viernes, 31 de enero de 2014

El Código de Conducta de los Directivos Públicos Profesionales

Los Directivos Públicos Profesionales Certificados tienen que asumir y cumplir un exigente código de conducta
 
RM. La recientemente aprobada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ha sido objeto ya de numerosos comentarios por parte de juristas y expertos de reconocido prestigio en materia de transparencia de las administraciones y acceso a la información pública, pero lo ha sido mucho menos respecto a lo que se regula en su Título II, el denominado Buen Gobierno, que establece, a mi juicio, un esbozo de Código de Conducta de las personas de su ámbito de aplicación.
 
Siendo interesante la regulación de esta materia, es de destacar lo limitado de su ámbito de aplicación pues incluye a los miembros del gobierno (de cualquier ámbito territorial) y a los altos cargos pero no incluye a otros puestos u órganos de naturaleza directiva, ni al personal eventual, tal y como sí hacen otras normativas que han precedido a esta, como, por ejemplo la Ley 4/2011, de 31 marzo, de  Buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears.
El buen gobierno por lo tanto se establece fijando unos principios de buen gobierno, divididos entre principios generales y principios de actuación, que en su parte más explícita se remiten a la normativa de conflictos de interés e incompatibilidades que ya fueron promulgadas con anterioridad, siendo más novedoso lo se refiere a las materias económicas y presupuestarias que son objeto de infracción.
Encomienda al propio gobierno la potestad sancionadora y disciplinaria y no a un órgano independiente del mismo, por lo que la aplicación de la misma adolecerá de dificultades obvias. En esta misma materia, la ética y la conducta de cargos públicos, recomiendo la lectura del siguiente post de reciente publicación en este blog.
 
Comisión de Ética
Una vez hechos los comentarios al respecto de esta regulación de buen gobierno, me gustaría destacar que la Certificación de Directivos Públicos que va a ponerse en marcha este año, tiene en su Código de Conducta, que debe firmar todo Directivo Público como paso previo a obtener la certificación, uno de los pilares fundamentales. Es este código de conducta compartido, que ha sido elaborado por un panel de 24 expertos a partir de los códigos de conducta más exigentes que existen en la actualidad, la garantía de que los Directivos Públicos, cualquiera que sea su origen y condición, tendrán comportamientos y conductas ejemplares.
Una Comisión de Ética formada por directivos públicos profesionales independientes, será la encargada de realizar una vigilancia activa y proactiva a través de dictámenes y propuestas de actuación y que podrá proponer la retirada del certificado en caso de incumplimiento del Código de Conducta.
Este exigente Código de Conducta recoge aspectos tan novedosos como la incompatibilidad de simultanear un cargo electo con un puesto directivo, evitando de ese modo uno de los males más extendidos en la actualidad (a juicio de numerosos expertos): la confusión de roles entre políticos y directivos profesionales.
 

jueves, 30 de enero de 2014

Barcelona y Málaga competírán con Espoo, Grenoble, Groningen y París por la Ciudad más Innovadora de Europa

Un grupo de expertos independientes elegirá  en marzo a la ciudad más innovadora de Europa, que será  reconocida  como iCapital
 
Revista de prensa. Radiocable.com 29.1.2014.  El premio iCapital pretende reconocer a la ciudad europea que esté creando el mejor ecosistema de innovación. Y en la lista de 6 finalistas que acaba de darse a conocer figuran dos ciudades españolas: Barcelona y Málaga que competirán con Espoo, Grenoble, Groningen y París.
 
Un grupo de expertos independientes elegirá a la ganadora de este premio dotado con 500.000 euros y que se conocerá en la Convención de la Innovación de 2014, el principal evento dedicado a la innovación a nivel europeo, que tendrá lugar en Bruselas los días 10 y 11 de marzo.
 
 
El premio “iCapital” fue concebido por la Comisión Europea para animar a las ciudades a impulsar la innovación y a crear una red de ciudades que pudieran intercambiar sus mejores ideas de cara al futuro. Máire Geoghegan-Quinn, comisaria europea de Investigación, Innovación y Ciencia, ha declarado: “El concurso ha suscitado una respuesta impresionante, se han recibido candidaturas de 58 ciudades europeas.”
 
Las ciudades candidatas fueron evaluadas tanto en función de las iniciativas que ya habían asumido como de sus ideas para reforzar la capacidad de innovación en el futuro. Estos son los principales logros de las seis finalistas:
 
Barcelona, por la introducción del uso de nuevas tecnologías destinadas a acercar la ciudad al ciudadano.
Málaga,  por su nuevo modelo de regeneración urbana en el que las      personas y las industrias de la creatividad cooperan y estimulan el crecimiento.
Espoo, Finlandia, por la creación de asociaciones estratégicas que aúnan la ciencia, la empresa y la creatividad.
Grenoble, Francia, por su inversión en grandes avances científicos y tecnológicos a través de sinergias entre la investigación, la educación y la industria.
Groningen, Países Bajos, por la utilización de nuevos conceptos, herramientas y procedimientos en el desarrollo de un ecosistema de energía inteligente centrado en el usuario.
París,  por la apertura de su patrimonio municipal a la aplicación de soluciones experimentales innovadoras, promovidas por todo tipo de empresas.

