sábado, 30 de septiembre de 2017

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con un nuevo reglamento del Registro de Contratos e incluye los menores

A partir de ahora, en el Ayto de Madrid,  los contratos menores también podrán tratarse en la comisión especial de Vigilancia de la Contratación
Revista de prensa.-EP.- El Ayuntamiento de Madrid cuenta con un nuevo reglamento del Registro de Contratos, que incluye los menores y con el que "se gana en transparencia", para el que el Gobierno municipal se ha comprometido a que en cuatro meses esté lista la aplicación informática necesaria.

La aprobación de la propuesta del Gobierno municipal ha salido adelante en el Pleno con los votos unánimes de Ahora Madrid, PSOE, PP y Ciudadanos. Hasta 5 enmiendas del PSOE, 16 de Ciudadanos y 19 del PP se han analizado hasta llegar a la aprobación de este miércoles.

El régimen de funcionamiento hasta ahora en vigor data de abril de 2013. Desde entonces, como ha explicado el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, no ha habido ninguna significativa modificación que ampliase el tipo de contratos a los que podían acceder los grupos políticos municipales.

El área de Economía y Hacienda ha propuesto esta modificación, que incorpora la obligatoriedad de la inscripción de los contratos menores en el Registro de Contratos y se amplía además el ámbito de actuación de la Comisión Permanente Especial de Vigilancia de la Contratación.

Hasta ahora un contrato menor podía abordarse en la comisión ordinaria responsable del contrato en cuestión pero a partir de ahora también podrá tratarse en la comisión especial de Vigilancia de la Contratación. La modificación aplica además la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, que entró en vigor en agosto ampliando las obligaciones de publicidad activa.

391,5 millones contratados en el primer semestre
El Ayuntamiento ha destacado que en el primer semestre de 2017 se registró un importante aumento en la contratación pública por parte del Consistorio y su sector público, con un importe de 391,5 millones de euros, incluyendo los contratos inscritos y los basados en un acuerdo marco. Esta cifra, en la que no se computan los contratos menores, es un 33 por ciento superior a la registrada el año pasado en el mismo periodo de tiempo, cuando no pasó de los 297,6 millones.

El número de grandes adjudicaciones ha ascendido a 1.133, por encima de las 1.007 que se suscribieron de enero a junio de 2016. De ellos, 692 han sido contratos inscritos y el resto, 441, corresponde a acuerdos marco. En el mismo periodo se han registrado 2.575 contratos menores por valor de 13,1 millones de euros, un 3,3 por ciento si se compara con la contratación.

Un 1,84% del volumen es de contratos menores
El porcentaje de menores con respecto a la contratación total del Ayuntamiento en 2016 fue del 1,84 por ciento, una caída de porcentaje respecto a 2015 del 9,45 por ciento y un porcentaje similar al de 2014 y 2013. En cantidad, en torno a los 30 millones en menores en 2016, es superior a la de 2015, pero es que el conjunto de la contratación aumentó bastante igualmente.

Este tipo de contratación se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público, que sólo obliga a la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura. El tope está en los 50.000 euros, IVA excluido, para los contratos de obras y en los 18.000 euros, IVA excluido para el resto de contratos.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, los límites son más rígidos. La Instrucción municipal 3/2012 delimita los supuestos de aplicación del contrato menor, que solo pueden responder a necesidades puntuales y perfectamente definidas. Además obliga a que se presenten tres presupuestos como mínimo en la tramitación de los contratos menores de importe superior a 1.000 euros.

Desde Ciudadanos Silvia Saavedra ha defendido que este tipo de reglamentos combate posibles corruptelas aunque ha criticado que "haya tardado tanto" en traerlo al Pleno "cuando se podía haber cambiado algún artículo del hasta ahora vigente y no presentar uno nuevo". La socialista Erika Rodríguez ha destacado que llegará para "solucionar problemas de transparencia".

"Por fin lo han traído", ha declarado la popular Ana Román, que ha reprochado que el Gobierno municipal no haya optado por "modificar cuatro o cinco artículos, que se puede hacer en menos de una semana para dar cumplimiento al acuerdo de Pleno", con luz verde en febrero de 2016. También ha criticado que Ahora Madrid no aprobara su enmienda, sí la del PSOE, sobre el marco temporal para la aplicación informática.

"Si no lo hicimos con ustedes es porque no son creíbles en transparencia", ha contestado Sánchez Mato. También se ha dirigido a la bancada del PP para decirles que han sido "16 veces más rápidos" en la presentación de las modificaciones tras "312 meses" sin contratos menores en el portal de Transparencia del Ayuntamiento.

viernes, 29 de septiembre de 2017

El presidente del Tribunal de Cuentas pide incrementar las multas para las administraciones públicas incumplidoras

Revista de prensa.- EP.- El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda,  reclamó el  martes pasado en el Congreso que se eleven las multas para las personas físicas o jurídicas que no atiendan los requerimientos del fiscalizador para colaborar, por ejemplo, con el envío de determinada información necesaria para que realice su función fiscalizadora. En concreto, ha planteado actualizar la cuantía de estas sanciones para que las máximas se fijen en 9.000 euros.

Esta es una de las peticiones incluidas en la moción para la mejora de la eficacia del control de la gestión económico financiera del sector público que ha presentado Álvarez de Miranda ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

La moción fue aprobada por fiscalizador en 2011 y, según ha relatado su máximo responsable, algunas de sus medidas aún siguen pendientes, puesto que aún no han sido incluidas en la regulación del procedimiento para la exigencia del cumplimiento del deber de colaboración con el tribunal.

De 900 a 9.000 euros
Una de ellas es la actualización de la cuantía de las denominadas "multas coercitivas", que en 1988, se establecieron en una horquilla que iba de los 60 a los 901 euros (entonces aún en pesetas). Su propuesta es elevarla a 600 y 9.000 euros.

Asimismo, el tribunal es partidario de mejorar la seguridad jurídica dejando claro en la Ley de funcionamiento de la institución que se podrá recurrir a los "medios coercitivos para la exigencia efectiva del debe de colaboración" en "todos los supuestos de falta de colaboración".

