viernes, 31 de mayo de 2013

Los sindicatos, los partidos, el Banco de España y la Casa Real se incluirán en la futura Ley de Transparencia

La Ley  irá acompañada de la puesta en marcha de un Portal de la Transparencia, que permitirá obtener información relativa a contratos, subvenciones, convenios y retribuciones de altos cargos. 

Revista de Prensa. 30 May. Europa Press - La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo va a acceder que el órgano que vele por el cumplimiento de la Ley de Transparencia no sea finalmente la denominada 'Agencia de Transparencia' que prevé el proyecto gubernamental, sino que se sustituya por un 'Consejo de Transparencia y Buen Gobierno' "con mayor independencia y especialización".
De esta forma, el Ejecutivo da respuesta a la queja de todos los grupos por la excesiva dependencia del Ejecutivo del órgano que se proponía en el texto aprobado en Consejo de Ministros. Además, ha confirmado que la Casa Real y el Banco de España serán incluidos expresamente en la norma a petición de ambos, dando así satisfacción también a las peticiones de la oposición.

Enmiendas 
Sáenz de Santamaría ha avanzado estas novedades durante el debate de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de Ley de Transparencia. Durante su intervención ante el Pleno del Congreso, ha tendido la mano a los grupos para alcanzar consensos en la tramitación parlamentaria. "Hay una voluntad del Gobierno de llegar al acuerdo más amplio posible con todos los grupos y les ofrezco que trabajemos juntos", ha proclamado.

En línea con la resolución aprobada en el Debate sobre el estado de la Nación, Santamaría ha destacado que se incluirá en el ámbito de aplicación de la ley a los partidos, las organizaciones empresariales y sindicales y a "aquellas entidades e instituciones" que se financien esencialmente a través de dinero público".

Así, ha señalado que la Casa Real se someterá al "mismo régimen de transparencia" que el Congreso, el Senado o el Tribunal Constitucional. Se trata, ha proseguido, de un "avance impulsado activamente por la Monarquía" que hará que España tenga la "primera ley" de Transparencia en Europa que "incluye explícitamente a la Casa Real. Hasta ahora, la Casa del Rey, como otras, se autoexigían criterios de transparencia, pero nuestra Monarquía será la primera en someterse como otras instituciones a una obligación legal de transparencia", ha enfatizado.

Además, ha adelantado que se incluirá al Banco de España, que será "mencionado de forma expresa" en la ley, tal como pidió la propia institución o el BNG. En el caso de las entidades privadas que reciban una "financiación pública relevante", ha admitido que corresponderá a los grupos definir los porcentajes o cuantías mínimas.

Ante la demanda de algunos grupos para que la Iglesia sea incluida entre esas entidades que reciben dinero público, la portavoz no ha aclarado si estará o no sometida a esta norma. "Se aplicarán criterios objetivos", ha asegurado. Después, en una charla informal con periodistas, ha indicado que la ley no va a citar a todas las instituciones o entidades privadas, sino que sólo citarán cuantías o porcentaje.

Portal de Transparencia
Sáenz de Santamaría ha avanzado que la Ley de Transparencia, que irá acompañada de la puesta en marcha de un Portal de la Transparencia, permitirá obtener información relativa a contratos, subvenciones, convenios y retribuciones de altos cargos. Ante la duda sobre si, dentro de esa información relevante debe incluirse el perfil profesional de los responsables de los diferentes órganos públicos, ha dicho que "promoverán su inclusión expresa en la ley", como reclaman algunos grupos.

Tras las quejas de varios grupos por los límites que se establecen al derecho de acceso a la información, ha mostrado su disposición a hablar pero ha señalado que si se analiza el derecho comparado, el texto del Gobierno es similar. "Estoy dispuesta a analizar este asunto y sentarme con los grupos", ha ofrecido. Sobre la petición de algunos partidos para convertir en derecho fundamental el acceso a la información, se ha remitido a las sentencias del Constitucional y el Supremo y ha recordado que habrá un órgano que vigilará que se cumpla esa petición de información.

En cuanto al silencio negativo, Santamaría ha indicado que la regulación es similar a las legislaciones de otros países del entorno y, ante las peticiones de algunas formaciones para que haya 'silencio positivo', ha dicho que la administración es "limitada en sus medios, recursos y funcionarios" y "hay que encontrar un equilibrio".

La portavoz del Ejecutivo ha explicado que el Gobierno, siguiendo el principio de austeridad y para evitar la proliferación de órganos, había optado por atribuir a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios la tarea de velar por la aplicación del principio de transparencia. Sin embargo, ha admitido que, dada la "relevancia" que la transparencia ha ido tomando en el debate político y en la "exigencia ciudadana", se impulsará su transformación en un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con los perfiles de "mayor independencia y especialización que exige el espíritu de esta ley".

