domingo, 31 de mayo de 2015

Novedad editorial: Jon Gnarr "De cómo me convertí en alcalde -de Reikiavik- y cambié el mundo"

Las recientes elecciones municipales y la irrupción de nuevos ediles políticos al margen de los partidos tradicionales  ha ampliado la publicidad sobre la experiencia del ex-alcalde  de Reikiavik Jon Gnarr, presente en todas la ferias del libro durante esta primavera.
Capitán Swing.- En el epicentro de la crisis financiera mundial, cuando Islandia se vino abajo, Gnarr, el humorista más conocido del país, pensó que era el momento perfecto para cambiar de registro y divertir a los islandeses desde otras estrategias, convirtiéndose en político a tiempo total.
En 2009 fundó el «Partido Mejor» para satirizar el sistema político de su país y lanzó una campaña de broma, que finalmente no le pareció tan graciosa a los políticos del país. En la carrera por la alcaldía de la capital, Reikiavik, realizó propuestas descabelladas como instalar dinosaurios de Jurassic Park en los parques del centro, toallas gratis en las piscinas públicas, un parlamento libre de drogas… y el incumplimiento de todas sus promesas electorales.
 
Pero entonces sucedió algo extraño: la campaña empezó a tener éxito y el debutante Partido Mejor surgió como el vencedor. Gnarr comenzó así a reunirse con líderes internacionales y fue tomado en serio como el alcalde de una capital europea.
 
En este libro Gnarr relata cómo sucedió todo y, con admirable franqueza, describe su visión de una política más ilustrada para el futuro. Estamos ante una parodia del mundo de la política que entenderán americanos, asiáticos y europeos por igual.

viernes, 29 de mayo de 2015

Novedad editorial: Administración Pública y Valores

Novedad editorial. INAP. 2015. Francisco Longo y Adrià Albareda: Administración Pública y Valores: Instrumentos para una gobernanza ética

Comentarios al libro por Rafael Jiménez Asensio

Portada  del libro editado por INAP
ÍNDICE
Presentación

Capítulo I. El estado de la cuestión
1. Introducción
2. Los conceptos: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ética y de valores en la Administración pública?
3. La corrupción y sus efectos
4. Los valores en la Administración pública: una mirada al mundo
 4.1. Las Naciones Unidas
 4.2. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
 4.3. El Consejo de Europa
 4.4. La Unión Europea 
 4.5. Otras organizaciones intergubernamentales
 4.6. Organizaciones no gubernamentales
5. La Administración pública y los valores en España
 5.1. Una percepción social negativa
 5.2. Iniciativas gubernamentales

Capítulo II. La evolución de los discursos sobre valores en la Administración pública
1. El discurso burocrático de los valores en la Administración pública
2. La crisis del discurso ético de la burocracia
3. El discurso ético de la reforma de la gestión pública
4. Los escenarios de confrontación de valores en la Administración pública
 4.1. La relación entre política y Administración
 4.2. La relación entre la Administración pública y los ciudadanos
 4.3. La relación entre el sector público y el sector privado
 4.4. La relación entre las administraciones públicas y su personal
5. Los nuevos dilemas éticos
 5.1. Resultados vs. procedimientos
 5.2. Discrecionalidad vs. control
 5.3. Fragmentación vs. responsabilización
 5.4. Eficiencia vs. equidad
 5.5. Receptividad vs. imparcialidad
 5.6. Flexibilidad vs. mérito
 5.7. Fórmulas relacionales vs. primacía del interés público

Capítulo III. La infraestructura ética
1. Códigos éticos y de conducta
 1.1. La práctica internacional
 1.2. La práctica en España
 1.3. Algunos casos internacionales
 1.4. Utilidad y limitaciones de los códigos de conducta
2. Formación y socialización
 2.1. La práctica internacional
 2.2. La práctica en España
 2.3. Algunos casos internacionales
 2.4. Utilidad y limitaciones de los procesos de formación y de socialización
3. Sistemas de control y de sanción 
 3.1. La práctica internacional
 3.2. La práctica en España
 3.3. Algunos casos internacionales
 3.4. Utilidad y limitaciones de los sistemas de control y de sanción
4. Liderazgos
 4.1. La práctica internacional
 4.2. La práctica en España
 4.3. Algunos casos internacionales
 4.4. Utilidad y limitaciones de los liderazgos
5. Políticas de recursos humanos
 5.1. La práctica internacional
 5.2. La práctica en España
 5.3. Algunos casos internacionales
 5.4. Utilidad y limitaciones de las políticas de recursos humanos

Capítulo IV. Conclusiones y reflexiones finales
1. Los valores del servicio público
2. La infraestructura ética de las administraciones
3. Participación, evaluación y transparencia, claves para un sistema de valores institucionalizado y sostenible
4. ¿Una única ética pública o muchas?
5. Administraciones públicas y sociedades con valores
Bibliografía
Enlaces de interés

jueves, 28 de mayo de 2015

Las nuevas Diputaciones Provinciales de régimen común: asistencia, prestación y coordinación de servicios municipales

Novedad editorial CEMCI.- Las nuevas Diputaciones Provinciales de régimen común: asistencia, prestación y coordinación de servicios municipales. Mª Angeles González Bustos (coord.). Nº de páginas: 282. Precio: 26.00 €
 
Sinópsis.- En virtud de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se efectúa una reforma parcial, pero profunda, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local con el fin de adaptar algunos aspectos del régimen competencial y de organización y funcionamiento de la Administración Local a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos locales impuestos tanto por el art. 135 de la Constitución Española como por su normativa de desarrollo: la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
 
De esta manera, la estabilidad presupuestaria juega un doble papel: primero, estamos en presencia de un nuevo límite constitucional cuya contravención podrá llevar aparejada la inconstitucionalidad y nulidad, y, segundo, funciona como una orientación constitucionalmente vinculante al prescribir un programa constitucional obligatorio para la actividad financiera pública.
 
La Ley Orgánica 2/2012 contiene reglas específicas sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera referidas a las Corporaciones Locales que constituyen un marco completo de referencia para el despliegue por parte de aquellas de su actividad específica. En términos generales, el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria derivará en la aprobación de un plan económico-financiero que ha de permitir a la Entidad Local incumplidora encauzar su actividad hacia el cumplimiento del citado objetivo. La nueva LRSAL tiene por objeto acometer una profunda reforma del régimen jurídico vigente aplicable a las Entidades Locales a través de la modificación de un buen número de preceptos y disposiciones de la LBRL y de dos artículos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como mediante un conjunto de disposiciones integradas en su parte final con las que se pretende lograr la racionalización de la Administración Local y garantizar su sostenibilidad financiera.
 