Además, Álvarez de Miranda ha abogado por modificar el procedimiento para recabar la información de las personas obligadas a ello. Así, ha reclamado que se modifique la Ley de funcionamiento del tribunal para que sean los consejeros de la sección de fiscalización los que efectúen los procedimientos ordinarios de colaboración, de forma que el presidente sólo intervenga cuando se trate de requerimientos extraordinarios derivados del incumplimiento de los ordinarios.

Multas necesarias 
"No queremos un régimen sancionador, pero sí un régimen de multas coercitivas para que quienes no prestan colaboración puedan ser multados hasta que cumplan con ese deber y restituyan la información necesaria para poder ejercer las funciones del tribunal", ha explicado el presidente.

Durante su intervención, Álvarez de Miranda ha admitido que "el núcleo fundamental" de la moción de 2011 está cumplido, pero ha pedido a los parlamentarios que sigan impulsado modificaciones legales para dotar a la institución de una "plena capacidad fiscalizadora".

En 2011, el fiscalizador también demandó cambiar la Ley General Tributaria y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En concreto, los artículos que exceptuaban el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria, social o laboral, cuando su cesión tuviera por objeto la colaboración con el tribunal para el ejercicio de sus funciones de fiscalización de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de la Administración de la Seguridad Social.

Álvarez de Miranda ha señalado que, tras la reforma de 2015, se habilitó al tribunal a celebrar convenios de colaboración con la Administración General del Estado y demás entidades para el acceso a la información, si bien con la posibilidad de limitar la cesión de información relevante cuando el sujeto fiscalizado no fueran la Agencia Tributaria o las Entidades de la Seguridad Social. Esto, ha apuntado, impide "su utilización como elemento de contraste de la información de las entidades fiscalizadas, en materia fiscal o social".

Además, ha recordado que la restricción de acceso que existía en relación con los datos de la Central de Información de Riesgos del Banco de España sobre el endeudamiento de las Administraciones Públicas fue subsanada en 2012, al exceptuarse del deber de secreto las informaciones que el supervisor tenga que facilitar para el cumplimiento de sus funciones al Tribunal de Cuentas.

No obstante, ha hecho hincapié en que aún no se ha tomado una medida similar en lo relativo al acceso a la Central de Información de Riesgos de las Entidades Locales.

jueves, 28 de septiembre de 2017

Otras 40 ciudades tendrán ayudas para desarrollar proyectos DUSI con financiación europea

El Eje Urbano de la Programación FEDER (DUSI)  incrementa su dotación en un 35%, alcanzando un total de 1.362 millones para 163 proyectos de distintas ciudades españolas

Nota de prensa.-  Ministerio de Hacienda.- El Estado destina 353 millones de euros adicionales para la financiación de Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado (DUSI) por parte de las Entidades Locales (EELL). Esta dotación procede en su mayor parte de la asignación adicional de Fondos Europeos que ha correspondido a España tras la revisión técnica del Marco Financiero Plurianual.

Se espera que en esta tercera convocatoria se puedan seleccionar unas 40 estrategias DUSI que, unidas a las 123 que ya han resultado adjudicatarias en las dos anteriores, darán lugar a un total de 163 Entidades Locales con ayuda FEDER para desarrollar sus estrategias. Como se ha comprobado en las convocatorias anteriores, el desarrollo de las estrategias DUSI ha supuesto un cambio de paradigma en la financiación FEDER de las Entidades locales, no sólo por la cantidad de recursos financieros destinados (más del triple que en periodos anteriores), sino sobre todo por el hecho de que han tenido que presentar estrategias urbanas y no proyectos aislados. La elaboración de estas estrategias, holísticas, con visión a largo plazo y que han contado con una importante participación ciudadana, ha supuesto un premio para las ciudades participantes y sus ciudadanos, con independencia de que hayan obtenido ayuda o no. El esfuerzo que han llevado a cabo las ciudades españolas en este ámbito ha sido muy importante. 

Tercera convocatoria
A lo largo de las dos primeras convocatorias la práctica totalidad de los municipios de más de 50.000 habitantes y el 65% de los municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes presentaron su estrategia DUSI. Ello supone que el 80% de los municipios de más de 20.000 habitantes cuentan hoy en día con estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Como ya sucedió en las convocatorias previas, en esta tercera, las EELL deberán presentar una EDUSI que haga frente a los retos del Reglamento FEDER (económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales), incluya un análisis DAFO, defina el área de implementación, cuente con participación ciudadana, y defina líneas de actuación en los Objetivos Temáticos incluidos en la convocatoria : Tecnologías TIC (OT2), Economía baja en carbono (OT4), Medio Ambiente y Patrimonio (OT6) e Inclusión social (OT9). Por otro lado, de igual modo que en las convocatorias anteriores, todas las estrategias serán valoradas en su totalidad y de manera totalmente independiente por unidades de tres departamentos ministeriales distintos con competencias en desarrollo urbano (Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Administraciones

Asimismo, se contará con el análisis sectorial de unidades competentes en los ámbitos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Red.es), Economía Baja en Carbono (IDAE) e Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza (FSE), así como con representantes de las redes temáticas de Medio Ambiente y de Igualdad de Oportunidades. Asignación de recursos En la convocatoria actual se ha incluido la mayor parte de la revisión técnica que correspondía a la Admón. General del Estado, parte de la revisión técnica procedente de algunas CCAA como Baleares, Canarias, Cantabria, C. Valenciana y La Rioja y dotaciones no adjudicadas de la segunda convocatoria.

El total de recursos asignados está regionalizado del siguiente modo:

Total 3ª Convocatoria:  353.400.335 €
EXTREMADURA, 14.469.550 €
CASTILLA LA MANCHA, 45.106.846 €
ANDALUCÍA, 189.315.061 €
REGIÓN DE MURCIA, 22.385.925 €
CANARIAS, 30.336.157 €
ASTURIAS, 5.044.729 €
CANTABRIA, 2.976.643 €
LA RIOJA, 1.807.959 €
CASTILLA Y LEON, 5.018.438 €
COMUNIDAD VALENCIANA ,28.972.043 €
ILLES BALEARES, 7.965.984 €


Modificaciones de la tercera convocatoria:
En esta tercera convocatoria se han introducido una serie de modificaciones. Las más importantes, además de otras de carácter técnico, son las siguientes: 

 -Se incluyen los tres tramos de ayuda en función de la población que ya se habían utilizado en la primera y segunda convocatoria y que son los siguientes por población: 

 -Para ciudades o áreas funcionales mayores de 100.000 habitantes la ayuda máxima a cofinanciar será de 15 millones de euros.  