Post relacionado: El camino de la innovación en la Administración Pública. Antonio Galindo 

miércoles, 29 de enero de 2014

Blog ACAL : El fomento de la ética de los cargos públicos a propósito de la Ley de Transparencia

"Todos los organismos públicos -así como organizaciones no gubernamentales y partidos políticos- tienen que tener un código de conducta que es aplicable a todo el personal, ya sea funcionario o político"
 
Blog ACAL. Asumir que se tiene un problema es el primer paso que ha de darse para solucionarlo. De lo contrario, ni siquiera será posible implementar una solución, por muy mala que ésta sea. Esto fue lo que asumió el gobierno de EE.UU. cuando creó la Oficina de Ética como consecuencia de la falta de confianza de sus ciudadanos tras el escándalo del watergate.
 Nos lo contó la semana pasada en su viaje a España una de las “madres fundadoras” de la Oficina de Ética: Jane S. Ley, actualmente retirada de sus funciones como directora adjunta de la Oficina y dedicada a asesorar al departamento de estado del gobierno norteamericano en programas internacionales de lucha contra la corrupción y fomento de la integridad en los cargos públicos.
 
La conferencia de Jane S. Ley fue encaminada a contar su experiencia a lo largo de estos años en la Oficina de Ética y cuáles son las medidas que se adoptaron para fomentar la transparencia en las administraciones públicas y la integridad de los cargos públicos. El papel de la Oficina es, fundamentalmente, preventivo y, en este sentido, si bien también opera con posterioridad a que se produzcan conductas no deseadas el principal objetivo es que se eviten. Los cuatro puntos cardinales en los que se basa el funcionamiento de la Oficina son los que pasamos a comentar brevemente.
 
En primer lugar, todos los organismos públicos -así como organizaciones no gubernamentales y partidos políticos- tienen que tener un código de conducta que es aplicable a todo el personal, ya sea funcionario o político. Cuanta más antigüedad tiene un cargo más se le exige el cumplimiento de las normas éticas por dos motivos: en primer lugar, por el papel ejemplar que tienen que jugar con relación a los más jóvenes; y, en segundo lugar, porque después de una trayectoria profesional las relaciones son más importantes y es más fácil incurrir en un conflicto de intereses. Para evitar esto último se tomó la decisión, bajo el gobierno de Bush padre, de incrementar de una manera importante los salarios de los cargos públicos, lo que redundó en un mayor cumplimiento de las normas éticas.
 
Información financiera
En segundo lugar, es imprescindible la publicación de información financiera de todo tipo. Es decir, los ciudadanos tienen el derecho a conocer cuáles son las rentas de los cargos públicos. Los motivos, que también han estado muy presentes en los medios de comunicación en España últimamente con ocasión de la aprobación de la Ley de Transparencia, son el aumento de la confianza de los ciudadanos con relación a sus gobernantes, hacer ver que no existen conflictos de interés y demostrar así la integridad de los cargos públicos. Al hilo de la publicidad de la información financiera se habló de la transparencia que existe con relación a las donaciones a partidos políticos en EE.UU. Cualquier donación que supere los 50$ es publicada en la web de Open Secrets. Y no sólo eso, invitamos al lector a navegar por la web y verá la ingente cantidad de información sobre lobbys, donaciones, cargos públicos y políticos que contiene.
 
En tercer y cuarto lugar, es absurdo aprobar códigos éticos si no se garantiza su cumplimiento. Para ello, cada organismo público tiene un departamento de ética con responsables que se encargan de la formación continua y de ofrecer un sistema inmediato de resolución de dudas. Gracias a lo anterior -y, por supuesto, gracias a la voluntad de las personas en concreto que son las que, al fin y al cabo, hacen posible todo- se garantiza el cumplimiento de los códigos.
 
Jane S. Ley al finalizar estos cuatro puntos hizo una reflexión que tenemos que hacernos a la hora de aprobar leyes -efectivamente, nos referimos a la Ley de Transparencia- puesto que dijo que la implementación de las propuestas que se plantearon en los inicios del funcionamiento de la Oficina de Ética han sido posibles porque eran razonables y asumibles. Esta idea que parece sencilla hay que tenerla muy presente porque no podemos plasmar sobre el papel lo que luego no vamos a ser capaces de cumplir. Asimismo queremos destacar el hecho de que Jane S. Ley no diferenció en ningún momento la figura del funcionario público de la del político. En el sentido de que es necesario el mismo nivel de exigencia para ambos tipos de cargos.
 
 Actualmente, en España, el foco está puesto en los cargos políticos, obviando, o más bien dando por sentado que los funcionarios públicos tienen una integridad innata sobre la que no es preciso ejercer ningún tipo de control. Ojalá fuera así, pero consideramos que el fomento de la transparencia y evitar los conflictos de intereses es igual o más deseable de los funcionarios públicos que de los políticos -en tanto que éstos últimos están sujetos al menos a la elección popular, no así los primeros-.
 
Agua de borrajas
No sabemos si con la aprobación de la Ley de Transparencia conseguiremos lograr la tan ansiada transparencia e integridad en los cargos públicos españoles. Lo que sí podemos decir es que sin una voluntad de las personas que trabajan al servicio del interés público lo que la ley diga quedará en agua de borrajas. De hecho, para muchos aspectos que ahora recoge la Ley no hacía falta una regulación expresa -que, no obstante, si se cumple, bienvenida sea- porque ya teníamos base legal suficiente para promoverlo.
 
Además de lo anterior, el ejercicio del derecho a la información en la Ley de Transparencia se prevé como una especie de camino tortuoso dirigido más a aburrir al ciudadano que a ofrecerle de una manera cómoda la información. Con los medios tecnológicos con los que contamos hoy en día resulta absurdo tener que ir detrás de la administración para que te ofrezca datos -ojo: que aquí juega la desestimación presunta, es decir, si en el plazo de un mes no se da contestación expresa al ciudadano sobre su petición, se entiende desestimada-. La experiencia norteamericana, como cualquier experiencia, no es perfecta. Pero lo cierto es que hemos podido ofrecer más enlaces con datos reales sobre la administración de EE.UU. que la española.
 