En esta obra, la atención de sus autores se centra en examinar si es posible resituar la política provincial en un nivel que permita hablar de la recuperación del papel de la Provincia como Entidad Local. La larga trayectoria histórica de las Diputaciones Provinciales muestra lo decisivo que su buen funcionamiento ha sido para la provisión de servicios en todo el territorio.
 
Índice
Introducción. De nuevo la provincia: Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y prestación de servicios Locales.
 
Capítulo I: Las competencias de las Diputaciones provinciales en la historia, como punto de partida
- Las nuevas Diputaciones en su marco histórico
- Los problemas históricos de los municipios
- El régimen normativo histórico de las diputaciones provinciales
- La incidencia de la constitución española de 1978 y los proyectos normativos posteriores
- el régimen de las competencias de las diputaciones provinciales en la ley de bases de régimen local antes de su reforma por la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local de 2013
 
Capítulo II. La provincia después de la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local efectuada por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: la determinación del régimen de sus competencias
- Introducción
- La provincia en la Constitución
- La ley básica de régimen local y su reforma por la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local
- La potenciación del papel de la provincia por la LRSAL
 
Capítulo III. La prestación y coordinación de los servicios municipales por las Diputaciones. Marco para una nueva política provincial
- Introducción
- Diputaciones de régimen común y municipios prestación y coordinación de servicios
- A modo de conclusiones: ¿hacia una política provincial fuerte?
 
Capítulo IV. La prestación de los servicios a través de la gestión compartida: los consorcios, las mancomunidades y otras formulas
- La prestación coordinada de servicios
- Los consorcios locales
- Las mancomunidades de municipios
- Otros instrumentos de gestión compartida
- Conclusiones

miércoles, 27 de mayo de 2015

La insuficiencia presupuestaria no basta para que las administraciones presenten un ERE

El TS falla que el déficit presupuestario no basta para que las administraciones públicas ejecuten despidos colectivos.
 
La insuficiencia debe ser "sobrevenida y persistente", dos adjetivos que 'desaparecieron' en el reglamento que desarrolló la Ley 3/2012
 
Revista de prensa. Infolibre. El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente un recurso de CCOO y UGT contra el reglamento de los procedimientos de despido colectivo de 2012 y ha anulado parte del artículo 35.3, en el que se determinan los criterios para definir la "insuficiencia presupuestaria" a la que pueden agarrarse las administraciones y entidades públicas a la hora de justificar despidos colectivos por causas económicas.

El Alto Tribunal considera contraria al Estatuto de los Trabajadores la definición que se hace de este concepto de "insuficiencia presupuestaria". En concreto, el mencionado artículo introduce dos criterios para determinar si existe tal insuficiencia: por un lado, el déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior, y por otro, la minoración de créditos en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

Para el Supremo, seguramente ambos criterios pueden reflejar situaciones de insuficiencia presupuestaria, es decir, situaciones en que la empresa no dispone de una previsión de ingresos suficiente para hacer frente a los servicios públicos que tiene encomendados.

Ahora bien, el Alto Tribunal recuerda en este fallo que la actual disposición final 20ª del Estatuto de los Trabajadores, norma de referencia, establece que la mera insuficiencia presupuestaria no es causa justificativa del despido colectivo, sino la insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente". El despido colectivo en las administraciones públicas fue introducido en el Estatuto de los Trabajadores por la reforma laboral, la Ley 3/2012.

Para el Supremo, "esta importante adjetivación está literalmente ausente en el artículo 35.3 del reglamento y, sobre todo, este precepto reglamentario no responde a la exigencia legal de que la insuficiencia presupuestaria sea persistente: el simple déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior no implica forzosamente tal persistencia; y en cuanto a la minoración de créditos, aun cuando pueda a veces ser indicio de dicha situación, no conduce ineluctablemente a ella", sostiene.

El Alto Tribunal añade además que este criterio reglamentario supone "una desviación del criterio legal, consistente en un dato material o sustantivo, como es la imposibilidad de financiar los servicios públicos encomendados, sustituyéndolo por un dato puramente formal".

Comunicación del despido
En este mismo fallo, el Alto Tribunal anula también el apartado primero de la disposición final segunda del Real Decreto 1483/2012, que encomienda la comunicación de las medidas de despido colectivo a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo a la empresa, cuando el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de la Seguridad Social establecen que debe hacerlo la autoridad laboral.

El Supremo no considera de por sí ilegal atribuir ese deber de comunicación a la empresa, pero sin suprimir el deber de comunicación que las leyes atribuyen a la autoridad laboral.

Por otro lado, el Supremo ha dictado otras dos sentencias en las que rechaza los recursos de UGT, CCOO y la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra el Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

El Supremo declara que parte de los recursos han perdido su objeto por sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 2015, y respecto a los reproches de legalidad ordinaria contra el citado Real Decreto, rechaza los argumentos de las centrales de que la Administración no les dio trámite de audiencia antes de aprobarlo.

martes, 26 de mayo de 2015

5 conclusiones sobre las #EleccionesMunicipales2015

"Los políticos y los funcionarios tendrán que colaborar estrechamente, escuchando los unos el criterio de oportunidad y otros el criterio técnico y el procedimiento legal"
 
Blog NosoloAytos. Víctor Almonacid. A continuación mis impresiones sobre la Jornada electoral de ayer. Más allá de la lectura política, que la haré, mi principal reflexión parte del dato, que considero inadmisible, de que estas  han costado 128 millones €. Esto no lo podemos aceptar hoy en día. Como adelanté ayer en Twitter, en unos meses presentaré (presentaremos) un proyecto de Comicios electrónicos (hashtag ) para paliar esta lacra del sistema.
 
Y es que no solo es el dinero: la burocracia; la repetición de trámites, impresos y documentos; y sobre todo la generación de una enorme incomodidad o molestia para un gran número de personas: funcionarios, miembros de mesa… ¿Qué sentido tiene por ejemplo que yo anoche me acostara a las 4 de la mañana? Si cuentan desde las 7:30 que comenzó mi jornada se acumulan más de 20 horas seguidas de trabajo, el cual si fuera estrictamente necesario desempeñaría con mucho gusto, pero que en la actualidad es totalmente obviable.
 
