lunes, 23 de octubre de 2017

Así es la nueva de Ley de Contratos del Sector Público

La ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el BOE

Revista de prensa.- Expansión.- El Congreso validó el jueves la Ley de Contratos con el Sector Público, norma que traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas europeas sobre contratación del sector público y que además responde a la necesidad interna de dotar de mayor transparencia al sector y de incrementar los controles sobre la corrupción, sobre la morosidad y que revisará los contratos y garantizará la libre concurrencia. La ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el BOE.

El Congreso de los Diputados aprobó el jueves 19 de Octubre  la Ley de Contratos del Sector Público, norma que traspone con retraso al ordenamiento jurídico español las Directivas europeas sobre contratación del sector público de 2014 y que además responde a la necesidad interna de dotar de mayor transparencia al sector y de incrementar los controles sobre la corrupción. El de la contratación pública es un mercado con un volumen de alrededor de 200.000 millones de euros anuales, equivalente al 20% del PIB.

Entre las novedades más importantes, destaca que se suprime la posibilidad de contratación sin publicidad, se intenta favorecer la contratación con pymes y la prevalencia de la división en lotes, se establece la obligación de la factura electrónica y la posibilidad de pago directo de la Administración a los subcontratistas, además de que se incrementan los controles sobre la morosidad y de que se crea una Oficina Independiente que supervisará los contratos y garantizará la libre concurrencia.

La ley, que entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el BOE, tiene 347 artículos, 57 disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria, 16 finales, y seis anexos.

Publicidad
Requisito obligatorio. Se suprime la posibilidad de contratación sin publicidad.
Contratos menores. Se dará mayor transparencia a la publicidad de los contratos menores que rebajan su cuantía. Se regulan, reduciendo su uso a los de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

Expedientes públicos. Los expedientes de contratación serán públicos con la excepción de la información clasificada o que pusiera en peligro otros derechos, siempre de forma justificada.

Pymes
Lotes. La ley obliga a dividir en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento para facilitar el acceso de pymes y autónomos a los procesos de contratación. De esta manera, se simplifican procesos administrativos, ya que permite convocar un solo concurso para diferentes tareas, en lugar de dos o más, con el consiguiente ahorro para el erario público. En la práctica, esto expulsa de dicha licitación a empresas de menor tamaño, al no poder acceder a contratos demasiado amplios, tanto por la parte económica como por el desarrollo y ejecución de tareas. Además de favorecer a las pymes, esta novedad introduce mayor especialización, se da más oportunidad a la innovación.

Menos requisitos. Los pliegos rebajan las condiciones de solvencia técnica, con lo que las empresas de nueva creación (con menos de cinco años de existencia) no tendrán que acreditar trabajos anteriores con la Administración para poder comenzar a trabajar con ella.

Criterios de precio. Se sustituye como criterio de adjudicación "la oferta económica más ventajosa" por el de "la mejora en relación con la calidad y el precio". Hasta ahora, el precio ha sido el factor decisivo, primando las ofertas con el precio más bajo, lo que ha podido afectar a la calidad y fomentar prácticas anticompetitivas que han perjudicado sobre todo a las pymes. Así, se estipula que la "adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio". "La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos"). Además se hace necesario valorar la calidad o valor intelectual en los contratos de servicios. Para determinar el precio del contrato, deberá tenerse en Consultas preliminares

Consultas preliminares. Se permite consultar con expertos o con el propio mercado para preparar las futuras contrataciones. Se permite que las empresas que participen en los procesos de consultas al mercado (consultas preliminares) participen después en las licitaciones.

Morosidad
Morosidad. Las empresas que trabajen para las Administraciones no podrán pagar tarde a sus proveedores. Para vigilarlas, se les obligará a depositar cada factura en un registro electrónico. Actualmente, las constructoras que resultan adjudicatarias de obras públicas suelen incumplir el plazo de pago legal a los subcontratistas, que asciende a 60 días. El periodo medio de abono de los grandes grupos dedicados a las infraestructuras es de 288 días, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. El texto final elimina la posibilidad de pactar entre las partes plazos de pago diferentes a los legales. Además, imposibilita que las Administraciones certifiquen las obras en más 30 días, sin excepciones. La nueva ley establece como punto de inicio del cómputo de los plazos de pago la fecha de entrega del bien o prestación del servicio. Esto es algo que ya estaba así en la Ley de Morosidad, pero no se cumplía en la construcción. Las Administraciones tendrán la obligación (antes era potestativo) de comprobar el cumplimiento de los plazos de pago y de imposición de las correspondientes penalidades en los contratos de obra y en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones o que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. Cuando se produce un impago, si está así previsto en el pliego, el subcontratista puede exigir del órgano de contratación el pago de las facturas con plazo de pago vencido.

Factura electrónica. Se introduce el sistema de factura electrónica y registro electrónico único para el conjunto de la cadena de contratación pública, lo que permitirá acreditar la fecha en la que se presentan las facturas por el subcontratista al contratista de forma inequívoca y sin interpretación posible.

Pago directo. La norma permite incluso que las Administraciones Públicas paguen directamente las facturas de los subcontratistas, detrayéndoles el importe correspondiente a los contratistas, siempre que así lo prevean los pliegos de contratación.

Control
Oficina independiente. Nace la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, que podrá emitir recomendaciones para el cumplimiento de los órganos de contratación y que dependerá del Ministerio de Economía. De esta manera, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que va a ser escindida, deja de supervisar el sector. Los integrantes de la Oficina tendrán un mandato de seis años. Dependerá de la Oficina Nacional de Evaluación, que se encargará de estudiar la rentabilidad socioeconómica de la contratación pública.

Comisión en las Cortes. Habrá una ponencia permanente en las Cortes, en paralelo de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, por lo que los partidos políticos también controlarán específicamente la contratación pública.

Responsable del contrato. Se crea la figura de responsable del contrato -funcionario o empleado público designado para ello- para que el adjudicatario sepa a qué persona dirigirse y que también se ocupará de vigilar la ejecución de los trabajos.