-Para ciudades o áreas funcionales mayores de 50.000 y menores de 100.000 habitantes, la ayuda máxima a cofinanciar será de 10 millones de euros. 

 -Para ciudades o áreas funcionales mayores de 20.000 y menores de 50.000 habitantes, la ayuda máxima a cofinanciar será de 5 millones de euros.

 Se modifican los porcentajes a considerar para los Objetivos Temáticos incluidos en las Estrategias DUSI, otorgando un mayor peso al Objetivo temático de inclusión social y lucha contra la pobreza.

martes, 26 de septiembre de 2017

Más de medio millón de empleos públicos saldrán a oposición en los próximos tres años

El acuerdo que ultiman Gobierno y sindicatos sobre empleo público, sumado al que ya alcanzaron en marzo, supondría que unas 500.000 plazas de interinos saldrían a oposición para convertirse en puestos indefinidos

Diario de prensa. Diario.es.- Una oferta de empleo público de cerca de medio millón de plazas. El acuerdo que ultiman Gobierno y sindicatos sobre empleo público supondría que unas 500.000 plazas interinas y temporales saldrían a oposición en los próximos años para convertirse en puestos indefinidos en todos los sectores de la administración, según cálculos a los que ha accedido el diario.es.
En marzo, después de varias sentencias europeas, el Ejecutivo y los sindicatos acordaron  reducir la temporalidad de sector público al 8% en los próximos tres años. Para ello, lanzaron un plan para estabilizar miles de puestos temporales e interinos en sectores como la sanidad, la educación o la justicia. Ese acuerdo suponía entre 270.000 y 350.000 plazas, según cálculos de Hacienda, CCOO y UGT. 
La negociación de los Presupuestos Generales para 2018 ha hecho que los sindicatos arranquen al Gobierno el compromiso de extender ese plan de estabilización a todos los sectores de la administración pública. Eso podría suponer, según cálculos conservadores, otras hornada de entre 150.000 y 180.000 plazas. De ellas, unas 55.000 corresponderían a personal funcionario interino. En cualquier caso, esta cifra dependerá de que se aprueben unos presupuestos nuevos para 2018. El Gobierno retrasó la semana pasada su presentación debido a la "situación política". 
Medio millón más de indefinidos
Los dos acuerdos, el de marzo y el que ambas partes ultiman ahora, supondrían en total medio millón de puestos públicos que se harán indefinidos en los próximos tres años. 
Las plazas que saldrán a oposición ya existen: son los puestos temporales o interinos que hayan tenido una duración ininterrumpida de al menos tres años a fecha de 31 de diciembre de 2017. Las personas que los ocupan actualmente no tienen asegurada la plaza, puesto saldrán a procesos de concurso oposición de libre concurrencia. Sí es posible que muchos de estos procesos premien los años de dedicación al puesto.
A estas 500.000 plazas habrá que sumar las que salgan de la otra pata del acuerdo de empleo entre Gobierno y sindicatos: el aumento de la tasa de reposición, es decir, de las bajas por jubilación que se cubren.  Los llamados colectivos prioritarios (como la lucha contra el fraude laboral y fiscal) mantendrán una reposición de puestos del 100%. Los no prioritarios pasarán del 50% al 75%. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán una tasa de reemplazo del 115%. A esas cifras habrá que añadir una bolsa del 5% que cualquier administración podrá añadir como considere. En total, esto supondrá que se creará empleo neto en la Administración, según los negociadores
En lo que el acuerdo entre sindicatos y Gobierno parece más lejos es en la subida salarial para los empleados públicos. La propuesta del Ejecutivo es la de una subida de entre el 5,34%  y el 8% en el próximos trienio. Las cifras no convencen a las centrales, que reclaman la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo que el colectivo arrastra desde hace años.

Seminario La reforma del Estado sobre "La nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017"

Tendrá lugar el miércoles 18 de octubre de 2017, de 10:00 h a 14:30 h., en el Aula Magna del INAP (Madrid). Inscripción gratuita

Presentarán el evento Santiago Muñoz Machado y Mariano López Benítez, catedráticos de Derecho Administrativo. 

Intervendrán como ponentes:  José María Gimeno Feliú, Alejandro Huergo Lora, Concepción Barrero Rodríguez, Rafael Fernández Valverde y María Isabel Gallego Córcoles. 

A partir de sus exposiciones, se abrirá un debate con los asistentes.Seminario La reforma del Estado sobre "La nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017"

Se ruega confirmar asistencia a: centroestudios@inap.es


Otro post interesante. INAP. José Esteve Pardo: El movimiento remunicipalizador. Experiencias y expectativas

lunes, 25 de septiembre de 2017

Carles Ramió: El envejecimiento de los empleado públicos (II)

"El personal cualificado no puede ser sustituido de manera automática y en poco tiempo"

Carles Ramió.- blog EsPúblico.- El actual estado de envejecimiento de los empleados públicos en España es tan grave que va a generar dos tipos de problemas en el futuro más inmediato que van a ser objeto de análisis en este artículo:

-La descapitalización del conocimiento en las administraciones públicas derivada de la jubilación de los empleados con experiencia y la contratación de un gran volumen de personal inexperto. Las hipótesis sobre este ítem son las siguientes:
La gran mayoría de las administraciones públicas no son conscientes de este problema que afectará en un futuro muy cercano. Apenas hay estudios sobre el envejecimiento de los empleados públicos y todavía son más excepcionales los estudios sobre la potencial pérdida de conocimiento cualificado (la excepción es el Gobierno Vasco con estudios propios y los análisis elaborados por Gorriti).

-El Estudio del Gobierno Vasco (2016) y de Gorriti (2016) ponen de manifiesto que en los próximos 13 años se van a jubilar en el Gobierno Vasco el 80 por ciento del personal cualificado lo que supone una gran descapitalización del empleo público y del conocimiento técnico e institucional. La hipótesis es que esta situación debe ser muy parecida en el resto de administraciones públicas: es evidente en las comunidades autónomas de desarrollo más primerizo, junto con la vasca: Cataluña y Galicia y en el resto de autonomías va a suceder los mismo con un retraso de unos cinco años. 

