miércoles, 13 de noviembre de 2019

Profesores low cost: cómo las universidades sobreviven con mano de obra barata

Curso 2017-2018: 43.460 de los 98.173 profesores del sistema universitario público español no tenían una vinculación permanente con la institución académica para la que trabajaban

Revista de prensa. El Mundo.- Hazte profesor universitario, tendrás un buen trabajo, bien remunerado y de por vida. Dar clase en una universidad pública española fue siempre uno de esos sueños típicos que cualquier madre invoca para sus hijos.

El estatus social del docente y la posibilidad de encaramarse a la intocable función pública hacían de esta profesión un futuro deseable. Sin embargo, muchos de esos atractivos se han desdibujado en los últimos 15 años como consecuencia de la crisis, el escamoteo de plazas de profesor funcionario por los recortes y la proliferación de contratos laborales, temporales y a tiempo parcial.
Una de las figuras que más ha sufrido esa precarización es la de los profesores asociados, creada en la Ley Orgánica de Universidades (2001) como una vía para que todo tipo de profesionales arrimaran el hombro en la formación de los universitarios, pero que ha acabado convertida en leña para mantener en movimiento la locomotora académica. "Se ha pervertido plenamente el espíritu de la figura y se ha convertido en un profesor barato que saca adelante cada vez más docencia por muy poco dinero", denuncia Manuel Benítez, que lleva 17 años trabajando como profesor asociado en la Universidad de Alicante y preside la Plataforma de Profesores Asociados de dicha institución.

Lo cierto es que la diferencia salarial de este colectivo respecto a figuras funcionariales como las de catedrático y profesor titular son significativas. "Un asociado cobra entre 300 y 750 euros al mes, según las estimaciones que hemos recopilado a nivel nacional", explica Isabel de la Cruz, presidenta de la Plataforma Estatal que han creado estos docentes.

Mientras, un catedrático puede ganar entre 40.000 y 80.000 euros y un titular entre 30.000 y 60.000 euros, dependiendo de un sinfín de complementos, trienios, quinquenios, sexenios... aunque en estos casos a la docencia se añade la actividad investigadora que no tienen los asociados.

"No es verdad que esté creciendo tanto el profesorado asociado porque sea una figura menos costosa, sino porque actualmente es imposible incrementar el permanente", afirma Ernest Cano, secretario ejecutivo de la sectorial de profesorado de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

"Desde el año 2012 [con el Real decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo], o incluso antes, nos hemos encontrado con dificultades por la tasa de reposición de funcionarios mientras seguían creciendo las necesidades docentes", añade el también vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Valencia.

Desfuncionarización
La consecuencia ha sido una desfuncionarización que va más allá de la epidemia de asociados. Así, el profesorado contratado (no sólo los asociados, sino otras figuras alternativas a las de catedrático y profesor titular, como el ayudante, el contratado doctor o el visitante) creció cinco puntos porcentuales entre 2008 y 2014 para pasar del 39,99% al 44,71% del total.

Ya en el curso 2017-2018, 54.614 miembros del personal docente e investigador (PDI) estaban vinculados a la Universidad por esa vía no funcionarial. Ello supondría un 55,63% del total, aunque habría que hacer la equivalencia a tiempo completo de esos contratos para saber si los campus españoles exceden el 49% que la ley de universidades vigente (la Lomlou) establece como máximo para estas figuras.

Dos de los principales expertos nacionales en gerencia y directores del informe estadístico bienal de la CRUE, Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, hicieron esa traducción hace unos años y concluyeron que nueve universidades superaban el máximo de profesores contratados ya en 2008, antes de que se notaran los efectos de los recortes y las restricciones para la contratación (la Pablo de Olavide alcanzaba un 76,75% ese año); y otras nueve se les habían sumado hacia 2014.

Es decir, 18 universidades vivían al margen de la ley: Pompeu Fabra, Girona, Autónoma de Barcelona, Miguel Hernández, Rey Juan Carlos, Pablo de Olavide, Castilla-La Mancha; Rovira i Virgili y las universidades de Barcelona, Islas Baleares, Extremadura, Alcalá y Alicante. Y la situación sólo ha empeorado en estos cinco años.

Temporales
Igualmente, en el curso 2017-2018, casi la mitad del profesorado de las universidades públicas del país estaban contratando de forma temporal. Concretamente, 43.460 de los 98.173 profesores del sistema universitario público no tenían una vinculación permanente con la institución académica para la que trabajaban.

Lo peor no es que sea alta la proporción de contratos temporales, con un 44,27%. Ni siquiera que esté por encima del límite legal del 40% establecido en la Lomlou. Lo peor es que hay universidades como la Rovira i Virgili (66,45%), la Carlos III de Madrid (62,97%), la de las Islas Baleares (60,37%) y la de Lleida (60%) en las que al menos seis de cada 10 profesores son temporales.
Pero, sin duda, la situación más fraudulenta es la de los asociados, una figura con la que se pretende aprovechar en la docencia universitaria los conocimientos y la experiencia de "especialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario". Un requisito recogido en el artículo 53 de la Lomlou que cada vez se cumple menos.

"Hay multitud de docentes jóvenes y no tan jóvenes a los que se les dijo en su día que metieran la cabeza en la Universidad como asociados y que ya irían evolucionando, pero que años después siguen en la misma situación", describe Benítez, que denuncia cómo "muchos se dan de alta como falsos autónomos para que parezca que tienen otro trabajo y poder acceder a la nómina de 600 euros como asociados".

En cambio, sí se cumplen a rajatabla los requisitos del artículo 53 de que esos contratos sean "de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial" y su duración sea "trimestral, semestral o anual» renovable «por períodos de igual duración". Es decir, condiciones de precariedad absoluta si no son más que el complemento a otra ocupación preferente.

"Hay una parte de los asociados que tienen otro trabajo en el sector público e incluso son profesores de secundaria o de magisterio. Se puede mejorar su reconocimiento económico, pero no hay por qué asumir que estos profesores están en una situación precaria", sugiere Ernest Cano. "Otra parte viene del sector privado y en muchos casos lo que precarizó la crisis no fue su situación en la universidad, sino la de su otra ocupación", añade.

Un planteamiento que no sienta nada bien entre las plataformas de profesores asociados. "Ese argumento es ridículo, casi insultante", estalla indignada Isabel de la Cruz. "La mayoría de los asociados están en una situación precaria e incluso dados de alta como falsos autónomos, pero aunque no fuera así, eso no justificaría que cobren una miseria por su trabajo".

Según cálculos de la plataforma estatal que preside, si se cuentan todas las horas que dedican a preparar clases y corregir prácticas y exámenes, cada hora trabajada les saldría a 4,83 euros. "Si tienes que dejar a los niños con un canguro para trabajar, te cobra más", lamenta.

Soluciones
¿Y cuál podría ser la solución a este problema a medio o largo plazo? Para la CRUE, en palabras de Ernest Cano, este fraude generalizado se solucionaría con "una mejor financiación de las universidades y la aprobación de un marco jurídico más adecuado para la gestión de personal que permita hacer una planificación estructural de las plantillas". Esa última es una tarea que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades estaba acometiendo como parte de la elaboración de un inacabado estatuto del PDI.

Por su parte, la plataforma estatal reclama tres medidas, como recuerda De la Cruz: "Anular el artículo 53 para que no se vean obligados a darse de alta como autónomos"; "que se facilite la promoción a otras figuras" y "que se permita suscribir contratos de tres años" para que al menos puedan colaborar en proyectos de investigación plurianuales.

