domingo, 29 de septiembre de 2013

¿ Por qué no funcionan las instituciones en España ?

"Las prácticas de clientelismo, nepotismo, amiguísimo o la "canibalización" (corrupción) de la Administración Pública siguen estando más presentes de lo que podríamos presumir"
 
Controlar al poder no es vestir la "púrpura". Conlleva fuertes exigencias, tensiones y enfrentamientos más o menos explícitos con los gobernantes de turno.
 
Blog Estudiconsultoría. Rafael J-Asensio. No puede albergarse duda alguna en torno a la transcendencia de la crisis institucional que estamos padeciendo. Si no se resuelve adecuadamente, ni la crisis económica ni la crisis  política tendrán soluciones efectivas. Y la ciudadanía padecerá sus consecuencias.

La idea-fuerza de esta reflexión gira en torno a que esta crisis institucional se ha agudizado  por el adverso contexto económico-financiero, pero que sus raíces están profundamente arraigadas en la sociedad española a través de dos elementos: 1) La ausencia de cultura institucional, tanto en el ámbito político como en la sociedad civil; y 2) El pésimo funcionamiento del sistema de controles y de rendición de cuentas existentes en nuestros sistemas institucionales públicos.

La convergencia de estos dos elementos explica por qué en España no funcionan o mal funcionan las instituciones. Es cierto que hay otros muchos factores que contribuyen a forjar tan desolador diagnóstico.

Cabe mantener que todavía hoy está arraigada en el tejido público-privado una suerte de "sociedad del favor" (o de "socorros mutuos"). Aunque la sociedad actual dista mucho de aquella del siglo XIX, sigue siendo cierto el diagnóstico que emitiera Tocqueville referido a la Francia del momento: "había -decía este autor- mucha gente habituada a vivir del Tesoro Público, más que de su propia industria". Cierto es que esa "sociedad del favor" en el siglo XIX tenía una impronta clientelar muy personalizada (los amigos políticos y el papel del cacique), mientras que en la actualidad se han despersonalizado bastante este tipo de relaciones mediante las espurias conexiones que se producen entre sector público e intereses económico-financieros e industriales (tráfico de influencias y corrupción). El profesor Varela Ortega lo ha expuesto crudamente en su reciente libro "Los señores del poder".

Sin un control férreo del poder estamos perdidos

Sin embargo, las prácticas de clientelismo, nepotismo, amiguísimo o la "canibalización" (corrupción) de la Administración Pública siguen estando más presentes de lo que podríamos presumir. No pondré ejemplos, pero se pueden traer a colación cientos. Desgraciadamente, entra dentro de la naturaleza humana abusar del poder. Hume calificaba a los hombres como auténticos "bribones". Y Montesquieu fue muy claro al sentenciar que para garantizar a la libertad no hay otro medio que establecer un sistema en el que el propio poder frene al poder. Sin un control férreo del poder estamos perdidos.

Cualquier observador externo que examine la arquitectura formal del sistema institucional español concluirá fácilmente que nuestro modelo constitucional es perfectamente homologable a cualquier otro existente en una democracia avanzada. Es más, se quedará boquiabierto ante la proliferación de instrumentos e instituciones de control del poder. No sólo tenemos un Poder Judicial y un Tribunal Constitucional, sino que además disponemos de una inflación de instituciones y órganos llamados a ejercer ese control del poder (tribunales de cuentas, defensores del pueblo, consejos consultivos y asimilados, Consejo de Estado y sus correspondientes autonómicos, una amplia batería de "administraciones independientes" con funciones "reguladoras y de supervisión" e, incluso, "una oficina antifraude" (lo cual ya nos dice mucho de por dónde sopla el viento por esos pagos).

Sin embargo, toda esa rica arquitectura institucional de control no funciona o tiene, cuando menos, un rendimiento institucional bajo o muy bajo. Su papel principal no escrito es no incordiar al poder político o, cuando sea imprescindible o necesario, hacerlo tarde y a destiempo. Al poder nunca le ha interesado que las instituciones de control funcionen. Pero eso ha sido así en todos los lugares del mundo, no sólo aquí. La batalla del control del poder nunca ha sido amable, es muy dura. Pero si se gana, la sociedad madura. Si no se lucha, el sistema se descompone poco a poco. Además, ya se sabe, el tiempo político y el tiempo de "control" (sea este judicial o de otro carácter) tienen relojes distintos.

¿Cuáles son, por tanto, las causas que sucintamente se pueden esbozar como determinantes de este bajo o nulo rendimiento institucional de los sistemas de control en España? A mi juicio, son principalmente dos. En primer lugar, nuestra tradición constitucional ha sido débil y discontinua, aparte de heredera de un modelo en el que la separación de poderes no ha existido en la práctica y, por consiguiente, el sistema de frenos del poder ha estado siempre averiado. Por contra, las tradiciones constitucionales de corte anglosajón (con prolongaciones o incluso antecedentes en los países nórdicos y en Holanda) construyeron ya desde el siglo XVII sistemas institucionales asentados en la idea constitucional de equilibrio, de pesos y contrapesos (checks and balances), de rendición de cuentas y, en fin, de límites o frenos al poder.

Nada de esto surgió entre nosotros. En cambio, otros países de tradición constitucional continental (y con un pasado político a veces tan tormentoso o más que el nuestro) fueron evolucionando o lo han ido haciendo en las últimas décadas hacia sistemas institucionales en los que los mecanismo de control (Tribunales Constitucionales, Poder Judicial, organismos reguladores o financieros) funcionan razonablemente o de forma bastante adecuada (Alemania, Austria, Francia, Bélgica). En nuestro caso (al igual que sucede en otros países del sur de Europa) la situación es bien distinta.

En efecto, no cabe duda que en este país las instituciones de control ejercen sus funciones con muchas dificultades, con no pocas trabas, con rendimientos bajos, mirando en no pocas ocasiones "para otro lado", con escasa tensión, lo que convierte al sistema de controles y a la rendición de cuentas en un mero decorado, rayando a veces en el puro esperpento. Las claves de ese mal funcionamiento están, asimismo, en dos datos: por un lado, en las personas (inadecuaciones flagrantes de los perfiles competenciales de quienes se encargan de esos cometidos); y, por otro, en la grosera captura - como ha denunciado recientemente César Molinas- que los partidos políticos han hecho de tales instituciones de control a través del nombramiento de fieles o "amigos políticos". Es cierto que hay más causas. Pero esas son las dos más importantes. Se resumen en una: falta absoluta de cultura y sentido institucional de quienes ejercen el poder o desarrollan funciones de control.

