sábado, 29 de junio de 2019

Ramió: Cinco perfiles de futuros empleados públicos robots

Por Carles Ramió. EsPúblico blog.- De manera totalmente tentativa se va a presentar una clasificación de las distintas categorías y especialidades en las que podría organizarse un sistema de empleados públicos robotizados:

Robots tramitadores de procesos: representan sistemas de inteligencia artificial que se encargaran de la gestión administrativa de expedientes vinculada al ámbito de tramitación burocrática de la Administración (permisos, licencias, sanciones, recaudación, subvenciones, etc.). También se encargarán de la gestión burocrática interna (gestión económica, gestión de personal, gestión patrimonial, etc.). Representa el campo más clásico de la robótica que conceptualmente será muy parecido al que utilicen las entidades privadas financieras y de seguros, aunque totalmente enfocado a la gestión administrativa de carácter pública. Gracias al blockchain podría revolucionar algunos sectores clásicos de la Administración burocrática ya que algunas tareas de registro o de fe pública podrían externalizarse y ubicarse fuera de la Administración pública manteniendo todas las garantías jurídicas y siendo totalmente transparentes (quizás en el futuro no sean necesarios los registros civiles, ni los notarios, ni los registradores de la propiedad). Los empleados públicos humanos se van a encargar de entrenar de manera continua a los dispositivos de inteligencia artificial para ir introduciendo los continuos cambios normativos. También retendrán las funciones de dirigir el sistema, de controlarlo (detectar y solventar los errores) y, en la medida de lo posible, de simplificarlo.

Robots prestadores de servicios: el abanico de robots de este tipo podría ser muy amplio y agruparía tanto a dispositivos informáticos de inteligencia artificial como robots del tipo humanoide. Además de las funciones clásicas, por previsibles, como conducción autónoma de los transportes públicos o los servicios postales este ámbito de la robótica abrazaría a otros tipos de empleos especializados. Por ejemplo: personal auxiliar, de enfermería y médico en los hospitales. Sistemas educativos de inteligencia artificial. Policía, seguridad (una parte del personal penitenciario), fuerzas armadas robotizadas. Asistentes sociales que asisten de forma ocasional o permanente en los domicilios con ancianos. Asistentes de información realizando funciones de atención ciudadana, conserjería y acompañamiento a los ciudadanos.

Robots de mantenimiento y limpieza: las administraciones públicas poseen un extenso patrimonio propio en inmuebles al que hay que añadir la gestión de los espacios públicos (calles, carreteras, parques, etc.). Es previsible que buena parte de las actividades de limpieza de estos equipamientos y espacios; así como una parte de las actividades de mantenimiento puedan ser asumidos por robots. En este caso no habría diferencias entre los robots adscritos al sector público versus a los robots adscritos al sector privado. Lo que puede ser interesante es en cómo puede afectar la robótica en la externalización de estas actividades. Actualmente, la mayoría de estas funciones la Administración las externaliza a operadores privados, ya que éstos poseen personal especializado con un modelo de gestión más flexible y contingente. Cuando estas tareas las realicen los robots la Administración pública podría internalizar estas tareas, o externalizar solo una parte, o internalizándolas contratando directamente por la vía renting o leasing (o mediante nuevos mecanismos que aparezcan) a los robots. Generalizando esta reflexión se podría afirmar que la inteligencia artificial y la robótica puede alterar de manera sustantiva los mecanismos de gestión directa (internalización) e indirecta (externalización). En este sentido, sería posible que algunos servicios públicos con tradición en la gestión directa puedan ser externalizados. Pero será todavía más probable el sentido inverso: que gracias a la automatización de determinados servicios no tenga sentido su externalización y sean de nuevo internalizados ya que los costes en materia de personal puedan disminuir y, además, se quiera recuperar un control más directo para que los empleados públicos humanos puedan aportar un mayor valor público.

Robots de gestión de redes organizativas (robots “metagobernadores”): robots de inteligencia artificial que se encargarán de dirigir, controlar y evaluar a las organizaciones privadas con ánimo y sin ánimo de lucro a los que se les ha externalizado determinados servicios públicos. Se trataría de unos robots públicos que tendrían como interlocutores a robots privados a los que extraería la información necesaria para desarrollo sus funciones de metagobernador. Este tipo de robots serían novedosos conceptualmente y permitirían suavizar en gran medida los enormes costes de transacción de los sistemas complejos de gobernanza público privada. 

Robots de secretaria y asistentes: los directivos públicos y, por extensión, la mayor parte de los empleados públicos humanos podrían disponer de asistentes personales que les apoyen en tareas de secretaria y de asesoramiento de baja intensidad para que puedan desarrollar de manera más eficaz y eficiente sus tareas. Esta categoría de robots no sería una gran novedad ya que se trataría de trasladar al ámbito laboral los actuales asistentes que hay en los domicilios: por ejemplo, el Google Assistant, el asistente de voz que cada vez está realizando más tareas (por ejemplo, hacer reservas en un restaurante, etc.) y que, con la evolución del Google Duplex, podrá interaccionar con el entorno humano con más facilidad. La evolución de estos sistemas puede auxiliar a los empleados públicos en la realización eficaz y eficiente de muchas de sus actividades. Actualmente hay en el mercado un número muy elevado de asistentes virtuales. Además de Google Assistant podemos encontrar:  Nina (Swedbank), Jibo (asistente familiar), Cortana (Microsoft) Ey Anthena, Siri (Apple), Amazon Echo, Silvia, Braina (Microsoft), Cubo (Amazon), Lucida, Bixby (Samsung), Dragon Go´s, Hound, Aido, Ubikit, BlackberryAassistant, Sher.Pa, Bitext, Sophia o Amalia (un avatar considerado como el primer empleado digital) (Bastida, et al., 2018).

miércoles, 26 de junio de 2019

Por qué esta vez España va en serio en la UE

"Una vez que se aseguró la financiación de la UE para las infraestructuras que tanto se necesitaban (España apenas tenía autopistas) y la protección de las zonas rurales, los políticos españoles centraron su agenda exterior en otra parte"

Por Miguel Otero Iglesias e Ignacio Molina. Agenda Pública blog.- Los días en que España desempeñaba un papel secundario en Bruselas están llegando a su fin. Madrid tiene una gran oportunidad para dar forma a las políticas de la UE en los próximos cinco años. Italia y Polonia (por no hablar del Reino Unido, que se está desgarrando por el Brexit) son débiles. El Benelux, y especialmente los Países Bajos, ha perdido su entusiasmo por una Unión cada vez más estrecha. Y la alianza franco-alemana está buscando nuevos socios que aboguen por una mayor cooperación en materia de defensa, migración y el futuro del euro.

