domingo, 30 de diciembre de 2018

Hacienda amplía la devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad y paternidad a los empleados públicos

El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto-ley que declara exenta la retribución percibida durante los permisos de parto y paternidad de los empleados públicos integrados en el mutualismo administrativo.Tampoco deberán tributar los profesionales que perciben las prestaciones de maternidad y paternidad a través de mutuas alternativas a la Seguridad Social 

Nota Ministerio de Hacienda.-  El Consejo de Ministros -de 28  de diciembre- ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se Adoptan Determinadas Medidas en Materia Tributaria y Catastral. Entre otras cuestiones, esta norma habilita que los empleados públicos integrados en el mutualismo administrativo y a los profesionales dados de alta en una mutualidad de previsión social alternativa a la Seguridad Social puedan solicitar la devolución del IRPF por las prestaciones de maternidad y paternidad. 

El pasado 3 de octubre una sentencia del Tribunal Supremo declaró exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social. El Ministerio de Hacienda interpretó que estas exenciones debían ampliarse también a las ayudas por paternidad y puso en marcha un sistema de devolución a través de la Agencia Tributaria de los años no prescritos.

Sin embargo, algunos colectivos no están amparados ni por dicha sentencia ni por la regulación actual del IRPF. Ello genera una situación de discriminación difícilmente justificable. En concreto, se encuentran en esta circunstancia una parte de los empleados públicos, en concreto los integrados en el mutualismo administrativo (MUFACE, MUGEJU e ISFAS, fundamentalmente) cuya prestación de maternidad o paternidad consiste en percibir sus retribuciones durante los permisos por parto, adopción o guarda y paternidad.

 La discriminación también afecta a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, que perciben tales prestaciones de mutualidades de previsión social. En consecuencia, la nueva redacción que se introduce en la Ley del Impuesto, además de declarar expresamente exentas las prestaciones por maternidad o paternidad satisfechas por la Seguridad Social, extiende la exención a las prestaciones percibidas por los otros colectivos señalados, hasta el límite de la prestación máxima que la Seguridad Social reconoce por tal concepto. Esta exención se extiende a los ejercicios anteriores no prescritos, por lo que el colectivo indicado que hubiera tributado en el IRPF en relación con tales prestaciones y ejercicios, podrá solicitar la correspondiente devolución.

 Tributación por módulos.
El Real Decreto-ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros también prorroga para el período impositivo 2019 los límites de facturación delimitada en la tributación por módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La legislación vigente hasta ahora contemplaba que este año se redujeran los umbrales a partir de los cuales un autónomo no puede tributar por el método de estimación objetiva. El Real Decreto-ley modifica esta situación y mantiene inalterables los límites de exclusión. Así, los trabajadores por cuenta propia no podrán tributar por el método de estimación objetiva cuando el conjunto de sus actividades supere 250.000 euros o cuando la facturación a otros empresarios o profesionales sobrepase los 125.000 euros. 

Si no se hubiera aprobado este Real Decreto-ley, los límites anteriores quedarían establecidos en 150.000 euros y 75.000 euros, respectivamente. Además, los autónomos que adquieren bienes y servicios hasta 250.000 euros podrán mantenerse en el sistema de módulos. Estaba previsto que este límite se redujera a 150.000 euros en 2019. A semejanza de la anterior medida, también se prorrogan para el período impositivo 2019 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Asimismo, el decreto también contempla la prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio 2019. 

Actualización de los valores catastrales.- El Real Decreto-ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros recoge la actualización -al alza o a la baja- de los valores catastrales mediante aplicación de coeficientes, cumpliendo lo establecido en el artículo 32.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. Esta medida se aprueba como consecuencia de la prórroga presupuestaria, por lo que resulta necesario que los coeficientes se actualicen antes del 31 de diciembre de 2018 mediante decreto, tal y como ha venido sucediendo en los dos últimos ejercicios. Para el ejercicio 2019, se prevé la aplicación de coeficientes de actualización de valores catastrales a 1.179 municipios.

Esta actualización da como resultado una bajada media agregada del 1,92% del valor catastral como consecuencia de que hay más inmuebles afectados por coeficientes a la baja, y además, más acusados. Los requisitos que deben cumplir los municipios para que pueda aplicarse esta actualización de coeficientes son que hayan transcurrido al menos 5 años desde la entrada en vigor del último procedimiento de valoración colectiva, que existan diferencias sustanciales y homogéneas dentro del  municipio entre los valores del mercado y los valores catastrales vigentes, y que la solicitud municipal se formule dentro del plazo establecido.

viernes, 28 de diciembre de 2018

Civio insiste al Gobierno: menos promesas y más avances concretos en transparencia

El Ejecutivo convoca en una reunión grupal a organizaciones pro transparencia y lobistas tras medio año sin avances en transparencia y sin concretar cómo va a cumplir sus compromisos en esta legislatura.

CIVIO. 27 diciembre 2018.- Hoy -l jueves 27 de diciembre- , en plenas Navidades, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha convocado a representantes de organizaciones pro transparencia y a lobistas para exponer la agenda de transparencia del Gobierno. El encuentro ha estado presidido por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, y la directora general de Gobernanza Pública, María Pía Junquera. A él han asistido representantes de organizaciones como Civio, Access Info Europe, Transparencia Internacional, la Fundación Hay Derecho, Maldita y Más Democracia, así como a colectivos de lobistas como APRI y Foro por la Transparencia.

Sobre la mesa había cuestiones de urgencia como la ausencia de un reglamento de la ley de Transparencia (cuatro años después de su entrada en vigor y tras dos borradores frustrados durante el anterior Gobierno), la regulación de la actividad de los grupos de interés, la publicación de las agendas de trabajo y reuniones de los altos cargos y renovación de la presidencia de Consejo de Transparencia. Tras consultar previamente a todos sus socios, Civio ha asistido a esta reunión por responsabilidad y para trasladar un mensaje claro, pese a haber sido convocada un 27 de diciembre, con solo una semana de margen y en un formato colectivo que no permite discutir avances concretos y solo sirve para la imagen. Pese a ello, hemos vuelto a insistir: vamos a seguir exigiendo hechos y no promesas, sea cual sea el partido que esté en el gobierno.