Esta última reclamación tiene que ver con una situación que explica por qué la figura de profesor asociado es un pozo sin fondo del que es muy difícil salir. "Como se supone que no tenemos perfil investigador, no nos dan ayudas para investigar, pero tampoco podemos acceder a grupos con proyectos plurianuales porque nuestros contratos son, como máximo, anuales", explica Manuel Benítez.

"Y es la pescadilla que se muerde la cola, como somos asociados no podemos investigar y si no investigamos no hacemos méritos para ser asociados. Ése es el círculo vicioso (y fraudulento) de la precariedad que ha permitido a las universidades sacar adelante su carga docente los últimos 20 años.

martes, 12 de noviembre de 2019

Sigamos hablando del personal interino/temporal en el empleo público. A propósito de la sentencia de la AN (C-A) de 4 de noviembre de 2019 y la obligación de opositar.

Por Eduardo Rojo. Post Sigamos hablando del personal interino/temporal en el empleo público. A propósito de la sentencia de la AN (C-A) de 4 de noviembre de 2019 y la obligación de opositar.

1 Los últimos datos disponibles en el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, a 1 de enero de este año, nos dan cuenta de 2.578.388 personas al servicio de las Administraciones Públicas, de las que 1.460.831 son personal funcionario, 603.439 personal laboral y 514.118 “otro personal”, con especial impacto del segundo y tercer colectivo en las Administraciones autonómicas y locales (126.849 y 429.614 las primeras, 312.726 y 64.554 las segundas). La tipología de personal utilizada, y que toma evidentemente como punto de referencia la que consta en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, incluye, además de al personal funcionario de carrera, el personal estatutario de los servicios de salud y el personal laboral, el ya citado “otro personal”, en el que se incluye, en su gran mayoría el personal funcionario interino, es decir “el que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, es nombrado como tal para el desempeño de funciones propias de personal funcionario de carrera, cuando se dé alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 10 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público”. 

Era lógico pensar, y así ha ocurrido efectivamente, que el personal interino se movilizara en defensa de aquello que considera su derecho a la estabilidad en el empleo cuando no se ha dado cumplimiento a la normativa administrativa sobre oferta de empleo público o bien cuando se ha mantenido a la persona afectada en tal condición de interinidad durante muchos años, sin que se haya acordado bien la amortización de la plaza ocupada bien su salida a concurso (no es infrecuente el supuesto de personas que llevan más de una década en tal situación).

Cuestión distinta, ciertamente, a la par que conflictiva jurídicamente, es cómo se cohonestan las peticiones formuladas de alcanzar la estabilidad, básicamente a través de la vía del concurso de méritos previsto excepcionalmente en el art. 61.6 del EBEP (“Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”), con la regla general constitucional del art. 23 de la Constitución y plasmada después en la normativa legal citada, es decir que los ciudadanos “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”. 

2. El 14 de septiembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó tres sentencias relativas a conflictos jurídicos sobre la extinción de las relaciones de trabajo en el empleo público, que cambiarían, al menos a mi parecer y casi me atrevo a afirmar que de la gran mayoría de quienes conocen aquel, la regulación de la extinción de las relaciones de trabajo en la función pública para el personal no fijo o que no tenga la condición de funcionario de carrera.

Es cierto, conviene señalarlo, que con anterioridad el TJUE ya había dictado varias sentencias y  autos de indudable interés, y afectación, a las relaciones de trabajo del personal contratado temporal o con nombramiento funcionarial interino, que versaban sobre la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación entre personas que prestan sus servicios en virtud de una relación jurídica de duración determinada y aquellas que tienen una relación contractual indefinida, al dar respuesta a distintas cuestiones prejudiciales planteadas por juzgados y tribunales de los Estados miembros sobre la interpretación de las cláusula 4.1 del Acuerdo marco suscrito por los agentes sociales europeos ( Unión de confederaciones de la industria de la Europea (UNICE),  Centro Europeo de la empresa Pública (CEEP) y Confederación europea de Sindicatos (CES),   el 18 de marzo de 1999 sobre el trabajo de duración determinada, que se incorporó como anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999.

Las sentencias y autos del TJUE versaban , y siguen versando ya que con posterioridad se han dictado varios más que abundan en la misma línea, sobre condiciones de trabajo durante la prestación de servicios y ponían el acento en la necesidad de prestar especial atención al respeto del principio de no discriminación por razón de la duración de la relación de servicios, ya que lo importante es el contenido de la prestación, de tal manera que la diferencia de trato solo estaría justificada cuando existiera una razón objetiva debidamente acreditada.

He dicho en más de una ocasión, y ahora aprovecho para reiterarlo, que las y los magistrados del TJUE difícilmente podían imaginar que deberían conocer de tantos litigios sobre dicha Directiva y el Acuerdo Marco, y desde luego mucho menos que un número importante de los litigios vendrían de las cuestiones prejudiciales planteadas por juzgados y tribunales españoles, tanto del orden jurisdiccional social como del contencioso-administrativo.

Y si para muestra vale un botón, es decir para confirmar que no decaen dichas cuestiones prejudiciales, cabe citar el auto dictado el 15 de octubre (asuntos acumuladosC-439/18 y C-472/18) sobre cómo debe computarse la antigüedad para las y los trabajadores fijos discontinuos a fin y efecto de evitar una discriminación con respecto al personal que presta sus servicios a tiemplo completo. El citado auto resuelve dos cuestiones prejudiciales planteadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en la que falla que “que la cláusula 4, puntos 1 y 2, del Acuerdo Marco y el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2006/54 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa y a una práctica empresarial nacionales, como las controvertidas en los litigios principales, conforme a las cuales, en el caso de los trabajadores fijos discontinuos, solo se computan, a efectos del cálculo de la antigüedad requerida para poder percibir trienios en concepto de complementos retributivos, los períodos efectivamente trabajados, excluyéndose por tanto los períodos en los que no se ha trabajado, mientras que esta normativa y esta práctica no se aplican en el caso de los trabajadores a tiempo completo”.

Estudio exhaustivo y ponencia
Un estudio exhaustivo tanto de las cuestiones prejudiciales como del auto ha sido efectuado por el profesor Ignasi Beltrán de Heredia en su artículo Discriminación en el cálculo de la antigüedad para trienios de trabajadores fijos discontinuos (ATJUE 15 deoctubre de 2019, C-439/18 y C-472/18, AEAT)”, a cuya atenta lectura me permito remitir a todas las personas interesadas.   

 Igualmente, y sobre la temática abordada en la presente entrada, es del todo punto recomendable la lectura de su muy riguroso ponencia, presentada el 22 de octubre en el marco del seminario de relaciones colectivas de la Federación de Municipios de Cataluña, sobre “La transformación automática del personal laboral/temporal interino en personal fijo como consecuencia deuna utilización abusiva de las relaciones de trabajo por tiempo determinado enel sector público: una perspectiva desde el ordenamiento jurídico laboral”.

Y aún mucho más importante serán las cuestiones prejudiciales planteadas por diversos juzgados de lo contencioso-administrativo (JCA) de Madrid sobre las posibles irregularidades en la prestación de servicios de personal estatutario y funcionario interino, y cuáles han de ser las consecuencias jurídicas de haberse vulnerado la normativa de aplicación. Aun cuando soy del parecer que después de las sentencias que dicte el TJUE la historia no finalizará, al menos hasta que se produzca una modificación de la normativa de empleo público que trate de evitar, en cumplimiento de la jurisprudencia del TJUE y en aplicación del art. 4bis,1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que siga existiendo una importante litigiosidad judicial, aun cuando no es menos cierto que, al menos en el ámbito laboral, esta ha desaparecido sustancialmente a partir de la sentencia dictada por el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) el 13 de marzo de 2019, resolviendo un recurso de casación para la unificación de doctrina RCUD) interpuesto por la abogacía del Estado contra una sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) y que motivó la presentación de una cuestión prejudicial por aquel ante el TJUE y que dio lugar a la importante sentencia de 21 de noviembre de 2018.  

