viernes, 28 de noviembre de 2014

Tuderechoasber.es ayuda a utilizar la Ley de Transparencia

La obligación  de responder no solo la tienen los  organismos públicos, también partidos  políticos, organizaciones  empresariales  y sindicales
Tuderechoasaber.es .-  Con la entrada en vigor de la normativa de transparencia para la Administración General del Estado (AGE) se reconocerá, dentro de pocas semanas, el derecho de cualquier ciudadano a acceder a nueva información que antes quedaba fuera de su alcance. Por eso reunimos algunos ejemplos de solicitudes formuladas desde Tuderechoasaber.es que, con la ley delante y en vigor, ahora deberían obtener como respuesta la información solicitada.
 
 
Los ayuntamientos serán las instituciones
que más esfuerzo tengan que hacer
para cumplir la nueva ley
Recordemos además que el reglamento de aplicación de la ley aún no se ha hecho público, por lo que existen incógnitas, ambigüedad y muchas salvedades a la hora de poder asegurar que, en un escenario concreto, el ciudadano recibirá con seguridad toda la información que solicita.
 
A partir del 10 de diciembre se podrán solicitar y recibir datos sobre partidas presupuestarias específicas y su desglose. Así, esta solicitud de información que Juan Elosua dirigió en mayo de 2014 al Ministerio de Economía y Competitividad sobre “las partidas
 presupuestarias anuales destinadas a la creación y mantenimiento
del INL (International Iberian Nanotechnology Laboratory)” debería ser atendida y resuelta. Hasta ahora, este Ministerio ha estado ignorando la gran mayoría de las solicitudes recibidas, como se puede comprobar en este link. No obstante, de cara a la aplicación efectiva de la ley, existe una salvedad: no se especifica cuál es el grado mínimo de desglose, por lo que cada institución podrá decidir por sí misma en cada caso concreto el nivel de detalle de los datos que aporte. Por eso es tan importante una ley estricta que cierre el camino a este tipo de indefiniciones.
 
Podrás saber las subvenciones de....
Se podrá preguntar por TODAS las subvenciones concedidas por un organismo público o recibidas por una entidad. Recuerda que, según la ley, puedes preguntar a ambos. Así, esta solicitud en la que un ciudadano pide conocer los expedientes de reintegro de subvenciones con cargo al IRPF tramitados por Sanidad entre 2008 y 2011 debería obtener respuesta con la información que solicita.
 
Podrás solicitar y recibir los nombres de los asesores de ministros. En esta solicitud, Romà Seguí preguntaba en 2012 al Ministerio de Presidencia por el número (ni siquiera por el nombre) de personas contratadas como personal eventual y por aquellas que, con otro contrato, prestaban “trabajos de asesoramiento”. Nunca recibió respuesta. Como vemos, Presidencia también está entre las instituciones que peor atienden a las solicitudes de los ciudadanos, y eso pese a haber liderado la gestación de la Ley de Transparencia.
 
Se podrá pedir y obtener las memorias de impacto normativo de cualquier órgano de Administración General del Estado. En Tuderechoasaber.es hemos recibido muy pocas solicitudes de este tipo. En este ejemplo, un ciudadano solicitó al Ministerio de Empleo y Seguridad Social una copia del informe de impacto de género que acompañó a la aprobación del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. La respuesta que recibió, hasta en tres ocasiones, fue que “todos los informes preceptivos que acompañan a las normas o proyecto de normas aprobadas por el Consejo de Ministros no constituyen un documento de público acceso, por lo que no es posible atender su solicitud”. 
Pues bien, ahora sí lo son.
 
Sin embargo…No
Existen otros ejemplos de información que no podrás solicitar a partir del 10 de diciembre. Con el texto en mano, las entidades sujetas a la Ley de Transparencia no tendrán obligación de darte información que tenga carácter  auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes e informes internos o entre órganos o entidades administrativas se quedan fuera del paraguas de la ley. Pese a que la información auxiliar desempeña un papel, variable, en la toma de decisiones, tendremos que esperar y observar cómo se desarrolla esta limitación en cada caso particular. “No podemos facilitártela porque se trata de información auxiliar” puede ser tendencia en la temporada 2015.
 
La ley establece también una serie de limitaciones que dejan la puerta abierta a dobles lecturas. Así, cortapisas muy genéricas para pedir información relacionada con “intereses económicos y comerciales”, o aquellas que afecten a “la garantía de confidencialidad o secreto requerido en los procesos de toma de decisión” pueden servir para denegar una solicitud. Recuerda que, si rechazan tu solitud porque la información que reclamas contiene datos personales, puedes insistir por segunda vez para que te la proporcionen disociada de esos datos. A la espera de conocer mejor la “letra pequeña” (el reglamento que desarrolla le ley aún no es público), la propia norma sí contempla esta opción.
 
No solo a las administraciones públicas
Ten muy presente también que la obligación de responder no solo la tienen los organismos públicos, también partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales. Además existe un matiz importante con las empresas privadas: aquellas que reciban más de 100.000 euros en un año en subvenciones o que más del 40% de sus ingresos provengan de ayudas públicas SÍ tienen obligación de responderte. Pero ojo, sólo si son subvenciones o ayudas. Si son contratos con la administración (por ejemplo, la gestión de un servicio público, como un hospital o el transporte metropolitano), NO estarán bajo las obligaciones de la ley de transparencia.

Y, ante la duda, ¡pregunta!

jueves, 27 de noviembre de 2014

Secretarios, Interventores y Tesoreros: una profesión “en red”

"La transparencia es “prima-hermana” de la legalidad: imposible ser legal sin ser transparente, y viceversa"

Blog Nosoloaytos. Víctor Almonacid.- Han pasado ya dos años desde el Congreso de Cádiz y el pasado fin de semana se celebró el Congreso COSITAL 2014 (hashtag #CongresoCOSITAL2014), el cual se caracterizó, sin ninguna duda, por dos cuestiones principales (y otras muchas accesorias): una formal, o geográfica, ya que muy significativamente se celebró en el INAP (“de donde nunca debimos salir”); y otra de fondo, y es que una especie de salto a la modernidad impregnó todos los discursos, e incluso el sistema de votación en la Asamblea (sustituimos la “mano alzada” por un dispositivo electrónico).

Partiendo de esta segunda idea -y sin perjuicio de la Crónica oficial del Congreso, que por supuesto también publicaremos acompañada de la también “revolucionaria” Declaración institucional- a continuación dejo a vuestra disposición unas ideas que yo mismo expuse en la Mesa redonda (“Una profesión en red”) que tuve el placer de coordinar. En las próximas horas publicaré las conclusiones completas de dicha mesa, en la que me acompañaron mis compañeros Celso Lima, Lorenzo Pérez Sarrión, Fran Hierro, Jesús Blanco y Judith Lerena.