Afortunadamente, ese socio está cerca. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha convertido en el líder de facto de la socialdemocracia europea, la segunda familia política más numerosa tanto en el Consejo Europeo como en el Parlamento. En el momento en que la UE se embarca en otra legislatura, todo indica que ha aprendido de los errores de sus predecesores y que está decidido a dejar su impronta en el proyecto europeo.

Durante demasiados años, España ha actuado en Bruselas por debajo de su potencial. Esta dinámica se inició en los años 80, cuando el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, introdujo a España en el club europeo acordando que Madrid abriría el mercado español a las grandes empresas de sus vecinos del norte a cambio de un esquema que compensaría a los perdedores de este proceso. Marcó el comienzo de los fondos estructurales y de cohesión de la UE, un gran logro, pero también una maldición.

Una vez que se aseguró la financiación de la UE para las infraestructuras que tanto se necesitaban (España apenas tenía autopistas) y la protección de las zonas rurales, los políticos españoles centraron su agenda exterior en otra parte. Nuestro país se convirtió en un actor reactivo en los asuntos de la UE. Su postura pro-europea le permitía estar siempre a favor de una mayor integración, pero sus objetivos se limitaban a seguir el camino trazado por Berlín y París.

El precio de la pasividad
Este papel pasivo tuvo un precio. Como consecuencia de la crisis de la deuda, España perdió influencia, mientras que otros (Italia y Polonia, pero también pequeños estados miembros como Finlandia, Irlanda y Portugal) empezaron a ocupar más espacio. Sorprendentemente, España incluso perdió su posición permanente en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo.

España aprendió por las malas que la debilidad interna la debilitaba a nivel europeo. Y descubrió que ésta es una vía de doble sentido. Si usted es débil en Bruselas, la unidad nacional también sufrirá. El movimiento secesionista catalán es un buen ejemplo de ello.

Más que ningún otro líder español antes que él, Sánchez parece comprender las implicaciones de esta dinámica y, gracias a su conocimiento del funcionamiento de la UE, tiene un plan para romper el círculo vicioso. Su interés por el continente se refleja en su equipo europeo: su ministra de Economía, Nadia Calviño, fue directora general de la Comisión Europea; su ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, fue presidente del Parlamento Europeo; y Luis Planas, su ministro de Agricultura, fue el representante permanente de España en Bruselas. Otros altos cargos son firmes europeístas que entienden el funcionamiento de la maquinaria de la UE.

Por supuesto, los socialistas españoles no están en una posición fácil a nivel nacional: van a tener un Gobierno minoritario y la controvertida cuestión del empuje independentista de Cataluña no desaparecerá en un futuro próximo. Sánchez también se enfrentará a fuertes críticas por llegar a acuerdos con los partidos de izquierda radical e independentista para aprobar ciertas leyes y el Presupuesto.

Sin embargo, lo que le dará al presidente influencia en el escenario europeo es un fuerte consenso pro-europeo entre los españoles. El partido euroescéptico del país, Vox, sufrió una gran derrota en las elecciones europeas del mes pasado con sólo un 6,2% de apoyo, muy por debajo del 34% que el líder de extrema derecha Matteo Salvini obtuvo en Italia o del 30% del jefe del partido del Brexit, Nigel Farage.

Parece que la marea ha cambiado en España. Tanto los actores gubernamentales como los no gubernamentales están decididos a aumentar la influencia del país en los Veintisiete. De hecho, España está empezando a hacer algo que otros ya han descubierto hace tiempo: está construyendo su propia red en la capital europea. Los funcionarios españoles de las instituciones se reúnen periódicamente para compartir y coordinar sus posiciones. También han empezado a consultar sistemáticamente con sus homólogos del Gobierno español, diputados al Parlamento Europeo y empresas multinacionales españolas.

Madrid también está aprendiendo finalmente a practicar el juego de la UE cuando se trata de hacer lobby, a pesar de que la palabra tiene fuertes connotaciones negativas en España. Esto es especialmente importante ahora que parece que Madrid se convertirá en un contribuyente neto al Presupuesto de la UE.

Todas las señales apuntan en la dirección de que España no sólo estará dando forma a la política del bloque, con nombramientos en puestos clave de toma de decisiones de la UE, sino que también trazará el camino cuando se trate de política.

El sherpa de Sánchez, José Manuel Albares, ha dado a conocer recientemente la agenda estratégica de España para la próxima Comisión, que destacan 10 prioridades clave: completar la Unión Monetaria Europea, reforzar las políticas sociales, diseñar una política industrial, profundizar en el mercado único, desarrollar un nuevo acuerdo ecológico, apoyar a las pymes y a las zonas rurales, invertir más en alta tecnología, gestionar de forma inteligente los flujos migratorios, que la UE desempeñe un papel más importante a escala mundial, aumentar el Presupuesto de la UE y lograr una mayor armonización fiscal.

Aquí, por supuesto, la cooperación con Alemania y Francia será crucial, pero España también tendrá que encontrar aliados clave entre los estados miembros más pequeños. No tiene nada que ganar si se convierte en una tercera rueda en el eje franco-alemán.

Su objetivo debiera ser crear su propia agenda y desarrollar relaciones en toda la Unión, incluyendo la Comisión Europea y los socios del sur, que constituyen el 40% de la población total de la UE, pero que no tienen suficiente influencia en los pasillos del poder.