Una problemática muy importante es la de un ámbito muy concreto de la relación de trabajo, aquel que se produce justamente porque se llega, por diversos motivos, a su finalización, y señaladamente porque se cumple el requisito marcado, en principio, por la normativa vigente cuando es una relación de duración determinada. Me estoy refiriendo, como es fácil deducir, a la extinción de la relación de una persona que ha sido contratada temporalmente con un contrato de interinidad para sustituir a otra con reserva de puesto de trabajo o bien para ocupar una plaza que está vacante y que ha de salir a concurso; o bien, la extinción de una prestación de servicios que tiene un nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionario interino y para el que la normativa de aplicación tanto en el ámbito estatutario como en el más general del empleo público fijan unas reglas estrictas en cuanto a su justificación y el periodo de duración o causa que dé lugar a la extinción.

Es decir, están en juego normas de carácter laboral, la Ley del Estatuto de los trabajadores (LET) , de la función pública, el Estatuto Básico del Empleo Público (EBEP), y de la “relación funcionarial especial” en el ámbito estatutario, el Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. Se trata, en definitiva, de analizar cuándo una extinción es conforme a derecho y, en caso de que no lo sea, cuáles son los “remedios” que el ordenamiento jurídico, comunitario y español, prevén para no tratar a una persona que prestaba servicios de duración determinada (sea cual fuera dicha duración) de manera desigual no justificada, discriminatoria, con respecto a un trabajador estable con el que pueda efectuarse la comparación. Las palabras “fijeza”, “indemnización”, “indemnizaciones”, aparecen ya como punto de referencia para las resoluciones judiciales, aunque no lo es menos que también surgen inmediatamente las de “concurso”, “igualdad”, “mérito”, y “publicidad”, a modo de puzle o crucigrama en el que todas las piezas, o palabras, deben encontrar acomodo y cobertura jurídica. La cuestión no es de menor importancia como es bien sabido, por el elevado número de personal temporal que presta sus servicios en las Administraciones Públicas españolas, muy en especial en primer lugar en las locales y en segundo término en las autonómicas, como he indicado con anterioridad, cabiendo recordar aquí además que las competencias en materia de sanidad y educación, ámbitos en los que existe el mayor número de personal temporal están transferidas a las autonomías.

3. Vienen a cuento todas estas reflexiones generales a propósito de la importante sentencia dictada muy recientemente, el 4 de noviembre, por la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de la que fue ponente el magistrado Luis Helmuth Moya. La importancia de la resolución judicial, que sin duda será recurrida en casación, radica en que desestima el recurso interpuesto por la Asociación Interinos y Laboral el 5 de mayo de 2017 contra el Acuerdo para la mejora del empleo público, suscrito el 29 de marzo del mismo año por el Ministro de Hacienda y Función Pública y los sindicatos CC.OO, UGT y CSI-F.

Vayamos por partes y analicemos todo el contenido del litigio. Encuentra justamente su origen, como queda indicado, en el citado acuerdo, que acordó una amplia oferta de empleo público que se plasmaría en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como también una amplia batería de medidas a los efectos de reducción del empleo temporal en el ámbito público, que también deberían ser recogidas en la LPGE. Y en efecto, así sucedió (vid art. 19, sobre la oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal, la disposición adicional 26ª sobre limitaciones a la incorporación de personal laboral al sector público, y la disposición adicional 34ª sobre exigencia de responsabilidades en las Administraciones Públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización de la contratación laboral).

4. El recurso c-a se interpuso contra el citado Acuerdo, y según podemos conocer en el antecedente de hecho segundo de la sentencia de la AN, la parte recurrente solicitó la declaración de su nulidad “por no haber sido publicado y ser ineficaz, y no tener el Ministro de Hacienda y Función Pública facultades para obligarse en nombre del Gobierno ni haber sido sometido a previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado”.

Respecto al contenido del acuerdo, y con alegación de los motivos que justificarían un pronunciamiento a favor de la parte demandante, se argumentó que se discriminaba “al personal interino que ha prestado durante mucho tiempo servicios para la Administración, a quien se le impone superar una fase de oposición para el acceso a la función pública como funcionario de carrera”, y que lo mismo ocurría con “el personal indefinido no fijo, contratado antes del 1 de enero del 2005, en tanto que se obliga a incluir en la oferta de empleo público todas las plazas ocupadas por este personal, y se fija como sistema de selección el concurso-oposición”. También se reclamaba “una indemnización para aquellos empleados indefinidos no fijos que no obtengan plaza en las respectivas convocatorias de provisión de los puestos que ocupan”, y se denunciaba que “no existe relación de puestos de trabajo ni catálogos actualizados”. Más adelante, en el fundamento de derecho tercero de la sentencia tenemos mayor conocimiento del contenido del escrito, en cuanto que solicita que para el personal interino de larga duración “se prevea un concurso específico de méritos sin oposición”, y respecto a las plazas ocupadas por el personal indefinido no fijo que “no sea incluidas en las primeras ofertas públicas de empleo”.

Más adelante, la parte actora solicitó que el recurso se ampliara a la Ley 3/2017 de PGE (vid art. 36 LJCA: “Si antes de la sentencia se dictare o se tuviere conocimiento de la existencia de algún acto, disposición o actuación que guarde con el que sea objeto del recurso en tramitación la relación prevista en el artículo 34, el demandante podrá solicitar, dentro del plazo que señala el artículo 46, la ampliación del recurso a aquel acto administrativo, disposición o actuación”) por entender que el acuerdo de 29 de marzo había llevado a la aprobación de la oferta de empleo público plasmada en dicha norma, “siendo la impugnación (al acuerdo) el que ha dado lugar a la incoación de estos autos”.  

5.- En un primer momento, la AN, por auto de 19 de diciembre de 2017, se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Sala C-A del Tribunal Supremo. En dicho auto se justificaba la declaración de incompetencia en los siguientes términos: “Habiéndose interpuesto el presente recurso jurisdiccional respecto del "Acuerdo para la mejora del Empleo Público", alcanzado entre el Gobierno de España, representado por el Ministro de Hacienda y Función Pública, y los Sindicatos firmantes, y estando atribuida a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la competencia para conocer de los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno [ art. 12.1 LJCA ], procede declarar la inadmisión del recurso planteado ante este órgano judicial [ art. 51.1 a) LJCA ], y la remisión de las actuaciones a la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, para que siga ante la misma el curso de los autos, adjuntando exposición razonada, y estando a lo que el Alto Tribunal resuelva [ art. 7.3 LJCA ]”.

El alto tribunal no aceptó la competencia para conocer del asunto y devolvió las actuaciones a la AN por auto de 19 de abril de 2018, (rec. 1/2018) del que fue ponente el magistrado Luis María Diez-Picazo. Primeramente, se recuerda que el acto político está sometido al ordenamiento jurídico y por consiguiente es susceptible de control jurisdiccional ex arts. 1 y 2 a) de la Ley de la Jurisdicción C-A, disponiendo el segundo precepto citado que “El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con: a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos”.