Introducción. Las TIC lo impregnan todo. Vivimos en una realidad 3.0 (es la fase actual de Internet, llamada “Internet de las cosas”). La sociedad, las empresas, la Administración, las formas de comunicación e interacción, el empleo público y más concretamente el colectivo de SITAL (la función pública, la forma de notificar o de facturar…), se ven totalmente afectados. Pero esto no es un problema sino una oportunidad, y en el último caso, una gran oportunidad de reforzar y realzar nuestra importante profesión.
 
Comunicación del colectivo “con el mundo”. Debemos definir una estrategia para una mayor presencia –no tenemos prácticamente ninguna- en los medios y en las redes sociales (RRSS).
 
Objetivo: darnos a conocer como colectivo al “gran público” y apuntalar nuestra imagen como piezas clave en el sistema y garantes de la legalidad. Sin ninguna duda lo somos, pero si la gente no lo sabe, esto nos resta fuerza en nuestros cometidos. Actualmente se habla mucho de transparencia y lucha contra la corrupción. Nosotros llevamos varias décadas luchando prácticamente en solitario contra las ilegalidades en los Ayuntamientos, pero una opinión pública que no nos conocía, y un sistema que nos hace trampas (libres designaciones, sueldos anormalmente bajos o altos que dependen de la autoridad a la que controlamos…) no nos han protegido.
 
Mecanismos: Si uno lee “secretario de administración” en Wikipedia deduciría claramente que se trata de un funcionario “menor”, dedicado a tareas de mecanografía y archivo simple; por su parte “interventor” ni siquiera está). Hace unos años intenté publicar la entrada “Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local” (con el visto bueno formal y material de la Comisión Ejecutiva de entonces), pero la plataforma no aprobó el contenido. Sugiero volver a intentarlo hasta que aparezcamos en la Enciclopedia nº1 de consulta mundial, en la que por ejemplo tienen página propia algunos participantes del programa Gran Hermano, y nosotros no. Esto es inaceptable. Otras líneas estratégicas que debemos activar es, como decíamos, el salto a los medios de comunicación y una presencia mucho más activa en las RRSS (lo desarrollo a continuación).
 
RRSS, comunicaciones formales e informales.
 
Debemos institucionalizar los cauces de relaciones intraprofesionales. Existe un foro de Facebook “oficioso”, y personalmente me parece bien, porque toda comunicación es poca entre compañeros. Pero participemos y publiquemos con cautela. La página creada por Mark Zuckerberg con sede en Silicon Valley, SF, estado de California, se somete a las normas sobre protección de datos de dicho estado que son, por decirlo sutilmente, bastante laxas. Tampoco es una red especialmente idónea para proyectar nuestra imagen en la sociedad, ya que es un tanto cerrada a los grupos que se forman.
 
Sugerimos utilizar (también) las redes de mayor uso público, p.ej Twitter, sobre todo porque nos pone en contacto con el mundo. También en Twitter tenemos ya presencia institucional a través de tres cuentas: @infocosital @cositalnetwork y @revistacunal
 
Algunos compañeros tienen su propio blog, como Óscar Moreno y Maite Sanahuja: http://www.fiscalizacionlocal.es/; y José Manuel Farfán: http://farfantesoreriamunicipal.blogspot.com.es/. Su labor, la cual agradecemos mucho, es doble: de aporte técnico y de difusión de las funciones (y los conocimientos) de las personas pertenecientes a nuestro colectivo.
 
En todo caso, y al margen de las comunicaciones informales, para las comunicaciones e informaciones oficiales el Colegio dispone de sus propios cauces: Web institucional, Webs colegios territoriales, Web de la Revista CUNAL, y Web de Cosital Network.
 
Resumen: debemos intensificar nuestra presencia en las RRSS como medio de comunicación entre nosotros y con el exterior; animamos también a los compañeros a abrir un blog personal; por supuesto también animamos a seguir participando en “grupos” de facebook pero para evitar malentendidos en los flujos de información dentro del colectivo debemos acudir a las fuentes originales de la información.
 
¿Nuestra propia Red social y/o integración en otras? (generalistas o de funcionarios)
 
Valgan nuevamente los comentarios anteriores sobre Facebook, Twitter o los Blogs, y la siempre interesante Linkedin.
 
Se desarrolla el apartado de foro de Cosital Network.
 
Existen otras RRSS profesionales:
,
Administración electrónica y gobierno abierto. Funciones y rol de los SITAL <la presente reflexión se expuso igualmente en la Mesa sobre la Secretaría General>. Es preocupante que no todos conozcamos figuras como el ENS y el ENI, que afectan totalmente a nuestras funciones. En la administración electrónica los SITAL debemos adoptar un rol directivo, de liderazgo. La administración está cambiando: se lidera el cambio, no el estatismo. Es un error pretender que la nueva administración se adapte a nosotros; somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a las novedades. Quizá la figura más importante de la administración electrónica y la que más nos afecta es la firma electrónica. No estamos ahora en el debate si debemos usarla o no, porque estamos en 2014 no en 1998, sino de cómo afecta, por ejemplo, a la función de fe pública. Tengamos por ejemplo en cuenta el nuevo REGLAMENTO (UE) N o 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.
 
 Lo que en todo caso queda claramente demostrado y confirmado es que debemos redefinir (y reforzar) la función de fe pública en la era de la firma electrónica. En cuanto a transparencia y gobierno abierto: afecta al procedimiento, al archivo, al principio de publicidad, al derecho de participación ciudadana, al derecho de acceso a la información, al servicio público… Dicho claramente: la transparencia es una función de los SITAL, especialmente de los Secretarios. La transparencia es “prima-hermana” de la legalidad: imposible ser legal sin ser transparente, y viceversa.
 
 

miércoles, 26 de noviembre de 2014

Rafael Jiménez Asensio: El sistema de la confianza política en la alta Función Pública

"Algo falla en la alta función pública cuando la inmensa mayoría de sus puestos de trabajo se cubren por un sistema de provisión alejado de los parámetros básicos de profesionalidad"

"La libre designación y cese supone, ni más ni menos, que el ejercicio de las funciones inherentes al cargo se realiza, por el designado, como una prolongación de la voluntad del designante". (Luís Morell Ocaña, "El sistema de la confianza política en la Administración Pública", Madrid, 1994)

Rafael Jiménez Asensio. Blog Estudiconultoría.com.- Hace veinte años el profesor Morell Ocaña escribió una sólida monografía que, con una orientación jurídica, ponía de relieve el crecimiento inusitado del sistema de confianza política en las Administraciones públicas.

