Es cierto que un liderazgo que se fundamente exclusivamente en el amor y estima hacia su líder es insuficiente y suele ser habitual que en muchos momentos críticos en la que se contraponen intereses individuales o grupales con los de la institución y su líder surjan problemas con este modelo de liderazgo. Yo esto lo he sufrido en varias ocasiones y ha representado los momentos más desagradables que he tenido en mi experiencia directiva. Me he empeñado siempre en ser benevolente con mi entorno, en especial, con los empleados que dependían de mí (con mis superiores o iguales he mezclado siempre la benevolencia con una cierta crueldad precisamente para defender a mi institución y a mi personal). Se podría decir que me he volcado en dar amor a mis empleados pero no siempre me ha salido bien ya que éstos se acostumbran a ello y lo elevan a la categoría de exigencia y adopta un rol egoísta. Los empleados, en esta situación, dan por hecho que su líder debe ser benevolente pero no se autoexigen el mismo nivel de benevolencia. En algunos momentos críticos me he quedado muy solo y he sido objeto de algunas malas prácticas que se daba por hecho que debía perdonar o ser condescendiente con ellas a pesar de ser negativas para la institución. Se podría decir que no he sabido utilizar bien la competencia de la benevolencia ya que no he sido capaz de redondearla con un cierto temor que facilita una mayor exigencia. Mi consejo es que el líder sea benevolente, pero con algunos ingredientes que infundan temor y respeto a la autoridad. Es el eterno juego del palo y la zanahoria. Si no hay palo, aunque sea potencial, no hay un buen desempeño. Así es la naturaleza humana tal y como argumenta Maquiavelo que propone “afirmo que es bueno pasar por liberal [ser benevolente y empático]; pero si usas la liberalidad de modo que no seas temido, té será dañosa”. Hay que combinar, por lo tanto, empatía con una cierta dureza y frialdad que mantenga un constante clima de tensión.

Coraje: esta competencia en la acepción que nos interesa es el valor, energía y voluntad para afrontar situaciones difíciles o adversas. El otro significado es el de rabia e irritación que sufre una persona o impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo.

Un líder debe tener coraje, es decir: ser valiente (como se decía en un capítulo anterior). Un líder también debe mostrar una controlada rabia e irritación ante hechos y situaciones indeseables para el bien de la institución. En cambio, un líder no debe ser impetuoso ya que debe canalizar muy bien su valentía, su rabia y su irritación.

En primer lugar, el directivo debe ser muy valiente con sus superiores y con sus iguales para defender los intereses de su organización y de su personal. Ya lo dice Maquiavelo “es indudable que los príncipes se hacen grandes cuando vencen las dificultades y las oposiciones que se les presentan”. El coraje bien entendido es una fuente de legitimación para el líder. En las instituciones públicas se producen muchos conflictos de intereses políticos, organizativos y personales y la función de un líder es ganar estas batallas en favor de su organización o ámbito de gestión. Es lo que se llama defensa de la organización para lograr el mayor estatus posible de ésta y de su personal en el seno de la red de organizaciones y ámbitos de gestión que conforman el holding institucional de una Administración pública.

El principal instrumento para poder actuar con coraje y valentía frente a los superiores o iguales es poseer unos buenos modelos conceptuales para las políticas y actuaciones públicas de nuestra organización. En mi caso cuando me he encontrado en situaciones de conflictos de intereses institucionales o personales he jugado con tomar distancia en los desacuerdos y abordarlo siempre desde una lógica conceptual y casi siempre me he llevado el gato al agua. Ya lo dice Maquiavelo: “es necesario al príncipe basar su gobierno sobre buenos fundamentos, so pena de verse hundido en la ruina”. Es evidente que el coraje sin una buena táctica y unos buenos argumentos no sirve para nada o incluso es contraproducente. También es cierto que en algunas ocasiones me he enfrentado a modelos conceptuales del adversario también muy solventes, en estos casos se ha intentado buscar acuerdos intermedios o incluso renunciar a los propios en defensa de un interés institucional de carácter superior. En casos excepcionales uno se puede encontrar que a pesar de tener buenos argumentos no los aceptan sus superiores. En estos casos si mi interés y mi política lo consideraba muy nuclear para el proyecto institucional he optado por enfrentarme abiertamente, con coraje, a mis superiores. Mis colegas jamás entendieron estos momentos de coraje (en las dos acepciones del término) ya que lo percibían como muy arriesgado o incluso suicida. Mi reflexión es que sí y no. Es cierto que enfrentarte en muchas ocasiones con tus superiores (y también o en paralelo con tus iguales) suele finalizar con el cese de uno. Pero mi experiencia en que cuando te nombran para un puesto directivo de carácter político o profesional te dan una baraja de cartas con dos o tres comodines. Estos comodines representan las veces que puedes enfrentarte con tus superiores. La clave consiste en saberlos administrar y en utilizarlos en los momentos más críticos para el buen desempeño de la institución que gobernamos y ser conscientes que hay un momento en que se han agotado estos comodines y el próximo enfrentamiento puede implicar el cese. Una vez que me nombraron para un puesto directivo en una institución que vivía un momento político muy convulso gasté, sin apenas darme cuenta, todos los comodines en pocos meses. Hubo un momento que sentí que se respiraba en el ambiente de la institución sobre mi inminente cese como indicador evidente que no me quedaban más comodines. Tuve la fortuna que mi superior dimitió y al nombrar a uno nuevo recibí otra baraja con nuevos comodines. A partir de este momento los administré con mucha más prudencia e inteligencia.