Una de las claves está, efectivamente, en las personas. Guizot ya predijo que las instituciones funcionan (o no)  en virtud de las personas. Popper afirmó rotundamente que las instituciones eran como fortalezas, tenían que estar bien construidas, pero además "abastecidas de gente apropiada". Las nuestras no lo están. Siento ser tan categórico en el juicio.

Lo cierto es que, tal como decía, el sistema institucional derivado de la Constitución de 1978 no es excesivamente deficiente en el plano formal. Nuestras instituciones, salvo aspectos puntuales, son, tal como decía, perfectamente equiparables a las de cualquier sistema constitucional democrático avanzado. Aunque, no cabe ocultar, que la ingeniería constitucional puede mejorarse notablemente en algunos casos (Senado, Consejo General del Poder Judicial, sistema autonómico). Pero quien piense que con una reforma  constitucional de mayor o menor profundidad se habrá resuelto la crisis institucional se equivoca de palmo a palmo.

La tesis que mantengo (y que desarrollaré en otro lugar) es que el funcionamiento del sistema institucional español (o autonómico) no mejorará apenas nada con un mero cambio constitucional o con reformas estatutarias, por muy profundos que sean estos procesos. Si no hay una radical renovación moral de la sociedad española y, en particular, de las personas que desarrollan su actividad en las estructuras (hoy por hoy impermeables) de los partidos políticos o en los diferentes puestos de responsabilidad pública, poco o nada avanzaremos. Tampoco daremos pasos hacia delante si no somos capaces de implantar y generalizar de una vez por todas  una cultura institucional que se aleje de esa concepción cutre del favor, de la cínica ocupación partidocrática de las instituciones de control y de situar en tales órganos a fieles, leales o incluso a incompetentes manifiestos. La insaciable voracidad de los partidos políticos está manifestando una ausencia de sentido institucional clamoroso. No hay, como decía Heclo, pensamiento institucional.

La falta de ejemplaridad
La agenda que tenemos por delante es sencillamente abrumadora. Pero no disponemos de muchas (por no decir ninguna) opciones alternativas. Controlar al poder no es vestir la "púrpura". Conlleva fuertes exigencias, tensiones y enfrentamientos más o menos explícitos con los gobernantes de turno. Aquí, por el contrario, desempeñar cargos públicos en instituciones de control siempre ha sido visto como una prebenda fruto del favor o cono resultado de una afortunada combinación. La ejemplaridad, como recordaba Javier Gomá, solo se predica actuando. Hay que presionar a la política, a las instituciones y a quienes ejercen puestos de control a que no sólo digan (o intenten convencernos) que son honrados, honestos y profesionales, sino además que lo sean de verdad y además lo parezcan. Exijamos autenticidad y veracidad. La mentira o las medias verdades deben estar erradicadas del espacio público.  La ciudadanía tiene que multiplicar los test de escrutinio y ser implacable ante cualquier mínimo relajo o infracción de las responsabilidades públicas.

Si no lo hacemos, caerá sobre nosotros aquella sentencia que, Compte-Sponville, extraía de mito de Cronos: "La degeneración política, como el envejecimiento individual, son el signo de un mundo que Dios ha abandonado a su propia suerte".
 
En nuestras manos, y no en las de otro, está evitarlo. Texto PDF

viernes, 27 de septiembre de 2013

El Gobierno informa a los sindicatos de la función pública de una nueva congelación salarial para 2014

Los empleados públicos encadenarán una pérdida de poder adquisitivo cercano al 20%, según los cálculos de los sindicatos
Revista de prensa. El País. 26.9.2013.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas ha confirmado esta tarde a los sindicatos que volverá a congelar el sueldo a los empleados públicos durante el próximo año. Los trabajadores públicos encadenarán cuatro años sin subidas salariales. Además, en 2010 se les rebajó un 5% y el año pasado sufrieron el recorte de la paga extra de Navidad.
 
El ministro Cristobal Montoro
En total, los empleados públicos encadenarán una pérdida de poder adquisitivo cercano al 20%, según los cálculos de los sindicatos.

Aunque los cálculos La medida afectará a todos los funcionarios de la Administración General del Estado así como a los trabajadores interinos y eventuales.

El Gobierno trasladará la aplicación de esta norma a las comunidades autónomas que también tendrán que congelar el sueldo a sus empleados públicos.
 
Hacienda abre la mano en la oferta pública. Durante los dos últimos años había congelado las sustituciones de los funcionarios que se jubilasen con la excepción de los pertenecientes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y cuerpos de lucha contra el fraude fiscal y de la seguridad en los que permitía una tasa de reposición del 10%.

Ahora, el Ministerio que dirige el ministro Cristóbal Montoro amplía esta excepción a trabajadores de la "educación, sanidad, Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, Policía autonómica y local, Fuerzas armadas, control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos, Administración de Justicia y a la Acción Exterior del Estado, servicios de prevención y extinción de incendios, personal investigador, supervisión e inspección de mercados de valores, así como inspección y supervisión de la seguridad aérea y las operaciones de vuelo".
 
Tasa de reposición
La decisión de Hacienda de permitir la sustitución de uno de cada diez empleados públicos que se jubilen en el sector de la educación y la sanidad va dirigida sobre todo a las comunidades autónomas que tienen las competencias en esas áreas.
 
La masa salarial del conjunto de efectivos del sector público estatal ha experimentado hasta el mes de agosto una reducción del 2,08% frente a 2012 hasta un total de 11.195 millones de euros, lo que ha supuesto un ahorro por esta partida de más de 238 millones de euros.
 
En cuanto al número de efectivos, a 30 de agosto de 2013 el número de efectivos de personal del Sector Público Estatal se ha reducido un 2,95% hasta 560.111, de los que 497.630 son funcionarios (con una reducción del 2,72%) y 62.481 personal laboral (con una reducción del 4,75%). Las comunidades autónomas cuentan con 1.307.343 empleados públicos. Los Ayuntamientos con 549.807 trabajadores públicos y las universidades tienen contratados a 148.500 trabajadores. En total, el personal público al servicio de las administraciones públicas registrado a enero de este año es de 2.576.746, lo que supone un descenso del 2,25% respecto a junio del año anterior.

