UE- Pae.- La UE facilita la reutilización de los datos en poder
del sector público. Los representantes permanentes de los Estados miembros han
acordado hoy la posición de negociación del Consejo
sobre unas reformas que forman parte de las iniciativas más amplias que
la UE está emprendiendo para incrementar el suministro de datos con el objetivo
de apoyar la economía y garantizar que una mayor cantidad de datos se emplee en
beneficio de todos.
Las nuevas
normas
favorecerán el desarrollo y la utilización de nuevos servicios y tecnologías
basados en datos, como la inteligencia artificial. Además, suponen un paso
importante para aumentar la disponibilidad de los datos abiertos en la UE.
Con arreglo a la actual Directiva relativa a la
reutilización de la información del sector público, todo contenido accesible al
público en virtud de la legislación nacional sobre el acceso a los documentos
puede ser, en principio, reutilizado con cualquier fin, también con fines
comerciales.
Las reformas ampliarían el ámbito de aplicación de las
normas más allá de los organismos del sector público, a fin de
incluir a las empresas públicas de los sectores del transporte y los
servicios públicos. Estos sectores no estarían obligados a poner datos a
disposición, salvo que dicha obligación existiera a escala nacional, pero si
publicaran datos, tendrían que respetar los mismos principios que los
organismos del sector público, en particular en lo que respecta a la
transparencia, la no discriminación y los acuerdos exclusivos.
También las investigaciones financiadas con fondos públicos
También se ampliarían las normas para incluir los datos
de investigaciones financiadas con fondos públicos que ya están
disponibles en registros públicos. Habría que adoptar medidas para que dichos
datos fueran reutilizables, por ejemplo, especificar condiciones adecuadas de
concesión de licencias. Los Estados miembros tendrían también que establecer
políticas nacionales de libre acceso para fomentar la disponibilidad de los
datos de investigación.
El proyecto de normas fomenta la difusión de datos
dinámicos, como los datos en tiempo real relativos al transporte o la
meteorología procedentes de sensores o satélites. Los organismos públicos
tendrían que poner dichos datos a disposición a través de interfaces de
programador de aplicaciones (API).
En el texto acordado se dispone que se definirán
los conjuntos de datos de gran valor (conjuntos de datos de gran
importancia socioeconómica) en una segunda fase tras la adopción de la
Directiva. Dichos conjuntos de datos tendrán que estar disponibles de forma
gratuita en toda la UE, y deberán ser legibles por máquina y automáticamente
transferibles a través de una API. La Comisión elaborará una lista de tipos
específicos de conjuntos de datos de gran valor en un acto de ejecución aparte,
que se aplicará tanto a los organismos públicos como a las empresas públicas.
En conjunto, los datos del sector público serán más
baratos. Por lo general, estarán disponibles de forma gratuita o a un coste
marginal. No obstante, las normas tienen en cuenta que algunos organismos del
sector público necesitan generar ingresos y, por lo tanto, permiten, en
determinadas situaciones, que se cobre por los datos un precio dentro de
ciertos límites.
Datos abiertos
El texto del Consejo también refuerza el concepto
de datos abiertos, es decir, de datos en formatos abiertos que pueden ser
utilizados libremente y compartidos con cualquier fin. A fin de reflejar esto,
se ha añadido la noción de datos abiertos al título de la propuesta.
Tras la entrada en vigor de la Directiva, los Estados
miembros dispondrán de dos años para adoptar disposiciones nacionales
destinadas a ponerla en práctica. Los Estados miembros podrán ir más allá de
las normas mínimas establecidas en la Directiva.
La propuesta que se está debatiendo es un elemento esencial
del «conjunto de medidas relativas a los datos» publicado por la Comisión en
abril de 2018 en el marco de la Estrategia para el Mercado Único Digital.
Asimismo, forma parte del examen realizado por la Comisión en el marco del
programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT).
El acuerdo alcanzado hoy en el Comité de Representantes
Permanentes constituye un mandato para que la Presidencia inicie las
conversaciones con el Parlamento Europeo con el objetivo de alcanzar un
acuerdo sobre el texto definitivo. El Parlamento aún no ha acordado su
posición.
No hay comentarios:
Publicar un comentario