jueves, 31 de agosto de 2017

Un nuevo manual enseña a las administraciones locales a reutilizar y compartir los datos públicos

Este manual, de 122 páginas y elaborado con la colaboración de la escuela de negocios Esade y la consultora PwC, está disponible de forma gratuita a través de la web de FEMP

Revista de prensa. Expansión.- Las políticas de datos abiertos (u open data) representan el primer paso hacia una sociedad más justa y transparente. La lucha contra el fraude, el bloqueo de capitales o el terrorismo pueden dar un gran salto gracias a la libre compartición de los datos de carácter público. Porque esa información abierta es la fuente a través de la que organismos de control y la prensa pueden ejercer su labor.

Los datos de carácter público sirven asimismo como generación de oportunidades de negocio para los emprendedores, y como fuente de ahorro para las administraciones. Para el año 2020, el Portal Europeo de Datos estima que los ahorros derivados de la reutilización de la información pública ascenderá a 1.700 millones de euros en la Unión Europea de los 28. Por último, el open data constituye un mecanismo para mejorar las relaciones entre la ciudadanía y la administración.

Punto de partida
Buenas noticias. España es el país europeo más preparado para asimilar e implementar políticas de datos abiertos con un 92,2% de capacidad, según informe anual del Portal Europeo de Datos Públicos, que analiza 31 países del Viejo Continente.

No obstante, queda mucho por hacer, en especial entre las administraciones locales. Con el fin de orientar a los ayuntamientos sobre sus responsabilidades legales en materia de transparencia y las herramientas tecnológicas que tienen a su disposición para realizar acciones concretas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha publicado una guía práctica.

Este manual, de 122 páginas y elaborado con la colaboración de la escuela de negocios Esade y la consultora PwC, está disponible de forma gratuita a través de la web de FEMP. "Todavía hay una gran cantidad de datos, la mayoría, que están escondidos, bien en papel en las organizaciones, bien en bases de datos que debemos transformar y poner en línea para que verdaderamente despeguen los datos abiertos en España", indica el citado documento.

La guía enumera los componentes básicos que ha de incluir cualquier portal de datos abiertos, y da algunos consejos sobre cómo minimizar la resistencia al cambio.

Otro de los capítulos versa sobre los formatos en los que deben estar guardados los datos. La Ley de Transparencia española exige que la información pública sea accesible, entendible y reutilizable, si bien " existen miles de formatos de ficheros, y no todos son reutilizables, ni abiertos", recuerdan los autores de la guía.

Priorización
Uno de los apartados más interesantes está dedicado a los conjuntos de datos mínimos que toda administración local debería ofrecer. Constituye el punto de partida de cualquier entidad que quiera emprender políticas de open data. El capítulo no sólo enumera cuáles son estos conjuntos de datos, sino que los desarrolla y estructura. Prioriza, por ejemplo, la agenda municipal de la alcaldía y el personal directivo, las actividades y eventos, los aparcamientos públicos, la calidad del aire, el callejero oficial, el censo de locales, la deuda pública, el padrón municipal, los lugares de interés turístico, el transporte público o los puntos de conectividad WiFi, entre otros.


Por último, "además de la formación proporcionada al personal de las Administraciones Públicas, es necesario formar a la ciudadanía en la búsqueda, el análisis y el uso de los datos abiertos", establece la guía.

miércoles, 30 de agosto de 2017

José Errejón: La liquidación de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas (AEVAL)

"Resultan algo patéticos los lamentos de quienes ahora descubren el valor de la evaluación al margen de los procesos de democratización de los que forma parte"

Por José Errejón. InfoLibre.- A propósito de la desaparición de la Agencia para la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) me parece procedente realizar, esquematizados, algunos comentarios.
AEVAL nace, en efecto, en el primer gobierno Zapatero pero, ni con el mayor entusiasmo, podría afirmarse que se tratara de una propuesta estrella. La victoria socialista en el 2004 que, si no me equivoco, no era esperada por quienes dirigían entonces el partido, parece admitido que se debió más a la magnífica reacción popular posterior al atentado del 11M y las burdas manipulaciones del gobierno del PP sobre su autoría. Viene a cuento recordarlo porque la propuesta de creación de AEVAL en el marco de la Ley de agencias derogada por la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público, no venía integrada en una estrategia integral de reforma de las administraciones públicas tras 12 años de vigencia de la Ley 30/1992 de régimen jurídico y procedimiento administrativo común, promulgada asimismo bajo mandato socialista.


Dicho aún más claramente, la propuesta de creación de una agencia debe entenderse como aquellas que —los que han trabajado en la redacción de programas electorales lo saben bien— se hacen “a beneficio de inventario”, en la casi seguridad de que no tiene oportunidad de llevarse a la práctica.

El modelo agencia no ha encajado en la realidad de nuestro ordenamiento jurídico administrativo por un complejo conjunto de factores, entre los que aquí es de justicia citar la escasa disposición de la mayor parte de los políticos a autorizar un modelo con tan alto nivel de autonomía funcional, de gestión y financiera. Y ello con independencia de la adecuación de tal modelo a los objetivos y los propósitos de la función evaluadora de las políticas públicas, por cierto aún pendiente de ser definida de forma precisa especialmente en lo que concierne a los efectos que se esperaban de su implementación.

Con la AEVAL, como tantas veces en las administraciones españolas, “se empezó la casa por el tejado”.

Lo primero que cabría decir es que en absoluto se trataba de una reforma administrativa. Se trataba, por el contrario, de la incorporación de una nueva función entre las funciones estatales que tenía o debía tener por cometido, ni más ni menos que arbitrar los medios que permitieran valorar las políticas públicas con vistas a poner a disposición del electorado y su representación elementos de juicio que hicieran posible adoptarlas, rechazarlas o mejorar su dotación y recursos. En breve, se trataba o debía tratarse, de una propuesta para mejorar la calidad de la democracia. Y al respecto quiero hacer una consideración que estimo pertinente en este punto.

Juicio sobre la viabilidad de una inversión
En la abundantísima literatura producida en las últimas décadas bajo el rótulo de la nueva gestión pública, la función evaluadora ha sido asimilada a la que en el mundo de la economía mercantil realizan los mercados, singularmente los financieros, sobre la viabilidad de una inversión o un proyecto económico, dentro de un proceso en el que una parte creciente de las decisiones públicas eran hurtadas a las instancias electivas para atribuírselas a aquellas otras que trabajan con herramientas más objetivas que las ideas políticas, preferentemente la respuesta de los mercados. En el marco de un proceso de desdemocratización de las decisiones públicas para mejorar la calidad de las mismas, se pretendía disponer de una “caja de herramientas” útil para garantizar al Ejecutivo una decisión objetiva sobre las mejores políticas a adoptar.

El subrayado anterior es relevante. Esa administrativización/ tecnificación de la función evaluadora tenía como corolario que su implementación se entendía como “cosa de expertos”al interior del ámbito de ejecución de las políticas, el Gobierno y las administraciones públicas. Coherente, como digo, con esa vocación desdemocratizadora de las políticas públicas y contraria a la que postula que las políticas que implementa el Ejecutivo deben estar sometidas al control, el seguimiento y la evaluación de los representantes del electorado, depositarios de la soberanía popular.

Se partía de que la evaluación de las políticas públicas debía corresponder al legislativo y no al Ejecutivo, ya que el Ejecutivo no podía ser juez y parte, salvo en esa visión no democrática de la gestión pública. Era la consecuencia lógica que el gobierno de la época ni los que le siguieron nunca adoptaron. Resalto algunas consideraciones para encajar la nueva agencia en el marco de la Administración General del Estado (AGE).

1.– La originaria orientación ha determinado fuertemente la labor de AEVAL. Con esa visión tecnificada se imponía un procedimiento de selección y recluta que permitiera contar con los perfiles más adecuados a la función o, habida cuenta de las dificultades para ello con el vigente régimen de función pública, encontrar un ámbito de la administración que mejor se adaptara a tales requerimientos. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) podría haber sido uno de esos ámbitos y quien esto escribe así se lo propuso al entonces presidente de AEVAL y hoy firmante del artículo de Cinco Días, que motivan estas reflexiones.

La razón me parecía y me sigue pareciendo de peso: se trata de una unidad y una función administrativa consolidada, cuya naturaleza y contenidos así como la formación y la experiencia de quienes la ejercen parecía la más adecuada a la incorporación de la nueva función. Los costes de formación para el desempeño de la misma —asunto este en absoluto baladí— parecía serían inferiores a los de levantar una nueva función desde cero. El hecho de que, a través de las intervenciones delegadas, estuvieran presentes en todos los departamentos, organismos y empresas públicas constituía una ventaja adicional frente a una unidad nueva y, por desconocida, carente del prestigio y la aceptación de una función de tan larga tradición como la interventora/fiscalizadora.