Post relacionado: La Femp elaborará una ordenanza tipo sobre transparencia
 
Noticia relacionada Derecho Municipal. La futura ley de Transparencia de Andalucía contemplará que los ayuntamientos y diputaciones provinciales, al igual que ya hace el Gobierno andaluz, también publiquen, previamente a la celebración de sus juntas de gobierno, el orden del día de las mismas y, con posterioridad, los acuerdos adoptados.

martes, 28 de enero de 2014

El gobierno autonómico de Madrid tira la toalla y renuncia a la privatización de la gestión de seis hospitales públicos

Los colectivos sanitarios manifiestan su satisfacción por la renuncia forzada a los planes privatizadores de la Comunidad de Madrid
 
Revista de prensa. 20minutos. 27.1.2014.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado que dejará "sin efectos" la privatización sanitaria tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de mantener la suspensión cautelar del proceso.
Protesta contra la privatización de uno de los
hospitales públicos madrileños (Infanta Sofía. SSR) 
Así lo ha señalado González en una rueda de prensa realizada por la tarde, donde también ha informado de la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que será sustituido por Francisco Javier Rodríguez, médico y catedrático de Medicina por la Complutense y actual portavoz en la Asamblea de Madrid. Lasquetty ha dicho que el motivo de su dimisión estriba en que él es quien puso "este proyecto en marcha" y que asume la responsabilidad "tras no haberlo conseguido". Lasquetty ha afirmado que seguirá perteneciendo al PP de Madrid.

González ha asegurado "respetar" las decisiones judiciales, aunque "no se esté de acuerdo con ellas", ya que no le parece "razonable" esperar "ocho o nueve meses" para una decisión judicial "que es cautelar y que no entra en el fondo del asunto". "Es la falta de certidumbre y la falta de seguridad jurídica la que ha llevado a tomar esta decisión", ha manifestado el presidente regional.
 
 "Seguimos pensando que este es un modelo de gestión legal y posible, aplicado ya por otras las administraciones", ha manifestado González sobre la externalización sanitaria. "Hay muchos hospitales gestionados así, cuatro de ellos en la Comunidad de Madrid. Son centros que siguen siendo públicos, que prestan una asistencia de la máxima calidad y que nos permite hacer sostenible nuestro sistema público de salud". En cuanto a las empresas concesionarias, González ha resaltado que deberán respetar la decisión judicial, "al igual que el resto".
 
"No conllevará recortes"
 
 El presidente regional también ha manifestado que esta paralización del proceso privatizador "no conllevará recortes", aunque se ajustarán gastos. Por ello, ha recalcado que la Comunidad de Madrid seguirá introduciendo "medidas de eficiencia y eficacia en el gasto" y profundizará en todas las medidas que "ya han permitido ahorro sanitario" para cumplir con el objetivo de déficit.
 
 Entre los motivos esgrimidos por el TSJM para mantener la suspensión cautelar del proceso están "los cálculos de ahorro de la Comunidad", que, según los jueces, "son meramente estimativos e hipotéticos, y que pueden no responder después a la realidad". Y añade que los perjuicios si la resolución impugnada se ejecutara y luego anulara "afectaría también al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid".
 
Las empresas concesionarias que optaban a adjudicarse los servicios externalizados de los seis hospitales han renunciado a comentar la decisión tomada por González. Desde Sanitas "no hacen valoraciones al respecto" y HM salud tampoco ha querido responder telefónicamente, emplazando a responder por escrito.
 
 ¿De qué hospitales se trataba y cuáles son las empresas adjudicatarias?:
 
-Hospital del Henares (Coslada): que hubiera sido gestionado por Sanitas.
-Hospital Infanta Cristina (Parla): que habría estado a cargo de Hima San Pablo 
-Hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes): también habría sido gestionado por Hima San Pablo.
-San Pablo Hospital del Tajo (Aranjuez): hubiera sido el tercer centro en manos de Hima.
 -San Pablo Hospital del Sureste (Arganda del Rey): cuya gestión habría sido adquirida por Ribera Salud.
 -Hospital Infanta Leonor (Vallecas): también estaba adjudicado a Ribera Salud 
 
Noticias relacionadas: Cronología de un fracaso. 20minutos

lunes, 27 de enero de 2014

Convocatorias. Madrid. 12-13 de Febrero, Jornadas sobre la Ley 27/2013 de la Reforma Local

Las jornadas están organizadas por  Cositalnetwork y dirigidas especialmente a habilitados estatales  de la Administración Local
 
Programa. Miércoles. Día 12 de febrero. De 9.00h 9.30h  INAUGURACIÓN

Antonio G. Beteta  Barreda, Secretario de Estado de Administraciones Públicas
Manuel Arenilla Sáez, Director del INAP
Íñigo de la Serna, Presidente de la FEMP
Eulalio Ávila Cano, Presidente de COSITAL
 
De  9.30h. a 10.30h NECESIDAD, FUNDAMENTO Y ORIENTACIÓN DE LA REFORMA. Manuel Arenilla Sáez, Director del INAP.

De 10.30 h. a 11.30h. LEY 27/2013, de 27  DE DICIEMBRE. GRANDES LINEAS DE CONTENIDO Y SU APLICACIÓN. Rosana Navarro Heras, Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local.
 
De  12.00h a 13.00h. LA REFORMA. UNA VISIÓN DESDE EL MUNICIPALISMO.  Francisco Díaz Latorre, Director General de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP.
 
De  13.00 h a 14.00h. LEY DE RACIONALIZACIÓN Y LA PLANTA MUNICIPAL. LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS Y LA REINVENCIÓN DE LAS DIPUTACIONES.  Ricardo Rivero Ortega, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca.
 
De 15.30h  a 16.30h. LA REORDENACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LOCALES.   Jordi Cases Pallarés, Secretario General del Ayuntamiento de Barcelona.
 