Un formato de reunión ineficaz, en plenas fiestas
Desde el cambio de Gobierno, en junio, Civio ha solicitado repetidamente y sin éxito una reunión con la ministra Batet para lograr avances concretos en transparencia tras las promesas que realizó el PSOE mientras estaba en la oposición. Como hemos insistido, el formato de reunión en bloque no es eficaz. Pedimos reuniones de trabajo individuales con las organizaciones que trabajan en políticas de transparencia desde hace años, profundizando en los motivos de cada propuesta y en cómo implementarlas, porque las reuniones colectivas y sin agenda no permiten concretar ningún pormenor. Desde 2012 realizamos propuestas claras y argumentadas para reducir la opacidad de las instituciones, logrando así mejorar en transparencia la Ley de Contratos Públicos, y hemos introducido cambios en todos los niveles, desde el Congreso a las comunidades autónomas y las administraciones locales, para mejorar el derecho de acceso a la información y que la actividad de los lobbies y otros ámbitos estén bajo el escrutinio público. Batet ha señalado que su implicación personal en reuniones de trabajo individuales no es viable, y delegó en su equipo. Siempre que la reunión se convoque para discutir acciones concretas y con personas con capacidad de decisión, Civio participará, pero no acudiremos a reuniones que no faciliten medidas concretas para avanzar en transparencia.

Seis meses sin avances en transparencia
La ministra aseguró que el actual Ejecutivo tiene más voluntad para avanzar en transparencia que el Gobierno anterior, pero los seis meses en el cargo no lo demuestran. Civio considera que en este tiempo no se ha producido ningún avance en el ámbito de la transparencia. Hasta ahora, el único paso dado ha sido publicar un extracto de las declaraciones de bienes de altos cargos en el BOE. Una medida que suponía cumplir una obligación legal ya establecida y en la que el Gobierno desaprovechó la primera oportunidad de mejorar las escasas obligaciones de transparencia que ya existían en este ámbito, como sí hacen algunas comunidades autónomas y el Congreso de los Diputados.

Compromisos sin cumplir
En esta reunión, la ministra ha anunciado que el Ejecutivo no se plantea proponer una modificación de la Ley de Transparencia en esta legislatura. Civio le ha recordado los compromisos del programa electoral de su partido, que pasaban por una reforma de la ley y la publicación de la “huella legislativa” de todas las iniciativas normativas, entre otras. En ninguno de estos ámbitos se han producido avances.

Sobre la ausencia de reglamento de la Ley de Transparencia, la ministra comunicó su intención de tener listo un nuevo borrador en la primavera de 2019. Hemos preguntado qué consideraciones merecen las propuestas que Civio ha realizado a los dos borradores anteriores, y que compartimos con su equipo en octubre. ¿Se va a reducir al arbitrariedad en los tiempos de respuesta que afectan al derecho de acceso? ¿Se va a concretar el significado de “reelaboración de información” como motivo para denegar una respuesta y otras excepciones al derecho de acceso que siguen siendo demasiado ambiguas? ¿Se van a seguir los criterios del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno? El Ministerio de Política Territorial y Función Pública no ha concretado sobre estos aspectos, ni tampoco sobre si está teniendo en cuenta las aportaciones que organizaciones como Civio han hecho en las consultas anteriores.

Vacantes sin previsión de cubrir
Aunque el Ministerio se escuda en la minoría parlamentaria para justificar su escasa iniciativa, desde Civio hemos recordado que el Ejecutivo podía haber aprobado ya medidas directas para avanzar en algunas cuestiones (la publicación de las agendas de los altos cargos, proponer un borrador de reglamento que recoja las propuestas de las organizaciones expertas) y desbloquear otras (proponer al Congreso candidaturas a la presidencia del Consejo de Transparencia). Sobre las agendas de los altos cargos, que el ministerio prometió para noviembre, Batet aseguró que se pondrá en marcha el próximo trimestre, empezando por los ministros y los secretarios de Estado. Sobre la presidencia vacante del Consejo de Transparencia, afirmó que no se barajan plazos para proponer nombres.

Reiteramos nuestra disposición a colaborar para poder mejorar la transparencia de las instituciones, pero no de cualquier forma. Demandamos más voluntad política traducida en avances concretos, y nos reafirmamos en que una posición crítica, independiente y firme de la sociedad civil, gobierne quien gobierne, es clave para asegurar cambios como los que hemos ya hemos conseguido.

jueves, 27 de diciembre de 2018

Pedro Sánchez gasta un 15,8% más que Mariano Rajoy en sueldos de altos cargos

Retribuciones funcionarios 2019. Con fecha 27 de diciembre de 2018, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones del sector público en 2019 (2,25% inicial).

Tras las últimas elecciones generales, la cifra de ministerios pasó de 13 a 17 y la de altos cargos aumentó en 27, un 12,4%, de 217 a 244

Revista de prensa. El Periódico.- El coste de las retribuciones a altos cargos del Gobierno ha aumentado en la etapa de Pedro Sánchez un 15,8% respecto a la etapa de Mariano Rajoy. Lo refleja una respuesta escrita del Gobierno a una pregunta de las diputadas del PP Ana Belén Vázquez y Elena Bastidas.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno
De acuerdo con los datos de la Dirección General de Costes de Personal, el Ejecutivo destinó el pasado septiembre a retribuciones de altos cargos de los ministerios, organismos autónomos, entidades gestoras, Tesorería General y UNED un total de 2.658.624,93 euros, lo que supone un 15,8% más que los 2.295.802,59 euros que se desembolsaron en mayo, antes de la llegada de Sánchez a La Moncloa.

El gasto en altos cargos solo de los ministerios subió entre esos meses un 15,9%, de 1.799.443,81% en mayo a 2.085.849,35 euros en septiembre, precisa la respuesta del Gobierno a la que ha tenido acceso Servimedia.

El Gobierno recuerda que la nómina de septiembre incluyó la subida del 1,75% recogida en la Ley de Presupuestos del Estado.

Aumento de altos cargos
Tras las últimas elecciones generales, la cifra de ministerios pasó de 13 a 17 y la de altos cargos aumentó en 27, un 12,4%, de 217 a 244, según una respuesta reciente del Gobierno al diputado del PP Eloy Suárez.

