sábado, 30 de marzo de 2019

El Confidencial: El Gobierno aprueba una oferta de empleo público de 33.793 plazas para 2019


Es la primera vez que se aprueba una oferta de empleo público basándose en las necesidades reales de recursos humanos conforme al año anterior

Revista de prensa. El Confidencial.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una oferta de empleo público para el ejercicio de 2019 con un total de 33.793 plazas, incluyendo en esta cifra plazas ya aprobadas (como las 383 derivadas del Brexit) y otras que han sido autorizadas para estabilizar las plantillas en Justicia y Educación, según ha informado la ministra de Función Pública y Política Territorial, Meritxell Batet.

Esta oferta de empleo público para este año es casi un 10% superior a la oferta registrada en 2018, ya que cuenta con 2.949 plazas más que las ofertadas el año pasado. Además, según el Ministerio, es "la mayor registrada en los últimos 11 años".

El Gobierno convoca la mayor oferta de empleo público en 11 años
Las plazas de la oferta de empleo público son 28.539, más 5.254 correspondientes a la estabilización de empleo temporal. En concreto, 20.781 plazas corresponden a la Administración General del Estado (AGE), 1.814 a las fuerzas armadas, 5.561 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 383 plazas que se convocaron ya en febrero en previsión del efecto del Brexit.

Del total de plazas correspondientes a la estabilización de empleo temporal, 2.528 corresponden al ámbito de la AGE, 2.237 al ámbito de justicia y 489 a educación.

Esta oferta de empleo público se utilizará como instrumento de planificación de recursos humanos, mediante la incorporación de herramientas que permitan hacer un uso lo más eficiente posible de la distribución de las plazas de la oferta, y reforzará la dotación de la Administración Periférica del Estado con un total de 15.837 plazas, el 47%.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular del Ministerio ha detallado que es la primera vez que se aprueba una oferta de empleo público conforme a una metodología plurianual y de base 0, que basa las decisiones en las necesidades reales de recursos humanos a satisfacer conforme al año anterior.

Asimismo, ha apuntado que también tiene en cuenta tanto el envejecimiento del personal de las administraciones públicas como el resultado de los diferentes procesos de selección. Entre las novedades, también destaca que a esta oferta le será de aplicación la eliminación como objetivo de exclusión para el acceso al empleo público del diagnóstico de diabetes, celiaquía, psoriasis o VIH.

Por otro lado, Batet ha asegurado que, según el análisis realizado, los sectores más necesitados son los del Empleo, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, tráfico, catastros o lucha contra el fraude, aunque también se va a priorizar la administración penitenciaria o la incorporación de nuevas tecnologías de la información y las comunicación a la AGE.

Además, ha apuntado que se ha revisado la tasa de cobertura de las plazas convocadas para optimizar su dotación, evitando desajustes no deseados entre distintos cuerpos o escalas y la convocatoria de plazas que después no se cubren y, por tanto, se pierden.

Acuerdo con los sindicatos
La oferta de 33.793 puestos de trabajo ha sido acordada con CSIF, CCOO, UGT y CIG y verá la luz a través de varios reales decretos referidos a la Administración General del Estado (AGE), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y estabilización en el ámbito de Justicia y Educación.

La ministra ha afirmado que hubiera sido una "absoluta irresponsabilidad" no aprobar la oferta de empleo público de 2019 antes de las elecciones generales del 28 de abril, pues, además de entrar dentro de las funciones ordinarias del Ejecutivo, había dudas de que un gobierno en funciones hubiera tenido la capacidad de aprobarla.

Batet ha justificado además la aprobación de la oferta antes de los comicios generales en la necesidad de garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos y de dar seguridad al cuerpo de opositores, que saben que en marzo suele aprobarse la oferta de empleo público.

Preguntada por la variación al alza del número de plazas respecto a las que se anunciaban ayer, la ministra ha indicado que el volumen de plazas aumenta por efecto de las jubilaciones previstas y por la promoción interna.

Rejuvenecer las plantillas
Batet ha dejado claro que el objetivo de esta oferta es reforzar los servicios de atención al ciudadano y rejuvenecer las plantillas de la Administración.
En la actualidad, la platilla de la Administración General del Estado (AGE) es de 135.476 funcionarios, con una edad que prácticamente ronda los 52 años, diez años más que la del conjunto de la población activa del país, que ronda los 42,5 años.

Según la ministra, el envejecimiento de la población se ha ido acelerando en los últimos años y ha pasado de rondar los 46 años en 2004 a los 47 años de media en 2008 y los 49 años en 2012, hasta alcanzar los 52 años en 2019.

Asimismo, ha alertado de que es previsible que algo más del 51% del personal se jubile en los próximos diez años, cifra que asciende hasta el 62% en el caso de los auxiliares administrativos.

Este año, el 14% de los empleados (19.159 empleados) reunirán los requisitos para poder jubilaseaunque "no tienen por qué jubilarse todos ellos". "Estas cifras nos dan una magnitud del problema al que tenemos que hacer frente mediante una reposición de efectivos en las que las ofertas de empleo público de los próximos años van a jugar un papel fundamental", ha resaltado Batet.