Sanciones
Ante los reparos de los grupos nacionalistas por la invasión de competencias en el capítulo dedicado al 'buen gobierno' --por la facultad que se concede en el texto del Ejecutivo a Hacienda para sancionar o incluso cesar a alcaldes--, la ministra ha subrayado que al Ejecutivo "le preocupa el que se sancione y se persiga", "no tanto quien lo haga". "No queremos que se vea esa exigencia de responsabilidad individual como un motivo de injerencia de unas administraciones en el personal de otras", ha dicho, para añadir que se aprovechará la creación de la Autoridad Fiscal independiente y el refuerzo de otros organismos de fiscalización para garantizar la eficacia de la Ley de Transparencia.Leer+
La noticia en El País
Comentario de Fiscalizacion.es . Antonio Arias

jueves, 30 de mayo de 2013

Los altos cargos del Gobierno Vasco tendrán que adherirse a un nuevo Código Ético de inspiración "nórdica"

"El documento incluye un sistema de supervisión, de manera que su incumplimiento será inmediatamente puesto en conocimiento de la Comisión de Ética Pública"
Revista de Prensa. El País. Vitoria. 29.5.2013. El Gobierno vasco ha aprobado el Código Ético y de Conducta para los altos cargos de la administración, personal eventual y de confianza que "inspirado en corrientes nórdicas y anglosajonas", tiene como objetivo, según ha dicho el consejero portavoz, Josu Erkoreka, que la confianza de la ciudadanía no sufra menoscabo, después de todos los escándalos y corruptelas a los que está asistiendo. "La no adhesión a este código en los quince días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial conllevará el cese inmediato", acaba de asegurar Erkoreka.
Aspecto del Parlamento Vasco.
El documento incluye un sistema de supervisión, de manera que su incumplimiento será inmediatamente puesto en conocimiento de la “Comisión de Ética Pública” que propondrá el cese inmediato, el traslado al órgano competente o incluso a la fiscalía, de los casos más graves de incumplimientos. Cualquier persona que crea estar ante un incumplimiento del código podría denunciar su incumplimiento y la Comisión Ética lo estudiará y le dará cauce.
El nuevo código anula el anterior, aprobado por el Gobierno socialista. "No se trata de minusvalorar lo hecho hasta ahora", ha dicho Erkoreka, sino de "poner en valor las muchas cosas que han pasado desde 2011 hasta ahora y que han hecho que la ciudadanía sea mucho más exigente con los políticos". Entre otras cuestiones, los firmantes devolverán los regalos recibidos que excedan la cortesía, no aceptarán viajes que no entren dentro de sus estrictas funciones públicas, ni cobrarán por su participación como cargo público en charlas, conferencias o actividades. "Se trata de un texto muy novedoso en el panorama público comparado de nuestro entorno, cuyo objetivo último es fomentar la integridad ética, la actuación eficiente y aumentar la calidad de las personas que forman parte de la alta dirección ejecutiva del Gobierno vasco", ha explicado el consejero.

Quejas y denuncias
Esta comisión será el órgano competente para recibir las observaciones, consultas, sugerencias, quejas y denuncias de posibles incumplimientos. En función de la gravedad o consecuencia de las acciones u omisiones de la persona firmante de este código, la “Comisión de Ética Pública” propondrá al Consejo de Gobierno o bien el cese inmediato si afecta al incumplimiento de los estándares de conducta expresamente recogidos, o el traslado al órgano competente para que se proceda a incoar, instruir o sancionar una conducta, o finalmente trasladar el tema al Ministerio Fiscal si hubiere constatación de posible delito o falta.La Comisión de Ética Pública, que es el corazón de la iniciativa estará adscrita al Departamento de Administración Pública y Justicia, se reunirá periódicamente y la compondrán cinco miembros. El presidente será el titular del Departamento de Administración Pública y Justicia y estará también el titular de la Viceconsejería en materia de Función Pública, dos expertos con experiencia y prestigio en el ámbito de la ética y la alta dirección ejecutiva y un secretario o secretaria "que ocupe un alto cargo en el Gobierno".

miércoles, 29 de mayo de 2013

La FEMP se incorpora a la Junta Directiva de la Red Española de Ciudades Inteligentes ( RECI )

La Asamblea de la Red se celebrará en Cáceres el próximo 17 de junio 

Femp. 28.5.2013. El Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, y la Vicepresidenta de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), y Alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, han suscrito  un protocolo de colaboración en virtud del cual la FEMP se incorpora como miembro de la Junta Directiva de la Red, y también a su Asamblea General y a su Comité Técnico.
Momento de la firma del acuerdo entre la FEMP y RECI
El acuerdo suscrito abre la puerta para que la Federación y la Red colaboren de manera permanente de cara a aprovechar las sinergias e impulsar una gestión inteligente de las ciudades.


El ámbito de colaboración previsto incluye eventos de interés que las dos partes puedan organizar, apoyo mutuo en la elaboración de proyectos técnicos dirigidos a mejorar la innovación tecnológica en el ámbito local, o incluso difundir las actividades de ambas organizaciones a través de sus medios (webs, revistas u otros soportes).

La Asamblea de la Red, que se celebrará en Cáceres el próximo 17 de junio, será la primera en la que la FEMP participará como miembro de pleno derecho.

La voz de los municipios españoles en la RECI

La Federación ya tenía presencia en los cinco grupos de trabajo de la RECI (Innovación social; Movilidad urbana; Gobierno, economía y negocios; Medio ambiente, infraestructuras y habitabilidad urbana; y Energía). Ahora, con la firma del acuerdo de adhesión, y en palabras del Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, se asegura que todos los municipios de España puedan tener voz y ser escuchados en los proyectos de Ciudades Inteligentes.