Las direcciones generales pasaron de 129 a 148, se nombraron cuatro nuevos subsecretarios, uno para cada nuevo ministerio, y otros dos directivos más adquirieron rango de subsecretario, de 29 a 31. Las secretarías generales pasaron de 17 a 19 y las secretarías de Estado se mantuvieron igual, en 29.

lunes, 24 de diciembre de 2018

26 de Mayo 2019. Próximas elecciones Municipales

"Es importante que ante las elecciones municipales se dé protagonismo a lo que lo tiene o debe tener, evitando esconder la urna municipal tras otras cuatro"

Por Fernando Castro Abella.- Blog EsPublico.- El cuarto domingo de mayo de 2019, el día 26, se producirán las próximas elecciones municipales. Ese mismo día se elegirán los Parlamentos de la mayoría de las Comunidades Autónomas.

Casa consistorial de Boadilla del Monte (Madrid) 
En esta ocasión, habrá una tercera urna, para elegir nuestros representantes en el Parlamento Europeo.

Ahora, surge la amenaza de que ese día también haya elecciones generales, que añadirían dos urnas para Congreso y Senado.

Más que a votar, vamos a ir a jugar a los barcos. ¿Qué has votado?:

D5: agua
E4: tocado
D4: hundido
F3: agua

Y fundamentalmente lo que nos vamos a encontrar es agua: pérdida de tiempo, de energías y progresivamente de interés en el propio juego.

Pero en las elecciones locales hay en juego mucho. Nuestro voto en las elecciones generales se diluye tanto, que al final casi ni cuenta (aunque los agoreros nos amenacen con que si votamos a zutanito la magia de los restos electorales hará que estemos votando a menganito). Sin embargo, en el pueblo, cuatro votos mal contados dan la vuelta al gobierno municipal.

Los analistas políticos se extrañaban de que en algunos lugares el Alcalde lo hubiera sido con y por UCD, PSOE, AP, PP… e incluso algunos lo eran en tiempos anteriores a las elecciones de 1979. Pero no es tan raro. En los pueblos se conoce la gente y quien es un buen Alcalde lo volverá a ser, aunque cambie de siglas en la papeleta que lleve su nombre. No tiene mayor poder quien tiene mayoría absoluta de Concejales, sino quien sabe que, sí o sí, va a tener mayoría absoluta en las próximas urnas.

Personas vs siglas
En unas elecciones locales, al menos en las localidades de menor población, que son las más numerosas, se votan personas, sin importar tanto las siglas. Una persona derechista puede votar una candidatura izquierdista y viceversa, sin el menor reparo.

Como digo en las elecciones locales nos jugamos mucho, pues al final el modelo de ciudad que demos y los proyectos de inversión que pongamos en marcha, y los que dejemos de lado, van a condicionar nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos. Mientras que los errores en la política europea, nacional o autonómica, se pueden corregir, salvo los cometidos en materia de educación. Y precisamente este tema nos puede servir de ejemplo, si recordamos que en los albores de la democracia no se dio importancia al tema y se transfirió rápidamente, permitiendo que se criaran generaciones enseñadas desde la infancia en la falsedad histórica y el odio a lo español.

Por ello es importante que ante las elecciones municipales se dé protagonismo a lo que lo tiene o debe tener, evitando esconder la urna municipal tras otras cuatro.

Por simple economía, los partidos de ámbito superior al puramente local centrarán sus campañas en los temas más generales, pues un anuncio les servirá para todo. Pero ello puede ser perjudicial a la larga.

Entiendo que mi débil voz poco podrá, pero quiero dejar testimonio de lo que pienso: Por favor, dese el protagonismo debido a lo local; ya habrá ocasiones sobradas para debates nacionales.

sábado, 22 de diciembre de 2018

“El Gobierno va a aprobar la reforma de la LRSAL”, anuncia Abel Caballero (FEMP)

Femp. Nota. 20.12.2018.- “Es la primera vez que un Presidente del Gobierno recibe en su ronda de contactos con los Presidentes Autonómicos al Presidente de la FEMP”. Así lo ha señalado esta mañana el máximo responsable de la FEMP, Abel Caballero, tras su reunión con el Jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, un encuentro celebrado en el Palacio de La Moncloa cuyo resultado ha sido calificado de “extraordinario” por el propio Caballero. A su juicio, significa que el Presidente reconoce a los Gobiernos Locales el status de Estado, “porque somos Estado”, y muestra el compromiso municipalista de Sánchez que “sí está apostando por los Ayuntamientos y las Diputaciones”. “La reunión de hoy sienta un precedente y marca una nueva senda en la relación porque, por primera vez hay un Gobierno con vocación municipalista que entiende la demanda de 47 millones de ciudadanos gobernados por Ayuntamientos”, aseguró.

Abel Caballero, presidente del la FEMP
Según ha explicado el también Alcalde de Vigo, Pedro Sánchez ha visto con buenos ojos  la propuesta formulada por la FEMP destinada a la modificación del techo de gasto, en la que se considere el presupuesto inicial y no el presupuesto liquidado, “un sistema irracional”, subrayó Caballero, “que prima el gasto en lugar del ahorro”. El cambio, en línea con la propuesta de la FEMP se está avanzando en el grupo de trabajo creado al efecto con el Gobierno.

En materia de superávit, anticipó que “este año, los Gobiernos Locales  volveremos a tener el 0,5% del PIB de superávit, y queremos que sea empleado en nuestras ciudades”. A la propuesta, el Presidente del Gobierno que este extremo queda garantizado en Presupuestos. Y que también se avanzará en la utilización de ese superávit en cuestiones como construir escuelas infantiles, bibliotecas, viviendas sociales, puntos de recarga para vehículos eléctricos, etc. Caballero incidió en que desde la FEMP se apuesta por un abanico más amplio de inversiones: “Podemos y queremos usarlo en gastos sociales imprescindibles”, y explicó que “aún estamos en tiempo de política social. Los ciudadanos quieren política social desde los Ayuntamientos, y debemos hacerlo” en concordancia con unos presupuestos que serán de alto contenido social.

Caballero recordó, además que los Gobiernos Locales cuentan con 25.000 millones de remanentes líquidos de tesorería que ahora están en los bancos y “que queremos utilizar en nuestras ciudades. Le hemos pedido al Gobierno que nos permita usar el 20% de ese dinero, lo ven factible y se estudiará”.

Reforma de la LRSAL
El Presidente Sánchez también anunció una próxima reforma de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, LRSAL, otro de los puntos destacados por el Presidente de la FEMP tras la reunión. Caballero, que se refirió a esta norma como “la ley guillotina que cercenó la capacidad de actuación de los Ayuntamientos”, mostró su optimismo ante el anuncio del Jefe del Ejecutivo.

