sábado, 31 de marzo de 2018

Patrimonio de las sociedades mercantiles públicas


Otro post de interés. Antonio Arias en Blog Fiscalización.es:  La auditoría pública: una especialidad profesional

Por  Julio González Blog Global Politics and Law. Patrimonio de las sociedades mercantiles públicas. SUMARIO: I. PLANTEAMIENTO.—II. UN BREVE RECORDATORIO: LAS ACCIONES DE LAS SOCIEDADES PÚBLICAS COMO BIENES PATRIMONIALES.—III.UNA CUESTIÓN RELEVANTE:PATRIMONIO DE LA SOCIE- DAD MERCANTIL PÚBLICA COMO PATRIMONIO PÚBLICO: 1. En general. 2. En particular, la razón espú- rea para la afirmación del patrimonio de ciertas sociedades mercantiles.—IV. UNA CUESTIÓN DE DERECHO APLICABLE:A QUÉ ESTÁ SOMETIDO EL PATRIMONIO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS.—V.EL APORTE DE PATRIMONIO AL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA: 1. Bienes públicos aportables. 2. Cuestiones de procedimiento en el aporte de bienes al capital social de las sociedades públi- cas. 3. Irreversibilidad de las aportaciones al capital social de las sociedades mercantiles públicas.— VI. CONCLUSIONES FINALES

I. Planteamiento
La proliferación de sociedades mercantiles públicas es una disfunción. Es cierto que tenía sentido su existencia en los tiempos en los que había un potente aparato industrial del Estado y se dedicaban a la producción de bienes y servicios. Hoy, cuando la mayoría de ellas (y desde luego, las más importantes, con TRAGSA a la cabeza) realizan funciones netamente administrativas, tiene poco sentido, sobre todo cuando hasta hace bien poco tiempo dichas actividades estaban adscritas a servicios administrativos. Desde esta perspectiva, carece de sentido configurar unas personas jurídicas cuya finalidad es la realización de actividades que tienen encomendadas las Administraciones de las que dependen, ejecutando sus políticas públicas y que, además, habían venido realizado a través de sus servicios administrativos.

La finalidad que tiene su establecimiento, la famosa flexibilidad del régimen jurídico, supone, a la larga, la plasmación del fracaso del Derecho administrativo como Derecho para la ejecución de políticas públicas, en la medida en que su rigidez (por tomar el carácter simétrico a la flexibilidad) dificulta la propia finalidad de la persona a la que se aplica: el servicio al interés general. De esta dificultad surge la sociedad mercantil pública encargada de la ejecución de políticas públicas, que tiene su sentido en la flexibilidad contractual, patrimonial, presupuestaria o incluso en el cumplimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria. Flexibilidad que se puede ver también como trampa, tal como denunciaba hace muchos años Federico de Castro cuando reflexionaba sobre la persona jurídica en general.

Protocolos internos
Podríamos pensar, también, en que esta dificultad para la ejecución de las políticas públicas acaso sea consecuencia también de la forma en que está estructurada la Administración, cuáles son sus protocolos internos de funcionamiento y cuál es (desde un punto de vista numérico y cualitativo) la plantilla del personal en nuestro sistema administrativo, muy alejada numéricamente de la media de la Unión Europea. Y también de la falta de percepción ante los problemas de todo tipo que están planteando como consecuencia de la falta de control efectivo, como denunció -antes de pedir la supresión de algunas de ellas, las sociedades estatales de obras públicas- el Presidente del Tribunal de Cuentas en las Cortes Generales.

En todo caso, sean cuales fueran las razones que motivan su creación, el hecho de que sea una persona jurídica que responda al tipo jurídico de sociedad de capital no nos debe hacer olvidar que se trata de una entidad creada para satisfacer necesidades de interés general y cuyo presupuesto se nutre de fondos públicos. Hay casos, además, en donde esta situación es especialmente llamativa, como ocurre con las sociedades encargadas de la ejecución de obras públicas.

Paralelamente a la redacción de estas páginas, Carmen Chinchilla ha publicado un artículo general sobre las sociedades mercantiles, cuyo objeto «es reflexionar sobre la cuestión de si, en el caso de las sociedades mercantiles públicas, la forma de personificación es realmente determinante, y determinante de qué exactamente»

El mero planteamiento de la cuestión en dichos términos tan rotundos, es indicativo de la dificultad de entendimiento de la existencia de estas figuras públicas para el ejercicio de políticas públicas. Y es expresivo de un dato relevante: que la solución no puede pasar por una aplicación pura y simple del Derecho privado sino, al contrario, debe consistir en una aplicación preferente de principios y reglas de Derecho administrativo.