Respecto al órgano competente para conocer del asunto, el TS considera que es la AN de acuerdo a lo dispuesto en el art. 11.1 a) de la LJCA (“La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia: a) De los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera…”), basando su tesis en que la firma del Ministro de Hacienda y Función Pública en el acuerdo no implicaba, aunque lo suscribiera “en representación del Gobierno de España”, que hubiera sido adoptado por el Consejo de Ministros o por una comisión delegada, supuestos para los que sí se residencia la competencia para conocer de su conformidad a derecho ante el TS según el art. 12.1 a).

6.- Una vez recibido el auto del TS, la AN dictó providencia el 4 de mayo de 2018 por la que acordó asumir la competencia para conocer del litigio y reanudar su tramitación, no aceptando la ampliación del expediente solicitada.

El 17 de mayo la parte recurrente presentaba demanda por vulneración de derechos fundamentales y solicitaba la adopción de medida cautelar consistente en “la paralización de las ofertas de empleo y convocatorias que se validen en atención al Acuerdo de 29 de marzo y la Ley de Presupuestos de 2017. En su amplia argumentación se expuso que el acuerdo era nulo “tanto en la forma como en el fondo”, y que perjudicaba a “700.000 trabajadores”, que no produciría perjuicio ni para la Administración ni para las y los potenciales opositores, ya que “se sigue prestando servicio por parte del personal que actualmente lo realiza. En este sentido, el posible perjuicio que se le pueda causar al nuevo opositor, queda garantizando, ya que las solicitudes y pago de las tasas queda en depósito de la Administración y en sus archivos, por ello cuando se retomen las oposiciones y convocatorias, con la garantía de estar legalmente realizadas, no se perjudicaría a nadie ya que se mantendrían los derechos a examen y estos se desarrollarían con plena vigencia y aplicación de los principios de legalidad y seguridad jurídica que debe tener la Administración”.

Sí por el contrario, siempre según el parecer de la parte recurrente, se produciría un perjuicio irreparable si se convocaran y celebraran las OPE a los trabajadores en situación temporal de larga duración, por estar pendientes de resolución sentencias del TJUE sobre cuestiones prejudiciales planteadas por diversos juzgados C-A de Madrid que se pronuncian por la fijeza de la relación jurídica mantenida con la Administración por dicho colectivo.

La tesis de la parte recurrente respecto al fondo del asunto, aun cuando se este plasmando en un escrito por el que se solicita adopción de medida cautelar, es que el trabajador temporal devendría indefinido cuando su relación jurídica se extendiera más allá de los tres años, con una “llamada de atención” a la Administración, al exponer que el mantenimiento del status quo, al menos hasta que el TJUE se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales “… ahorraría incluso posibles demandas a la Administración por daños y perjuicio por funcionamiento anormal de la Administración, puede producir alteraciones…”.

La AN desestimó lapetición de la medida cautelar solicitada, por auto de 21 de mayo de 2018, por considerar que no se daban los requisitos requeridos por el art. 135 LJCA para su concesión, es decir no darse “la concurrencia de circunstancias de especial urgencia”. Tras examinar el contenido del escrito de la parte recurrente y la motivación de la solicitud, la AN concluye que no se acredita la concurrencia de aquella, ya que la petición formulada, basada en que “…se está perjudicando en estos términos a 700.000 trabajadores”, o que “si se admite la medida cautelar de paralización de efecto de este acuerdo, podremos evitar que se puedan convocar más ofertas y convocatorias dimanantes de la Ley de Presupuestos cuyo art. 19 está amparado en este acuerdo”, estaba planteada, en relación con el periculum in mora alegado, “en términos genéricos e indeterminados …. (que) no permiten considerar que resulte inexcusable resolver inaudita parte y de forma urgente sobre la adopción de las medidas cautelares solicitadas”.

Finalmente, tras el preceptivo trámite de remisión del escrito de demanda a la Administración y a los sindicatos firmantes del acuerdo como codemandados, habiéndose opuesto a aquella, las actuaciones finalizaron el 25 de marzo y la votación y fallo por la Sala se produjo el 29 de octubre.

Fundamentación jurídica
7.- La fundamentación jurídica de la sentencia es breve pero muy contundente en cuanto al rechazo de la tesis defendida por la parte recurrente, de la que se afirma, en concreto sobre la situación jurídica del personal interino de larga duración, que no tiene “ninguna base jurídica su pretensión” de quedar eximidos de someterse a “pruebas objetivas de evaluación de sus conocimientos”.

Sustenta esta tesis, tanto en el marco normativo vigente (art. 61.6 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: “Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”) y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del TS, trayendo a colación la STC núm. 111/2014, de 26 de junio de 2014de la que fue ponente el magistrado Fernando Valdés Dal-Re, ya citada por la abogacía del Estado en su escrito de alegaciones oponiéndose a la demanda.  

De dicha STC, que se remite a jurisprudencia anterior, y abundante, del propio tribunal, reproduzco unos fragmentos de especial importancia para la resolución del presente litigio:
El art. 23.2, en relación con el 103.3 CE, veda toda restricción injustificada de las condiciones de acceso, a lo que se opone la integración automática de determinados grupos en la función pública [SSTC 302/1993, de 21 de octubre, 73/1998, FJ 3 a), y 103/2009, FJ 3]. En términos de la STC 302/1993, “[e]s patente que el mandato de integración automática, sin efectuar pruebas objetivas de reclutamiento, aunque fueran específicas o de turno restringido, traspasa los límites impuestos, para la racionalización de las Administraciones públicas, en la Disposición transitoria sexta de la Ley de Medidas de la Función Pública, que permite convocar ‘pruebas específicas’ en ciertos casos y con las limitaciones temporales allí señaladas, pero en modo alguno habilita a una integración automática que erija la antigüedad de los servicios prestados a la Administración en título único y excluyente de otros que legitime el acceso a la función pública, precepto legal que, como se dijo en la reseñada STC 151/1992, posee carácter básico en cuanto configura una excepción a la regla general recogida en el art. 19.1 de la Ley para el reclutamiento de los funcionarios por pruebas públicas, libres y objetivas” (FJ 3).

La referida conexión con los arts. 23.2 y 103.3 CE se proyecta concretamente sobre la valoración de la previa prestación de servicios a la Administración. Este Tribunal ha reconocido que “la consideración de los servicios prestados no es ajena al concepto de mérito y capacidad, pues el tiempo efectivo de servicios puede reflejar la aptitud o capacidad para desarrollar una función o empleo público y, suponer además, en ese desempeño, unos méritos que pueden ser reconocidos y valorados” [SSTC 67/1989, de 18 de abril, FJ 3, y 107/2003, de 2 de junio, FJ 5 b)]. Pero no puede llegar a convertirse en un requisito que excluya la posibilidad de concurrencia de terceros, ni tener una dimensión cuantitativa que rebase el “límite de lo tolerable” [SSTC 67/1989, FFJJ 3 y 4; 185/1994, FJ 6, y 73/1998, FJ 3 b)]. Por ello dijimos en la STC 38/2004, de 11 de marzo, que serían admisibles unas pruebas de acceso a la función pública de personal laboral fijo “cuya excepcionalidad cabría entender que consistiría en la previsión de que se valorasen los servicios efectivos prestados como personal laboral y las pruebas selectivas superadas para acceder a tal condición, pero que no quedaría excluida de raíz la concurrencia de otras personas que no hubieran prestado aquel tipo de servicios” (FJ 4; en el mismo sentido, ATC 68/2012, de 17 de abril, FJ 3).