También ha señalado que el reto no es solo cuantitativo, porque las necesidades son distintas a las de hace 15 años y las circunstancias han cambiado en la administración. Batet ha recordado que la descentralización y las nuevas tecnologías adquieren cada vez mayor protagonismo y, por lo tanto, "repercuten en la prestación de los servicios públicos".

viernes, 29 de marzo de 2019

Antonio Arias: Tocata y fuga de los funcionarios de Contratación


Por Antonio Arias. Fiscalización.es blog.- Ayer se celebró en Madrid el II Congreso de Compliance en el Sector Público. Un evento dirigido por Concepción Campos y organizado por el capítulo español de la World Compliance Association junto, a la Universidad de Castilla-La Mancha.

Una de los paneles más interesante y esperado se titulaba Banderas rojas en la prevención de la corrupción donde moderaba David Pérez, jurista especialista en sector público de la firma Bureau van Dijk. Allí pudimos escuchar a dos personalidades en materia de contratación como Mª José Santiago Fernández, Presidenta de la Oficina Independiente de Regulación  y Supervisión de la Contratación (OIRESCON) y José Mª Gimeno Feliu, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y Director del Observatorio de Contratación Pública.

Gimeno Feliú comenzó poniendo en el centro del debate la seguridad jurídica y la importancia de que no haya dudas en interpretación de las normas.. Con brillantez fue desgranando ejemplos de banderas rojas: ausencia de mapas de prevención de riesgos, la carencia de estrategias anticorrupción, de planificación de las inversiones.

Recordó la importancia de redactar bien los pliegos y evitar la contaminación de información a favor de un contratista, lo que se llama Hub and Spoke. Insistió en la importancia de tener análisis de los procedimientos y su nivel de transparencia así como en evitar una excesiva ponderación indebida del precio en los criterios de adjudicación, que las fórmulas sean comprensibles y que se motive de forma suficiente la decisión.

“El contrato menor es el ejemplo de que tenemos un problema de regulación”

La fase más importante de la contratación es la ejecución y, por eso, en su opinión, aparece una bandera roja cuando se constatan remisiones genéricas a la ley y no se regulan penalidades ni quién va a controlar ese contrato. Para finalizar insistió en la importancia de los controles preventivos y que estos sean efectivos y reflexionó sobre un problema de base: “la organización administrativa atomizada que impide la coordinación y la adecuada profesionalización”

“La organización administrativa que tenemos no es la mejor para la contratación”

La Presidenta de la OIRESCON, María José Santiago estuvo contenida por su importante cargo institucional, lo que no le impidió censurar la duplicidad de bases de datos en materia de contratación (Tribunal de Cuentas, Registro de contratos del Sector público, Plataforma de contratación) ni recalcar la “personalidad independiente y la independencia económica y financiera” como elementos imprescindibles para la prevención de la corrupción: “preservarla repensando su anclaje institucional”. Aprovechó para señalar uno de los problemas más destacables en materia de contratación: la profesionalización del sector.

“Es tan importante la regulación y prevención como la inversión en profesionalización y motivación del personal implicado en estas tareas”.

Coincidiendo con otros ponentes del día, destacó en la necesidad no solo formar a los funcionarios, sino también motivarlos para que tengan “vocación de servicio público”, pues encontraba mucha desmotivación de los empleados en esta área administrativa, donde afrontan unos riesgos y una normativa que invita a escapar a otros puestos (públicos o privados) mejor o igual retribuidos.

En esto hubo unanimidad en la mesa. Hay una fuga de los funcionarios responsables de la contratación administrativa. Un goteo continuo y perceptible por todos los que estamos en este negocio.

 

Y enhorabuena a Antonio Arias. Post delaJusticia.com:  I Premios Integridad en la Gestión Pública: vidas públicas ejemplares

jueves, 28 de marzo de 2019

Víctor Almonacid: 10 “marrones” que tenemos los Ayuntamientos ahora mismo

Curso de interés. Procesos Selectivos en las Administraciones Públicas. Vitoria 10 y 11 de abril 

Por Víctor Almoncid web.-NosoloAytos blog.  Al margen de que evidentemente cada uno tendrá los suyos, podríamos citar, con muy poco margen de error, 10 de los marrones que nos preocupan a todos en estos tiempos convulsos de mediados de 2019. Un mínimo común denominador del insomnio, la intranquilidad o, simplemente, el volumen de trabajo, presente en todos los Ayuntamientos de España. Verbalizarlo no lo arreglará pero sin duda sirve de terapia (mal de muchos…), de modo que allí van los 10 marrones del momento:

1.- Real Decreto del viernes (incluye Real Decreto Ley del viernes). No sé si ya os habéis acostumbrado a que el orden del día del Consejo de Ministros del viernes, sobre todo en esta breve legislatura que ahora termina, venga cargado por el Diablo. Yo no. Y es que, además de que con sobresaltos no es forma de acabar la semana, el RD del viernes se ha convertido, por distintos motivos, en un foco de inseguridades, empezando por la jurídica, que evidentemente poco o nada ayudan a la buena gestión de lo público. En cuanto al RDL, como ya dijimos en nuestra archileída entrada “50 sombras de Ley”, se trata de un mecanismo constitucional previsto con la loable intención de agilizar el proceso legislativo en casos de urgencia derivando parte del poder legislativo en el Gobierno. Pero ocurre que se usa, se abusa y se requeteusa hasta desvirtuar el principio de separación de poderes.