2.– Por razones que desconozco y que, por tanto, no puedo juzgar, tal propuesta no fue tomada en consideración y la AEVAL quedó adscrita al Ministerio de las Administraciones Públicas, lo que denota bien ese rasgo administrativizante antes señalado. El mismo que le privó, desde el principio, del conocimiento y el arrope del conjunto del Gobierno, cayendo en una sectorialización que despertaba los recelos de los departamentos a los que se pretendía evaluar.

3.– La selección de las políticas a evaluar merece un comentario específico. En primer lugar hay que señalar que la única definición de las políticas públicas presentes en el ordenamiento jurídico administrativo es la contenida en las leyes que aprueban los Presupuestos Generales del Estado de cada año y son las políticas de gasto. Fuera de ellas no es posible encontrar un cuadro de objetivos, funciones, políticas y resultados esperados que estructuren las actuaciones de la AGE.

4.– Al carecer de una enumeración de las políticas a evaluar por el órgano competente para ello (debo insistir en la relevancia que tal órgano fuera el legislativo y que tal enumeración se hiciera a continuación de la investidura del presidente del Gobierno), no quedaba otro remedio que “salir a buscar clientes”, lo que resultaba coherente con la inspiración neoliberal que en el fondo animaba la propuesta. La selección de los clientes resultaba arbitraria y dependiente de factores tan aleatorios como el conocimiento previo de algún responsable que voluntariamente quisiera someterse al procedimiento evaluador.

El problema estaba en que, salvo contadas excepciones en un ámbito muy reducido, los clientes a los que se contactaba no parecían especialmente interesados en someter a evaluación sus políticas, era otro tipo de producto el que demandaban, con frecuencia el evaluador advertía que pensaban más bien en auditorías de gestión o, especialmente, no acertaban a saber la renta que podían obtener por someterse a tal ejercicio de evaluación.

5.– Los efectos de la evaluación merecen también un comentario aparte. Al principio tenía cierto valor invocar que el Informe de Evaluación tenía como destino el Consejo de Ministros. El responsable de turno podía ver en ello tanto la oportunidad de que su labor fuera conocida en el más alto nivel administrativo y, por ende, que los efectos de tal conocimiento pudieran traducirse en una mejor dotación de recursos para el desempeño de su tarea y hasta, por qué no, en una valoración positiva para su propia carrera política. Pero la experiencia pronto mostró a los clientes que no aparecía ningún género de retribución, ni positiva ni negativa, por efecto del Informe de Evaluación.

6.– Por lo demás, el formato y las características de los informes, les hacían inhábiles para ser elevados al Consejo de Ministros. Y ello, en buena medida, porque por causa de una muy deficiente teoría sustentadora de la labor de los redactores, se convirtió en una acumulación de información, gran parte de ella de escasa pertinencia política, que desalentaba su lectura. En efecto, la teoría alimentadora de la redacción de tales informes se basaba en que la obtención de los criterios de valor que permitían juzgar una política era obtenible de los llamados stakeholders, aquellos sectores de interés en la ejecución de una política que podían tener juicio sobre la misma. Los criterios de valor se amontonaba con escaso orden lógico y más que escasa pertinencia. Sin una previa definición del bien público a cuya producción la política pública pretende contribuir, los criterios para valorarla se convierten en arbitrarios y subjetivos, con frecuencia escasamente relacionados con la naturaleza de tal bien público.

Pero una teoría de los bienes públicos solo puede ser consecuencia de una definición política con amparo constitucional. Es decir, es de suponer que la Constitución vigente define y consagra un elenco de bienes públicos a cuyo servicio deben ponerse las políticas públicas. Si la conservación de la diversidad biológica fuere un bien público constitucionalmente amparado, el éxito de la política para su defensa y conservación debería medirse mediante criterios e indicadores que tengan que ver con el bien a producir y no con consideraciones de carácter general como los permanentemente invocados de las eficacia, eficiencia, etc.

7.– Con este bagaje de inconvenientes y debilidades y perdido el impulso inicial, en buena parte debido al factor sorpresa y al desconocimiento, el proceso de evaluación entró pronto en la inanidad. Las evaluaciones que se hacían no llegaban a donde pudieran tener algún efecto y el interés de los organismos potencialmente objeto de evaluación decrecía en forma acelerada. Por esta razón, las “políticas” objeto de evaluación cada vez fueron disminuyendo su interés objetivo y, desde luego alejándose de cualquier criterio de relevancia política.

El ejemplo más expresivo de lo afirmado es que desde mayo del 2010 —fecha en que la política económica del Gobierno español cambia bruscamente en dirección de lo que luego se ha llamado políticas de reforma estructural y austeritarias— no se ha realizado ninguna evaluación que guardara cualquier tipo de relación con las mismas. Así, hechos tan importantes como la práctica paralización de algunas de las políticas del bienestar de la competencia de las CCAA o la presión operada sobre las administraciones locales, subordinando la autonomía que les otorga la Constitución al principio estructurante de la estabilidad presupuestaria, no han merecido la atención de la AEVAL. Al contrario, se encuentran “evaluaciones” relativas a la formación de los empleados públicos, etc. Lo que muestra dos rasgos que, creo, definen la relevancia objetiva de AEVAL más allá de las declaraciones retóricas.

El primero, bastante obvio, es que el Gobierno del PP nunca ha tenido la menor intención de someter a juicio, por limitado que este pudiera ser, el contenido esencial de sus políticas. Nadie se creería a Rajoy evaluando los resultados y efectos de las políticas emprendidas desde que accedió al Gobierno, particularmente las que supusieron recortes de gasto público tales que han terminado por asfixiar la actividad de las administraciones competentes en materia de salud, educación, vivienda o dependencia. Es esto, creo, lo más relevante a reseñar de los déficits en el desempeño de AEVAL.

El segundo es que tan displicente actitud del Ejecutivo, que en el fondo preparaba la liquidación efectiva de la función evaluadora1, ha sido facilitada por el enfoque tecnocrático de la evaluación, un enfoque que ha permitido un nivel de compromiso político nulo del Gobierno y una ausencia absoluta de prácticas de seguimiento de las evaluaciones realizadas por parte del legislativo.

La cultura de la evaluación
Quiero detenerme en este punto porque lo considero de la mayor importancia. A pesar de la enfática declaración de la norma que crea la AEVAL, al propósito de introducir la cultura de la evaluación le faltó, precisamente, ganarse el apoyo y, por qué no decirlo, la complicidad del poder legislativo.

Que se realizara una evaluación sobre el Plan Nacional de reformas que implementaba la Agenda de Lisboa y el Parlamento español no tuviera la ocasión de realizar siquiera un mínimo debate sobre sus conclusiones con la posibilidad de realizar algún tipo de pronunciamiento, creo que pone de manifiesto la inocuidad a la que se condenaron quienes tuvieron las máximas responsabilidades políticas para impulsar la función evaluadora.

La legislatura iniciada en noviembre del 2011 transcurrió, para el desarrollo de la función evaluadora, en un lento pero continuado declive del que son testigos la irrelevancia creciente de las evaluaciones que se encargaban a la Agencia, sin que por parte de la oposición se realizara la menor iniciativa para detener este declive. Así que, cuando forzado por la pérdida de apoyo electoral, el PP tuvo que buscar el apoyo parlamentario negado en las urnas, el partido —Ciudadanos— que primero había formalizado sin consecuencias un acuerdo con el PSOE, en el que se señalaba la necesidad de dotar con más medios y más independencia dicha función, ahora aceptaba reducir el rango e independencia de la institución2, incluyendo además una referencia explícita a políticas sobre las que la AGE no tiene competencias y que parece explicarse solo en el contexto de la ofensiva por vaciar de contenido el Título VIII de la Constitución que comparten los dos partidos de la derecha.

Se trata de un paso más que ni el PSOE en sus momentos más neoliberales ni el PP, ocupado en tareas “más serias”, se atrevieron a dar. Con el impulso de Cs y la aquiescencia cómoda del PP, la evaluación recupera, sin avergonzamiento alguno, la originaria condición que tenía entre los teóricos de la gobernanza, una posibilidad de excluir del ámbito de las decisiones políticas, esto es, de las que corresponden adoptar a la ciudadanía, una buena parte de las mismas so pretexto de su complejidad técnica. Solo la opinión de aquellos sectores que tengan intereses acreditados en el desarrollo de la política serán consultados, en un evidente salto cualitativo en la tendencia a sustituir la legitimidad democrática por la legitimidad mercantil3.

