viernes, 30 de agosto de 2013

La reforma de la Función Pública española: Un reto necesario y siempre aplazado

Es fácil aventurar que si no se profundiza en las reformas –lo que implica que partidos y sindicatos deberían renunciar a algunas cosas- se reforzará la preferencia de los ciudadanos por los servicios privados y viviremos probablemente a no mucho tardar una nueva ola de privatizaciones, avalada por los electores”

(Miguel Sánchez Morón, “La Situación actual del empleo público”, El Cronista núm. 10, 2010)

Por Rafael Jiménez-Asensio. Estudiconsultoría. 29.8.2013. Si echamos un rápido vistazo a las reformas de la función pública que se han sucedido entre nosotros durante los últimos dos siglos, se podrá extraer fácilmente la conclusión que han sido pocas las grandes reformas de las estructuras de personal en nuestras administraciones públicas. Ello no debe extrañar, pues por lo común las reformas de la función pública son hechos excepcionales en cualquier país.
 
 Salvando las limitadas reformas del siglo XIX, centradas habitualmente en los empleos generales (cuerpos generales), así como las reformas departamentales de principio del siglo XX, la primera reforma integral (o con vocación de tal) se llevó a cabo por el Estatuto Maura de 1918.

Más tarde, con la excepción de la reforma local de Primo de Rivera y de alguna reforma puntual en el período republicano (Azaña y Chapaprieta), hubo que esperar hasta el franquismo para que la reforma de los años 1963-1964 (Ley de Funcionarios Civiles de la Administración del Estado) viera la luz. Para entonces, los males que aquejaban a la función pública española ya estaban enquistados. Los cuerpos de élite (básicamente, “cuerpos especiales”, a los que se añadían los Técnicos de Administración Civil) habían colonizado amplios espacios de la Administración Pública.
 
Los cuerpos generales tenían una presencia numérica escasa y no conseguían hacer honor a su nombre (pues más que “generales” eran “excepcionales”, ya que representaban entonces una considerable minoría). Las retribuciones de la función pública eran parcas, pero las exigencias de trabajo no fueron nunca excesivas. La garantía de inamovilidad se constituyó en la ansiada singularidad de unos funcionarios frente al común de los mortales. Así, no es de extrañar que un buen número de personas buscaran acomodo en las nóminas de la Administración. Ser funcionario público siempre marcó una diferencia. Al menos en la España no industrializada todos buscaban una nómina pública, aunque luego esa “vocación” se extendió también por todas partes.

Patología
La función pública, a pesar de los intentos renovadores (pronto olvidados) de la década de los sesenta (clasificación de puestos de trabajo, diploma de directivos públicos, etc.), seguía anclada en viejas estructuras corporativas y gradualmente se fue generalizando el sistema de libre designación para la provisión de puestos de responsabilidad o de confianza en la Administración Pública. La carrera administrativa era prácticamente inexistente, pues al arrumbarse el sistema de categorías no se fue capaz de incorporar un sistema objetivo que permitiera la progresión profesional  de los funcionarios públicos. La laboralización de la función pública comenzaba a echar raíces evidentes, la contratación temporal y los interinos ocupaban amplios ámbitos de la Administración (la función pública “paralela”) y surgió asimismo con fuerza la figura “funcionarial” del personal eventual, que se extenderá a partir de la implantación del régimen constitucional. Una patología que fue gradualmente extendiendo sus tentáculos. 

La función pública que se inaugura con la Constitución de 1978 era, por tanto, fiel heredera de un modelo caduco, anclado culturalmente en la etapa decimonónica y con fuerte impronta corporativa, pero desarrollado en los últimos decenios en unas estructuras autoritarias de ejercicio del poder, en las que el funcionario era un mero ejecutor y transmisor de órdenes jerárquicas, con escasa o nula capacidad de iniciativa o propuesta, así como con una imagen social desvaída y con  muy escaso prestigio. La política desconfiaba de la función pública y la ciudadanía también. No tenía valedores. Sólo los altos cuerpos de la Administración del Estado, que siguieron compartiendo las mieles del poder, mantenían un poder de influencia y un (relativo) prestigio social. El dato “objetivo” de “haber ganado unas (más o menos duras) oposiciones” era el factor de legitimidad fundamental de este colectivo. Y lo sigue siendo. Un país en que lo importante es qué o quién eres, no qué haces ni cómo lo haces. Signo de subdesarrollo.

La reforma de la función pública de 1984 se revistió inicialmente de una impronta “anticorporativa”. Sin embargo, los cuerpos de élite apenas si se vieron afectados. Poco a poco los vientos reformistas fueron perdiendo fuelle. Y la reforma que pretendía cambiarlo todo vio cómo paulatinamente se iba desfigurando. La carrera administrativa sólo produjo inflación en las estructuras altas de la Administración, la libre designación siguió campando a sus anchas y el resto de elementos innovadores de esa propuesta se fueron desinflando con el paso de los años. La Administración Pública mostraba una evidente impotencia para reformar su función pública. Nada nuevo. Leer+

jueves, 29 de agosto de 2013

Curso en Madrid: Innovación y redes sociales en las administraciones públicas:

El curso Innovación y redes sociales en las administraciones públicas: transparencia, participación y colaboración  se celebrará en Madrid entre los días 3 y 5 de Septiembre organizado por la UAM.
 
Las administraciones públicas españolas han sufrido profundas transformaciones durante las últimas dos décadas. Entre las dimensiones de innovación administrativa más recientes se encuentra la incorporación de herramientas de la nueva gestión pública, así como ideas de la gobernanza en red. Por ello, las redes sociales atraen cada vez más la atención de las administraciones públicas como fuente de innovación y mejora interna, así como ámbito de profundización en la relación con la ciudadanía. Todo ello abre las puertas a una transformación de calado en el sector público.
 
Las redes sociales se han incorporado a nuestra vida cotidiana de una manera rápida y progresiva a lo largo de la última década, constituyendo un fenómeno social, político, económico y tecnológico que está modificando la forma en la que nos relacionamos. En el caso español, estas herramientas han alcanzado un nivel de difusión de más del 79% entre los usuarios de Internet, lo que se traduce en una masa crítica de millones de usuarios. En este contexto, los responsables públicos están identificando en las redes sociales una herramienta que les puede ayudar a mejorar su relación con los ciudadanos, y por ello, están apostando de una manera generalizada por su uso.
 
