Revista de prensa.- Por MARGA
CASTILLO. Expansión.- - Manifestantes en la concentración de funcionarios del 13 de
julio de 2012 ante la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en la
Puerta del Sol convocada por los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF, en protesta por
los recortes que anunció por entonces el Gobierno.
Este otoño se ha presentado repleto de huelgas de diferentes colectivos de funcionarios y empleados públicos. Algunas son inminentes y otras ya se están produciendo.
Muchos colectivos de funcionarios han decidido protestar
próximamente convocados por los sindicatos mayoritarios o bien por las
asociaciones que los representan.
Pese a las últimas subidas
salariales y otras
medidas para compensar el poder adquisitivo perdido durante la crisis
económica, los avances en conciliación y paternidado movilidad,
la subida de la tasa de reposición, el aumento de las convocatorias
de empleo público o el restablecimiento
de la Mesa mesa de negociación laboral, los sindicatos han retomado el
calendario de movilizaciones en varios sectores durante los próximos meses.
Estos serán los paros más relevantes:
Funcionarios de Justicia
Los 50.000 trabajadores de la Justicia encargados de los
trámites, procedimientos, forenses, letrados, personal que prepara sentencias,
autos, evaluación de pruebas, entre otras tareas, están convocados a huelga el
próximo viernes 16 de diciembre tras terminar sin acuerdo la reunión con el
Ministerio de Justicia en protesta por la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial (LOPJ) que se está tramitando en el Senado.
Es la primera huelga general del colectivo de los últimos 20
años y protestan, sobre todo, por un aspecto de dicha reforma que unifica
los centros
de destino de cada municipio y supone, según los sindicatos, la movilización
forzosa y discrecional del personal", ya que la Administración podrá
decidir el puesto de trabajo en cada momento.
Jueces y fiscales
Los jueces y fiscales han convocado una huelga para el
próximo lunes
19 de diciembre. Secundada por la asociación de Juezas y Jueces por la
Democracia, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial
Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de
Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional
Independiente de Fiscales, piden más medios para la justicia y mayores
garantías de independencia.
Se trata de la segunda conjunta de estos funcionarios tras
la celebrada el 22 de mayo, cuando llamaron a un paro nacional de jueces y
fiscales como colofón a las protestas iniciadas un mes antes con paros
parciales semanales para reclamar al Ministerio de Justicia una mejora en sus
condiciones laborales. Piden cargas de trabajo aceptables, más autonomía
presupuestaria en el caso del Ministerio Público e independencia en el
Consejo General del Poder Judicial y el reconocimiento a los trabajadores de la
justicia de los beneficios laborales del funcionariado público.
Secretarios judiciales
Los secretarios judiciales (letrados) retomaron
este martes las movilizaciones para reclamar mejoras salariales que
llevan ocho años esperando, desde los cambios legislativos que les
atribuyeron mayores competencias. Convocados por el Cuerpo de Letrados de la
Administración de Justicia, plantean primero un paro parcial como una "medida
de presión inicial, susceptible de repetición y de un eventual incremento".
Los letrados pretenden descargarse "de todas
aquellas tareas no vinculadas estrictamente a la función jurisdiccional,
lo que "supuso un notable aumento de funciones y responsabilidad
inherente, (...) sin la correspondiente adecuación salarial, que quedó aplazada
a la mejora del escenario presupuestario". Empezaron con las
reivindicaciones con el Gobierno anterior y ahora las retoman.
Funcionarios de prisiones
Los funcionarios
de los centros penitenciarios ya pararon
seis días el 24 y 26 de octubre y el 6, 8, 13 y 15 de noviembre para
exigir al Ministerio del Interior que retome
la negociación para mejorar las condiciones económicas y laborales.
Los cinco sindicatos de prisiones, que representan al 97% de
la plantilla de trabajadores de casi 80 centros penitenciarios de todas España,
excepto Cataluña, se han unido por primera vez en la historia para convocar a
los 25.000 trabajadores de las cárceles a una huelga general de seis días
tras el "ninguneo" y el "engaño" del Ministerio del
Interior que puso sobre la mesa una oferta económica y tres días después la
retiró (el departamento de Grande-Marlaska asegura que se trataba de un
estudio, no una oferta). Es también la primera huelga general en este
colectivo de la democracia y la primera en el gobierno socialista de Pedro
Sánchez.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha
vinculado hoy la subida
salarial de este colectivo a que se
saquen adelante los PGE de 2019.