Noticia relacionada. El gobierno renueva el concierto de Muface (Expansión)

jueves, 26 de septiembre de 2013

Se confirma la congelación salarial -incluida aportación a plan de pensiones- para los empleados públicos en 2014

Los sindicatos de a Mesa de la negociación de las AAPP serán informados por el Gobierno el jueves 26 a las 17 horas. No se descarta recuperar uno de los tres "moscosos" perdidos en 2012
 
Revista de prensa 25.9.2014.- Cinco Días .- En los últimos días, desde distintos sectores se había especulado con la posibilidad de que el Gobierno decidiera aplicar una pequeña subida salarial, aunque fuera testimonial, a los empleados públicos para el próximo año.
 
Sin embargo, fuentes conocedoras del Presupuesto de 2014 –que el Ejecutivo ultima estos días– descartaron ayer cualquier posibilidad de incrementar las retribuciones a los asalariados del sector público. Ni siquiera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiso aclarar este extremo ayer en el Senado, donde se limitó a garantizar que los empleados públicos cobrarán este año la extra de Navidad y las dos pagas en 2014. 
 
De esta forma, los 2,6 millones de asalariados de todas las administraciones (estatal, autonómica y local) verán congeladas sus remuneraciones por quinto año consecutivo. Fue a mediados de 2010 cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó un primer decreto de recortes presupuestarios a instancias de Bruselas. En él bajó un 5% de manera fulminante el salario de los empleados públicos ya para la segunda mitad del año. Y desde entonces, ejercicio tras ejercicio, los distintos Gobiernos han mantenido esas retribuciones recortadas congeladas.
Plantillas
Estas mismas fuentes explicaron que el Ejecutivo mantendrá también la denominada tasa de reposición cero. Esto significa que las bajas que se produzcan por la jubilación de empleados públicos no podrán reponerse con nuevos trabajadores. Aunque se mantendrán algunas excepciones, en las que se reemplazará el 10% de las bajas. Será en sectores como la persecución del fraude fiscal (personal de la Agencia Tributaria) o laboral (Inspección de Trabajo); así como algunas áreas de educación, sanidad o cuerpos de Seguridad del Estado. Leer+

miércoles, 25 de septiembre de 2013

Innovación pública: 10 razones para que la Administración Pública esté en las redes sociales

De innovación pública se habla bastante en las redes pero se practica bastante menos en los centros de trabajo. A falta de empuje y  liderazgo político, y de una hora de ruta para ir implementando mejoras, muchas de nuestras AAPP -especialmente las AALL- siguen refractarias a los cambios sociales y a los tecnológicos que los hacen posibles. Gerardo Bustos nos ilustra  sobre las oportunidades que se presentan en las redes sociales:
 
Blog trabajandomasporunpocomenos. Gerardo Bustos. Internet ha cambiado las reglas de juego del mundo, que camina hacia un mundo 2.0, aunque las Administraciones Públicas en España se resisten a verlo o, al menos, a aceptarlo. La Administración está en buena parte cerrada a las redes sociales, pero es sólo cuestión de tiempo.

 Las razones para estar en las redes sociales son tantas, tan poderosas, tan rentables y tan imparables, que terminarán por imponerse en las Administraciones, como se están imponiendo en el mundo. Incluso acabarán por transformar las estructuras, las dinámicas y los procedimientos administrativos.

La red nova gog, una iniciativa innovadora en AAPP

Aunque no son muy numerosos, hay ejemplos de administraciones públicas con un uso adecuado de las redes sociales, más locales y autonómica que en la Administración General del Estado. Precisamente son esos ejemplos los que permiten ver el papel que pueden jugar las redes en la mejora del servicio al ciudadano.

 Las razones para que las Administraciones Públicas estén en las redes sociales pueden tener matices entre unas administraciones y otras, e incluso puede que algunas razones estén aún por descubrir. Pero en estos momentos podemos ver con claridad algunas razones que son básicas, evidentes y generales a todos los casos. En mi opinión, esta situación se puede concretar en 10 grandes razones:

1.- La tecnología lo permite y lo exige
¿Dejaríamos de usar el teléfono? ¿No? Pues unas redes sociales usadas sólo para emitir mensajes y en las que no se contestan a las intervenciones son lo más parecido a un teléfono que suena incesantemente y no lo cogemos. Un mal servicio y un golpe a la imagen.

La tecnología ha hecho posible las redes sociales y éstas son una oportunidad para las Administraciones Públicas.

La disculpa de que no se sabes si las redes sociales están para quedarse o no, es absurda. Están para quedarse y, en todo caso, para evolucionar hacia algo que las supere y mejore.

Todo es distinto, pero nada ha cambiado. Las redes sociales han permitido saciar la sed de información y la sed de relación. Esa realidad ha cambiado los hábitos y usos sociales. Se ha producido una evolución cultural con la tecnología como fondo. La Administración no puede quedar ajena a ese fenómeno.

2.- Estar en el mundo
Las cifras son muy elocuentes: Hay 2.500 millones de internautas en el mundo, y el 70 % de la población española lo es. Y entre los españoles internautas, el grado de penetración de las redes sociales es casi del 64%. 
-Facebook tiene 1.155 millones de usuarios en el mundo. En España 18 millones, de los cuales 13 millones acceden desde el móvil.

-Linkedin tiene más de 250 millones de usuarios en el mundo. En España 3,5 millones.

-Twitter tiene más de 500 millones de usuarios en el mundo. En España sobrepasa los 6 millones de visitantes activos.

Por último, muy ilustrativa es la infografía de Intel sobre lo que ocurre en un minuto en internet: se ven 1,3 millones de vídeos en Youtoube, se producen 100.000 nuevos twits, se conectan 277.000 usuarios a Facebook, se ven 20 millones de fotos en Flickr, etc.

Es decir, el mundo está en las redes sociales y España es uno de los mercados del mundo que presentan más actividad en las redes sociales. 

Las nuevas generaciones pasan más horas delante del ordenador, la tablet y el móvil que delante del televisor. No podemos perder la oportunidad de llegar a ese público.