Por otra parte, el coraje en su acepción de rabia e irritación hay que utilizarlo con el personal que uno tiene bajo sus órdenes. Cuando un empleado, grupo de ellos o unidad administrativa no está a la altura de las exigencias debe mostrarse de forma calculada y controlada la irritación que provoca esta situación y con ella infundir un cierto respeto e incluso miedo. Se podría decir que el coraje en calculadas dosis es un buen complemento para evitar las externalidades negativas de un liderazgo benevolente.

domingo, 11 de agosto de 2019

Nacionalismo, federalismo y autonomía. Una aproximación taxonómica al concepto constitucional de nación (PARTE I)

Nacionalismo, federalismo y autonomía. Una aproximación taxonómica al concepto constitucional de nación (PARTE I).- Por Marcos Peña Molina - Blog EsPúblico.es.- 

-La nación: un término histórico oscurantista.
-Pueblo y Nación. Un acercamiento taxonómico al concepto de nación desde una perspectiva constitucional.
-El Pueblo:
-El pueblo como elemento natural: Una entidad social reunida presencialmente
-El pueblo como elemento político: Una unidad política colectiva e ideológica.
-De la nación cultural a la nación política. Un concepto constitucional exclusivo y excluyente. La Federación como forma de organización del poder público o como fórmula del ejercicio del poder público.

1. LA NACIÓN: UN TÉRMINO OSCURANTISTA
Decía Schumpeter1 que la participación en política de personas del saber intelectual producía en las mismas un efecto singular digno de estudio. Según este economista austriaco, cuando un intelectual entraba en el juego del poder, tan pronto como iniciaba su andadura dejaba su intelectualidad apartada, y se comportaba como un ser inane, carente de la más mínima pericia mental, llevando a cabo actuaciones que en su esfera privada nunca las realizaría.

Este efecto psicológico del comportamiento puede reducirse a una mera anécdota sociológica, interesante de estudio, cuando afecta a cuestiones accidentales de la acción política. Sin embargo, empero, la cuestión se torna mucho más grave cuando dicha debilidad mental se connivencia con un cierto interés personal de oportunismo político, llegando a afectar a la sociedad civil en su conjunto.

No es nuevo el debate político sobre ¿qué es España?; o más concretamente, si España se haya constituida por muchas “Españas”. El debate de las “naciones” en el seno de nuestra delimitación territorial estatal, es un viejo amigo de nuestras tertulias, un viejo acompañante que ya forma parte de la propia cultura política.

Siendo constatable lo citado, no es menos cierto que hasta ahora, no se había planteado desde postulados académicos y políticos la implementación real de la “plurinacionalidad federal”, como una necesaria realidad a la que debe darse respuesta constitucionalmente.

Se ha incluido en la agenda política y en las perspectivas académicas, el reconocimiento efectivo de la “plurinacionalidad” de España con el fin de re-constituir el Estado español en un Estado federal, o al menos, de corte descentralizadora federativa, incluyendo en un Estado unitario fórmulas de distribución territorial del poder propias de Estados federales2.

Sería una empresa imposible, el intentar dar una respuesta a la cuestión suscitada en la agenda política sin saber con claridad a qué nos referimos cuando hablamos de una “nación” ya que la confusión que en muchas ocasiones se producen en el debate político deriva de la mezcolanza de los conceptos que se utilizan.