Resultan algo patéticos los lamentos de quienes ahora descubren el valor de la evaluación al margen de los procesos de democratización de los que forma parte. La legislatura que comenzó con las elecciones de marzo del 2004 venía arropada por un momento de esperanza colectiva que alcanzó su zenit en la magnífica respuesta del pueblo de Madrid ante los salvajes atentados del 11M y el repudio ante los intentos de manipulación sobre sus responsables por el Gobierno del PP de la época. Todos los propósitos reformistas del primer Gobierno de Zapatero eran saludados por una parte mayoritaria de la sociedad española, asustada por la deriva autoritaria de los Gobiernos de Aznar. La evaluación de políticas hacía parte objetivamente de este propósito reformista y democratizante, pero sus responsables políticos confundieron este contenido con el de una vaga y equívoca oleada modernizante que sería, con el tiempo, fácil presa de la hegemonía ideológica neoliberal. Aquellos barros trajeron estos lodos.

Al pensar y discutir la función evaluadora en esta segunda década del siglo XXI, no hay más remedio que inscribir esta reflexión en el marco de las transformaciones que está sufriendo el Estado y las administraciones públicas. Su supeditación a los imperativos de los mercados financieros y la lógica de la deuda (“deudocracia”) no permite ser excesivamente optimistas respecto a la recuperación de una función evaluadora que mejore la calidad de las políticas y los servicios públicos.

Quienes se encuentren comprometidos con esas aspiraciones deben saber que las mismas no son siquiera pensables al margen del compromiso histórico con la democracia amenazada.

8.– Es necesario y posible instituir con plenitud de facultades una función evaluadora digna de tal nombre pero, para ello, será indispensable pensarla y diseñarla como una expresión del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, tal y como establece el artículo 23 apartado 1º de nuestra Constitución.
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1.- Creo que es este el único punto en el que estoy de acuerdo con el texto de Garde.
2.- Es difícil advertir cuanta “independencia” se pude ganar cuando una unidad administrativa pasa de ser una Agencia con autonomía de gestión y patrimonio propio a una Subdirección General. Cualquiera que conozca un poco las administraciones públicas podría responderlo.
3.- Se ha llamado a ese proceso la sustitución del pueblo de las urnas por el pueblo del mercado.

*José Errejón es administrador civil del Estado.

martes, 29 de agosto de 2017

Los empleados públicos estallan en plena elaboración de los presupuestos de 2018 para obtener mejoras de Montoro

Aún hay varios sectores de la Administración con tasas de reposición del 50% que los sindicatos piden derogar y elevar los salarios por encima del 1% en 2018



Revista de prensa. Diario.es.- No es solo la conflictividad laboral del transporte propia del verano. Los empleados públicos de varios sectores se han rebelado en las últimas semanas y amenazan con huelgas en los próximos días, hartos, dicen, de no conseguir mejoras en su situación laboral. 

Hacienda está ultimando los Presupuestos Generales de 2018 que tienen que estar aprobados para el 30 de septiembre y los funcionarios y personal laboral están jugando con la principal arma de presión, la huelga, para conseguir vencer las resistencias de Cristóbal Montoro a una mejora de sus condiciones.

Los examinadores de la DGT (del carnet de conducir), el personal de las embajadas y de la Agencia Española de Cooperación (AECID) o la plantilla de Aena son los que tienen en marcha las protestas más inmediatas. Pese a la heterogeneidad de sus funciones, sus problemas tienen el mismo denominador común. A partir del tajo de mayo de 2010, sus plantillas se quedaron mermadas y sus sueldos congelados. Siete años después, y con la economía en plena recuperación, tienen que atender de nuevo a millones de usuarios con muchos menos efectivos y encima con una menor retribución.

La queja era muy similar a la de otros colectivos de atención al público como los Inspectores de Hacienda o el personal para expedir los DNI. Ambos sectores consiguieron ser incluidos en la Oferta Extraordinaria de Empleo Público para este año y han sido una inspiración para sus homólogos en otras esferas de la Administración Pública.

Los examinadores de Tráfico inician otra huelga (ya llevan 20 paros) el 4 de septiembre de tres días alternos a la semana con el objetivo de recuperar los casi 200 puestos que han desaparecido desde 2009 y también un complemento salarial específico. Por el momento les han ofrecido otros 100 examinadores para 2018 pero la aprobación del complemento depende en su totalidad de Hacienda.

El caso de la plantilla de Aena multiplica por diez estas magnitudes. En 2011,   la empresa contaba con 11.440 trabajadores y tenía un tráfico de 187 millones de pasajeros. En 2016, con un tráfico de 230 millones, Aena tiene 7.297 trabajadores. La amenaza de huelga a partir del 15 de septiembre está servida.

El caso de los responsables de proyectos en la AECID o del personal laboral en el exterior es singular. Además de sufrir los rigores de la congelación de salarios de todo el sector público, su situación está agravada por las espirales inflacionistas de los países de destino, como Argentina. Aprovechando la celebración del día del cooperante el 8 de septiembre, los responsables de proyectos de la AECID irán a la huelga. El personal de numerosas embajadas está de paros hace meses.

No son solo salarios
Miguel Borra, presidente de CSIF, uno de los principales sindicatos de la función pública, asegura que la situación es insostenible desde hace años y reconoce que están pendientes de las últimas reuniones con Hacienda. En 2017 los funcionarios recibieron una subida salarial del 1%, una cifra que Borra considera más que insuficiente para 2018 por la pérdida de poder adquisitivo en la que llevan inmersos años los funcionarios.

El otro caballo de batalla está en liberar a la Administración de la tasa de reposición del 50%. Esta tasa no afecta a servicios esenciales como sanidad o educación, pese a lo cual también han perdido efectivos. "Por eso nuestra prioridad ha sido conseguir transformar a los eventuales en fijos", recuerda Borra respecto al proceso que se ha aprobado para regularizar a los miles de interinos que subsisten en las administraciones. A esto se suman otras peticiones específicas como la de los empleados públicos andaluces, que quieren legalizar la jornada laboral de 35 horas frenada desde el Gobierno central y que amenazan con paros también este septiembre.

El plan de choque no ha incluido a las administraciones locales, donde la temporalidad es también muy alta, ni a la Administración General del Estado, otros dos sectores públicos en los que las plantillas han mermado sin cesar pero la recuperación de la actividad económica les ha llevado a asumir un trasiego propio a los años anteriores de la crisis.

Enero de 2011 marcó el pico de personal al servicio de las Administraciones públicas con 2,7 millones de empleados. El último dato de enero de este año sitúa al total de la plantilla pública en 175.000 efectivos menos. Solo en la Administración General del Estado se han volatilizado más de 40.000 empleos, y en las empresas públicas, como Aena, unos 25.000 puestos de trabajo.

Pero ha sido en la Administración Local y en las universidades donde más empleo de funcionario ha desaparecido. En enero de 2010 trabajaban en los ayuntamientos 657.000 personas y este año lo hacen 543.000. Por eso permitir reponer las jubilaciones que se den a partir de ahora no será suficiente para revertir unas plantillas esquilmadas y envejecidas. Casi un 60% de los empleados públicos que trabajan para la Administración General del Estado tienen más de 50 años.

El anuncio del ministro de Economía, Luis de Guindos, de que revisará al alza las previsión de crecimiento económico para 2017, juega a favor de las demandas de este sector de cara a la elaboración de los presupuestos. La marcha de la recaudación de los ingresos fiscales y también, con especial incidencia, las presiones políticas sobre un gobierno en minoría podrán ayudar a rebajar la tensión del otoño caliente que supondrá no ceder a las demandas de estos colectivos.

lunes, 28 de agosto de 2017

El ministro de Interior ser reúne con la FEMP para analizar el papel de las policías locales contra el terrorismo

Revista de prensa.- Agencia Europa Press.- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se reunirá el lunes con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para estudiar la cooperación local en la lucha contra el terrorismo yihadista y en especial, de las policías municipales, los equipos de seguridad y de protección civil.

El encuentro se anunció tras la reunión del Pacto Antiterrorista del pasado lunes, en la que se puso de manifiesto tras los atentados en Cataluña la necesidad de reforzar la coordinación con las entidades locales ante los riesgos de atentados terroristas.

Ese mismo día, Zoido se puso en contacto con Caballero y ambos fijaron la reunión del próximo lunes, que será a las 11 de la mañana en el Ministerio.