El objeto de estas líneas es más modesto y se refiere a un problema concreto pero muy significativo de las sociedades de capital enteramente público. Pretendo analizar un aspecto concreto de las sociedades mercantiles públicas, que muestra bien a las claras cómo su naturaleza privada está tan fuertemente publificada que acaba estando muy alejado de los moldes y pautas de funcionamiento de una sociedad mercantil normal y que hace que prácticamente en su integridad tengan que aplicar la normativa pública: el régimen jurídico de su patrimonio

Texto completo del artículo, para su descarga:

jueves, 29 de marzo de 2018

Rafael Jiménez Asensio: Másteres

"El caso Cifuentes es un ejemplo más de tan evidente declive, pero ni es el único ni cabe alarmarse cínicamente por este y no por los otros habidos y por haber. También todos esos casos son muestra, sin duda, de que la integridad y la ética no son atributos de nuestra clase política, sea cual fuere su origen y procedencia ideológica"

Fíjese en los másteres que, en general, son de un patetismo terrible” (Emilio Lledó)
¿Mal aliento? Pruebe el elixir Colgate. ¿Problemas con su carrera profesional?: Apúntese a un MBA(Testimonio de dos profesores, recogido por H. Minzberg)

Por Rafael Jiménez Asensio.- Blog La Mirada Institucional.- Másteres.- No hace falta calificarlos, siempre que se refieran a educación superior. Dejemos de lado los masters deportivos. Son universitarios, no hay duda, de los que hablo. Al menos los que ahora interesan. Muchos profesores o ex profesores (entre los que me encuentro) transitan por sus aulas impartiendo su “conocimiento” o su “experiencia”, los hay incluso que “entretienen” (algo que se valora cada vez más, por cierto), que de todo hay; aunque algunos ni eso, pues nada tienen que aportar realmente, pero allí están y en ellos se prodigan. Y de ellos cobran, pues los másteres y postgrados (salvo excepciones tasadas que se computen como horas lectivas o de trabajo) son sobresueldos para las magras retribuciones universitarias, funcionariales o profesionales. Plato ansiado por no pocos, para endulzar sus ingresos, engordar la vanidad o simplemente “estar en la pomada”.

En cosa de másteres y postgrados los hay menos buenos, regulares, malos o pésimos de solemnidad. No conozco ninguno que pueda ser calificado de excelente o muy bueno. Debe ser porque soy un profesor provinciano y de segunda división. Y eso que he llegado a trabajar en los aledaños de lo que se llama una “Escuela de Negocios”, aunque no me dejaron acercarme a las mieles del asunto: los másteres para formar directivos en empresa o en el sector público. Algo que el propio Henry Minztberg denunció inteligentemente en un recomendable libro: Directivos. No a los MBA (Editorial Deusto 2005). Hay mucho escaparate y algunas estafas en toda esa educación de postgrado. Y una necesidad objetiva: quien no tiene un Máster no es nadie. Entre estos últimos me encuentro.

El caso “Cifuentes” ha sido una auténtica bomba que ha irrumpido sobre las ya turbias aguas universitarias. Quién lo ha sacado ahora y por qué es algo que al parecer no interesa (aunque también pudiera ser relevante preguntarse). En todo caso, ha puesto a la institución frente al espejo. Quienes nos hemos dedicado durante algunos años a esa función docente universitaria sabemos que en esos postgrados universitarios la exigencia es un valor relativo, al menos en buena parte de los casos. Se va, se imparte clase, cuentas lo que te da la gana (con mayor o menor rigor, según las personas), te pagan y a callar. Por poner un caso, los innumerables Másteres de Acceso a la Abogacía que pululan por doquier son, por lo común, un rosario interminable de profesorado que desfila con escaso orden y concierto por las aulas ante la perplejidad de un desconcertado alumnado. Cumplir el expediente.

Hay, no obstante, quienes cursan con empeño y elaboran concienzudamente su “TFM” (Trabajo de Fin de Máster). Pero no nos llamemos a engaño, son una minoría de personas siempre responsables, que en cualquier actividad harían lo mismo. Tienen conciencia ética y sentido del deber. No abundan. Pero dignifican la institución y el producto. Gracias a estas personas el sistema aguanta. Normalmente esos alumnos (cargos directivos, altos funcionarios, profesionales, técnicos o estudiantes) están comprometidos con el valor de lo público o con la propia institución, interesados en la innovación y en el aprendizaje continuo o con la necesidad de mejorar ellos mismos y transferir esos conocimientos a las instituciones en las que sirven. Son muy importantes, pero aún son pocos. Aunque, en honor a la verdad, me los he ido encontrado en las aulas de diferentes postgrados, lo cual siempre es un estímulo. También hay profesores (así como algunas Universidades) que se empeñan en dar un producto digno y actualizado, lo cual también es de aplaudir, pues cobran lo mismo por hacerlo o no. Hay que romper una lanza por estas mujeres y hombres que se toman en serio algo que el sistema universitario desprecia o ignora, pues no nos llamemos a engaño para la Universidad lo trascendental no son esos estudios de Postgrado (fuente adicional de ingresos), sino  sigue siendo el Doctorado. Al menos hasta ahora.