Por el contrario, resulta inconstitucional la previsión de unas pruebas de acceso restringidas a quienes “tuvieran la condición de personal laboral fijo. Es cierto que al regular el contenido de las pruebas selectivas se distingue entre quienes pudieran acreditar que ingresaron como personal laboral fijo mediante la superación de pruebas selectivas convocadas con arreglo a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y quienes no pudieran probar que habían accedido a su condición laboral de tal forma, pero también lo es que resultan excluidos de la posibilidad de participar en tales pruebas los que no estén previamente unidos a la Administración por un vínculo laboral fijo trabado como consecuencia de haber concurrido a convocatorias anteriores a la entrada en vigor de la referida ley. Dicho de otro modo, quedan excluidos los ‘aspirantes libres’ que no prestan servicios como personal laboral fijo, entre quienes se encuentran incluso los funcionarios interinos” (STC 38/2004, FJ 5).

Ni siquiera la promoción interna de quienes ya son funcionarios de carrera excluye el juego de “los principios de mérito y capacidad en el acceso a la función pública que la Constitución consagra en su art. 103.3, principios que concretan y articulan el genérico juicio de igualdad en esta materia consagrado por el art. 23.2. La promoción interna de los funcionarios a través del trabajo no puede confundirse con una patente para excluir la vigencia de estos preceptos constitucionales ni siquiera temporal y excepcionalmente, puesto que nada permite al legislador estatal o autonómico transgredir los límites que la Constitución impone a su libertad de configuración normativa y menos cuando está en juego un derecho con rango de fundamental como es la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a las funciones públicas (art. 23.2 de la Constitución). Igualdad de trato que en el Estado de Derecho constituye, desde la perspectiva institucional, uno de los fundamentos objetivos del orden jurídico que aquél reclama, en cuanto es un ineludible corolario de la igualdad ante la Ley, frente a los sistemas vigentes en organizaciones históricas anteriores, donde eran frecuentes toda clase de restricciones por diversas causas e, incluso, la compraventa y patrimonialización de los oficios públicos” (STC 302/1993, FJ 2)”.

8.- También será contundentemente desestimada la petición de que  las plazas ocupadas por personal indefinido no fijo, según sentencia judicial, no fueran incluidas en las primeras ofertas públicas de empleo, ya que, con base en la jurisprudencia del TS, aun cuando no sea citada expresamente resolución alguna, dicho personal puede permanecer en su puesto de trabajo “mientras no sea cubierto por alguno de los sistemas de provisión de puestos de trabajo”, y “no se les garantiza un tiempo determinado de permanencia”.

Finalmente, la Sala no entrará en el examen de las pretensiones de concesión de indemnizaciones al personal indefinido no fijo “que no consolide su puesto de trabajo”, ni tampoco sobre la inexistencia de relación y catálogo de puestos de trabajo, por considerar que “son cuestiones completamente ajenas al presente pleito”.

9. Concluyo. Sin duda, y esta vez estoy seguro de que mis dosis de pitoniso jurídico no fallarán, seguirá habiendo polémica jurídica y social sobre el personal interino, en el sentido más amplio del término, que presta servicios en las Administraciones Públicas.

Si para muestra vale un botón, basta acudir al reciente acuerdo alcanzado en el seno de la Diputación de Barcelona con las secciones sindicales de  CCOO, UGT y I-CSC sobre la ejecución de las ofertas de empleo público en el marco del Plan de actuación en materia de empleo (PAMO), en el que se manifiesta la voluntad de acordar criterios generales “que permitan la consolidación y estabilización del personal interino que presta servicios en la Diputación de Barcelona”. Voluntad y concreción, que quedan a la espera de conocer la sentencia que en su día dicte el TJUE sobre una de las cuestiones prejudiciales planteadas respecto a la posible “adquisición de fijeza” del personal interino de larga duración, al mismo tiempo que se acuerda que “mientras se produce este pronunciamiento, y una vez constituida la mesa general de negociación se inicie en el seno de la misma una reflexión conjunta sobre esta materia

lunes, 11 de noviembre de 2019

La problemática de los contratos menores y alternativas a los mismos

or Víctor Almonacid y Pilar Batet.- Nosoloaytosblog.- valmonacid Contratos menores. Quién los ha visto y quién los ve… Nuestro criterio es tratar de evitarlos a través de una mayor planificación de las necesidades y de figuras como las centrales de compras. Muchos meses después de la LCSP de 2017, todavía se discuten cuestiones relativas a nuevo régimen jurídico formal. Esto debería ser interpretado en el sentido teleológico y “europeo” que en el fondo lo impregna, lo cual nos debería llevar a una menor utilización de la contratación menor; y por supuesto a su total transparencia, que a la postre es transparencia en la gestión, ya que los contratos menores (y sus alternativas, que a continuación veremos) son “contratos de gestión”.

En todo caso este tipo de contratos tienen especial relevancia en la Administración Local, habida cuenta de que los pequeños Ayuntamientos presentan necesidades modestas que realmente podrían solventarse contratando obras, servicios y suministros de precio inferior a los umbrales que definen el contrato menor, incluso a pesar de que en la actual LCSP estos se rebajan a 40.000 euros en obras y 15.000 en el resto de contratos. No obstante la propia Ley exige control, tramitación, publicación y rendición de cuentas sobre estos contratos, a pesar de su pequeño importe. ¿Le parece incómodo? Pues estudie alguna de las alternativas (legales) al contrato menor… Una vez más tengo el placer de poder publicar en este blog una colaboración de una grandísima experta en la materia, mi amiga Pilar Batet Jiménez (Jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras en la Excma. Diputación Provincial de Castellón y bloguera de “La parte contratante):

Alternativas al contrato menor (por Pilar Batet)
Añadir leyendaPilar Batet y Víctor Almonacid
en la gala de entrega de reconocimientos d
el Congreso Nacional de Contratación
 Electrónica (CNCE) de 2017.

El contrato menor como procedimiento extraordinario que es, debe ser sustituido en la medida de lo posible por procedimientos en los que haya concurrencia competitiva.

La actual ley de contratos, ha regulado en el art. 159.6 un procedimiento abierto simplificado sumarísimo para contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros y contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros, con una tramitación más rápida, con menos trámites y que está destinado a absorber a aquellos contratos que pudiendo ser menores por su cuantía, sean reiterados anualmente o puedan ser planificados.

Un contrato menor es contrario a derecho si el órgano de contratación, en el momento de iniciar su tramitación, puede tener conocimiento cierto, aplicando los principios de programación y buena gestión, de la necesidad de contratar una prestación perfectamente definida, que responde a una necesidad continuada en el tiempo, dentro de una misma anualidad o año tras año, y sin embrago, se tramita en diferentes contratos menores, eludiendo las normas de publicidad y procedimiento (Informe 4/2010, JCCA Islas Baleares e Informe de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, de 14 de junio de 2013).

Otra posibilidad que tienen los poderes adjudicadores es utilizar los sistemas para la racionalización de la contratación pública, y los entes y entidades más pequeñas, pueden adherirse a las Centrales de Contratación, ya sean provinciales, autonómicas, la estatal, la de la FEMP o de otras Administraciones. Las Centrales de compras se conceptúan como servicios especializados que actúan adquiriendo suministros y servicios para otros entes del sector público, o adjudicando contratos o celebrando acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición para la realización de obras, suministros o servicios (art. 227 LCSP). Los poderes adjudicadores podrán estar adheridos de forma genérica a distintas Centrales de Contratación, aunque únicamente podrán adherirse a una de ellas para cada contrato concreto.