De  16.30h  a 17.30h. REDIMENSIONAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL (ENTES DEPENDIENTES, MANCOMUNIDADES, CONSORCIOS…) Y COSTE DE LOS SERVICIOS. Oscar Romera Jiménez, Asesor  del Gabinete de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
 
De  17.30h a 18.30h. LA HABILITACIÓN NACIONAL TRAS LA REFORMA. Carmen Sánchez-Cortés Martín, Directora General de la Función Pública.
 
Jueves. Día 13 de febrero
De  9.00h a 10.00h. LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES.   Valentín Merino Estrada, Secretario General del Ayuntamiento de Valladolid.
 
De  10.00h a 11.00h. LEY DE RACIONALIZACION Y GRANDES CIUDADES.    Luis Enrique Flores Domínguez, Secretario General del Ayuntamiento de Sevilla.
 
De  11.30h a 13.30h. MODIFICACIONES NORMATIVAS SOBRE EMPLEO PÚBLICO EN LA LEY 27/2013 DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y EN LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES 2014 Y EN LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA, CON ESPECIAL REFERENCIA A LOS HABILITADOS NACIONALES.  Antonio Serrano  Pascual, Secretario General de la Diputación de Huesca, Director del Observatorio de Personal de Cositalnetwork.
 
16.00h A 18.00h- Protocoles colegiales y taller de habilidades directivas.


Otros cursos: Jornadas Udite Cosital. Madrid, 6, 7 y 8 de febrero. 2014. Inap. Madrid. Ver programa
 

sábado, 25 de enero de 2014

El gobierno aclara las retribuciones de los alcaldes: Hasta los 100.000 euros al año (Rajoy 72.611)

Los municipios podrán saltarse los límites de sueldos, cargos de confianza y dedicaciones exclusivas de sus políticos hasta el 30 de junio de 2015 si no tienen déficit y cumplen con los proveedores. Ver Cosital
 
Revista de prensa. El País. 25.1.2014. No son los servicios, ni el poder creciente de las diputaciones, ni las competencias en educación o sanidad. La primera bronca que ha planteado la reforma local, que entró en vigor el pasado 2 de enero, tiene que ver con los sueldos de alcaldes y concejales.
Ayuntamiento de Zaragoza
Y, de nuevo, la presión de éstos ha obligado al Gobierno a aclarar que los topes salariales máximos que puede cobrar un regidor no están referenciados a 71.000 euros brutos anuales, como entendía el Colegio de Secretarios e Interventores a la luz de la ley de Presupuestos de 2014, sino a los 100.000 euros. Esta cifra, anunciada este viernes en Consejo de Ministros, equivale a lo que ingresa un secretario de Estado sumando su salario base a todos los complementos, incluido el variable de productividad que se asigna de manera discrecional y que no está detallado en los Presupuestos. 
 
La diligencia de los secretarios para aplicar la literalidad de la norma desde el 2 de enero crispó los ánimos en más de una corporación municipal y el pasado 8 de enero el colegio profesional pidió al Ministerio de Hacienda que aclarase las directrices a seguir. Al final esos 30.000 euros al alza han convertido en un espejismo la tan publicitada reducción salarial de los políticos locales, que gozarán además de otras excepciones para dilatar la entrada en vigor de la norma.
 
 Hasta 100.000 €
Porque los municipios podrán saltarse los límites de sueldos, cargos de confianza y dedicaciones exclusivas de sus políticos hasta el 30 de junio de 2015, justo después de que se celebren las elecciones municipales, siempre que cumplan tres requisitos: respeten la ley de estabilidad presupuestaria, el límite de deuda pública y siempre que el periodo medio de pago a los proveedores “no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad”.
 
Fuentes de la propia Federación de Municipios y Provincias, que ha presionado para que se respete este tope de 100.000 euros, cree que tal y como están las cosas el mapa salarial de los ediles españoles "poco va a cambiar".
 
El Ministerio de Hacienda elaborará una lista con los Ayuntamientos cumplidores y, hasta que no la haga pública en abril, todos esperan mantener sus actuales estructuras. De entre los alcaldes de grandes ciudades (más de medio millón de euros) solo el de Barcelona, Xavier Trías, supera el tope: percibe 112.104 como regidor y 32.604 en dietas por asistir a reuniones de otros organismos públicos.
 
Más que Rajoy 
Su nómina dobla la de Mariano Rajoy, que asciende a 72.611 euros. Un tercio de los ediles de la capital catalana ingresa más de 100.000 euros anuales. La cifra de corte no afectará, en cambio, a Ana Botella, que percibe 94.703 euros al frente del consistorio madrileño. Tampoco a Juan Alberto Belloch (Zaragoza), con 91.812 euros, ni Rita Barberá (Valencia), con 87.000 euros, ni a Francisco de la Torre, (Málaga) con 89.500 euros (datos 2013). Junto con el alcalde de Sevilla, que percibe su salario del parlamento andaluz, gobiernan los seis municipios españoles con más de medio millón de habitantes.
 
Habitantes del municipio.Tope salarial de los alcaldes
Más de 500.000100.000 euros
300.001 a 500.00090.000 euros
150.001 a 300.00080.000 euros
75.001 a 150.00075.000 euros
50.001 a 75.00065.000 euros
20.001 a 50.00055.000 euros
10.001 a 20.00050.000 euros
5.001 a 10.00045.000 euros
1.000 a 5.00040.000 euros
 
El Gobierno también ha aclarado este viernes otra de las dudas del cuerpo de interventores. Los Ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes (un total de 4.871) donde ser alcalde con dedicación exclusiva (y cobrar por ello) dejaba de ser posible a raíz de la ley, podrán tener regidores a tiempo parcial con sueldos de entre 15.000 y 30.000 euros anuales. Era una de las demandas por las que pelearon varias federaciones de municipios, en especial la gallega (FEGAMP), dominada por alcaldes del PP.
 