A lo largo de este curso de verano se quiere realizar una aproximación al uso de las redes sociales en los tres niveles de la administración pública española, definiendo su tipología y características, dando a conocer su desarrollo, identificando algunas de las mejores prácticas y escuchando de primera mano la opinión de los gestores públicos. Además, habrá espacio para conocer las principales propuestas, que partiendo desde la sociedad, buscan mejorar la gestión pública.
 
El curso se desarrollará a lo largo de tres jornadas, de mañana y tarde, con un total de 17,5 horas lectivas, y está orientado a empleados públicos, académicos y expertos del sector privado interesados en la innovación del sector público. Además, para todos aquellos estudiantes que asistan al curso y superen una prueba, obtendrán un crédito ECTS
Entidades colaboradoras:    Fundación Democracia y Gobierno Local y Ayuntamiento de Alcobendas
+info: Tel.: +34 91 497 51 00
e-mail: informacion.general@uam.es

miércoles, 28 de agosto de 2013

Sielocal: Datos y gráficos sobre las cuentas públicas de todas las administraciones territoriales españolas

Ofrece de forma gratuita informes sobre diferentes variables de los presupuestos de las 17 comunidades autónomas, los 8.116 ayuntamientos españoles, las 39 diputaciones de régimen general, 11 consejos y cabildos insulares y 3 diputaciones forales
 
SIELOCAL* "nace como la primera plataforma de información económica del sector público que genera informes automatizados, en tiempo real, sobre los principales parámetros presupuestarios y contables de las Administraciones autonómicas y locales de España.
 
Ofrece de forma gratuita informes sobre diferentes variables de los presupuestos de las 17 comunidades autónomas, los 8.116 ayuntamientos españoles, las 39 diputaciones de régimen general, 11 consejos y cabildos insulares y 3 diputaciones forales, agrupados por comunidades autónomas y/o provincias, del año 2008 en adelante.

El portal SIELOCAL va más allá del concepto estándar que tenemos sobre un portal de datos abiertos. El principal objetivo no se limita sólo a mostrar la información de forma tabulada, sino que pretende mostrar la información de una forma más amigable, extrayendo aquella información que pueda resultar útil al usuario.
 
Intentamos que la información pueda llegar de una forma fácil, rápida y sobre todo, entendible al usuario, para que éste pueda asimilar los resultados, evaluarlos y posteriormente mostrar su opinión al respecto, incrementando la participación de la ciudadanía.
 
Gobierno abierto
Está basada en el uso conjunto de aplicaciones de análisis contable y financiero sobre los datos abiertos disponibles en el Ministerio de Hacienda y en el Instituto Nacional de Estadística; para la generación de reportes propios del Periodismo de Datos y/o del Gobierno Abierto. Es decir, presenta unos datos numéricamente tediosos y complejos en formatos gráficos y fácilmente entendibles; lo que facilita no sólo la transparencia informativa, sino también su usabilidad y comprensión.

Las corporaciones locales no tienen accesibles en sus webs estos datos en la inmensa mayoría de los casos. Pero han sido convertidos en "datos abiertos" por el Ministerio de Hacienda, al compartirlos en formatos que facilitan su procesamiento y su puesta a disposición en libre acceso, con la máxima transparencia, a partir de herramientas como las desarrolladas por Sielocal. De esta forma es posible conocer en pocos segundos representaciones gráficas regionales o provinciales sobre temas como: Endeudamiento por habitante; gasto total por Habitante, gastos de personal por habitante; gasto del personal dirigente-político por habitante; presión fiscal por habitante; gastos de los principales servicios públicos; o nivel de endeudamiento, entre otros.
 
La nueva plataforma de herramientas de información y análisis permite un salto cualitativo en el conocimiento de la realidad económica de las entidades públicas españolas adelantándose en el tiempo a las obligaciones informativas que establecerá la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno".

* Sielocal nace en el año 2000 y pertenece a Red Pópuli , dentro del grupo BBVA y se integra dentro de un grupo internacional de empresas de servicios a la administración central, autonómica y principalmente a la local, con productos que abarcan desde la gestión del suelo, del Catastro, de las infraestructuras y todas las áreas de la gestión municipal.

martes, 27 de agosto de 2013

¿Racional y sostenible?: A vueltas con la Reforma Local

"El eje fundamental del régimen local pasa a ser la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las Haciendas locales, aunque no se modifique su sistema de financiación"
 
El blog de esPúblico. Julio Tejedor. El inicio del curso político y parlamentario tras el paréntesis veraniego promete resultar interesante este año. Y más en el mundo local, una vez presentado en las Cortes Generales el Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local en el que se concretan las reformas que en el ámbito de la Administración local, impulsa el Gobierno de España en el marco del Programa de estabilidad 2012-2015 y el Programa Nacional de reformas 2012, ambos adoptados en Consejo de Ministros de 27 de abril de 2012.
Ayuntamiento de Cáceres
El eje fundamental del régimen local pasa a ser la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las Haciendas locales, aunque no se modifique su sistema de financiación. La autonomía municipal se condiciona y subordina a ello, con una profunda transformación de las competencias municipales, y, consecuentemente, los servicios a los ciudadanos pueden verse limitados en función de los mismos.
 
Entre las cuestiones que afronta la reforma planteada se incluyen, sin ánimo exhaustivo, las siguientes:
 
a) Reorganización y reforma de las competencias municipales: Limitación de las competencias propias, nueva regulación de las delegadas y limitación a la iniciativa pública en la actividad económica.
 
b) Garantía de primacía de la prestación de servicios obligatorios y la sostenibilidad de la Hacienda municipal. Sólo si están financiados adecuadamente podrán prestarse otros servicios.
 
c) Supresión de las actividades complementarias mediante derogación del 28 LBRL y condicionamiento, evaluación y supresión generalizada de servicios correspondientes a las llamadas competencias impropias.
 
d) Fomento de la fusión de municipios mediante mejoras en la financiación per cápita, excepciones a la prestación de más servicios mínimos obligatorios como consecuencia de la fusión o preferencia en el acceso a planes de obras y otras subvenciones.
 
e) Cambios en la regulación de los planes económico-financieros previstos en la normativa de estabilidad presupuestaria en relación con los municipios, atribuyendo un relevante papel en relación con los mismos a las diputaciones provinciales.
 
f) En Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, provincialización de determinados servicios, gestión indirecta de dichos servicios obligatorios en los de población superior y, en todos los municipios, supresión de los correspondientes a competencias impropias o actividades económicas municipales.
 
g) Reconversión profunda del sector público local, impidiendo en ciertos casos crear nuevas entidades y obligando en otros a disolver las existentes.
 
h) Cambios en las formas de gestión de los servicios públicos, en la regulación de la iniciativa económica local y en la intervención sobre actividades económicas privadas.
 
i) Cambios en el régimen del personal al servicio de las entidades locales.
 
j) Mayor exigencia y autonomía en la función de fiscalización.
 