El presidente de la FEMP ha reiterado la "disposición a la colaboración y la lealtad institucional" de las entidades locales, que condenan cualquier forma de terrorismo y que quieren reforzar el papel de los responsables locales en la lucha contra el terrorismo.

domingo, 27 de agosto de 2017

La persistencia de la Administración electrónica

"El futuro no pertenece a nadie. No hay precursores, no existen más que rezagados" 
(Jean Cocteau)

Por Víctor Almonacid.- Blog Nosoloaytos. Por aquello de que es verano, estaba releyendo durante este inusual tiempo libre un epígrafe correspondiente a un artículo que escribimos hace unos 14 años y medio (adjunto la ficha del trabajo y el texto de referencia)…

Título del trabajo: “Actualización de la Administración y su acercamiento a los ciudadanos“
Título del epígrafe: “El futuro del futuro“. Autor: Víctor Almonacid Lamelas
Fecha de publicación: Marzo 2003 Origen: Noticias Jurídicas

Texto:
“Ya estamos en el futuro (por mucho que les cueste reconocerlo a quienes por un motivo u otro se niegan a adaptarse a los nuevos tiempos), por lo que, a partir de aquí, todo lo que sea mirar hacia delante supone planificar el futuro del futuro, que no es una película de ciencia-ficción, en la que la Administración y sus funcionarios sean hologramas programados, sino que ya está ahí. Tan lejano parece ahora el año 2020 como antaño parecía el actual 2003, y sin embargo en él estamos. <INCISO: Jamás se acabará por sustituir a seres humanos por máquinas, ya que todos somos personas y necesitamos relacionarnos los unos con los otros, porque los problemas no se pueden contar a un ordenador, y a veces hay que resolver las cuestiones de forma “personalizada”, cosa que implica la toma de decisiones que no siempre son “mecánicas”. Si aspiramos a la excelencia, a la gestión de calidad, no debe obviarse el valor del trato personal, realizado por profesionales de las relaciones humanas, gente bien preparada teóricamente y que además utilicen la empatía. No obstante, para otras tareas de tipo más “mecánico”, sí pueden emplearse máquinas (ya se ha visto el ejemplo de las máquinas expendedoras de certificados de empadronamiento). Lo cierto es que esto no debe suponer una disminución de efectivos en la Administración Local, ya que hay trabajo de sobra para todos, y más aún a mayor descentralización (nuevas competencias y funciones) y a mayor desarrollo tecnológico (se hará necesario mantener en la Plantilla a profesionales que dominen la utilización y el mantenimiento de las nuevas tecnologías)>. Todo lo que se queda anquilosado en el pasado, todo lo que no sirve, queda obsoleto. Difícilmente se pueden garantizar los principios de eficacia y eficiencia manteniendo estructuras administrativas basadas en épocas superadas social y tecnológicamente. Deberíamos implantar las nuevas aplicaciones informáticas que están lanzando al mercado las empresas del sector. Se trata de programas estándar, pero adaptables a cada Administración según sus características propias y volumen de gestión, que facilitan tanto las tareas administrativas más rutinarias y perpetuas (programas de gestión de solicitudes hasta la fase de Decreto-Acuerdo, con su consiguiente notificación), como las necesidades coyunturales o periódicas (en estos meses se están presentando numerosos programas de gestión informática de estas elecciones locales 2003).

Si las empresas privadas se adaptan, ¿por qué no la Administración?, ¿quizá porque no se rige por los principios de la oferta y la demanda y la competencia (entre empresas) que son los incentivos para mejorar y avanzar? Eso no es cierto, el monopolio desapareció, y la Administración presta sus servicios en régimen de libre concurrencia, salvo los servicios públicos (concepto en crisis desde hace ya bastantes años) cuya prestación no se puede realizar por personas privadas, y estos cada vez son menos (aunque en nuestra opinión hay un núcleo mínimo irreductible que jamás se debería privatizar). No estamos defendiendo la teoría de que las AAPP se conviertan en empresas privadas, pero desde el punto de vista objetivo e incluso jurídico, no hay ningún inconveniente en que la Administración se organice y actúe en vanguardia de la tecnología, y no ya en el mismo nivel que las modernas empresas privadas, sino incluso por encima, dada la importancia de sus cometidos y su mayor necesidad de eficiencia.

Por otra parte la Administración obtiene sus recursos de los ciudadanos (sin perjuicio de que hay Administraciones que quizá perciben menos recursos de los que se precisan para el mantenimiento de los servicios que están obligadas a prestar), y existe por y para ellos. Es importante que Administración y ciudadano se sientan identificados, y esto, desde nuestro punto de vista, sólo es posible en la Administración Local, y dentro de ésta, la Municipal.

En cuanto a la adaptación tecnológica, deberá llevarse a cabo simultáneamente en la Administración y en la sociedad. Desde aquí aconsejamos a los Ayuntamientos que todavía no lo hayan hecho a crear su propia página web oficial. Debe contener información útil de carácter municipal (acuerdos plenarios, Ordenanzas Fiscales…), lo cual es una forma moderna y práctica de facilitar el derecho de información que tienen los ciudadanos. Algunos se sorprenderían de los visitantes que puede tener en un solo día una página en la red. El correo electrónico (e-mail) para sugerencias, también afortunadamente ya bastante extendido, es una manifestación muy actual del derecho de participación. El buzón o e-mail de Entrada-Salida (cuyo sustento jurídico se encuentra como hemos visto en el art. 38.9 LRJPAC) se halla en una fase mucho más experimental, por los problemas ya aludidos que puede representar la cuestión de la firma electrónica, que sin embargo son perfectamente superables. No nos cabe duda de que en un futuro próximo esta tendencia se generalizará. 
En cuanto al seguimiento informatizado de expedientes en tramitación, decir que tiene sus detractores, tanto desde el punto de vista de quien piensa que supone un trabajo extra de introducción de datos en la red, como desde aquel otro que opina que existen determinados datos a los que no puede tener acceso cualquier ciudadano, como así es. Esto es evidente, ya que si desde en principio hemos defendido la vigencia de la Constitución, debemos salvaguardar los límites constitucionales al derecho de acceso a archivos y registros. No todo se puede informatizar, ni nadie lo pretende. Sin embargo se puede llegar a una solución que satisfaga a todos, que respete la Constitución y la Ley, los principios y las formas, pero que sea eficaz, y sobre todo, eficiente. Y ello porque los recursos financieros no abundan, sino que deben emplearse de la forma más inteligente posible, y la inteligencia es tecnología, y la tecnología eficacia, la cual, minimizando costes, se convierte en eficiencia. Este principio es el objetivo último de la gestión administrativa moderna, al cual aspiran tanto los “gestores” públicos como los “usuarios” particulares (todos en definitiva), que desean que con el dinero público se presten cada vez más servicios, pero que no desean pagar más impuestos. Entendemos que es nuestro deber mover los resortes necesarios para que esto sea posible”.

Valoración (crítica y autocrítica): llevamos muchísimo tiempo repitiendo lo mismo y las conclusiones en el momento actual son prácticamente las mismas que las de entonces: debemos digitalizar nuestra burocracia en general y los expedientes en particular porque, entre otras cosas, es lo más eficiente. Hablábamos ya desde la óptica del ciudadano, pensando en mejorar el servicio público. Reivindicábamos para ello (y no hemos dejado de hacerlo desde entonces) la importancia de la Administración Local por su proximidad con las personas.

Han pasado ya muchos años en cualquier caso. En la sociedad han cambiado muchas cosas con respecto a principios de siglo. Muchísimas. En la Administración a veces pienso que quizá solo ha cambiado el notable impacto de las leyes 39 y 40 de 2015, aunque ojalá sea algo más. Sea por lo que fuere se percibe una (lenta) evolución. Al menos nos agrada pensar que también hemos influido algo con nuestra persistencia. Hoy en día matizaríamos, no obstante, alguna cuestión, obviamente teniendo en cuenta que la normativa también ha cambiado mucho desde entonces, por ejemplo en materia de acceso a la información, entonces llamado derecho de acceso a archivos y registros (en aquel momento la fuerza de la LOPD del 99 era mucho mayor). Hablábamos de un correo de Entrada (y Salida), que sé que suena cómico después de tantos años ya manejando las expresiones “sede electrónica”, “registro electrónico” y “notificación electrónica”. Hablábamos de problemas con la firma electrónica que parece que algunos todavía tienen… Y también matizaríamos alguna de las afirmaciones: “Jamás se acabará por sustituir a seres humanos por máquinas”… En las tareas mecánicas y repetitivas qué duda cabe de que sí, nos sustituirán. Obviamente no en las más “humanas”, como la atención al público o el liderazgo.

Pero sobre todo instábamos a cambiar, a adaptar, a mejorar, a modernizar, a gestionar ese cambio. A acercar la Administración a los ciudadanos. “Actualización de la Administración y su acercamiento a los ciudadanos” era el título del artículo. La tecnología siempre ha sido un medio, no un fin, para ser la mejor Administración posible. Pero aún no lo somos.