Estos países están institucionalizando una asociación para promover las preferencias mediterráneas y contrarrestar otras alianzas regionales como Visegrado o la Liga Hanseática. Mientras que el sur finalmente comienza a organizarse para impulsar su agenda en la UE, España está lista para emerger como su líder.

(Este artículo se publicó originalmente en inglés en ‘Politico Europe’ con el título «The south (of Europe) will rise again». Lo ha traducido Guillermo Sánchez-Herrero)

martes, 25 de junio de 2019

Rafael Jiménez Asensio: La "Máquina" municipal


“Hay un punto sobre el cual todos los nuevos alcaldes están de acuerdo. Este tiene que ver con la valoración de las máquinas burocráticas que han heredado. Máquinas descompuestas, disociadas, desmotivadas” (Luciano Vandelli, Alcaldes y mitos, CEPC/FDGL, 2006, p. 49)

Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.- Quienes llegan al gobierno municipal, sobre todo si no tienen experiencia previa en el ámbito del sector público, se sorprenderán de inmediato ante la telaraña de complejidades que rodea hacer política local. Pero su impacto es mayor cuando observan cuál es el estado de “la máquina administrativa”. Tenía razón Luciano Vandelli, a la sazón –en calificativo del profesor Ramió- un auténtico anfibio (catedrático de la Universidad de Bolonia y teniente de alcalde de la ciudad), cuando en distintos pasajes de su recomendable libro se hacía eco del brutal choque que sufren los políticos locales al llegar al poder, pues se encuentran por lo común “máquinas descompuestas, disociadas, desmotivadas”, con las cuales resulta una heroicidad hacer buena política.

Y no es que la administración local sea de peor condición, pues hay estructuras organizativas municipales excelentes, buenas o razonables, pero también las hay (y de estas abundan) devastadas. El estado de “la máquina administrativa” (entendiendo por tal la Administración municipal y sus entidades del sector público, así como el estado de las finanzas públicas, las estructuras, procesos y personal) es un mero síntoma de si quienes han estado antes (me refiero a los gobernantes anteriores) han dedicado recursos y esfuerzos a su “puesta a punto” o, por razones de desinterés, mera comodidad o contingencia, han dejado que la máquina envejezca hasta hacerse absolutamente obsoleta e impracticable. Hay muchos ayuntamientos que no funcionan simple y llanamente porque nadie se ha tomado mínimamente en serio que deben funcionar, lo que exige, en no pocas ocasiones, decisiones difíciles y elecciones complejas, pero que por el bien de la institución y de su futuro se han de adoptar. En muchísimos casos, no hay el coraje ni la valentía necesarias para adoptar tales decisiones. Es muy fácil plegarse a las presiones sindicales, corporativas o, incluso, dejar que las cosas se pudran. Como decía también Vandelli, para los Alcaldes “decir ‘no’ se convierte en una necesidad, y un gran mérito”. Un “no” que debe ser positivo, argumentado, como recordaba asimismo el profesor Ury.

En cualquier caso, no les describo nada nuevo si les digo que quien pretenda construir gobiernos municipales eficientes con vocación de futuro y, asimismo, desee liderar una ciudad o un pueblo durante varios mandatos, no tendrá otra opción que ponerse el buzo y pasar de la sala de máquinas a los rincones más recónditos de la organización con la finalidad de reparar las infinitas fugas de agua que existen en tan averiada maquinaria. El abandono, como bien saben los propietarios de cualquier inmueble, se paga caro. Y cuesta tiempo y dinero arreglarlo.

Y para llevar a cabo tal operación restauradora (o si prefieren, rehabilitadora) no queda otra que disponer de un buen diagnóstico. Testar el estado actual de la máquina, identificar sus cortocircuitos, desatar nudos, buscar donde están las piezas averiadas y desatascar los conductos obstruidos y los cuellos de botella, representa el primer y necesario paso. Una vez hecho ese diagnóstico, si tiene una mínima calidad, cabrá extraer de allí una batería de recomendaciones dirigidas a mejorar el (normalmente)  deficiente o incluso paupérrimo estado de la máquina. También es muy importante programar en el tiempo la aplicación de tales medidas. Pero hay que ser realista, y aquí mordemos en hueso, los proyectos de cambio organizativo son de largo recorrido y requieren una voluntad política siempre firme. No admiten desvanecimientos ni abandonos temporales. Requieren tener una buena hoja de ruta y un liderazgo político, así como una consistente dirección ejecutiva, que conduzca el barco a buen puerto. Sus réditos políticos no se advierten de inmediato, son siempre diferidos. Y eso desanima a la legión de políticos cortoplacistas que invade la nómina de nuestros ayuntamientos. Quien no tenga visión de futuro, rara vez invertirá en organización. Y quien no invierta en organización, conforme pase el tiempo, percibirá con claridad que sus impulsos políticos pierden fuerza, no llegan a plasmarse y, en ocasiones, encallan envueltos en una red burocrática infernal que se retroalimenta a sí misma. Tal vez entonces se pregunte: ¿Qué ocurre en este Ayuntamiento que sacar adelante las políticas es una tarea hercúlea o, a veces, imposible? La respuesta será muy fácil: si usted no ha puesto a punto la máquina administrativa difícilmente podrá engrasar sus políticas, pues estas quedarán enredadas en su diabólica estructura y procesos. Tiempo tuvo y no lo hizo.

Redes de ineficiencia
En fin, se habla mucho de innovación, administración digital, transparencia, integridad, participación, rendición de cuentas o revolución tecnológica, al fin y a la postre de Buena Gobernanza; pero quien pretenda liderar políticamente un Ayuntamiento sin abordar frontalmente la organización sepa de antemano que, tal vez podrá sortear el temporal algunos años o quizás algún mandato, pero más temprano que tarde terminará atrapado en las redes de la ineficiencia.