Fácilmente se comprende el impacto que tales cambios pueden llegar a producir en el gobierno local, especialmente en comunidades con un elevado número de municipios de baja población, en los cuales los procesos de fusión (inicialmente voluntarios pero potencialmente inducibles a través de los planes económico-financieros) y de concentración provincial, o comarcal, de competencias podrían generalizarse. Otra cosa es si ese impacto se ha analizado serenamente y, en particular, si resulta razonable desde la perspectiva del principio democrático segregar representantes y servicios municipales, atribuyendo su gestión a corporaciones de elección indirecta. Algo ha apuntado en esta línea el Consejo de Estado, además de varios autores.
 
Atribución de competencias
Del texto aprobado, tras idas y venidas, cambios y contracambios, vacilaciones siempre que hacen dudar sobre la existencia de un concreto modelo regulatorio del régimen local, son muchas las cuestiones merecedoras de atención y, entre ellas, sin duda, la de la constitucionalidad misma de la regulación propuesta y su compatibilidad con la Carta Europea de la Autonomía Local. En relación ella, resulta esencial la modificación del sistema de atribución de competencias a los municipios, que pasa ser un sistema de atribución tasada de competencias, que podrán ser propias o delegadas, en este último caso con garantía de financiación específica.

Sólo podrán los municipios ejercer otras competencias, o actividades económicas, cuando cumplan las rigurosas condiciones establecidas en el Proyecto de Ley y cuenten, en la mayoría de supuestos, con informe favorable de otras administraciones, ya sea en relación con la inexistencia de duplicidades, ya con la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de la Hacienda local. La ruptura con el sistema actual es, desde esta perspectiva, clarísima, impidiéndose incluso que normas sectoriales puedan incrementar el listado de competencias propias de los municipios. Leer+

lunes, 26 de agosto de 2013

Las CC.AA se resisten a recortar su entramado institucional

"Las autonomías tan sólo han eliminado de forma efectiva 68 entes en los últimos seis años, es decir, apenas un 3% de su amplia administración paralela"
 
Libremercado. 25.8.2013. Las comunidades autónomas -excluyendo País Vasco, que no aporta datos- mantenían un total de 2.114 entes a enero de 2013 frente a los 2.182 existentes a principios de 2007, poco antes de que estallara la crisis financiera internacional, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
 
 Así pues, a pesar de las enormes dificultades presupuestarias y el supuesto ejercicio de austeridad que ha aplicado el sector público para reducir el déficit, las autonomías tan sólo han eliminado de forma efectiva 68 entes en los últimos seis años, es decir, apenas un 3% de su amplia administración paralela, compuesta por empresas públicas, consorcios, fundaciones, agencias, universidades y todo tipo de organismos dependientes de las CCAA.
 
 
Las sociedades mercantiles (576), los consorcios (569) y las fundaciones (516) constituyen casi el 80% de los entes autonómicos aún vigentes.
 
Cataluña acumula el mayor número de entidades, con 435 (20,6% del total), seguida de Andalucía (350) y la Comunidad de Madrid (171), aunque ésta última mantiene una administración paralela casi un 60% inferior a la catalana.
 
 

viernes, 23 de agosto de 2013

Madrid. IV GIGAPP. Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas

Tendrá lugar en Madrid, en la sede del INAP,  los días 23 y 24 de Septiembre de 2013

El Congreso Internacional GIGAPP IUIOG, que se celebra anualmente desde 2010, ha logrado constituirse en el principal encuentro de la comunidad ligada al Programa de Doctorado en Gobierno y Administración Pública (GAP) del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Fundación Ortega–Marañón.

 Se trata de un espacio único para presentar y debatir nuevas ideas y enfoques, experiencias e investigaciones de calidad y cultivar vínculos de colaboración y generación de redes de trabajo sobre los ejes temáticos en los que se enmarca.

Esta abierto a la activa participación (como ponentes o asistentes libres) de investigadores y docentes universitarios y de instituciones especializadas, estudiantes de posgrado y doctorandos, consultores, responsables de gobierno y políticas públicas, directivos y funcionarios públicos, representantes de organismos dela sociedad civil, entre otros.
Progresivamente, este evento ha logrado un grado de aceptación importante, atrayendo la atención e interés de estudiantes, investigadores, docentes y profesionales de la ciencia política y la administración pública en España y América Latina.
A través del Congreso Internacional, el GIGAPP-IUIOG ha logrado construir una red latinoamericana de más de 200 investigadores y profesionales, con una lista de distribución de noticias de más de 1200 usuarios y una web www.gigapp.org con 26.687 visitantes exclusivos y 161.812 páginas vistas en dos años (datos a finales de 2012). Es importante destacar que más de la mitad de usuarios y miembros de la comunidad son de países de América Latina.

jueves, 22 de agosto de 2013

Blog Politikon: El fin del bipartidismo (versión autonómica)

"Mirando a las Comunidades Autónomas con tradición de gobiernos de coalición tampoco parece que les haya ido tan mal. O como poco, no peor que allí donde la regla es la absoluta"
 
 
 Veremos si al final hay la fragmentación que señalan los sondeos o si es un espejismo momentáneo causado por el voto en blanco, indecisión o la abstención. La tendencia en todo caso está clara. Sin embargo creo que el caso estatal es mucho menos interesante para lo que quiero hablar hoy; gobiernos y multipartidismo. Sería pura especulación. Lo que os invito es a que miremos al nivel autonómico, que controla más de la mitad del gasto público y cosas tan “irrelevantes” como sanidad y educación, donde sí tenemos experiencia en la materia.
 