2.- BOE del sábado. Suele ser la consecuencia de lo anterior. ¿Recuerdan cuántas disposiciones importantes se han publicado en el BOE el sábado en los últimos tiempos? Muchas, amargando el fin de semana a los incautos como yo que cometen el error de leerlo en tiempo real, y amargando el lunes al resto (que no sé qué es peor). El sábado no es día para disgustos, caramba. Y si se acerca fin de año todavía es peor. Aún recordamos eBOE del sábado 30 de diciembre de 2017 o el de 29 de diciembre de 2018. Pero más allá del citado fastidio, y bromas a parte, el verdadero fallo del sistema es una sobrecarga totalmente ineficiente del ordenamiento jurídico, saturado con miles de normas muchas veces incompatibles entre sí. También miles, por no decir millones, de modificaciones de normas anteriores, que quedan tan mal cosidas como la cara del monstruo de Frankenstein (y dan el mismo miedo). Pero no queremos ni necesitamos más normas, sino mejores normas. Dejen en paz el BOE del sábado, y de paso el de los otros días de la semana.

3.- Juntas Consultivas (incluye OIResCon). Como dijimos en el #CNCE2019, para aplicar correctamente una LCSP ya de inicio muy mejorable, nada ayuda la confusión doctrinal -“cachondeo” es la palabra que mejor define la disparidad de criterios de las diferentes Juntas Consultivas y más recientemente la OIResCon (o casi mejor la NoOIResCon)-, y la constante presión política sobre todo a los profesionales de los Ayuntamientos con menos medios. Pero a nuestro modo de ver es ridículo que en marzo de 2019 necesitemos que venga un órgano consultivo a arrojar luz sobre una Ley de 2017 que entró en vigor precisamente en marzo de 2018. ¿Qué hemos estado haciendo hasta ahora? Mi consejo es que no seamos nosotros los menores (de edad), siempre bajo la tutela de un adulto, sino que demos un paso al frente y resolvamos con nuestras propias capacidades (y sentido común) cuestiones que, al menos para mí, no generan absolutamente ninguna duda, como la obligatoriedad de la licitación electrónica o la necesidad de cumplir determinados requisitos de procedimiento, de transparencia y de remisión de información en relación a los contratos menores.

4.- ROLECE. Otra de contratación. ¿Cómo está este asunto ahora mismo? Pues la útima quiniela que echamos arrojaba los siguientes resultados:

-ROLECE OBLIGATORIO: Letra a) del apartado 4 del artículo 159 en relación a la disposición final decimosexta de la LCSP.



El problema es saber, tomando como base esta última Recomendación y la propia realidad que muestra una increíble lentitud en el proceso de inscripción, hasta cuándo dura la provisionalidad. Algunos, que tenemos la manía de cumplir y hacer cumplir la Ley, de momento lo vamos arreglando con declaraciones responsables a todos los licitadores y acreditación de todos los requisitos solo por parte del adjudicatario. Otra solución, la que apunta Pilar Batet, sería no tramitar abiertos simplificados hasta que esto se normalice. Así por lo menos no incumpliríamos la Ley, solo nos cerramos la puerta a la utilización de un procedimiento que debería ser uno de los más habituales.

5.- Deber de remisión (también llamado “picar datos”). En los Ayuntamientos nos pasamos la vida remitiendo más o menos los mismos datos a las distintas instancias de control externo. En el mejor de los casos introducimos manualmente esos datos en plataformas que, dicho sea en coloquial, cada una son de su padre y de su madre. Uno de los principales obstáculos para la verdadera transformación digital de las AAPP es que aún pensamos, y actuamos, desde la lógica del papel, de los oficios de remisión, de los envíos, de los libros de actas o de contabilidad expedidos en papel timbrado… ¿Interoperabilidad? Ni está ni por desgracia se la espera. Y eso que no puede decirlo más claro la Ley de Régimen Jurídico: “De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo (hoy en día como sabemos esta Ley es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, LOPDGDD), cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a aquellos que son requeridos a los interesados por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos” (art. 155.1 y 2 LRJ). Pero ni la LRJ ni el ENI se cumplen. En este caldo de cultivo vamos todos locos “picando datos” o incluso llevándolos a Madrid debajo del brazo (ver “Dando fe de un despropósito administrativo”). Hay miles de Administraciones y millones de datos en el Ayuntamiento: la entidad pública que necesite determinada información que acceda a ella y que la coja por así decirlo (siempre que esté legitimada a cogerla, claro está, porque forma parte de sus atribuciones), pero que no me pida que la envíe o que la teclee cada vez porque a veces pienso que no hacemos otra cosa.