Foto: Alcaldía de Madrid. A pesar de las limitaciones
la reforma local, la legislación aún es muy generosa
con el nombramiento de personal eventual de
confianza política que coloniza la mayoría
de las grandes administraciones locales.
Si viera cómo ha evolucionado el problema se alarmaría. La "metafísica de la confianza", como acertadamente la calificó Francisco Longo, todo lo anega en la alta administración y en cualquier nivel de gobierno o de su sector público.
 Quien piense que va a "regenerar" algo manteniendo la actual presencia de este modelo o es un ingenuo o, más bien, un mentiroso compulsivo. La multiplicación de este fenómeno se produce en todas las estructuras de gobierno, sin apenas excepción. Los estudios sociológicos son casi inexistentes, solo hay intuiciones (o algunas evidencias), aunque en algunos casos, como es la administración local, algunos datos objetivos se han publicado en los últimos años (ver, por ejemplo, el libro de Antonio Serrano sobre la confianza política en la administración local).

Aplantillar interinajes
Algo falla en la alta función pública cuando la inmensa mayoría de sus puestos de trabajo se cubren por un sistema de provisión alejado de los parámetros básicos de profesionalidad que, en virtud de ese distanciamiento burdo, el legislador viene calificando tradicionalmente de excepcional. Confianza y profesionalización son dos conceptos que conjugan mal entre sí. Si impera uno, el otro cede. La libre designación, cuando no el libre nombramiento (y por tanto el libre cese), se ha transformado, salvo excepciones singulares, en el sistema ordinario de provisión de puestos directivos y de la alta función pública. 

Así, no cabe extrañarse de que la institución de función pública haya sufrido un proceso de debilitamiento extraordinario en los últimos decenios. En sus puestos estratégicos está capturada por la  política y ello tiene consecuencias serias sobre la propia administración pública y el correcto funcionamiento de sus sistemas internos de control. Esto lo ponía de relieve un artículo publicado por el escritor Muñoz Molina recientemente y que tuvo un impacto notable en las redes sociales.(ARTÍCULO). Comparto en algunas cosas su diagnóstico, pero me alejo en otras. El mérito en el acceso a la función pública se ha cumplido en muchos casos y orillado en otros tantos. Todavía hoy se incorporan legiones de empleados públicos a algunas administraciones públicas (e incluso a "entes reguladores") como interinos o laborales temporales sin ningún proceso selectivo. Ya se aplantillarán cuando sea menester.

De nada han servido las modestas pretensiones del legislador básico de introducir tímidamente la figura de la dirección pública profesional. Los distintos niveles de gobierno no se han dado por enterados. La preferencia política (de una política de vuelo raso que todas y cada una de las fuerzas políticas comparten sin excepción alguna) es la de disponer de los cuadros directivos y de mando a su antojo para que sirvan de correa de transmisión y pongan las menores trabas posibles en la ejecución de sus mandatos. Es el viejo sistema de botín que relatara Max Weber, al que se apuntan todos, sean de un color o de otro y se encuadren en cualquier lugar del espectro político. El historiador François Furet expuso con claridad cómo los revolucionarios franceses en la etapa de la convención tomaron por asalto la administración pública. Lo mismo se produjo en otros procesos del mismo cariz. Las depuraciones del nacionalsocialismo y del franquismo fueron innumerables en la función pública. Izquierda y derecha, nacionalistas y no nacionalistas, comparten ese mismo esquema de pobreza institucional. Al menos mientras no se demuestre lo contrario.

Viejo modelo de confianza...y de libre designación
Es más, las pocas leyes que se han aprobado de desarrollo del EBEP caminan por la senda del viejo modelo de confianza. La ley de ordenación y gestión de la comunidad valenciana apostó por desfigurar la figura del directivo público y establecer por ley que los puestos de jefatura de servicio se cubrirían por libre designación. La ley de empleo público de Castilla La Mancha sí que reguló la figura del directivo público, pero su sistema de provisión lo enmarcó en la libre designación. La reciente ley del Principado de Asturias (aunque crea la figura del directivo) en nada mejora el estado de cosas existente. Todo lo fía al desarrollo ulterior. La excepción más singular siempre ha sido la administración vasca, con una presencia (hasta ahora) muy limitada de la libre designación y racionalmente aplicada.


Los puestos de libre designación proliferan por doquier. Hay alguna Comunidad Autónoma que solo en los puestos del grupo de clasificación A1 contabiliza más de 1.400 puestos de libre designación. En otras se cuentan por centenares. En la Administración General del Estado los puestos de libre designación también superan con mucho los cuatro dígitos. No digamos nada en las entidades locales. Si alguien hiciera un estudio en el que se cuantificaran los puestos de libre designación en nuestro sector público, fácilmente llegaría a la conclusión que son varias decenas de miles (si no son más) los puestos que en las administraciones públicas se cubren a través de esta vía. ¿Pregúntense por que extrañas cloacas se ha extraviado el sistema de mérito?.
 

Pero la cuestión no es cuantitativa, sino cualitativa. La alta administración en nuestro sector público está colonizada por este sistema de provisión discrecional, donde el mérito se arrincona y el favor se multiplica. Su crecimiento también se ha debido al pésimo diseño institucional que presenta el concurso como sistema de provisión y a su burocrática aplicación, así como a su indudable rigidez, donde en muchos casos termina imponiéndose una concepción meritocrática rancia basada en la antigüedad y en la acumulación de méritos formales. Una concepción maniquea entre la discrecionalidad y la meritocracia vacía. Siempre en los extremos y sin matices. Así nos va.

Lo más sorprendente es que en este complejo contexto en el que desarrollan sus funciones tanto la actividad política como las propias instituciones, nadie, absolutamente nadie, desde ningún nivel de gobierno haya lanzado un programa de fortalecimiento institucional de la función pública que erradique la discrecionalidad y asiente la profesionalización a través de la libre concurrencia y la acreditación de competencias vinculadas al mérito y la capacidad. En esto estamos más lejos de los sistemas administrativos de las democracias avanzadas que muchos países en vías de desarrollo.
Subdesarrollo institucional

Nada cabe extrañarse ante esta ausencia. En un país con fuerte subdesarrollo institucional, en el que proliferan los puestos de confianza política tanto en la alta administración, como en el personal eventual o en la alta función pública, todas las fuerzas políticas están esperando el momento de su acceso al poder (sea cual fuere el nivel de este) para entrar en el reparto, colonizar y ocupar con sus respectivas clientelas todo ese nivel estratégico en los respectivos niveles de gobierno.