Y sobre esto último, mejor no hablar. Como me dijo alguien que asistió a una tesis doctoral: “¡Vaya comedia!” Una puesta en escena muchas veces puramente formal y en la que no pocos miembros de tales tribunales se escuchan a sí mismos, tienen su momento de gloria, cuando no incurren en irregularidades que es mejor no tipificar. Pocas personas habrá en el mundo universitario que hayan asistido como miembros de tribunales de Doctorado que no se hayan visto involucradas en algunas “malas prácticas” (y no me pondré como excepción); por ejemplo, en la calificación final (donde los regalos, a pesar del “sobre cerrado”, siguen siendo una relativa constante, salvo en alguna Universidad que se ha ido poniendo seria). Otras veces no se detectan los plagios, “las copias contextuales” o, en fin, las innumerables citas prestadas. También hay no pocos casos en que la paciencia no acompaña para leerse (algo que algunas veces ni siquiera se hace) centenares de páginas o llevar a cabo una redacción minuciosa y pulcra de los informes previos. Por no hablar de las “direcciones de tesis”, una tarea que en ocasiones se transforma en mera formalidad o peor aún en una carrera de obstáculos insalvables para el doctorando, más que en ayudas reales y efectivas. Siempre he sido defensor de que las tesis no deberían ser leídas al inicio de la “carrera académica”, pues desvían la atención de quien debe crear poso general de conocimientos y no “segmentado” o particular. Y no pondré más “ejemplos”, pues tengo varios que sonrojarían a cualquiera.

También los doctorados
Si esto es así en “la joya de la Corona” (los doctorados), qué no pasará en sus productos subalternos (los másteres y cursos de postgrado), que proliferan como setas, con unas comprobaciones paupérrimas sobre su pretendida calidad, pues calidad no es “llenar con mentalidad de burócrata digital infinidad de papeles”. Por no hablar de su sistema de evaluación (¿cuántos suspenden en estos formatos universitarios y qué calificaciones medias se ponen?). Y ahora me pondré cínico. La verdad es que no sé porqué se rasgan las vestiduras quienes censuran a Cristina Cifuentes. ¿Dónde está publicada la tesis o los TFM de muchos de nuestros políticos que airean por doquier su condición de doctores o postgraduados (y no pongamos nombres porque hay bastantes)? ¿Con qué recursos han abonado los gastos de matrícula (algunas veces cuantiosos) algunos de esos políticos que se han formado en tales programas universitarios mientras ejercían o ejercen sus cargos públicos? ¿Sabemos realmente qué defendieron y por qué les dieron el solemne título de Doctor o de Máster? ¿Conocemos cuál fue la calificación que obtuvieron y por qué? En fin, mejor no miremos mucho por el retrovisor. Seguro que tiene efectos colaterales y expansivos.

Me dirán que no es lo mismo, pues ellos no mintieron (al menos algunos de ellos). De acuerdo. Así es, en efecto. Lo peor del “caso Cifuentes” no es que presentara o no el TFM, pues podría haber entregado una auténtica birria y le hubieran dado el título igual (y no es broma). Aunque desde el punto de vista de la Universidad que expide el título no acreditar su entrega es un hecho ciertamente insostenible. Lo grave es que se mienta o, al menos, que parezca que se miente (tanto ella como la Universidad): ¿Quién, que haya elaborado una tesis doctoral o un TFM, no guarda la copia de su trabajo en el ordenador o en una o varias copias en papel?, ¿No hay ningún repositorio de trabajos de estas características en las Universidades? Sencillamente nadie “tira” o “elimina” una tesis o un TFM. Todavía conservo mi tesis doctoral de hace más de treinta años, publicada por el INAP en 1989.  Y mejor que “no aparezca ahora” el trabajo perdido, pues el tufillo existente se transformaría en insoportable hedor. Lo grave es, por tanto, que se enrede así, con tan escasa credibilidad; que se erosione más aún la débil confianza que la ciudadanía tiene en la política y se resquebraje y deteriore profundamente la imagen de una malherida Universidad; que se predique con el mal ejemplo. Y, en especial, que se nos tilde de estúpidos. Al menos a quienes conocemos cómo (mal) funcionan las cosas en tales programas universitarios.

El espíritu perdido
La Universidad española necesita, sin duda, recuperar el espíritu perdido, tal como sugiere el excelente filósofo y siempre profesor universitario que es Emilio Lledó (lean la entrevista que ayer le hacía un diario, no tiene desperdicio: https://elpais.com/cultura/2018/03/27/actualidad/1522176484_685088.html). Su nuevo libro (Sobre la educación. La necesidad de la Literatura y la vigencia de la Filosofía, Taurus, 2018), se antoja imprescindible en estos momentos de estupor colectivo. Un profesor al que por cierto el establishment universitario español no le puso precisamente las cosas fáciles cuando intentó volver a ejercer la docencia en España. Su extraordinaria y pulcra imagen debiera servir como espejo de recuperación de una Universidad que desde hace décadas languidece. El caso Cifuentes es un ejemplo más de tan evidente declive, pero ni es el único ni cabe alarmarse cínicamente por este y no por los otros habidos y por haber. También todos esos casos son muestra, sin duda, de que la integridad y la ética no son atributos de nuestra clase política, sea cual fuere su origen y procedencia ideológica (y no pondré en marcha el ventilador citando nombres). Tampoco enaltecen a un sistema universitario que muestra, así, sus peores vergüenzas. Y, se resuelva como se resuelva, la herida ya está abierta, tanto en la Universidad como en la Política. No es mortal, pero sí grave. Una vez más nos vamos desangrando, sin que se pongan otros remedios que meras tiritas. Y en esas seguimos.