Los ciudadanos no sólo están en las redes sociales, sino que han modificado los usos sociales, la idea de colaboración, de interactuación, etc.

No es una moda, sino un cambio profundo y en crecimiento. Las Administraciones tienen que aprovechar eso, estar donde están los ciudadanos.

No significa estar por estar y estar a ciegas, o subirse al carro porque están de moda. El primer paso consiste en determinar unos objetivos jerarquizados en redes sociales, determinar los medios necesarios y evaluar posibles riesgos.

 3. Mejora la información y comunicación interna y externa
Comunicación interna. Leer+

martes, 24 de septiembre de 2013

Las compañias privadas de salud Adeslas, Asisa, DKV ... se plantean dejar de prestar servicios a Muface en 2014

El gobierno convoca  a los sindicatos de la función pública el jueves día 26 para informarles de una posible congelación de las retribuciones y sobre tasa de reposición de plantillas para el próximo año 2014

Ultima hora. Europa Press. Rajoy anuncia  en el Senado que habrá  pagas extra en  2014.

Noticia relacionada 23.9.2013. Expansión. El Congreso congela los sueldos para 2014
 
Revista de Prensa. El Economista. 23.9.2013.- Las compañías de seguros de salud que actualmente atienden a los funcionarios públicos están sopesando abandonar este servicio, el denominado modelo Muface, en el año 2014 
Prototipo de carnet de mutualista Muface
Adeslas, Asisa, DKV, Sanitas e Igualatorio Cantabria siguen sin llegar a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para renovar un año más la cobertura sanitaria de casi los dos millones de funcionarios que tienen este seguro.
La mutualidad del Estado, que depende de la secretaría de Estado de Administraciones Públicas, quiere congelar para el próximo año la prima que paga a las aseguradoras por la cobertura de cada funcionario.
Subida 1,5% vs congelación
Por su parte, las compañías contaban para el próximo año con una prórroga del contrato actual que incluía una ligera subida del 1,5% de esta prima para 2014. Una cantidad que las firmas aseguradoras veían como indispensable para poder seguir prestando el servicio. Eso era lo acordado en el anterior convenio, pero Hacienda decidió dar este por concluido y renovar un nuevo contrato a la baja.
Las dos partes tienen hasta el próximo día 26 de septiembre para llegar a un acuerdo, fecha en la que la partida de Muface debe remitirse para poder incluirse en los próximos presupuestos generales del Estado. En un primer momento, las aseguradoras llegaron a aceptar la congelación de la prima propuesta por Hacienda, siempre que también se redujeran los servicios sanitarios y el cuadro médico que estaban incluidos en la prestación.

lunes, 23 de septiembre de 2013

La FEMP presenta 19 enmiendas al Proyecto de Ley de la Reforma Local que se tramita en el Congreso

Una delegación de la FEMP presentará las enmiendas a los grupos políticos de cara a sumar apoyos en su tramitación parlamentaria  

La FEMP propone que, para evitar confusiones, se suprima del proyecto toda mención a las competencias de las Entidades Locales referentes a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros educativos
 
Acceso a las enmiendas presentadas por la FEMP a la Reforma Local (19.9.2013)
Acceso a la revista Carta Local (Julio-Agosto 2013)

FEMP.19.9.2013. La Junta de Gobierno ha aprobado registrar en el Congreso de los Diputados, antes del día 24 de septiembre -fecha en la que concluye el plazo de presentación de enmiendas-, el documento con las propuestas de la Federación para enmendar el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
 
Ejecutiva de la FEMP que preside Iñigo de la Serna
Posteriormente, una delegación de la FEMP, encabezada por el Presidente, presentará dichas propuestas a los grupos parlamentarios de cara a seguir sumando apoyos con el objetivo de alcanzar la mejor reforma local posible. El Presidente de la FEMP destacó que el Proyecto de Ley que ha entrado en las Cortes para su tramitación contiene ya muchas de las alegaciones que en su día formuló la Federación al Anteproyecto, como por ejemplo la eliminación del coste estándar, la desaparición de la intervención de los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes o la eliminación automática de las Entidades Locales Menores y Mancomunidades, por lo que expresó su satisfacción por la voluntad demostrada por el Gobierno para atender muchas de las peticiones efectuadas por los municipios.

Este hecho, según De la Serna, ha permitido elaborar un Proyecto de Ley que pudiera ser asumido mayoritariamente y ha recalcado que ha supuesto un avance significativo respecto de la situación de la que se partió en julio de 2012, cuando se conoció el primer borrador de Anteproyecto.

En este sentido, el Presidente ha recordado que la futura norma va a dar respuesta a reivindicaciones municipales que vienen demandándose desde el principio de la democracia, como por ejemplo, el tener que atender obligaciones que no son de su competencia, como los gastos en materia de educación, sanidad y servicios sociales. Asimismo, el Proyecto de Ley garantizará que, cuando las CCAA deleguen en los Consistorios la prestación de servicios, éstos lo harán contando con el 100% de la financiación, por un período de tiempo no inferior a cinco años y teniendo al Estado como garantía financiera en caso de incumplimiento. 


Propuestas de enmiendas

La Federación ha aprobado plantear 19 propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley. Un primer bloque, va encaminado a seguir defendiendo que las Entidades Locales Menores mientras presenten cuentas deben seguir existiendo dada la importante función que desarrollan.

Otra de las propuestas persigue que siga siendo competencia municipal el fomento de la participación ciudadana y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación pues, no sólo no supone duplicidad ni solapamiento de competencias, sino que además su inclusión en el artículo 25 evitaría un perjuicio a todas aquellas ciudades que están apostando por las nuevas tecnologías como elemento dinamizador de la economía de sus territorios.

Por otra parte, dado que el Proyecto de Ley reconoce como competencias autonómicas las referidas a sanidad, servicios sociales y educación, en relación a esta última la FEMP va a proponer que, para evitar confusiones, se suprima del proyecto toda mención a las competencias de las Entidades Locales concernientes a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros educativos.

También se va a solicitar enmendar el Proyecto de Ley para que los municipios con población inferior a 5.000 habitantes, así como las Mancomunidades y Consorcios puedan contar en sus plantillas con un puesto de trabajo correspondiente a personal eventual.