6.- Protección de datos. Marrón relacionado con el anterior, tal y como hemos visto, puesto que el tratamiento de parte de esos datos conlleva una protección reforzada. No estamos adaptados, por lo general, a la nueva normativa. La mayoría solo han oído la campana (véase de nuevo la infografía del oído), vaga y lejana, de que hay que tener un DPO o DPD (¡o quizá un DEP!)… Es el RGDP y no la LOPDGDD, por cierto, el que introduce como obligatoria la figura del Delegado de Protección de Datos en determinados supuestos, entre los que se incluye, la necesidad de nombrar un DPO cuando “el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público” (artículo 37.1.a RGPD) como es el caso de las Administraciones Públicas en las que sus órganos competentes son de composición política (y tienen la condición de autoridad) y en todo caso son organismos públicos. De forma concreta, en las Entidades Locales, dicha obligatoridad se extiende por este motivo a sus entes dependientes de carácter público. El problema es cuando se nombra “por nombrar” a cualquier “voluntario”, únicamente para cumplir con el deber formal de tener un incauto nombrado DPO. Si supieran todo lo que hay que hacer y la responsabilidad que tienen…

7.- 2020. Nada más lejos de mi intención que reabrir viejos debates los cuales además, conforme pasa el tiempo, cada vez tienen menos sentido. Pero lo cierto es que, puestos a hablar de preocupaciones, es evidente que a mediados de 2019 a muchos les tiene que preocupar llegar (o no) a 2020 con los deberes hechos en cuanto al cumplimiento de la Ley 39. ¿Cómo están ustedes? Esto es lo que preguntaban los payasos de la tele pero no sería mala cosa que cada uno se autopreguntara dónde está y, a partir de esa foto fija, trazara un plan o cronograma para llegar o tener posibilidades de llegar. Lo que no es legal ni moralmente aceptable es seguir amparándose en que, como supuestamente el procedimiento electrónico aún no está en vigor (afirmación que ya ni siquiera me molesto en demostrar que es radicalmente falsa), no movemos ni un solo dedo para que, llegada la fecha, estemos al menos un poco más cerca de cumplir nuestras obligaciones digitales que un pitecántropo medio.

8.- Elecciones. Por si fuera poco todo lo anterior, en breve tenemos elecciones generales (28 de abril), autonómicas, locales y europeas (26 de mayo). Eso sí: bien repartiditas en dos Jornadas separadas por un escaso mes de margen (más cargado sin duda el 26 de mayo, excepto en Valencia, donde coinciden generales y autonómicas)… Desde el punto de vista de los funcionarios municipales esto se traduce en una faena descomunal. Los procesos electorales son gigantescos expedientes administrativos respecto los que podemos decir que los ciudadanos pagan la fiesta y los funcionarios son (somos) quienes hacen todo lo demás: desde poner los globos hasta velar por la seguridad de los niños que juegan a romper la piñata. Y lo peor no es el día de elecciones, maratoniano como él solo, sino lo que viene después, porque constituir las nuevas Corporaciones tampoco se hace con la gorra precisamente. Por cierto, algo ayudaremos desde COSITAL Valencia a gestionar este proceso a través del Curso “El proceso electoral local y la constitución de los nuevos Ayuntamientos”.

9.- Nervios pre-elecciones. Claro, es la consecuencia del anterior. De repente, después de cuatro años, vienen los nervios de última hora. Cuantas noches sin dormir se pasan los malos estudiantes cuando por fin visualizan la fecha del examen… ¿No era mejor haberlo preparado desde el principio? Cierto es que en principio esta gran inquietud se genera en y alrededor del ámbito más político de las organizaciones públicas, pero, como es altamente contagiosa, de momento los funcionarios nos podemos conformar con no sucumbir a la debacle y recordar a los políticos las cosas que no se pueden hacer en periodo electoral (ver NOTA INFORMATIVA SOBRE EL OBJETO Y LOS LÍMITES DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y DE LOS ACTOS DE INAUGURACIÓN REALIZADOS POR LOS PODERES PÚBLICOS EN PERIODO ELECTORAL).

10.- Recursos Humanos. Otra de las madres del cordero, que lo es ya, ahora mismo, y con tendencia al alza en los próximos años: envejecimiento de las plantillas, definición de las funciones directivas, jubilaciones, impacto de la automatización de trámites y otras derivadas de las nuevas tecnologías, medidas de reorganización, nuevas aptitudes, nuevas formas de seleccionar, nuevas formas de proveer, nuevas “formas de formar”, medidas para atraer o retener el talento… Y otras muchas asignaturas pendientes desde hace años como la carrera horizontal, la movilidad o el trabajo orientado a la consecución de objetivos. De algo de todo esto hablaremos, por cierto, el  Foro talento público que se celebrará en Valencia la próxima semana (jueves 4 de abril). 

miércoles, 27 de marzo de 2019

El Confidencial: Gobierno estudia un gran plan plurianual para rejuvenecer la plantilla de funcionarios

En los próximos ejercicios, será necesario convocar un mínimo de 30.000 plazas al año para cubrir las bajas de trabajadores en la Administración General del Estado

Revista de prensa.- Por Javier G. Jorrín @jgjorrin.  El Confidencial.- El Gobierno quiere exprimir la recta final de la legislatura para poner en marcha algunas de sus propuestas más electoralistas. Una de las últimas será la convocatoria de la oferta pública de empleo (OPE) de 2019 para la Administración General del Estado (AGE). 