La de los salarios ha sido la primera batalla ganada por los regidores y anticipa lo que está por llegar. La oposición, encabezada por PSOE, IU, y Coalición Canaria, está armando la respuesta jurídica al conjunto de la norma a través de varios recursos de inconstitucionalidad y por tres vías: se presentarán desde las comunidades no gobernadas por el PP; con la firma de 50 diputados o 50 senadores y mediante la aprobación de mociones en la séptima parte de los municipios (1.160) que representen al menos a la sexta parte de la población española, 7,7 millones. Lo harán, calculan, en tiempo récord, puesto que tienen hasta febrero de plazo. CiU se podría sumar a la guerra judicial.

Referencia del Consejo de Ministros de 24.1.2014. Ver BOE 25.1.2014.Pg. 4695

PDF. Nota relativa a la aplicación de la disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) . Ver consulta de aclaraciones de Cosital

viernes, 24 de enero de 2014

EPA IV Trimestre de 2013: La ocupación en el sector público bajó en 424.800 personas en dos años

CSI-F reclama una reunión urgente para analizar las necesidades de las plantillas en las distintas Administraciones Públicas
 

CSIF. 23.1.2014. La ocupación en el sector público (administraciones y empresas públicas) se situó en 2.795.800 personas en el cuarto trimestre de 2013, 34.800 empleados menos respecto al trimestre anterior, y 121.400 menos si lo comparamos con el último trimestre de 2012, según los datos publicados hoy de la Encuesta de Población Activa.

La distribución del paro según Periodistadigital
Esto supone una pérdida total de 424.800 empleos respecto al tercer trimestre de 2011, cuando empezó la sangría en el sector público, con una reducción del 13,1 por ciento en estos dos años.


Por decirlo de otra manera, uno de cada diez personas que trabajaban en este sector ya no están en su puesto. Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, este dato nos da idea de la grave situación que afronta este sector, tanto en términos de empleo, como en la calidad de los servicios que reciben nuestros ciudadanos, que han sido seña de identidad de nuestro Estado del Bienestar a lo largo de los últimos años.
 
En estos momentos, la plantilla del conjunto de las administraciones públicas se sitúa en el mismo nivel que se registraba en el segundo trimestre de 2004, es decir, casi diez años atrás. Por tipo de administración, los datos de la EPA muestran que el número de asalariados descendió en el último año (último trimestre de 2013, respecto al último de 2012) en 33.700 en la Administración Central; 6.700 en la Seguridad Social; y 94.500 en las comunidades autónomas.

Mejor los Ayuntamientos
Por el contrario, la ocupación subió en 13.700 personas en los ayuntamientos y en 700 personas en las empresas públicas. Por este motivo, CSI-F reclama la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para abordar el déficit de plantillas y poner en marcha un plan de recursos humanos antes de que sea demasiado tarde.

La Administración se encuentra al borde del colapso y en los próximos años el sistema se hará insostenible si no adoptamos medidas, empezando por una convocatoria general de empleo público.

Noticia relacionada: Cinco Días: Los detalles más desapercibidos de la EPA

jueves, 23 de enero de 2014

La FEMP está elaborando una Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información

El vicepresidente de la FEMP y presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez-Maillo , considera que la Ley de Transparencia debe ser un instrumento para aumentar la eficiencia de las AAPP.
 
Revista de Prensa.  21 Ene. 2014. EP.-  -Así lo ha señalado durante su intervención en el III Foro de Transparencia y Buen Gobierno que, organizado por la Fundación Chile-España, se está celebrando desde este lunes en la sede del Senado. A juicio de Martínez Maíllo habilitar procesos de transparencia "no es fácil" y va a "suponer un tremendo desafío para las Entidades Locales".
 
Diputación de Zamora
Por este motivo, ha resaltado la importancia de que la FEMP esté ya manos a la obra en la elaboración de una Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información que será de gran ayuda a los responsables municipales a cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley y a desarrollar sus principios inspiradores en sus ayuntamientos.
 
Maíllo ha comentado que la FEMP se situó a la vanguardia en esta materia al haber aprobado su órgano rector en 2009 el denominado Código de Buen Gobierno cuyo contenido, en estos momentos, está en proceso de revisión para que pueda contribuir mejor a consolidar una ética pública común y exigente y servir para generalizar buenas prácticas en el sector público local.
Coste real de los servicios
El vicepresidente de la FEMP ha puesto de relieve, además, que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local también apuesta por la transparencia al obligar a las Corporaciones Locales a publicar anualmente el coste de los servicios que gestionan.
 
Para Martínez-Maillo, según informaron a Europa Press fuentes de la FEMP, ésta fórmula permitirá a los ciudadanos poder "juzgar" la gestión municipal y servirá de acicate para que las Entidades Locales ofrezcan a sus vecinos unos servicios de más calidad.
 
Asimismo, el presidente de la Diputación de Zamora ha calificado la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de "muy exigente" y, en este sentido, ha señalado que los gestores públicos deberán "estar a la altura" de dichas exigencias y serán los ciudadanos quienes "les juzgarán".
 
Sobre este punto, ha recalcado que "hasta ahora las muestras de transparencia que podían verse en el sector público eran fruto de un ejercicio de voluntarismo", mientras que, a partir de ahora, ha pasado a convertirse "en una exigencia legal".
 
Sin embargo, Martínez-Maillo ha matizado que han sido muchas las Entidades Locales que han puesto en marcha portales de transparencia en sus instituciones -tal y como ha hecho también la FEMP- por lo que, en su opinión, "la Ley ha entrado en vigor de facto antes de haber entrado en vigor de hecho".
 