-En el caso de la Administración General del Estado, a pesar que no existen estudios publicados muy precisos, la situación parece todavía peor que en las administraciones autonómicas: el 54 por ciento de los empleados en los ministerios tiene más de 50 años y solo el 1,2 por ciento tiene menos de 30 y, en cambio, el 2,4 por ciento son mayores de 64 años (EPA, 2016; La Información, 2014; El Boletín, 2016). «El problema es tan peliagudo que el propio Gobierno está echando cuentas y sus simulaciones dan como resultado que, alrededor del 2020, la propia Administración central tendrá problemas serios para ofrecer algunos servicios a los ciudadanos» (El Confidencial, 2014). Finalmente, las administraciones locales, muy numerosas y dispersas, ofrecen un panorama mucho más variado aunque la mayoría deben tener una situación de envejecimiento parecida al de las Comunidades Autónomas.

-El personal cualificado no puede ser sustituido de manera automática y en poco tiempo. Empleos como médicos, docentes, policías, personal penitenciario o gestores públicos requieren un importante periodo práctico de aprendizaje antes que un empleado joven pueda sustituir con garantías a un empleado senior.

-Esta falta de personal cualificado puede poner en riesgo el modelo de Estado de bienestar ya que afecta a los servicios públicos más básicos como la educación, la sanidad, los servicios sociales e incluso los servicios policiales..

-El déficit repentino de empleados públicos cualificados puede concebir riesgos de un cambio de modelo no planificado, ni pensado ni deseado como, por ejemplo, la opción a privatizar la gestión de una parte importante de los servicios públicos más básicos.

-En cambio, en el caso de las jubilaciones de los empleados públicos menos cualificados y más instrumentales se abre una ventana de oportunidad para su extinción debido a la nueva organización del trabajo derivada de las tecnologías de la información y del inminente impacto de la robótica. Puede manejarse la opción de privatizar la gestión (externalización) de los puestos de trabajo que no poseen valor público. Hace falta un cierto análisis y reflexión si no se desea caer en políticas de empleo que podrían poner en riesgo la futura modernidad de la Administración pública. Un ejemplo: en la Administración General del Estado se han jubilado recientemente un volumen muy importante de personal administrativo y auxiliar administrativo. Es una buena noticia ya que es un personal objetivamente innecesario (por la nueva organización del trabajo) en el presente y mucho más en el futuro. Pero resulta que la mayoría del personal técnico superior está muy envejecido y no domina las tecnologías de la información y, por tanto, reclama la reposición de este personal administrativo y auxiliar. Una pésima solución sería convocar oposiciones a administrativos y auxiliares para solucionar este problema coyuntural ya que el resultado sería poseer personal fijo necesario para los próximos cinco años e innecesario para los próximos 50 años. Desgraciadamente parece que este es el plan si analizamos la oferta de empleo público de 2017 y 2018. La alternativa más sensata sería buscar el apoyo temporal y coyuntural de empresas privadas que ofrecieran servicios de apoyo administrativo y auxiliar.

-La potencial falta de eficacia y de eficiencia de las administraciones públicas debido al envejecimiento de sus plantillas. El personal con una elevada franja de edad posee mucha experiencia pero con la externalidad negativa que es más absentista por enfermedades vinculadas a su madurez y, además, por el desgaste motivacional propio de los empleados con una dilatada trayectoria profesional. A esta problemática derivada del desgaste de la salud física y psicosocial hay que añadir la obsolescencia de las personas con mayor edad en relación con la nueva organización del trabajo derivada de las tecnologías de la información y, en el futuro, también de la robótica. Las hipótesis sobre este ítem son las siguientes:

Absentismo versus edad
-A medida que incrementa la edad los empleados públicos padecen más dolencias físicas que incrementa su absentismo en el trabajo.

-A medida que incrementa la edad los empleados públicos van sufriendo un proceso de desgaste emocional de carácter personal (muertes de familiares, atención a sus progenitores ancianos, problemas de convivencia con los hijos, divorcios, etc.) y esto puede afectar a su nivel de motivación general que implique menor productividad en el trabajo.

-En sentido contrario, existen recientes estudios que demuestran que el índice de felicidad incrementa a partir de los 50 años (Oficina Nacional de Estadística Británica, 2016; Alarcón, 2001). Estos estudios exponen como la felicidad suele ser elevada hasta los 20 años y luego va decayendo hasta sus niveles más bajos entre los 40 y los 50 años. A partir, de los 50 años el índice de felicidad va incrementado sin interrupciones hasta el final de la vida. A nivel laboral habría que aprovechar esta tendencia ya que los estudios también hacen referencia a que esta felicidad guarda también relación con la actividad laboral.

-A medida que incrementa la edad organizativa (tiempo trabajando en la misma institución) los empleados pueden tener una tendencia hacia la desmotivación debido a una acumulación de malas experiencias, de expectativas frustradas, de cansancio por la rutina en el trabajo y por constantes cambios políticos (que generan unas reiteradas fracturas y vueltas hacia atrás) que desgastan el clima de los empleados públicos.

-Los duraderos y profundos cambios en las tecnologías y las nuevas formas de organización del trabajo generan con el tiempo la necesidad perpetua del reciclaje de los empleados públicos. La capacidad constante de aprender forma parte de las competencias adquiridas por las últimas generaciones de profesionales. Pero puede llegar un momento en que los cambios, que son tan enormes y profundos, abrumen la capacidad de adaptación profesional de las personas con una edad avanzada. Además, cuando se acerca el momento de la jubilación (y ello puede suceder hasta quince años antes) puede existir una tendencia a la relajación y a dejarse llevar sin un renovado esfuerzo de reciclaje. Las administraciones públicas deberían prestar más atención a sus políticas formativas de reciclaje y de un apoyo psicosocial especial a los empleados más veteranos.