Función Pública no tiene la cifra cerrada, pero confirma que sacará un mínimo de 31.000 plazas a concurso público, similar a la de 2018, que fue la mayor oferta desde 2008. El grueso de las plazas estará destinado a la reposición de personal y la promoción interna, aunque también habrá una parte de estabilización de empleo. Lo que no habrá, o será marginal, es la incorporación de nuevos trabajadores, esto es, incremento neto de la plantilla y, por tanto, apenas tendrá coste presupuestario.

Pero, además de la convocatoria de este ejercicio, el Gobierno estudia un plan plurianual para la renovación de las plantillas públicas que pueda proponer a los sindicatos. En torno a un millón de funcionarios y trabajadores públicos se jubilarán en los próximos 10 años, lo que obliga a las diferentes administraciones públicas a llevar a cabo el gran ‘relevo generacional’ de su plantilla.

El Ejecutivo de Sánchez quiere sentar las bases de este movimiento con un plan plurianual que permita una transición ordenada de las plantillas públicas. UGT ha sido el sindicato que más ha empujado en esta dirección y finalmente ha conseguido que el Gobierno ceda en este punto. O vaya a hacerlo.

Función Pública confirma que el ministerio está elaborando un estudio de las necesidades de personal público para los próximos años. Así, aunque la legislatura se esté agotando, se pueden sentar las bases de un plan a varios años para rejuvenecer el cuerpo de trabajadores del Estado. Con este plan, se podría anticipar la oleada de jubilaciones que son ya inminentes y así lograr que no se queden puestos vacantes cuando ocurra.

Renovación de plantillas
El Gobierno teme que puedan producirse cuellos de botella en la renovación de las plantillas públicas, ya que el proceso para reponer un puesto de trabajo puede demorarse durante un tiempo. Desde que el Consejo de Ministros aprueba cada plaza hasta que se ocupa por un funcionario, pueden pasar hasta dos años. Esto provoca que si hay una salida masiva de empleados públicos, puedan producirse situaciones de escasez de mano de obra.

Según los cálculos preliminares, a partir de este año y durante un periodo amplio (que puede ser de una década), será necesario convocar al menos 30.000 plazas cada año para cubrir las necesidades de empleo. Conviene recordar que esto es solo Administración General del Estado: además, las comunidades autónomas y las corporaciones locales tendrán que diseñar sus planes para reponer sus plantillas.

Esto no solo exige una gestión ordenada por parte de la Administración central, también es necesario que cale en la sociedad que habrá una demanda de empleo público constante durante los próximos años. Solo así se puede asegurar que exista el cuerpo opositor suficiente para cubrir todas las plazas. Solo un ejemplo: las últimas convocatorias de inspectores de Hacienda del Estado han dejado plazas vacantes en los últimos años como consecuencia del deterioro del cuerpo de opositores.

La OPE de 2019 ya responde a este proceso de renovación de plantillas. El plan de estabilización de empleo acordado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro fue mayoritario en las convocatorias de 2017 y 2018. Esto permitió reducir la temporalidad en la AGE hasta el entorno del 2%, lo que significa que se está cumpliendo ampliamente el acuerdo, que obligaba a reducirla por debajo del 8%.

Como los deberes ya están hechos, en la OPE de 2019 el número de plazas convocadas para la estabilización del empleo será reducido. Su hueco será ocupado por la reposición de plazas de trabajadores que causan baja y promoción interna para cubrir los huecos de responsabilidad que dejen vacantes. Entre ambas, coparán el grueso de las 31.000 plazas que se convocarán.

La intención del Ejecutivo es llevar la oferta pública de empleo al Consejo de Ministros del viernes 29 de marzo. Antes quiere alcanzar un acuerdo con los tres principales sindicatos de la función pública: CCOO, UGT y CSIF. Para lograrlo, ha planteado un intenso calendario de reuniones que comienzan en la tarde del miércoles y que se prolongarán durante el jueves.

El Gobierno se cierra a las 35 horas
Lo que no está dispuesto a negociar el Gobierno es la reducción de la jornada de los trabajadores públicos a 35 horas, como piden los sindicatos. En las últimas reuniones celebradas, el Ejecutivo ha argumentado que la normativa actual impide aprobar este recorte de la jornada y la ampliación de la tasa de reposición por encima del 100% mientras no se cumplan los objetivos de estabilidad.