Desde que se hacen análisis electorales en España se ha hablado con frecuencia de “las Españas electorales” para referirse a la gran variedad de sub-sistemas de partidos existentes. Junto al eje izquierda derecha en muchas comunidades el centro-periferia se solapa, generando más oferta política. Esto, junto con unos umbrales electorales menores que en las Elecciones Generales ha permitido la formación de un variado multipartidismo en ellas. No estoy descubriendo nada nuevo, el multipartidismo ya existe en muchas autonomías. Esto es interesante, porque nos permite ver in situ algunas de las cuestiones sobre las que hablaba Roger el otro día. Repaso rápido a vista de pájaro el número efectivo de partidos parlamentarios en su última elección (entre paréntesis la suma de porcentaje de los dos primeros partidos):
 
enep
 
Como se ve rápidamente, hay una clara división norte-sur respecto a la fragmentación del sistema de partidos. Por número efectivo, Cataluña, Asturias, País Vasco, Canarias y Navarra son con diferencia los que más partidos tienen. Si nos quedamos con aquellas en las que los dos partidos más votados tienen menos del 75% de los votos, esto es así en unas nueve de las diecisiete comunidades, lo que hace pensar que esto del bipartidismo autonómico va por barrios. La expectativa a futuro es que veamos, justo en las menos fragmentadas, un mayor multipartidismo. Tanto si IU crece como si UPyD logra colarse en más asambleas regionales veremos una mayor atomización del sistema de partidos, aunque seguramente seguirá lejos de aquellas comunidades en las que el eje centro-periferia está activo.
 
El incremento del número de partidos hace que sea menos probable que se produzcan gobiernos de mayoría absoluta. Y si no la hay, como dice Roger, no se sabe quién gobernará al día siguiente. Sin embargo, creo que merece la pena poner introducir algunos matices.
 
El primero es que lo primero que no tenemos claro es cuál será la morfología del gobierno. Cuando no existe un gobierno con mayoría absoluta en la cámara se pueden dar diferentes configuraciones. Puede existir un gobierno monocolor en minoría con apoyos externos (como hoy en Euskadi con PNV, Asturias con PSOE, Extremadura con PP o Cataluña con CiU), una coalición mayoritaria – si sumando llegan a la absoluta, (como en Andalucía PSOE+IU o en Aragón PP+PAR) o una coalición minoritaria, en la que se integran dos partidos pero no alcanzan la mitad más uno de escaños (caso del último año del Maragall, con PSC e CV pero ERC fuera del gobierno). A continuación presento los datos de la morfología de los gobiernos autonómicos en las comunidades autónomas desde 1981, además dividido si el partido principal es estatal o no – nota: cambia gobierno si cambia presidente o partidos integrantes de gabinete, con absoluto entre paréntesis.
 
tabla gobiernos coalicion
Coaliciones
Como se ve, casi el 60% de los gabinetes autonómicos han sido coaliciones mayoritarias, minoritarias o gobiernos en minoría. Si uno repasa la literatura clásica del tema, las coaliciones minoritarias no suelen resistir demasiado – o integran a más partidos y son mayoritarias o caen -. Los otros dos suelen resistir más tiempo, pero siempre menos que un gobierno monocolor con la mayoría de los escaños. Por supuesto, optar por uno u otro viene explicado por diferentes componentes. Hay una extensísima literatura sobre el tema pero solo por ejemplo muy de moda últimamente, que el partido principal tenga muchos escaños y esté “centrado“ ideológicamente hace más factible un gobierno en minoría (no necesita atraer con carteras a otros partidos). Por otro lado, parece que las crisis económicas también hace más viable esta opción dado que nadie quiere ensuciarse directamente las manos tomando decisiones impopulares.
 
Pero vamos, que el arreglo de un gobierno de coalición es solamente uno más de los posibles. Sin embargo, la segunda cuestión, es que tampoco no es algo tan incierto quien gobernará en un entorno multipartito. Primero, porque (casi siempre) la ideología supone anclajes que hacen determinadas combinaciones imposibles. Segundo, porque insistimos, la negociación se hace sobre bases programáticas, y no todos son compatibles – y la intensidad de las preferencias varía. Tercero, porque los partidos anticipan el comportamiento en las urnas de dar el gobierno a unos u otros partidos (y a veces no bien, que se lo digan a Puigcercos). Cuarto, porque también pesan los acuerdos que ya se han explorado o tienen lugar en otros niveles (ya sea el municipal, ya sea el Congreso). Y por último, porque en una negociación median componentes tan sutiles pero tan evidentes como la propia relación personal entre los líderes, cuadros y militantes de los partidos.
 
Creo que todos estos componentes reducen la aritmética de coaliciones posibles. Es cierto, no acaba con la incertidumbre total de un Westminster pero tampoco es que no sepamos  (del todo) lo que saldrá. Además, creo que hay un componente importante a considerar. Aunque la negociación en los partidos grandes suele ser a nivel de elites, los que son más pequeños (y que suelen ser los decisivos) suelen tener procedimientos internos más abiertos. Es obvio que las bases y los electores no coinciden, al menos pueden dar un viso de legitimidad a su decisión si consultan a las primeras. Es una cura en salud para evitar el castigo posterior si se da un paso en falso.  Sin considerar el rol de las bases difícilmente se puede entender Extremadura o Cataluña hoy. Por eso, aunque no se ha tratado, creo que las estructuras internas de los partidos también ayudan como un anclaje adicional a las coaliciones posibles.
 
Socio minoritario
Por último, también se plantea es si el tener como actor con capacidad de veto a ese “socio minoritario con 7% de bases muy chifladas” impedirá hacer reformas propuestas por el partido grande. Bien, el tema es que cuando se hace un gobierno de coalición no se dejan las cosas al azar. Lo normal suele ser llegar a un acuerdo programático, redactado, en firme, con establecimiento de prioridades políticas. Es la esencia misma de la transacción; no consigo todo lo que quiero ni tu tampoco. Además, muchas veces estos acuerdos tienen una parte explícita y pública, pero también una parte secreta. Incluso a veces tienen protocolos para la gestión de desacuerdos o descoordinación. Todo ello para intentar asegurar la viabilidad del gobierno el máximo tiempo posible y obtener políticas que satisfagan a los partidos que lo integran.
 
Es verdad, no tener un gobierno de absoluta no permite gobernar a salto de mata (te puede sobrar voluntad, pero te faltan escaños), hace central el acuerdo programático (incumplir un programa, repito, no sale gratis) y que hace las ruedas de prensa en el parlamento sean, al menos, tan interesantes como las del palacio de gobierno. Los escenarios de coalición son la norma en los países europeos, los raros somos nosotros (a nivel nacional). Y si han de llegar (más) no hay por qué tener miedo. Total, .
 