miércoles, 28 de marzo de 2018

Tribunales de Contratación de las Entidades Locales

El artículo 45.4 de la LCSP’17 permite crear los Tribunales locales a “los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril"

Otro post de interés. Blog Nada es Gratis: Los salarios de los alcaldes españoles 

Por Julio González.- Blog Global Politics and Law.- Marbella parece que es el último Ayuntamiento que van a crear órganos propios para la resolución de los recursos de contratación pública. De hecho, parece una medida muy relevante para la política local dado que es una de las primeras adoptadas tras la moción de censura del Partido Popular. Una posibilidad legal, que está recogida en el artículo 45.4 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público; y que no hace sino continuar lo ocurrido con la anterior disposición. Las diputaciones provinciales han seguido un camino parecido.
En la actualidad, el artículo 45.4 de la LCSP’17 permite crear los Tribunales locales a “los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y las Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano especializado y funcionalmente independiente que ostentará la competencia para resolver los recursos”.
Esta solución no creo que sea la mejor, ni para el ciudadano ni para la propia Administración.
De entrada, es difícil creer en la independencia de los órganos que son creados dentro de los propios Ayuntamientos y a los que se adscriben funcionarios que se han ocupado tradicionalmente de la cuestión de la contratación. Una dependencia que se vería en el hecho de que, por un lado, se ha cruzado la puerta giratoria en condiciones desconocidas en las reglas de imparcialidad pública. Pero, además, ¿se puede hablar de independencia REAL en administraciones tan pequeñas como son las municipales?
Desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia tampoco parece la medida más satisfactoria. Disponer de personal cualificado e independiente resulta costoso tanto en dinero como en tiempo. Los datos que ha proporcionado Silvia Diez Sastre muestran que no existe un problema de exceso de reclamaciones en los actuales tribunales autonómicos.                                                                    
Cuestión distinta es que se considere así una medida cautelar como la dictada por el Tribunal andaluz con respecto a un contrato adjudicado por el Ayuntamiento marbellí. Posiblemente el Ayuntamiento debiera pensar que tal medida que se debería adoptar en todo caso, de acuerdo con lo que señala el artículo 49 de la Ley.
La fragmentación de la interpretación en materia de contratos va a ser un gran problema. No es sólo que los órganos consultivos decidan de forma distinta, sino que los órganos administrativos y los judiciales van a hacerlo de la misma forma. Sin que se adivinen cuáles son los beneficios de tal fragmentación. La seguridad jurídica del licitador va a padecer. Pero el propio interés genral también.
Desde luego, la solución más adecuada hubiera sido la aceptación de la enmienda 496 al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que disponía que “en lo relativo a la contratación en el ámbito de las Corporaciones Locales, la competencia para resolver los recursos será asumida por el órgano que tenga encomendado el control de los recursos especiales autonómicos”.

martes, 27 de marzo de 2018

Rendición de Cuentas en los gobiernos. Nuestra experiencia en el ayuntamiento de Vitoria Gasteiz

"También ha sido crítico el apoyo de la alcaldía a la hora de acelerar cuando ha sido necesario. Esto no siempre es así, y cuando pasa todo es más fácil y mejor"

Por Sergio Jiménez. Analítica Web Pública. Blog.- Los últimos meses Alberto Ortiz de Zárate, Ekhi Atutxa, de la UPV/EHU y yo hemos estado trabajando en un proyecto para el Ayuntamiento de Vitoria-Gastéiz. Se trata de uno de esos proyectos que gusta hacer. Por un lado, por su utilidad para el conjunto de la sociedad. En segundo lugar, porque permite aplicar un montón de cosas que has ido aprendiendo para hacer algo concreto. Pero especialmente, porque es muy gratificante encontrar un grupo de trabajo tan implicado en lo que hace y tan convencido de su importancia. El proyecto es la herramienta de rendición de cuentas del ayuntamiento de Vitoria-Gastéiz, que se presentó a mediados de marzo. Ahora os voy a contar lo que pasó

 El alcalde de la capital alavesa Gorka Urtaran
El desafío: ayudar a la gente a SABER lo que su gobierno ha hecho
La rendición de cuentas es algo que yo no había trabajado más allá del campo teórico. Afortunadamente Alberto Ortiz de Zárate, a parte de tener todo un armazón teórico sobre la materia, había desarrollado ya proyectos similares. Hay que decir que, afortunadamente, hay actualmente varios proyectos en esta línea con muy buenos resultados. Muchas organizaciones públicas, quizá por la crisis económica, quizá por la evolución del discurso político, se lanzan a estos proyectos. Por poner dos ejemplos, el mismo día presentaron sus herramientas Barcelona y la Diputación de ÁlavaEsto es estupendo, no sólo porque la ciudadanía sabe más de lo que hacen sus representantes, sino que permite que, entre todos aprendamos como hacerlo mejor cada día.