 Esta reflexión es parte de una de nuestras 5 conclusiones. Aquí van:

1) Esto es muy caro. En plena vorágine electoral, y sin menosprecio de mis funciones como representante de la Junta Electoral en el Municipio de Alzira (que cumplo con la diligencia debida más allá de la crítica al sistema), llegué a la conclusión de que la burocracia y el coste que generan los procesos electorales no solo son elevados, sino que no tienen ningún sentido en este momento. Sé que no descubro la rueda con esta afirmación, y me consta que ha habido experiencias previas, que estamos ya analizando, en la celebración de comicios electrónicos. Pero por algún motivo el sistema sigue siendo el mismo que hace 30 años, con pequeñas variaciones que aportan poco, como la transmisión de datos por PDA (al fin y al cabo la transmisión telefónica también era telemática). No deseo en modo alguno que la iniciativa parezca pretenciosa, pero yo solo sé que me he pasado varios días enterrado entre papeles y que lo seguiré estando, elecciones tras elecciones, hasta que haga algo.
 
Y ese algo es iniciar un Proyecto propuesta de Comicios Electrónicos, que desarrolle íntegramente el procedimiento electoral por medios electrónicos ofreciendo al mismo tiempo todas las garantías jurídicas y técnicas. Para ello voy a crear un equipo multidisciplinar, en el que ya adelanto que estarán grandes expertos como Nacho Alamillo, Xavi Sancliment y Conchi Campos. El destino final del Proyecto es ser presentado ante el Ministerio del Interior. También voy a crear un foro de debate en Novagob, donde la participación y el aporte de la gente suele ser impresionante. Sea cual sea nuestra propuesta inicial los novagobenses la mejorarán.
 
El proyecto tendrá en cuenta todos los aspectos en liza, poniendo especial atención a los que más preocupan a todo el mundo: privacidad y anonimato, y que no obstante pueden resolverse. Por lo demás, se trataría de analizar en qué trámites consiste exactamente un procedimiento electoral en la actualidad y pasarlos todos por dos filtros: supresión o conversión a formato electrónico, incluido el mismo acto de la votación, la cual se haría mediante dispositivos electrónicos conectados a una central de datos. Pero incluso aunque el voto no fuera electrónico ¿para qué tantos impresos? Si precisamente lo que interesa de un proceso electoral son las cifras y los datos ¿por qué no se remiten directamente desde las mesas (administradas electrónicamente) a la administración electoral sin más trámite? Luego ya el Ministerio del Interior, o Consejería, o quien sea, que reutilice esos datos como considere oportuno, y si los quiere colocar en 700 impresos su problema es.
 
Habría que cuantificar asimismo el coste total del proceso en la actualidad (me temo que mucho más que los 128 millones mencionados) y del proceso alternativo que proponemos, que a buen seguro ahorraría al sistema muchos millones de euros. En definitiva, vamos a hacer algo que ya hemos hecho muchas veces en la actualización de otros procedimientos: matar el papel.
 
Está claro que dentro de 50 años los procesos electorales serán electrónicos, pero entre 2015 y 2065 cuanto antes se implante este Proyecto mejor. Estamos hablando de elegir la fecha de algo que es igualmente inevitable. Y esa fecha debería estar próxima porque hablamos de un sistema que ya es posible técnica y jurídicamente. En todo caso se trata de traducir a la legalidad y la idiosincrasia española las experiencias que ya han visto la luz en otros países, fijándonos también en algún proceso participativo municipal (sobre todo se ha utilizado para consultas populares), como la experiencia de El Hoyo de Pinares. Es igualmente interesante este documento de Euskadi.net sobre la implantación del voto electrónico en el mundo: consultar aquí.
 
2) Elecciones 2.0 consolidadas. Otra caterva de papeles, trozos de tela y de cartón que se podría eliminar es el amasijo de publicidad electoral. Creo sinceramente que la gente no decide su voto en función de una pancarta que ve de reojo mientras está parado en el semáforo. Los partidos “nuevos” son especialmente buenos en RRSS, y esto hace que con mucho menos presupuesto consigan rentabilizar al máximo sus recursos destinados a la campaña. La política 2.0 (no confundir con el Gobierno 2.0) tiene muchas más lecturas, y por no alargar la entrada con el desarrollo de un tema que nos apasiona, a nuestras consideraciones de otras ocasiones nos remitimos. Pero por decir un ejemplo: las RRSS eliminan de forma natural conceptos como la Jornada de reflexión.
 
3) Mucho que agradecer a los que lo hacen posible. Entre tanto dato, análisis y procedimiento me van a permitir que me ponga sentimental durante unas líneas. A continuación publico la carta de agradecimiento que he enviado a mis compañeros:

Apreciados compañeros,
Ayer se celebró la Jornada electoral más limpia y exenta de incidentes de cuantas yo he tenido como Secretario y representante de la Administración Electoral en un municipio. Opino que el motivo principal es el buen hacer de todos cuantos han intervenido en el proceso, especialmente en el día de ayer. Valga pues la presente para felicitaros por el excelente trabajo desempeñado por todos los empleados municipales que en alguna medida habéis colaborado en estos Comicios, desde los responsables de informática hasta el personal de oficios. Quiero dar las gracias y felicitar especialmente a los representantes de la administración, que habéis cumplido sobradamente con vuestras funciones y resuelto de forma inteligente, y con reflejos, las dificultades que se han producido en las mesas, que son la primera línea de la batalla electoral; y a mis chicas de Secretaría, y el “chico”, Carlos, que ayer aguantaron el tipo durante 20 horas seguidas, y aún ahora mientras escribo estas líneas siguen rodeadas de “papeles de elecciones”, demostrando una capacidad de trabajo y sentido de la responsabilidad admirable.
Muchas gracias a todos.
Víctor.
P.D.: Elevaré este escrito a la Junta de Gobierno.
 