Fondos Europeos
Otra de las propuestas formuladas al Presidente del Gobierno, y acogida por éste con “buenos ojos”, fue la relacionada con incluir en la programación de los Fondos Europeos del año 2020 la aplicación directa a los Ayuntamientos de un porcentaje determinado, permitir que la inversión europea fluya a los Ayuntamientos porque, según aseguró Caballero, “nosotros garantizamos la utilización de esos fondos” y, además, “tenemos una visión muy certera de las necesidades”.

Compromiso contra el cambio climático
También se habló sobre que la FEMP y Red Eléctrica Española suscribirán un convenio de colaboración en cuyo marco se establecerán puntos de recarga de vehículos eléctricos en las ciudades, “una garantía para que los automóviles eléctricos se implanten de forma masiva", según aseguró Caballero.

Tras la reunión, en la que también se habló sobre la nueva normativa de plusvalías o del trabajo con los municipios que se encuentran en dificultades financieras, Caballero auguró “buenos tiempos” para el municipalismo. Una entrevista con muy buen resultado “que abre perspectivas optimistas para los Gobiernos Locales”.

jueves, 20 de diciembre de 2018

La aplicación de contabilidad analítica del Ayuntamiento valenciano permitirá conocer el coste de todos los servicios

Esta aplicación de contabilidad analítica está diseñada para poder evaluar tanto los costes directos como los indirectos

Revista de prensa, EP.-El Ayuntamiento de Valencia ha presentado este martes su aplicación de contabilidad analítica, una herramienta que permite conocer el coste de los servicios que la administración local presta a la ciudadanía, tanto para el control interno como para aumentar la transparencia.
Ayuntamiento de Valencia
El concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ha dado a conocer la herramienta, de un tipo de contabilidad que es de "uso frecuente en el mundo de la empresa pero que, en su adaptación a la administración pública, el Ayuntamiento se convierte en pionero entre las grandes ciudades". "Yo diría que somos los primeros o casi los primeros entre las administraciones locales capaces de generar esta herramienta de contabilidad analítica de costes", ha indicado en un comunicado.

Esta aplicación de contabilidad analítica está diseñada para poder evaluar tanto los costes directos como los indirectos. Para su generación, además de la colaboración de 42 servicios municipales (centros de coste), ha habido una intervención "muy destacada" del SERTIC y del Servicio de Contabilidad. El consistorio ha contado con la empresa SAVAC como socio tecnológico.

Vilar ha explicado que se trata de un "sistema de control interno y también una herramienta de transparencia para saber realmente cuánto cuesta a la administración pública un servicio que se presta a los ciudadanos".

Su implantación es preceptiva legalmente para aquellos servicios a cambio de los cuales el ciudadano paga una tasa o precio público, "pero el Ayuntamiento de València ha decidido ampliarla a todo tipo de servicios municipales", ha resaltado.

Herramienta de transparencia
El concejal ha agradecido la colaboración de todos los servicios municipales que han colaborado en la elaboración de la aplicación y que deberán volcar los datos en ella para ese cálculo de costos, directos e indirectos, a los que podrán acceder los ciudadanos.

Se trata de una herramienta "potente y flexible que va a permitir más eficacia y más eficiencia", así como un "esfuerzo de transparencia para que los ciudadanos tengan un mayor conocimiento de lo que cuesta cada servicio que se le presta", ha señalado Vilar.

"Como administración eficaz y eficiente, queremos que nos proporcione los indicadores sobre los que queremos actuar", ha agregado. El edil ha puntualizado que la implementación de la aplicación y su alimentación "con los datos facilitados por los centros de coste continúa".

miércoles, 19 de diciembre de 2018

El inglés en la Función Pública

"Quiero dejar claro que no me estoy refiriendo a que la administración debe contar con filólogos (Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación aparte)"

Por Israel Pastor. EsPúblico blog.- Qué importantes son los idiomas. Bueno, el inglés, la verdad. Como padres, nos llega a obsesionar mandar a nuestros hijos a estudiar a Inglaterra, Irlanda o Estados Unidos. Incluso, los adultos se someten a cursos intensivos que duran toda la vida para tratar de dominar la lengua de James Rhodes y Jamie Oliver. Si estamos dispuestos a hacer semejante inversión económica es que hay algo verdaderamente importante detrás de esas decisiones. Aprender inglés, como cantara Prince, es “The sign o’times”.

Yo mismo viví esa oportunidad, para empezar, naciendo en Londres. Pasar los veranos trabajando en el sur de Inglaterra me ha marcado más de lo que yo mismo estoy dispuesto a reconocer a veces, con una anglofilia irritante. Y me ha dejado una relación más emocional que intelectual con el idioma. Pero, claro, el Londres de 1973 que me vio nacer no es el mismo que el de hoy, en el que españoles e italianos se mezclan en grandes números con pakistaníes, hindúes y otras nacionalidades de la Commonwealth.

Pero este blog va de administración pública. Por lo tanto, no demoro más la pregunta clave de este post: ¿de qué hablo cuando hablo de hablar inglés? y, sobre todo, ¿cómo debe demostrarse?

Quiero dejar claro que no me estoy refiriendo a que la administración debe contar con filólogos (Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación aparte). Más bien se trata de dominar la lengua de manera que el empleado público posea esa “habilidad”. O, como diríamos en el lenguaje actual de recursos humanos, domine esa “competencia”. Pienso en habilidades expresivas y, sobre todo, en la eficacia de la comunicación. Especialmente en los siguientes campos, ordenados, según mi opinión, de más a menos difíciles para los hispanohablantes:

Orales: dominar las presentaciones en público y en reuniones, las entrevistas, las negociaciones, etc. Por ejemplo, en una reunión con una delegación extranjera, ser capaz de explicar nuestro trabajo usando un vocabulario correcto y habitual en el sector en el que nos movamos.

Escrito: leer y escribir con soltura, correos electrónicos a papers, pasando por informes. Esto es muy habitual en el ámbito de los proyectos de cooperación, quizás tanto como en notas explicativas o comunicados de prensa.

Lectura: ser capaz de tener una comprensión lectora ágil y eficaz. Son incontables los informes de terceras partes extranjeras que debemos leer y resumir para nuestros superiores, de manera que ellas no tengan que leer con el mismo detalle y en una lengua extranjera como el inglés.