Menos poder de la Administración
Contratos menores. Se reduce la capacidad de la Administración para la adjudicación directa de contratos menores. Se reducen hasta 40.000 y 15.000 euros los límites vigentes de 50.000 euros para contratos de obras y 18.000 euros para el resto (IVA excluido). Se intenta con ello acabar con la opacidad en los procesos, de la misma manera que no podrán adjudicarse contratos sin publicidad independientemente de la cuantía.

Adjudicación exprés. Se agilizan los procesos, con modelos de adjudicación "exprés" para todos aquellos contratos de importe inferior a 80.000 euros en el caso de obras y a 35.000 euros para el resto.

Límites a modificados
Pliegos con empresas privadas. Se establece un límite a los modificados en los contratos firmados en los pliegos con las empresas privadas, que no podrá superar el 50% del importe contratado, lo que obligará a las empresas concesionarias a asumir los riesgos económicos de la construcción y explotación de las obras o servicios que prestan a la Administración.

Cláusulas sociales y medioambientales
Nuevos criterios. El artículo 1 de la Ley añade que "en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social". En esta línea, el artículo 99, al tratar la cuestión del objeto del contrato, señala que "en especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten".

Inserción laboral. Se reservará un porcentaje de contratos para empresas de inserción laboral y discapacidad.

Impago de salario. Además, se garantiza la posibilidad de rescindir los contratos por impago de salario a los trabajadores.

Transparencia
Sometimiento de las entidades públicas. Desaparecen las instrucciones del sector publico, con lo que las entidades públicas deberán someterse a la ley directamente.

Partidos políticos y sindicatos. A los tradicionales sujetos obligados se unen ahora partidos políticos y sindicatos, aunque van a poder utilizar instrucciones de contratación y no la ley para adjudicar contratos. La Directiva obligaba a incluir a partidos, sindicatos y asociaciones empresariales, siempre que la mayoría de su financiación provenga de fuentes públicas a recurrir a procedimientos públicos para adjudicar los contratos.

Corrupción. No podrán ser contratistas de las Administraciones Públicas los condenados por corrupción entre particulares.

Recursos
Especial. Se modifica el sistema de recursos contractuales pasando el recurso especial a ser preceptivo.

Ampliación. Se amplía el ámbito de recurso especial, que pasa a ser para contratos de obras de un valor estimado de más de tres millones de euros; para contratos de suministros y servicios, de 100.0000 euros, y para contratos administrativos especiales, de 100.000 euros y aquellos donde no se pueda fijar su valor.

Expectativas no cumplidas
Indemnizaciones. Se prohíben las indemnizaciones por expectativas de mercado no cumplidas, lo que dificultará la asunción de responsabilidades patrimoniales por parte de la Administración ante proyectos fallidos como las radiales o el Proyecto Castor.

Rescate
Remunicipalización. La decisión de remunicipalización de una concesión podrá ser recurrida al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. La admisión a trámite del recurso suspende su ejecución, y tiene un tiempo medio de resolución de 15 días o un mes. Además, con carácter general, se amplía el ámbito objetivo de los contratos sujetos a posibilidad de recurso ante el Tribunal.

Paraísos fiscales
Compromiso. Se adquiere el compromiso del Gobierno de actualizar la lista de países y territorios que tengan la calificación de paraíso fiscal, una vez publicadas la lista de paraísos fiscales de la UE y de la OCDE.

IVA
Servicios públicos. La financiación pública recibida por los servicios públicos no sujetos a tarificación (TV pública estatal y autonómica o local, I+D+i...) no estará incluido en la base imponible del IVA (sin perjuicio de que la entidad pueda estar sujeta a IVA, y repercutir IVA y deducirse el soportado). Tampoco estará incluida en la base imponible de IVA la financiación que reciben los operadores de transporte urbano (e incluimos una referencia genérica a la cultura, y que se aplicará fundamentalmente al teatro) por considerarse que es una actividad en la que no existen distorsiones significativas sobre la competencia.

Senado

Enmiendas rechazas. Las tres enmiendas introducidas por el PP en el Senado, que modificaban el texto aprobado en julio por el Congreso para que se atuviera al Estatuto de los Trabajadores en lo referente a los convenios colectivos, fueron rechazas por los votos de Unidos Podemos, PSOE, ERC, PDeCAT y PNV. Así que aunque una empresa tenga convenio colectivo propio tendrá que cumplir con el sectorial.

domingo, 22 de octubre de 2017

Entregados en La Laguna los galardones de los III Premios NovaGob Excelencia 2017,

El jueves 19 de octubre tuvo lugar la ceremonia de entrega de los III Premios NovaGob Excelencia 2017, unos galardones que se incluyen en el marco del Congreso NovaGob, que en su edición de 2017  se clausuró el viernes 20 en La Laguna, Tenerife. El de 2018 tendrá lugar en Toledo

Foto de familia de los galardonados por Novagob en la III edición de 2017
El jurado de los premios 2017 estuvo compuesto por los  ganadores de la edición de 2016: Máximo Fraile, Fermín Cerezo, Sergio Jiménez, Julio García, Walter H. Caporella, Mayte Cuesta, José A. Eusamio y Ramón Cuevas.

Tras las correspondientes deliberaciones y votaciones, estos fueron los resultados definitivos de los premios 2017 :

Eje 1. Premio NovaGob Excelencia 2017 en la categoría igualdad de género: Compras Públicas como herramienta para el empoderamiento de la mujer, Dirección General de Contrataciones Públicas, República Dominicana.

Eje 1. Premio NovaGob Excelencia 2017 en la categoría mejores prácticas en recursos humanos: Nuevo procedimiento de selección basado en competencias, Llar de Calvià, España.

Eje 2. Premio NovaGob Excelencia 2017 en la categoría lucha contra la corrupción: El código de conducta de los altos cargos y personal directivo, Dirección General de Modernización e Innovación de la Administración, Generalitat de Catalunya, España.