Confusión
La confusión a la que aludimos no solo se produce en el debate público, ésta también se origina, en algunas ocasiones, desde perspectivas jurídicas y politológicas. No obstante, la importancia del concepto para la formación de las sociedades internacionales como sustrato básico y legitimador de las formaciones estatales, está fuera de toda duda. Decía, al respecto, Tomás Pérez Vejo3 que pocas objeciones caben a la afirmación de que la nación ha desempeñado un papel determinante -tanto en el plano político como, quizás sobre todo, en el de las mitologías colectivas- en la articulación de las sociedades humanas durante  los  dos  últimos siglos.

En un proceso iniciado a partir de la segunda mitad del siglo XVIII en occidente y que posteriormente se ha extendido al resto del planeta, la nación ha terminado por convertirse en la forma hegemónica y excluyente de identidad colectiva de la modernidad y en la principal, si no única, fuente de legitimación del poder político. Así lo reconoce explícitamente el ordenamiento jurídico internacional que considera a las comunidades nacionales como los únicos sujetos colectivos capaces de ejercitar determinados derechos políticos, el de autodeterminación por ejemplo, que por el contrario se niegan a otro tipo de colectividades, sean religiosas, ideológicas, económicas, históricas o mero fruto de la voluntad de los individuos que las componen. La nación se dibuja en el horizonte mental del hombre moderno como una realidad insoslayable, que configura y determina todos los aspectos de la vida colectiva, desde el carácter de las personas hasta las formas de expresión artística. Ser miembro de una nación se ha convertido en una necesidad ontológica capaz, pareciera, de condicionar por completo nuestra forma de ser y estar en el mundo.

Sin embargo, siendo un concepto epicéntrico de nuestra formación estatal desde finales del Siglo XVIII, la inexistencia de material taxonómico que nos permita diferenciar sus distintas acepciones provoca, como ya adelantamos, una confusión permanente.

En este sentido, y sin atenernos a corrientes marxistas que han sido las que más se han proyectado sobre los conceptos de nación y de autodeterminación (la concepción marxista utiliza la expresión “la libre determinación de los pueblos”), desde Carl Marx en el “Manifiesto Comunista” o “El Capital”; Lenin con su obra “Notas Críticas sobre la cuestión nacional; o Stalin en el “Marxismo y la cuestión nacional”; en la actualidad podemos citar la obra de Eric Hobsbawm: “Naciones y nacionalismo desde 1780”4.

En dicha obra, dividida en 6 capítulos ya en la Introducción, Hobsbawm intenta aclarar, sin conseguirlo según nuestro criterio, algunos de sus puntos de partida y premisas de arranque, entre las que destaca el hecho de que “el sentido moderno” de la palabra “nación” no se remonta más allá del S. XVIII ; también nos dice que “al abordar la cuestión nacional es más provechoso empezar con el concepto de la nación (es decir, con el nacionalismo) que con la realidad que representa”. Así mismo, aclara por tanto, que el nacionalismo antecede a las naciones, lo que lo lleva a afirmar que “las naciones y los fenómenos asociados con ellas deben analizarse en términos de las condiciones y los requisitos políticos, técnicos, administrativos, económicos y de otro tipo”.

Hobsbawn, que no categoriza el término nación, sino que recogiendo la perspectiva liberal, la ubica en relación al Estado, considerándose aquella solo como el atributo más importante para la conformación de éste, viene a destacar dos aspectos esenciales de la misma para su existencia: su viabilidad económica, y su fortaleza para constituirse en Estado. Hobsbawm presenta una suerte de criterios por virtud de los cuales un pueblo puede ser clasificado firmemente como nación. Estos son, a saber: la asociación histórica con un Estado, la existencia de una antigua élite cultural y la probada capacidad de conquista.