De la Serna, que también preside la RECI, ha incidido en su apuesta por la innovación como sector en crecimiento y como medio “para mejorar la eficiencia de los servicios y la calidad de vida de la ciudadanía en su conjunto”. Ha añadido que, “además, puede generar actividad económica, oportunidades de negocio para nuestro tejido empresarial y nuevos puestos de trabajo cuando más se necesitan”.

Por su parte, la Alcaldesa de Logroño y Vicepresidenta de RECI, Concepción Gamarra, subrayó que construir ciudades sostenibles medioambiental y económicamente es posible a través de un modelo de gestión basado en las tecnologías. “El presente de las ciudades -dijo- pasa por adaptarse a la innovación tecnológica con nuevos modelos de gestión basados en la transparencia, la participación y la colaboración público privada.”

martes, 28 de mayo de 2013

¿ Por qué hay que cambiar los partidos ?

 " Un ciudadano con inquietudes, que no busque un cargo público sino un marco de discusión política de sus ideas e iniciativas y una canalización de su tiempo hacia actividades socialmente útiles, no tiene nada que hacer en una agrupación del PP, del PSOE o de CIU "


Porque los problemas de una democracia sólo se resuelven con más democracia. César Molinas y Elisa de la Nuez desarrollan esta idea en un artículo publicado en El País el 27.5.2013, que sintetiza el espíritu del manifiesto presentado  en Madrid, y que reproducimos a continuación:     
               

  ¿ Por qué hay que cambiar los partidos ? 
En España hay que cambiar los partidos políticos porque funcionan rematadamente mal, porque se han convertido en instituciones para la defensa de intereses particulares en detrimento del interés general y porque son incapaces de articular una salida creíble a la crisis económica, institucional y moral que aflige a la sociedad española desde hace ya seis años. Todo ello entre otras razones que también se podrían aducir.

 La democracia española se ha degradado tanto que lo único importante que se dirime en las elecciones es quién gestionará la licitación pública, las subvenciones y la regulación. Es decir, las elecciones deciden a los amigos de quién irán a parar los despojos de la acción política. Otras cuestiones como, por ejemplo, qué hacer con los seis millones de parados, cómo mejorar la enseñanza, cómo acabar con la corrupción o qué hay que hacer para salir de la crisis acaban siendo irrelevantes porque los principales partidos españoles no tienen propuestas diferenciadas sobre cómo resolver estos problemas. Es más, la cuestión no es tanto la falta de diferenciación como que no haya propuestas serias de ningún tipo por parte de los partidos con experiencia de gobierno, sea este nacional, autonómico o municipal. Los programas electorales acaban siendo o sartas de ocurrencias o propuestas destinadas a no cumplirse.
 Dicen que Carlos V dijo una vez, refiriéndose a Francisco I: “Mi primo y yo nos parecemos mucho: los dos queremos Milán”. Los principales partidos políticos españoles se parecen en eso y en mucho más. Todos quieren, por supuesto, el poder y las prebendas que conlleva. Faltaría más, para eso están. Pero además se parecen en la defensa del interés particular de la clase política contra el interés general y en la carencia de ideas para sacar a España del atolladero en el que está metida. Por si esto fuera poco, se parecen también en que tienen un funcionamiento interno muy opaco y poco democrático que imposibilita el debate interno, el surgimiento de proyectos nuevos, la promoción de las personas más capaces y la renovación de las personas en los puestos de dirección. ¿Cómo se ha llegado a esta situación y qué puede hacerse para corregirla?
 Cúpulas
El fortalecimiento de las cúpulas dirigentes de los partidos como medio de evitar la inestabilidad política fue una opción que se adoptó, por omisión, cuando se decidió dejar vacía de contenido la Ley de Partidos Políticos de 1978. En la práctica esto dejó la puerta abierta a la autorregulación de los mismos, lo que ha llevado a la falta de transparencia y de democracia interna y a la cooptación como método principal para determinar las carreras políticas y para la elaboración de las listas electorales. Esto ocurrió ya en la Transición: la célebre frase de Alfonso Guerra “el que se mueve no sale en la foto”, que transmite lo esencial del funcionamiento de los partidos políticos españoles entonces y ahora, fue pronunciada en 1982. A grandes rasgos, la situación actual es la siguiente.
 Los partidos mayoritarios españoles, incluyendo a CiU, no son canales de participación política. Un ciudadano con inquietudes, que no busque un cargo público sino un marco de discusión política de sus ideas e iniciativas y una canalización de su tiempo hacia actividades socialmente útiles, no tiene nada que hacer en una agrupación del PP, del PSOE o de CIU. En las reuniones de dichas agrupaciones casi todos los militantes que asisten tienen un cargo público o han conseguido su trabajo gracias al partido. No se entendería —y sería tremendamente sospechoso— que alguien fuese a las reuniones con objetivos distintos a los de conseguir un cargo o un puesto de trabajo. ¿A qué viene? ¿A espiar? ¿Quién lo envía?… En el diseño español, la única participación política que se espera de la ciudadanía es que acuda a las urnas cuando se convocan elecciones.
No es solo el ciudadano de a pie el que no puede debatir sus iniciativas. Tampoco pueden hacerlo los militantes. Los órganos de dirección están muy atentos en abortar cualquier iniciativa transversal que suponga contactos directos de unas agrupaciones con otras. No se conoce ninguna rebelión horizontal que haya tenido éxito en el PP. Hubo una —y famosa— en el PSOE, que terminó con éxito llevando a Zapatero a la secretaría general no siendo el candidato oficial, aunque sus promotores acabaron siendo marginados al pactar el nuevo líder con el aparato. La ausencia de debate caracteriza también a los órganos directivos de los partidos. Por poner solo un ejemplo ¿cuántas veces ha debatido la Junta Directiva del PP el caso Bárcenas desde que estalló el pasado mes de enero? Pues, por lo que parece, ni una sola vez. Tampoco parece que sea costumbre de este partido —ni de otros— presentar las cuentas anuales a sus máximos órganos de dirección. Consecuentemente, si no hay debate tampoco puede haber mecanismos de rendición de cuentas ni de petición de responsabilidades. El poder de las cúpulas directivas es omnímodo porque es casi imposible derribarlas y de su voluntad dependen las carreras de los que militan en los partidos. Leer+
¿Hay Derecho?
Noticia de la presentación del Manifiesto en El País 
Nota: Un reducido número de personas (los 100 primeros firmantes) procedentes de la  sociedad civil  presentarían una petición conforme al manifiesto que presentamos hoy y abriremos adhesiones en la web porunanuevaleydepartidospolíticos.es, operativa también a partir de hoy, donde encontraréis el texto del manifiesto y el link para poder adherirse a través de la webhttp://www.change.org/es/usuarios/porunanuevaleydepartidos