4) Equilibrio político. Con mucha razón hablaba ayer mi amigo Antonio Díaz Méndez de “Coaliciones inteligentes“, y es que el resultado electoral de los Comicios del 24M son los más equilibrados de la Historia. Por lo general, y a pesar de los miles de municipios y varias CCAA renovadas, se puede afirmar que los ciudadanos no han confiado mayoritariamente en ningún partido, lo cual hace obligatorio pactar. Existen muchas modalidades de pacto: pactos de legislatura, pactos puntuales, pactos de dos, pactos de tres, gobiernos en minoría (que no pasa nada, pues la LBRL reserva muy pocas competencias a la mayoría absoluta del Pleno)… A mi me gustan los Comités de dirección. También podría hacer las veces la Junta de Gobierno Local que regula la Ley. En todo caso no le veo el problema a que los lunes a las 9 de la mañana se reúnan los miembros de todos los partidos implicados en una de estas coaliciones de gobierno, por ejemplo con el Secretario y el Interventor. En esas reuniones se puede hablar de los proyectos en marcha, de nuevos proyectos, de medidas concretas y de problemas del día a día. Todos nos podemos asignar deberes para la semana y ponerlos en común en la siguiente reunión.
 
La premisa para que este sistema funcione es que los implicados sean ejecutivos,  con sentido de la responsabilidad, lealtad institucional, vocación de servicio público, y sobre todo flexibilidad, pues en un sistema en el que se deben consensuar todas las decisiones ser muy rígido solo puede conducir a la paralización. Desde el punto de vista de la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción este sistema es bueno, de hecho ideal, ya que difícilmente un simple miembro individual de un órgano colegiado “multicolor” va a proponer a sus socios de gobierno, ni siquiera todos del mismo partido, que para determinada obra “se sugiere se contrate” a su sobrino. Y además en la reunión hemos dicho que están el Interventor y el Secretario, y por supuesto también pueden e incluso deben estar otros funcionarios directivos. El mejor control es en todo caso el autocontrol, y que los técnicos participen desde el principio en los proyectos. Es más, que los lideren. Más allá de que las mayorías absolutas sean buenas o malas el problema del sistema de gobierno municipal es que la LBRL es extremadamente presidencialista. Pero se ha demostrado que un Alcalde no puede mandar tanto. Ya dije hace poco en la TV que las mayorías simples no me parecen nada mal.
 
5) Muchos concejales nuevos. Una anécdota: en las palabras (o frases) clave para buscadores que hoy han derivado a este blog se encuentran las expresiones: “cómo gobernar un Ayuntamiento” y “cómo dirigir un Ayuntamiento”. Qué bien ilustra esta casualidad nuestra quinta reflexión. Cuando se analizan los resultados se habla mucho de cambio ideológico (es más que probable), de cambio generacional (cierto es), pero sobre todo yo hablaría de cambio personal. ¿Cuántos nuevos concejales van a tomar posesión el día 13 de junio? Cuando decimos “nuevos” nos referimos a quienes no lo han sido nunca, independientemente de su edad, pues puede haber novatos de 70 años. ¿Cuántos nuevos Presidentes autonómicos y nuevos Alcaldes van a tener un gran poder apoyado totalmente en las urnas y en mucha menor medida en su experiencia previa? La penúltima conclusión es, por tanto, que habrá que formarse (recomiendo a los noveles participar en acciones formativas durante los próximos meses).
 
 Y la última que los políticos y los funcionarios tendrán que colaborar estrechamente, escuchando los unos el criterio de oportunidad y otros el criterio técnico y el procedimiento legal (el cual, por cierto, ahora es siempre electrónico, y por eso también deberían serlo los comicios).
 
Aviso INAP: Abierto el plazo de inscripción hasta el 3 de junio de 2015
Actividades formativas en materia de TIC
Se ha publicado la Resolución de 13 de mayo de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones para el segundo semestre de 2015.

lunes, 25 de mayo de 2015

Antonio Díaz tras el 24-M: Gobernanza para un tiempo nuevo: ¿Coaliciones inteligentes?

Ver resultados elecciones Locales del 24.M.2015

"...los políticos deben estar más dedicados a “la política” -y a no perder el contacto con los electores- y menos ocupados en la “supervisión de la gestión”, pues para eso están los funcionarios y directivos".
 
Blog Administración Inteligente.- Antonio Díaz.-  Una vez despejado el tablero electoral, serán necesarias coaliciones para garantizar la gobernanza en muchos de nuestros Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.   Desde este blog hemos hablado de requisitos para un gobierno inteligente que cifrábamos en cuatro aspectos principales (Construir la gobernanza; Retener y atraer talento gestor ; Ajustar la estrategia; y Ofrecer resultados de una forma Transparente y Sostenible en el tiempo). Hoy trataremos de reflexionar sobre gobernanza y talento en los nuevos escenarios.
 
Portada del Manual práctico
para la constitución y gestión de
las nuevas corporaciones
locales. Concepción Campos.
 La Ley
Para empezar el debate, habría que intentar evitar algunos efectos colaterales y perversos de las viejas coaliciones, que son principalmente de dos tipos:
 
-Encarecimiento a efectos presupuestarios, por estar obligados generalmente los mayoritarios a “ceder demasiado” en las negociaciones, lo que se ha traducido hasta ahora en “colocar gente” de los partidos coaligados (asesores, directivos de confianza,…), empresas afines en los concursos,..etc.
 
-Ineficiencia, al basarse estrictamente los pactos en repartir “parcelas de poder”, reinos de taifas (concejalías o consejerías) donde el grupo político correspondiente hacía y deshacía a su antojo. No en vano, se hablaba coloquialmente de “cortijos” o “chiringuitos”.
 
Un Gobierno Inteligente tendrá que construir su gobernanza sabiendo coaligar programas e intereses sin menoscabar la ética pública, sin renunciar a la eficiencia y buscando la obtención de resultados en la gestión para cada uno de los coaligados.
 
Ideas
Veamos algunas ideas para ello, intentando evitar los efectos perversos señalados.
 
La negociación programática se tendría que basar en aquellos aspectos realmente prioritarios para la ciudadanía. La regeneración democrática (pacto contra la corrupción) es un eje sencillo para formar alianzas de gobierno, aunque va a ser muy difícil para aquellos partidos y personas que llevan muchos años gobernando o estén relacionados con la corrupción. La lucha contra la desigualdad y la precariedad o la lucha contra el desempleo pueden ser otros dos ejes clave para articular proyectos de gobierno (he tratado estos temas en un post anterior).
 