Nota: Si queréis revisar los acuerdos programáticos de los gobiernos de coalición en las Comunidades Autónomas, aquí los tenéis recopilados.

miércoles, 21 de agosto de 2013

Ecos de la reforma local: Reflexiones sobre las duplicidades

"La inmensa mayoría de los servicios son prestados por casi la totalidad de Ayuntamientos, repitiéndose entre los limítrofes o muy cercanos de forma que el gasto es grande y la eficacia reducida al haber una gran fragmentación en los usuarios"
 
Por      Alejandro de Diego Gómez*. La Tercera Información. | 20-08-2013. El proyecto de reforma de la Administración Local tiene su justificación, según el Gobierno, en el principio de: “una Administración una competencia”, pero para su determinación copia la división por tramos de población de la Ley de 1950 y para el establecimiento del catálogo el de 1985, aunque con notables y preocupantes ausencias, como si en todos estos años los Ayuntamientos no hubieran evolucionado ni fueran los responsables del actual estado del bienestar de sus vecinos.
Ayto de Majadahonda, en la zona metropolitana
de la Comunidad de Madrid.
Y las competencias que quedan fuera de ese catálogo pasan a un limbo, porque aunque se supone que serán asumidas por las Comunidades Autónomas todos sabemos que su nivel de endeudamiento y déficit lo hará de imposible cumplimiento.
 
Y en base a ese principio se está repitiendo una máxima que no es cierta: “la supresión de la duplicidad de competencias”, cuando este proyecto de Ley no le pone remedio a esta situación, entre otras cosas porque tampoco existen en el ámbito que está diciendo. Siguiendo con el criterio del texto que mezcla los conceptos de competencias y servicios, decir que excepto en los grandes municipios y para casos concretos, en todos los demás aquello que no sea prestado por el Ayuntamiento no lo es por ninguna otra Administración Pública.
 
¿Entonces dónde está esa duplicidad?, pues en un ámbito distinto al que se refiere el Gobierno: la inmensa mayoría de los servicios son prestados por casi la totalidad de Ayuntamientos, repitiéndose entre los limítrofes o muy cercanos de forma que el gasto es grande y la eficacia reducida al haber una gran fragmentación en los usuarios. Y esto no se corrige con la reforma proyectada, mientras que parecería de sentido común que si hay varios Ayuntamientos cercanos se concentraran esos servicios de forma que también se hiciera con sus destinatarios, suponiendo un ahorro que podría destinarse a la implantación de otros nuevos o a mejorar los existentes, así como una mayor optimización de los recursos públicos al destinar menos dinero por usuario para conseguir, incluso, una mejor prestación.
 
Mapas de servicios
Yo hace tiempo que estoy proponiendo la elaboración de dos mapas: Uno de servicios, en el que consten los que prestan todos y cada uno de los Ayuntamientos (quizás habría que haber empezado por aquí para saber verdaderamente de qué se está hablando) y otro de planta, en el que se delimiten unos ámbitos territoriales que incluyan a todos aquellos Ayuntamientos que se encuentran en unas isócronas de tiempo de entre 15 ó 20 minutos con respecto al de referencia que se determine, que normalmente va a ser la cabecera de comarca y en caso de lejanía el que haya desarrollado mayor nivel de servicios.
 
Elaborados ambos mapas debemos superponerlos de forma que comprobaremos cuántos servicios se están duplicando innecesaria e injustificadamente dentro de un mismo ámbito territorial y con ello establecer los mecanismos adecuados de corrección de estas situaciones, pero siempre manteniendo el espíritu municipal y no, como se pretende, de alejamiento hasta los despachos de las Diputaciones Provinciales o al irrealizable mundo de las Comunidades Autónomas.
 
Fusiones no traumáticas
Con ello conseguiríamos, por una parte, mantener e incluso ampliar el estado de bienestar, al contrario de lo que va a resultar de la aplicación práctica de la reforma, cumpliendo escrupulosamente con la ley de estabilidad presupuestaria, y por otro poner unas bases sólidas para iniciar un proceso de fusión de Ayuntamientos que podría acometerse en un plazo razonable de forma natural y no traumática, homologándonos a nuestros socios europeos, y no como con el sistema de incentivos previsto que no va a ir más allá de situaciones anecdóticas, habiendo fracasado en otros países, como Francia, donde ya se intentó sin ningún éxito.
 
* Alejandro de Diego Gómez es Secretario de Administración Local.

martes, 20 de agosto de 2013

La Comunidad de Madrid culmina la privatización de la gestión de seis de sus hospitales

El grupo portorriqueño HIMA San Pablo se hará cargo de  la gestión  de los hospitales de San Sebastián de los Reyes, Parla y  Aranjuez.
 
Revista de Prensa. Europa Press. 19.8.2013.-La Consejería de Sanidad ha procedido este lunes a formalizar la adjudicación definitivamente a HIMA San Pablo para acometer la gestión indirecta de los hospitales Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo (Aranjuez).

Personal del Hospital de San Sebastián
de los Reyes en una de sus muestras de
rechazo al proceso privatizador
Así lo han indicado en declaraciones a Europa Press la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores, para detallar que se ha oficializado este acto administrativo con el grupo puertorriqueño para asumir la gestión de estos centros, tras comprobar que la documentación aportada el viernes cumplía todos los requisitos.
 
La empresa aportó un depósito de 12,2 millones de euros para hacerse con la gestión de estos centros, demostrar que está al día en el pago con la Hacienda Pública y la Seguridad Social y manifestó sus planes para constituir una sociedad concesionaria para proceder a la gestión del proceso.
 
 Por otro lado, se procedió anteriormente a la adjudicación definitiva de los hospitales de Vallecas, Arganda y Coslada a las empresas Ribera Salud y BUPA Sanitas. En este caso, Ribera Salud aportó un depósito de 11,7 millones de euros mientras que Sanitas entregó una garantía de 4 millones.
 
 Con ello, se culminan los actos administrativos para la adjudicación de la gestión externalizada de estos centros, que serán gestionados ahora por las empresas (concesionarias ya) a partir del mes de septiembre.
 
 La concesión se establece por un periodo de diez años y, con ello, se fija una reducción del 20 por ciento en los costes que presentan actualmente estos centros. Además, los pliegos de condiciones garantiza los puestos de trabajo de la plantilla sanitaria.
 
  Concretamente, el ahorro alcanza los 141 millones de euros en concepto de la cápita a abonar por la asistencia de su población de referencia, junto al abono de un canon por el uso de las instalaciones de 28 millones de euros.
 