El vicepresidente de la FEMP ha concluido su intervención enfatizando que la Ley de Transparencia no debe, en ningún caso, ser vista por las Administraciones como una imposición carente de sentido sino que debe considerarse como un instrumento para fortalecer las instituciones".

Acceso a la Ley de Transparencia (Ley 19/2013)

Noticia relacionada: Gobierno y Parlamento canario acuerdan consensuar la Ley de Transparencia Diario El Dia.es 

miércoles, 22 de enero de 2014

"El incremento del gasto público municipal en el año electoral repercute positivamente en las posibilidades de reelección"

 "Con la intención de mantener el poder, los gobiernos intenten estimular la economía justo antes de las elecciones, aumentando el gasto público, reduciendo los impuestos o ambas cosas al mismo tiempo"
 
VP.com. Manuel Illueca. Investigador Ivie. A estas alturas de la crisis ha quedado suficientemente claro que la coyuntura económica tiene efectos significativos sobre los resultados electorales.
 
La situación asfixiante de muchas familias españolas, endeudadas al límite de sus posibilidades, con alguno de sus miembros en paro y, lo que es peor, sin perspectivas de mejoría a corto plazo, ha pasado una elevada factura a las opciones políticas mayoritarias.
 
 A izquierda y derecha, el votante golpeado por la crisis (en el bolsillo o en la conciencia ciudadana) busca refugio en los partidos minoritarios, que compiten por aportar ideas y -fundamentalmente- caras nuevas.
 
Por ello, no es extraño que, con la intención de mantener el poder, los gobiernos intenten estimular la economía justo antes de las elecciones, aumentando el gasto público, reduciendo los impuestos o ambas cosas al mismo tiempo. El gráfico que acompaña a este artículo, basado en datos de Eurostat para el periodo 1995-2012, muestra el déficit agregado de los municipios españoles a lo largo del ciclo electoral.
 
Mayor déficit en año de elecciones
 En el año en que se celebran las elecciones, los ayuntamientos registran un déficit promedio superior al 4% de los ingresos. La diferencia entre ingresos y gastos disminuye a un 2.5% entre uno y dos años antes de las elecciones, y apenas alcanza el 0.5% de los ingresos tres años antes de los comicios.
 
Un trabajo reciente de Balaguer y Brun (2013) muestra que la estrategia oportunista que reflejan estos datos sale a cuenta. La evidencia empírica aportada en este estudio, basada en los municipios españoles de más de 20.000 habitantes para el periodo 2000-2007, revela que el incremento del gasto público municipal en el año electoral repercute positivamente en las posibilidades de reelección de los gobiernos locales.
 
Algo parecido observamos en otros países, con independencia de su grado de desarrollo económico. De hecho, distintos estudios han documentado casos similares en municipios portuguesescolombianos e italianos, y en algunas provincias canadienseslanders alemanes, y regiones de la República de la India.
 
En general, la literatura especializada señala que la utilización oportunista del presupuesto es propia de democracias jóvenes, donde la ciudadanía no dispone ni de la información suficiente ni de la formación necesaria para valorar debidamente la importancia de la austeridad presupuestaria. Se trata de sociedades con gobiernos poco transparentes en todo lo relacionado con la rendición de cuentas, con medios de comunicación poco implicados con la responsabilidad en la gestión de lo público, y una ciudadanía poco concienciada de las consecuencias del déficit público.
 
En democracias más consolidadas, los electores tienden a sancionar a los políticos que generan déficit de forma oportunista, por considerar que tales prácticas introducen volatilidad en la renta y el consumo de las familias, elevando gratuitamente el riesgo de los proyectos de inversión empresariales. De hecho, los políticos prefieren recortar el gasto y el déficit públicos antes de las elecciones, porque ello les reporta mayores beneficios electorales. En estas condiciones, la manipulación fiscal tiende a producirse en la composición y no tanto en la cuantía total del gasto público, programando en los años electorales transferencias o inversiones públicas dirigidas a los votantes más relevantes desde un punto de vista político..
 
Responsabilidad de los grandes
En España más del 70% de los concejales elegidos en las últimas elecciones municipales de 2011 militan en las dos grandes fuerzas políticas de ámbito nacional, por lo que corresponde a estos grandes partidos una importante cuota de responsabilidad en la utilización del presupuesto municipal para fines electorales. Un artículo elaborado por el Banco de Italia muestra que en ese país el uso oportunista del gasto público municipal tiende a producirse en los gobiernos locales ostentados por candidaturas cívicas, y no tanto en los gobiernos locales controlados por los partidos nacionales. Los autores argumentan que los partidos nacionales prefieren adoptar una visión a largo plazo y granjearse una imagen de solvencia económica ante su electorado. Los mecanismos de promoción interna dentro de la organización son utilizados ampliamente para disciplinar a los alcaldes menos responsables desde el punto de vista presupuestario.
 
Al parecer, esto no sucede en España, en parte porque el ciclo presupuestario del gasto no solo se produce a escala municipal, sino también en la Administración Central. Un estudio comparado, publicado por el National Bureau of Economic Research (NBER), señala que España, Grecia, Portugal y Turquía son responsables del incremento anormal del gasto público de los gobiernos centrales registrado en los años electorales para el conjunto de los países de la OCDE.
 
Si el propio gobierno central desarrolla este tipo de prácticas, parece difícil exigir a los gobiernos locales un uso más responsable del presupuesto público. De hecho, la promoción interna de los alcaldes dentro de los partidos políticos españoles no parece guiada por su teórico respeto a la disciplina presupuestaria, sino fundamentalmente por los votos obtenidos en los comicios electorales. Se trata de ganar elecciones, y no tanto de eludir el déficit público.
 