Sin perjuicio del desarrollo etnológico que el autor realiza en los distintos capítulos del libro para subrayar las características de lo que llama “protonación”, la utilización del concepto de “Estado” para delimitar el de nación, (perspectiva liberal), orilla no solo la propia existencia y utilización de este concepto en épocas muy anteriores a las revoluciones liberales del Siglo XVIII, sino que, además, no determina ni justifica qué criterios son los que hacen que una nación ordene un Estado, amén de que, en ningún caso atienda al hecho de que puedan existir naciones sin Estado, al menos, sin  aquellas formas de organización política-social que nacieron en el Siglo XV y que tomaron su sentido más moderno con la Revolución Francesa.(Continúa)

Notas: 
-1 Vid: SCHUMPETER, JOSEPH A.. Capitalismo, Socialismo y Democracia. Ed. Orbis (Biblioteca de Economía), Barcelona (1983). Tomo I
-2 Punto 13, del prontuario publicado en el 2017 bajo el nombre de “Ideas para una reforma de la Constitución” bajo la dirección del Catedrático de Derecho Administrativo, SANTIAGO MUÑOZ MACHADO.
-3 Vid: PÉREZ VEJO, T.: “La construcción de las naciones como problema historiográfico: el caso del mundo hispánico”. Revista: Historia Mexicana, 2003, pp 275 y ss.
-4 Vid: HOBSBAWM, E.. Naciones y nacionalismo desde 1780. Ed. Barcelona, Crítica, 1997. Pags, 11, 17, 19 y 46.

jueves, 8 de agosto de 2019

Diego Gómez: ¿La caducidad del procedimiento es un vicio de anulabilidad? Malamente...

Por Diego Gómez .-Derechoadminsitrativoyurbanismo.com.-  Leyendo los comentarios de jurisprudencia contencioso-administrativo del último número de la fantástica Revista de Administración Pública editada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales descubrí la STS de 12.03.2019 (RC 676/2018) que vuelve a incidir sobre que la caducidad del procedimiento administrativo es un vicio de nulidad de los previstos en el art 47 de la Ley 39/15.

Esta cuestión había sido ya clarificada a mi juicio con anterioridad, tal y como ya había explicado en esta entrada de mayo de 2018 "La caducidad del procedimiento administrativo es un vicio de nulidad" y en el artículo homónimo pero de distinto contenido que los amigos de la revista Actualidad Administrativa de Wolters Kluwer tuvieron la amabilidad de publicarme en el mes de octubre de 2018.

En estos artículos a cuya lectura me remito, se hacía referencia a varias sentencias sobre las que vuelve la sentencia de 12.03.2019. Aunque la sentencia resuelve un caso de caducidad en un procedimiento contable, hace un resumen en su fundamento de derecho Tercero sobre este instituto de la caducidad y su consideración como vicio de nulidad de pleno derecho que por su claridad paso a transcribir: 

"TERCERO . Consideraciones generales sobre el instituto de la caducidad.
Este Tribunal Supremo ha tenido ocasión de analizar el instituto de la caducidad de los procedimientos administrativos en numerosas ocasiones, entre las más recientes cabe citar la STS nº 438/2018, de 19 de marzo (rec. 2054/2017).En la citada sentencia ya recordábamos que el ejercicio por la Administración de sus potestades de intervención está sujeta a límites, uno de ellos es el establecimiento de un plazo máximo para resolver los procedimientos. Su razón de ser obedece al deber de las Administraciones públicas de dictar resolución expresa en los plazos marcados por la ley, con ello se pretende garantizar que los procedimientos administrativos se resuelvan en un tiempo concreto, evitando la prolongación indefinida de los mismos por razones de seguridad jurídica. El incumplimiento de estos plazos conlleva como consecuencia jurídica la caducidad del procedimiento y el consiguiente archivo de las actuaciones (artículo 44.2 de la Ley 30/1992), lo que no impide la apertura de nuevo expediente sobre el mismo objeto, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción. 
La caducidad del procedimiento se constituye así como una forma de terminación del procedimiento que penaliza la falta de diligencia de la Administración en el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos para tramitar y resolver. La esencia de la caducidad de un procedimiento es que queda inhabilitado como cauce adecuado en el que poder dictar una resolución valida sobre el fondo.
Ello motiva que numerosas sentencias de este Tribunal hayan venido sosteniendo la invalidez de las resoluciones administrativas dictadas en un procedimiento caducado, al entender que "debía considerarse extinguido, y consecuentemente nula la resolución administrativa recurrida" (STS de 24 de septiembre de 2008, rec. 4455/2004 ), o como se sostiene en la STS de 3 de febrero de 2010 (rec. 4709/2005) la obligación impuesta en una resolución administrativa dictada en un procedimiento caducado "ha perdido su soporte procedimental, y, por tanto, también, su validez y eficacia". Es más, en nuestra STS nº 9/2017, de 10 de enero (rec. 1943/2016 ) se afirmaba que "el procedimiento caducado se hace inexistente".