Entre 448 y 549 euros per cápita
  La cápita oscilará entre los 448 y los 549 euros en función de una serie de parámetros, vinculados fundamentalmente al tamaño de cada uno de los cinco grupos en que se licitarán los seis hospitales.
 
  Así, la cápita del Hospital del Sureste será de 450 euros (frente a los 591,89 euros iniciales); la del Infanta Sofía, 448 (frente a los 607,75); el grupo hospital del Tajo con el Infanta Cristina (Parla), 493; la del Infanta Leonor de Vallecas, 549 (antes eran 648,41), y, finalmente, el Hospital del Henares en Coslada, 481 (frente a los 641,04 presupuestados incialmente). La cápita media es, por tanto, de 484 euros.
 
  La cápita engloba todas las prestaciones de la atención especializada del Sistema Nacional de Salud, con la excepción de los trasplantes y algunos servicios accesorios. Como la población de Madrid puede ejercer la libre elección, cuando un paciente del ámbito de influencia del hospital concesionado sea tratado en otro hospital de la red pública, la sociedad concesionaria abonará a la Comunidad de Madrid el 100% del coste del proceso. Si ocurre lo contrario, la adjudicataria recibirá el 90 por ciento del coste, recogido en la orden de precios públicos.
 
 El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, manifestó en una entrevista a Europa Press que los hospitales funcionarán con gestión indirecta a partir de septiembre tendrán más actividad asistencial con las mejoras que introducirán las concesionarias y se ha mostrado "seguro" de que "se van a reducir los tiempos de espera" para sus poblaciones de referencia.
 
  En este sentido, el consejero espera de las empresas concesionarias que "cumplan perfectamente" las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones y está convencido de que harán "un muy buen trabajo", pues existe "una garantía absoluta de la calidad asistencial" en la asistencia que recibirán los madrileños y además introducirán mejoras en ese campo.
 
 Además, afirmó "que toda es farsa de mentiras y bulos" que han vertido la oposición y sindicatos contra la externalización "va a quedar al descubierto" cuando, pasado el mes de septiembre, los ciudadanos comprueben que sus centros hospitalarios siguen igual que siempre e incluso mejoran con la gestión indirecta.
 
Control y auditorías
 Además, la Comunidad ha indicado en diversas ocasiones someterá a las concesionarias a un control exhaustivo para garantizar la mayor calidad asistencial en estos hospitales. Para ello, los pliegos de condiciones recogen medidas como la creación de una Comisión Mixta de seguimiento entre la Consejería y la gestora; la puesta en marcha de la figura de Director General de Seguimiento y Control de los centros sanitarios de gestión indirecta, que tendrá a su cargo a representantes de la administración que estarán en cada uno de los hospitales de gestión indirecta, y la obligación de que estos centros hospitalarios presenten planes de calidad anualmente.
 
   Del mismo modo, se realizarán auditorías para comprobar que se están cumpliendo los indicadores marcados de calidad asistencial y de seguridad del paciente fijados por la Administración. La Consejería de Sanidad también establecerá indicadores específicos que podrán ser revisados y modificados por la Administración cada dos años y para verificar que todo transcurre con normalidad, la Administración realizará con carácter anual auditorías de calidad y actividad. Leer+

lunes, 19 de agosto de 2013

Según estimaciones del PSOE, con la puesta en marcha de la reforma local desaparecerán 250.000 empleos

Supondría la mitad de los 550.000 empleados públicos que ahora tienen en plantilla ayuntamientos, cabildos  y diputaciones provinciales
 
Revista de Prensa. El Confidencial. 19.8.2013. En la Administración Pública española hay órganos, organillos y organilleros, según reconocen todas las fuerzas políticas, aunque no siempre apuntan en la misma dirección. Pero la cura de adelgazamiento debe aplicarse con extremo cuidado si no se quiere que el remedio sea peor que la enfermedad.
 
Ayuntamiento de Guadalajara
El proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que el Consejo de Ministros aprobó el 26 de julio permitirá, según el Gobierno, un ahorro estimado en más de 8.000 millones de euros entre 2013 y 2015. Pero, según el PSOE, también acarreará la desaparición de 250.000 puestos de trabajo, prácticamente la mitad de los aproximadamente 550.000 que hay en las entidades locales, contabilizando ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares.
 
Si se cumple este cálculo, que coincide sustancialmente con el de los sindicatos de la función pública, penalizará a los empleados laborales, que representan el 60% del total, y tendrá un impacto especialmente negativo en los 80.000 que trabajan en los servicios sociales, tales como ayuda a domicilio y centros de día para personas con dependencia.
 
El calendario del Gobierno implica que, para cumplir con los compromisos asumidos con Bruselas, la reforma debe entrar en vigor el 1 de enero de 2014 y, por lo tanto, debe culminar su tramitación parlamentaria antes de fin de año para, además, poder recoger sus aspectos económicos en los presupuestos del Estado para al año próximo.
 
El PSOE ya ha anunciado su propósito de presentar una enmienda de totalidad, aunque, según denuncia, todavía no conoce con exactitud el texto finalmente aprobado por el Consejo de Ministros, ya que ni ha sido todavía calificado por la Mesa del Congreso, paso previo para que puedan acceder al mismo los grupos parlamentarios, ni está colgado en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en su redacción actualizada. Pero los socialistas se proponen llevar su oposición más allá, incluso hasta el Tribunal Constitucional.
 
Un recurso inédito
El secretario de Política Municipal de PSOE, Gaspar Zarrías, ya ha entablado conversaciones exploratorias con CiU y PNV con vistas a estudiar la posibilidad de presentar ante el TC un conflicto de competencias por invasión de la autonomía municipal. Los dos partidos nacionalistas, que gobiernan en Cataluña y País Vasco respectivamente, ya manifestaron su rechazo a la reforma cuando, en febrero de 2013, se conoció el informe previo sobre el anteproyecto de ley, y su concurso es indispensable para poder acudir al arbitrio del alto tribunal.
 
Los socialistas gobiernan el número suficiente de municipios para poder cumplir por sí solos uno de los requisitos exigidos (la firma de la séptima parte de los ayuntamientos, 1.160 sobre un total de 8.116); pero necesitan del concurso de CiU y PNV para cumplir el otro requisito: la firma de ayuntamientos que representen la sexta parte del conjunto de la población (7,8 millones de habitantes, sobre un total de 46,7 millones, según el censo cerrado a 1 de enero de este año). De llevarse adelante, sería un recurso inédito, porque hasta ahora sólo se ha apelado a esta vía en media docena de ocasiones y para casos muy concretos.
 