-Existe un interesante artículo sobre el absentismo de los empleados públicos del ayuntamiento de Vitoria durante diez años (2006-2015) elaborado por Feliciano Pérez (2016) que puede servir de referencia. Este trabajo demuestra la hipótesis de que la Incapacidad Transitoria por Enfermedad Común (bajas por enfermedades leves de tres o menos días) no está directamente vinculada a la salud (relación de causalidad), sino a la interacción sistémica de la persona, puesto y entorno. Es decir, hay una causalidad en el absentismo por deficiencias en la motivación, el tipo de trabajo y por el clima organizativo.

Muface incrementa 55 millones de euros la prima para los seguros de salud de los funcionarios

Muface, Isfas y Mugeju cuenta con casi dos millones de funcionarios y beneficiarios que según las aseguradoras tiene un coste de 827 euros anuales por persona, frente a los 1.134 euros de la sanidad pública.

Revista de prensa. Expansión.-  La mutualidad de los funcionarios lanzará este mes su nuevo convenio para 2018-2020 e invita a Mapfre y a Sanitas a reincorporarse al acuerdo.

Las aseguradoras que cubren la sanidad de los funcionarios de Muface verán incrementada esta prima un 5,6% en 2018, según datos del sector.

Esto se traduce en una subida de unos 55 millones sobre una prima que en 2017 fue de unos 1.016 millones.

SegurCaixa Adeslas, de Mutua Madrileña, Asisa y DKV Seguros mantienen el convenio en vigor que vence a finales del año.

Póliza para tres años
Esta subida de la prima de 2018 es la única que aparece en el nuevo convenio que prepara Muface que tendrá una duración de tres años, lo que supone que si se anualiza la subida será del 1,86% cada uno de los tres ejercicios en que estará en vigor la nueva cobertura.

En Muface afirman que la subida es considerable sobre todo si se compara con la aplicada en los últimos conciertos. En 2016 se aumentó un 3,5%, pero en 2017 la prima no se movió. Fuentes de la Mutualidad de los Funcionarios del Estado añaden que las coberturas del nuevo contrato también aumentarán.

El próximo martes representantes de Muface y del sindicato de funcionarios Csif mantendrán una reunión para perfilar los últimos detalles del convenio que se lanzará en los días después. Se abrirá entonces un plazo de un mes para que las aseguradoras interesadas presenten sus adhesión y que a final de 2017 la nueva cobertura esté totalmente acordada. A partir de ese momento los funcionarios podrán elegir su aseguradora de asistencia sanitaria u optar por la cobertura de la Seguridad Social.

Insuficiencia
Año tras año, las compañías de seguros ponen encima de la mesa lo que consideran insuficiencia de la prima de Muface que convive además con la petición de mayores coberturas por la mutualidad, integrada en el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En 2015 esta situación vivió momentos de tensión por la decisión unilateral de las firmas de recortar su cobertura.

Muface destaca ahora el efecto beneficioso que, considera, supondrá para las aseguradoras la incorpación de de 100.000 nuevos funcionarios en tres años tras la puesta en marcha de la oferta de empleo público. "Hemos hecho un esfuerzo para que el convenio sea atractivo", apuntan en la Mutualidad que ha invitado a Mapfre y Sanitas a volver a dar cobertura a los funcionarios. Ambas entidades, junto con Caser, salieron del concierto entre 2009 y 2014 por no considerarlo rentable. En el sector esperan con interés la decisión de estas aseguradoras que, de momento, no parecen haber resulto la incógnita.

Estas tres entidades sí cubren a los integrantes de la mutualidad judicial Mugeju, que ya ha lanzado su nuevo convenio con una subida de prima del 5%. Está pendiente también de publicarse el concierto de Isfas, la mutualidad de los militares.

Muface, Isfas y Mugeju cuenta con casi dos millones de funcionarios y beneficiarios que pueden optar a la cobertura privada, que, según las aseguradoras, tiene un coste de 827 euros anuales por persona, frente a los 1.134 euros de la sanidad pública.

Noticia actualizada por Expansión.- Muface pagará 2.200 millones entre 2018 y 2019

domingo, 24 de septiembre de 2017

Informe “El valor de los datos abiertos para la Administración”

El informe remarca cómo el uso de datos abiertos mejora la eficiencia y la efectividad de la propia administración

datos.gob.es .- El sector público no es únicamente un gran proveedor de datos abiertos, sino que es también uno de los mayores usuarios y beneficiarios de la apertura de los datos gubernamentales. 

El informe “El valor de los datos abiertos para la Administración” que publicamos en Datos.gob.es hace un recorrido por un buen número de ejemplos de cómo la administración puede beneficiarse en distintas áreas y apoyarse en los datos para retroalimentarse, reflexionar, colaborar, comprender, optimizar y aprender.

La creación de una base de datos abiertos en Japón para mejorar la asistencia a las víctimas del gran terremoto de 2011; el servicio de alarma temprana para detectar tendencias sobre enfermedades o epidemias puesto en marcha por el gobierno de Corea; el portal sobre la calidad de la enseñanza en las escuelas públicas de Brasil con datos procedentes del ministerio de educación; el estudio sobre los datos de consumo eléctrico en los edificios públicos de Francia para optimizar el suministro o la gran base de datos global de empresas que nos ofrece Open Corporates son grandes ejemplos de cómo lograr una administración pública más ágil y eficiente a través de un buen uso de los datos.

El informe remarca cómo el uso de datos abiertos mejora la eficiencia y la efectividad de la propia administración, a través de una mejor planificación de los recursos disponibles, la colaboración entre distintas áreas departamentales, la auditoría del correcto uso de los recursos, la mejora en la interoperabilidad de los datos y los procesos, así como la adopción de estándares que faciliten compartir y almacenar los datos.

Innovación pública
Asimismo, destaca que el uso de dichos datos abiertos supone el impulso a la innovación pública al contribuir a la identificación de patrones que ayuden a la toma de decisiones, a un desarrollo e implementación más activo de las políticas públicas o a la mejora de la calidad de los datos gracias al feedback público.

El documento recoge ejemplos concretos como la mejora en la gestión de los servicios de la sanidad pública en Malawi gracias al estudio de los datos de rendimiento de los centros sanitarios en los distintos distritos, la reducción de los niveles de mortalidad infantil en México gracias a la mayor disponibilidad de información o la gran mejora de calidad conseguida en la base de datos de direcciones en Dinamarca gracias a la apertura de la información.