Ciertamente, no cabe pecar de ingenuos. Darle la vuelta al calcetín de una organización municipal desvencijada es tarea que ocupa probablemente dos mandatos, al menos para que se visualicen los resultados totales (algunos de ellos, no obstante, se pueden materializar a corto plazo). Este largo período que supera el infranqueable muro mental del mandato suele actuar como efecto de desaliento de una política local que siempre pide realidades inmediatas. Pero si nunca se ponen las bases reales para hacer una buena política, uno de cuyos elementos sustantivos es disponer de una buena organización, siempre se seguirá trampeando, como se ha hecho hasta ahora. Y nos seguiremos contentando con unos servicios públicos de calidad mala, regular, normal o buena, cuando podrían ser sencillamente mucho mejores. Por muy alejado que parezca, una buena organización municipal mejora la calidad de la institución y los servicios a la ciudadanía. Quien no lo vea, está ciego. Hay que poner los medios para hacer eso posible. Como decía Weber, la política nunca conseguirá lo posible si no intenta lo imposible una y otra vez. Mejorar nuestras organizaciones es, en verdad, una tarea enorme y no exenta de gran complejidad, pero a poco que se haga (dado su deficiente estado actual) sus efectos serán multiplicadores. Que lo prueben los nuevos Alcaldes y Alcaldesas. Seguro que no se arrepienten. Tal vez así, sin darse apenas cuenta, transformarán gradualmente sus organizaciones municipales y harán de ese modo un gran servicio al futuro de la ciudad, así como especialmente a la ciudadanía. No será una contribución menor. Aunque muchos responsables políticos seguirán sin ver tales ventajas o con cierto cinismos dirán: “largo me lo fías”. Si así fuera, su ciudad se lo pierde. Y ellos también

lunes, 24 de junio de 2019

La Comisión Europea pide a los gobiernos municipales políticas medioambientales transversales a todas sus áreas ejecutivas

Reconoce que habrá que legislar desde UE para ayudar a las ciudades y avisa de que electores del futuro votarán a "líderes verdes".

Revista de prensa. EP.- El comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, ha urgido a los gobiernos municipales de todo el continente a empezar a implementar políticas dirigidas a la mejora del medioambiente y la lucha contra el cambio climático de manera transversal en todas sus áreas de acción, ante la necesidad de empezar a revertir las consecuencias de la vida humana hacia su entorno.

Así lo ha asegurado durante un simposio con jóvenes europeos en el marco de la gala que este mismo jueves decidirá quién será la nueva Capital Verde Europea en 2021, cogiendo así el testigo que Oslo dará en 2020 a la ciudad de Lisboa.

En una conferencia dictada junto a los alcaldes de ambas ciudades verdes, Vella ha puesto el acento en que absolutamente todas las áreas de gobierno de los ayuntamientos europeos, sobre todo en las grandes ciudades, tienen que tener estrategias comunes y políticas transversarles que pasen por todas y cada una de estas materias.

Ha insistido en la necesidad de que todas las concejalías y departamentos gubernamentales respeten la premisa de que todas sus decisiones estén enmarcadas en políticas medioambientales sostenibles.

En esta línea, ha enfatizado que departamentos como el de transporte, la gestión del agua, empleo o educación son buenos ejemplos de áreas en las que se antoja necesaria una visión más "verde" de las políticas. El trabajo en red de todos los munícipes, ha asegurado Vella, hará que las ciudades "ganen la batalla".

Además de apuntar que sólo los "buenos gobernantes" serán capaces de entender el mensaje, ha reparado en que también una colaboración directa entre las ciudades que ya desarrollan políticas verdes es una buena receta para retroalimentar políticas.

"Necesitamos buenos gobernantes y colaboración, y que todos los departamentos estén en contacto.Con el trabajo en red, ganan las ciudades. Necesitamos contar nuestra historia para inspirar a otras ciudades, y necesitamos superhéroes como Oslo", ha manifestado Vella, felicitando así las políticas que han llevado a la capital noruega a ostentar durante todo este año el título de Capital Verde Europea.

Los jóvenes, electores
De otro lado, Karmenu Vella ha avisado a los gobernantes del futuro de que tienen que saber leer el mensaje incipiente del sector joven que ha empezado a llamar la atención sobre el cambio climático.

En alusión al movimiento 'Friday's for Future' abanderado por la joven Greta Thunberg, ha instado a los políticos del futuro a empezar a pensar en poner en el centro de su discurso las estrategias medioambientales, sin dejar de lado que la lucha "empieza ahora". "Hay que actuar ya y actuar juntos", ha urgido.

"Mucha de la gente joven que va a ir a votar en las próximas elecciones buscará líderes verdes de ciudades verdes, de ciudades que miran al futuro, con un agua limpia, una economía circular, transporte sostenible y menos ruido", ha vaticinado el comisario europeo.

Aunque en un mensaje de optimismo ha reconocido que tras las últimas elecciones europeas se ha incrementado el interés de los grupos políticos en políticas medioambientales, ha vuelto a recordar que son las ciudades grandes las que tienen que encabezar una nueva forma de trabajar con la vista puesta en la sostenibilidad, "ya que la mayor parte de la población vive en grandes núcleos urbanos".

Ha asegurado en este punto que las políticas que buscan un mayor sostenibilidad no sólo empiezan a ser necesarias, sino que además tienen una repercusión importante en el desarrollo económico de las ciudades.

La Unión Europea, en todo caso, "sabe que es su responsabilidad ayudar a las ciudades", por lo que no va a descuidar el trabajo directo para conseguir atajar problemáticas urgentes como la alta producción de plásticos de un sólo uso, ha asegurado Vella.

Para ello, ha reconocido que desde instancias europeas "hay que implementar una legislación" que ayude a hacerlo "todo más fácil", normativa que tiene que ir de la mano de "planes de acción" en todos los ámbitos.

Resistencia al cambio
El acto ha contado con la presencia del alcalde gobernador de Oslo, Raymond Johansen, anfitrión y regidor de ciudad que durante todo este 2019 ostenta el título de Capital Verde Europea, reconocimiento que cederá a final de año a Lisboa.