Se barruntan tiempos de cambios políticos y de fragmentación, así como de una más que previsible ingobernabilidad. En este complejo escenario, la entronización de la libre designación que están llevando a cabo el legislador estatal  (véase la ley 15/2014), las leyes autonómicas ya citadas, algunas otras en proceso de elaboración o las pésimas prácticas de los diferentes niveles de gobierno, darán como resultado que quienes asuman el poder (coaliciones multicolor) se dedicarán a "cambiar cromos" y removerán radicalmente de los puestos estratégicos de sus distintas administraciones a los actuales funcionaros ("amigos de los otros", dirán) para sentar en ellos a sus "amigos políticos". Política sectaria en clave schmittiana ("amigos/enemigos").
Los resultados de tan zafia operación los iremos viendo con el paso del tiempo. Serán nefastos. Pero que no protesten quienes ahora ejercen el poder en uno u otro nivel de gobierno. Tiempo tuvieron, no precisamente poco, de cambiar las reglas de juego, y nada hicieron para remediarlo. Bajo ese prisma, desahuciada por la política, abandonada por los agentes sociales que solo miran por los instalados y sus ventajas competitivas e ignorada por la ciudadanía, la institución de función pública irá muriéndose gradualmente hasta que algún día, tal vez remoto, alguien con sano juicio, visión estratégica y con liderazgo suficiente, se plantee su refundación. Mientras ello llega, esperen lo peor.

Noticia relacionada. El País: Alcorcón anula el nombramiento de la mitad de todos sus funcionarios

Otros posts de actualidad en la globosfera pública: Blog Contencioso.es. JR Chaves.  Hablando se entienden la Relaciones de Puestos de Trabajo

martes, 25 de noviembre de 2014

El Congreso debate qué objetivos pueden destinar los ayuntamientos españoles su superávit.

"Los socialistas quieren que el único requisito para que una inversión sea considerada financieramente sostenible sea que "contribuya al crecimiento económico a largo plazo"
 
Revista de prensa. EP. El Pleno del Congreso debatirá este martes una proposición de ley presentada por el PSOE para definir qué se considera una 'inversión financieramente sostenible', es decir, a qué objetivos pueden destinar los ayuntamientos españoles su superávit.
 
Ayuntamiento de Ferrol
En la iniciativa, que recoge Europa Press, el principal partido de la oposición aboga por autorizar a las corporaciones municipales a emplear su superávit presupuestario en la "reactivación de la economía, la creación de empleo, la promoción del bienestar social o la atención a los más necesitados".
 
"Es una medida que premia a las administraciones eficientemente gestionadas y que coloca a cada ayuntamiento beneficiario como ejemplo de política a seguir. Así, se quiere apostar de forma decidida por el protagonismo de las entidades locales en la detección de las fórmulas más idóneas para la dinamización de la economía y para la solución de los problemas acuciantes de sus vecinos", añade.
 
Margen de maniobra
Para ello, los socialistas plantean añadir una disposición a la Ley de Haciendas Locales con un listado "lo suficientemente comprensivo" de áreas donde invertir ese excedente presupuestario como para que los ayuntamientos tengan "margen de maniobra" y "diferentes opciones" de inversión.
 
En concreto, se propone que los fondos puedan ir a vivienda, pensiones, servicios sociales, dependencia, fomento del empleo, salud, educación, cultura, fiestas populares y festejos, industria, deportes, desarrollo empresarial o carreteras, además de otras áreas como aguas, residuos, alumbrado público, medioambiente, estructuras agropecuarias, energía, comercio, promoción turística, transportes, recursos hidráulicos, investigación científica o sociedad de la información, que ya había planteado el PP.
 
Y es que la Ley de Deuda Comercial modificó la normativa de Estabilidad Presupuestaria para permitir a las haciendas locales con superávit destinar ese dinero a inversiones, y emplazaba al Ejecutivo a regular en otro texto legal la definición de 'inversión financieramente sostenible' para hacer efectiva esta posibilidad.
 
El partido que da sustento al Gobierno presentó entonces una enmienda a la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios proponiendo que se considerara que una inversión es financieramente sostenible cuando "contribuye al crecimiento económico a largo plazo", considerando "exclusivamente" las inversiones que se recojan en los programas presupuestarios mencionados.
 
Sin embargo, los socialistas exigieron la retirada de dicha enmienda por no guardar ninguna relación con el proyecto de ley de Consumidores y Usuarios, queja que los 'populares' atendieron. Poco después, el PSOE presentó esta proposición de ley, que amplía el listado de apartados donde estaría permitida la inversión del superávit.
 
Crecimiento económico
No obstante, los socialistas quieren que el único requisito para que una inversión sea considerada financieramente sostenible sea que "contribuya al crecimiento económico a largo plazo" y que "no comprometa, durante su vida útil, la sostenibilidad financiera de la corporación local" bien porque genere recursos suficientes para financiar su funcionamiento o porque propicie un ahorro superior a su coste.
 
Sin embargo, la propuesta del PP preveía excluir las inversiones con una vida útil inferior a los cinco años, así como las adquisiciones de mobiliario, enseres y vehículos "salvo que se destinen a la prestación del servicio público de transporte". De forma excepcional podrían incluirse indemnizaciones o compensaciones por la rescisión de contratos "siempre que tengan carácter complementario y se deriven directamente de actuaciones de reorganización de medios o procesos asociados a la inversión".
 
Diputaciones
En el caso de las diputaciones provinciales, los consejos y los cabildos insulares, los 'populares' estaban dispuestos a incluir las transferencias de capital destinadas a financiar inversiones que cumplan con los requisitos anteriores.
 
Los dos partidos mayoritarios sí coinciden en que, para controlar que estas inversiones no ponen en riesgo la estabilidad financiera de la corporación municipal, el expediente deberá contar con una memoria económica específica que recoja una "proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil".
 
No obstante, el PSOE plantea que el Pleno municipal tenga conocimiento anual del grado de cumplimiento de todos estos criterios a la vez que se detalla la liquidación presupuestaria, y que la inversión de los superávits de 2012 y 2013 no computen en el déficit de este ejercicio, precepto que los 'populares' no mencionaban en su enmienda.

 

lunes, 24 de noviembre de 2014

Antonio Díaz: ¿ Están los ayuntamientos preparados para gestionar una nueva transición ?

"Necesitamos un sistema que dificulte la corrupción, que provea de incentivos para combatirla y proteja y estimule las “buenas conductas”, incluida la denuncia de las abundantes malas prácticas"

Antonio Díaz. Blog administracioninteligente. Es la pregunta que nos podemos hacer tras una legislatura convulsionada  por dos grandes terremotos: el “tsunami de la crisis” y el “tsunami de la corrupción”.  Recientemente pudimos debatir sobre ello en las #JOMCAL2014 celebradas en Málaga.
 
Antonio Díaz MéndezDel “tsunami económico” ya se puede hacer un primer balance y recuento de víctimas: caída brutal de los ingresos tanto ordinarios como extraordinarios y en consecuencia reducción drástica del gasto local.

El empleo público ha caído en torno a un 10 %, el gasto corriente entre el 10 y el 20% como media, y las inversiones, según los casos, entre el 20 y el 80 %, según los datos estimados por nuestro colega A. Galofré. Esta ha sido la tónica general en la mayoría de Ayuntamientos.
 