A la hora de elaborar los diseños de gobernanza, hay que pensar que la cúpula de gobierno de una Institución debería ser relativamente reducida para garantizar los mínimos de eficiencia. Así por ejemplo, en Ayuntamientos medianos y grandes, no más allá de 3 a 5 grandes áreas o tenencias de Alcaldía (Madrid o Barcelona son casos aparte) con una cadena de mando directivo y funcional lo más corta posible en lo vertical. Hay que pensar que en el núcleo duro citado tendrían que entrar los partidos coaligados, en cierta proporción a los resultados electorales, por lo que la “alianza programática” debe ser sólida.
 
Estructuras infladas
Muchos años de gobierno continuado o de mayorías absolutas han ido inflando artificialmente las estructuras políticas y directivas que, en forma de “isla de coral”, se han ido superponiendo unas sobre otras bajo presiones a veces clientelares o corporativas. Suelen tener razón los partidos nuevos cuando hablan de la necesaria reducción de altos cargos. Y eso empieza por tener una cúpula de gobierno corta.
 
A partir de ahí se tienen que completar la formación de gobiernos con Delegaciones específicas, presidencias de organismos y empresas públicas y órganos territoriales descentralizados (Juntas de distrito), que deberían tomar mayor relevancia.
 
Concejales de proyecto
En los Ayuntamientos, no tendría que ser imprescindible que todos los concejales de gobierno tengan asignados departamentos de gestión. Quizás sería conveniente romper la extraña pareja siamesa concejal-director, que ha provocado un duopolio de intereses, una fragmentación exagerada y el encarecimiento y encastillamiento de la gestión en múltiples reinos de taifas, haciendo dificilísimo el trabajo transversal, vital hoy en cualquier organización.
 
Frente a ello, se podrían tener por ejemplo, “concejales de proyecto”, cuya misión sería potenciar e impulsar determinados proyectos aprobados y priorizados en el programa de gobierno (influyendo en sus compañeros de gobierno y en la sociedad civil), pero sin inmiscuirse en la gestión cotidiana, ni intentar influir en aspectos como los contratos o la operativa diaria, que deben estar en manos de funcionarios.
 
Como dice un buen amigo y experto consultor Marcos Lekuona, los políticos deben estar más dedicados a “la política” -y a no perder el contacto con los electores- y menos ocupados en la “supervisión de la gestión”, pues para eso están los funcionarios y directivos.
 
Retener y atraer el talento gestor es la segunda gran tarea de un Gobierno inteligente, cuyo primer paso sería aprovechar el existente en la Organización.
Al igual que en otros campos, en líneas generales, los funcionarios y empleados públicos incorporados en estos 30 años de democracia son profesionales confiables y bien preparados. Casi todas las organizaciones públicas consolidadas disponen de empleados públicos perfectamente capacitados para ocupar los puestos directivos, en un espectro además de amplio pluralismo ideológico.
 
Durante estos años, diferentes instituciones, empezando por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y otras, han invertido muchísimo dinero en la formación de directivos públicos. Sería muy conveniente “recuperar esa inversión” y aprovechar el talento emprendedor diseminado en nuestras organizaciones.
 
Desde la sociedad civil también nos proponen fórmulas para implantar la dirección pública profesional y de una u otra forma, cada vez es más evidente que se hace necesario reglamentar mínimamente el acceso a esos puestos entre las personas capacitadas y acreditadas para ello. Se podría hacer con relativa facilidad, simplemente con desarrollar la normativa existente (EBEP).  
 
Dicho esto, nadie con conocimiento de la Ciencia de la Administración niega la necesidad y la importancia de los asesores y personal de confianza, pero restringidos a ciertas tareas y en un número reducido y proporcional al tamaño de la Organización. El profesor Jimenez Asensio trata muy bien esta cuestión, y las propias leyes, -incluida la de régimen local, al margen de sus múltiples defectos- han puesto límites que en algunos casos se podrían mejorar.
  
No hay que renunciar a incorporar talento externo, tanto de otras Administraciones (permutas, comisiones de servicio, ..etc) como directamente de la calle cuando así lo requieran la especificidad o novedad de determinados puestos. En esto, como en tantas cosas, la nueva y la vieja política -conceptos que tenderán a confluir por “simbiosis”- deberán ser también flexibles e innovadoras.
 
Pero sobre todo, el gobierno y las coaliciones inteligentes, tendrán que ser en primer lugar, decentes. Veremos en los próximos meses si la innovación necesaria alcanza también a las fórmulas de gobernanza. El debate está abierto….
 
NOTA.- En paralelo a la construcción de la gobernanza, se deberá proceder “de manual” en los pasos legales para la constitución de las corporaciones y gobiernos. Dejo aquí algunos enlaces de interés al respecto: 1-Manual práctico para la constitución y gestión de las nuevas corporaciones locales (Concepción Campos Acuña). Edit. Wolters Kluver. 2.-Cómo gobernar y dirigir un Ayuntamiento (RJ Asensio) Edit. IVAP. 3.-  Calidad democrática y buen gobierno (Antonio Díaz). Edit. FEMP-AEVAL.

domingo, 24 de mayo de 2015

Elecciones 24-M- ¿Regeneración municipal?

Hay que cambiar las piezas del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción.

Blog ¿Hay Derecho?.- (Publicado en El País).  De los casos de corrupción que casi a diario van apareciendo en las noticias, es llamativa la frecuencia con la que afectan a escala municipal, cosa que destaca el informe anticorrupción de la Unión Europea de 2014. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que nadie esté analizando las causas del problema.

Ayuntamiento de Valencia
Pensar que la solución es que los tribunales vayan resolviendo los casos, o que las listas estén libres de imputados, es como querer acabar con la mítica hidra cortando sus mil cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más cabezas al monstruo, que ya ha demostrado su capacidad de adaptación al medio tras la crisis inmobiliaria, pasando de alimentarse del urbanismo a asolar las subvenciones y la contratación pública.

Sin mecanismos de control
Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que modificar los elementos del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción. El citado informe de la UE habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando. Como relata Muñoz Molina en Todo lo que era sólido, cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que ellos representaban. Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde.
 
Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido parcialmente corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal —y a la luz—, el político apunta siempre al funcionario.
 
Así las cosas, no nos debería extrañar que muchos alcaldes, convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que dependen de él, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollen prácticas corruptas, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos.