P.D.: Me hace gracia que se cita, hablando del “futuro del futuro”, el año 2020. Ahora falta poco más de dos años… Ya verán qué pronto llega. Mientras tanto, otras cosas de las que entonces hablamos, ya han llegado.

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sábado, 26 de agosto de 2017

Agenda Pública: Las policías autonómicas y EUROPOL

"El desconocimiento profundo del propio funcionamiento de EUROPOL es claramente la barrera que impide que las Policías Autonómicas puedan desempeñar su papel"

Por Andreea Marica.-Blog Agenda Publica.- Las funciones que EUROPOL desarrolla le caracterizan como el eje de la información policial y como el principal Centro de Apoyo a las operaciones policiales en la Unión Europea. Se trata de un Actor decisivo en el ámbito de la cooperación policial, pero no hay que olvidar que depende de cada Estado cómo aprovecha las herramientas y el valor añadido que la Agencia pone a su disposición.
Son los Estados Miembros los que han de cumplir con su compromiso internacional de luchar contra el terrorismo y el crimen organizado y consecuencia de ello han de reforzar su cooperación y eficacia en el intercambio de información con EUROPOL. De hecho, estamos hablando de una obligación prevista en el nuevo Reglamento de EUROPOL en el que se exige de los Estados Miembros cooperen activamente con la Agencia, facilitando información. Así mismo, la insistencia en la necesidad del intercambio y suministro de información se resalta también en la nueva Directiva (UE) 2017/ 541 relativa a la lucha contra el terrorismo, que establece que “para luchar contra el terrorismo de forma efectiva es fundamental que las autoridades competentes y agencias de la Unión intercambien entre ellas de manera eficaz la información que consideren pertinente las Autoridades Competentes en materia de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos de terrorismo”.

Para una efectiva cooperación policial internacional, en lo que a España respecta, parece ser que quiere empezar la casa por el tejado en tanto que aún se resiste a  solucionar sus carencias internas y por consecuencia, a autorizar a las Policías Autonómicas a tener un acceso directo con EUROPOL y a considerarlas por lo tanto Autoridades Competentes respetando así la ampliación de la definición de este concepto que viene expresamente previsto en el Reglamento de EUROPOL, reconociendo como tal a todas las fuerzas y todos los servicios con funciones de policía, así como las autoridades públicas que sean responsables en los Estados Miembros de la prevención y la lucha contra los actos delictivos que sean competencia de EUROPOL. Se prevé así mismo la obligación expresa de que los Estados Miembros garanticen una comunicación y cooperación eficaces entre sus respectivas Autoridades y EUROPOL.

Competencias
El desconocimiento profundo del propio funcionamiento de EUROPOL es claramente la barrera que impide que las Policías Autonómicas puedan desempeñar su papel y sus obligaciones al igual que cualquier otro Cuerpo Policial sin el más mínimo riesgo de sobrepasar sus competencias.

El intercambio de información con EUROPOL se realiza a través de las UNE (Unidades Nacionales de EUROPL), pero también directamente entre las Autoridades Competentes Nacionales que han recibido la autorización por parte de su respectivo Estado y la Agencia. En el intercambio directo de información entre las Autoridades Nacionales y EUROPOL, la UNE recibirá SIEMPRE una copia de toda la información intercambiada, siendo EUROPOL la encargada de hacérsela llegar.

Es más, lo mismo prevé la Secretaría de Seguridad del Estado en la Instrucción Nº 3/2014, dónde se establece claramente que “Cualquier comunicación intercambiada en el curso de los contactos directos por las Autoridades Competentes designadas deberá ser remitida al mismo tiempo a la UNE”. Por lo tanto, la autorización de las Policías Autonómicas no supondría en ningún momento una perdida de información o un agravio para la UNE España.

Si bien es verdad que actualmente la UNE España integra a Funcionarios de Enlace (FE) de las Policías Autonómicas, el acceso en tiempo real a la información de EUROPOL es prácticamente imposible de cumplirse teniendo en cuenta los tramites burocráticos, ya que los FE han de solicitar a la UNE a que haga la consulta a EUROPOL y la UNE ha de analizar previamente si dicha solicitud es viable.

La dificultosa coordinación y cooperación activa entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las Policías Autonómicas ha sido ya objeto de evaluación por parte de la UE en vista de mejorar el intercambio de información e inteligencia con EUROPOL y en 2005 España afirmaba que en la organización policial interna se estaban reorganizando o creando estructuras para desarrollar dicha coordinación (p. 22 del Informe de evaluación de España correspondiente a la tercera ronda de evaluaciones recíprocas “intercambio de información e inteligencia entre EUROPOL y los Estados Miembros y entre los Estados Miembros” del 8 de Noviembre de 2005).

Después de 12 años de supongamos reorganizaciones continuas para llegar a un nivel optimo de cooperación policial interna, el Estado español parece que aplica un racionamiento distinto en lo que respecta la importancia de la inmediatez del acceso a la información, cuando se trata de las Policías Autonómicas y las Fuerzas y Cuerpos del Estado. Prueba de ello, remitimos a la Instrucción Nº 3/2014 de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 28 de enero de 2014 dónde se establece que “Debe tenerse en cuenta que los contactos directos entre EUROPOL, por una parte, y el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, por otra, sin perjuicio de las competencias de la UNE (orgánicamente integrada en la Dirección General de la Policía), permitirán racionalizar e incrementar la eficacia de los intercambios de información, especialmente en aquellos supuestos en los que la inmediatez pueda representar un elemento crucial para el buen fin de las investigaciones”.

Como humilde opinión, entendemos que proceder a autorizar a las Policías Autonómicas como Autoridades Competentes para mantener contactos directos con EUROPOL responde desde luego al mismo objetivo y “la inmediatez pueda representar un elemento crucial para el buen fin de las investigaciones” de estos cuerpos policiales. Lamentablemente habría que mencionar que a las Policías Autonómicas no solamente se les niega el acceso directo a EUROPOL, sino que incluso no participan siquiera en las bases de datos nacionales sobre investigaciones en curso.

Fraternidad policial interna
Dicho acceso directo a EUROPOL se hace a través de SIENA y la configuración Always Acces (acceso permanente) está reservado a la UNE y a su respectiva Oficina de Enlace en la Haya, por lo que autorizar a las Policías Autonómicas como Autoridades Competentes con acceso directo, se configuraría con el código de Directly Addressable (directamente dirigible).

El propio Reglamento de EUROPOL establece que los Estados Miembros a través de sus respectivas UNE y de sus Autoridades Competentes, podrán tener acceso o consultar la información conservada por EUROPOL, o simplemente tener un acceso indirecto sobre la base de un sistema de respuesta positiva o negativa (Hit – No Hit). En lo que respecta la posibilidad de acceso o consulta, se hará solamente con respecto a la información tratada por EUROPOL a fin de controles cruzados o análisis estratégicos o temáticos, y en lo que respecta los datos tratados con fines de análisis operativos, las UNE tendrán acceso indirecto a fin de detectar si la información buscada se encuentra almacenada por EUROPOL. En este último aspecto, en caso de que se haya generado respuesta positiva, la Agencia, previa consulta y de conformidad con la decisión del proveedor de la información, abrirá el procedimiento para que se efectué el intercambio de dicha información.

En lo que respecta la necesidad de que las Policías Autonómicas sean autorizadas como Autoridades Competentes a tener contacto directo con EUROPOL, con mucho dolor tenemos que mencionar el trágico día del 17 de agosto de 2017 que sacudió Barcelona, y subrayar que es prácticamente impensable que en una zona considerada como uno de los principales focos de movilización Yihadista, la Policía Autonómica no esté autorizada a un contacto directo con EUROPOL y más aún que no tenga sus propios Funcionarios de Enlace en la sede de la Agencia Europea de Seguridad, en la Haya.

Quizás es ahora más nunca cuando tenemos que comprender la necesidad de que las Policías Autonómicas puedan colaborar activamente con los Centros de Especialización de EUROPOL, en este caso con el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3), el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo (ECTC) y el Centro Europeo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (EMSC), teniendo en cuenta que el fenómeno delictivo al que nos enfrentamos es uno globalizado e interrelacionado, en tanto que la delincuencia organizada, el terrorismo y la ciberdelincuencia ya no se pueden tratar por separado y tenemos que estar sumammete convencidos que en una respuesta policial efectiva nadie resta y todos suman.