El propósito del proyecto no es tanto que la gente pueda saber, sino que la gente sepa y entienda lo realizado. No se trata de si es mejor o peor,  que es otro tipo de debate, sino si lo comprometido se ha hecho. Es, a fin de cuentas, establecer el marco de la acción del gobierno local. Para ello el equipo tenía tres focos en los que teníamos que poner atención:

-Diversidad de medidas.
En un plan de gobierno de un municipio hay muchos compromisos y acciones de gran diversidad que podían ir desde formación, a actos promocionales, renovación de equipamientos u obra pública. Debíamos abarcar todas con fidelidad pero sin hacer algo que impida la comparación y agregación.

-Calibrar grados de avance.
El segundo punto que tenemos presente es que muchas de estas medidas requieren meses o años de evolución y que no podíamos despacharlas en hecho, no hecho, o haciéndose. Así que teníamos clara la necesidad de saber cuánto se había avanzado en cada momento.

-Sustentar la rendición de cuentas en los hechos.
La apuesta de, precisamente, acotar el proyecto en lo que se ha hecho y lo que no (y no dejarlo en su oportunidad) exigía focalizar la información en la realidad. Es decir, no creíamos un favor para nadie publicar la rendición y dedicar semanas a si es verdad o no lo que recogía. Lo que se presentara, tenía que estar sustentado por los hechos.

Las complejidades de la rendición de cuentas del gobierno
Con estas ideas nos lanzamos a concebir qué y cómo hacerlo. Esto nos llevó a centrar la atención en tres elementos fundamentales:

Crear un sistema de medición válido
El sistema de medición tenía que cubrir cuatro requisitos: escalabilidad, agregabilidad, comprensión y relevancia.

-La escalabilidad trata de representar el grado de avance de cada uno de los compromisos de gobierno.

-La agregabilidad es lo que permite que integremos el avance de cada compromiso para comprobar el avance de las grandes líneas estratégicas.

-La comprensión tanto de cada medición como del sistema en su conjunto. No podíamos hacer tantas mediciones que la gente tuviera que reflexionar qué quería decir cada una. Es una manera de allanar la curva de aprendizaje primando la comprensión rápida.

-Relevancia. Los datos tenían que ser relevantes y no limitarse a señalar como avances aspectos que son accesorios para la ciudadanía.

Consolidar un modelo de evidencia
El segundo problema era como generar un modelo de evidencias coherente. Es decir, que cosas que deben asegurar que se ha hecho lo mismo sean relativamente similares. Esto contribuye a que las cosas estén claras tanto para la ciudadanía como para la organización, que no tiene que devanarse los sesos buscando una prueba diferenciada por cada caso.

Gobernar el modelo.
Sin embargo, la mayor preocupación (al menos la mía) estaba en la creación y actualización del sistema. En mi experiencia, es muy fácil apostar por la transparencia y olvidar que hay que generar y mantener información. Teniendo en cuenta que un plan de gobierno es algo grande que abarca muchas acciones y muchas personas, necesitábamos que cargar los datos y tenerlos al día fuera sencillo. Esto nos llevó a hacer un trabajo de diseño interno para los usuarios del Ayuntamiento con todos los apoyos. De hecho, era un diseño más complejo el de interfaces internos que el de la ciudadanía, dado el número de variables que incluía.

Lo que ayudó a conseguir una buena herramienta de rendición de cuentas.
Con todo esto, estuvimos trabajando varias semanas hasta que definimos y construimos un modelo claro que es, básicamente, el que ahora puede ver la ciudadanía de Vitoria Gastéiz. Esto ha sido posible por tres factores de éxito.
Una visión clara y compartida.

El equipo del proyecto (tanto el externo como el del Ayuntamiento) tenía claro hasta dónde queríamos llegar. Puede que al principio no tuviéramos cada línea definida, pero había una idea común y clara de lo que debía hacerse. Esto es especialmente útil porque nos permitía a todos valorar cómo encajaba cada cosa que hacíamos con esa idea. Al final el trabajo de diseño y construcción no nos tuvo dando vueltas a ninguno de los participantes. Por otro lado, conforme nos acercábamos a esa idea, mayor era el entusiasmo con el proyecto.

La implicación del equipo del Ayuntamiento.
La verdad es que si hay unos protagonistas de esta historia, es el equipo del Ayuntamiento y del Área de Atención ciudadana. Ellas han apostado fuertemente por este proyecto, facilitando las tareas, transmitiéndonos a nosotros y a todas las áreas de gobierno lo que se pretendía lograr y por qué era importante. También ha sido crítico el apoyo de la alcaldía a la hora de acelerar cuando ha sido necesario. Esto no siempre es así, y cuando pasa todo es más fácil y mejor.

La visión de la tecnología
Teníamos una idea, un diseño y un plan. Incluso teníamos una maqueta clara de qué es lo que se podía ver. Sin embargo, ha sido la experiencia y el conocimiento de todo el equipo de la web de Vitoria Gastéiz (tanto informáticos como funcionales) los que han hecho una herramienta sencilla, simple, clara y manejable. La primera vez que la vi fue en móvil y me parece realmente un resultado notable, dado que, en realidad, puedes comprobar en tu móvil si el gobierno hace lo que dijo que iba a hacer. Imaginemos lo que puede suponer esto en obras públicas, por ejemplo. Ir a ver si la evidencia de que la obra está terminada (la foto) se adapta o si es de “cartón piedra”.