viernes, 24 de mayo de 2013

Texto del borrador de la Reforma Local. Versión 24.5.2013

Cosital ha publicado  en su web la  última versión  de la Reforma local que maneja el Ministerio de Hacienda y Adminsitraciones Públicas y que presentó en la Comisión Nacional de Administración Local, además de las alegaciones de la FEMP y las del propio colegio de Habilitados locales 

Acceso al texto de la Reforma Local (24.5.2013)

La paga extra de los empleados públicos de Navidad 2012, pendiente de la última palabra del Tribunal Constitucional

Mientras la  Justicia aún no se ha pronunciado sobre la de Navidad de 2012, algunas comunidades -como Murcia o Andalucía- anuncian nuevos recortes en las pagas extras de 2013.

Revista de Prensa. 23.5.2013 (Europa Press) - El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado en un auto elevar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional relativa a la supresión de la paga extraordinaria de  Navidad contenida en el decreto ley 20/2012 del Gobierno central.

La Sala de lo Social del TSJM pretende con este auto que el Alto Tribunal se pronuncie sobre si la aplicación de esta medida ha vulnerado o no el principio de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales recogido en el artículo 9.3 de la Carta Magna, al entender que dichos preceptos son aplicables al caso y si de su validez depende de la solución del litigio, "no siendo posible acomodarlos al ordenamiento constitucional por vía interpretativa".

El TSJM se pronuncia así en relación a las alegaciones presentadas por UGT, CSI-CSIF, CC.OO y por representantes del personal de las universidades madrileñas de carácter público.

Concretamente, la Sala manifiesta que no le es posible una interpretación adaptadora de lo dispuesto en el decreto respecto a los derechos ya devengados, pues entiende que la supresión de la paga extraordinaria de diciembre se refiere únicamente a la porción que se devengaría a partir del 16 de julio de 2012.

Retroactividad
 En consecuencia, el TSJM entiende que resulta imprescindible determinar si esta norma infringe el principio de no retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, "pues de ello depende de forma insoslayable la decisión del presente conflicto".

 Por otro lado, CSI-F de Madrid considera que con este pronunciamiento el TSJM se une a la Audiencia Nacional y al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ya se han pronunciado de manera similar.

 Para el sindicato, dicho auto dictado ahora "contradice lo dictado por la Sección quinta de ese mismo tribunal, que en el caso de la agencia ICM y del personal Docente Investigador creía no hacía falta elevar cuestión alguna y que esos empleados tenían derecho a la proporcional de su paga extra, sin necesidad de instar nulidad constitucional alguna".

jueves, 23 de mayo de 2013

Jornada de Formación. Madrid 27.5.2013: Hacia una reforma estructural de las Administraciones Públicas

Organiza: Sagradoy Abogados. Madrid, lunes 27 de Mayo. Hotel Meliá Princesa. C/ Princesa 27. Asistencia gratuita, previa inscripción*.
Colabora: Revista Observatorio de RRHH



La presente jornada tiene como objetivo ofrecer a los asistentes una visión global del futuro de las Administraciones Públicas, a través de la intervención de ponentes que desarrollan su actividad profesional en la Administración, y que compartirán con los invitados su particular visión de una futura reforma, desde su perspectiva personal-

Programa:
-09:30h. Presentación de la jornada. Nuevos retos en la Administración.  Iñigo Sagardoy de Simón. Presidente de Sagardoy Abogados


- 10:00h. Objetivos de eficacia y nuevos modelos de organización administrativa  Jaime Pérez Renovales. Presidencia del Gobierno

-10:45h. Asignación eficiente y evaluación de efectivos en la Administración Pública.  Fernando Bermejo. Coordinador General de Recursos Humanos Ayuntamiento de Madrid.