En las actuales circunstancias, España no puede permitirse despilfarrar recursos públicos por el mero hecho de celebrar unas elecciones: el juego de inaugurar infraestructuras meses antes de las elecciones debe terminar. Aunque la situación financiera del país se ha estabilizado, debido al decidido apoyo del Banco Central Europeo, nuestra economía continúa debilitada y precisa que nuestros líderes políticos demuestren con hechos que están decididos a reducir el déficit público en los tres niveles de la administración. Nuestra responsabilidad como ciudadanos consiste en exigir una conducta respetuosa con las finanzas públicas, apartando de la gestión a aquellos que, por intereses espurios, ponen en peligro nuestro bienestar y el de las generaciones futuras.
Penalicemos el despilfarro. Es nuestra responsabilidad.

martes, 21 de enero de 2014

La FEMP y el Ministerio de Hacienda y AA.PP crearán oficinas para informar sobre la aplicación práctica de la Reforma Local

El MHAP responde a una duda de los habilitados estatales de Cosital

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha puesto a disposición de las Entidades Locales una Oficina de Información  para conocer y  gestionar todas aquellas consultas que platee la aplicación práctica de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, (LRSAL) publicada en el BOE el pasado 30 de diciembre.  
Sede de la FEMP en Madrid
Asimismo, la FEMP informa de la intención del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de habilitar un espacio dentro de la Oficina Virtual de Entidades Locales con el fin de aclarar las dudas que puedan surgir en relación al contenido  de esta nueva ley que ordena la gestión de los ayuntamientos.
Por su parte, ante las dudas planteadas por funcionarios locales (Cosital), el Ministerio de Hacienda y AA.PP emitió el pasado 15 de enero  una Nota aclaratoria sobre la aplicación de las limitaciones referidas al número de personal eventual y cargos públicos con dedicación exclusiva recogidas en la disposición transitoria décima de la Ley 27/2013. PDF. Nota relativa a la aplicación de la disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) . Ver consulta de aclaraciones de Cosital
Post relacionado. Blog ACAL. La Reforma Local (II): la aprobación de los presupuestos por la junta de gobierno

Ley 27/2013.LRSAL.  Reforma Local. Ver Cuadro comparativo. MC Consulting

lunes, 20 de enero de 2014

En 2012 los ciudadanos realizaron 365 millones de trámites a través de la Administración Electronica-AGE

Un 45% de ciudadanos que interactuaron con las AA.PP a través de internet según el Informe Sociedad de la Información de 2013. Fundación Telefónica. Datos por CC.AA. Ver PDF del informe completo
 
Nota de prensa. 15.1.2014.-La Administración, la sanidad y la educación son las áreas de actividad donde el uso de internet está aumentando su impacto sobre el ciudadano.
 
Más de 365 millones de trámites con la Administración General del Estado-AGE- se registraron por vía electrónica en 2012, un 66% del total y 4 puntos más que un año antes. Ello permitió a España situarse por primera vez por encima de la media europea en número de usuarios de la eAdministración, con un 45% de ciudadanos que interactuaron con las Administraciones Públicas a través de internet.
En cuanto a educación, los Cursos Online Masivos y Abiertos (MOOC) en los grados superiores, y la llamada ‘mochila digital’ en la educación primaria y secundaria son los nuevos paradigmas del uso de las nuevas tecnologías. La gratuidad de los cursos, la apertura total de los contenidos y la interacción entre los participantes, además del aval de prestigiosas instituciones educativas caracterizan a los MOOC que permiten acceder a más de 100.000 alumnos por curso.
 
Mochila digital
Por mochila digital se entiende el con junto de contenidos y materiales educativos digitales que los alumnos utilizan en los entornos virtuales de aprendizaje para desarrollar las actividades educativas tanto en el aula como fuera de ella. Actualmente se encuentra en fase piloto con 3.000 alumnos en 45 colegios de Castilla- La Mancha y se espera que la experiencia se extienda a todo el territorio nacional en 2014.
Nota. La última parte del informe analiza la situación de la sociedad de la Información en cada una de las Comunidades Autónomas Españolas y la evolución de los indicadores durante los últimos cuatro años.  Ver presentación del Informe de Telefónica

sábado, 18 de enero de 2014

Novedad editorial: El dilema de España

Luis Garicano apuesta  decididamente en este libro por la inversión en capital humano, la reforma en profundidad del Estado y de la justicia.
 
Reseña del editor (Península).- España se enfrenta, en los próximos años, a una encrucijada histórica. Por un lado, se le presenta un camino aparentemente fácil, el del estatismo y el populismo, la vía hispana al subdesarrollo seguida por Venezuela y por Argentina, por la que España siempre se ha visto tentada. Por el otro, está una senda que exige cambios importantes a corto plazo, pero que puede hacer que la economía y la sociedad sean más productivas.
 
Elegir el segundo camino supone llevar a cabo reformas al menos en tres áreas prioritarias: la educación, para que sea menos memorística y se centre más en los aspectos analíticos; las instituciones económicas, para asegurar un mercado mucho más transparente, y las instituciones políticas, para incrementar la calidad de nuestras élites y que de verdad rindan cuentas ante los ciudadanos.
 
En este libro, el economista y catedrático de la London School of Economics Luis Garicano apuesta decididamente por esta segunda vía, basada en la inversión en capital humano, la reforma en profundidad del Estado y de la justicia, y el obligado cumplimiento de las normas, y propone una visión realizable de lo que España tiene que hacer para salir del marasmo en el que se encuentra.

Comentario del libro por Rafael Jiménez Asensio. Blog Estudiconsultoría.com

 El dilema de España, ser más productivos para vivir mejor, de Luis Garicano. Elisa de la Nuez.  Blog  ¿Hay Derecho?

Noticia relacionada. El Confidencial. 14 propuestas que convertirán a España en la Dinamarca del sur

viernes, 17 de enero de 2014

Las cloacas de la Administración (VI): El duro informe del GRECO sobre Justicia en España

En el informe se señala la falta de independencia del Fiscal General del Estado del Gobierno que lo nombra.
 