Eje 2. Premio NovaGob Excelencia 2017 en la categoría mejor iniciativa de gobierno abierto: Transparencia y accesibilidad en las compras públicas a través del portal transaccional, Dirección General de Contrataciones Públicas, República Dominicana.

Eje 3. Premio NovaGob Excelencia 2017 en la categoría colaboración interinstitucional: Certificado de defunción en línea CDEF, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, Perú.

Eje 3. Premio NovaGob Excelencia 2017 en la categoría gestión eficiente y proactiva: Escuelas de paz, Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, México.

​​Eje 4. Los miembros de NovaGob seleccionaron mediante votación directa las candidaturas ganadoras del Eje 4 (Comunidad):

Miembro más destacado: Rafael Camacho Muñoz
Mejor blog: Christian A. Estay-Niculcar

Mejor grupo: Formación de Servidores Públicos, administrado por José Antonio Latorre y Miguel Barrera.
                                 ¡ Enhorabuena a todos ellos¡
Más información: Premios NovaGob Excelencia:

sábado, 21 de octubre de 2017

El Congreso impide que los adjudicatarios públicos paguen sueldos por debajo del convenio sectorial


Revista de prensa. Infolibre.- El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la nueva Ley de Contratos del Sector Público, rechazando todas las enmiendas introducidas en el Senado por la mayoría absoluta del PP, en las que se permitía a las empresas adjudicatarias priorizar un convenio de empresa sobre el sectorial, ha informado Europa Press.

Así, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, Esquerra Republicana, el PDeCAT y PNV han tumbado las enmiendas introducidas en el proyecto de ley durante su paso por la Cámara Alta, con lo que la nueva norma entrará en vigor tal y como salió el pasado mes de julio del Congreso.

El proyecto por el que se transponen dos directivas europeas fue aprobado por el Gobierno en noviembre de 2016 y tomada en consideración a mediados de febrero de este año. Desde entonces, la complejidad y la extensión de la norma alargó el período de ponencia, celebrándose entre marzo y julio reuniones para debatir y acordar cambios en la norma.

Finalmente, fue aprobada por la Comisión de Hacienda y Función Pública en la última semana de julio, sin ningún voto en contra, únicamente con la abstención del PSOE, y con satisfacción general de los grupos al haber podido introducirse aportaciones de prácticamente todas las fuerzas políticas.

De este modo, celebraban haber conseguido plasmar una contratación pública más transparente, más controlada, más accesible para pymes, con mayor protección para los trabajadores de las adjudicatarias y con un papel más importante de las cláusulas sociales.

¿Calidad antes que precio?
Aunque en el proyecto de ley ya se recogía la inclusión de cláusulas sociales, tal y como mandaba la propia directiva comunitaria, partidos de izquierda como PSOE y Unidos Podemos celebran que se éstas se hayan incorporado con mayor detalle durante el trámite parlamentario.

También dan por hecho que con la nueva norma la calidad del servicio prestado se priorizará el precio y que podrá realizarse una contratación estratégica para potenciar, por ejemplo, los contratos con empresas que primen determinados aspectos como la igualdad de género o los aspectos medioambientales.

Desde Unidos Podemos también celebran la reducción de la cuantía de los contratos menores, que tienen menos exigencias de control. Ahora se consideran menores los inferiores a 50.000 euros para obras y a 18.000 euros para servicios y cuando se apruebe la reforma se quedarán en 40.000 los primeros y en 15.000 los segundos. También se eliminarán los contratos sin publicidad.

Un supervisor de la contratación pública
Otro de los grupos que ve plasmada en la ley una de sus principales reivindicaciones es Ciudadanos, ya que la reforma incluye la creación de un organismo de control de la contratación pública, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, que según comentan desde la formación naranja, contará con capacidad normativa y podrá emitir recomendaciones para el cumplimiento de los órganos de contratación.

De esta forma, la supervisión se saca de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) -en cuya segregación trabaja desde hace meses Economía- para constituir un organismo que, aun dependiendo del ministerio orgánicamente, se asemeje a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Una de las características más valoradas por Ciudadanos es la garantía de la independencia de sus miembros, pues tendrán un mandato de seis años, rompiendo así el ciclo electoral y no podrán ser cesados por el Gobierno, salvo causas justificables ya tasadas.

Igualmente, de esta oficina dependerá la Oficina Nacional de Evaluación, que se encargará de estudiar la rentabilidad socioeconómica de la contratación pública. Otro de los mecanismos de control será una ponencia permanente en las Cortes, en paralelo de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, por lo que los partidos políticos también controlarán específicamente la contratación pública.

Licitaciones más abiertas
Uno de los aspectos en los que ha habido un mayor consenso a la hora de incluir modificaciones es en las propuestas que permitían una mayor flexibilidad en los criterios de contratación con el objetivo de abrir las licitaciones a un mayor número de empresas.

Así, la nueva ley recoge la obligatoriedad de fraccionar en lotes los grandes contratos -en caso de que no sea posible la Administración deberá justificarlo-, también flexibiliza los requisitos de solvencia a las características y circunstancias de las empresas y no se exigirá a las sociedades con menos de cinco años la acreditación de trabajos previos, como sucedía hasta ahora.

Mayor protección de los trabajadores
Otra reivindicación atendida y consensuada ha sido la protección de los derechos laborales, ya que según denunciaban muchas formaciones, en numerosas ocasiones las empresas se descolgaban en los concursos de los convenios laborales para presentar ofertas más baratas.

A partir de ahora, las adjudicaciones deberán respetar las condiciones salariales recogidas en los convenios sectoriales, materia que ha sido muy debatida en los últimos tiempos por la reducción de salarios a trabajadores de seguridad privada. Asimismo, las organizaciones sindicales podrán recurrir incumplimientos de la empresa relativos a sus obligaciones sociales o laborales hacia los trabajadores que participen en la prestación del servicio.