Johansen ha tenido palabras para exaltar al movimiento 'Fridays for Future', el cual ha utilizado para poner de manifiestos "las grandes diferencias" entre las generación que viene y la actual.

Aunque ha reconocido que a la gente "no le suelen gustar los cambios" e implementarlos desde una administración puede provocar el rechazo del electorado, ha pedido cambiar las formas de ejercer la política desde las grandes ciudades con la vista puesta en las políticas medioambientales.

"Todos prefieren que las cosas sean como siempre han sido. Nos cuesta mucho aceptar los cambios", ha insistido, poniendo como ejemplo la polémica provocada por la ley antitabaco implementada en muchos países de la Unión Europea. "Hubo mucho debate, se decía que iban a cerrar bares y restaurantes...Pero ha funcionado".

Por ello, ha dado por hecho que muchos de los políticos "verdes" que quieran encarar la nueva forma de hacer política con el respeto por el medioambiente como eje tendrán que enfrentarse a polémicas. "Los políticos verdes sufrirán por serlo".

Como solución, propone el regidor noruego saber "comunicar bien" la razón por la que se toman estas decisiones, apuntalando la urgencia de saber explicar "el riesgo al que se enfrenta la población europea".

El agua de  LISBOA
Mientras, el alcalde de Lisboa, José Sá Fernandes, ha sido el encargado de cerrar el simposio como regidor de la ciudad que se convertirá en Capital Verde Europea en 2020 para poner en valor cómo una mejor gestión del agua contribuye a conformar una ciudad más sostenible.

Este extremo ha sido uno de los "grandes problemas" a los que se enfrenta la capital portuguesa, y una de las soluciones ha pasado por conseguir una mayor eficiencia del agua potable.

Las estrategias de Lisboa han pasado por conseguir unas infraestructuras bien diseñadas que han conseguido dedicar el agua potable sólo para uso de boca, logrando que sólo se utilice agua reciclada para riego y lavado de calles.

"El agua de beber tiene que ser sólo para beber. Seremos Capital Verde Europea en 2020 y queremos defender una gestión del agua más inteligente. Sólo las ciudades verdes podrán crecer ofreciendo calidad de vida y oportunidades para todos", ha aseverado Sá Fernandes. "No tenemos tiempo que perder, así que hagámoslo, ahora, y juntos", ha finalizado.

viernes, 21 de junio de 2019

Ayuntamientos e incumplimientos (de la Constitución). Incumplimientos menos mediáticos, pero frecuentes y extendidos

Por José López Viña.- EsPúblico blog-  En estos últimos tiempos se habla, con motivo del juicio del “procés”, de incumplimiento de la Constitución añadiéndose calificativos graves ya que conducirán, posiblemente, a importantes penas por comisión de delitos relacionados con la violación de nuestra carta magna. Por otro lado, desde el día 15 de junio de este año quedan constituídos los nuevos Ayuntamientos tomando posesión más de 70.000 concejales.
Ayuntamiento de Orense
No trataremos aquí del “procés” ni de los nuevos Ayuntamientos y de todas las circunstancias que rodean a ambos temas, pero sí de los incumplimientos de la Constitución que con un alcance u otro se vienen produciendo en las Entidades Locales. Recordemos que cuando los ediles toman posesión lo hacen previo juramento promesa del cargo, como exige la ley, cuya fórmula incluye la expresión «guardar y hacer guardar la Constitución», lo que implica observar, cumplir, la ley, en este caso la máxima norma jurídica de nuestro ordenamiento. Sin embargo, como digo, quizás con más frecuencia de la deseada, a lo largo del mandato se incumplen preceptos constitucionales, que podemos catalogar en las materias y anomalías siguientes:

1.- Programación y ejecución de los gastos según criterios de eficiencia y economía
Es un mandato de la C.E. a los poderes públicos, que debe respetarse y que tiene especial incidencia a la hora de celebrar contratos y convenios o de conceder subvenciones. Resoluciones de los tribunales y de las cámaras de cuentas están llenas de pronunciamientos de reproche de los actos de las Entidades Locales por infracción de la legislación reguladora de los contratos públicos y de otras normas en materia de gastos (subvenciones, convenios, normativa presupuestaria) por infracción de dicho principio constitucional.
Artículo 31.2 C.E.: El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

2.-Selección de personal
Celebración de entrevista como criterio determinante de la selección, ausencia de procesos de selección, ausencia o insuficiente publicidad de convocatoria y por tanto limitación del principio de igualdad de oportunidades para el acceso a la función pública
Artículo 103.3 C.E.: La ley regulará …. el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Artículo 23.2: los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

3.-Participación en asuntos públicos
Negativas a facilitar documentos concretos y determinados a Concejales. La petición, referente a actuaciones del Ayuntamiento del que forman parte «ha de reputarse precisa para el desarrollo de su función» y la negativa infundada infringe el derecho fundamental establecido el artículo 23.1 de la Constitución.
Artículo 23.1 C.E.: Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

4.-Procedimiento administrativo y audiencia a interesados
El procedimiento administrativo es la expresión clara de que la Administración debe actuar con sometimiento a la ley y al derecho y salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. La vulneración del procedimiento legalmente establecido puede dar lugar a la nulidad de pleno derecho de la actuación administrativa.
Artículo 105.3 C.E.: la ley regula «el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado».

5.-Eficacia
La falta de funcionamiento íntegramente electrónico de la Administración, que ahora se impone, impide servir al principio de eficacia y reforzar las garantías de los interesados.
Artículo 103.1 C.E.: La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho

6.-Transparencia, acceso a archivos y registros
A pesar del reconocimiento constitucional del derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de alardearse de transparencia, por un lado se observan Ayuntamientos con ausencia de portal de transparencia o similar, o informaciones o bien parciales o bien carentes de comprensión, de la actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, y por otro numerosas resoluciones del correspondiente Consejo de transparencia y buen gobierno estimando reclamaciones de los ciudadanos ante las denegaciones de acceso a información.
Artículo 105 b) de la C.E.: La ley regulará «el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas».