El resultado global de este austericidio  son unas cuentas locales más saneadas, donde la gran mayoría de los gobiernos locales cumplen actualmente los objetivos de déficit, mientras el grupo minoritario que no los cumple, se encuentran en una situación práctica de “Intervenidos por el Ministerio de Hacienda”.
 
Los damnificados una vez más son los ciudadanos, no solo porque nuestras calles estén más sucias y la calidad de los servicios se resienta, sino sobre todo, porque el desempleo se mantiene en porcentajes similares, mientras aumenta notablemente la fractura social. No hay más que ver el aumento exponencial de personas atendidas por organizaciones como  Cáritas , que pasa de 370.000 en 2007 a 2.513.503 en 2013, al tiempo que descienden los beneficiarios de  la ley de dependencia y de otros programas sociales municipales por falta de fondos. Con todo, los Ayuntamientos han sido capaces de dar respuesta o al menos “dar la cara” ante la necesidad social (comedores, deshaucios,..etc.) en estrecha colaboración con la sociedad civil.
 
Austeridad vs eficiencia
Al final de este periodo, somos sin duda más austeros, pero ¿a qué precio?.  No está nada claro que seamos más eficientes, ni tampoco que hayamos logrado innovar nuestros sistemas de gestión, que era otra de las grandes cuestiones iniciales ¿estamos mejor preparados para abordar el cambio de época?.
 
La Ley de Reforma y Sostenibilidad de la Administración Local se ha alineado sobre todo con esos objetivos de racionalizar, controlar y favorecer la iniciativa económica privada, dejando en segundo plano otros más “delicados” como la clarificación de competencias (C. Campos), cuestión que se apunta como el gran fracaso de esta reforma, junto al olvido de asuntos como la dirección pública profesional, la flexibilización en la función pública o la misma calidad de la democracia local.  De financiación, ni hablamos, porque “ni está ni se le espera”.
En cuanto al  “tsunami de la corrupción”, irrumpió abruptamente en las propias Jornadas, poniendo cada vez más en evidencia que no estamos hablando solo de “manzanas podridas”.  Necesitamos un sistema que dificulte la corrupción, que provea de incentivos para combatirla y proteja y estimule las “buenas conductas”, incluida la denuncia de las abundantes malas prácticas. Cada día aparece un manifiesto con nuevas medidas, como el de Transparencia internacional o el de “Regenerar la Administración” desde los funcionarios, abierto a debate por C. Marcos en la red social Novagob. Por otra parte, la ciudadanía parece muy dispuesta a “hacer vudú” desde la sociedad civil, utilizando PODEMOS, como bien explica JI Torreblanca.
 
Hemos  iniciado tímidamente un camino con las leyes y ordenanzas de transparencia, si bien el trecho es largo para pasar de una transparencia de escaparate  a otra real, más cercana a la evaluación de políticas, la apertura de datos y rendición de cuentas permanente, y al diseño de marcos de integridad y códigos éticos, compartidos y vigilados también desde la sociedad civil.
 
Innerarity  nos dejó unas cuantas buenas preguntas (¿se trata de coger el poder o hacer algo con él?) y algunas reflexiones interesantes para “gobernar en el siglo XXI”, entre las que destacaría la necesidad de disponer de sistemas inteligentes, capaces de sobrevivir a los malos políticos y también incluso a los malos funcionarios.
 
Sin duda hay que diseñar e implantar estos modelos -también lo apuntó Mane R. Maseda- pero sin olvidar que los modelos de gestión y las tecnologías son  medios para encontrar un fin, sin embargo es muy fácil convertirlos en un fin en sí mismo (S. Jimenez). Cuando eso ocurre, estamos burocratizando y matando la innovación.
 
Gobernar el futuro
Gobernar el futuro significará implantar otros modos de hacer, incorporar la tecnología como instrumento y herramienta de rendición de cuentas y también de participación  (gestionar implicando a la gente), asumiendo los riesgos que eso conlleva.
 
¿Tenemos que ir a “gobiernos y administraciones nudistas”? (T. Fernández). Desde luego, habrá que entender y digerir la actual demanda de radicalidad democrática, además de incorporar las necesidades y expectativas de los “milenials” a las instituciones (O. Cortés). Pero si tuviera que resumir, la gran pregunta es si las Instituciones y las personas que las dirigen están preparadas para gestionar la transición que ya se está produciendo: entre lo nuevo y lo viejo, entre lo analógico y lo digital, entre un bipartidismo imperfecto y un multipartidismo alternativo y emergente…. En definitiva, ¿estamos preparados para gestionar la Innovación democrática?-
 
Como alertó E. Cuéllar, deberíamos estar atentos a lo que hacen por Europa (Observatorio de Innovación de la OCDE), e ir aprendiendo también, sin prejuicios, de algunas experiencias iberoamericanas…. Por cierto, ¿Ya os habéis inscrito en el Congreso Iberoamericano de Innovación ?  #Novagob2014.

domingo, 23 de noviembre de 2014

La norma "ISO 18091: 2014" cuenta con 39 indicadores para evaluar la gestión de los ayuntamientos españoles

Se presentó en Madrid por ISO y la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables (Fidegoc).
 
Revista de prensa. La Vanguardia.- Un cuestionario con 39 indicadores de bienestar es la propuesta que plantea un grupo internacional de expertos para lograr que los ayuntamientos crezcan en democracia, participación y transparencia, una iniciativa global que aterrizará en España a principios del próximo año.
 
La norma "ISO 18091:2014" es el método para lograr un buen gobierno en las entidades locales que ha sido presentado hoy en Madrid por la Organización Internacional de Normalización (ISO), creadora de la propuesta.
 
Tras ese nombre se esconde una idea "muy sencilla", ha explicado el director de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables (Fidegoc), Carlos Gadsden, quien ha asegurado que el método ya funciona en municipios de más de cincuenta países.
 
Se trata de un cuestionario con 39 indicadores sobre el buen funcionamiento de los ayuntamientos: transparencia, corrupción, nivel de bienestar, seguridad ciudadana, entre otros, que tanto el gobierno local como sus ciudadanos han de valorar en función de la realidad de su municipio.

Luces de calidad democrática
La calificación de cada uno de los parámetros puede ser roja, amarilla o verde de acuerdo con su calidad democrática.
 
"Es un método muy sencillo que va a cambiar el paradigma en materia de gobiernos locales", ha proseguido Gadsden en la presentación de la norma que, según ha apuntado, "no tiene sentido" si no es desde el principio de la "confianza y la participación ciudadana".
 
En esta línea, el sociólogo mexicano ha comparado la estrategia que propone su organización con el sistema de alcohólicos anónimos. "Sólo se pueden cambiar ellos mismos, y para ello lo primero que tienen que hacer es reconocer con honestidad sus fallos y limitaciones, lo mismo han de hacer los ayuntamientos", ha dicho.
 