Sin embargo, el contrato que más útil me parece para evitar realizar contratos menores, es el de suministro o de servicios en los que el empresario se obliga a entregar una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de la Administración. De esta forma y dependiendo del tipo de Administración se pueden afrontar algunos contratos como el de suministro de material de escritorio-oficina, materiales para el mantenimiento de los inmuebles o incluso, por ejemplo, la adquisición de ramos de flores protocolarios.

Todo ello, no obsta a que tras la regulación más exigente que se ha realizado del contrato menor, se puedan potenciar las cajas fijas sin desvirtuar su esencia, para aquellos gastos de pequeña cuantía que, por su necesidad inmediata o urgente, tengan que adquirirse por los responsables, como por ejemplo, la compra de copias de llaves, pilas, taxis, autobuses, pequeños caterings, libros, el pomo de una puerta, una cerradura, unas bombillas, etc. Estos gastos pagados por caja fija no tendrán que publicarse obligatoriamente en el perfil de contratante (gastos de menos de 5.000 euros).

© Víctor Almonacid y Pilar Batet. Todos los derechos reservados. Nosoloaytos. Web oficial de Víctor Almonacid Lamelas 2019. Aviso legal.

sábado, 9 de noviembre de 2019

Tijeretazo a la transparencia en los principales programas electorales del 10N

"Este domingo -10N- no solo volveremos a vivir el día de la marmota, sino que además lo haremos con importantes pasos atrás en la lucha contra la opacidad en los programas electorales"

CIVIO. Son las seis de la mañana y en la radio vuelve a sonar I got you babe. Las voces de Cher y Sonny Bono se repiten una y otra vez mientras Bill Murray se despereza. ¿Título de la película? No, no es El Día de la Marmota (Groundhog Day), es la escena que millones de españoles vivirán este domingo 10 de noviembre. 

Vuelven las elecciones y, con ellas, muchos deberes sin hacer. No se han cumplido buena parte de las tareas a las que se comprometió el Gobierno de Pedro Sánchez, como la publicación de las agendas de los altos cargos y la aprobación del reglamento de la ley de Transparencia. Y ello pese a que las medidas no requieren del visto bueno del Congreso, ya que pueden ser impulsadas directamente por el Ejecutivo, tal y como Civio reclamó hace casi un año. Además, buena parte de las promesas de abril se han marchitado con la llegada del otoño.

La parálisis política ha afectado a múltiples aspectos de la vida pública. Quizá el más conocido es que España lleva sin presupuestos desde 2018. Pero nuestro país, por ejemplo, tampoco cuenta con una persona que sustituya a Esther Arizmendi, fallecida en 2017, en la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El PSOE no ha propuesto a un nuevo presidente, pese a que en los comicios del 28A se comprometió a hacerlo. Pero la transparencia no solo ha sufrido incumplimientos, sino también tijeretazos en los programas electorales. El Partido Popular ha borrado la referencia al Consejo de Transparencia -en abril dijeron que tendría más independencia y recursos-, mientras que Ciudadanos ya no se compromete a retirar “los recursos judiciales del PP y el PSOE contra las resoluciones de esta institución”. Podemos, por su parte, no incluye mejoras en esta temática.

No son los únicos pasos atrás en los programas electorales del 10N. El PSOE y el PP han olvidado su promesa de publicar las agendas de los diputados, senadores y altos cargos. Ciudadanos, por el contrario, sí dice que hará pública la actividad de los políticos, y Podemos mantiene la redacción genérica que incluyó de cara al 28A. Los socialistas también han hecho desaparecer la regulación de los grupos de interés de su programa electoral. Sin embargo, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos sí reiteran que crearán un registro de grupos de interés, tal y como plantearon de cara al 28 de abril.

Otra de las ideas de Civio para fomentar la transparencia es la publicación de la huella legislativa. Esta información nos permitiría saber, por ejemplo, qué impacto tienen las reuniones con grupos de presión y los documentos que se comparten en la elaboración de las normas. El pasado mes de abril, tanto el PSOE como Ciudadanos incluyeron sendas alusiones en sus programas electorales, compromiso que en noviembre solo mantiene la formación de Albert Rivera. PP y Podemos no contemplan ninguna medida relacionada con la huella legislativa. Por su parte, Vox reducía en abril sus promesas sobre transparencia al “control de los cargos públicos”. Nada más. Y sigue exactamente igual. En resumen, este domingo no solo volveremos a vivir el día de la marmota, sino que además lo haremos con importantes pasos atrás en la lucha contra la opacidad en los programas electorales.

Nuestra petición para el 10N
Civio ha vuelto a reclamar a los partidos políticos que incluyan mejores compromisos de transparencia en sus programas electorales. Y, para las elecciones del 10 de noviembre, hemos insistido en una medida muy importante: que el Registro Mercantil sea abierto y gratuito. No se trata de un capricho al azar, sino que su apertura ayudará a prevenir delitos de blanqueo y evasión fiscal o a vigilar irregularidades en la contratación pública. En abril, PACMA fue la única formación que abogó por ello; ahora, Más País-Compromís se han sumado a los animalistas al incorporar la medida en su programa. Ningún otro partido lo ha hecho, pero seguiremos peleando para que esta propuesta llegue a ser una realidad.

viernes, 8 de noviembre de 2019

Otro Decreto-ley (14/2019) que retoca los pilares del templo administrativo


Por José Ramón Chaves. delaJusticia.com blog. Se trata del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, publicado en el BOE de 5 de noviembre de 2019. Sustancialmente se trata de aplicar razones de Estado, vinculadas a la seguridad tecnológica y protección de datos, frente a una libertad digital de máximos.

Ahora bien, mas allá de su loable vocación de incrementar la seguridad pública frente a las amenazas digitales y mejorar las garantías frente a riesgos de nuestra naciente administración electrónica, lo que ha sido analizado con celeridad y precisión por Víctor Valmonacid, solamente me interesa plantear varias cuestiones desde la perspectiva de técnica legislativa:

Es curiosa la urgencia en modificar los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común, que se hace como confiesa el preámbulo por “la necesidad de adaptar sus contenidos al Reglamento (UE) Nº 910/2014, del Parlamento Europeo y el Consejo de 23 de julio de 2014, sobre identificación electrónica», y digo curiosa la urgencia por dos razones. Porque ese reglamento ya estaba vigente un año antes de aprobarse la Ley básica (y bien podía haberse adaptado por entonces, hace mas de tres años) y porque si llevamos varios años de retraso, difícilmente se entiende la extraordinaria urgencia y necesidad.

También se modifica la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público introduciendo un nuevo artículo 46 bis, y dando una nueva redacción al artículo 155, con el fin de que los sistemas de gestión de datos censales, empadronamiento, fiscales o salud, estén alojados en países dentro de la Unión Europea y no puedan cederse a terceros países salvo con garantías. En este punto me sorprende porque estamos ante una norma típicamente organizativa, que bien podría adoptarse con un mero reglamento, y además teniendo en cuenta que nada impide que con carácter básico se dicten excepcionalmente normas reglamentarias. Los Decretos leyes, como las armas de fuego, son para casos excepcionales y uso prudente.

Ley de Contratos del Sector Público
Y como no, se modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, para adaptarlo por urgencia, a las exigencias de protección de datos que derivan de las Directivas comunitarias de 2014 (¡).