El resultado: rindiendo cuentas de la rendición de cuentas
Personalmente ha sido un proyecto de los que disfrutas y de los que te hacen crecer. Hemos integrado conocimientos y experiencias propias y ajenas. También hemos recibido una visión de la complejidad y la implicación de la gente que hay en la organización. Además, creo que la propia vocación del proyecto abierto y transparente debería contribuir a hacer gobiernos más próximos a la ciudadanía.

Sin embargo, no tiene sentido extenderse mucho más con el tema. Os invito a que echéis un vistazo al resultado. Desde luego, cualquier idea, sugerencia o crítica (constructiva) es más que bienvenida. Simplemente hemos hecho lo mejor que podíamos dar al Ayuntamiento, pero estoy seguro que hay muchas maneras de hacerlo aún mejor.

lunes, 26 de marzo de 2018

El Ayuntamiento de Gijón encabeza las candidaturas de los premios de INnovación electrónica del CNIS´18

Ya se conocen los finalistas de la VIIIª edición de los Premios del Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos - Ver Programa CNIS´18- que tendrá lugar en Madríd los próximos días 4 y 5 de abril. Las administraciones finalistas  de los catorce apartados previstos en las bases de esta última  convocatoria son las siguientes:

-1.-PREMIO PROYECTO CONSOLIDADO EINTEROPERABILIDAD (INTER E INTRA)
*La interoperabilidad, un valor consolidado y en continua proyección en la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid
*DataLab Arganda. Publicación automatizada de datos de valor público en tiempo real procedentes de la plataforma de administración electrónica. Ayuntamiento de Arganda del Rey
*Sistema Integral de Gestión de la Administración Electrónica. Ayuntamiento de Tinajo

-2.- PREMIO PROYECTO CONSOLIDADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
*Cambio de rumbo en la gestión de la protección de datos de carácter personal en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
*Sistema de información de seguridad y administración de eventos en la red corporativa. Diputación Provincial de Cádiz
*App “MesPol” . Ayuntamiento de Castellón

3.- PREMIO MEJOR INICIATIVA DE INNOVACIÓN INTERNA Y CAMBIO CULTURAL
*A un Clic de Ti. Diputación Provincial de Alicante
*HackCamp. C-desañando soluciones a retos en la Junta de Andalucía. Junta de Andalucía IAAP
*Plan de Mejora para la Gestión Territorial de Tributos. Cabildo Insular de Lanzarote

4.- PREMIO MEJOR PROYECTO CONSOLIDADO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
*Transformación Digital Municipal. Ayuntamiento de Gijón
Plan de Administración Elec trónica de la Provincia de Albacete y *Plataforma SEDIPUALB@. Diputación Provincial de Albacete
Suministro Inmediato de Información – SII. Agencia Estatal de Administración Tributaria

5.- PREMIO MEJOR PLAN DE ADECUACIÓN NORMATIVA: LEYES 39 Y 40 / LEY DE CONTRATOS / RGPD
*Cambio de Rumbo en la Gestión de la protección de datos personales en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat. Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
*Plan de choque para la adecuación RGPD Organización SanitariaConsejería de sanidad Comunidad de Madrid
*La adecuación a las Leyes como oportunidades para la mejora de la gestión y la transformación de la administración municipal. Ayuntamiento de Gijón

6.- PREMIO MEJOR PROYECTO EN TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
*Teulada A tu lado (Gis Open Data) Ayuntamiento de Teulada
*Sistema de Integridad Institucional de la Diputación Foral de Guipuzcoa y de su sector público. Diputación Foral de Guipuzcoa
*Evaluación de Políticas Públicas y rendicion de cuentas en gobiernos locales abiertos. Ayuntamiento de Pinto

7.- PREMIO MEJOR PROYECTO EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA
App “MesPol” . Ayuntamiento de Castellón
Ajuntament Obert. Ayuntamiento de Quart de Poblet
Observatorio Vasco de la Vivienda, ¿Hablamos? Gobierno Vasco

8.- PREMIO AL MEJOR PROYECTO DE GESTIÓN DE DATOS: BIG DATA / APERTURA / REUTILIZACIÓN
DataLab Arganda. Publicación automatizada de datos de valor público en tiempo real procedentes de la plataforma de administración electrónica. Ayuntamiento de Arganda del Rey
*Observa Gijón – Tu ayuntamiento a la vista: observa y opina. Ayuntamiento de Gijón
*Ecosistema de Datos Enlazados del Gobierno Vasco. Gobierno Vasco

9.- PREMIO MEJOR PROYECTO DE SMART CITIES
*OpenSmart City, Gijón, de la SmartCity a un CityLab. Ayuntamiento de Gijón
*La Estrategia BIM municipal: gestión integral y colaborativa para una mayor eficiencia de los servicios público. Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
*Bee Happy Voladecans. Ayuntamiento de Viladecans

10.- PREMIO A LA MEJOR SOLUCIÓN DE PAGO SIN EFECTIVO EN UNA ADMINISTRACIÓN
*Digitalización del ciclo de vida de los Tickets de comida del comedor para las personas que trabajan en la sede central del Gobierno Vasco. Gobierno Vasco