¿Deben ser estas habilidades, en los ejemplos citados o en cualesquiera otros, perfectas? No, “simplemente” deben ser eficaces, sin margen de error, con la capacidad expresiva suficiente como para que tanto la imagen de nuestro centro directivo sea la mejor posible, que ponga en valor su trabajo, como la comprensión del mensaje del otro sea igualmente eficaz. Sin duda, para puestos en el exterior, el nivel de exigencia sube, tal y como recogen las convocatorias públicas que se prevén para su cobertura. Y, en el fondo, la pregunta permanece invariable: por cuánto tiempo más podemos sustraernos a la lingua franca.

Competencias
En mis años de experiencia en la administración pública, en los procesos selectivos en los que he participado como miembro de tribunales, así como de gestor, debo decir que me he encontrado un nivel que no alcanza esas competencias. En particular, pienso en la Administración General del Estado y, muy especialmente, en la de Justicia. Por lo tanto, algo está pasando, cuando además de la inversión tan enorme que realizamos, y cuando los curricula por doquier aseguran el domino, no ya solo del inglés, sino también de alguna otra lengua, la percepción de la realidad es que el nivel deja mucho que desear. En mi opinión, debemos mirar, una vez más hacia el diseño de las pruebas selectivas. Es decir, las oposiciones están dando entrada a nuevos funcionarios que no dominan las habilidades comunicativas en inglés.

De nuevo estamos ante una realidad heterogénea. Y las necesidades de cada administración varían lo suficiente como para que tengamos que hablar de necesidades y realidades distintas. No obstante, si concebimos esta cuestión idiomática como una habilidad no solo asociada al desempeño de un puesto de trabajo, deberíamos exigir un nivel mínimo común denominador para todos los empleados públicos de un cierto nivel. Si hablamos de directivos públicos, por ejemplo, creo que convendremos que dominar con suficiencia el inglés debe ser siempre un requisito. Es como olvidarnos en la selección y formación de los funcionarios de las habilidades tecnológicas, como si miráramos para otro lado cuando un directivo nos asegure que de un ordenador solo sabe encenderlo. Hoy esto ya no es profesionalmente aceptable. Considero que, de igual manera, los líderes de nuestras organizaciones deben dominar el inglés con autonomía e independencia para la mayoría de funciones, como parte de su repertorio de competencias profesionales.

Es preciso tener en cuenta que esta situación cambia en función de los cuerpos. En algunos casos podría pensarse que los stakeholders de algunos de ellos hubieran ejercido una influencia modernizadora o, quizás, sea la propia cultura de ese cuerpo burocrático la favoreciese esta modernización. Es el caso del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, caso aparte del Diplomático, por razones obvias. Desde hace al menos 20 años, el CSACE exige para su acceso el dominio de un idioma (inglés o francés), lo que lo convierte en obligatorio y eliminatorio en su proceso selectivo. Además, existe un segundo idioma europeo comunitario del que demostrar ciertas destrezas, calificable como «apto o no apto». Hay otros, como el de Interventores y Auditores del Estado que también han incorporado un ejercicio en el que «se valorará el conocimiento de los idiomas extranjeros, la capacidad de comprensión y síntesis y la calidad de la versión en castellano». Otro ejemplo de menor intensidad lo encontramos en la Escala de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, que entre sus pruebas tienen un examen voluntario de una hora de inglés o francés.

En el caso particular de la Administración de Justicia, debo hacer un apartado especial. He sido miembro durante casi dos años de la Comisión de Selección que regula el artículo 305 de la Ley orgánica del poder Judicial. Y en las actas de sus reuniones consta que siempre he defendido este enfoque para las pruebas selectivas de jueces y fiscales (y, por descontado, para los verdaderos directivos judiciales, los Letrados de la Administración de Justicia). Con cierto éxito porque afortunadamente ya va a sentándose, incluso en ese ámbito de la judicatura y la fiscalía, compartido por muchos de sus más presientes representantes, la cecinad de exigir un mínimo nivel de inglés, que hasta la fecha no existe en ninguno de los cuerpos y carreras de la Administración de Justicia. Considero que ya es solo cuestión de tiempo, aunque sin duda muy demorado ya, que los aspirantes a estas funciones tengan que demostrar esta habilidad indispensable en nuestro tiempo.

No me olvido de la mayor barrera objetiva a la que debemos hacer frente para lograr una más rápida y decida implantación de estas medidas. Si empezaba este post hablando del esfuerzo que muchas familias hacen para que sus hijos aprendan desde bien jóvenes el idioma, no me puedo olvidar de que hay muchas otras (seguramente la mayoría) que sencillamente no pueden hacer este esfuerzo económico. Por eso, hay que insistir en la escuela pública de calidad y en los programas de bilingüismo en los colegios e institutos. Además, debemos considerar otras vías, como las que muchos jóvenes exploran como las becas Erasmus o los veranos trabajando en el extranjero. Pero no podemos olvidar que los propios poderes públicos deben prever sistemas de caceo inclusivos, que a la postre sean ascensores sociales, que es otra de las grandes oportunidades que, hasta ahora, la función pública ha ofrecido como mayor atractivo.

martes, 18 de diciembre de 2018

Los trabajadores públicos rompen la tregua con Sánchez por los salarios de 2019

El sindicato CSIF organizó la primera concentración de empleados públicos contra el Gobierno para garantizar la subida salarial en 2019 y acelerar la negociación del convenio único

Revista de prensa. El Confidencial.- El Gobierno de Pedro Sánchez va agotando el periodo de gracia concedido por los agentes sociales. El lunes, lo experimentó por primera vez con una concentración de trabajadores públicos ante la Secretaría de Estado de Función Pública para reclamar que se concrete la mejora salarial que percibirán en 2019. La movilización, organizada por el sindicato CSIF, es la primera de las que se avecinan si no hay un verdadero avance en las mesas de la Administración General del Estado.

Fachada del Ministerio de Hacienda
El Gobierno lleva meses de reuniones con los sindicatos, pero los avances no se concretan en medidas y la cuenta atrás para el cierre del año ha comenzado. De hecho, ya solo quedan dos Consejos de Ministros en 2018 si el Gobierno quiere dejar lista la normativa que apruebe la subida salarial para 2019, de ahí que los ánimos entre las organizaciones sindicales estén empezando a tensarse.