En 2018 se superó el umbral de déficit fijado por las Cortes, y en 2019 también se incumplirá. Esto significa que el Gobierno puede escudarse en la normativa actual para no aprobar ninguna de las dos medidas. Aunque cambiar la normativa es algo que está en su mano, Función Pública ha trasladado a los sindicatos que no pretende hacerlo.

martes, 26 de marzo de 2019

Pedro A. Martín: Los Municipios ante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible


Por Pedro Antonio Martín Perez. Blog EsPúblico.- En el año 2000, los países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el año 2015. Al terminar el periodo de cumplimiento de esos ODM, el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU estableció un nuevo acuerdo mundial sobre cambio climático. Tal día se produjo un acontecimiento histórico, los 193 Estados miembros de todo el mundo se comprometieron a adoptar la Agenda 2030, un programa impulsado por la ONU que forma parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que aborda 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que a su vez se disgregan en 169 metas a alcanzar.

La Agenda 2030 es un llamamiento a la acción global durante los siguientes 15 años. Los países que forman las Naciones Unidas se comprometen a movilizar los medios necesarios para la implementación de los Objetivos, mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

La Agenda 2030 contiene elementos importantes de los Objetivos al Desarrollo del Milenio para el año 2015, pero se diferencia de las ODM por lo siguiente:

– Antes de que se aprobara se efectuó una encuesta a nivel mundial por Internet en donde intervinieron con sus opiniones y propuestas más de un millón de personas.

– Que se determinó desde el principio que para la implantación exitosa de los ODS eran necesarias la participación activa de los gobiernos locales.

– Que se deberá de incorporar al proceso no solo todas las Administraciones Públicas, sino, asimismo, la Academia y la Sociedad Civil.

– Existe una voluntad clara y definida de llevar los objetivos de la ODS  su debido término dado el carácter multidimensional del Desarrollo Sostenible. y

– Sin la implicación de los Entes Locales y de sus funcionarios es totalmente imposible la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos del ODS.

Efectivamente, esta última afirmación es totalmente acertada y es porque si analizamos los 17 objetivos de las ODS y las 169 metas que persigue, se puede comprobar, que el 80% de las mismas, coinciden, con las competencias locales reguladas en las Leyes locales de aplicación. De ahí lo transcendental de lo local en la Agenda 2030 ya que sin la intervención activa y comprometida de los Ayuntamientos en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda, su aplicación sería un fracaso.

 17 objetivos y 169 metas
Los 17 objetivos son los siguientes y están íntimamente ligados a las competencias locales, de tal forma que, cumpliendo éstas, se consiguen los objetivos de lasa ODS.
Objetivo 1.- Fin de la pobreza.
Objetivo 2.- Hambre Cero.
Objetivo 3.- Salud y Bienestar.
Objetivo 4.- Educación de calidad.
Objetivo 5.- Igualdad de Género.
Objetivo 6.- Agua limpia y saneamiento.
Objetivo 7.- Energía asequible y no contaminante.
Objetivo 8.- Trabajo decente y crecimiento económico.
Objetivo 9.- Industria innovadora e infraestructuras.
Objetivo 10.- Reducir la desigualdad entre las personas.
Objetivo 11.- Ciudades y Comunidades sostenibles.
Objetivo 12.- Producción y consumo responsables.
Objetivo 13.- Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14.- Conservar y utilizar en forma sostenible los Océanos, los mares y recursos marinos.
Objetivo 15.- La vida de ecosistemas terrestres.
Objetivo 16.- Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
Objetivo 17.- Alianzas para lograr los objetivos.

Lograr y alcanzar dichas metas supone la intervención de tres órdenes de Gobierno: La Administración Pública en donde cobra preponderancia la Administración Local y la vieja máxima: “Pensar en lo global y actuar en lo local”; el sector privado y la sociedad civil en su conjunto.

Los 17 ODS no son un tratado jurídico de obligado cumplimiento sino que se trata de un compromiso político y ético que debe de abordar todo Programa Municipal de Acción para los próximos años y hasta 2030, tratándose de una prioridad estratégica de todo orden, y abordando y alcanzando las metas locales estamos abordando y alcanzando las metas de los ODS, en materia de prestación de servicios básico y la promoción de un desarrollo territorial endógeno, inclusivo y sostenible.

Fortaleciendo las capacidades municipales estamos fortaleciendo la consecución de las ODS y este sentido la formación y sensibilización del personal municipal y funcionarios municipales es clave para el éxito de las ODS y además teniendo en cuenta que según el barómetro del CIS en febrero de 2019 sólo el 13,10% de la población tiene conocimiento de la Agenda, y el 37% tiene un conocimiento superficial, el fortalecimiento institucional de los Municipios y la capacitación y sensibilización de los funcionarios locales son clave para replicar la ejecución y el conocimiento de los ODS en la sociedad civil, siendo imprescindible que el manejo y el conocimiento de la Agenda por parte de las unidades administrativas municipales cuya acción tenga un impacto directo o indirecto con los ODS.