Y para finalizar, lamentablemente España suspende en las asignaturas “Funcionamiento de EUROPOL” y “Fraternidad policial interna”.

viernes, 25 de agosto de 2017

España posee uno de los sectores públicos menos eficientes de toda la zona euro

Revista de prensa. Libre Mercado. El Instituto para la Gestión de la Universidad de Lausana tiene claro que nuestras Administraciones Públicas tienen un problema de eficiencia. 

Así se desprende de su ranking global, en el que analizan distintas categorías: calidad de la regulación, facilidades para la inversión extranjera, apertura de los concursos para los contratos públicos, ausencia de ayudas y subvenciones que distorsionen la competencia, efectividad para garantizar el cumplimiento de las leyes, ausencia de duplicidades y redundancias administrativas…

Algo similar apuntan los técnicos del Banco Mundial. Según sus indicadores de medición de la calidad institucional, el de España es uno de los sectores públicos menos eficientes de todos los países fundadores de la Eurozona. Solo Italia, Grecia y Portugal obtienen una peor nota.

En las mediciones de eficiencia fiscal tampoco salimos bien parados. Cuando se analiza el coste de recaudar y gastar, nos encontramos con que las Administraciones Públicas españolas necesitan recaudar 1,45 euros para poder desembolsar 1 euro de gasto efectivo.

Comparando el sector público de numerosos países desarrollados, el Instituto Fraser de Canadá ha elaborado una comparación entre el coste de las Administraciones Públicas y los resultados obtenidos en decenas de indicadores socioeconómicos: inflación, desempleo, PIB per cápita, crecimiento, esperanza de vida, mortalidad infantil, educación, desigualdad, seguridad, calidad de vida, satisfacción, libertad política, calidad del medio ambiente…

Una puntuación de 5,7 sobre 10
España se coloca en la zona media-baja de la tabla, con una puntuación de 5,7 sobre 10 que contrasta con el gran resultado que cosechan los sectores públicos de Corea del Sur, Luxemburgo, Suiza, Australia, Noruega, Chile, México, Canadá, Estados Unidos o Japón, que se mueven en notas superiores a 7,8 puntos.

Según dicho informe, el sector público español está un 47,6% por debajo de los niveles óptimos de eficiencia que se alcanzan en Corea del Sur. No sería realista pensar que podemos cerrar esa brecha a corto plazo, ya que exige un replanteamiento integral de nuestras estructuras públicas, pero sí que merece la pena analizar qué podemos hacer para ir llevando a nuestras Administraciones hacia posiciones de mayor eficiencia.

La productividad de los empleados públicos es un factor clave en este debate. El Círculo de Empresarios ha señalado que en 1980 no había grandes diferencias entre la productividad de los trabajadores del Estado y la del sector privado. Casi cinco lustros después, la divergencia era notable y la productividad de los trabajadores públicos era un 35% menor. Esto tiene un coste notable: el Círculo estima que nuestro PIB sería un 6% más alto si la productividad de nuestros empleados públicos evolucionase al mismo nivel que en el resto de los países europeos.

¿Qué se puede hacer para mejorar la eficiencia del sector público por la vía de la productividad? En Alemania, las reformas introducidas en 2005 acordaron horarios flexibles y nuevos sistemas retributivos que valoran mejor el rendimiento de cada trabajador. En 2007 se avanzó en el modelo de remuneración por objetivos, que puede llegar a aumentar un 10% el salario de los empleados públicos siempre que logren resultados sobresalientes en las metas fijadas.

También en Finlandia se ha abordado esta cuestión, con la presentación en 2004 de un plan que contiene 200 iniciativas orientadas a mejorar la productividad del sector público. Reordenando procesos, las Administraciones redujeron sus plantillas en 9.645 personas entre 2004 y 2011, a lo que se sumó el cambio de posición de unos 6.000 funcionarios.

Por otro lado, los Países Bajos también se han adoptado medidas enfocadas en aumentar la productividad de los empleados públicos. Esta decisión fue de la mano con una reordenación de plantillas aprobada en 2008 que redujo la burocracia en más de 12.000 personas. En paralelo, se favoreció la flexibilidad de los empleados públicos para diseñar sus horarios y organizar sus programas, manteniendo no obstante un criterio claro de valoración por objetivos.

En España, no pocos expertos subrayan la importancia de revisar los esquemas de contratación. Según el Círculo de Empresarios, el 10% de los empleados públicos europeos tiene empleos vitalicios, frente a los porcentajes de más del 70% que se observan en nuestro país. En el resto de Europa, el trabajo "de por vida" se reserva a jueces, inspectores, fuerzas del orden… mientras que en España se otorga el mismo rango a todo tipo de empleados públicos.

La Comunidad de Madrid puso en práctica algunas medidas orientadas a mejorar el rendimiento de los empleados públicos. Por ejemplo, cuando en 2012 se suprimió el complemento salarial por enfermedad, 2.450 empleados de la Administración regional se reincorporaron a sus puestos de trabajo. Además, el gobierno de Esperanza Aguirre redujo de 3.500 a 700 el número de liberados sindicales, medida que supuso un ahorro de 72 millones de euros para las arcas de Madrid.

Soluciones desde dentro y desde fuera
Los empleados públicos podrían relanzar la eficiencia de las Administraciones si se ponen a la cabeza de las reformas necesarias para aumentar la productividad y reducir los gastos. Tendría sentido abrir concursos de innovación para que los empleados públicos presenten propuestas encaminadas a agilizar el funcionamiento de las instituciones y ahorrar en gastos superfluos. Una pequeña parte de los ahorros logrados podría entregarse como paga "extra" a aquellos empleados públicos que diseñen estas medidas. De esta forma se crearían incentivos adecuados para promover una cultura de emprendimiento ahorrador entre los propios trabajadores públicos, poniendo su conocimiento y creatividad al servicio del contribuyente.

Pero la reforma también tiene que venir desde fuera, por eso hay que plantear la creación de foros de innovación abierta que permitan canalizar iniciativas del sector privado y la sociedad civil orientadas a lograr ahorros en el gasto público y mejoras en los procesos de funcionamiento. Se trata de conseguir una Administración más ligera en costes y en procedimientos. Una modesta parte de los ahorros logrados se podría reservar también para reconocer a quienes contribuyan a aumentar la eficiencia de nuestras instituciones.

Tanto el emprendimiento de los propios trabajadores públicos como la innovación abierta orientada a mejorar las instituciones debería coordinarse con la creación de una nueva figura que se encargaría de tutelar de manera transversal todas las políticas de ahorro, eficiencia y productividad de los distintos niveles de las Administraciones. Estos Comisionados para la Reforma de las Administraciones Públicas podrían ser ejecutivos reclutados del sector privado que cobrarían por objetivos y tendrían que diseñar las reducciones de gasto y las mejoras de funcionamiento de acuerdo con sus superiores políticos.

¿Cuál es el margen de ahorros que se puede conseguir por esta vía? Según los trabajos del Banco Central Europeo sobre la eficiencia de las Administraciones Públicas en el Viejo Continente, España puede conseguir ahorros estructurales que rondarían los 40.000 millones de euros si logramos equiparar la calidad de nuestras Administraciones Públicas a la media europea.

El grueso de esos ahorros saldría del gasto de las comunidades autónomas, donde el margen de ahorro ronda los 30.000 millones de euros. El gasto público medio de las regiones ronda el 16% del PIB de cada territorio, pero hay grandes diferencias entre el 27% de Extremadura y el 11% de Madrid. De hecho, replicar la eficiencia presupuestaria madrileña ahorraría inmediatamente 15.000 millones de gasto público.


El modelo liberal que impulsó Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid muestra, de hecho, que gastar menos no significa obtener peores resultados. Lo vemos, por ejemplo, en el Informe PISA: pese a las protestas sindicales por las medidas del gobierno autonómico, Madrid alcanzó en el Informe PISA 2012 la mejor nota del país en lectura, la segunda mejor en ciencias y la cuarta mejor en matemáticas. Y todo con un gasto educativo más bajo que la mayoría de comunidades autónomas.

Las reformas liberales aprobadas en la Comunidad de Madrid se desarrollaron en tiempos de bonanza económica y siguieron apuntalándose en tiempos de crisis. Otras regiones no han tenido la misma suerte pero sí han demostrado que es posible ajustar las cuentas, reducir gasto improductivo y ganar en eficiencia.