Interventores
Asimismo, aunque el Proyecto de Ley ya ha aclarado en la mayoría de los supuestos que los interventores no pueden entrar en cuestiones de oportunidad política, pues ésta es una función propia de los órganos de gobierno municipales, aún queda un supuesto que deja en manos del interventor la elaboración de informes de eficiencia para la gestión de los servicios públicos, una cuestión que la FEMP entiende que debe modificarse. Leer noticia completa.

Información relacionada: Los habilitados nacionales también presentan enmiendas a la reforma Local (Cosital)

sábado, 21 de septiembre de 2013

El Gobierno publica el primer Informe de seguimiento de la Reforma de las Administraciones Públicas

Acceso al Informe de seguimiento del Plan CORA (Sept. 2013)

Informe CORA completo (253 págs.)

Resumen ejecutivo del Informe CORA (27 págs.)

El Gobierno aprueba cuarenta nuevas medidas contra la corrupción política y la regeneración democrática

"La voluntad del Gobierno es que las medidas del Plan se abran al consenso con todas las fuerzas políticas en un proceso de diálogo que el Ejecutivo iniciará con los grupos políticos de forma inmediata"
P. Moncloa. El Consejo de Ministros ha estudiado y aprobado, en su reunión del viernes 20 de Septiembre,  un Informe de la Vicepresidenta del Gobierno sobre el Plan de Regeneración Democrática.
Soraya S de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno
El documento contiene un amplio catálogo de medidas para luchar contra la corrupción y mejorar los mecanismos de respuesta y detección de que dispone el ordenamiento jurídico. Tiene su origen en una propuesta del presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación, y en una Resolución Parlamentaria que cosechó un amplio acuerdo. La voluntad del Gobierno, reiterada por el Presidente en su comparecencia parlamentaria del pasado 1 de agosto, es que las medidas del Plan se abran al consenso con todas las fuerzas políticas en un proceso de diálogo que el Ejecutivo iniciará con los grupos políticos de forma inmediata.
El plan consta de cuarenta medidas que afectan a una decena de leyes, distribuidas en tres paquetes normativos. Las medidas son las siguientes:
CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
  • Responsabilidad en las cuentas. Regulación de la figura del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos.
  • Rendición de cuentas. Comparecencia anual obligatoria en el Parlamento del responsable de la gestión económica-financiera de los partidos políticos.
  • Obligatoriedad de presentación de cuentas. Obligación de todos los partidos políticos de presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas, independientemente de si reciben o no subvenciones.
  • Transparencia en las cuentas. Obligación de reflejar en la cuenta de ingresos de los partidos políticos todas las subvenciones, así como las donaciones que superen la cuantía que se establecerá en la ley.
  • Regulación de la aprobación de cuentas. Regulación obligatoria, en los estatutos de cada partido, del procedimiento de aprobación de sus cuentas.
  • Regulación de las contrataciones. Obligación de aprobar directrices de contratación por parte de los partidos políticos.
  • Registro de fundaciones y asociaciones vinculadas. Inscripción obligatoria en el Registro de Partidos, de forma que cada partido político declare qué entidades se encuentran vinculadas a ellos.
  • Control de las fundaciones y asociaciones vinculadas. Refuerzo de los mecanismos de control sobre su actividad económica y financiera.
  • Definición de las fundaciones y asociaciones vinculadas. Determinación explícita de los criterios que determinan la vinculación a un partido político.
  • Colaboración pública en la fiscalización de las cuentas. Refuerzo de la fiscalización mediante fórmulas de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y organismos públicos como la Agencia Tributaria, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y la Oficina de Conflictos de Intereses.
  • Colaboración privada en la fiscalización de las cuentas. Refuerzo de la fiscalización mediante la colaboración obligatoria de las entidades de crédito con el Tribunal de Cuentas.
  • Ampliación del régimen de infracciones. Se amplían las infracciones aplicables a los partidos políticos, incluyendo -además de las muy graves- las infracciones graves y leves, con sus correspondientes plazos de prescripción.
  • Ampliación del régimen de sanciones. Se prevén sanciones para las nuevas infracciones graves y leves.
  • Refuerzo del cobro de las sanciones. Posibilidad de cobro de las sanciones en periodo ejecutivo por parte la Agencia Tributaria.
  • Mejora del procedimiento sancionador. Clarificación del procedimiento sancionador, subsanando deficiencias en la normativa.
  • Retención de las subvenciones. Retención del pago de subvenciones a los partidos políticos que no presenten sus cuentas, previa comunicación del Tribunal de Cuentas.
  • Control de las subvenciones. Se da rango legal a la obligación de los partidos políticos de cumplir los mismos requisitos que cualquier otra entidad privada para concurrir a las convocatorias de subvenciones.
  • Creación de partidos. Se elimina el requisito de nacionalidad española para para crear partidos políticos, en coherencia con la normativa comunitaria.
REGULACIÓN DEL EJERCICIO DE CARGO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
 