11.- PREMIO AL SERVICIO PÚBLICO EN MOVILIDAD MÁS INNOVADOR: MÓVIL / APP
*TITAM tramites por twitter del Ayuntamiento de Madrid. Ayuntamiento de Madrid
App Crue. Crue Universidades Españolas
*Estrategia de movilidad del MINETAD y últimas Apps publicadas. *Geogasolineras y envío de precios RISP de carburantes. MINETAD

12.- PREMIO PROYECTO EUROPEO MÁS INNOVADOR
*Plan estratégico de Innovación Sanitaria de La Rioja. Gobierno de La Rioja
*Gijón, de la SmartCity a un CityLab. Ayuntamiento de Gijón
*European Coworking Programme. Escuela de Organización Industrial

13-. PREMIO MEJOR PROYECTO DE COLABORACIÓN ENTRE UNIVERSIDAD Y AAPP
*Transparencia en la Administración Local de Galicia. Xunta de Galicia
*App “MesPol” . Ayuntamiento de Castellón
*App Crue. Crue Universidades Españolas

14.- PREMIO A LOMEJORES RESULTADOS OBTENIDOS DE GRUPOS DE TRABAJO COLABORATIVOS MULTIDISCIPLINARES
*La adecuación a las Leyes como oportunidades para la mejora de la gestión y la transformación de la administración municipal. Ayuntamiento de Gijón
*Transformación Digital Municipal. Ayuntamiento de Gijón
*Transformación Digital de la Gestión Municipal a través de píldoras formativas. Diputación Provincial de Cádiz

Los ganadores definitivos de estos premios  se darán a conocer y se entregarán a us responsables el último día del Congreso CNIS, el jueves 5 de Abril en el salón de actos de la Fábrica de Moneda y Timbre. Real Casa de la Moneda de Madrid 

domingo, 25 de marzo de 2018

La falta de ética pública de nuestros gobernantes, causa principal de la corrupción política


 "En una sociedad abierta y democrática como la española, todos, en mayor o menor medida, somos responsables de la ola de corrupción que nos asola"

Por José Manuel Urquiza.- Blog Hay Derecho- La corrupción, en mayor o menor grado, ha existido siempre en el ámbito de la gestión de los asuntos públicos. En todos los tiempos, sistemas políticos, culturas y religiones. El fenómeno es global. Al parecer, las graves penas establecidas  ya en el Código de Hammurabi contra los gobernantes corruptos no han devenido eficaces. Cicerón forjó su carrera política denunciando la corrupción de Verres. 

En la obra Breviario de los políticos, del cardenal Mazarino, se destaca el capítulo “dar y hacer regalos”: relevantes ministros de la Monarquía francesa de 1700 fueron grandes depredadores. El comercio mundial se desarrolló en el siglo XVII bajo la bandera de las comisiones ocultas. Hasta el Estado Vaticano se ha visto envuelto en algún asunto de corrupción (verbigracia, cardenal Marzinkus y el Banco Ambrosiano).

La corrupción política, entendida como utilización espúrea, por parte del gobernante, de potestades públicas, en beneficio propio o de terceros afines y en perjuicio del interés general, es un mal canceroso que vive en simbiosis con el sistema democrático, a pesar de ser teóricamente incompatible con el mismo, y que debe preocupar muy seriamente a todos los demócratas, ya que corroe los cimientos de la democracia, en tanto que elimina la obligada distinción entre bien público y bien privado, característica de cualquier régimen liberal y democrático; rompe la idea de igualdad política, económica, de derechos  y de oportunidades, pervirtiendo el pacto social; traiciona el Estado de Derecho; supone desprestigio de la política y correlativa desconfianza de la ciudadanía en el sistema, desigualdad en la pugna política, violación de la legalidad y atentado a las reglas del mercado.

En España, en los últimos años, numerosos sucesos han puesto de manifiesto que el fenómeno de la corrupción en la gobernabilidad del Estado (principalmente, Comunidades Autònomas y Ayuntamientos), no es algo coyuntural, sino estructural, que prolifera peligrosamente en las instituciones públicas. Los casos denominados  Gürtel, Púnica, Lezo, Pretoria, Palma Arena, Palau, Operación Poniente, Operación Malaya,etc., que recorren la geografía nacional,  han revelado que muchas Corporaciones Públicas han estado sometidas al poder económico y se han convertido así, crecientemente, en verdaderas plataformas de negocios varios, y de tráfico de influencias; hasta el punto de que hoy se corre el riesgo, cierto, de que intereses de grupos de presión económicos cambien el sentido del sacrosanto concepto del interés general, para inhabilitarlo. Obviamente, no es posible una estadística real de la corrupción, que por definición es oculta; y, de otra parte, como es natural, no todos los mandatarios públicos son corruptos.