 La sentencia finaliza este fundamento de derecho que es para enmarcar diciendo:

"Los actos y resoluciones administrativas han de dictarse en un procedimiento válido, ello constituye una exigencia básica de nuestro ordenamiento administrativo que se plasma en numerosos preceptos (art. 53 dela LRJPAC) llegándose a sancionar con la nulidad de pleno derecho los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido (art. 62.1.e) de la LRJPAC). De modo que, si el procedimiento ha devenido inválido o inexistente, como consecuencia de su caducidad, ha dejado de ser un cauce adecuado para dictar una resolución administrativa valida que decida sobre el fondo, por lo que la Administración está obligada a reiniciar uno nuevo.
Así se establece también en el art 95.3 de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común (Ley 39/2015) en el que se afirma "los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción" y se añade "En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado". En definitiva, tanto en la Ley 30/19992 como en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo común, disponen que la caducidad conlleva la necesidad de reiniciar un nuevo procedimiento para poder dictar una resolución administrativa valida.
Por ello, en un procedimiento extinguido e inexistente no es posible dictar una resolución de fondo valida, salvo aquella que tenga como único objeto declarar la caducidad del procedimiento, tal y como dispone el art. 42.1 y 44.2 de la Ley 30/1992"

Por todo ello, a la pregunta que da título esta entrada, ¿la caducidad del procedimiento es un vicio de anulabilidad? podríamos contestar haciendo un guiño de humor con la frase de la famosa canción de Rosalía "Malamente (tra, tra)!"...

El día final del plazo de caducidad de los procedimientos de revisión de oficio 
Sobre esta misma institución de la caducidad del procedimiento, en este mes de agosto saldrá en el número de la Revista Aranzadi de Urbanismo y Edificación  un artículo que los amigos de Thomson Reuters van a tener la amabilidad de publicarme un artículo del que había hablado en esta entrada "¿Cuál es el día final del plazo de caducidad de los procedimientos de revisión de oficio? ". 

A la espera de que el Tribunal Supremo resuelva la cuestión que fue declarada de interés casacional en el ATS de 25.06.2018 (RC 846/2018), en dicho artículo se exponen las razones por las que, a mi juicio, en los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos del art. 106 de la Ley 39/15 el plazo máximo para que se produzca la caducidad del procedimiento debe ser el plazo de notificación y no solamente el de resolución al que se refiere dicho artículo 106.5. Por el contrario, con las declaraciones de lesividad del art. 107, por su distinta naturaleza y efectos, entiendo que sí está justificado que dicho plazo máximo sea el de resolución de dicho expediente al que se refiere dicho art. 107.3 de la Ley 39/15.  

Esperemos que el Tribunal Supremo resuelva en la misma línea garantista seguida en la sentencia objeto de esta entrada y que no suceda en cambio lo que denunciaba el gran Rafael Jiménez Asensio en su entrada Una interpretación supremamente “literal” (La STS 828/2019, sobre Policías Locales interinos: consecuencias más allá del problema analizado )" o yo mismo en "El ciudadano no tiene quien le escriba"  donde comentaba la STS de de 10.07.2018 (RC 1548/2017).

Una cosa es que la Sala Tercera no pueda convertirse en legislador y otra muy distinta es que se quede en la mera interpretación literal de la ley. 

Puesto que si lo hace como en las sentencias comentadas, por una parte habría que preguntarse si no nos encontramos en la Francia revolucionaria donde el Juez era la mera boca de la ley y por otra parte y ligado a lo anterior si no se está vulnerando el art. 9.1 de nuestra Constitución que obliga a tener cuenta no sólo la ley, sino la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

No se si hemos reflexionado lo suficiente sobre el papel que la Sala Tercera tiene en el buen funcionamiento democrático. Además de su labor hermenéutica que comparte con otras Salas del Alto Tribunal cumple una función fundamental de protección de las garantías ciudadanas frente a los abusos, excesos y defectos del poder.

Con una legislación express y un nulo control normativo ex post, la labor interpretativa del Tribunal Supremo es vital para poner un poco de sentido común y dotar al sistema resultante de una coherencia. 

Con el nivel político que tenemos últimamente es más importante su labor que nunca. Que podamos decir orgullosos como ha pasado con otras sentencias de la Sala Tercera que "aún quedan jueces en Madrid".
Es de Justicia.