Codificación de obligaciones y derechos del cargo público. Establecimiento, en una norma con rango legal, de las obligaciones y derechos de los cargos públicos de la Administración General del Estado, corrigiendo la actual dispersión normativa.
  • Concreción del ámbito de aplicación. Definición explícita del concepto de cargo público de la Administración General del Estado.
  • Transparencia. Mayor publicidad de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales.
  • Concreción presupuestaria de las retribuciones. Las retribuciones de los cargos públicos deberán figurar en las normas presupuestarias de forma clara y homogénea.
  • Homologación total del régimen de protección social. Los altos cargos contribuirán al régimen de protección social en las mismas condiciones que el resto de trabajadores públicos y, por lo tanto, con los mismos derechos en el régimen de pensiones públicas.
  • Concreción de los gastos de representación. Delimitación de los usos a los que pueden ser destinados los gastos de representación. Los límites fijados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en ningún caso podrán ser ampliados.
  • Prohibición de tarjetas de crédito. Justificación estricta de los gastos reembolsables, acreditando su necesidad para las funciones inherentes al cargo.
  • Refuerzo de la oficina de conflicto de intereses. Ampliará sus funciones y reforzará sus medios.
  • Fiscalización. Fiscalización ex post del patrimonio de los cargos públicos por parte de la Oficina de Conflicto de Intereses, una vez abandonen su puesto, para detectar las situaciones de enriquecimiento injustificado.
  • Colaboración. Colaboración de la Oficina de Conflicto de Intereses con organismos como la Agencia Tributaria.
  • Control. Modificación de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo para ampliar el elenco de "personas con responsabilidad pública".
RESPUESTA PENAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
  • Nuevo régimen de sanción penal para los partidos políticos. Se crearán nuevos delitos relacionados con la financiación de partidos, recogiendo por primera vez de forma explícita el delito de financiación ilegal de partidos políticos.
     Refuerzo del marco penal aplicable en los principales   delitos asociados a la corrupción:
  • Prevaricación.
  • Cohecho.
  • Tráfico de influencias.
  • Fraudes y exacciones legales.
Refuerzo de las consecuencias de los delitos de corrupción
  • Prohibición de contratar con las administraciones. Modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para prohibirá a los condenados por prevaricación, falsedad en las cuentas de los partidos políticos o financiación ilegal, entre otros, contratar con la Administración Pública.
  • Nueva pena accesoria. Inhabilitación especial en los delitos de tráfico de influencias, y fraude y exacciones ilegales para prohibir a los condenados -además de contratar con la Administración Pública- recibir subvenciones o ayudas públicas, o recibir beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social.
Mejoras procesales:
  • Agilización del procedimiento. El juez podrá decidir la no acumulación de procedimientos para agilizar la instrucción y el enjuiciamiento.
  • Separación de responsabilidades. Se podrá separar la determinación de la responsabilidad civil de la penal, para no entorpecer el desarrollo de ninguno de los dos procedimientos.
  • Racionalización del régimen de recursos. Se racionalizará la regulación de los recursos para evitar su uso con efectos dilatorios del proceso en la fase de investigación.
  • Recuperación de activos procedentes de los delitos de corrupción. Se refuerzan las garantías en el proceso penal para evitar que los condenados se lucren con los efectos del delito.

viernes, 20 de septiembre de 2013

Ya se conoce el programa definitivo del IVCongreso Giggapp 2013 que se inicia el lunes día 23 en el INAP de Madrid

Habrá 38 grupos de trabajo y debate que abordarán  temas de actualidad sobre gobernanza pública. Contará con  una importante participación latinoamericana.  Se celebrará durante dos jornadas a partir del día 23 de septiembre.  Ver pdf programa completo
 
 
El Congreso Internacional GIGAPP IUIOG, que se celebra anualmente desde 2010, ha logrado constituirse en el principal encuentro de la comunidad ligada al Programa de Doctorado en Gobierno y Administración Pública (GAP) del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Fundación Ortega–Marañón.
 
 Se trata de un espacio único para presentar y debatir nuevas ideas y enfoques, experiencias e investigaciones de calidad y cultivar vínculos de colaboración y generación de redes de trabajo sobre los ejes temáticos en los que se enmarca.

jueves, 19 de septiembre de 2013

La Generalitat catalana despedirá a 6.600 interinos

Esa medida, unida a la aplicación del impuesto de sucesiones y a tres nuevas tasas ambientales se supone que será suficiente para cumplir con los ajustes del año 2014, cifrados en 1.600 millones de euros

Revista de Prensa. El Confidencial. 19.9.2013. El Gobierno catalán prepara una batería de recortes para reducir el gasto público todavía más, ante el ahogo económico que sufre la Generalitat. Y esta vez puede ser muy sangrante, ya que implica el despido de más de 6.600 interinos que trabajan en la Administración autonómica.

Imagen de una de las manifestaciones contra los recortes
Este recorte se añadiría, así, a la medida anunciada ayer por el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, de volver a recortar una paga extra en 2014 a todos los empleados públicos. Esa medida, unida a la aplicación del impuesto de sucesiones y a tres nuevas tasas ambientales (emisiones contaminantes, despegue de aviones y energía nuclear) debería ser suficiente para cumplir con los ajustes del año próximo, cifrados en 1.600 millones de euros.
 
Pero tampoco será así. El Gobierno catalán espera reducir aún más el gasto público con una medida 'desesperada': el despido de miles de trabajadores interinos, aunque de manera camuflada. Se trata de convocar concursos de traslado y poner de patitas en la calle al interino que hasta este momento ocupaba esa plaza.
 
Concursos de traslados
“Hasta ahora, cuando se hacía un concurso de traslado, el interino era recolocado en otro lugar, pero a partir de ahora no será así, y pasará a engrosar el paro”, señala a El Confidencial Guillem Sabaté, representante de CCOO en la Mesa Sectorial del Personal Administrativo y Técnico. La medida fue anunciada por la propia Generalitat a los representantes de los trabajadores el pasado lunes.
 
El anuncio, evidentemente, ha creado una gran alarma en las plantillas públicas. Y también produce mucha angustia, ya que el personal interino ya padece un doble recorte: se le rebajó el 15% de su salario y le fueron anuladas las pagas extraordinarias. Por tanto, ahora es una doble espada de Damocles la que pende sobre sus cabeza”, subraya Sabat.

miércoles, 18 de septiembre de 2013

El Senado congela para 2014 los sueldos de su plantilla

La congelación salarial en las Cortes Generales podría marcar la tendencia del Gobierno para todo el sector público. El Consejo de Ministros remitirá al Congreso los Presupuestos Generales del Estado de 2014 a partir del viernes 27 de Septiembre.

Revista de Prensa. Europa Press. 17.9.2013. El Senado recortará su presupuesto el año que viene y por quinto ejercicio consecutivo, una rebaja esta vez del 0,31 por ciento que, sumada a la de años anteriores, supone la reducción del 15,1 por ciento del gasto de la Cámara Alta: de 60,9 millones en 2009 a 50,29 millones en 2014.
 
Edificio del Senado, en Madrid.
La Mesa del Senado ha revisado el  martes 17 de Septiembre el anteproyecto del presupuesto, han informado fuentes parlamentarias, que será aprobado previsiblemente en la reunión de la semana que viene. Además, el próximo lunes, las Mesas del Congreso y del Senado se reunirán para aprobar el presupuesto de Cortes Generales.
 
Aunque la cifra supone un nuevo descenso en el presupuesto, el previsto para 2014 es muy inferior al de ejercicios pasados: el recorte en 2011 llegó a ser del 6,7 por ciento, en 2012 fue del 3,5 y el año pasado, del 2,47 por ciento.
 