7.-Participación ciudadana
La omisión de los trámites de información pública, preceptivos en numerosos procedimientos, o de participación ciudadana, recientemente incorporado, en el ejercicio de la potestad normativa pueden dar lugar también a la anulación de acuerdos adoptados por el Ayuntamiento sobre aprobación de planes o normas vulnerando los preceptos constitucionales sobre la participación ciudadana. Señala la jurisprudencia (STS, entre otras, de 15-1-2000 y 23-1-2003) que «el sentido último del trámite de información pública mira, precisamente, a que por medio de la participación ciudadana se produzcan alteraciones respecto de las previsiones originarias -para que la intervención del ciudadano pueda hacerse sentir en el curso del procedimiento y la participación resulte verdaderamente efectiva
Artículo 9.2 C.E.: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social»/ Artículo 23.1 C.E.: «Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal». / Artículo 105 a) C.E.: la ley regulará «la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten»

8.-Promover las condiciones necesarias para acceso a la vivienda
Aunque hoy por hoy el derecho a la vivienda no se encuentra entre los derechos fundamentales sino entre los principios rectores de la política económica y social, la intervención activa de los Ayuntamientos mediante el planeamiento urbanístico y el Patrimonio Municipal del Suelo puede resultar muy relevante. En este sentido, muchas veces se incumple el mandato legal de que los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos de suelo en virtud de lo dispuesto en la legislación urbanística básica, deben ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
Artículo 47 C.E.: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación

9.-La actuación del Ayuntamiento debe servir con objetividad los intereses generales
Se confunden muchas veces los «intereses generales» con intereses particulares, o del partido o equipo gobernante o incluso con los de la Corporación. En este sentido, es elocuente la jurisprudencia que señala que «las potestades de planeamiento urbanístico se atribuyen por el ordenamiento jurídico con la finalidad de que la ordenación resultante, en el diseño de los espacios habitables, de sus usos y de sus equipamientos, y de las perspectivas de su desarrollo, ampliación o expansión, sirva con objetividad los intereses generales; no los intereses de uno o de unos propietarios; ni tan siquiera los intereses de la propia Corporación Municipal» (STS sala 3ª, 29/2/2012, rec. 6392/2008)
Artículo 103.1 C.E.: La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales

10.- Principio de legalidad
Como vemos en los preceptos que citamos la Constitución está inundada de principios y mandatos a los poderes públicos, y por tanto a los Ayuntamientos, de someter su actuación a derecho. Sin embargo, observamos que con frecuencia se confunde la discrecionalidad con la arbitrariedad, la legalidad con la conveniencia política o partidista, y el derecho con la apariencia del mismo que oculta una desviación de poder.

Artículo 9.1 C.E.: «los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico» / Artículo 9.3: La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos / Artículo 103.1: La Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Sí, guardar y hacer guardar la Constitución significa cumplir la misma. Sin embargo, las prácticas aquí apuntadas son incumplimientos de la Constitución, con una mayor o menor relevancia jurídica pero incumplimientos

jueves, 20 de junio de 2019

Carles Ramió: El poder informal en la Administración

Otro post de interés. Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional: Cómo alinear política y gestión en los Ayuntamientos

Por Carles Ramió. EsPúblico.es blog.- Una organización no posee solo subsistemas de carácter técnico sino que también posee elementos más “líquidos” que son fundamentales de cara el buen rendimiento de una organización y de la gestión de sus resultados. Aquí hay que relatar dos nuevos subsistemas: el de poder y conflicto y el de cultura organizativa (que será tratado en el siguiente apartado).

 La dimensión de poder y conflicto atiende a la circunstancia que todas las organizaciones públicas son complejas y que todos los empleados públicos (de forma grupal o individual) poseen capacidad de influencia o de poder para intervenir de forma directa o indirecta en los procesos de toma de decisiones. Se esta aquí haciendo referencia al poder informal, a personas y grupos que no aparecen en los organigramas y que no poseen un poder formal pero que, en cambio, tienen capacidad de influencia tácita directa o indirecta en la toma de decisiones. Un líder formal, político o profesional, tiene que conocer y entender las redes de poder informales ya que representan el poder real de la organización. Un directivo público no se puede limitar a dirigir y controlar solo a los responsables formales, sino que tiene que dirigir a la organización real. El enfoque de poder y conflicto tiene como mensaje principal que el poder en una organización pública está distribuido de forma muy plural y que, por ello, posee fuertes tendencias centrífugas que dificultan el buen gobierno de la organización. Lamentablemente esto es así y hay que reconocer que es difícil gobernar las redes informales que persiguen, en muchas ocasiones, objetivos distintos a los institucionales. Pero estas tendencias centrífugas se pueden contrarrestar con fuerzas centrípetas de la mano de una sólida, coherente, integrada y positiva cultura administrativa. La cultura administrativa, si existe, aporta un sentido colectivo de la identidad que implica que todos los empleados se sienten miembros de un colectivo profesional, que forman parte de la institución pública en global. Esta identidad colectiva facilita que, en muchas ocasiones, los actores informales renuncien a sus propios intereses egoístas a favor de los intereses y objetivos globales de la institución. Por este motivo es tan importante que exista una potente cultura administrativa.

La imagen de la organización como un sistema político parte de la diversidad de actores organizativos, así como, de la pluralidad de intereses y objetivos y de la distribución del poder entre las distintas unidades e individuos de la organización. Las organizaciones son realidades plurales, son agregados de personas, concepciones, intereses y objetivos. Una organización abarca muchas racionalidades, y la racionalidad está siempre basada en un interés y cambia de acuerdo con la perspectiva desde la que se mira. Podemos afirmar que desde esta perspectiva la racionalidad es siempre política. De esta manera se abandona la idea de la organización unitaria que tenía un solo objetivo o una pluralidad de objetivos compatibles entre sí, en la que sólo una instancia (la directiva) poseía el poder y en la que todos los actores invertían sus energías en la consecución de unos objetivos claros y definidos. El poder es el concepto básico de esta perspectiva de análisis organizativo.