Plan Estratégico municipal
Corresponde a los Ayuntamientos elaborar un Plan Estratégico para conectar su programa de acción política de futuro a los ODS, en este sentido, hemos de poner de manifiesto la experiencia desarrollada por el Ayuntamiento de Madrid que ha elaborado una estrategia con el título “Una ciudad para todas las personas y las generaciones.

Este documento estratégico del Ayuntamiento de Madrid prevé y define medios de implementación, con 20 actuaciones específicas y 30 metas.

El documento se elaboró en el Foro Madrid Solidario con amplia participación y parte de principios-guías como son:
– La sostenibilidad ambiental.
– El enfoque de derechos humanos.
– La participación y profundización de la democracia. Y
– La construcción de una sociedad que resuelva pacíficamente sus conflictos.

Por lo tanto, una nueva asignatura pendiente le corresponde a los nuevos Ayuntamientos democráticos que salga de las próximas elecciones del 26 de mayo del año en curso y es avanzar en la implementación de la Agenda, pues si bien, el 80% de los ODS son competencia municipal, en otros, se necesita establecer una nueva articulación multinivel, que vaya más allá, de la lógica de la descentralización, que contempla solo el reparto de competencias.

lunes, 25 de marzo de 2019

El futuro de los juristas en la Administración Pública

"La inteligencia artificial está invadiendo silenciosamente nuestras vidas” (J. I. Latorre)

“Una cosa es que a la Administración Pública le cueste ser proactiva y tener una cierta visión estratégica, pero otra muy distinta es que sea sencillamente estúpida (C. Ramió)

Por Rafael Jiménez Asensio.- La Mirada Institucional blog.- Creo que hay debates que se deben abrir, aunque levanten ampollas y generen un sinfín de críticas. Es muy fácil matar al mensajero, sobre todo cuando trae noticias que no agradan. Lo que aquí sigue -ya les advierto, un texto largo para este género del post- es una mera descripción de un problema, un sucinto e incompleto apunte sobre un incierto futuro, y una modesta aportación o consejo sobre cómo afrontar lo que vendrá.

Nadie puede poner en duda que las Administraciones Públicas españolas, por lo que afecta a sus niveles superiores, tienen un elevadísimo porcentaje de juristas. En verdad, si somos más precisos en el lenguaje, deberíamos afirmar que la presencia de los titulados o graduados en Derecho es sencillamente abrumadora en lo que se conoce como “Administración General” o el back office de los sistemas administrativos, sean cuales fueren los niveles de gobierno. Si ponemos la vista sobre los ámbitos sectoriales o finalistas, esa presencia, como es obvio, se diluye. Pero, no nos llamemos a engaño, todavía hoy los funcionarios de extracción jurídica son los que manejan los resortes de poder interno en las organizaciones públicas, aunque cada vez los tengan que compartir con otras titulaciones, como los economistas o, en menor medida, médicos, ingenieros, psicólogos o informáticos.

En la función pública alemana tradicionalmente siempre se habló del monopolio de los juristas (Juristenmonopol); de todos modos, a no confundir el prestigio de la profesión de funcionario jurista en Alemania con nuestra situación en general. 

Las Administraciones continentales europeas tuvieron predilección especial por fomentar una burocracia asentada en la figura del “letrado” (primero en la construcción del Estado moderno, luego en la Administración prusiana). Tras la revolución liberal, las Administraciones  de impronta francesa o napoleónica reservaron también un amplio espacio a los juristas en sus diferentes cuerpos y escalas superiores. La paradoja es que Francia fue la primera en apartarse de esa tendencia, cuando configuró los estudios de Sciences po como la pasarela (casi) necesaria para acceder a los cuerpos de élite. El Derecho seguía teniendo fuerte presencia en esos estudios, pero junto con otras muchas materias (economía, relaciones internacionales, historia, pensamiento político, estadística, administración pública, etc.). Aun así, en otros cuerpos administrativos superiores los estudios jurídicos siguieron siendo la antesala del acceso a la función pública. Por el contrario, en la Administración del Reino Unido los juristas siguen siendo minoría y dedicados a tareas especializadas, no genéricas. Lo mismo ocurre en otras Administraciones de corte anglosajón o en las nórdicas.

El modelo administrativo español siempre vivió muy hipotecado a un importante número de cuerpos de élite en los que disponer de la licenciatura en Derecho era requisito o, en su caso, una buena tarjeta de entrada para acceder a tales estructuras funcionariales: los programas mandan y el tipo de oposiciones más. Este modelo que pervivió durante los siglos XIX y XX sigue aún vigente en la Administración General del Estado, con algunos matices. Tan elevada presencia de juristas en el sector público se transmitió con fuerza a las Administraciones de las Comunidades Autónomas o a las Administraciones Locales. El isomorfismo institucional fue la pauta y se calcó, en lo que se pudo, el modelo matriz. La necesidad era –o se pretendía que fuera- que tales organizaciones públicas debían actuar de acuerdo con el principio de legalidad (¿no actúan así las Administraciones anglosajonas o nórdicas, sin apenas juristas, y con dosis mucho mayores de eficiencia?). Lo cierto es que con esa excusa latente o aparente, legiones de titulados en Derecho poblaron la nómina de las Administraciones Públicas. Muchos de ellos se jubilarán en los años venideros, otros están llamando a la puerta. Pero no es por ahogar sus respetables expectativas: ¿Realmente la Administración Pública necesitará en los próximos años tal cantidad de juristas? Ya les anticipo que rotundamente no.