Otra de las ventajas y beneficios de los datos abiertos para la propia administración, tal y como detalla este informe, es el fomento de la transparencia y la innovación.  “Se puede llevar a cabo un mejor seguimiento de las decisiones y acciones de gobierno, facilitar la comprensión de las políticas públicas o contribuir a recuperar la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos”, apunta el informe.

Como ejemplos del potencial de los datos abiertos en la administración destaca los presupuestos abiertos y participativos de Filipinas, la monitorización de los contratos en Eslovaquia gracias a su publicación online, el proyecto de publicación de toda la información sobre el gasto público de las administraciones locales en Austria o el portal de transparencia de Brasil.
 

Informes adjuntos para su descarga en formato pdf, word y odt. Ficheros Adjuntos:

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sábado, 23 de septiembre de 2017

Acuerdo para lanzar una oferta de miles de empleos públicos

Gobierno y sindicatos ultiman el pacto para sacar a oposición todos los puestos ocupados por interinos y temporales durante  tres años

Revista de prensa.- diario.es.- Gobierno y sindicatos han llegado a un acuerdo para lanzar una oferta de miles de empleos públicos. Por una parte, las tasas de reposición (las plazas que se cubren por baja o jubilación) se elevarán; por otro, todas las administraciones podrán sacar a oposición todos los puestos temporales e interinos que hayan estado ocupados durante al menos tres años. El resultado: los primeros Presupuestos Generales del año próximos serían los primeros en incluir creación neta de empleo público desde 2009. 

Este escenario dependerá en todo caso de que se aprueben las cuentas públicas para el año que viene, cuya presentación ha sido hoy mismo pospuesta por la falta de apoyos del Gobierno en medio del caos del referéndum catalán del 1-O. Si se prorrogasen los presupuestos del 2017, las nuevas plazas no podrían convocarse. 

Frente al acuerdo sobre la oferta de empleo, es menos probable que los sindicatos den por buena la propuesta de subida salarial del Gobierno, que también se está negociando en la mesa de la Función Pública que se reúne de nuevo esta misma tarde. En cualquier caso, tanto el acuerdo sobre empleo como la subida salarial quedan pendientes del retraso de la aprobación del proyecto de ley de las cuentas públicas en el consejo de ministros. La idea es que el Gobierno le diera el visto bueno mañana y hoy mismo Montoro ha anunciado que retrasa por lo menos una semana su aprobación por falta de apoyos políticos.

Colectivos prioritarios
Una de las patas del acuerdo tiene que ver con la tasa de reposición. Los llamados colectivos prioritarios (como la lucha contra el fraude laboral y fiscal) mantendrán una reposición de puestos del 100%. Los no prioritarios pasarán del 50% al 75%. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán una tasa de reemplazo del 115%. A esas cifras habrá que añadir una bolsa del 5% que cualquier administración podrá añadir como considere. 

La otra pata del pacto tiene que ver con la temporalidad del sector público. Ya en marzo, y después de varias sentencias europeas, Gobierno y sindicatos pactaron reducir la temporalidad de sector público al 8% en los próximos tres años. Para ello, lanzaron un plan para estabilizar miles de puestos temporales e interinos en sectores como la sanidad, la educación o la justicia. Ahora, ese plan se extiende todos los sectores de las administraciones públicas. 


Eso quiere decir que las administraciones sacarían a oposición todos los puestos temporales e interinos que a 31 de diciembre de 2017 lleven al menos tres años ocupados ininterrumpidamente. La estabilización de esos puestos se haría de 2018 a 2020. Las personas que están ocupando esos puestos actualmente no tienen asegurada la plaza: esos puestos saldrán a procesos de concurso oposición de libre concurrencia.

viernes, 22 de septiembre de 2017

El INAP presenta la oferta de formación directiva para el segundo semestre de 2017

 Ver cursos en Resolución de 18 de septiembre de 2017 (BOE 20 de septiembre de 2017).- Fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: lunes 2 de octubre de 2017Inscripción electrónica

El Programa de formación directiva del INAP pretende contribuir a la mejora de las Administraciones Públicas, perfeccionando la capacitación de las personas que desempeñen puestos de responsabilidad en las diferentes administraciones.

Con este objetivo, el programa para la formación de directivos públicos tiene como finalidad el desarrollo de las competencias que se necesitan en el contexto actual para impulsar la mejora continua de las administraciones públicas y su adaptación permanente a las necesidades del entorno.

Las actividades formativas de este programa están dirigidas a los funcionarios de Cuerpos y Escalas del subgrupo A1 y al personal laboral fijo asimilado.

+ info. Contactarfd@inap.es

Cursos de funciones directivas
Los cursos integrantes de este programa son convocados a lo largo de cada año mediante las correspondientes resoluciones del Director del INAP que son publicadas en el Boletín Oficial del Estado:

Convocatoria acciones formativas de carácter general dirigidas a personal directivo, predirectivo y técnico para el segundo semestre de 2017


miércoles, 20 de septiembre de 2017

William D. Eggers "La digitalización va a revolucionar el trabajo de los funcionarios”

"La experiencia dice que la digitalización de procesos abre la puerta no solo a la participación de la ciudadanía, sino a la cocreación de servicios"

Revista de prensa.- Por MANUEL GONZÁLEZ PASCUAL. Diario El País.- Creemos que se puede eliminar el 25% de las horas de trabajo que realizan los empleados públicos. La digitalización y automatización de tareas hace que los funcionarios ya no tengan que hacer según qué cosas, como rellenar formularios u ordenar archivos. Es mejor dedicar ese tiempo a actividades que aporten más valor”. William D. Eggers (Chicago, 1967) tiene muy claro que el sector público necesita una reforma en profundidad. Y que las nuevas tecnologías la van a hacer posible. “La digitalización va a propiciar grandes cambios en la función pública en los próximos tiempos”.