A la hora de recurrir, otros de los aspectos valorados por otros grupos, como el PSOE, es la ampliación del recurso de contratación en materia especial, ya que serán recurribles los contratos de obras con un valor estimado a más de tres millones de euros y de suministro de servicios de más de 100.000 euros. Además, se establece el carácter potestativo y gratuito del recurso especial en materia de contratación.

viernes, 20 de octubre de 2017

¡Ya tenemos nueva Ley de Contratos del Sector Público ¡

Elimina los negociados por precio, obliga a que el proceso sea más transparente y crea un nuevo organismo de vigilancia de la contratación. Entrará en vigor a finales de febrero de 2018

EVA BELMONTE. Civio.- Tras el último trámite parlamentario, ya tenemos nueva Ley de Contratos del Sector Público. El Congreso ha rechazado las enmiendas propuestas por el PP en el Senado con 171 votos en contra y 164 a favor (el propio PP, Ciudadanos, Foro Asturias, Coalición Canaria y UPN) y la reforma de la norma ya es una realidad. España cumple así la transposición de las directivas europeas aprobadas en 2014. Eso sí, lo hace un año y medio tarde.

De hecho, algunos de los grandes cambios que trae la ley vienen marcados por Europa, como la obligación de publicar las modificaciones de los contratos (los famosos sobrecostes) y el fin del uso del procedimiento negociado -aquel en el que se adjudica un contrato sin concurso abierto- para contratos por debajo de un umbral de precio (sí se siguen permitiendo en otros supuestos).

Una negociación opaca para una ley que obliga a dar transparencia a la contratación
Con las prisas por llegar tarde a los plazos europeos y ante una norma compleja, su aprobación se tramitó de urgencia pero ha durado meses. El debate, eso sí, se ha celebrado a puerta cerrada, en comisión. Y es justo ahí donde estuvo la clave del trámite parlamentario. En el Congreso, la mayoría de grupos consensuaron buena parte de las enmiendas en esas reuniones. En el Senado la cosa fue bien distinta. El PP hizo uso de su mayoría y aplicó el rodillo, vetando todas las enmiendas del resto de grupos y aprobando solo las suyas, todas centradas en cambiar un matiz -importante- en la norma. Si las empresas que contratan con las administraciones públicas estaban obligadas a cumplir los convenios colectivos sectoriales, tras la aprobación de esas enmiendas del partido del Gobierno el requisito es acatar los convenios “que sean de aplicación”, lo que significa que con cumplir los de cada empresa, a veces inferiores en derechos de los trabajadores, es suficiente. Al final se tumbaron estas enmiendas en el Congreso. El presidente de la Comisión que debatió la norma en el Senado, José Luis Sanz Ruiz, ha sido acusado por la Fiscalía de manipular la contratación del ayuntamiento del que era alcalde.

Del negociado al abierto simplificado
Uno de los avances más relevantes de la norma es el coto al uso del negociado por criterios de precio, que pasan a tramitarse mediante el nuevo procedimiento abierto simplificado. Este nuevo proceso se podrá utilizar en contratos de obras de menos de dos millones o de suministro y servicios de menos de 100.000 euros en los que los criterios de adjudicación mediante juicios de valor no superen el 25% del total. La licitación se publicará solo en el perfil del contratante y los plazos de presentación de proposiciones, adjudicación y formalización son más cortos y sencillos.

Eso sí, los negociados no desaparecen, se mantienen cuando haya otras razones: si solo se puede adjudicar a un empresario, en contratos secretos y reservados, si no funciona el procedimiento abierto, cuando no se pueden establecer los criterios de forma clara…

Partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales tendrán obligaciones dentro de la nueva ley, impuestas por la directiva europea, siempre que la mayoría de su financiación sea pública y solo para los grandes contratos, con la excepción de aquellos destinados a las campañas. No tienen las mismas obligaciones que las administraciones públicas, pero deberán cumplir algunos requisitos, como establecer instruccions claras de contratación basadas en los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación. Además, deberán adjudicarlos contratos a la mejor oferta y contar con un perfil del contratante que publique licitaciones y adjudicaciones motivadas.

Los contratos menores, aquellos que se pueden adjudicar de forma directa sin pasar por todo el procedimiento de contratación, pasan de ser aquellos de menos de 50.000 euros en obras y 18.000 en servicios en suministros a los que no superen los 40.000 y 15.000 euros, respectivamente.

Un nuevo organismo
La norma crea un nuevo organismo de supervisión, destinado a vigilar el cumplimiento de la ley y detectar prácticas corruptas. Eso sí, aunque se llama Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, su independencia solo está en el nombre y sobre el papel: sus miembros, funcionarios, serán nombrados por el Gobierno. Además, dependerá orgánicamente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Podemos había pedido un nuevo organismo, pero más independiente; y Ciudadanos la creación de una sección dentro de la CNMC, sobre todo centrada en la vigilancia de la competencia.

Pero, además, durante la tramitación se han incluido algunas novedades importantes, muchas de ellas centradas en la obligación de publicar los informes que justifican las decisiones que se tomen. ¿Por qué se permite una modificación? ¿Cómo se justifica con una baja temeraria? ¿Quiénes deciden quién se lleva un contrato y basándose en qué? A partir de febrero de 2018, los contratos públicos deberán incluir esa información, junto a los nombres de todos los licitadores participantes, los informes previos o la composición de las UTE que se lleven contratos públicos.

Toda esa información se publicará en los perfiles del contratante de cada administración y en la Plataforma de Contratos del Sector Público de forma abierta, en formatos reutilizables y, como mínimo, por un periodo de cinco años. Pero, además, se podrán solicitar contratos anteriores vía solicitud de acceso a la información.

jueves, 19 de octubre de 2017

La gerencia pública a la palestra de la amenidad


José R. Chaves. Blog delaJusticia.com.- Tuve ocasión de ser invitado junto con el grandísimo Antonio Arias a las XXXV Jornadas de Gerencia Universitaria organizadas por la Universidad de Vigo (20,21 y 22 de Septiembre de 2017), y ofrecer al alimón una charla sobre los problemas de la gerencia pública, pero bajo un enfoque original y ameno, poco habitual.