Para el PSOE, el proyecto no cumple con su principal objetivo oficial: el ahorro. A su juicio, se trata tan sólo de “un señuelo” para facilitar la privatización de los servicios públicos locales en dos tiempos: primero, con la previsión de reserva pública de los servicios de abastecimiento y depuración de aguas, recogida y tratamiento de residuos, y transporte público de viajeros; y, después, una vez asegurado ese régimen de monopolio, garantizando a las empresas concesionarias que realizarán así la prestación sin competencia posible, un incremento de las tasas con el argumento de cubrir “el coste real” de los servicios.
 
Entre los argumentos esgrimidos por el PSOE contra la reforma propuesta por el Gobierno, destaca que, en contradicción con la proclama de que está guiada por el principio “Una administración, una competencia”, el proyecto de ley viene a consagrar la existencia de hasta cuatro entidades supramunicipales: diputaciones, mancomunidades y consorcios, además de incorporar el procedimiento para crear comarcas -una exigencia del PAR, socio regionalista del PP en el gobierno de Aragón-. Y, sin embargo, evita derogar la ley de Grandes Ciudades que permitió la creación de distritos, tribunales de reclamaciones y defensores del ciudadano.
 
Los alcaldes, “figuras decorativas”
Además, la previsión de que en los municipios de menos de 20.000 habitantes -el 95% del total- las diputaciones asuman la prestación de servicios que hasta ahora eran competencia de los ayuntamientos tiene especial gravedad, a juicio del PSOE. “Si el servicio lo presta un órgano que no es votado por los ciudadanos, como son las diputaciones, los ciudadanos no podrán exigir cuentas, como pueden hacer ahora con sus alcaldes”, subraya Zarrías. En su opinión, la reforma aboca a que los alcaldes se conviertan en “figuras decorativas”.
 
Del conjunto de cambios que diseña la reforma del Gobierno, los más perjudicados serían los habitantes de los núcleos rurales, precisamente donde la remuneración de los cargos públicos es menor o inexistente. Los socialistas también consideran trucado el debate sobre los sueldos de los cargos locales ya que el 85% de los concejales no tiene sueldo.

domingo, 18 de agosto de 2013

El Personal eventual es el receptor de las mayores críticas, pero puede ser parte de la solución.

En estos últimos tiempos estamos siendo testigos de una serie de leyes, decretos y normas que ya han venido y otras que están por venir que establecen límites máximos en cuanto a número y retribuciones del personal eventual, numerosos reportajes de prensa y videos de entrevistas que presentan un sin número de casos de falta de adecuación a los puestos. 

Esta entrada viene al hilo de la última intervención del presidente de la FEMP y de algún comentario. Sin embargo, creo que se está haciendo un juicio mediático y precipitado de esta clase de personal, sobre todo de los ayuntamientos, pero recordemos que los tenemos en todas las administraciones.
 
Este personal ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro país, formando el núcleo de los primeros equipos de los políticos de la transición y al cual han pertenecido personas con una trayectoria profesional impecable, y pero que en este momento está en entredicho debido a múltiples razones. Teniendo en cuenta que existen muchas clases de puestos que tienen esta denominación jurídica (desde secretarios hasta viceconsejeros de comunidades autónomas), yo me voy a centrar en el personal eventual que realiza Funciones Directivas, y que debería formar parte de la Dirección Pública Profesional, pero que hoy no podemos decir que forme parte de ella.
 
Desde hace unos años esta siendo cada vez más complicado desarrollar políticas, debido a la multiplicidad de actores públicos y privados, ni si siquiera las políticas de reducción del gasto tan de moda son sencillas de realizar sin conocer la estructura presupuestaria o las caracterísitcas de los servicios. Las políticas ya no pueden llevarse a cabo sin el apoyo de profesionales de las políticas (que no de la política)
 
Creo que existe un consenso de que es necesario reforzar el liderazgo tanto político como directivo, y por lo tanto, disponer en nuestras administraciones de las personas adecuadas para los momentos difíciles que vivimos.
¿Tenemos todos los elementos para que el personal eventual forme parte de la Dirección Pública Profesional? Parece que sí, veamos:
 
El personal eventual que realice funciones directivas:
  1. Deberá tener unos requisitos previos de titulación universitaria,
  2. Deberá disponer de las competencias directivas necesarias para el desarrollo de su labor con eficacia desde el primer día. 
  3. Deberá tener un conocimiento y una experiencia en el sector donde va a desarrollar su actividad, incluso procedente del sector privado o del tercer sector. La disponibilidad de estas habilidades debería estar reconocida por un tercero independiente que garantizara a la entidad su capacidad "porque ha hecho" o "porque sabe".
  4. Su selección deberá ser transparente, con publicidad, que la ciudadanía o la oposición no pueda cuestionar la valía de los candidatos. En última instancia, de entre los que cumplen los requisitos, el político elegirá a los miembros de su equipo.
  5. Su contrato o nombramiento debe recoger los objetivos y los fines concretos para los que se necesita ese puesto y darle publicidad. 
  6. Deberá ser evaluado al menos anualmente y vincular su permanencia a esta evaluación y no cesar por pérdida de "confianza".
  7. Su retribución deberá estar acorde con los criterios del mercado, puesto que de otra forma no aseguramos que contamos con los mejores.
  8. Deberá tener una parte de su retribución variable (al menos un 20%) en función de su evaluación del desempeño.
Como puede verse todos estos aspectos están dentro de nuestras posibilidades y contribuirían a dar mayor confianza a la ciudadanía en nuestras instituciones y los que están al frente de ellas.

viernes, 16 de agosto de 2013

El Presidente de a FEMP pide limitar el número de cargos de confianza en los gobiernos de las Comunidades Autónomas