Una de las conclusiones más claras que se deriva de la aplicación del enfoque político de la Teoría de la Organización es la coexistencia de una dualidad organizativa: la configurada por la diferenciación entre la organización formal, definida y sustentada por un diseño organizativo y por las normas, y la organización informal, como resultado de la interacción entre los distintos actores organizativos investidos de algún grado de poder. La organización informal, por su parte, hace referencia a aquellos usos, costumbres y tradiciones que emanan directamente de los grupos sociales. De la interacción cotidiana entre las personas de un mismo complejo administrativo se originan unas esperanzas, aspiraciones e intereses más o menos comunes que desprenden un efecto aglutinante. La interacción intergrupal genera relaciones, posiciones, cohesiones, antagonismos, estatus y mecanismos de comportamiento propios y originales del grupo social analizado. Desde otra perspectiva, se puede definir a la organización informal como el conjunto de manifestaciones sociales no previstas por la organización formal, de tal modo que la organización real sería el resultado de la interacción entre los niveles organizativos formal e informal. 

Orígenes
Del mismo modo, lo que se conoce como cultura organizativa es el resultado de la combinación de las pautas formales e informales de la organización. La organización informal tiene sus orígenes en la psicología de los individuos y la naturaleza social de los grupos:

– El trabajo en una organización requiere la interacción entre las personas, además, el hombre necesita un mínimo de interacción con otros individuos dentro de un sistema informal de relaciones.

– Las personas tienen unos intereses y unos objetivos propios que puestos en relación con los de otras personas se generan esperanzas, aspiraciones e intereses más o menos comunes que configuran grupos más o menos cohesionados.

– La irreductible tendencia de personas a salvaguardar espacios que, siendo mínimos, proporcionan una autonomía individual.

– La personalidad y la preparación de las personas pueden franquear las barreras de la rígida asignación de tareas.

– Generación de vínculos personales entre los individuos derivados de la interacción en la realización del trabajo. Los grupos informales se van originando naturalmente por medio de adhesiones espontáneas entre los individuos. Esta adhesión no sólo se produce por la convergencia de intereses y objetivos técnicos y profesionales sino también por afinidades personales.

miércoles, 19 de junio de 2019

Lucas Gortazar: ¿Favorece el sistema educativo español la igualdad de oportunidades?

Otro post relacionado. Pablo Sempere en Cinco Días: En busca de un examen de selectividad más justo 

La fundación FEDEA publica hoy un artículo de Lucas Gortazar (Banco Mundial) en el que se analiza la contribución del sistema educativo español a la igualdad de oportunidades entre estudiantes procedentes de distintos estratos socioeconómicos.  Decargar documento

El Roto en El País
Una técnica habitual para medir la contribución de los sistemas educativos a la equidad consiste en analizar la relación estadística existente entre el nivel de renta o algún otro indicador más amplio de la condición socioeconómica de los estudiantes con su desempeño educativo. Si los estudiantes procedentes de los distintos estratos socioeconómicos presentan en promedio resultados educativos similares, se puede concluir que el sistema educativo neutraliza los efectos del origen familiar, contribuyendo así a la igualdad de oportunidades en la sociedad o, por abreviar, a la equidad. Esta técnica ha sido aplicada en numerosos estudios con datos de distintos países, períodos, niveles educativos e indicadores de desempeño y ha sido adoptada por la propia OCDE para evaluar el desempeño en este ámbito de sus países socios.

Informe PISA
El presente estudio se centra en la evidencia existente para España trabajando con tres indicadores muy diferentes de desempeño: los resultados en las pruebas estandarizadas de PISA, la repetición de curso y el abandono temprano del sistema escolar. El primer indicador (resultados de PISA) se basa en una evaluación externa y en principio objetiva de ciertas competencias básicas que los estudiantes han adquirido al final de la etapa obligatoria, aunque se trata también de una prueba sin consecuencias significativas para los estudiantes, que podrían por tanto no tomársela demasiado en serio. El segundo indicador (repetición de curso) refleja la valoración interna, basada en múltiples factores y sujeta al criterio de los profesores y claustros, sobre el progreso de sus estudiantes y su dominio del currículo. El tercero refleja tanto la valoración interna del sistema como la motivación y capacidad de los estudiantes para continuar sus estudios.

El autor llama la atención sobre la sorprendente discrepancia que se observa en España entre los resultados obtenidos con distintos indicadores de desempeño. En comparación con otros países, la condición socioeconómica de los estudiantes españoles no parece tener un impacto demasiado elevado sobre sus resultados en PISA, pero sí lo tiene sobre sus tasas de repetición y abandono temprano, que son muy elevadas, y que, además, son mucho mayores entre los estratos de menor nivel socio-económico. El resultado es potencialmente preocupante porque podría apuntar hacia disfunciones importantes en nuestro sistema educativo, incluyendo un sesgo sistemático en contra del alumnado socialmente desfavorecido. Si PISA mide correctamente las competencias esenciales, el sistema estaría forzando a una fracción importante de nuestros estudiantes a repetir curso, o incluso a abandonar sus estudios prematuramente, a pesar de haber adquirido tales competencias – y lo haría con mayor intensidad en los estratos de menor nivel socioeconómico, contribuyendo así a perpetuar la desigualdad. De confirmarse este diagnóstico, concluye el autor, sería necesaria una revisión en profundidad de, entre otras cosas, el diseño del currículo escolar y de los sistemas de evaluación de nuestros centros.

Documento completo: Gortazar, L. (2019)“¿Favorece el sistema educativo español la igualdad de oportunidades?” FEDEA, Estudios sobre la Economía Española no. 2019-17, Madrid.

martes, 18 de junio de 2019

Nada es Gratis blog: Efectos a largo plazo de la liberalización de los contratos temporales

"Una publicación de Lawrence M. Kahn (2010) analiza varias reformas laborales que modifican la contratación laboral en varios países europeos y concluye que los contratos temporales tienen un efecto nulo o ligeramente negativo en el empleo"

Por JuditVall y J. Ignacio García Pérez. Nada es Gratis blog En este blog se ha hablado en varias ocasiones de la incidencia de los contratos temporales en España (por ejemplo, aquí y aquí), así como de los efectos de este tipo de contratación (aquí). En un artículo reciente publicado en el Economic Journal, en coautoría con J. Ignacio García PérezIoana Marinescu, nos centramos en los efectos a largo plazo de la liberalización de los contratos temporales en España.