Por capítulos, un año más se mantendrán congelados los sueldos de los senadores así como la aportación al plan de pensiones. El capítulo dedicado al coste del personal registrará un incremento del 0,51 por ciento debido a la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social (5,93%), la cobertura de dos puestos de analistas y de dos jefaturas y la aportación a comedores y economatos.

Incentivos al rendimiento
A cambio, se reduce un 5,4 por ciento la partida dedicada a incentivos al rendimiento, por la disminución de conductores y telegrafistas y un 6,10 por ciento la partida de formación y perfeccionamiento del personal.
 
En cuanto al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, registra una bajada del 1,24 por ciento. Entre los recortes, figura un descenso del 16,44 por ciento en compra de prensa, revistas, libros y otras publicaciones impresas, que han sido sustituidas por ediciones digitales. Leer+

martes, 17 de septiembre de 2013

Novedades editoriales. La función pública española en crisis: entre la politización y la patrimonialización

"Pasado, presente y futuro de la función pública. Entre la politización y la patrimonialización. Jesús Ángel Fuentetaja Pastor.  Editorial Civitas-Thomson (75 €).
 
El surgimiento y desarrollo histórico de la Función Pública durante el siglo XIX se produce a través de la superación del doble fenómeno de la politización y de la patrimonialización de los oficios públicos.
 
A partir de aquí, se configura un régimen jurídico-público específico para el personal al servicio de las Administraciones Públicas, informado por los principios de mérito y capacidad, de objetividad y de neutralidad, que pretendía situar al funcionario al abrigo de injerencias externas, pero que también lo sometía al interés general concretado en la función pública a desarrollar.
 
 Hoy en día, en cambio, el sistema de Función Pública español, lejos del impulso autónomo de organización y de gestión que determinó su nacimiento, funciona principalmente por impulsos políticos. Una articulación política de la Función Pública que sólo es posible, a su vez, por la articulación jurídica de la repolitización y de la repatrimonialización que aquella padece.
 
No es pues de extrañar que, a esta crisis institucional, le siga la crisis social de la Función Pública, con el cuestionamiento continuo de su función en la sociedad, exacerbando estereotipos más o menos justificados, pero que en última instancia revelan que una Función Pública politizada y patrimonializada no puede mantenerse y hacen por ello imprescindible profundizar en sus principios y caracteres originales y que, en su devenir histórico, se han ido olvidando cuando no violentando. La explicación de este doble proceso convergente de repolitización y de repatrimonialización de la Función Pública española es, en suma, el objeto de este libro titulado Pasado, Presente y Futuro de la Función Pública, pero subtitulado significativamente Entre la politización y la patrimonialización, por constituir los dos fenómenos permanentes que se ciernen peligrosamente sobre la Función Pública.
 
Interesante comentario del libro en el Blog Es público del catedrático y eurodiputado Francisco Sosa Wagner:
"¿Debemos proclamar sin más un resignado requiescat in pace al modo del responso que cierra la misa de difuntos?. Creo que no, que la lucha por devolver dignidad e imparcialidad a los servidores públicos ha de inscribirse en un proceso histórico en el que nuevos y esforzados actores, con renovados bríos, acierten a escribir nuevos capítulos."
Leer+
 
Más novedades editoriales sobre Función Pública:
 Régimen jurídico de la función pública
Autor: Miguel SANCHEZ MORON     - Editorial: Lex Nova               
 
Lex-Nova: Este libro proporciona a los juristas una imprescindible obra de síntesis sobre la doctrina jurisprudencial recaída en materia de función pública durante los últimos años. Nos encontramos ante una jurisprudencia muy rica y muy variada, debido a la extensión misma del Derecho de la función pública y a que es elaborada por muchos Tribunales, sobre todo por Tribunales Superiores de Justicia, pero también por el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, e inclusive Tribunales europeos.
 
Seleccionar, sistematizar, ordenar y exponer, de forma eminentemente práctica, toda esta jurisprudencia constituye una tarea sin precedentes, que ha sido llevada a cabo por un equipo de profesores universitarios especializados en la materia, con todo rigor. De ahí la extensión de este volumen, que contiene la doctrina legal aplicable y que servirá de referencia indispensable para los profesionales del Derecho convirtiéndose en una herramienta necesaria para conocer todo sobre esta materia

lunes, 16 de septiembre de 2013

CEMCI edita un libro de análisis de las finanzas locales

Novedad editorial CEMCI: Autonomía y suficiencia financiera local. La capacidad tributaria de las entidades locales
 
Jesús Ramos Prieto, Mª José Trigueros Martín
Año de publicación: 2013. Nº de páginas: 196. Precio: 22 €
 
Sinópsis: Esta obra pretende ofrecer una visión completa del panorama con que hoy cuentan ayuntamientos y diputaciones, en este momento tan crítico para la suficiencia financiera que puede llegar a poner en peligro su propia autonomía. Se estructura en cuatro unidades didácticas, con el siguiente desarrollo:
 
I. Autonomía y suficiencia financiera local. Los recursos de las Entidades Locales.
1. Fuentes normativas en materia de financiación local. 2.- Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de financiación local.3.- Autonomía y suficiencia financiera local. Incidencia en la configuración del sistema de financiación de las Haciendas locales. 4.- Recursos de las Entidades Locales. 5.- Tipología de las Entidades Locales. Implicaciones desde la perspectiva de su financiación. 6.- Algunos datos estadísticos sobre los ingresos públicos de los municipios y provincias.
II. Recursos tributarios de las Entidades Locales.
1. La estructura descentralizada del Estado Español según la Constitución de 1978. 2.- Las Comunidades Autónomas y la regulación y aplicación de los Tributos Locales.3.- Aspectos generales del régimen jurídico de los tributos locales. 4.- Recursos tributarios de las Entidades Locales.5-. Capacidad normativa de los municipios respecto a sus tributos propios.
III. Participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
1. Las participaciones en tributos ajenos como vía de financiación local. 2.- La participación en los tributos del Estado. Aspectos básicos de su régimen jurídico conforme al Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. 3.- La participación en los tributos de las Comunidades Autónomas.
IV. Otros recursos de las Entidades Locales.
1. Los ingresos derivados de los bienes patrimoniales de los Entes públicos. 2.- Ingresos derivados de operaciones de crédito.3.- Los precios públicos. 4.- Las subvenciones. 5.- El producto de las multas y las sanciones. 6.- Otros ingresos de derecho público.
Anexo Legislativo. Bibliografía
Ver oferta formativa CEMCI

viernes, 13 de septiembre de 2013

Los sindicatos de la función pública piden a Montoro que aclare la retribuciones de los empleados públicos para 2014

Varios medios hablan de una nueva congelación  salarial y la recuperación de los "moscosos" como medida compensatoria. Los sindicatos piden información oficial en la Mesa General de las Administraciones Públicas.
 