Se trataba de analizar unas noticias insólitas en clave jurídica y mas que dar soluciones, mostrar las distintas perspectivas y riqueza de problemática de la gestión pública. Y lo intentamos, o mejor, lo disfrutamos….

Así, que agradeciendo vivamente la hospitalidad de la Universidad de Vigo y la espléndida organización de la Gerencia, donde no faltaron abrazos y francachelas entre debates de altura, pues os ofreceré un enlace al video de nuestra intervención: Sucedidos universitarios. Reflexiones a debate abierto.

Creo sinceramente que el tono abierto, distendido e interactivo de la ponencia, que nos esforzamos por ofrecer, es el que se necesita hoy día, superando la clásica lección magistral, ponencia o retahíla de datos, en que el profesor es más un libro vivo que lee sus propias reflexiones teóricas que un estimulante de mentes para solventar problemas reales.

Intervenciones en videos
Me tomo la vanagloria de parafrasear a La Codorniz: la ponencia más audaz para el público mas inteligente. Aquí está para general disfrute nuestra actuación

Y por supuesto muchos más videos con todas las intervenciones de grandísimos ponentes de las XXXV Jornadas están aguardando a quien se asome con curiosidad a la ciencia en formato vivo.

En suma, las tecnologías al servicio de la enseñanza, aunque no debemos caer en la idolatría de bits, clicks e imágenes, puesto que el poderío de un cerebro libre y sosegado con un libro es insuperable.

Así y todo, confesaré que también he explorado con éxito las nuevas tecnologías para preparar opositores y magistrados especialistas contencioso-administrativo…¡ a través de Skype, sin importar las distancias! ¡¡ Y estoy maravillado !!


NOTA.- Si alguien desea consultar videos breves sobre juristas, auditores y la cosa pública, recuerdo que aquí está la biblioteca con mis Tutoriales jurídicos, así como las entrevistas en forma de píldoras, todo ello accesible y gratuito a golpe de click.

miércoles, 18 de octubre de 2017

Los sindicatos exigen que los funcionarios tengan subida por decreto ante la amenaza de congelación salarial en 2018

El Gobierno habla de congelación de los sueldos públicos en 2018 en el proyecto presupuestario que acaba de enviar a Bruselas y CCOO recuerda que en otros años con prórroga presupuestaria (1990 y 1996) se dieron subidas salariales a través de un real decreto

Revista de prensa. Diario.es- El  plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas contempla un escenario de prórroga presupuestaria y de contención del gasto que, entre otras cosas, supone la congelación del sueldo de los funcionarios el año que viene. Ni siquiera se contempla repetir la subida del 1% en los sueldos públicos que se produjo en 2017.

"Por el lado del gasto, la ratio se reduce de 2017 a 2018 hasta alcanzar el 40,6% del PIB, consecuencia de la contención del gasto público debido, en gran medida, al supuesto de congelación de los salarios públicos por tratarse de un escenario a política constante", asegura el texto, que prevé una rebaja de tres décimas en el crecimiento del PIB debido a las incertidumbres de la crisis catalana.

El documento enviado a la Comisión Europea en cumplimiento de los requerimientos comunitarios para controlar las cuentas públicas de los estados miembros no renuncia a poder aprobar unos presupuestos para 2018. Pero por el momento la situación política en Catalunya lo hace imposible, ya que el PNV no está dispuesto a volver a dar su apoyo en este trámite parlamentario mientras perdure el actual escenario de enfrentamiento. "El proceso de elaboración de los PGE para 2018 se encuentra en una fase muy avanzada, y es intención del Gobierno presentarlos, en cuanto la situación política lo permita", afirma el documento. 

Los sindicatos no lo aceptan
Pepe Fernández, coordinador del Área Pública de CCOO, asegura que "el escenario de congelación salarial es impensable" y que en sus conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Función Pública sus interlocutores siempre habían planteado que tendrían suficientes votos para poder aprobar los Presupuestos. "Si la situación política se complica por Catalunya será una derrota del Gobierno", asegura. 

En todo caso, afirma que si no hay un nuevo Presupuesto –algo que consideraría "negativo para toda la población", también en términos de convocatoria de plazas públicas o inversiones– esto "no condiciona que no haya incrementos salariales" para los funcionarios.

Según datos recopilados por el sindicato, se han producido cuatro prórrogas presupuestarias "y media" desde que se aprobó la Constitución: 1983, 1990, 1996 y 2011. La "media" (ya se estaban tramitando los nuevos presupuestos cuando se prorrogaron) sería la que se produjo en 2017. Las tres primeras ocasiones, con Felipe González en el poder, tuvieron lugar porque las elecciones generales se habían celebrado a finales del año anterior, al igual que ocurrió en 2012, cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno.

En estas cuatro ocasiones hubo reales decretos a finales de diciembre del año precedente en los que se "ahormaban" las prórrogas. En los años 1990 y 1996 se incluyó en estos reales decretos una subida salarial para los empleados públicos. Y esto es lo que CCOO cree que debería ocurrir también este año, en caso de prórroga: que se apruebe un real decreto que incluya la subida salarial pactada (la negociación sigue abierta). En 1983 no se mencionaba al personal de las administraciones públicas y en 2012 se estableció específicamente la congelación salarial. 

CSI-F también se opone a la congelación 
Por su parte, CSI-F ha manifestado "su más absoluto rechazo" al plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas. Afirman que "no reconocen" el supuesto de congelación salarial y entienden que la negociación de los salarios públicos está todavía abierta.

El sindicato reclama una explicación urgente al Ministerio de Hacienda, "ante la incertidumbre que se genera sobre más de 2,5 millones de empleados públicos y sus familias, que esperan una aclaración". Recuerdan que la última oferta del Gobierno fue un incremento del 1,5% en los salarios más un 0,25% adicional en el caso de que se cumplan las previsiones de crecimiento económico.