De este modo, posiblemente se convaliden esos Decretos leyes sin pena ni gloria y nos encontremos con un atajo para modificar leyes estructurales de la administración.

En fin, que sean bienvenidas todas las medidas que incrementen la seguridad jurídica, la seguridad digital y la protección de datos, pero bien está no olvidar la buena técnica legislativa y la excepcionalidad de los Decretos leyes, como tampoco debe olvidarse que las leyes -¡las básicas, especialmente- como el buen vino, no soportan que se destape el barril frecuentemente y se mezclen los caldos porque se agria y pierde.

jueves, 7 de noviembre de 2019

18 de Diciembre. Madrid 9º Encuentro de Datos abiertos-Aporta 2019

El evento  finalizará con la entrega de los premios al Desafío Aporta 2019, el concurso de ideas y prototipos de la Iniciativa Aporta


Datos.gob.es.- La 9ª edición del Encuentro Aporta 2019 tendrá lugar el 18 de diciembre en la sede del Salón de actos de la Secretaría de Estado para el Avance Digital en Madrid (Calle del Poeta Joan Maragall 41). Este año la jornada girará en torno a los datos de alto valor -es decir a los datos relacionados con los ámbitos geoespacial, ambiental, meteorológico, estadístico, de las sociedades mercantiles y de la movilidad, de acuerdo con la Directiva (UE) 2019/1024, de 20 de junio de 2019-  debido a su gran potencial para generar beneficios socieconómicos y dinamizar servicios innovadores.

Para tratar esta temática se ha invitado a representantes de organismos públicos, empresas y entidades que están impulsando y trabajando con este tipo de datos, para que compartan su experiencia, así como su visión de los retos y oportunidades que tenemos por delante.

La jornada comenzará a las 9:00 y se extenderá hasta las 15:00. La apertura correrá a cargo de José Antonio Benedicto, Secretario de Estado de Función Pública, y Francisco Polo Llavata, Secretario de Estado para Avance Digital

A continuación tendrán lugar 3 mesas redondas:
-10:00-10:45. MESA 1: Hacia la disponibilidad de datos de alto valor. Representantes del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) hablarán sobre la disponibilidad actual de datos de alto valor y las necesidades futuras para dar respuesta a las demandas de los usuarios. La mesa estará moderada por el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)

-11:15-12:30. MESA 2: Acelerando el uso de datos de alto valor. Esta mesa se  estará formada por representantes de aceleradoras que están impulsando nuevos negocios basados en datos abiertos de alto valor: Data Market ServiceCopernicus AcceleratorCorreos LabPARSEC y Eticas Research & Consulting. Informarán sobre convocatorias y los pasos a seguir para poder incorporarse a estos programas, a la vez que analizan las barreras existentes en el sector. Todo ello bajo la moderación de Red.es, dentro del marco de la Iniciativa Aporta.

-12:30-13:30. MESA 3: Nuevos paradigmas tecnológicos y la importancia de los datos para su desarrollo. La última mesa estará centrada en las oportunidades que brinda la disponibilidad y reutilización de datos de alto valor para las empresas y la generación de nuevos modelos de negocio. Participarán en esta mesa representantes de The Open Data Initiative de MicrosoftIBMGoogle Daset Search, y Ernst & Young, bajo la moderación de Taiger

Premios 2019
El evento finalizará con la entrega de los premios al Desafío Aporta 2019, el concurso de ideas y prototipos de la Iniciativa Aporta, que este año estaba centrado en la búsqueda de proyectos para mejorar la eficiencia del sector agroalimentario y forestal, y del medio rural.

El cierre correrá a cargo de Fernando de Pablo Martín, Secretario General de Administración Digital en Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y David Cierco Jiménez de Parga, Director General de Red.es.
Puedes ver la agenda completa en este enlace.

El evento es gratuito, pero debido a que el aforo es  limitado es necesario inscribirse.
·         Encuentro Aporta

miércoles, 6 de noviembre de 2019

Rafael Jiménez Asensio: Automatización y empleo público: algunos riesgos y consecuencias

Si el cambio tecnológico se intensifica en la próxima década, las generaciones que ahora tienen cuarenta o cincuenta años lo van a tener muy difícil. Los que vienen detrás aprenderán sobre la marcha” (Manuel Hidalgo, entrevista en Diario de Sevilla, 16 septiembre 2018)

Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.- Hay un consenso elevado en que nos encontramos en plena revolución tecnológica (la denominada “Cuarta Revolución industrial”). Existen, no obstante, diferencias marcadas a la hora de evaluar los impactos de la automatización sobre el empleo. Los trabajos sobre esta materia, así como los libros e informes, son cada día más numerosos. Y quienes los firman se dividen entre aquellos que relativizan, aplazan o minusvaloran sus consecuencias, frente a aquellos otros que las magnifican o que, incluso, ofrecen visiones apocalípticas. De todo hay, también juicios equilibrados. En todo caso, cualquier revolución de esas características conlleva disrupción (Schumpeter), más la que ya está entre nosotros. Y, por consiguiente, ganadores y perdedores. Aparecerán nuevos empleos que sustituirán a muchos anteriores, el problema es el ritmo o la cadencia en su desaparición/aparición y si el “material humano” (las personas) se adaptarán o no a tales transformaciones.

Al margen de esas diferentes visiones, que simplifico por razones de espacio, parece haber un cierto consenso en que la automatización en los próximos años suprimirá muchas de las tareas rutinarias que actualmente se desarrollan en no pocos empleos. La supresión de tareas no implica en sí mismo la desaparición de un empleo, pero sí su transformación o, en su caso, la reducción drástica del número de empleos de tales características en cualquier organización, allí donde la revolución tecnológica sustituya gradualmente trabajo humano por máquinas.
De todo lo anterior comienzan a ser conscientes las empresas, pero menos la Administración Pública. En este último caso se produce un dato adicional mucho más preocupante: habitualmente, el ingreso en la Administración Pública se produce a empleos estructurales (salvo en los casos de interinidad, hoy en día abundantes como rescoldo del grave incendio derivado de los duros años de crisis fiscal) y, por tanto, con un estatuto de permanencia (inamovilidad, en el caso de la función pública), lo que introduce factores de seguridad a quienes “ganan” la plaza, pero también genera elementos inevitables de rigidez a la organización en la que se insertan, al menos mientras el marco normativo vigente sea el que es.

Por consiguiente, antes de proceder a la cobertura de una vacante que se produzca en el sector público, no es un dato menor preguntarse si ese puesto de trabajo seguirá desarrollando dentro de unos años (pongamos el caso, yéndonos muy lejos, en un horizonte de diez años) esas mismas funciones. En verdad, lo que nos interesa saber realmente no son las funciones o responsabilidades asignadas a tal puesto de trabajo, sino particularmente si las tareas que saturan tales funciones serán prestadas por quienes actualmente las ejercen o, por el contrario, sufrirán un proceso de automatización intenso, que las vaya trasladando a su prestación por máquinas y, por tanto, a una vaciado gradual y paulatino de funciones, que inevitablemente se transformaría en supresión de dotaciones o, en su caso, yendo al límite, en eliminación pura y dura de determinados puestos de trabajo.

“geriátricos funcionariales” 
Se impone, así, lo que Mikel Gorriti denominó acertadamente como la gestión planificada de vacantes, una necesidad objetiva de corte estratégico que nace de varios cruces causales, principalmente de dos: el relevo generacional fruto, por un lado, de las jubilaciones masivas derivadas de esos “geriátricos funcionariales” en los que se han convertido buena parte de las organizaciones públicas; y, por otro, del empuje imparable (con mayor o menor aceleración, según los casos y opiniones) de la revolución tecnológica sobre el empleo público y, en especial, sobre los perfiles de empleos que serán necesarios dentro de tres, cinco, siete o diez años. Esto va muy rápido, aunque la Administración Pública, como siempre, apenas se dé por enterada.

