Por EVA BELMONTE DAVID CABO, Fundación Civio.es.- En
2010, dos policías nacionales torturaron a dos detenidos en los calabozos de
Arrecife (Lanzarote). Fueron condenados y recurrieron ante el Supremo,
que confirmó su pena en mayo. El pasado viernes, el
BOE publicaba el nombre de uno de ellos: tras la sentencia
en firme y la inhabilitación, dejaba de ser miembro del Cuerpo de forma
oficial.
Que un funcionario pierda esa condición solo es posible en
casos muy concretos, como una sanción o una condena en firme y la
inhabilitación. 524 funcionarios perdieron su plaza así desde 1996 y sus
nombres aparecen en el BOE desde ese año. 19 de ellos lo hicieron tras una
sanción administrativa -la mayoría por abandono del servicio, esto es,
dejar de ir a trabajar. Los otros 505, el grupo más numeroso, perdieron la
condición de funcionario tras haber sido condenados.
¿Cómo se pierde una plaza?
Hay cinco formas de perder una plaza: por renuncia, por
pérdida de la nacionalidad, por jubilación, por sanciones administrativas o por
condena. En este último caso, la sentencia debe marcar la inhabilitación, ya
sea absoluta (para cualquier puesto) o especial (para un sector o profesión
concreta). Esta última es habitual, por ejemplo, cuando se veta que alguien
vuelva a trabajar con menores tras ser condenado por abusos.
Son una veintena al año, según los datos publicados en el
BOE, una cifra pequeña teniendo en cuenta que, en enero de este año, los
funcionarios al servicio de las administraciones públicas sumaban casi un
millón y medio, según el Boletín Estadístico del Registro Central de Personal.
Entre los condenados solo hay 45 mujeres (frente a 460 hombres), pese a
que estas representan más de la mitad del funcionariado.
G
Son
pocos, pero sus delitos más habituales son muy distintos a los del resto de la
población. El más frecuente es la malversación, cometido por 109 de
ellos. Un ejemplo: el concejal de Palma de Mallorca que gastó 50.000
euros de dinero público en prostíbulos. O la pareja formada por el decano de la facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco y
la directora de Estomatología, que falsificaron decenas de
facturas para llevarse fondos de la facultad.
A
malversación le siguen los delitos de falsedad documental (94) y cohecho (61).
Así, esta tríada de condenas más comunes, todas muy vinculadas a sus
profesiones, es distinta a la de la población general (delitos contra la
seguridad vial, hurtos y lesiones). Y, además, entre unos y otros cuerpos de
funcionarios también hay distinciones.
201 son policías
El cuerpo donde más funcionarios han perdido su plaza por
condenas es la Policía Nacional, con 201 de ellos. Los delitos más comunes son
aquellos contra la salud pública, vinculados al trapicheo de drogas, y los de
detenciones ilegales y secuestro, con 28 casos para cada uno de ellos. Como los
dos policías que asaltaron a una chica que se había negado a tener relaciones
sexuales con ellos a la salida de una discoteca y la forzaron a meterse en su
coche tras enseñarle las placas. Pero un hombre les vio, les siguió con su grúa, avisó a la
policía (a la de servicio, claro) y consiguió que la liberaran.
No entran en este recuento los cuerpos que dependen
únicamente de las autonomías o los miembros de la Guardia Civil o del Ejército.
En estos últimos casos, la pérdida de la condición de funcionario se publica en
el Boletín Oficial de Defensa o en el de la Guardia Civil, ambos de acceso
restringido solo a miembros de estos cuerpos. Así pasó con Alfonso Jesús
Cabezuelo, militar de La Manada. Lo supimos porque lo anunció el Ministerio de Defensa. Si el guardia civil, Antonio
Manuel Guerrero, pierde su condición de funcionario, es en esos boletines
cerrados en los que se publicará la pérdida de plaza.
Tras salud pública y secuestro, los delitos por los que más
se condena a los policías son falsedades, cohecho, revelación de secretos y
robos. Le siguen torturas (14) y homicidio y sus formas (13). De hecho, del
total de funcionarios que perdieron la plaza por asesinato, siete eran policías
y uno maestro. Y, en el caso de los homicidios, el reparto es de seis policías
y un maestro. Pero los delitos más comunes en los cuerpos educativos no son
esos.
31 profesores (23 maestros)
31 profesores de todos los niveles perdieron su plaza por
condena desde 1996, 23 de ellos maestros. El delito más común: los abusos
sexuales (9). De hecho, en estos casos es habitual que la orden
ministerial que regula la pérdida de plaza oculte el delito cometido, algo que
también pasa en algunos casos de condenas por malversación o prevaricación pero
que no es lo habitual: en la mayoría de las órdenes ministeriales publicadas en
el BOE sí se incluye por qué delito se les condena.
Con la sentencia firme y la inhabilitación, aún existe la
posibilidad de que no pierdan la plaza si se consigue el indulto. De hecho, la
malversación es
uno de los delitos más indultados sobre el número de condenas.
Otros de los cuerpos con más presencia en la lista son
los administrativos (cuerpos de la Seguridad Social o de organismos
autónomos, general administrativo…), con 97 pérdidas de plaza. O las 87 de los
cuerpos de servicios postales. En este último caso, además de malversación
y falsedad, se suman a los delitos más comunes dos relacionados con su empleo:
infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. Le siguen
los 41 funcionarios de la Justicia, solo uno de ellos juez. Y los 16 de la
administración local, en su mayoría interventores. A la cola, el meteorólogo condenado
por el delito más común, la malversación.
Cuando la pérdida de la plaza es voluntaria
En ocasiones, es el propio funcionario el que decide
renunciar. Desde 1996, lo han hecho 234 personas, 145 hombres y 89 mujeres.
Algunos de ellos no tomaron posesión de su cargo una vez aprobada la oposición,
lo que comporta, de forma automática, una renuncia a su condición de
funcionario. Para otros se trata de un cambio -radical, puesto que no piden una
excedencia temporal- de carrera profesional.
Del total, 130 trabajaban en la educación; 62 de ellos eran
profesores de Secundaria y otros 45, maestros. Entre el resto encontramos 44
miembros del sistema judicial, la mayoría personal auxiliar y de apoyo; 33
extrabajadores de los servicios postales y una decena de policías nacionales.
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