Un buen ejemplo es Castilla-La Mancha, que en 2011 registró el déficit público más alto de todas las comunidades autónomas, con un descuadre del 7,7% del PIB. En 2012, las medidas de racionalización del gasto que introdujo el gobierno de María Dolores de Cospedal redujeron el déficit en más de seis puntos, en línea con un ahorro diario medio de 10 millones de euros. Este espectacular vuelco fue posible tras la aprobación de casi veinte reformas estructurales en la Administración Pública, que en el planteamiento de partida incluían la supresión del 90% de las empresas públicas, el recorte de los liberados sindicales, la reducción de los presupuestos de inversiones…

El debate sobre la eficiencia no solamente debe plantearse en clave de reducir gastos superfluos, sino que también va en relación con el diseño y la efectividad de los distintos programas presupuestarios en vigor. Lorenzo Bernaldo de Quirós apela a datos de Eurostat para explicar que el "gasto social" apenas reduce el número de hogares en riesgo de pobreza del 22% al 19%. Los informes de la OCDE destacan que la falta de progresividad en el diseño de los programas de "gasto social" eleva el coste total de los programas y redunda al mismo tiempo en su menor eficiencia. Concentrar las ayudas en las rentas bajas permite bajar los impuestos y ayuda a diseñar y evaluar mejor los distintos programas de las Administraciones Públicas.
  
Por último, un punto que conviene abordar es el del fraude en el cobro de prestaciones y ayudas públicas. Entre 2012 y 2016, el Ministerio de Trabajo detectó un millón de bajas laborales fraudulentas.
  
Los inspectores denuncian que cuatro de cada diez bajas revisadas eran irregulares.A esto se suma el cobro indebido de prestaciones por parte de trabajadores sin empleo, que ha supuesto casi 800 millones de euros al erario público. Una mejora de la integración tecnológica de estas prestaciones facilitaría la detección del fraude, tal y como ya ocurre en los países del Norte de Europa, que han reforzado enormemente estos controles.

Nota: Este artículo es un fragmento del libro Por qué soy liberal, de Diego Sánchez de la Cruz (Ediciones Deusto, 2017).

jueves, 24 de agosto de 2017

Rafael Jiménez Asensio: La política como profesión (y II)

“El método democrático crea políticos profesionales a los que convierte después en administradores y ‘hombres de Estado’ amateurs” 
(Schumpeter, Capitalismo, socialismo y democracia, Página Indómita, 2015)

“El clientelismo político resulta ser la única de las funciones claves que los partidos políticos siguen realizando (…) En los propios ámbitos institucionales de poder los actores tienden a ser políticos profesionales cada vez con más frecuencia” 
(P. Maier, Gobernar el vacío. La banalización de la democracia occidental, Alianza, 2015)

Rafael Jiménez Asensio. Blog La Mirada Institucional.- Ver La singularidad de la actividad política.-  La actividad de la política no deja de ofrecer singularidades sinfín. En primer lugar, como se ha visto, no hay en verdad una actividad política, sino muchas; aunque no es menos cierto que el político puro salta con facilidad de unas a otras con ese don de la ubicuidad del que parece estar dotado, dejando en no pocas ocasiones al descubierto déficits evidentes para gestionar políticamente con éxito determinadas funciones que asume a lo largo de su “carrera política”.

En segundo lugar, la actividad política presenta una especialización profesional muy singular y hasta cierto punto de enorme vaguedad en sus contornos. No cabe extrañarse que el cúmulo de “saberes heterogéneos” que se proyectan sobre la actividad política conformen una especie de bricolage, como enunció Christian Le Bart.

En tercer lugar, salvando los casos en que la dedicación a la política es marginal o se combina con otras actividades profesionales, lo cierto es que la complejidad de la actividad política requiere, por lo común, una dedicación plena, que en ocasiones desborda con claridad los horarios habituales de cualquier actividad profesional.

Y, en cuarto lugar, la continuidad en política parece ser una constante. Una vez entrado, nadie quiere salir. El libro comentado acredita como la edad de los políticos es muy avanzada (aunque en los últimos tiempos se ha producido un rejuvenecimiento, que ya amenaza por cierto “con instalarse” en la actividad). En España hay una generación de políticos que inició su andadura en la década de los ochenta (o antes) y que ya está jubilándose en el ejercicio de esa actividad. Muy pocos han retornado a su actividad profesional originaria, si es que la tenían. Ahora han entrado otros nuevos, sin fecha de caducidad. La historia se repetirá, de no poner remedio.

Qué se requiere acreditar para entrar en política
La cantera o procedencia de los políticos es un punto previo al análisis de cuáles son sus competencias. Y es aquí donde el sistema de reclutamiento muestra una porosidad pasmosa. No hay controles de entrada. Solo las percepciones, la ubicación, el oportunismo o el azar, cuando no las relaciones familiares o personales, sitúan a unos u otros en la carrera de salida o en el trampolín de la política. También en la salida.

Pero hay algo más importante: la entrada en política requiere voluntad. Quien mejor explicó este proceso fue Schumpeter. Como decía este autor, “el método democrático no selecciona a los políticos entre toda la población, sino únicamente entre aquellos elementos de la población que tienen vocación política”.

Quiénes van a gobernar o representarnos no deben acreditar, por tanto, ninguna competencia o conocimientos efectivo, tampoco ninguna titulación o formación específica. El principio democrático cubre tales deficiencias; al menos en apariencia. Pero también Schumpeter advirtió de la trascendental importancia que tiene “la idoneidad del material humano” para la política. Así afirmaba: “no es cierto que en una democracia los hombres tengan siempre la especie y la calidad de gobierno que desean o merecen”. Sin embargo, la eficiencia en los resultados de la acción política (especialmente de la acción de gobierno) debiera exigir (más en nuestros días) que a los responsables públicos se les demanden determinadas competencias y conocimientos institucionales. La política no reforzará su credibilidad si a ella sigue llegando la mediocridad social y no el talento.

El diagnóstico que se hace en el libro es certero y trasladable a España. Allí se dice: “Es evidente, desde el punto de vista sociológico, que la sociedad francesa dispone, particularmente en los estratos superiores, como todos los Estados-nación de Europa, de un potencial de competencia, experiencia, conocimiento experto y talento mucho mayor que el potencial que ofrece la jerarquía de los partidos a un nivel equivalente”. Diagnóstico demoledor: el talento de la sociedad no está en la política. La mediocridad invade sus filas, con excepciones siempre notables. No es un mal hispano, sino general. Pero hay que tomar nota.

Y no es una buena carta de presentación a ojos de la ciudadanía. Comienza a haber, en efecto, una brecha importante entre una sociedad con profesionales muy formados y una política plagada de diletantes o de personas con trayectorias profesionales inexistentes o limitadas. Es verdad que, cada vez en mayor porcentaje, los titulados universitarios o incluso los cuerpos de élite prodigan las nóminas de la política “profesional”. Pero ello en sí mismo no dice nada. Hoy en día se puede ser titulado universitario o doctor incluso y no añadir valor alguno a la política. Por otra parte, tan malo es que la política no atraiga talento como que se ocupe por altos funcionarios en clave corporativa y cierre sus ventanas a la sociedad. Además, según la teoría de las tijeras (Herzog), “cuanto más larga es la carrera política y más alcanza puestos de alto nivel, el político tiende a dejar la profesión originaria en el olvido”. Si pasa mucho tiempo, sencillamente la entierra.

La mediocridad política puede tener asimismo funestas consecuencias sobre el devenir de un sistema político-institucional. Una vez más, Schumpeter recordaba cómo el hundimiento de la República de Weimar se debió también a que sus “políticos estaban muy por debajo del nivel medio nacional, en algunos casos lastimosamente muy por debajo”. La nación alemana –a su juicio- tenía energía y capacidades, “pero los hombres de valía y de carácter desdeñaban la carrera política”. Ello facilitó que un “líder antidemócrata” (prototipo de la mentira, demagogia y calumnia, como lo describiera Sebastian Haffner) se apropiara literalmente del poder. No se trata de llegar a tales extremos, pero una clase política alejada del talento también puede producir daños colaterales notables y efectos perjudiciales. A la vista están algunos de ellos.

Qué competencias son necesarias para ejercer la “profesión política”
El presupuesto de la denominada “profesionalización” de la política es la dedicación temporalmente extensa y retribuida a esa actividad. Sin embargo, la política no ha sido siempre una actividad retribuida. En el primer liberalismo había un ideal positivo del político como persona dotada de grandes virtudes, educada, desinteresada, competente o volcada al interés general (ideal presente, por ejemplo, en El Federalista; o en la idea de “aristocracia representativa”, de la que hablara Bernard Manin). Pero pronto se fue imponiendo un estereotipo del político como persona marcada por la ambición personal desmesurada, corrupta y que asimila la acción política con una empresa de interés económico personal.