Funcionarios de Correos
Los funcionarios de Correos también han convocado paros
previos en distintas provincias previas a una huelga general en Navidad. El
pasado 6 de noviembre se celebró en Zaragoza la primera de las diez jornadas
de concentraciones y paros parciales previstos hasta el 16 de noviembre y
que podrían desembocar en una huelga general los días 30 de noviembre, 21
y 26 de diciembre y ayer centenares de estos trabajadores públicos participaron
en una manifestación en Madrid.
Los sindicatos exigen al Gobierno que destine 230 millones
de euros para la prestación del Servicio Postal Universal "tras los
recortes en los dos últimos años", así como la firma de un convenio
colectivo cinco años después. Protestan asimismo por el salario congelado
y la precariedad laboral y "exigen mejoras laborales y salariales,
una financiación justa del Servicio Postal Universal y un Plan Estratégico que
garantice su viabilidad". CSIF EPE (Entidades Públicas Estatales)
cuantifica en 15.000 la pérdida de puestos de trabajo en los últimos diez años
y subraya que estos trabajadores llevan cinco años sin convenio.
"La plantilla de Correos no entiende que los sábados
sigan siendo obligatorios para determinados colectivos, ni que la temporalidad
llegue hasta un 35%, ni que en los últimos diez años se hayan perdido más de
15.000 empleos".
Examinadores de Tráfico
Los examinadores
de tráfico han amenazado con volver
a los paros que mantuvieron el año pasado en demanda del complemento
específico en sus nóminas.
Volverán a la huelga en diciembre, han avisado, porque todavía
no han cobrado esta subida salarial de 250 euros en 14 pagas al año en
concepto de complemento específico que quedó aprobado en los PGE de 2018
gracias al acuerdo inicial alcanzado entre todos los grupos parlamentarios
salvo el PP.
Funcionarios de Cataluña
Los funcionarios y empleados públicos de la
Generalitat irán
a la huelga el 12 de diciembre convocados por UGT y CCOO, que consideran un
"insulto" la propuesta del gobierno catalán de devolver las
pagas extras pendientes de 2013 y 2014 en ocho años.
Los sindicatos abandonaron el pasado 31 de octubre la Mesa
de Negociación al proponer la Generalitat devolver las pagas extra de 2013 y
2014 pendientes de pago en ocho años y han anunciado movilizaciones, entre las
que no descartan la huelga.
Las pagas extra pendientes del 2013 y 2014 suman cerca de
1.100 millones de euros y la Generalitat ha propuesto devolver el 10% de la
paga de 2013 en 2019; el 20% en 2020, el 35% en 2021 y otro 35% en 2022. La de
2014 se devolvería en cuatro trimestres -un 25% cada año-, entre 2023 y 2026.
Médicos de Atención Primaria de Cataluña
Los médicos de primaria, pediatras, odontólogos y
ginecólogos de Cataluña (Metges de Catalunya) han convocado una huelga
de facultativos en la atención primaria del Institut Català de la
Salut (ICS) - los días 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre en el formato de paro
general ante la "sobrecarga asistencial que se hace insostenible".
Lamentan la pérdida de 920 profesionales desde el 2010
y una bajada del 30% del poder adquisitivo de los médicos, lo que ha llevado a
no cubrir algunas bajas y a que tengan que atender a más pacientes en menos
tiempo.
Sanitarios de Castilla y León
La Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) también ha
convocado a huelga hoy a unos 2.000 funcionarios sanitarios no
asistenciales -profesionales sanitarios de la Inspección, Salud Pública,
Seguridad Alimentaria y Administración y Gestión de la Administración Sanitaria
de Castilla y León (médicos, médicos inspectores veterinarios, farmacéuticos,
enfermeros, matronas, fisioterapeutas, etcétera)-. Con estos paros, apoyados
por el sindicato médico CESM, estos funcionarios piden la equiparación con
los profesionales sanitarios del Sacyl.
Según CESMCyL existen "severas carencias" de
medios materiales y personales en todos los colectivos sanitarios del sistema
sanitario de Castilla y León, y "resulta alarmante la severa
discriminación que sufren el colectivo de profesionales de Salud Pública e
Inspección".
Recuerda la Resolución del Procurador del Común de Castilla
y León, de 18 de enero de 2018, en la que insta a la Junta a revertir esta
situación y a "poner en práctica las medidas necesarias para reconocer los
mismos derechos a todos los profesionales sanitarios de la Administración
autonómica".
Reclaman también "la valoración y reconocimiento en la
misma medida de su experiencia profesional en el acceso con carácter definitivo
a la administración sanitaria de la Junta de Castilla y León, sus labores de
docencia y formación, así como el efectivo desarrollo profesional, con el
establecimiento de la correspondiente carrera profesional".
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