-12:00h. Nuevos modelos selectivos para una nueva Administración  Alberto Palomar Olmeda. Catedrático Acreditado de Derecho Administrativo. Magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 23 de Madrid.

-12:45h. Coloquio y fin de sesión de mañana

13:15h. Cocktail-Almuerzo

-15:30h. Crisis económica y restructuración de plantillas en la Administración Pública.  Iván Gayarre. Socio de Sagardoy Abogados. Abogado del Estado en Excedencia. Ex-Jefe del Departamento social de la Abogacía General del Estado

-16:15h. Medidas de flexibilidad interna para el Empleo Público. La incorporación de sistemas de retribución variable en la Administración Pública. Jesús Mercader Uguina. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Director del Instituto de Relaciones Laborales y Empleo (IRLE), de la Fundación Sagardoy

17:00h. Mesa Redonda: Buenas prácticas en las reestructuraciones en el empleo público.  Martín Godino Reyes. Socio Director de Sagardoy Abogados
 Teresa Cervera. Directora de RRHH de Paradores de Turismo
 Ignacio Sanz. Director-Gerente Agencia EFE

-17:45h. Fin de la sesión

*+ info: SAGARDOY ABOGADOS. 91 542 90 40/91 548 26 92 (ampc@sagardoy.com)

miércoles, 22 de mayo de 2013

El presidente de la FEMP cree que el Mº de Hacienda y AAPP ha cedido en sus propuestas iniciales de la reforma local

Ïñigo de la Serna, Pte de la FEMP: “El texto representa un avance sustancial y modifica los aspectos más controvertidos de la reforma local”.

Nota de la FEMP: Aunque persisten algunas discrepancias, todavía queda margen para seguir trabajando y reivindicando sobre el régimen local, según ha subrayado el Presidente. El nuevo redactado elimina el artículo que preveía la intervención de municipios de menos de 5.000 habitantes. Se recogerá la creación de un Consejo de Alcaldes para que éstos puedan realizar un seguimiento de la prestación de servicios desde las Diputaciones.

El Presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, ha encabezado  la representación local que ha participado en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), presidida por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

En este encuentro, el Ministerio ha presentado a la delegación de la FEMP un nuevo redactado del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en el que se han incluido parte de las alegaciones remitidas por la FEMP al redactado original y que, a juicio del Presidente de la FEMP, representa “un avance sustancial sobre la anterior propuesta del Gobierno” ya que incorpora modificaciones muy importantes sobre los aspectos más controvertidos de la misma, especialmente, en materia de competencias impropias y de eliminación de duplicidades.

Pese a todo, en el texto final persisten algunos puntos de desacuerdo, aunque, según el Presidente de la FEMP “tenemos confianza en que el proceso continúa vivo y, por tanto, tenemos tiempo para seguir hablando de los aspectos que aun no están cerrados”.

El texto será remitido al Consejo de Estado y posteriormente al Consejo de Ministros para iniciar, en una fase posterior, su tramitación parlamentaria. Desde la FEMP, ha dicho De la Serna, “la negociación se ha llevado adelante en el marco de la lealtad institucional y ha contado con la flexibilidad y comprensión por parte del Gobierno”. Y aseguró que “tenemos el mismo espíritu de colaboración para seguir trabajando desde la reivindicación y la defensa de la autonomía local”.  

Beteta confirma que habrá horquillas que podrían congelar las retribuciones de los empleados públicos que los superen

El gobierno pretende equiparar niveles retributivos para evitar agravios

El  eventual recorte  salarial a los empleados municipales a partir de  enero de 2014 está originando una serie de informaciones contradictorias, aparte de  inquietud entre los posibles afectados. 

Antonio Beteta
Durante la presentación del contenido de la nueva reforma local, en el la Comisión Nacional de Adminsitración Local,  el secretario  de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha rechazado que el Gobierno vaya a  rebajar los sueldos de los empleados públicos pero no ha descartado que se establezcan -en los Presupuestos Generales del Estado de cada año- "horquillas" de cuantías los complementos específicos que afectarían a aquellos  que estuviesen por encima de esos topes. En ese caso es posible que se congelasen sus retribuciones complementarias a través de distintas fórmulas como los llamados CPTS, complementos personales transitorios. 

El fin último de esta iniciativa sería, según el Gobierno, ahorrar y  equiparar  retribuciones de grupos y categorías profesionales similares de las distintas administraciones públicas.

La Policía Local o autonómica, que tienen retribuciones superiores a las de los agentes de la Guardía Civil o de la Policía Nacional, podrían ser alguno de los colectivos afectados, sin descartar otros que generan constantes agravios. 