Si además el PIB crece medio punto más de lo pronosticado por el Gobierno, esta parte variable podría subir un 0,25% más hasta el 0,5% en 2018. "Reclamamos a Hacienda que retome lo antes posible el diálogo social y la negociación presupuestaria, de manera paralela a las actuaciones que se están llevando a cabo para resolver la crisis creada en Cataluña", afirman.

Prórroga de los despropósitos fiscales
El portavoz de Presupuestos de Podemos, Segundo García, cree que la prórroga presupuestaria "evidencia la debilidad política del gobierno del Partido Popular y su incapacidad para formar una mayoría parlamentaria suficiente como consecuencia de su trágica gestión de la crisis política en Cataluña". Recalca que esta "nefasta gestión" no sólo tiene costes políticos, sino también económicos: se pospone la incertidumbre y se prorrogan unos PGE que no ayudan a que la recuperación llegue a los hogares españoles.

García recalca asimismo que en su proyecto enviado a Bruselas el Gobierno confía todo el cumplimiento del objetivo de déficit de las Administraciones Públicas (2,3% del PIB en 2018) al propio ciclo y a la demanda externa, cuando el análisis de la coyuntura muestra que el entorno internacional podría dejar de tirar de la economía. 

martes, 17 de octubre de 2017

Portales de Transparencia de Grandes Ciudades: conclusiones

La puntuación obtenida en el ITA parece no tener ningún tipo de correlación con el consumo ni con el derecho de acceso. Esto se explicaría porque el modelo de Transparencia Internacional parece más orientado a la disponibilidad de contenido que a la facilidad de acceso y consumo del mismo
Solicita aquí el informe completo gratis Analítica Web Pública blog

Analítica Web Pública blog. Sergio Jiménez.- Pues ya está. Acabamos el estudio de portales de transparencia de grandes ciudades. Han sido unos meses de esfuerzo, certificados, navegadores, formularios, notificaciones y más. Por otro lado, gracias que no es el primer estudio, se ha podido encontrar algo más y evitar algunos problemas de aquel. Del mismo modo, han aparecido algunos adicionales, entre los que destaca la aún mayor falta de datos. Si ya había muchas lagunas en la escala autonómica, en la local son oceanos. Sin embargo, la diversidad del mundo local y de su naturaleza política creo que compensa con un mayor conocimiento de la Transparencia. Y no me refiero solo a los portales en sí mismo, sino a elementos sociales y políticos en los que estos son un elemento más.

Web de Transparencia de Donosti.
Por si acabas de llegar al final de la película, te recuerdo que puedes seguir el culebrón de este estudio desde su planteamiento, las observaciones generales de los portales, el análisis pormenorizado de los mismos y la naturaleza de sus respuestas. También puedes ver el informe del año anterior sobre Comunidades Autónomas.

Clasificando los portales de transparencia de Grandes Ciudades
El primer punto a señalar es que he procedido a una nueva clasificación de las ciudades estudiadas. Esta clasificación está destinada a entender el comportamiento de diversos factores en el uso del portal.  Algunos de ellos corresponden a los portales y otros al entorno.

Estructura del portal
Clasificación de los portales. Hemos optado por dos parámetros de clasificación.
-El diseño del portal. Observamos si la articulación de diseño y contenidos en el portal son los de la web municipal. Si es así hay una mayor identificación, pero es más complicado gestionar (y navegar) en la estructura web. Previsiblemente, estos portales  tendrán un uso menor que los independientes.

-Modelo de consulta. Analizamos si se precisa o no de un certificado digital para ejercer el derecho de acceso. En casi todos los casos en los que es necesario, el ejercicio de derecho de acceso se realiza a través de la sede electrónica del municipio. Esto es así en todos los tipos de diseño que lo hacen.

En función de esta categoría tenemos tres tipos de portales:
-Portales “stand-alone”. Se trata de portales separados del portal del ayuntamiento. La consulta se hace en el propio portal sin obligación certificado. Son los casos de Madrid o Zaragoza. Bilbao lo tiene así, pero requiere certificado.

-Portales “integrados”. Son los portales que tienen una integración total con el del ayuntamiento. Son un  apartado dentro de la web municipa. El derecho de acceso se ejecuta desde la sede del ayuntamiento. Es el caso de Murcia, Sevilla o Valladolid, por poner tres ejemplos. Existen dos integrados que no requieren certificado, Valladolid y Alicante.

-Portales mixtos. Tienen una estructura independiente pero  el derecho de acceso se ejerce en la sede electrónica. Son los casos de Barcelona, Valencia o Málaga.

Población del municipio
Una de las ideas del estudio es que la población incide de manera directa en el uso del portal. Más allá de una audiencia potencial mayor,  el volumen de gestión y de geometrías flexibles del público  influyen. Por un lado es normal que un mayor volumen de lo gestionado genere más consultas. Además, la mayor población permite mayor circulación de usuarios y la creación de más tejido social. Hemos clasificado los portales en:

-Más de 1  millón de habitantes. La separación corresponde más a una idea de separarlas del resto de portales al ser solo 2. No creemos que esta cantidad aporte datos relevantes.
-Entre un millón y 500.000 habitantes. Son Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga.
-De 300.000 a 500.000. Es el colectivo más amplio. Comprende Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, Córdoba y Valladolid.
-Menos de 300.000. Son solo 3, pero muy homogéneas en magnitudes. Se trata de Vigo, Gijón y Hospitalet de Llobregat.

Para mantener la comparabilidad hemos trabajado en la medida de lo posible en métricas constextualizadas. Vistas por mil habitantes al mes, consultas por 100000 habitantes, etc.