“La convocatoria ha sido un éxito”, explica Francisco Camarillo, secretario de acción sindical de CSIF, “de momento solo hemos convocado a trabajadores de Madrid, pero si seguimos sin respuesta, iremos aumentando el nivel de las movilizaciones”. Los sindicatos quieren que la negociación salarial se separe de los Presupuestos Generales del Estado, ya que es muy posible que nunca lleguen a aprobarse.

Como ya ocurrió hace un año, con el Gobierno de Mariano Rajoy, los sindicatos piden que el salario de los trabajadores públicos salga del debate político y se apruebe “sí o sí”. De ahí que exigen que la subida salarial se ejecute por decreto-ley para que pueda entrar en vigor antes del 1 de enero. El ministerio ha trasladado en numerosas ocasiones que, si finalmente no hay Presupuestos, aprobaría la subida por decreto-ley, pero hasta el momento no hay más novedades.

CCOO y UGT todavía no se han unido a las movilizaciones, pero también exigen certezas al Gobierno. CCOO envió una carta a la ministra de Función Pública, Meritxell Batet, para que “cierre definitivamente el incremento salarial para 2019”, pero todavía no ha recibido respuesta. Su predecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, dejó firmada con los sindicatos de la función pública una subida del salario del 2,25% fijo más un 0,25% variable para 2019, por lo que el ministerio tiene que limitarse a ejecutar lo que está aprobado.

Para los sindicatos, el problema es que el Gobierno decida retrasar esta subida durante unos meses. Además, el riesgo de adelanto electoral es más que evidente, lo que podría retrasar mucho más la medida. Si bien es verdad que después se aplicaría con efectos retroactivos al primero de enero, durante varios meses los trabajadores públicos estarían ‘financiando’ la Administración. “Legalmente, tienen que aplicar la subida, pero lo que pedimos es que se haga desde el 1 de enero”, sentencia Camarillo.

El convenio único
La concentración de CSIF ante Función Pública reclamaba también la aprobación del convenio único del personal laboral de la Administración General del Estado. Este convenio tiene que incluir, entre otras cosas, la subida del salario de estos trabajadores públicos que no son funcionarios, así como la revisión de las clasificaciones. “Se comprometieron a tenerlo listo en diciembre, pero el mes está a punto de acabar y todavía no tenemos nada”, explica el secretario de acción sindical de CSIF.

CCOO y UGT también habían convocado movilizaciones para el 19 de diciembre, esto es, el próximo miércoles. Sin embargo, la semana pasada avanzaron en sus conversaciones con el ministerio y decidieron retirar la convocatoria. Sin embargo, todavía no tienen un documento cerrado.

“El problema que tenemos es que no nos quieren dar el presupuesto que tenemos para el personal laboral de la AGE y así es imposible avanzar en las negociaciones”, lamenta Camarillo. Todos los números del Gobierno para 2019 son provisionales y las partidas que no se aprueben por decreto-ley, difícilmente llegarán a aplicarse por la falta de consenso para sacar los Presupuestos. Los sindicatos pretenden lograr una mejora significativa del sueldo del personal laboral de la AGE para aproximarlo al del cuerpo de funcionarios.

Frentes abiertos
Además, está pendiente de acuerdo la oferta de empleo público de 2019 correspondiente al acuerdo para la estabilización del empleo público. Con este acuerdo, alcanzado en 2017, las administraciones se comprometían a reducir los niveles de temporalidad en el empleo público hasta el 8%. La oferta de empleo correspondiente a 2019 todavía está por negociar y los sindicatos apremian al Gobierno para que llegue a un acuerdo.

“Hay muchos frentes abiertos y está la posibilidad de cerrarlos, por eso hay que movilizarse ahora más que nunca”, explica Camarillo, "y no tenemos que dejarnos llevar por el color del partido que esté en el Gobierno". Las próximas semanas serán clave para ver si el Gobierno finalmente adopta alguna decisión concreta o, por el contrario, sigue prolongando las conversaciones. No solo eso, también comenzará la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, lo que podría complicar o facilitar cualquier avance.

lunes, 17 de diciembre de 2018

Ya no necesitamos héroes, necesitamos gestionar el conocimiento organizacional

Por Jesús Martínez. Blog Trabajo Colaborativo. Hace unos días Javier Martínez Aldanondo nos enviaba a algunos de sus contactos una de aquellas preguntas que hacen pensar (creo que  Javier, por la periodicidad con que usa estas encuestas, se apuntó al aprendizaje conectado y en red,  y nos invita a seguirlo).

Partiendo de la premisa de que las personas aprenden deforma diferente a las organizaciones, la pregunta era ¿cómo aprende tu organización? y, de forma más general, ¿cómo aprenden las organizaciones?

No queriendo precipitarme en una respuesta rápida y quizás poco reflexionada, me he tomado unos días para contestarle. Y lo hago, ya puestos, en abierto, para todos.

Lo voy a hacer narrando una historia que a su vez nos contó Sergio Vásquez, otro de los grandes consultores en gestión del conocimiento.

Nos contaba Sergio, que, en el inicio de las comunidades de práctica, allá por los años 90, estuvo involucrado el gran John Seely Brown, que en esa época trabajaba para Xerox -el líder de las fotocopiadoras-. Explicaba Vásquez que, a los grandes expertos de la compañía, aquellos que eran capaces de reparar cualquier anomalía en los equipos averiados, se les conocía por el nombre de los grandes guerreros. Estos se desplazaban por el territorio, a petición de las organizaciones donde contaban con sus equipos y, en algunos casos, cuando aquellas personas más inexpertas se atascaban reparando alguna de las máquinas,  tenían que recurrir, vía busca (aún no había teléfonos móviles), a uno de ellos.

John Seely Brown propuso a la compañía que los guerreros socializaran el conocimiento con los novatos e inexpertos, para hacer más eficiente su trabajo. Fue el inicio, junto a las propuestas de Étienne  Wenger,  de lo que hoy se conoce como la más exitosa de las herramientas en  la gestión del conocimiento, las comunidades de práctica.

En otras organizaciones, ya más cercanas en el tiempo, cómo son las centrales nucleares, nos contaba también Carlos Merino (otro grande), que en alguna ocasión habían tenido que recurrir a personas ya jubiladas para que les señalaran, por ejemplo, el sitio exacto de determinadas canalizaciones que debían de someterse a reparación y que no podían arriesgarse a no acertar en su localización exacta.