Responsabilidad compartida
En una sociedad abierta y democrática como la española, todos, en mayor o menor medida, somos responsables de la ola de corrupción que nos asola. Los políticos que la practican, promoviéndola o aceptándola; los sobornadores ( promotores empresariales), ora causantes, ora víctimas; los partidos políticos, carentes a estas alturas de autoridad moral para combatirla; el estamento judicial ( jueces y fiscales), que en muchas ocasiones no ha dado la talla; las instituciones encargadas del control y fiscalización de la actividad administrativa, negligentes casi siempre en su tarea;  los medios de comunicación, silenciando o minimizando, a veces, el fenómeno corrupto; la intelectualidad,  poco comprometida en la lucha para erradicarla; la ciudadanía en general,  tolerante en exceso con el político corrupto, quizás porque aún no es consciente de que la corrupción la paga de su bolsillo.

Las causas que propician esta perversión pública son múltiples, a saber: la partitocracia, con sus taras e imperfecciones; la profesionalización de la política, entendida en su peor versión; el fenómeno del transfuguismo; o el deficiente sistema de financiación de las formaciones políticas. Otras, propias del municipalismo,  son la crónica insuficiencia de sus recursos económicos; el raquítico régimen de incompatibilidades legales de alcaldes y concejales; la galopante empresarización de los Ayuntamientos para huir del Derecho Administrativo; o el deficiente sistema legal de control interno de los actos económico-financieros de los entes locales.

Pero, por encima de todas ellas,  a mi modo de ver, la causa primera de todos los males en el sector público español es la falta de ética pública de muchos de nuestros gobernantes, llegados a la política no por vocación ni espíritu de servicio, ni siquiera por ideología (¡ qué rancios suenan ya estos conceptos!), sino por propio interés.

En términos generalesética es el sentido, la intuición o la conciencia de lo que está bien y lo que no, de lo que se ha de hacer y de lo que debe evitarse. La ética pública ha de ser correlativa de la privada. Mal podrá defender la integridad y la moralidad en el plano público quien carece de ella.

Por otra parte, la actuación de cualquiera que realiza una función pública en nuestro país debe estar presidida por la idea de servicio de los intereses generales, que es el principal valor político. El artículo 103 de la Constitución Española –“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales”– constituye un mandato para autoridades y funcionarios. Los valores clásicos del gestor público (imparcialidad, neutralidad, honradez y probidad) se han de ver complementados hoy con los nuevos valores de eficacia y transparencia, propios de las Administraciones Públicas del siglo XXI.

La corrupción socava la integridad moral de una sociedad. Supone la quiebra general de los valores morales. La corrupción pública, en cuanto supone lucro indebido del agente y su disposición a mal utilizar las potestades públicas que tiene encomendadas, es una práctica inmoral, ante todo; una violación de los principios éticos, sean individuales o sociales.

Algunos analistas consideran que la ética pública ha perdido hoy relevancia social, dada su naturaleza subjetiva. La gran mayoría entiende, sin embargo, que la ética ha de ser el mejor antídoto contra el veneno de la corrupción, y preconiza la necesidad de un rearme ético, de un regreso a los valores antes enunciados. Por eso, se observa últimamente en el mundo una gran preocupación oficial por la ética pública (el Informe Kelly, en Gran Bretaña, sobre gastos diputados británicos; Recomendación  del Consejo de la OCDE, de 1998; Convención Americana contra la Corrupción, de 1996).

La política, que puede ser la más noble de todas las tareas, es susceptible de convertirse en el más vil de los oficios; precisamente porque es una actividad humana y, como tal, defectuosa. Todo el mundo coincide en que la ejemplaridad y la honradez son virtudes que deben presidir la actuación de los políticos, en tanto que escaparate y guía de la ciudadanía.

Pues bien, es la falta generalizada de ética pública de nuestros gestores municipales, por ejemplo, la razón principal del despilfarro del gasto público en los Ayuntamientos, del favoritismo en la selección del personal o en la contratación de obras y servicios, de la interesada arbitrariedad en la planificación urbanística, de la negligencia en la gestión del patrimonio municipal o de los frecuentes cambalaches en la composición de las mayorías de gobierno. Es a partir de la ausencia de moral, o de dignidad en el desempeño del cargo, cuando el Alcalde (o el concejal delegado de turno, o el funcionario revestido de capacidad decisoria o meramente asesora), experimenta un total desprecio por el interés general de la ciudadanía y utiliza sus potestades en beneficio particular (propio, de sus allegados o de su partido), orillando los principios constitucionales de eficacia, objetividad, independencia e igualdad, y demás preceptos legales y reglamentarios. Se corrompe, en definitiva.

Llegados a este punto, hemos de convenir que ni uno sólo de los gestores públicos que recientemente han sido imputados en nuestro país por prácticas presuntamente corruptas (todos los conocemos), se distingue precisamente por cumplir los postulados éticos que se han descrito, a tenor de los modos y maneras de su malhadada gestión pública, que hemos conocido con todo detalle por las oportunas crónicas mediáticas sobre causas judiciales en marcha. Se diría más bien que utilizan la política como medio de vida y, según se ha visto, como negocio (primun vivere, deinde filosofare). La falta de ética pública de esos políticos es, por tanto,  el denominador común de la práctica presuntamente corrupta a que se refieren los escándalos de corrupción antes señalados.