Composición del gobierno local
Este tercer eje lo tengo en cuenta por dos motivos. El primero porque consideramos que puede ser un indicio de la confianza política que tiene la ciudadanía. Por ejemplo, un ayuntamiento con mayoría absoluta consolidada posiblemente genere menos inquietudes. Por otro lado,  un gobierno en minoría o en coalición impulsa un debate político en el que cualquier problema que pueda aflorar por la vía de los portales es rentable políticamente. Existe la posibilidad de que un debate político más activo genere más consultas. Hemos clasificado en Mayoría absoluta. Son ayuntamientos en los que se gobierna en: 

-Mayoría absoluta de un partido. Son Murcia y Málaga
-Gobierno en Coalición. Son los gobiernos de Valencia, Córdoba, Alicante y Palma
-Gobierno en minoría. Son los casos más frecuentes. Un partido gobierna en solitario pero necesita apoyos para conseguir la mayoría en el pleno.

Cuadro sinóptico de portales analizados

Principales conclusiones sobre los portales de Transparencia de  grandes ciudades.
Lo que no hemos podido saber
Lo primero a señalar es lo que no hemos logrado averiguar por la pobreza de datos de la mayoría de los portales. Tenemos dos puntos flojos por la falta de historial: la evolución del consumo de los portales y el detalle pormenorizado de las preguntas realizadas al mes. Además, en varios casos no pudimos preguntar, los que no han respondido, y los que han respondido a medias, los datos están muy limitadas.

Esto quiere decir que tenemos unos pocos datos, que los hemos armonizado y transformado para poder compararlos. Parte de las conclusiones del estudio parecen sólidas (con estos pocos datos). En los casos en los que no, tratamos de buscar una explicación razonable que permita explicarlos. Sin embargo, lamentablemente, lo incompleto de los datos invita a la cautela a la hora de analizar los datos.

Población, redes sociales, transparencia y derecho de acceso.
En primer lugar hablemos de los aspectos demográficos y de uso de las redes sociales. En lo que respecta a esta materia tenemos que:

-Habitantes y uso del portal. El número de habitantes no tiene una correlación especialmente estrecha con el volumen visitas. Sin embargo, si hay una correlación alta entre la población y el volumen de consultas. Esto podría avalar el hecho de que una mayor población genera un aumento de temas de interés.

-Correlación de población con el uso del portal y el derecho de acceso

-Población y redes sociales. Una de nuestras ideas era compara el uso de los portales y del derecho de acceso con la interacción digital con el municipio. Para ello consultamos sobre el seguimiento del Ayuntamiento en Facebook y Twitter. Pese a que prácticamente nadie nos respondió, hemos recurrido a la información en redes para hacer el cálculo. Hay una correlación importante entre la población de un municipio y su seguimiento en Twitter, no así en Facebook. Los municipios con un importante contenido turístico tienen una mayor proporción de seguidores en Facebook. Esto da que pensar una mayor audiencia externa.

Redes sociales y uso del portal. Twitter tiene una correlación muy alta con el total de preguntas realizadas y el ratio de conversión. Sin embargo no es así cuando corregimos por número de habitantes. Esto puede indicar que la correlación es más fuerte si sacamos del contexto la población. Más seguidores de twitter significa más preguntas. En otro orden de cosas, en municipios de menos de 500.000 habitantes, el volumen de usuarios y ratio de preguntas por usuarios tiene una importante correlación con Facebook. Podríamos decir que Twitter es un mejor indicador para grandes núcleos metropolitanos, pero pierde en ciudades de menor tamaño.

Correlación entre población, redes sociales y uso del portal
La derecho de acceso y composición de gobierno.

En cuanto a la composición de gobierno, nos hemos centrado en el volumen de preguntas. Hemos excluido el número de visitas por las carencias para comparar determinados grupos de portales. Encontramos lo siguiente:

-El volumen de consultas por cada 100.000 habitantes es mayor en municipios con gobiernos en minoría llegando casi a 1 consulta.

-El ratio de conversión de los portales de Ayuntamientos en minoría es más alto también. Sin embargo, el porcentaje de preguntas desestimadas parcial o totalmente es mayor en gobiernos de coalición. En los gobiernos en mayoría absoluta el volumen de preguntas y de respuestas parcial o totalmente denegatorias es mínimo.

Comparativa del derecho de acceso según la composición del gobierno local
Esto apuntaría a que el derecho de acceso y tiene una relación con la confianza mayoritaria del electorado y la estabilidad política. Los gobiernos en minoría generan un mayor volumen de preguntas. Sin embargo, el número de respuestas denegatorias en colación podría apuntar a un uso de  oportunidad política del portal.De nuevo, tenemos pocos datos para saberlo.
El diseño del portal y su uso.

Diseño y derecho de acceso. Los portales con diseños “stand-alone” tienen un mayor número de preguntas por 100.000 habitantes y ratio de conversión. En términos de conversión los portales en solitario tienen también un porcentaje muy superior a los mixtos. Los portales integrados no podemos hacer una comparativa, dado que ha sido imposible tener datos de tráfico en su mayoría. El porcentaje de preguntas desestimadas es similar también en stand-alone y mixtos y algo menor en los integrados.

Comparativa de consumo de portales y ratio de conversión por tipo de portal
El uso de certificados. La no necesidad de certificados aumenta enormemente las preguntas tanto en términos de población como de conversión. Sin embargo, el número de preguntas desestimadas también es mucho mayor. Esto da que pensar que la necesidad de certificado es un coste para el usuario. Sin embargo, la ausencia de este coste, que supone más posibilidad de recibir preguntas, no necesariamente supone más preguntas adecuadas a este tipo de portales. Es decir, si tiene un usuario certificado es más probable que no puede preguntar por trámites personales (o no se suele responder sobre ellos). Del mismo modo, la restricción de preguntas que supone el certificado permite abordar más rápidamente las respuestas y evitar el silencio administrativo.

Incidencia del uso de certificados para la tramitación del derecho al acceso a la información pública

El Indice de Transparencia de los Ayuntamientos. La puntuación obtenida en el ITA parece no tener ningún tipo de correlación ni con el consumo, ni con el derecho de acceso. Esto quiere se explicaría porque el modelo de Transparencia Internacional parece más orientado a la disponibilidad de contenido que a la facilidad de acceso y consumo del mismo.