Es otro ejemplo de la dependencia del gran experto ante la ausencia de conocimiento codificado y transferible. No en vano, otras organizaciones de este tipo, donde el conocimiento es tan relevante y vital para la supervivencia,  como pueden serlas compañías mineras, las unidades de intervención en crisis y catástrofes naturales, las fuerzas armadas, las compañías petrolíferas, se han dotado más rápidamente de este tipo de programas.

De todas estas historias y experiencias podemos sacar ya una primera conclusión para Javier. Creo que no tiene sentido distinguir ya entre organizaciones en donde el conocimiento no sea tan relevante que no empuje a gestionarlo de forma consciente y en un plano estratégico. La velocidad del cambio y la obsolescencia de lo aprendido (tanto en lo personal como en lo organizacional) iguala ya a todo tipo de organizaciones, incluidas las públicas.

Entonces, de ello podemos deducir que en las organizaciones que han estado en un segundo nivel de necesidad (vuelvo a mencionar a las organizaciones públicas), necesitan hacer determinados deberes ( y ahora como ya vimos en el post La edad  en las  Administraciones Públicas: la bomba ha estallado, es ineludible

 Sí decíamos al principio que las personas aprenden de forma diferente a las organizaciones; y que había sido en los últimos años con el descrédito de los métodos transmisivos, que habíamos redescubierto el aprendizaje personal eficiente: experiencial, haciendo y en colaboración, también podíamos decir lo mismo del aprendizaje organizacional que  ha hecho su propia evolución.

Y comenzaba, de acuerdo con Stephen Dale, reconsiderando el propio rol del conocimiento en la actualidad. De ser considerado un recurso que podía gestionarse en las mismas condiciones que los recursos físicos,  ahora  se pasaba a  revisar estas premisas ajustándolo a la gestión de intangibles
 Con este esquema lo presentaba:
Nuevo rol del conocimiento (Basado en Sthefen Dale)

En efecto, podemos considerar que existe aprendizaje organizacional eficiente sí encontramos que las palancas que lo activan están debidamente enmarcadas y activadas.

Y hoy, afortunadamente, con la evolución progresiva que se ha producido en la disciplina de la gestión del conocimiento tenemos más claro que la eficiencia llega también desde la parte social y de la interacción intencionalmente diseñada.

Nancy Dixon, cuando nos visitaba en el Congreso Edo de mayo pasado,  en su conferencia  se presentaba como diseñadora de conversaciones. También David Gürtel, otro de las personas importantes en Gestión del Conocimiento y que ya también nos visitó en el Congreso Edo de 2014, tenía claro que las dinámicas de interacción bien diseñadas eran la primera puerta al aprendizaje organizacional.

Con ello,  queremos indicar Javier, que la preponderancia delos aspectos de comunicación e interacción debidamente diseñados y posteriormente reforzados con acciones intencionales para codificar, recoger,organizar y poner a disposición de la organización el conocimiento, tendremos el circuito perfecto.

Y esto es algo, Javier, que tú mismo explicas en las ocasiones en las que tenemos la oportunidad de escucharte.

Pero, no obstante, y ya en la parte operativa, como sabes, las cosas no san tan fáciles: la gran barrera a superar es lo que se conoce como los 8 años que cuesta cambiar la cultura organizacional.  

 Conclusión
Vuelvo al título del post, las organizaciones que gestionan  su conocimiento no necesitan ni héroes ni guerreros. Ya todos somos héroes;).

Basado en Carolina Sass de Haro
Y hay, además, una buena noticia (si la cultura organizacional nos deja): la gestión del conocimiento ha evolucionado y transita ahora por una etapa en la que las grandes sofisticaciones y la apuesta por plataformas tecnológicas han dejado paso a una orientación mucho más volcada en lo social y con recetas  no demasiado complicadas.

Resumiéndolo mucho, podemos decir que la clave es la socialización del conocimiento mediante diversas estrategias y herramientas, para una vez codificado,  poderlo transferir de forma natural y que sea accesible  y,  a ser posible,  que fluya hacia las personas que lo necesitan y puedan aplicarlo para crear nuevo conocimiento e iniciar un   nuevo ciclo: crear, comunicar/compartir, recoger/recolectar, organizar, transferir y , otra vez, crear.

domingo, 16 de diciembre de 2018

Jordi Soler. Objetivo: Regenerar la Función Pública

Fedeca: Hace falta un cambio de cultura política y urge aprobar un estatuto del directivo público

Por Jordi Solé Estalella,  Presidente de Fedeca. Cinco Días.- Según la tradición cristiana, el trabajo es un castigo divino infligido al hombre por comer del árbol del conocimiento, por lo que sería una penosa e ineludible obligación, soportada solamente para ganar con ella el sustento diario.

Es posible que, en muchos casos y para la mayoría de las personas, esto sea así, lo que resulta un drama para ellos por sufrir diariamente el tener que “ganarse el pan con el sudor de la frente”, pero también para las organizaciones en las que trabajan, que ven seriamente afectadas la entrega y dedicación de estas personas a sus cometidos profesionales, con el consiguiente efecto negativo en los resultados esperados.

Siendo los factores de motivación en el trabajo en gran medida comunes entre los sectores privado y público, la función pública cuenta con una palanca motivacional exclusiva: saber que nuestro trabajo ayuda al bienestar general del conjunto de la población, contribuyendo a hacer de nuestro país un país mejor. O dicho en nuestro lenguaje administrativo, el ser conscientes de que, desde nuestros puestos de trabajo, satisfacemos el interés general por encima de intereses particulares y en los que la obtención de elevados beneficios económicos no es la principal motivación.

Motivación 
Por tanto, los funcionarios contamos con una fuente de motivación interna que, para la inmensa mayoría de nosotros, es de una potencia inmensa, suficiente para considerar que nuestro trabajo es una fuente de satisfacción que va mucho más allá de conseguir ese sustento diario.

Sin embargo, la existencia de esta palanca motivacional no es suficiente para disponer de funcionarios motivados, pues no se debe olvidar la afirmación de que “un trabajador motivado es un trabajador productivo”.


Por esto, desde la dirección de la Administración del Estado y de sus unidades de personal deben planificarse y cuidarse los aspectos externos de la motivación laboral. Entre estos aspectos se encuentran la regulación de las condiciones de trabajo, la posibilidad de desarrollo de carreras profesionales horizontales o verticales, la mejora salarial en los cuerpos superiores donde hay una importante brecha en relación con los de la empresa privada o con los de los países de nuestro entorno.