Este “tipo-negativo” de definición del político encuentra raíces fuertes en la literatura costumbrista, pero también en innumerables ensayos de los siglos XIX y XX. Las prácticas del spoils system, del clientelismo y de la corrupción alimentaron ese perfil oscuro de la política. Con la llegada de la democratización esa mala imagen tiende a atenuarse, pues se produce la entrada en los cargos públicos de personas de la clase trabajadora o profesionales de izquierda (más tarde de las mujeres y de otros colectivos desaventajados) que hacen de la política un compromiso y medio de transformación social. Pero este proceso y tan buenas ideas iniciales no evitarán que la ocupación de esos cargos se convierta en una meta para medrar personalmente, también de los recién llegados a esa política pretendidamente altruista. La obra de Michels es, a tal efecto, reveladora, pues su tesis sobre la oligarquía de los partidos políticos está construida sobre el funcionamiento del Partido Socialdemócrata. La “casta política” ya entonces era una realidad, también en la izquierda. Se decía, por ejemplo, que “ser elegido diputado se había convertido en un gagne-pain (medio de vida)”. Y así sigue siéndolo. Sea cual fuere el color de quien ocupe el escaño.

Darle la vuelta a un estereotipo tan arraigado no es tarea fácil, aunque se intente. Menos aún si no se hace nada. Lo cierto es que, como nos recuerda el libro comentado, “el profesional de la política se define también como un especialista, un hombre que practica una actividad particular y que, para ejercerla con éxito, debe poseer competencias y saberes específicos”.

Lo que no es fácil es identificar cuáles son esas competencias y saberes específicos, pues variarán en función del tipo de actividad política que se desarrolle. Aun así, un buen profesional de la política es aquel que dispone de una competencia política consagrada (habitualmente la experiencia, como decía Léon Blum), pero que siempre se combina con un compromiso político, con la defensa de una causa (“tener convicciones”) y con una actitud de servicio (es preciso “estar disponible”). Los valores y la ética pública también cotizan, aunque no pocos políticos los ignoren o desprecien.

Max Weber recogía tres cualidades decisivas que debía tener todo político: “pasión, sentido de la responsabilidad y sentido de la distancia (mesura)”. La pasión, como decía este autor, debe frenarse siempre con unas dosis evidentes de mesura: la pasión sin la responsabilidad no convierte a una persona en político. La clave está –concluía Weber- en cómo conjugar en la misma alma la pasión ardiente y el frío sentido de la distancia: “la política se hace con la cabeza, no con otras partes del cuerpo o del alma”, concluía.

La política debe ser asimismo consciente de que –como apuntara Schumpeter- “la cualidades de inteligencia y de carácter que convierten a alguien en un buen candidato no son necesariamente las mismas que le convierten en un buen administrador”. La selección de las urnas no garantiza la buena gestión. Y si al frente de esta se ponen políticos (y no profesionales de la dirección) el fracaso (o la relativización del éxito) está garantizado. Un gestor político amateur puede ser calificado como una suerte de “juez sin carrera de Derecho” (o como un “diplomático sin inglés”), que “arruina a la burocracia y desalienta a los mejores elementos”. De eso sabemos mucho.

El político vive atado a “la tiranía de lo inmediato”. Y eso tiene serias consecuencias, pues con semejante enfoque alicorto no es capaz de desarrollar una visión estratégica y es la táctica sola lo que termina por ahogar la buena política. La política está cuestionada frontalmente. El intento de dignificar y legitimar la política encuentra, sin embargo, no pocas paradojas. Citaré dos de ellas.

La primera es cómo se “ingresa” en la actividad política: el compromiso político (“vocación”) y la precocidad han sido hasta ahora las notas dominantes. Y no ha habido, ni hay, premisas básicas para garantizar que la elección sea correcta en términos de competencia “profesional” para ser buen político. Esta debilidad no es fácil corregirla, aunque hay alternativas. No precisamente las primarias. La política no puede ser un coladero de oportunistas, “amiguetes” y advenedizos sin escrúpulos. Así se mata la política.

La segunda es la adquisición y desarrollo de competencias profesionales para ejercer con éxito la carrera política. El sistema se sigue basando (al menos aparentemente) en “la experiencia” como fuente de conocimiento, pero poco o nada se le añade a esa dimensión práctica. Las escuelas de formación de los partidos, como señalan los autores de este libro, representan un modelo totalmente agotado. Hay que reinventar la formación de cuadros para el desarrollo de competencias políticas e institucionales. Existen muchos programas formativos de políticos dirigidos a ganar elecciones y ninguno que enseñe realmente a gobernar las instituciones. Como dijo Innerarity, gobernar no cotiza en la política actual, solo ganar elecciones. Los partidos tienen totalmente abandonada (o mal enfocada) esta formación y la prueba evidente es que esos “políticos profesionales” desempeñan sus funciones la mayor parte de las veces como auténticos “amateurs”, cuando no con una desorientación notable que solo el paso del tiempo a veces atempera.

A modo de conclusión
Un dato relevante es que, como señala Michel Offerlé en el epílogo, la política es un oficio que se ha profesionalizado en su desempeño, pero a su vez ha sido negado como tal (esto es, no está reconocido socialmente o tiene un prestigio bajo mínimos); se trata de una pretendida actividad “profesional” que, contrariamente a todas las demás, no tiene ninguna regulación heterónoma, sino que el poder que de ella deriva no es sino temporal, se “toma” y se debe “dejar”. Perder las elecciones es el mayor drama del político profesional. Sin embargo, la mejor reforma –a juicio de este autor- “sería no desprofesionalizar totalmente la profesión política sino limitar sus modos de ejercicio e imponer un control ciudadano sobre su modo de ejecución”. Y el autor concluye: On peut rêver (se puede soñar).

La idea de control ciudadano sobre la política y los políticos ya se formuló a inicios del siglo XX por el filósofo Alain, quien –entre otras cosas- decía que “todo poder sin control enloquece” y que, por tanto, “la democracia sería, en este sentido, un esfuerzo constante de los gobernados contra los abusos del Poder”. Aunque en la época en que Alain escribió sus Propos el Estado de partidos era aún incipiente, el autor muestra en esa obra con claridad su rechazo a la organización de los partidos y su desconfianza hacia el ejercicio del poder (El ciudadano contra los poderes, Tecnos, 2016, pp. 162 y ss.).

Este control no se puede hacer, en ningún caso, desde la propia política, pues su sentido corporativo es manifiesto. Jouvenel recordaba, por ejemplo, lo siguiente: “Hay menos diferencias entre dos diputados, uno de los cuales es revolucionario y el otro no, que entre dos revolucionarios, uno de ellos diputado y el otro no, pues aquellos gozan de privilegios jurídicos y económicos que son intereses propios de la carrera política”. La preservación de los intereses comunes se convierte, así, en una suerte de leitmotiv de la corporación política, sea quien fuere el que la integre. Los partidos ahora son Estado, como decía Mair. De ahí las enormes dificultades de este proceso. La cuestión clave es quién y cómo puede controlar a la política.

Difícil, en efecto, renovar la política cuando ella monopoliza los cauces y palancas para que ese proceso se lleve a cabo. Tras su evidente desmoronamiento y pérdida de confianza, la tendencia actual de la política es renovar su imagen, hacerla más transparente, regular las incompatibilidades y conflictos de interés e intentar así legitimar “su profesión”. En suma, se pretende mejorar su deteriorada imagen como “clase política” (según expresión de Mosca) o “clase gobernante” (Mair). Pero las resistencias “corporativas” (sobre todo de “los aparatos” de los partidos, lugar donde recala la mediocridad más temeraria) son intensas. Hay muchas personas instaladas o recién instaladas que no quieren modificar el statu quo, pues ello podría significar el que sean expulsados de esa profesión “de” la que viven, tras haber accedido jóvenes “para hacer política” (y algunos haberse hecho mayores en ella). No se trata tanto de limitar mandatos o regular incompatibilidades estrictas, pues ello apenas vale de nada si se puede saltar de una actividad a otra de la política sin solución de continuidad. La rotación permanente entre la política y la vida social o profesional es la clave del proceso de renovación. Un camino que nadie quiere emprender.

Una vez más se muestran las complejidades de regular una actividad tan singular. Pero no le den más vueltas, no se transformará realmente la sociedad si la política no mejora de forma gradual y sustancialmente las cualidades del material humano que a ella se dedica. La política debe huir de la mediocridad si no quiere ser ahogada en sus brazos. Y eso solo depende de la política, los partidos y sus líderes (si realmente lo son). Tal como decía Jeremy Bentham, solo por amor al gobierno y por perfeccionar el sistema de la administración, "es por lo que sea desea verlo en las manos más hábiles y más puras” (Tratado de los sofismas políticos, Leviatán, Buenos Aires, 2012, p. 184).