Un breve resumen: lo que aprendimos de los portales de transparencia de las Grandes Ciudades.
Podemos resumir en los siguientes puntos.
-La población influye en el uso de los portales, en términos no lineales. Un aumento lineal de población tiene un efecto escalar en el uso de los portales.

-El uso de los portales tiene una relación con la interacción digital con las instituciones. Esta relación es más firme en twitter para ciudades muy  grandes y mayor con Facebook en las medianas.

-Los sistemas políticos estables tienen una menor probabilidad de uso del derecho de acceso. Aquellos con más inestabilidad tienen más posibilidades de recibir preguntas no siempre amparadas por la Ley.

-Los portales diseñados específicamente para esta materia generan un mayor uso del derecho de acceso que los integrados en el Ayuntamiento.

-La necesidad de certificado supone un menor número de consultas en el portal.

 -Sin embargo, eso no significa necesariamente que sean preguntas amparadas por la Ley o que se puedan tramitar.

-La valoración en el ITA no tiene una relación con el uso de los portales por la ciudadanía.

Estas hipótesis carecen de datos para avanzar más, al menos de momento. Sin embargo, si ayudan a entender un poco más del uso de estos portales. Sin embargo, lo que si es una continuidad es la falta de análisis del elementos sobre el que pivotan los portales de transparencia. Debemos asumir que nuestro sistema será todo lo transparente que permitan estos.

Otro post de interés: Según Civio, el Portal de Transparencia infla sus estadísticas

lunes, 16 de octubre de 2017

Democratización y exhibición de la identidad nacional española

"El proceso de sustitución del nacionalismo español tradicional por otro democrático ha sido más exitoso y consensual de lo que podría parecer a primera vista"

Por Ignacio Molina. Blog Agenda Pública.- Aún no sabemos si estas semanas convulsas serán consideradas en el futuro como parteaguas de nuestra historia reciente. El relato independentista desea subrayar el 1 de octubre como hito en la ruptura entre una gran parte de la sociedad catalana y la idea de España.

Sin embargo, los acontecimientos recientes han sido más complejos y en muchos casos nada favorecedores de la narrativa soberanista. No sólo la huida empresarial o el rechazo europeo e internacional a la secesión unilateral forman también parte de este otoño caliente, sino otros desarrollos políticos visibles en la masiva manifestación del 8 de octubre en Barcelona, la profusión de rojigualdas en los balcones, la audiencia televisiva del discurso del Rey, o la celebración este jueves del Día Nacional.

La bandera nacional
Al margen del impacto de todo esto sobre el procés, surge ahora otra pregunta de fondo interesante: ¿Hasta qué punto estamos asistiendo a un punto crítico que cambie la relación, hasta ahora más bien complicada, que tienen los españoles con su identidad nacional y sus símbolos?

Una investigación del politólogo Jordi Muñoz mostró hace pocos años que el proceso de sustitución del nacionalismo español tradicional por otro democrático ha sido más exitoso y consensual de lo que podría parecer a primera vista. Al margen de las diferencias lógicas entre el modo en que las distintas sensibilidades ideológicas interpretan la nación, la mayor parte de las élites y en torno al 80% de los ciudadanos han ido convergiendo en un patriotismo de adhesión a la Constitución de 1978 y los principios allí consagrados (lo que incluye el reconocimiento de la pluralidad territorial interna aun sin cuestionar el carácter unitario de España).

Al menos hasta 2012, la normalización de los símbolos españoles en determinados ámbitos había avanzado mucho. Piénsese en cómo la inmensa mayoría de los ciudadanos los acepta en las celebraciones deportivas o en las instituciones. No obstante, si bien solo sectores marginales rechazan la bandera en un ayuntamiento o en un éxito de la selección de fútbol, lo cierto es que su exposición en actos políticos y sociales ha seguido siendo muy limitada. El motivo es doble.

El primero está conectado con residuos de connotación negativa que la misma idea de España sigue despertando entre sectores de la izquierda e incluso liberales. No es algo excepcional pues otros países con pasado dictatorial -como Alemania, Italia o Japón- también han experimentado esa incomodidad y, por consiguiente, un uso público comedido de cualquier alarde patriótico. La segunda limitación tiene que ver con la existencia de fuertes identidades alternativas en varias comunidades autónomas que han estado además gobernadas casi ininterrumpidamente por partidos nacionalistas. Tampoco es una particularidad exclusiva de España pues otras democracias –como Bélgica, Canadá o Reino Unido- experimentan una contestación similar a sus símbolos en partes de su territorio.

Pero lo que sí es característico de España es que la debilidad sea doble (ideológica y periférica) y, sobre todo, que en los últimos años ambas se hayan intensificado por la aparición casi simultánea de dos fenómenos políticos que cuestionan radicalmente el lento proceso de reconciliación con la bandera, el himno o el Día Nacional. Por un lado, la aparición de Podemos y su renuncia a la transición democrática como mito fundante de una identidad nacional democrática. Por el otro, y en contraste con lo que últimamente pasa en el País Vasco, la pretensión del nacionalismo catalán de rechazar e incluso expulsar del espacio público cualquier elemento que represente España.

Desafío 

La intensificación del desafío soberanista ha provocado en las últimas semanas una evidente reacción en toda España. Para un gran segmento de la ciudadanía (incluyendo, desde luego, los núcleos urbanos de Cataluña) la situación les anima a dejar de reprimir públicamente un orgullo en el que se combina la reivindicación constitucional con elementos más culturales como el idioma español o la historia común. En la medida que el conflicto siga siendo intenso, esta tendencia puede aumentar y consolidarse en sectores de la sociedad (jóvenes y progresistas) que, tras 40 años de democracia, no entienden la estigmatización de los símbolos de España. Si ese fuera el caso, no deja de ser paradójico que el independentismo haya contribuido a culminar el proceso de hacer atractiva la identidad nacional española hasta el punto de animar a exhibirla como nunca antes se había hecho.