La idea básica de la liberalización de la contratación temporal es que los bajos costes de despido asociados a estos contratos favorecen la contratación de trabajadores jóvenes y poco cualificados. De hecho, varios países europeos han introducido los contratos temporales, o flexibilizado su uso, para incentivar la contratación de este grupo de población. Sin embargo, ¿qué sabemos de los efectos de la contratación temporal a corto y a largo plazo en la carrera laboral de estos jóvenes?

Lo que dice la literatura empírica
La literatura empírica se ha centrado en la hipótesis stepping stone, según la cual los contratos temporales ayudan a los trabajadores a conseguir un contrato fijo. No obstante, los datos sobre la veracidad de esta hipótesis no son concluyentes: algunos artículos señalan que la contratación temporal ayuda a conseguir un contrato indefinido (por ejemplo, Booth et al., 2002D’Addio y Rosholm, 2005), mientras que otros constatan que los contratos temporales no mejoran las perspectivas de acceder a este tipo de empleo (por ejemplo, Zijl et al., 2004). Precisamente, una publicación de Lawrence M. Kahn (2010) analiza varias reformas laborales que modifican la contratación laboral en varios países europeos y concluye que los contratos temporales tienen un efecto nulo o ligeramente negativo en el empleo.

Nuestra hipótesis es que, a largo plazo, los efectos de la liberalización de la contratación temporal pueden ser negativos, aunque a corto y medio plazo puedan conducir a un trabajo con contrato indefinido. Tras perder un trabajo fijo -por ejemplo, por una recesión económica-, lo más probable es que se encuentre un trabajo temporal, lo cual puede retrasar el regreso al trabajo estable. Hasta el momento, las publicaciones solo se han centrado en los efectos de los contratos temporales a corto plazo, pero los efectos a largo plazo todavía no se han estudiado.

A partir de datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales y de la reforma laboral que liberalizó el uso de la contratación temporal en España en 1984, nuestro artículo sí analiza el impacto a largo plazo de la temporalidad sobre la trayectoria laboral de los jóvenes con bajo nivel educativo en España. Para ello, hacemos un seguimiento de las cohortes de hombres que no han terminado la educación secundaria y que ingresan en el mercado de trabajo alrededor de la reforma de 1984. Más concretamente, comparamos las trayectorias laborales de las cohortes que entran al mercado laboral justo antes de la reforma (cuando la probabilidad de tener un contrato temporal era muy baja) con las cohortes que entran justo después de la reforma (cuando la probabilidad de tener un contrato temporal era mucho más alta). Como nos centramos en hombres que no han terminado la educación secundaria, asumimos que entran al mercado laboral con 16 años, edad mínima para trabajar en España.

Ingreso en el mercado laboral
Mediante un diseño de regresión discontinua por cohorte (trimestre de nacimiento), comprobamos que los trabajadores que ingresaron en el mercado laboral en el trimestre posterior a la reforma tienen más probabilidad de estar trabajando antes de cumplir 19 años que los trabajadores que entraron en el mercado de trabajo un trimestre antes de la reforma. Sin embargo, esos trabajadores que entran después acumulan menos días trabajados y salarios más bajos a lo largo de su trayectoria laboral.

Concretamente, nuestros resultados demuestran que los trabajadores afectados al inicio de su vida laboral por la reforma de 1984 acumulan un 4,9% menos de días trabajados durante los primeros 10 años de su vida laboral (10,7 días menos por año), como se puede apreciar en la figura 1. Con referencia a los salarios, la pérdida durante los primeros 10 años en el mercado laboral se sitúa en un 9,8% por año. A título comparativo, en un artículo escrito con José Ignacio García estimábamos que la gran recesión de 2008 en España supuso una reducción del 7% en el número de días trabajados y del 22% en los salarios de los trabajadores jóvenes. Así, los efectos de los contratos temporales equivalen a la mitad de los efectos de la importante perturbación en la economía que elevó las tasas de paro hasta el 27% en 2013.

Figura 1.- Número anual de días trabajados en los primeros 10 años de trayectoria laboral: hombres que no han terminado la educación secundaria por cohorte (trimestre de nacimiento)

A largo plazo, estos efectos son significativos, si bien menores en magnitud. Durante los primeros 27 años de carrera laboral, estos trabajadores poco cualificados que se incorporaron al mercado laboral después de la liberalización de los contratos temporales aún acumulan pérdidas salariales del 7,3%, una magnitud relevante desde el punto de vista económico y muy persistente desde el punto de vista temporal. Cabe destacar que, en el caso de hombres con mayores niveles de educación, no se observan efectos, aunque para este grupo resulta más difícil estimar la edad de entrada al mercado laboral.

Todo ello se debe, fundamentalmente, a que los trabajadores afectados por la reforma tienen más probabilidades de trabajar con contratos temporales a lo largo de su carrera laboral, no solo al inicio. Esta persistencia en la situación de temporalidad expone al trabajador a penalizaciones salariales que ya hemos visto que se mantienen a corto y largo plazo. Estos resultados coinciden con las conclusiones de otros artículos, como el de Güell y Petrongolo (2007), que estiman probabilidades muy bajas de pasar de un contrato temporal a un contrato indefinido (tan solo el 10% en el caso español).

En general, parece por tanto que el uso intensivo de la contratación temporal al inicio de la vida laboral tiene consecuencias muy importantes a medio y largo plazo sobre la carrera laboral de los jóvenes. Los contratos temporales ofrecen a los trabajadores jóvenes una incorporación más rápida al mercado laboral, sí, pero las consecuencias a largo plazo sobre su bienestar son muy negativas.