Íñigo de la Serna: "No tiene ningún sentido que estemos poniéndonos un techo al número de cargos de confianza y haya otras administraciones  que no tengan ningún límite"
Revista de prensa. Europa Press. 14.8.2013- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha dicho este miércoles que las comunidades autónomas deberían "no sólo tomar nota" de la actuación las entidades locales, sino que debería "iniciar un proceso similar" al proyecto de ley sobre la reforma local, aprobado el pasado mes por el Consejo de Ministros, "lo antes posible".
Íñigo de la Serna. Pte de la FEMP y alcalde Santander
En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, el también alcalde de Santander, ha afirmado que los ayuntamientos están haciendo "un ejercicio de responsabilidad" y "de compromiso con el país" ya que están cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria "de manera holgada". 
 Además, ha manifestado que las entidades están yendo "más allá",  porque han decidido establecer una serie de criterios homogéneos para las retribuciones salariales, una disminución de los cargos de confianza y de las dedicaciones exclusivas.
 No tiene ningún sentido que ahora mismo estemos poniéndonos un techo al número de cargos de confianza y haya otras administraciones  que no tengan ningún límite", ha matizado al respecto, y ha  lamentado que los que "mejor y más" cumplen los objetivos sean los que "más exigencias" ponen en el compromiso con el país.
Fusiones
 Por otra parte, De la Serna ha explicado que el debate sobre la disminución de las entidades locales y municipales ha surgido también en Italia, pero ha insistido en que no le "consta" que se "haya hecho absolutamente nada" ni que se hayan fusionado ayuntamientos allí. Sin embargo, ha recalcado que dos ayuntamientos de Galicia ya están acometiendo el proceso de fusión, aunque no ha recordado el nombre de dichos municipios.
 En este contexto, ha señalado que desde la FEMP no estaban de acuerdo con la "eliminación o fusión obligatoria" de los ayuntamientos, pero sí de su fusión "voluntaria", y ha defendido que hay "una serie de ventajas" recogidas en el proyecto de la reforma local con las que el Gobierno "incentiva" y "estimula" que se fusionen.
 Los incentivos, ha especificado, "son económicos, y van desde la mejora de la participación de los ingresos del Estado a una mayor flexibilidad a la hora de cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria".
 Según él, con la "voluntariedad" de las fusiones se defiende la Autonomía Local, y de esta forma, los ayuntamientos tienen la capacidad de "tomar decisiones", de "prestar servicios", "e incluso de poder unirse entre ellos". Así, sostiene que el ahorro se consigue "con la mejora de la eficiencia" de los servicios que se prestan, y no con "la supresión de municipios"  
 En esta línea, el alcalde ha reiterado que la eficiencia y el ahorro se consigue, entre otras cosas, con la "clarificación de competencias" que recoge la reforma local, ya que va a "evitar duplicidades", y que se haga "lo mismo" desde distintas administraciones.
 Sobre el coste estándar, ha aclarado que la clarificación competecial "ya era suficiente" para "avanzar en los objetivos económicos y en los de Autonomía Local", y que es "una referencia" para el coste de los servicios de cada entidad local. "No hay pérdida de competencias ni se traspasan competencias a las diputaciones", ha destacado argumentando que sería así sólo con "un acuerdo voluntario de la entidad local".
  De esta manera, lo que el presidente ha destacado es "la voluntariedad" que introduce el proyecto final de la reforma, tanto en "el asunto de coste estándar como en los demás".
 Preguntado por la polémica suscitada entorno a la implantación de este coste, ha recalcado que entiende que haya "posturas partidistas" si bien ha dicho que este asunto "ya ha desaparecido", y respecto a otras cuestiones que planteaba el PSOE, ha subrayado que "han quedado resueltas" en el documento aprobado.
 Por ello, ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos para "seguir trabajando conjuntamente", "buscar puntos de encuentro" y "un esfuerzo de consenso" para hacer un planteamiento "único" ante la Administración Central.
Mejoras en las Cortes 
"El documento todavía puede mejorarse, y debemos mejorarlo entre todos, plantear esas enmiendas a los grupos políticos, y en el trámite parlamentario seguir avanzando para conseguir el mejor documento posible", ha puntualizado.
Por último, De la Serna ha agradecido al Gobierno Central su postura de "diálogo permanente con la FEMP, y de flexibilidad con los ayuntamientos" si bien ha señalado que aún "queda todo el camino por hacer" hasta que se apruebe la ley a finales de 2013. También ha insistido en que la aplicación práctica de esta ley va a ser "dificilísima". "La ley nos va a dar las herramientas, pero luego tenemos que hacer bien los deberes y vamos a tener que poner en marcha muchas iniciativas en ayuntamientos y diputaciones", ha concluido.

miércoles, 14 de agosto de 2013

La Intervención General del Estado comparte conocimiento y tecnología con otras administraciones públicas

La Intervención General de la Administración del Estado, a través del Centro de Transferencia Tecnológica, CTT,  pone a disposición del resto de administraciones un conjunto de soluciones horizontales.
 
Las soluciones disponible en el CTT son las siguientes:
 
BÁSICAL : Sistema de información contable para las Entidades locales a las que resulta de aplicación el modelo básico previsto en la nueva Instrucción de Contabilidad para la Administración local.
 
CANOA : Sistema de Contabilidad Analítica Normalizada para Organizaciones Administrativas (Centros Gestores y Organismos de la Administración General del Estado). También ofrecido a las universidades públicas.
 
INFOCA : Sistema de Información de Consulta de informes y dictámenes relacionados con el control de la actividad económico-financiera del sector público emitidos, fundamentalmente, por las CC.AA.
 
ConinfIGAE : Sistema de Información de Consulta de informes y dictámenes relacionados con el control de la actividad económico-financiera del sector público emitidos, fundamentalmente, por la IGAE
 
CuadRecopDGCPyPP : Recopilación de documentos elaborados por la Subdirección General de Ordenación Normativa, Recursos e Información de Clases Pasivas de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, de interés fundamentalmente en materia de función pública y del régimen de clases pasivas.
 
DocelWeb : Portafirmas electrónico corporativo en red.
 
DOCUnet : Sistema para captura y generación de documentos contables y otra documentación normalizada de los expedientes de gasto.
 
Gestión de ficheros: Sistema de Información para la Gestión (envío y recepción) de Ficheros
 
INVESPE : Inventario de Entes del sector público estatal
 
plantillaspge : Plantillas proporciona al usuario centro gestor la posibilidad de cumplimentar de forma mecanizada las fichas de elaboración presupuestaria a remitir a la Oficina Presupuestaria correspondiente.
 
Registr@ : Registro Electrónico de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
 
SGIFE : Sistema común de funcionalidades de firma electrónica y de almacenamiento de la información documental.
 
SOROLLA2 : Sistema de apoyo a la gestión económico-presupuestaria de las entidades públicas administrativas