La ISO tiene previsto desarrollar este sistema de indicadores en España a principios de 2015 y para ello contará con la ayuda de AENOR, que llevará "la confianza, la objetividad y la seguridad" a todo este proceso, tal y como ha precisado Ramón Palacios, gerente de Calidad Avanzada de la asociación.
 
"No se trata de poner vendas a un sistema para corregir sus fallos -ha subrayado Palacios- sino de crear un sistema nuevo que incorpore a la ciudadanía en los procesos de decisión de los gobiernos a nivel local".
 
Aunque este método ya ha sido implantado en numeroso municipios alrededor del mundo, también tiene sus limitaciones, como la escasa comunicación y el solapamiento de competencias entre los ejecutivos locales, regionales y nacionales que se dan con frecuencia en los países.
 
Gasden tiene claro que este sistema de indicadores puede superar todas sus posibles limitaciones a través de la confianza y la participación ciudadana dentro del sistema democrático.
 
Ha advertido que esa participación que proponen no ha de servir para "agitar avisperos", en referencia a la estrategia que, a su juicio, han desarrollado organizaciones como Podemos o movimientos como el 15-M, sino para "construir colmenas organizadas" para alcanzar una sociedad mejor.

viernes, 21 de noviembre de 2014

El Gobierno estudiará la siniestralidad en el ámbito de la Policía Local para regular los coeficientes reductores que se pueda aplicar para acceder a la jubilación

Ya se aplica a la Ertzaintza y que otros países como Alemania o Bélgica también cuentan con una regulación de este tipo
 
Revista de prensa. EP. 20.11.2014.- El Gobierno estudiará la siniestralidad en el ámbito de la Policía Local para regular los coeficientes reductores que se pueda aplicar este colectivo para acceder a la jubilación antes que la población general, y ya ha puesto en marcha una plataforma a través de la cual más de 120 ayuntamientos han remitido ya la información pertinente.
 
Así lo ha señalado este martes la diputada 'popular' Ana Belén Vázquez en la Comisión de Empleo del Congreso, durante el debate de una iniciativa de UPyD pidiendo que se reconozca la peligrosidad de la profesión para que los agentes municipales puedan jubilarse antes.
 
En este sentido, la portavoz del PP, inspector de Policía de profesión, ha asegurado que la Secretaría de Estado de la Seguridad Social "ya ha iniciado los trabajos" para elaborar el estudio "preceptivo" sobre la siniestralidad en el colectivo de la Policía Municipal.
 
Oportunismo de UPyD?
De hecho, desde finales de junio está en marcha un "canal seguro de transmisión de información" y 120 ayuntamientos ya han remitido todos los datos relativos a 14.654 agentes para "comenzar a elaborar esos informes y poder establecer una legislación sobre los coeficientes reductores". "El Gobierno los va a poner en marcha para que todos los policías del territorio nacional tengan derecho a los coeficientes reductores. Ya se están dando pasos, y lo saben", ha añadido Vázquez.
 
De hecho, ha cargado contra el "oportunismo" de la formación magenta por presentar esta iniciativa para intentar "poner la guinda del pastel", cuando a su juicio eso sólo corresponde al Gobierno y a las asociaciones de policías, que llevan cinco años luchando por este objetivo "de justicia".
 
Algo parecido opina la socialista Isabel López i Chamosa, quien ha recordado que los policías locales ya tienen una regulación sobre cómo acceder a los coeficientes y que "se están reuniendo con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para alcanzar acuerdos en este tema".
 
"El problema no es el coste de la medida, sino el coste para las personas que tienen más de 35 años ahora y que ya no tienen tiempo para cotizar más. ¿Quién paga el coste de todos los que están en la edad cercana a la jubilación? ¿Los ayuntamientos, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)? Ése es el problema", ha añadido, subrayando que la reivindicación es "justa y razonable" y que el PSOE la apoya, pero que debe resolverse a través de un "acuerdo" con el Gobierno.
 
La Ertzaintza ya lo tiene
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha defendido que la actual normativa permite aplicar coeficientes reductores para determinados colectivos, si cumplen unos requisitos de peligrosidad o excepcionalidad que, a su juicio, la Policía Local tiene. Además, ha recordado que esto ya se aplica a la Ertzaintza y que otros países como Alemania o Bélgica también cuentan con una regulación de este tipo.
 
Así, considera que el único argumento en contra podría ser el coste, porque los coeficientes no podrían afectar al equilibrio de la Seguridad Social, aunque cree que una mayor cotización resolvería el problema.
 
Carles Campuzano, de CiU, ha defendido que "un apoyo decidido y claro" de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ayudaría a allanar el camino a esta demanda "legítima", mientras que por parte del PNV, Emilio Olabarria ve "razonable" la propuesta aunque alerta de la "dificultad de su ubicación normativa" porque haría falta una Ley de Policía Municipal.

jueves, 20 de noviembre de 2014

Selección de empleados públicos y oposiciones: ¿qué nos dice la evidencia?

"El mejor predictor del desempeño laboral es la inteligencia, medida por los test de inteligencia psicométricos"
 
Politikon.- Gabriel Táuriz.-  Cuando nos hablan de selección de personal seguramente nos venga a la cabeza un señor muy serio con corbata, en un despacho de una empresa, haciéndole una entrevista a un directivo, un comercial o un contable.
 
Puede que creamos que su trabajo puede tener algún efecto en la cuenta de resultados de la empresa, o no, si somos escépticos respecto a la utilidad real de sus procedimientos para seleccionar a la persona más idónea para el puesto. Probablemente no pensemos que su trabajo pueda ser de gran importancia para la sociedad o para nosotros. Sin embargo, seguramente desearemos que el piloto que va a aterrizar nuestro avión o el cirujano que va a operar a nuestro hijo haya sido seleccionado mediante métodos que garanticen que su desempeño va a ser alto.
 
Pero no hace falta ponerse tan dramáticos: la selección de personal puede tener un gran efecto en la sociedad si pensamos en la selección de los empleados públicos. Todos estaremos de acuerdo en la importancia que tiene para el país el desempeño de jueces, fiscales, profesores, médicos, policías, inspectores de sanidad, de hacienda, de trabajo, etcétera. Y es que, pese a que algunas personas sostengan la creencia de que “todo el mundo trabaja más o menos bien”, lo cierto es que los estudios han demostrado que existen grandes diferencias entre individuos en el desempeño laborali.
 
Procedimientos
Antes hacía referencia a la posibilidad de “creamos” o “seamos escépticos” respecto a la utilidad de diferentes procedimientos de selección de personal. Por suerte, no necesitamos confiar en la intuición, hemos inventado la ciencia y los estudios empíricos para ayudarnos a tomar las decisiones correctas (por ejemplo, ¿es mejor usar antibióticos o untar el pecho con vick vaporub para tratar la neumonía?). Pues bien, lo cierto es que existe una ciencia de la selección de personal, una especialidad de la psicología, que a lo largo de 100 años de investigaciones empíricas, utilizando miles de muestras y estudios diferentes, con una muestra acumulada de ─posiblemente─ millones de personas, ha determinado cuáles son los mejores instrumentos, técnicas y medidas que se pueden utilizar para predecir cuál será el desempeño laboral de un candidato.
 