Reordenar el trabajo burocrático

William D. Eggers
Una de las consecuencias de ese cambio será una reordenación de la masa laboral. “Hay que retirar gente de las actividades manuales y pasarla a las digitales. Esto no es una novedad: llevamos un siglo haciéndolo. En los años 50, la gran mayoría de empleados públicos se dedicaba a mecanografiar documentos. Con el tiempo se fueron sustituyendo esos puestos de trabajo por otros que requerían personal con mejor formación, que aportaban más valor y se pagaban mejor. Ahora estamos en las mismas”, asegura este experto en administración pública, responsable de investigación en sector público de Deloitte y autor de una decena de libros sobre la transformación digital de los gobiernos. “Le aseguro que la digitalización y automatización crearán nuevos empleos que antes no existían. Todos los responsables públicos con los que he hablado en España me han dicho que no tienen gente suficiente con experiencia digital”, señala.

Eggers sostiene que los gobiernos deben volcarse en la digitalización de los servicios de la misma forma que lo hacen las compañías privadas. La Administración ganará así eficiencia y reducirá costes, mientras que los ciudadanos mejorarán su experiencia de uso. Uno de los ejemplos que cita son los sistemas de aviso incidencias por fotografía que han puesto en marcha muchos ayuntamientos de todo el mundo, como el de Córdoba en el caso de España. Basta con enviar desde el teléfono una imagen de una farola dañada para que el consistorio sepa que la tiene que reparar. “Desde el transporte hasta la educación, la sanidad o el medio ambiente, todas las áreas son susceptibles de ser mejoradas gracias a las herramientas digitales”, sentencia Eggers.

Estonia, El alumno aventajado
Estonia es, en opinión de este experto, el espejo en el que se deberían ver el resto de países. “Casi todos sus servicios se pueden hacer online. Nunca tienes que darles tus datos más de una vez; se tarda unos 8 minutos en pagar los impuestos y unos 15 en montar una empresa. Han decidido que, en tanto que país pequeño que quiere promocionarse, quieren convertirse en una referencia mundial en gobierno digital”. En Helsinki han decidido hacer lo posible para que la gente no tenga la necesidad de tener coche en propiedad para 2025. “Están combinando los servicios de compañías como Uber con los de carsharing y la oferta de transporte público, agregándolo todo en una app pública que te organiza los trayectos”, ilustra.

Aunque haya países capaces de poner en marcha proyectos tan avanzados como los citados, la prioridad a corto plazo debe ser acabar con el papel. ¿Por qué resulta tan complicado para algunos países digitalizar la burocracia? “Hace falta, ante todo, decisión política. También adoptar una estrategia adecuada, que debe ser consistente en el tiempo. Y poner en marcha departamentos de digitalización y responsables (chief digital officer, CDO) con poder real”, explica. Indicar a los gobiernos cómo dar esos pasos es a lo que dedica la mayor parte de su tiempo Eggers. En el fondo se trata de un cambio de mentalidad. “Hay que rediseñar los procesos. No puede ser que tengas que leerte documentos de diez páginas en el teléfono para hacer un trámite, esas cosas tienen que cambiar”, opina.

Participación ciudadana
La experiencia dice que la digitalización de procesos abre la puerta no solo a la participación de la ciudadanía, sino a la cocreación de servicios. “Con el diseño correcto se pueden hacer muchas cosas. Mire el ejemplo de Waze: la gente informa de cómo está el tráfico, lo que beneficia a la comunidad. ¿Por qué no hacer fotos de grafitis o de mobiliario urbano estropeado para comunicárselo al Ayuntamiento sin hacer trámites farragosos? Lo mismo debería suceder para reportar un crimen, avisar de que hay carreteras poco seguras o alertar de otras incidencias”, arguye Eggers.

¿Llegará el día en que el smartphone sea el instrumento que nos comunique con la Administración? “El contacto humano sigue siendo útil para varias cosas. Pero creo que llegaremos a que sea posible tener casi cualquier interacción a través de canales online. También lo haremos con robots, sin duda, ya sean chatbots u otro tipo de máquinas o dispositivos. Probablemente sea más barato darle teléfonos inteligentes a quienes no tengan que mantener abiertas oficinas físicas para atenderlas”.

El Congreso recibe el próximo 27 de septiembre a los primeros comparecientes de la Ley anticorrupción

La conocida como 'Ley Ómnibus' de Ciudadanos plantea, entre otros, mayores garantías de la independencia y la imparcialidad de los secretarios e interventores de la Administración local. También proteger a los denunciantes de casos de corrupción.

Revista de prensa. Europa Press. El Congreso comenzará a recibir el próximo 27 de septiembre a los primeros comparecientes que desfilarán por la Comisión Constitucional para ilustrar a los diputados encargados de tramitar la proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes presentada por Ciudadanos.

Los portavoces de la citada comisión, que preside el 'popular' Jesús Posada, han acordado empezar a recibir expertos siete meses después de que el Pleno del Congreso tomara en consideración la iniciativa impulsada por la formación naranja, que fue sometida a ese primer debate en febrero.

Expertos
En concreto, según han avanzado a Europa Press fuentes parlamentarias, para el 27 de septiembre se espera el testimonio de cuatro o cinco comparecientes, entre ellos el de Carmen Rodríguez Medel Nieto, magistrada y asesora de la Secretaría de Estado de Justicia, a instancias del PP; el del representante de Transparencia Internacional Manuel Villoria, solicitado por el PSOE; y el del catedrático de Derecho Administrativo, Andrés Betancor, uno de los nombres planteados por Ciudadanos.

Días más tarde, la pretensión del presidente de la Comisión Constitucional, Jesús Posada, es decidir nuevos comparecientes, aunque desde Ciudadanos se está barajando la posibilidad de renunciar a llamar a nadie más para aligerar el trámite de su propuesta.

La conocida como 'Ley Ómnibus' de los de Albert Rivera incluye asuntos como la prohibición de los indultos a condenados por corrupción y medidas para proteger a los denunciantes de la corrupción.

Asimismo, plantea tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, eliminar los plazos máximos en la instrucción penal, mayores garantías de la independencia y la imparcialidad de los secretarios e interventores de la Administración local y la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales por los delitos que hayan cometido sus empleados o representantes.

Denunciantes
La tramitación de esta iniciativa en la Comisión Constitucional ha llevado a la Comisión Anticorrupción del Congreso a cambiar el plan de trabajo que había aprobado al principio de esta legislatura, cuando creo una subcomisión que iba a analizar, entre otros temas, la situación de los denunciantes de casos de corrupción.