Todo ello, sin olvidar otros, como la planificación de los recursos humanos más allá del criterio de la disponibilidad presupuestaria anual, la instauración de sistemas de evaluación del desempeño serios y fiables, la flexibilidad horaria, la conciliación de la vida laboral y la familiar o el teletrabajo.

Desde otra perspectiva, también es necesario que, desde las más altas instancias, exista un verdadero esfuerzo por evitar actuaciones que menoscaben la dignidad de la función pública y del trabajo que desarrollan los funcionarios, como el secuestro de la Administración por parte de las instancias políticas, que desde hace tiempo se viene denunciando desde muchos foros como una tarea urgente y prioritaria.


Se necesitan acciones valientes que nos hagan orgullosos de pertenecer y de colaborar en el más crucial proyecto del país, recuperando el prestigio de ser servidor público, un valor este que, en los últimos años, ha sido dañado sucesivamente en múltiples ocasiones por actuaciones a veces poco meditadas, y en otras, por verdadera mala fe de decisiones exclusivamente políticas.

Se necesitan medidas de regeneración y de dignificación de la función pública, que conlleven un cambio de la cultura de nuestros partidos políticos, para que asuman que la Administración pública no es un botín a repartir cuando se llega al poder, una herramienta del partido de turno en el Gobierno, sino una institución al servicio del interés general, incluido el determinado por ellos cuando los ciudadanos les hayan otorgado la responsabilidad de dirigir la Administración.


Por ello, como primera medida entre otras muchas necesarias, debe aprobarse, de una vez por todas, un estatuto del directivo público, bajo las premisas y principios presentados recientemente por Fedeca. Debe ser este marco del estatuto del directivo público un instrumento imprescindible para separar nuestra alta dirección administrativa de los vaivenes de la política. Los altos funcionarios deben poder desarrollar su cometido con profesionalidad e independencia, planificar en el medio y en largo plazo, más allá del cortoplacismo de la política actual, aunque plenamente involucrados en los objetivos señalados por el Gobierno de la nación y asumiendo la responsabilidad plena por la consecución de los mismos.

Habida cuenta que apasionarse en y por la función pública es, en general, fácil, nuestros gobernantes deberían hacer todo lo que esté en sus manos para motivar a los empleados públicos para que esta pasión no se apague nunca, y que crezca todo lo que pueda crecer. Como dijo Peter Drücker, “trabajar duro por algo que nos interesa se llama estrés; trabajar duro por algo que amamos se llama pasión”.

sábado, 15 de diciembre de 2018

Aprobada la jubilación anticipada de los policías locales para rejuvenecer las plantillas

La edad ordinaria de jubilación no podrá reducirse más de 5 años, que serán 6 (hasta los 59 años) en el caso de tener 37 efectivamente cotizados. Para financiar esta medida, se aplicará una cotización adicional del 10,6% a todos los policías locales en activo, el 8,86% a cargo de los aytos y el 1,76%, de los funcionarios.

Nota de Lamoncloa.gob.es.- El Consejo de Ministros -de 14 de diciembre de 2018-  ha aprobado, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el Real Decreto por el que se regula la jubilación anticipada de los policías locales.

Caricatura de los sindicatos policiales sobre
el retraso en el decreto de las jubilaciones
Esta nueva norma permitirá a partir del 2 de enero que los policías locales puedan solicitar el adelanto de su jubilación el tiempo que resulte de aplicar un coeficiente reductor del 0,20% al número de años que hayan trabajado efectivamente como agentes municipales. En todo caso, la edad ordinaria de jubilación no podrá reducirse en más de 5 años, que podrán llegar a ser 6 siempre que se acrediten 37 años de actividad efectiva y cotización.

El requisito imprescindible para acceder a la anticipación de la edad de jubilación será haber cotizado 15 años como policía local.

Los interesados deberán comunicar a la administración municipal correspondiente su voluntad de acogerse a esta modalidad de jubilación antes del 31 de enero de cada año.

Años cotizados y recargos
Los años de cotización efectiva como policía local para anticipar la edad de jubilación hasta 6 años se van a exigir de manera progresiva: en 2019, serán necesarios 35 años y medio; en 2020, 2021 y 2022, 36 años; en 2023, 2024, 2025 y 2026, serán 36 años y medio; y en 2027 y posteriores, 37 años.

Con el objetivo de mantener el equilibrio financiero del Sistema de Seguridad Social, estos beneficios llevarán consigo un incremento en la cotización ya contemplado en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Esta cotización adicional será del 10,6% para todos los policías en activo. De esta cuota, los municipios deberán financiar el 8,86% y los propios funcionarios, el 1,76% restante.

Este Real Decreto, que cuenta con el aval del Consejo de Estado, da cumplimiento a una demanda histórica de las corporaciones locales; de los diferentes sindicatos y plataformas representantes del colectivo; y ha recibido también el apoyo de los grupos parlamentarios del Congreso. Asimismo, está avalado por la Ley General de la Seguridad Social, que contempla que la edad mínima exigida para tener derecho a la pensión de jubilación "podrá ser rebajada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre".

Con esta medida los ayuntamientos podrán acelerar el proceso de rejuvenecimiento de las plantillas de policía local de forma ordenada. De esa forma se asegura la agilidad en el proceso de reposición de las vacantes que se generen, manteniendo en todo momento las garantías para la seguridad de los ciudadanos.

Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta en este sentido es que, si bien todas las comunidades autónomas han regulado la segunda actividad para la policía local, no todos los ayuntamientos pueden ofrecer esta posibilidad a los agentes, bien por el tamaño del consistorio o por su capacidad financiera. Poder anticipar la edad de jubilación resuelve el problema de discriminación entre policías locales de diferentes localidades de la misma autonomía.

La Ertzaintza como referencia
Esta medida se someterá a evaluación dentro de un año con el objetivo de valorar su impacto. En el informe participarán el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; el Ministerio de Política Territorial y Función Pública; y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Otros colectivos en una situación similar ya disfrutan de un coeficiente reductor en su edad de jubilación, como es el caso de la Ertzaintza -- policía autonómica vasca-- y los cuerpos de bomberos. La jubilación de la Policía Nacional y la Guardia Civil también presenta un régimen especial a través de la situación administrativa de reserva.

Se ha actuado con la mayor diligencia para que el primer día del próximo año sea ya un derecho para el colectivo de Policías Locales, consciente de la demora en el proceso de aprobación de la norma que venía siendo demandada por los ayuntamientos españoles desde hace años.