El objetivo de esta disciplina científica es, por tanto, la predicción del futuro desempeño laboral. Para ello, los diferentes instrumentos de selección son calificados mediante un coeficiente, la validez predictiva, que varía teóricamente entre 0 (ninguna capacidad predictiva, e.g. el horóscopo) y 1 (validez total y perfecta, imposible en la práctica). Esta validez se determina matemáticamente -estadísticamente- partiendo de un coeficiente de correlación entre las puntuaciones de los evaluados en el instrumento de selección y el desempeño laboral. Esta correlación se refina luego mediante la aplicación de otras fórmulas (e.g. corrección por atenuación en el criterio, corrección por restricción en el rangoii) para obtener el coeficiente de validez.
 
Existe otro tipo de validez, llamada la validez aparente (face validity en la literatura anglosajona). Esta validez no se deriva de ningún cálculo ni investigación, es simplemente la validez que “parece” que tiene un instrumento de selección, que intuitivamente nos parece que va a funcionar. Este criterio es el que dirige muchas de las decisiones en materia de selección de personal. Pensemos por ejemplo en las oposiciones para acceder a la función pública. Nadie ha estudiado su validez como método de seleccióniii. Están ahí porque “parece” que van a funcionar. Esto, en pleno siglo XXI, no tiene mucho sentido.
 
Pues bien, ¿qué es lo que nos dice la ciencia de la selección de personal? ¿Cuál es el mejor instrumento de selección que existe? Soy consciente de que la siguiente afirmación le va a sorprender a mucha gente, pero los datos de las investigaciones son firmes y concluyentes: El mejor predictor del desempeño laboral es la inteligencia, medida por los test de inteligencia psicométricos. Es la mejor tanto por puro poder predictivo como por los bajos costes que conlleva su aplicación, tanto para el candidato como para la organización evaluadora. La validez predictiva de los test de inteligencia está en torno a .65iv, calculada mediante meta-análisis que reúnen los resultados de cientos de estudios individuales con muestras acumuladas enormes. Esta validez es mayor cuanto más complejo sea el puesto y disminuye en puestos poco complejos, por lo que el valor de .65 es para puestos de complejidad media (que son sobre el 63% de los puestos totales existentes en la sociedad). En aquellos puestos de alta complejidad (el 17%) la validez sube a cerca de .75; en los de baja complejidad (el 18%) está en torno a .55. Incluso en aquellos puestos de muy baja complejidad (solo el 3% de los puestos existentes) la validez aún se mantiene en torno a .40v
 
Algún lector se estará preguntando cómo se mide el desempeño laboral a la hora de realizar estos cálculos. Bien, existen diferentes medidas del desempeño laboral que van desde las más sencillas (pedir una valoración global del empleado a su supervisor directo) a las más complejas (e.g. escalas multidimensionales de valoración del desempeño que requieren una observación directa), pasando por medidas objetivas de productividad (número de ventas, expedientes tramitados), valoraciones de compañeros o clientes, etcétera. La diferente precisión o “calidad” de estas medidas (que se mide mediante el coeficiente de fiabilidad) puede tener unas importantes repercusiones para el trabajador y la organización (promociones, despidos…) pero no para la selección. Esto es debido a que el error generado por una medida poco fiable es error aleatorio, no correlacionado, por lo que se puede eliminar mediante la aplicación de unas fórmulas matemáticas (la corrección por atenuación en el criterio mencionada anteriormente). Se ha demostrado que, para medidas globales del desempeño, los test de inteligencia (al igual que otros instrumentos de selección) ofrecen índices muy similares de validez independientemente del tipo de medida del desempeño empleada.
 
Test de inteligencia
Los cuestionarios de inteligencia no son los únicos instrumentos de selección con una buena validez predictiva. Existen otros buenos instrumentos con una validez que se acerca a la de los test de inteligencia. Por ejemplo, las simulaciones del trabajo llevado a cabo en el puesto (work sample test o test de muestras de trabajo) tienen una validez de .55. Las entrevistas estructuradas de descripción de conducta, un tipo de entrevista de selección muy sofisticado que requiere la confección de unas preguntas que evalúen el comportamiento del candidato en una serie de dimensiones identificadas como importantes para el puesto, tienen una validez en torno a .50vii. La diferencia radica en el coste de desarrollo y aplicación del instrumento. Existen decenas de buenos test psicométricos en el mercado capaces de evaluar la inteligencia por unos pocos cientos de euros. El coste de aplicación es muy escaso, puedes evaluar a varios candidatos a la vez en tan solo media hora (aproximadamente), el tiempo en que tardan en cubrir el test. Comparemos esto con los costes de emplear complejas simulaciones de las tareas del puesto, desarrolladas ad hoc y con altos costes de aplicación. Es por esto que otros instrumentos de selección se evalúan muchas veces en función de lo que pueden añadir a lo que ya predice un test de inteligencia (si utilizamos diferentes herramientas no podemos simplemente sumar sus coeficientes de validez, la correlación entre ellas y la regresión múltiple se encargan de ajustar el resultado final).
 
Examinemos ahora la validez que podrían tener las oposiciones como método de selección en el estado español. Digo que “podrían” tener porque la que tienen no la sabemos, ya que no se ha investigado. Si examinamos la literatura científica sobre el tema vemos que los “test de conocimientos del puesto” son quizá lo que más podría asemejarse a un examen de oposición. La validez de estos test está en torno a .45viii, inferior a la de los test de inteligencia pero aun así una buena validez. Sin embargo, esta validez varía en función de la semejanza entre el contenido del test y las tareas y funciones que se van a desempeñar en el puesto. Los test de conocimientos del puesto son exámenes de los conocimientos específicos necesarios para desarrollar las tareas del puesto.
 
En el caso de los exámenes de oposición muchas veces incluyen contenido no relacionado con el puesto en sí, como puede ser el derecho constitucional, el administrativo o preguntas de cultura general. Además, la corrección de las preguntas no se realiza siempre de manera objetiva, por lo que el error de medida será mayoriii. Todo esto parece indicar que los exámenes de oposición tendrán una validez predictiva probablemente muy inferior al .45 indicado para los test de conocimientos del puesto. Leer+

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Novedad editorial: "La Ética en la Política"

Montaigne. ¡Qué falta nos hace volver a los principios y recuperar las virtudes públicas! 
 