 Cambiar el sistema no es imposible. La fundación ¿Hay derecho? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores (Cosital), partiendo de la experiencia y de las recomendaciones de organismos internacionales, proponen una modificación de las reglas del juego. Las medidas presentadas persiguen devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a que tengan apoyo -y supervisión- desde un nivel superior al municipal. También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.

Menor tolerancia social
El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en estas elecciones municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

jueves, 21 de mayo de 2015

24-M.-Sobre lo que se plantea en los programas de las elecciones municipales

"En el debate público se tiende a presentar las elecciones locales como un ensayo de las generales"

Blog IDL.UAM.- En el contexto actual, en el que se da por hecho que nos hallamos ante una seria crisis institucional, la celebración de elecciones locales constituye uno de los procesos de participación ciudadana más importantes, que, sin embargo, tiende a menospreciarse. La utilización de una simplista dicotomía: “democracia representativa” versus “democracia participativa”, oscurece el hecho de que los procesos electorales generan espacios de deliberación pública y participación ciudadana muy inclusivos, porque involucran a la mayoría de los ciudadanos.
Ayuntamiento de Barcelona
Estas elecciones, en particular, deberían servir para abordar un serio debate sobre los gobiernos locales, tanto para contrastar las diferentes visiones sobre su papel en un sistema político multinivel como es el nuestro, como para permitir comparar el modelo defendido en los distintos proyectos políticos, que debe desarrollarse en las condiciones impuestas por un escenario de crisis muy condicionado por decisiones adoptadas en otros niveles de gobierno.

Sin embargo, como ha sucedido en muchas ocasiones, en el debate público se tiende a presentar las elecciones como un ensayo de las generales o a subordinarlas (con la excepción de las de algunas ciudades importantes) a las de las Comunidades Autónomas, porque se centra en anticipar cuál va a ser la nueva articulación del sistema de partidos que hay en España, y en discutir una colección de medidas llamativas que compiten por atraer la atención de los votantes.
 
En relación con la primera de las cuestiones, son las primeras elecciones en las que dos partidos pequeños pueden conseguir tantos votos como los tradicionalmente mayoritarios (PP, PSOE), y se prueba la capacidad de expiación y renovación de estos últimos. Pero esto propicia que la atención se dirija intencionadamente hacia los procedimientos de elección, mediante propuestas de reforma de los sistemas electorales, articuladas sobre la marcha, en las que prima el deseo de evitar escenarios en los que ningún partido obtenga mayoría clara para gobernar y esté obligado a pactar o a formar gobiernos de coalición.
 
Se orientan, por tanto, a alcanzar dos objetivos, que no son cuestiones de ámbito local sino que afectan a todo el sistema político: recuperar la confianza ciudadana en los políticos, y contrarrestar la extendida sensación de crisis de representación política. Por eso las discusiones enfatizan el perfil personal de los candidatos: de qué manera están vinculados con el pasado reciente y han sabido rectificar, y hasta qué punto están comprometidos con lo que les exige la sociedad en temas como la corrupción o la transparencia. Los candidatos de los partidos que han gobernado intentarán así vender sus activos personales, y los de los nuevos, su compromiso con el proyecto del partido.
 
Paradójicamente, los que están proponiendo cambios en el sistema electoral son los que han obtenido más beneficio con las particularidades del sistema existente, pero que ahora, con un cambio en el voto ciudadano y en la oferta de los partidos elegibles, deja de favorecerles. Y los efectos que buscan pasan por incorporar “elementos presidencialistas”, que contribuyen a una mayor personalización de la política y a primar un modelo de primacía de los ejecutivos y una concepción de la política como buena gestión.
 
Estas estrategias se presentan, en general, como una propuesta de mejora de la representación, pues favorecerían una relación directa del representante con los representados, que a priori garantizaría que tiene en cuenta sus demandas (su “responsividad”). Sin embargo, adoptan una visión simplista que equipara calidad de la representación a existencia de unas reglas adecuadas de elección de los candidatos, aunque la realidad es que no existe ningún modelo que sea “más democrático” (ya que todos dan un peso relativo diferente a los elementos que deben inspirarlo, teniendo en cuenta las peculiaridades del contexto en el que debe funcionar).
 
Esa visión estrecha no tiene en cuenta que la calidad de la representación depende además del juicio sobre la representatividad de los candidatos y del contenido de sus acciones a lo largo de su mandato, y de que en nuestras sociedades existen también otras formas de representación social y funcional que complementan la representación electoral y que tienen que jugar un papel en los procesos de decisión políticos. Por eso las propuestas de cambio de los diferentes elementos del sistema electoral deberían hacerse a partir del diseño de un modelo de gobierno más amplio, en el que se tengan en cuenta los equilibrios institucionales y la relación con los grupos sociales.
 
Reflexión sobre el modelo de gobierno local
Esta cuestión crucial, la reflexión sobre el modelo de gobierno local en nuestra democracia, está ausente en el debate electoral y, por tanto, en el debate público, aunque debería plantearse como cuestión política determinante para que con su voto los ciudadanos participen en la elección del modelo político, y no solo en la selección de candidatos atractivos (que avanza hacia un modelo de democracia de audiencia o de mercado) o la adopción de medidas singulares (por muy atractivas que sean). Porque si se evita, el proceso electoral no generará ningún efecto deliberativo que mejore la calidad democrática.
 
Lo que importa es el proyecto (que a lo mejor solo se puede desarrollar en coalición, sobre un pacto que puede incluir apoyar a un candidato para gobernar que no es el primero de ninguna lista), que en estos momentos debería partir de la reflexión sobre el modelo de gobierno local, en el que se especifiquen sus equilibrios institucionales internos, los procesos de toma de decisiones (que van a condicionar los mecanismos de participación ciudadana y la relación con las organizaciones más representativas social y funcionalmente), así como sus relaciones con los otros niveles de gobierno. Porque, como señala Rosanvallon, las elecciones legitiman la formación de un gobierno de mayoría, pero no la de todas sus políticas.
 