Intervención de Antonio Beteta. Rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local 
La noticia en Cinco Días
La noticia en ABC

martes, 21 de mayo de 2013

El gobierno pretende bajar los sueldos de empleados locales a partir de enero de 2014 para unificarlos con los de la AGE

La medida incluida en el texto de la nueva reforma local,  que fue después desmentida por el Ministerio de Hacienda y AAPP con un comunicado, pretende ahorrar 870 MM de € equiparando complementos específicos

Para implementar esta medida, el Ministerio de Hacienda y AA.PP incluirá en los Presupuestos Generales del Estado de 2014 y 2015  horquillas salariales "para homogeneizar las retribuciones y evitar la disparidad actual” con otras administraciones, AGE y CC.AA. Posiblemente se fijarán unos topes en los complementos específicos en función de los niveles del complemento de destino (30 niveles, también con horquillas según los subgrupos). Según datos del Ministerio de Hacienda, los empleados locales cobran cuantías superiores en el Complemento Específico, que retribuye la dificulatad del puesto, responsabilidad, etc. y que fija cada ayuntamiento.

El anteproyecto de Ley Orgánica de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuyo texto  presenta el Gobierno hoy a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pretende que el 92,1% de los 6.797 ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes pierdan a partir del 1 de enero  de 2014 la gestión de los servicios básicos que prestan: residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua, alcantarillado,etc..

Estos 6.260 consistorios intervenidos -el 77% de los 8.116 poblaciones de España- cederán estas competencias a las diputaciones provinciales, que asumirán también el cobro de las tasas a los ciudadanos. Estas «serán menores de las que abonan en la actualidad», según un portavoz de Hacienda y Administraciones Públicas. Fuentes del ministerio han justificado esta decisión por la «ineficiencia» de estos ayuntamientos, que pagarían por un mismo servicio hasta el triple que un municipio de más de 100.000 habitantes.

Para hacer esta comparación, el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha utilizado el denominado 'coste estándar' y ha tenido en cuenta la densidad, dispersión o envejecimiento poblacional, entre otros parámetros. De acuerdo a esta evaluación, los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes pagan 445,44 euros de media por habitante por el conjunto de estos servicios, mientras que los de menos de 5.000 vecinos invierten 1.219, 98 euros. Más de 400 ciudades por encima de los 20.000 habitantes superan también el denominado coste estándar, pero en su caso se les aplicará directamente la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que posibilita al Gobierno central a multar e, incluso, intervenir las administraciones públicas incumplidoras.

Intervenidos
Los consistorios de las poblaciones de menos de 5.000 vecinos podrán recuperar la prestación de servicios en cinco años, siempre que presenten un plan de viabilidad que incluya un aumento de los ingresos y un recorte de sus gastos. El Gobierno confía, además, en que «muchos» de los ayuntamientos que corren el riesgo de ser intervenidos el próximo 1 de enero, puedan revertir la situación en los siete meses que restan. Hacienda destaca que esta norma ya ha dado sus primeros resultados positivos incluso antes de entrar en vigor. Citan, por ejemplo, que de los 4.018 ayuntamientos con superávit en 2009 se ha pasado a 4.623 en 2012.

El PSOE ya ha anunciado que si no se introducen cambios, recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley, de aplicación en todo el territorio del Estado por tener el rango de orgánica y que puede levantar una verdadera tormenta política, especialmente en la autonomías con gobierno de signo nacionalista. 

En la FEMP mantienen muchas dudas respecto al anteproyecto de ley del Ministerio de Hacienda y AA.PP porque no recoge la mayoría de las alegaciones y sugerencias que habían  planteado semanas atrás. Sí se ha tenido en cuenta la propuesta para limitar el poder fiscalizador de los interventores locales, que pasarán a depender del Mº de Hacienda.

 En principio la nueva ley entraría en vigor el 1 de enero de 2014, año y medio  antes de las próximas elecciones locales previstas para  mayo de 2015.

Ahorro económico estimado por el Gobierno con la nueva reforma local: 7.129 MM
-Eliminación de duplicidades: 3.282 millones de euros.
-Supresión de mancomunidades y empresas públicas: 73 millones de euros (se ha pasado de 3.656 compañías municipales en 2009 a 3.294 en 2013).
-Reducción de empleados eventuales y cargos electos: 145 millones de euros.
-Unificación de salarios entre empleados públicos municipales: Unos 870 millones de euros.
-La noticia en Europa Press 
-La noticia en El País
-La noticia en ABC

Comentario de ACAL

lunes, 20 de mayo de 2013

Día Mundial de Internet 2013 : La web pública datos.gob.es galardonada por la Asociación de Usuarios de Internet

Con motivo del Día Mundial de la Sociedad de la Información, que se celebró el pasado viernes 17 de Mayo por decisión de la ONU, la Asociación de Usuarios de Internet convoca anualmente los Premios de Internet. Estos galardones tienen por objetivo reconocer aquellas iniciativas que más se han destacad en el buen uso de Internet y las nuevas tecnologías en su respectiva categorías.

En la edición de 2013, y dentro de la categoría Administraciones, el proyecto datos.gob.es ha obtenido el primer premio. Se reconoce así el papel que desempeña esta iniciativa en su labor de impulso al sector público en la apertura de datos y en el fomento de su reutilización por empresas y ciudadanos.