Blog En ocasiones veo reos. Juan Antonio Frago.  El GRECO, no el famoso pintor cuyo cuarto centenario ahora se celebra, sino el Grupo del Consejo de Europa contra la Corrupción, publicó ayer el cuarto informe que se puede consultar, en inglés, aquí. Me voy a centrar en mi análisis en los parágrafos 70 y ss (o lo que es lo mismo, págs. 22 y ss)
 
JUECES: Examina en los primeros parágrafos, 70 y ss, la distribución de competencias entre los distintos órganos jurisdiccionales españoles, haciendo especial énfasis en que ha de reforzarse la independencia, la eficiencia y la responsabilidad (77).
80: Señala que el CGPJ no solo debe ser libre sino, además, independiente del nombramiento político.
81: Señala la circunstancia especial de que el CGPJ tiene un presupuesto para su uso, que el personal de 8 CCAA lo pagan las mismas y el resto depende del Ministerio.
86: Después de examinar el sistema de acceso a la Carrera Judicial, destaca que la mayoría de los puestos se proveen por simple antigüedad, ganando peso, muy poco a poco, la especialización.
88: Destaca que el sistema de acceso a la Carrera Judicial es uno de los más duros de Europa. Se critica que Presidentes de Audiencias, miembros de TSJ y TS sean elegidos como lo son, dando la impresión, según el GRECO, de que las bases son realmente independientes y esa independencia se pierde conforme se asciende.
89: Recalca en negrita la necesidad de que los puestos señalados en el parágrafo anterior se objetiven al máximo en cuanto a su modo de alcanzarlos.
92: El salario bruto de un juez va de los 47.500 € a los algo más de 111.000 € (¿a que es divertido saber que asesores que no han sacado “una de las oposiciones más duras de Europa” cobren mucho más que la mayoría de los jueces y fiscales? Y los conozco, y alguno hay notorio, como uno que tuvo un accidente mortal en Cuba, que ni son licenciados universitarios).
96: ATENCIÓN: De unos 800 casos de corrupción de los últimos 5 años sólo unos pocos han acabado en condena. Señala como problemas la falta de clara división entre fiscal y juez instructor y lo rígido del principio de legalidad, así como que se investiga cada detalle de la trama y eso impide alcanzar éxitos (doy fe de que esto lo he visto en varios asuntos). El Grupo señala la prioridad en cuanto a la necesidad de simplificar la instrucción.
101: Mientras España ha promovido la adopción de un Código Ético en Iberoamérica para los jueces, no lo ha asumido para el propio país, siendo esto necesario y que sea conocido por los ciudadanos.
104: No hay problema en España, el GRECO simplemente señala el dato, no dándole más importancia, de que un Juez se pase al sector privado sin ningún tipo de límite.
107: No hay reglas previstas en cuanto a la no admisión de regalos por los jueces, y aunque no se ve como un problema en España, esto se debe incluir en el Código Ético.
109: No hay reglas para examinar la contabilidad o los ingresos de un Juez.
116: Se recomienda la extensión de los expedientes disciplinarios, el plazo de caducidad, más allá de los 6 meses. Aquí sí que tengo algo que decir. Si las inspecciones tardan más de 6 meses en tramitar un expediente disciplinario es porque quieren y se echan unos tiempos muertos increíbles (he visto sanciones anuladas por caducidad porque el fiscal se ha pegado un mes para despachar el dictamen o 1 mes para que se subiera de una planta a otra en el CGPJ). No es asumible que en la empresa privada los plazos sean breves y, sin embargo, una Administración se pueda permitir tener a un individuo más de 6 meses a la espera de su suerte. En la Fiscalía, si no me equivoco, hay 10 inspectores y en 2012 se tramitaron 4 expedientes, o sea que si se tardan 6 meses es porque alguien no está a su función, porque no es tan difícil recabar la documentación y escuchar en un día a todos los testigos. Lo que no puede ser es que por el hecho de ser Juez o Fiscal se vea constreñido a un régimen mucho más duro, con el impacto psicológico de un transcurso tan largo de tiempo, que en el sector privado y en el resto de las Administraciones.
 
FISCALES: Parágrafos 122 y ss, págs 34 y ss.
126: Se señala la falta de independencia del Fiscal General del Estado del Gobierno que lo nombra (no en vano, nuestro art. 124 CE señala que lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno oyendo simplemente al CGPJ). Se critica que el CGPJ no pueda informar sobre otros candidatos más que el que el Gobierno va a proponer.
130: Se reclama que haya autonomía financiera del Ministerio Fiscal y el Centro de Estudios Jurídicos (la escuela de prácticas del MF), para no depender de trueques con el Gobierno de turno.
131: Es necesario aumentar la autonomía en la gestión del MF.
Se repiten muchas cuestiones ya citadas para los jueces al ser idénticas.
152: Se recomienda, también, la adopción del Código Ético para los fiscales, así como una guía para conflictos de interés y otras cuestiones relativas a la integridad.
164: Aquí alguien le ha mentido como un bellaco a los señores del GRECO, pues se dice que en los procedimientos disciplinarios contra fiscales se garantiza el derecho de audiencia en todo caso.
165: El GRECO recomienda un régimen disciplinario investido de los principios de equidad y efectividad y sujeto a un control independiente e imparcial. Cosa que ponen en negrita; no es de extrañar, pues el Reglamento es de 1969, es decir, época preconstitucional que ningún Gobierno, por razones obvias, ha querido tocar.
Leer la noticia en El Confidencial.  Post relacionado: Blog ¿Hay Derecho?. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial denuncia a la ONU las recientes reformas judiciales