En un momento en el que se habla de crisis institucional, la renovación no puede realizarse con propuestas cosméticas o de control (de la corrupción, transparencia); es el momento de contribuir a que la ciudadanía asuma la complejidad que han adquirido los procesos políticos en todos los niveles de gobierno, y favorecer un debate público en el que se planteen las diferencias entre apoyar uno u otro modelo de gobierno en cada una de ellas. De esta forma las elecciones, también las locales, podrán considerarse procesos deliberativos muy inclusivos en los que los ciudadanos participen en la construcción de un juicio político que contribuya a mejorar la calidad de nuestras democracias.

miércoles, 20 de mayo de 2015

El sindicato CSI-CSIF ve ahora màs receptivos a los partidos politicos sobre la situaciòn de los empleados pùblicos

Las eventuales privatizaciones de los servicios publicos, lo que màs interesa a los empleados pùblicos sobre los programas políticos
 
El sindicato CSI·F advierte que los empleados públicos se han sentido vapuleados por los recortes de los distintos gobiernos y van a votar como colectivo en las próximas elecciones autonómicas, municipales y generales del día 24.El sindicato está manteniendo reuniones con todas las fuerzas políticas para presentarles sus peticiones de cara a los próximos comicios y, aunque señala que son escuchadas por todos, los partidos nuevos están siendo más receptivos.

CSI·F señala que algunos creen que meterse con los empleados públicos les da réditos electorales, pero asegura que tiene la percepción de que los funcionarios están leyendo con mucho interés los programas de cada partido, para ver sus propuestas para las administraciones públicas, algo que hasta ahora no era así.

Entre las propuestas que ha trasladado CSI·F a los grupos políticos, está la necesidad de elaborar un listado con los servicios que no pueden ser privatizados, como sanidad, educación, seguridad o justicia, entre otros. También pide la recuperación del poder adquisitivo y la creación de un Plan de Recursos Humanos para las Administraciones Públicas y de un sistema de evaluación, porque no queremos ni un empleado más ni menos de lo necesario.
 
Lo que sí critica CSI·F es el fuerte gasto realizado por muchos gobiernos en los últimos años destinado a servicios que no eran esenciales y que no necesariamente querían los ciudadanos y sigue denunciando la proliferación de asesores, altos cargos y libres designaciones.
 
Al actual Gobierno, CSI·F le pide que vuelva a reunir la Mesa de la Función Pública y active la negociación que hasta ahora es inexistente, porque de cara a las elecciones los empleados públicos quieren ser parte activa porque son muchos millones de familias que se juegan el pan.
Elecciones sindicales
El sindicato va a seguir insistiendo en la necesidad de abrir estos cauces de diálogo, al igual que se está empezando a abrir en la empresa privada. CSI·F se opondrá a la congelación salarial y a las tasas de reposición con un incremento "pírrico". A menos de dos meses para que concluyan las elecciones sindicales de los centros de trabajo, CSI·F calcula que logrará 6.000 delegados en el sector público (un 16 % del total) y unos 4.500 en la empresa privada, una cuantía que va en aumento desde que entrara en este sector hace más de 7 años.

martes, 19 de mayo de 2015

Gasto y volumen poblacional, la eterna cuestión del tamaño de los municipios

Un número importante de estados han acometido un proceso de fusión de sus municipios para reducir costes y mejorar su gestión  

Idl.UAM. Alba Vinas y Esther Pano.  La cuestión del tamaño de los municipios, esencialmente medido en términos de población, ha sido un elemento recurrente en el debate sobre la estructura y la planta local en España.
 
Se trata, de hecho, de una línea de preocupación que ha estado presente en la mayor parte de las discusiones sobre esta materia a nivel comparado. Un número importe de estados han acometido, en un momento u otro, un proceso de fusión municipal bajo la premisa fundamental de mejorar los costes en la prestación de servicios y construir unidades administrativas más capacitadas para prestar servicios públicos. Los casos más recientes son los de Francia, Grecia, Italia y Portugal que como consecuencia de la crisis económica y las presiones europeas, aprobaron medidas para reformular la estructura territorial en 2014, la primera, y en 2010 el resto. De hecho, Suecia, Noruega, Bélgica y Alemania ya habían impulsado iniciativas de ese tipo en los años 70.

Se trata, por tanto, de una línea de reforma compartida por países de naturaleza y tradición muy diversa. El hecho de que buena parte del debate haya pivotado alrededor de esta materia se fundamenta principalmente en una visión de los gobiernos locales en su vertiente prestacional y en la focalización en los aspectos vinculados a la eficiencia económica, no sólo por parte de la academia, sino también del propio discurso político. Desde luego cabe formularse una primera cuestión no menor respecto si se debe conceder la centralidad del debate a la perspectiva estrictamente económica.
 
Premisa
Desde la premisa de que las instituciones son algo más que unidades de producción, deberíamos convenir que existen otros aspectos que han de ser tenidos en cuenta de forma conjunta antes de impulsar medidas de este calibre. Así, es relevante observar cual es la posición de aquellos países que han profundizado en una tradición de amalgamar municipios. Si lo hacemos, observaremos que no todos tuvieron el mismo nivel de éxito. Es más, podríamos afirmar que aquellos sistemas de estructura más similar a la española (como sería el caso de Francia) se encontraron con serias dificultades a la hora de implementar estas reformas. A su vez, en el caso de aquellos que efectivamente han reducido de forma progresiva el número de municipios e incrementado su tamaño poblacional, los efectos no siempre son claros o unívocos. En buena parte de ellos, como en Dinamarca o los Países Bajos, la literatura es ambivalente y pone en duda los efectos finales de las reformas. Algunos autores (COPUS, 2006 y KJAER et al.,2010) ponen de manifiesto los posibles impactos negativos en el ámbito del funcionamiento democrático, la relación entre electorado y electos o la rendición de cuentas.
 
Si volvemos a la perspectiva estrictamente económica, los resultados de los estudios empíricos que se han realizado sobre esta materia son también ambivalentes y no parecen indicar un vínculo claro entre el incremento del número de habitantes de la unidad institucional responsable de la prestación y una mejora en términos de eficiencia. De hecho, en términos generales se podría poner en duda que el aumento del tamaño poblacional suponga una mejora de las economías de escala de forma automática y suficiente. Leer+

lunes, 18 de mayo de 2015

Algunas pistas para entender las elecciones locales del 24-M en clave provincial

IDLUAM. Mayte Salvador; Las Diputaciones Provinciales son los órganos de gobierno de la provincia y a día de hoy cuentan con una historia de más de 200 años desde su concreción en la Constitución de Cádiz de 1812 que reorganiza el sistema de administración territorial del Estado. En el año 1833 se aprueba una nueva configuración en provincias que ha permanecida prácticamente inalterada hasta nuestros días.