Los grupos han acordado sacar este tema de la subcomisión que, tras analizar el régimen de financiación de los partidos políticos, en las próximas semanas empezará a recibir expertos para analizar la segunda cuestión que tienen en cartera: la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y los órganos constitucionales.

martes, 19 de septiembre de 2017

El envejecimiento de los empleados públicos (I)

 El  sindicato UGT llegó a acuñar el término  gerontoadministración

Por Carles Ramió. Blog EsPúblico.-  Este artículo se va a centrar en un problema muy actual, grave y acuciante: el envejecimiento de las administraciones públicas. Este no es un problema de futuro más o menos cercano o lejano sino que es un problema del presente. En España hay 2.522.016 empleados públicos según el Registro Central de Personal (RCP, 2016) pero según la encuesta de población activa hay 3.003.900 empleados públicos (INE, 2016). Estos son los dos datos oficiales que se disponen y que discrepan en cerca de 500.000 empleados públicos.

El Registro Central de Personal es una unidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que  cuenta cada seis meses el número de empleados públicos de todas las administraciones públicas y, por tanto, tendría que ser muy fiable. Pero el problema es que la Encuesta de Población Activa (EPA) posee también una gran fiabilidad estadística y agrupa a muchos más empleados públicos. Ante esta discrepancia el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realizó un estudio con los datos de todas las cotizaciones de los empleados púbicos (Seguridad Social y  MUFACE) y el resultado del mismo es que en España hay ahora 3.100.000 empleados públicos con una media de edad de 50,5 años (Entrevista realizada a Antonio Beteta, Secretario de Estado de Administraciones Públicas hasta noviembre de 2016). 

Las plantillas de las administraciones públicas están muy envejecidas: «la Administración cuenta con el doble de trabajadores mayores de 64 años que menores de 30» (El Boletín, 2016), seis de cada diez empleados públicos supera los 50 años y hay 600.000 empleados públicos con más de 55 años y solo el 7% tiene menos de 30 años (EPA, 2016; La Información, 2016). Los datos de diferentes  administraciones públicas  sobre el envejecimiento de los empleados públicos son alarmantes: el 63 por ciento del personal al servicio de las administraciones tenía en 2014 más de 50 años (Instituto de Estudios Económicos, 2017). En la Administración General del Estado el 63 por ciento de sus empleados tiene más de 50 años y en algunos ámbitos críticos como la Agencia Tributaria este porcentaje llega al 68 por ciento (Bez, 2016). 

En el gobierno vasco se va a jubilar el 68 por ciento de todos sus empleados en el periodo de ahora hasta 2030 (Gobierno Vasco, 2015) pero con el agravante que se van a jubilar el 80 por ciento de los puestos más cualificados (Gorriti, 2016). En la Generalitat de Catalunya trabajan actualmente 161.422 empleados públicos (sin contar empresas públicas, consorcios y fundaciones), colectivo en el que los mayores de 60 años representan el 7 por ciento del total pero los mayores de 45 años son el 48,2 por ciento del total (55,2 por ciento con más de 45 años) y solo el 3,2 por ciento tiene menos de 30 años (Banc de Dades d’Ocupació Pública, 2017).

La AGE a la cabeza
El envejecimiento de la administración catalana es grave pero no tanto como el caso del País Vasco y el de la Administración General del Estado. El resto de administraciones públicas en España están también en una situación delicada de envejecimiento de su personal. Por ejemplo, en la Generalitat Valenciana el 39,6 por ciento tiene más de 54 años, el 45,1 por ciento entre 42 y 53 años y solo el 15,7 por ciento tiene menos de 42 años (solo el 0,4 por ciento de su personal tiene menos de 30 años) (Valencia Plaza, 2017). La propia Generalitat Valenciana afirma que si no se contratan 4.500 empleados públicos en los próximos tres años se va a colapsar su Administración (ABC Alicante, 2016). Al menos estas tres administraciones (Administración General del Estado, gobiernos autonómicos de País Vasco y Valencia) han anunciado con preocupación estos datos (como primer paso para empezar a tomar medidas) pero es muy inquietante el silencio que mantienen sobre este tema el resto de administraciones públicas del país que no ofrecen este tipo de información estadística ni análisis aunque estén, probablemente, en una situación muy comprometida (destacan los casos de Cataluña, Galicia, Navarra y Andalucía). 

Hay algunos indicios pero sin datos oficiales como en Canarias (Tamaimos, 2016) en el que el 60 por ciento de sus empleados superan los 50 años (Sepca, 2016) o datos muy parciales de carácter sectorial (sindicatos que denuncian centros penitenciarios con una media de edad en su personal de 55 años (La Voz de Asturias, 2016) o de carácter territorial (sindicatos que revelan el envejecimiento de los empleados públicos de la provincia de León: el 55 por ciento de los empleados públicos tienen más de 50 años y llegan al 80 por ciento en la sanidad y el sindicato UGT llegó a acuñar el término  gerontoadministración (Radio León, 2016). No deja de ser sorprendente que un problema tan grave que afecta a todas las administraciones públicas españolas posea un déficit tan espectacular de documentos, estudios y datos más concretos elaborados por las propias instituciones públicas. La hipótesis es que es un problema evidente pero que ni preocupa, ni se analiza y, obviamente, no se toman medidas para su resolución más o menos proactiva.


Este envejecimiento de las administraciones públicas se explica por dos motivos:

 a) España, a partir de principios de la década de los ochenta diseñó un modelo de Estado de Bienestar y un modelo de descentralización por la vía de las autonomías. Estos dos procesos incrementaron de forma extraordinaria el peso de su sector público (del 23 por ciento del PIB en 1977 hasta el 48 por ciento en 1992 –actualmente está en el 40 por ciento-, pasó de 700.000 empleados públicos en 1977 hasta los 3.100.000 actuales). En este contexto las contrataciones de los empleados públicos no se realizaron de manera incremental sino que se concentraron en unos pocos años. El ingente volumen de empleados públicos contratados en los años ochenta ahora supera la barrera de los 50 años. 

b) Esta tendencia al envejecimiento no ha sido paliada durante los últimos diez años debido a la crisis económica ya que no hubo apenas tasa de reposición (convocatoria de las plazas de los empleados que se han ido jubilando) en las Administraciones públicas. El resultado es una plantilla muy envejecida.