A todos aquellos políticos que, a pesar de las evidencias, siguen sin darse por enterados de qué es la ética en la actividad pública:  “Tu vida privada debe servir de ejemplo. Refrena los apetitos sexuales y financieros”  (“Código Ético para Políticos”, Yehezkel Dror, La capacidad de gobernar; Círculo de Lectores,1994, p. 192)

Rafael Jiménez Asensio. Estudiconcultoría.com.-  aunque esa cita extraída de un breve (pero ilustrativo) Código Ético para Políticos fue escrita hace veinte años, no cabe duda que guarda una innegable actualidad. Nuestra clase política sigue confundiendo ética con legalidad o regularidad de sus actuaciones, prescindiendo de algo tan esencial como es la ejemplaridad e integridad que deben guiar sus conductas tanto en su vida pública como privada.

Por mucho que insistan, no es cierto que sea indiferente o neutro lo que haga un político con su vida privada, ni menos aún cuando con su conducta privada deteriora la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones. La responsabilidad moral de los gobernantes es un activo institucional, su ausencia o ninguneo un descrédito a unas instituciones ya maltrechas.

En la política y en sus aledaños (también esta peste alcanza al mundo sindical, empresarial, profesional e incluso funcionarial) el sonrojo y el ostracismo solo llega con la condena penal, ni siquiera con la infracción administrativa. En lo demás, cuando no se “justifica” burdamente la conducta, se pide perdón (un “arrepentimiento” nunca espontáneo y casi siempre rodeado de escasa credibilidad).  Asunto arreglado. O, al menos, eso creen. Confían en la debilidad de la memoria ciudadana, siempre frágil y en demasía complaciente. Pero ya nada es lo mismo.

La relación entre Ética y Política es una cuestión actual, sobre todo ante la innumerable cantidad de escándalos de corrupción que azota la vida pública. La ciudadanía mira atónita ese desfile de noticias que un día sí y otro también salpican la información cotidiana. Pero más que seguir echando leña al fuego tal vez convenga ofrecer una mirada distinta sobre tan poliédrico asunto.

Esto es lo que han llevado a cabo distintos profesores de filosofía en un libro titulado “La ética en la política” (KRK, ediciones, 2014), del que pretendo hacer un sucinto cometario. La dimensión conceptual tal vez nos ayude a entender mejor algunos problemas que ahogan la vida pública española.

Los editores (Longás Uranga y Peña Echevarría) no ocultan en su presentación “la complejidad del problema”. Tal como señalan, “tendemos a pensar que los problemas de la ética en la política son problemas de otros”. Y esto es un grave error en el que con frecuencia se incurre.

Vargas-Machuca resalta la importancia de las instituciones, así como la deriva populista o mesiánica de la política actual. La ética aporta a la política principios, mientras que las instituciones ofrecen reglas. La estrategia política debería encuadrarse en ese doble esquema de respeto de los principios y de las reglas. Sin embargo, “el desarrollo de la política en España ha sido, y lo es ahora de manera más aguda, muy vulnerable a este particular trastorno de las relaciones entre principios, reglas y estrategias”. El continuo, según este autor, parece claro: desde la ética a la política, pasando por el derecho. La primera pieza está rota, la segunda a punto de romperse y la tercera queda huérfana. Sola se transforma fácilmente en despotismo o populismo barato.

En un sugerente ensayo, Peña González pone en guardia sobre el gobierno de los expertos o tecnócratas y sobre las limitaciones de la política actual. La omnipresencia de la economía mutila la política. Tal como señala, “la dimensión reflexiva está en riesgo en la actual forma de hacer política”. En efecto, la política se refugia en la banalidad del reality show y en la astucia del marketing. Frente a esa configuración del buen gobierno como cultura de expertos, propone recuperar las viejas virtudes de la política y, en particular, la conciencia de que ética y política no pueden disociarse, a riesgo si no de no responder a la pregunta básica (formulada tanto por Platón como por Derrida) sobre cómo debemos vivir.

“Ciudadanos adolescentes”
Otros dos ensayos de este libro nos ponen sobre la pista de algo que, con frecuencia, no se recuerda: la existencia de “ciudadanos adolescentes” (Ovejero) o de una “ciudadanía de omisión” (Arteta). La aportación de Félix Ovejero es estimuladora, pero también inquietante: una crítica mordaz y frontal del “buenismo”, que todo lo contamina. Una ciudadanía adolescente e irresponsable a la que le gustan discursos aduladores y siempre positivos: “los ciudadanos (¿son realmente ciudadanos?) no se fían de quienes anticipan problemas; de quienes reclaman cambios para evitar dificultades del porvenir”. A quienes señalan los problemas, “parecen que los crean”. Mejor vivir en la ignorancia e indolencia. De ahí construye doce verdades buenistas. Alerta sobre el empacho de moralismo. Pero finalmente intenta reconstruir los destrozos de un análisis demoledor: la sabiduría práctica y la prudencia deben atemperar la política y los dilemas morales que en ella se incuban. Se vuelve a la ética.

Ya lo dijo Madame de Stäel en 1795, tras los sucesos de la Convención y del Terror: “Si el poder de la moral no es, por así decirlo, el poder constituyente de una república, la república no existe”. Tomen nota la legión de reformadores constitucionales. La recuperación moral de la política es, por tanto, una premisa para que la política sea creíble. Pero ya no valen gestos hacia la galería (“la ética no es cosmética”, como diría Adela Cortina) ni arrepentimientos cargados de impostura. Al gobernante solo le cabe, como recordara Javier Gomá y siglos antes relató Montesquieu, practicar con el ejemplo. Y cuando el “ejemplo” es burdo, grosero o impropio de un político serio, la única salida digna es conjugar el verbo dimitir, antes de que uno sea echado a las tinieblas por la ira de una complaciente y adolescente ciudadanía, adormecida hasta la médula, pero que ahora parece comienza a despertar. Al menos se muestra más exigente, no sé si también con ella misma. Ahí tengo más dudas.

Quien se dedique a la política o a cualquier otra función representativa e institucional debe tomar buena nota de ello: una conducta moral intachable o siquiera sea conducida con patrones de exigencia e integridad, no solo en lo público sino también en lo privado, es el único salvoconducto para mantenerse dignamente en el ejercicio de sus responsabilidades.
Así lo demostró, por ejemplo, Hipócrates, el padre de la medicina, “cuando el rey de Persia quiso atraerlo a sí por medio de ofertas y grandes regalos, pero que él respondió que sería para él un cargo de conciencia ocuparse en curar a los bárbaros que querían matar a los griegos, y en servir con su arte a quien quería avasallar a su país” (Étienne de La Boétie, “Discurso de la servidumbre voluntaria”, Tecnos, Madrid, 2010, p. 63). Dilema resuelto. Nobleza y coraje, pero también integridad, como recuerda en esa cita el buen amigo de Montaigne. ¡Qué falta nos hace volver a los principios y recuperar las virtudes públicas!