En las Comunidades Autónomas uniprovinciales -Madrid, Región de Murcia, Cantabria, Principado de Asturias, Navarra y La Rioja- no hay Diputaciones Provinciales porque las competencias de la diputación son asumidas por la propia Comunidad Autónoma. En las provincias y Territorios Históricos del País Vasco (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya), el órgano de gobierno y administración es la diputación foral. A diferencia de las diputaciones provinciales, son órganos de elección directa. En las islas no existen las diputaciones provinciales, porque al frente de cada isla o agrupación de islas hay un consejo insular en Baleares, y un cabildo insular en Canarias. Pero en el resto de comunidades autónomas las diputaciones se configuran como órganos de elección indirecta, ya que su composición se establece a partir de los resultados de las elecciones locales, en las que se eligen los representantes políticos de los ayuntamientos.

De este modo, el próximo 24 de mayo de 2015, en las comunidades autónomas pluriprovinciales, no solo acudiremos a las urnas a elegir a nuestros alcaldes y concejales en los Ayuntamientos, también estaremos eligiendo a los presidentes y diputados de las Diputaciones provinciales. Y aquí comienzan las dudas, muy razonables por lo demás, puesto que se trata de unas elecciones y un sistema electoral completamente atípico en el panorama europeo. España es el único país de la Unión Europea que elige a los representantes de sus gobiernos intermedios a través de un sistema electoral de sufragio indirecto o de segundo grado.
Pero esta forma de elección no responde a un mandato constitucional. La Constitución de 1978, en el artículo 141.2, establece que: “El gobierno y la administración de la provincia estarán encomendadas a las diputaciones provinciales u otras corporaciones de carácter representativo”. Una regulación muy general y ambigua si se contrasta con la que el artículo 140 establece para la elección de los concejales y el alcalde en los ayuntamientos. La Constitución, únicamente se refiere a que el gobierno de la provincia será ejercido por un órgano representativo pero sin mencionar ninguna modalidad electoral concreta como en el caso de los municipios. Esa opción abierta de la Constitución deja un amplio espacio de configuración al legislador orgánico para concretar qué tipo de sistema electoral se incorpora.
Elecciön indirecta
La consecuencia de este sistema de elección indirecta es un profundo desconocimiento y la escasa visibilidad de la institución provincia por parte de los ciudadanos. Bajo el lema de “elecciones locales”, el proceso electoral que se abre cada cuatro años y cuyas elecciones se celebran durante el mes de mayo es, en verdad, un proceso de elecciones municipales, y solo muy indirectamente un proceso de elecciones provinciales. Pero aun así, cuando estamos votando una lista electoral para nuestro ayuntamiento estamos también votando a los diputados provinciales y al presidente de la Diputación. Su elección, como refleja la Ley 7/1985 de Régimen local se realiza de forma indirecta a partir de los resultados de las elecciones municipales.
Normalmente el elector permanece totalmente ajeno a estas cuestiones, porque el modelo de elección de diputados provinciales no solo es a través de un sufragio indirecto y tomando como circunscripción el partido judicial (1), sino que son los diferentes partidos, coaliciones o agrupaciones electorales, los que eligen a los diputados provinciales entre aquellos miembros que han obtenido previamente la condición de concejal. Eso quiere decir que hay tantos cuerpos electorales como partidos que consigan representación. Los votos obtenidos por cada partido político en las circunscripciones delimitadas por los partidos judiciales, determinan el número de diputados provinciales asignado a cada partido, que se elegirán entre los concejales o alcaldes. Finalmente, el Pleno de diputados provinciales será en tercera instancia el encargado de elegir al presidente de la Diputación.
Por tanto, en la práctica, la probabilidad de conocer al candidato a presidir la institución provincial y quiénes, en su caso, están llamados a formar parte del gobierno provincial es casi tan remota como la de saber a qué partido judicial pertenece nuestro municipio. En este caso, además, no solo por la incertidumbre siempre existente sobre los resultados electorales, sino porque los candidatos se escogen con posterioridad al escrutinio.
Un problema adicional estriba en que los partidos judiciales no son actualmente una circunscripción electoral que se ajuste realmente al asentamiento de la población en el territorio, y eso provoca una distorsión significativa a la hora de repartir escaños. Al asignar un escaño a cada uno de ellos, independientemente de la población, se produce por un lado, una sobrerrepresentación de los partidos judiciales con una población muy reducida y una infrarrepresentación (relativa) de los grandes municipios. Aun así, la paradoja consiste en que aquellos municipios que recurren muy poco o nada a la Diputación Provincial para demandar asistencia técnica o cooperación, como son las capitales de provincia y los municipios mayores, son los que al final acaban determinado la composición de la Diputación Provincial. leer+

sábado, 16 de mayo de 2015

Ya se puede pedir cita previa desde el teléfono 060 para obtener o renovar el DNI y el pasaporte

Se espera que en el año 2015 se atiendan por este canal más de 3 millones de llamadas para solicitar o renovar el DNI y el Pasaporte
 
 
Teleprensa.- La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Dirección General de la Policía han firmado, el pasado 20 de abril de 2015, un acuerdo de colaboración para la prestación de los servicios de atención telefónica en materia de cita previa para la obtención del DNI y Pasaporte, a través de la plataforma de telefonía 060.
 
El servicio esta operativo desde el de 30 de abril, de forma que marcando el número 060, se puede acceder al servicio para solicitar, anular o consultar citas o simplemente pedir información sobre la documentación necesaria para la obtención de dichos documentos. Estos servicios también podrán ser obtenidos temporalmente marcando el teléfono 902 247 364.
 
Se espera que en el año 2015 se atiendan por este canal más de 3 millones de llamadas para solicitar o renovar el DNI y el Pasaporte, que se sumarán a los 4 millones de llamadas anuales que ya se reciben actualmente a través de la infraestructura 060, en materias como tráfico, empleo público, extranjería, directorio de las Administraciones Públicas e información general.
 
La extensión del servicio de atención telefónica 060 es una de las medidas que ha puesto en marcha la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, (CORA) para posibilitar que los ciudadanos no tengan que recordar el número de atención concreto para cada gestión con la Administración y obtengan un mejor servicio tanto en tiempo de respuesta como en calidad de la información. La Administración también se ve favorecida al prescindir de infraestructuras de telefonía y servicios de atención específicos.