El proyecto datos.gob.es nace en noviembre de 2011 como iniciativa conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Entidad Pública Empresarial Red.es.

Iniciativas como datos.gob.es se consideran clave para asegurar la puesta a disposición de los datos que posee el sector público, y que a su vez posibilitar el desarrollo de mejoras importantes en la vida de los ciudadanos y en el tejido empresarial del país.

Segunda posición en reutilización

Desde su puesta en marcha, el proyecto ha contribuido a posicionar a España en la segunda posición en el ranking de países de la Comisión Europea de acuerdo a su situación en materia de reutilización de la información del sector púbico, tal y como presentan los datos publicados el pasado mes de abril por la Plataforma ePSI. De igual modo, otro reconocimiento internacional ha sido su selección como finalista de los premios de innovación 2013 de la Unión Europea entre 204 que fueron presentadas.

viernes, 17 de mayo de 2013

Administraciones coordinadas contra la economía sumergida en la Región de Murcia

La Región de Murcia cuenta con un plan de lucha contra la "economía irregular" que coordina a la Administración regional con la nacional, y también con los ayuntamientos de 5 municipios que se han sumado ya a la iniciativa.

Así lo ha indicado el día 15 de mayo de 2013 ante el pleno de la Asamblea Regional de Murcia el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, que ha recordado que este plan se aprobó en junio de 2012 y entró en funcionamiento en septiembre con el consenso de los agentes sociales y económicos de la región y de la federación de municipios.

El plan funciona a través de un protocolo interno de intercambio de información entre las diferentes consejerías con funciones relacionadas con tributos, industria y trabajo, y de otro protocolo de colaboración entre la administración autonómica y los ayuntamientos.

Hasta el momento se han sumado al plan 5 ayuntamientos (Cieza, San Javier, Alhama de Murcia, Mazarrón y Jumilla), si bien la intención de la Consejería es la que de que se unan próximamente" el mayor número de localidades" posible para hacerlo más eficaz.

Según ha indicado, los últimos informes del cuerpo de técnicos de Hacienda cifran la economía sumergida en la región en un 24 por ciento de su PIB (7 comunidades tienen cifras superiores).

Entre las medidas que recoge el plan, ha subrayado la creación de una "vía directa" de comunicación de las denuncias, y ha animado a quienes conozcan casos de economía sumergida a denunciarlos ante la Inspección de Trabajo, ya que es importante "incentivar el rechazo social" hacia esas prácticas.

Aunque es pronto para hacer un "balance cuantitativo del impacto" del plan, ha indicado que desde su puesta en funcionamiento se han recogido datos identificativos de unas 1.500 empresas a través de los ayuntamientos, y unos 7.000 desde las consejerías, que se han remitido ya a la Inspección de trabajo para que proceda al cruce de datos con la Tesorería de la Seguridad Social.

La oposición ha valorado positivamente el Plan ya que la economía sumergida es un "problema grave e importante". Así, se ha referido a iniciativas nacionales como la amnistía fiscal que "no castiga a los defraudadores, sino que les hace pagar menos que quienes siguieron la ley", o a algunas prácticas permitidas en la reforma laboral que "abren la puerta" a prácticas irregulares. La economía sumergida "amenaza la supervivencia de los servicios públicos", y ha recordado que la reducción de la economía sumergida en un 10 por ciento "haría innecesarios los recortes".

Se ha indicado además que con esa reducción de la economía sumergida las arcas españolas tendrían unos ingresos adicionales de 38.500 millones de euros, 1.550 millones adicionales en el caso de la Región de Murcia. La" economía ilegal es un problema crónico" que según los expertos no se ha abordado con la suficiente contundencia a lo largo del tiempo.

Se destaca que no se hayan sumado los principales ayuntamientos de la comunidad autónoma, como son los de Murcia, Cartagena, Lorca y Molina del Segura, que "deberían ser los primeros" en colaborar con esta tarea al ser los de mayor población y actividad económica.

Combatir la economía sumergida y el fraude fiscal, ha considerado, es una necesidad a nivel nacional dado que en el periodo 2007-2011, ha indicado, el Ministerio de Hacienda calcula que se perdieron ingresos por valor de 70.000 millones de euros, en buena medida por el aumento del fraude.



jueves, 16 de mayo de 2013

ESIC Presenta: La gestión eficaz clave para salir de la crisis

La escuela de negocios ESIC Business & Marketing School ha organizado el pasado martes la jornada 'La gestión eficaz, clave para salir de la crisis' 

en la que se ha profundizado sobre las actitudes y aptitudes necesarias para que un gestor alcance la eficacia en su trabajo y se ha presentado el libro 'El gestor eficaz'.

Durante la presentación de la obra en Pozuelo de Alarcón (Madrid), el autor de 'El gestor eficaz', José Manuel Muriel, ha reconocido que las claves para una "gestión eficaz" han de ser la "vocación" del gestor, la "experiencia" en la toma de decisiones y la "tranquilidad" a la hora de afrontar una crisis.


Además, ha lamentado la pérdida de valores de los gestores actuales a causa de la crisis económica que afronta el país tales como la "honradez", el "predicar con el ejemplo o anteponer los intereses de las empresas a los personales".