Hasta finales del presente mes de Septiembre no se harán públicas las previsiones de las cuentas públicas para 2014. Sin embargo desde hace días se vienen haciendo cábalas sobre que decisión adoptará el Gobierno de Rajoy de cara a las retribuciones de los 2,6 millones de empleados públicos.
El pasado curso fueron continuas las protestas contra
los recortes salariales y la pérdida de empleo público
Sin embargo ayer jueves el diario Expansión adelantaba que la idea del ejecutivo para los Presupuestos Generales del Estado para 2014 sería congelar las retribuciones de los empleaos públicos y "compensar" la medida con la recuperación de parte de los "moscosos" (los días de libre disposición pasaron de 6 a 3 y desaparecieron los "canosos", días libres adicionales para los de mayor antigüedad).

Pérdida de poder adquisitivo 
 La noticia fue rápidamente contestada por los sindicatos mayoritarios de la función pública. Así, el CSIF señalaba en una nota que "reclama una subida razonable de las retribuciones para compensar la pérdida de poder adquisitivo (alrededor del 30 por ciento) arrastrada a lo largo de los últimos cinco años. Con la congelación de retribuciones no se va a salir de la crisis. Se ha demostrado que la pérdida de poder adquisitivo ha reducido el consumo y por extensión ha lastrado el crecimiento".

 El mismo sindicato aprovechó para recordar que aún está pendiente de recuperar la paga extra de Navidad de 2012, recurrida ante los tribunales.
 
De forma similar se manifestaron los sindicatos CC.OO y UGT, solicitando todos ellos negociación e información oficial a través de la Mesa General de las Administraciones Públicas para acabar con la incertidumbre existente y exigir la actualización salarial según el IPC, sin renunciar a la recuperación de todo lo perdido desde 2010.
 
La opinión de los sindicatos de la función pública CSIF, CC.OO , FSP-UGT

jueves, 12 de septiembre de 2013

Ley de Transparencia y Buen Gobierno : España ocupará la posición 72 de una lista de 96 países con esta norma

El Congreso debate hoy  jueves  la Ley de Transparencia. Access Info Europe vuelve a advertir que el actual texto de la Ley de Transparencia no está alineado con los estándares internacionales
 
Ultima Hora 12.9.2013. 20minutos.es. La ley se aprobó en el Congreso con la oposición de la izquierda y ahora pasa al Senado
Access Info. 10 de septiembre de 2013 – Ante la inminente aprobación de las enmiendas sobre la Ley de Transparencia el  jueves 12 de septiembre, Access Info Europe vuelve a advertir que el actual texto de la Ley de Transparencia no está en línea con los estándares internacionales y de ser aprobado como está acabaría ocupando la posición 72 de 96 en la lista de países con leyes de acceso a la información, con una puntuación de 68 sobre 150 puntos
 
En el debate del jueves 12 de septiembre el Congreso de los Diputados va aprobar una serie de enmiendas adoptadas en la Comisión Constitucional el 31 de julio de 2013. Estas enmiendas han ampliado ligeramente el alcance de la ley pero mantienen las mismas deficiencias con las que fue presentada en 26 de marzo de 2012, que han sido criticadas por organizaciones internacionales como la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa.
 
Entre las limitaciones que persisten encontramos que la ley sigue sin reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, excluye mucha información del alcance de la ley, las obligaciones de publicación proactiva no son igual para todas las instituciones y el organismo de revisión no es independiente.
 
Decepción
"Es muy decepcionante ver como después de tanto tiempo, España no va a alcanzar el mínimo exigido por el Convenio sobre Acceso a Documentos públicos del Consejo de Europa, a pesar de las promesas del gobierno de adoptar una ley vanguardista," comentó Helen Darbishire, Directora de Access Info Europe, la ONG que lanzó la campaña por una ley de transparencia en España, en septiembre de 2006.
 
Entre los cambios que aportan las enmiendas que serán votadas el jueves 12 de Septiembre en el pleno del Congreso, cabe destacar la inclusión de los partidos políticos, sindicatos y patronal, de publicar cierta información proactivamente, y la inclusión de la Casa Real y el Banco de España. El otro cambio relevante es la creación de un Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, que sigue sin ser independiente (depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y tiene una composición muy politizada.
 
"El organismo de revisión es un organismo no independiente y muy politizado. No se especifican qué poderes tendrá para conocer de las reclamaciones que reciba, no sabemos si tendrá poder vinculante y teniendo en cuenta que habrá una persona encargada de responder las reclamaciones (el presidente) es claramente insuficiente y augura que se hará mucho uso del silencio negativo doble, porque también hay silencio negativo cuando se reclama," comentaba Victoria Anderica, Coordinadora de Campañas de Access Info Europe.
 
El Senado tiene ahora la responsabilidad de proponer enmiendas para mejorar el actual texto de la Ley de Transparencia, que impone graves limitaciones al derecho de acceso a la información en España.
 
Puedes descargar el análisis completo aquí file_doc file_pdf
Tabla explicativa del alcance de la ley de transparencia file_doc file_pdf

Notas:
1. Access Info Europe ha realizado un análisis en profundidad sobre este proyecto de ley aplicando los indicadores del
Global Right to Information Rating. Estos indicadores, desarrollados por Access Info Europe y Center for Law and Democracy y revisados por los mayores expertos en la materia, revelan que de ser aprobado el proyecto de ley como está España obtendría 68 puntos sobre 150 y quedaría en la posición 72 de 95 países.
Este análisis además de destacar los problemas mencionados indica la pobreza del articulado español en cuanto a sistemas de sanciones y recursos, prácticamente inexistentes pero fundamentales para conseguir una implementación de la ley en España.