Sorprende, de todos modos, que todavía hoy un gran número de ofertas de empleo público incluyan centenares o miles de plazas de personal de apoyo administrativo o de mera tramitación burocrática. Mientras la empresa privada apuesta por seleccionar titulaciones STEM o perfiles de formación profesional en tecnología, estos ámbitos (salvo excepciones, que las hay) apenas son aún demandados por las Administraciones Públicas actualmente. Cualquier persona mínimamente informada sobre lo que está pasando y lo que sucederá en los próximos años en materia de empleo nunca se arriesgaría a poner en marcha tales convocatorias, puesto que son (y esto no cabe olvidarlo) para alcanzar la condición de funcionarios de carrera o empleos públicos fijos (esto es, para toda la vida de aquellas personas que serán nombradas o contratadas, pero ese largo lapso temporal no acompañará, sino todo lo contrario, a buena parte de las tareas que se desempeñan en esos puestos de trabajo, llamadas en gran medida a automatizarse y, por tanto, a desaparecer, en un escenario temporal que, conviene insistir, nunca será superior a una década).

Bien es cierto que en buena parte de estas convocatorias su objetivo último es estabilizar un empleo interino (rectius, a unos empleados) y, por ello, no son precisamente personas jóvenes quienes accederán en su mayor parte a tales plazas, sino muchas de ellas superarán la barrera de los cuarenta años (algunas incluso los cincuenta). Aún así, tal circunstancia tampoco alivia el fondo del problema; pues la vida laboral de tales empleados públicos se prolongará fácilmente varias décadas. Dicho de otro modo: la revolución tecnológica les afectará sí o sí. Y sus puestos de trabajo se verán reducidos drásticamente en sus tareas, cuestionados o, lisa y llanamente, convertidos en superfluos.

Siempre queda la formación, me objetarán los optimistas. Sin duda, no seré yo quien plantee duda alguna sobre la trascendencia de la formación o el aprendizaje permanente para adaptarse a los desafíos continuos de una revolución tecnológica que nos hará estar siempre atentos a unas necesidades inmediatas siempre cambiantes (Véase al respecto: Rafael Doménech y otros, ¿Cuán vulnerable es el empleo público en España a la revolución digital?, BBVA, 2018). Pero hay un criterio que, en su práctica totalidad, es plenamente compartido por todos los estudios que se han ocupado de esta materia: los riesgos de la automatización se cebarán inevitablemente sobre aquellas personas que tienen una determinada edad (con dificultades obvias de adaptación) y una formación menor o una capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías y a los cambios disruptivos que se generen, especialmente en aquellos colectivos cuya formación de salida es más baja de la que tienen otros perfiles profesionales.

Dicho en otros términos: abandonar tareas rutinarias para sustituirlas por otras de valor añadido (sean cognitivas, sociales o de cualquier otro tipo) no es un proceso sencillo a partir de determinadas edades. Menos aún si a ello se une un bagaje formativo no especializado, como nos recordaba Manuel Hidalgo, uno de los mayores expertos en esta materia, autor del libro El empleo público del futuro, que reseñé en su día en este mismo Blog (https://bit.ly/2oPOvli). Siempre cabrá “recolocar” a algunas de las personas que ocupan actualmente tales empleos públicos, que más temprano que tarde, acabarán en vía muerta. Pero el problema que se avecinará (futuro indeterminado) no será menor, aunque ya nadie de quienes hayan convocado tales procesos esté entonces en activo y las responsabilidades de tal forma de actuar se diluyan en el tiempo como el azucarillo en el café. El tiempo siempre lo borra (casi) todo, aunque no sus consecuencias.

Me dirán, no obstante, que no cabe dramatizar. Y, sinceramente, no lo pretendo. Solo insisto en que es necesario ser prudente a la hora de proceder a hipotecar el gasto público de esa manera y, especialmente, a congelar ad infinitum puestos de trabajo que desarrollan tareas llamadas a extinguirse. Bien es cierto que no soy ningún ingenuo. Una vez ingresados en la función pública, los empleados están blindados. Al menos hasta hoy. Francia, en su reciente Ley de transformación de la función pública, ya ha adoptado algunas tibias medidas para enfrentarse a ese cambiante escenario que la revolución tecnológica provocará sobre el empleo en la Administración Pública (https://www.economie.gouv.fr/publication-loi-transformation-fonction-publique). Aquí ni olemos aún el problema.

Además, la función pública española tiene un dato a su favor, que sin ser economista simplemente lo intuyo y que, cabe prsumir, lastra cuando no desincentiva cualquier proceso de reforma: el empleo público (los casi tres millones de empleados del sector público) es un elemento estabilizador de la economía frente a las tasas de desempleo de este país que, siempre altas, se disparan en etapas de crisis económica. Por tanto, con una crisis en ciernes (que ya se barrunta en los datos de desempleo), no hay político que se precie que no le baile la danza a los sindicatos del sector público y apueste decidida (o forzadamente) por estabilizar todo lo que se le ponga encima de la mesa. Y así se hará. Estas ofertas de empleo público de estabilización lo son para aplantillar plazas que desarrollan (no en todos los casos, pero sí en bastantes) tareas rutinarias o de trámite que están condenadas a ser automatizadas a corto/medio plazo (por mucho que el sector público se resista, que lo hará, a esa imparable tendencia). No hablo aquí de la Inteligencia Artificial como estadio más avanzado de ese proceso, aunque los planos se entremezclen. Me limito a los primeros pasos de una automatización que impactará, nos guste más o nos guste menos, sobre innumerables empleos, también públicos, especialmente de aquellos que realizan esas tareas rutinarias o de trámite, que en la Administración son numerosísimos.

Dado que inevitablemente, como ya anuncian e incluso avalan algunos académicos, profesionales y jueces, el pragmatismo político-sindical se impondrá una vez más a la racionalidad tozuda y absolutamente ignorada o preterida, sería conveniente que, al menos, las Administraciones Públicas llevaran a cabo Estudios de prospectiva con análisis de demanda futura de servicios y de perfiles de empleos que se requerirán en los próximos diez años años (2020-2030). Asimismo, teniendo en cuenta el escenario inmediato de las jubilaciones masivas de buena parte de sus efectivos en los próximos años, también sería oportuno que tales estudios tuvieran como resultado una gestión planificada, pero sobre todo prudente de las vacantes que se vayan produciendo en el empleo público en cuanto a sus impactos de gasto público futuro que habrá de desembolsarse por las Administraciones para pagar nóminas de funcionarios desprovistos de buena parte de sus tareas; un gasto que se hará -todo hay que decirlo- en demérito de otras necesidades sociales. La política es, en efecto, el arte de priorizar sobre bienes y recursos escasos igualmente valiosos (aunque algunos lo sean más que otros). El único problema es que muchas decisiones que se están tomando últimamente hipotecan las decisiones futuras. Gana la inmediatez y la solución rápida. Es lo que hoy impera. No la visión de futuro. Ya se las arreglarán quienes vengan después. Como dijo Peter Drucker, “las soluciones de hoy, serán los problemas del mañana”. En este caso parece obvio que así será. Alguien tendrá que desatar el nudo. Y no será precisamente fácil, ni tampoco gratis.