A la presentación del libro han acudido esta tarde el secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, el presidente del Grupo Leche Pascual, Tomás Pascual, y el presidente de La Razón, Mauricio Casals, todos ellos amigos y ex compañeros de trabajo de Muriel.

Por su parte, el secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha reconocido que los gestores de la Administración Pública han presentado en los últimos años unas "cuentas de resultados" de su gestión de la "cosa pública bastante deteriorada" y ha apuntado que quizá el "trasvase" de gestores de éxito de la empresa privada a lo público debería de ser "mayor".

"Esa puerta está poco engrasada, le falta aceite. No es malo el trasvase", ha subrayado tras matizar que uno de los motivos por los que no existen más profesionales que pasen del sector privado al público es por su carácter público y otro el "tema retributivo". "El salario de un alto funcionario o del presidente del Gobierno no es ni mucho menos comparable con el de una empresa", ha subrayado.

El presidente del Grupo Leche Pascual, Tomás Pascual, ha asegurado que para que el país salga de la crisis económica es necesario "recuperar los ideales" y que el empresario tenga presente que "los clientes son los destinatarios" y es a ellos a quien se deben.

Por último, el profesor del Máster en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo y del Executive MBA de ESIC, José Miguel Ucero, ha destacado que uno de los problemas fundamentales a los que se enfrenta España es que en los planes de estudios del sistema educativo no está incluido el aprender a tomar decisiones o la resolución de conflictos.


miércoles, 15 de mayo de 2013

El Portal de Transparencia que está diseñando el Gobierno incluirá un ranking sobre su cumplimiento

El gobierno no descarta incluir sanciones por imcumplimiento aunque valora incentivos

Revista de Prensa:  MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -El Portal de Transparencia que está diseñando el Gobierno para gestionar la presentación de toda la información que tendrá que hacerse pública una vez que entre en vigor la futura Ley de Transparencia incluirá un ranking sobre su cumplimiento, de manera que se podrá consultar cuáles son las administraciones qué más y mejor responden a las peticiones de los ciudadanos y cuáles lo hacen peor.

Así lo ha anunciado este martes el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis Ayllón, durante su participación en el primer encuentro del 'Foro X las Oportunidades', dedicado a la "Transparencia y Regeneración Democrática".

Aunque ha admitido que habrá que estudiar la inclusión de sanciones para las entidades que no cumplan los mandatos sobre transparencia que se recogerán en la ley, ha dejado claro que es más partidario de los "incentivos" que de los "castigos" porque los considera más efectivos.

A su juicio, para una administración resulta mucho más incentivador verse reflejada con un mal indicador sobre transparencia que tener que hacer frente a una multa por no ofrecer la información que debería a los ciudadanos, bien por que así lo mandate la norma o bien en respuesta al requerimiento de un particular.

Por eso, se evaluará el nivel de cumplimiento de cada administración y los resultados se 'colgarán' en el Portal de Transparencia, con una relación detallada de las administraciones según el lugar que ocupen en el ranking.

Por otra parte, Ayllón ha defendido que la Agencia Estatal de Evaluación de la Transparencia y las Políticas Públicas, que velará por el cumplimiento de la ley, será un órgano "independiente", aunque su máximo responsable sea nombrado por el Gobierno.

En este punto, ha señalado que esta persona habrá de tener el aval del Parlamento y que para cesarle se tendrá que contar con la mayoría absoluta del Congreso. También apuesta por que su mandato trascienda los cuatro años de legislatura para que no cambie cada vez que lo haga el Ejecutivo.

Ayllón no ha desvelado cuánto calcula el Ejecutivo que costará aplicar la futura norma, pero sí ha apuntado que "no va a ser una ley cara". Su idea de que toda su gestión se haga "desde dentro" de la Administración lo que, según ha confesado, obligará a un "plus de esfuerzo" a los funcionarios que se ocupen de tramitar las demandas ciudadanas.

Por ejemplo, es el propio Ministerio de la Presidencia el que está trabajando en el Portal de Transparencia, una herramienta que tendrán que 'copiar' las administraciones autonómicas y también las locales. Para ahorrar costes y facilitar la tarea a aquellos ayuntamientos que no puedan crear su propia web, el Gobierno planea utilizar 'software' libre y ceder el diseño del programa a aquellas entidades que lo necesiten mediante convenios.

Inventario de Patrimonio Público

 Además, el secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios y Constitucionales, ha asegurado que la nueva norma obligará a las administraciones públicas a hacer inventario de todos su patrimonio, algo que, según ha dicho, algunos de estos entes desconocen cuáles son todos sus bienes, lo que les beneficiará.

   En otro momento de su intervención, Ayllón ha destacado las muchas novedades que se van a incluir en el proyecto de ley después de las aportaciones de los expertos que han desfilado por el Congreso y de las propias demandas de los grupos parlamentarios.

   En este contexto, ha recordado que, aunque no estaba previsto en el proyecto gubernamental, finalmente la norma afectará a la Casa del Rey, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y aquellas entidades privadas --desde ONG hasta cualquier empresa-- cuyo "presupuesto provenga en un parte sustancial de fondos públicos".