Ciertamente, esos juristas que pueblan las nóminas administrativas son muchas veces (o la mayor parte de las veces) tramitadores de procedimientos administrativos de mayor o menor complejidad. No son muchos, realmente, los que llevan a cabo tareas de concepción, informes complejos, diseño de políticas, estudios comparados, o de elaboración de textos para la producción normativa; menos aún son los que se dedican a las tareas de defensa de la Administración Pública ante los tribunales, estos últimos normalmente agrupados en cuerpos o escalas cuya nota diferenciadora es actuar como “letrados” en los diferentes procedimientos judiciales. A estos no me refiero en estas líneas, aunque algunas cosas que diré puedan también afectarles.

Administración Pública juridificada
Disponemos, por tanto, de una Administración Pública altamente juridificada. Y, tal vez, convendría preguntarse si ese dato fáctico no está actuando realmente como freno invisible a los procesos de digitalización de las organizaciones públicas o aplazando, en algunos casos, proyectos de mejora e innovación que se promueven en el ámbito público. Cierto que hay una fina capa de juristas funcionarios que empujan tales procesos de innovación, pero no menos cierto es que la inmensa mayoría, todavía hoy, no lo hacen. Si se mira egoístamente, a nadie le gusta cavar su propia tumba. En verdad, tales resistencias lo único que lograrán será jugar el papel de adormideras temporales o de intentar poner (lo cual es imposible) puertas al mar. Aunque sea más tarde que temprano, la Administración Pública tendrá que subirse a la ola de la digitalización, comenzar a capear la intensa ola de la automatización y sortear como pueda el imparable y durísimo oleaje de la Inteligencia artificial. Ya sea con los juristas, muy a pesar de los juristas o, incluso, contra los juristas.

Dicho de otro modo, las profesiones jurídicas en las Administraciones Públicas, en cuanto que buena parte de las tareas que realizan hoy en día serán automatizadas a medio plazo, están llamadas inevitablemente a contraerse muchísimo en número de efectivos (dotaciones) en los próximos años, salvo que tales instituciones quieran acumular personas sin (apenas) funciones en sus respectivas organizaciones, lo que sería algo así como autodestruirse, hipotecar sus presupuestos públicos o transformarse en entidades de beneficencia de funcionarios parcial o totalmente desocupados.

¿En qué medida o con qué intensidad numérica esa contracción de tareas terminará afectando a las dotaciones de empleos cubiertos por juristas? Esto no tiene respuesta fácil, sobre todo mientras no dispongamos de estudios empíricos, trabajo de prospectiva (evolución demográfica y análisis de necesidades a medio plazo) y desarrollemos más (o algo) la herramienta de la planificación estratégica de recursos humanos en el sector público. Pero sí se puede afirmar con rotundidad que, tal como reconoce la abundante literatura especializada sobre el futuro del empleo en un escenario de revolución tecnológica, con la salvedad (y probablemente temporal) de los abogados que actúan ante tribunales de justicia, las tareas de tramitación gestión administrativa o técnica que no aporte especial valor añadido a la máquina serán objeto inevitablemente de automatización. Entre las profesiones del futuro no están las jurídicas, menos aún las de un trabajo jurídico altamente rutinario y con desarrollos cognitivos o creativos limitados, así como que no opere en el campo de las relaciones sociales o de la interactuación ciudadana. Como ha recordado recientemente Torrejón Pérez (“El contenido de tareas y la dinámica de las ocupaciones en España”; un interesantísimo artículo que me remitió amablemente Mikel Gorriti), los impactos sobre los empleos de la revolución tecnológica hay que analizarlos en función de las tareas: rutinarias, creativas y de interacción social. Los impactos más inmediatos son, obviamente, sobre tareas rutinarias. Por tanto, será muy importante para su mantenimiento a corto/medio plazo el contenido “creativo” de las tareas del puesto y, más aún, su dimensión social (tareas directivas, de asistencia, salud, educación, etc.). Lo que no implica que tales empleos no se vean también finalmente afectados.

Como todo el mundo mínimamente informado conoce, la Administración Pública a corto y medio plazo necesitará dotarse de un número importante de empleos cubiertos por analistas de datos, ingenieros de datos, programadores, monitores y programadores de robots, matemáticos, profesores con otras competencias muy distintas a las  actuales, personal sanitario y de asistencia social, pero en todos estos últimos casos muy condicionados por un entorno automatizado y de Inteligencia artificial que cambiará radicalmente los roles y tareas de ese personal. Sin duda, se requerirán magistrados, fiscales, abogados, policías, inspectores, etc., pero el número de efectivos y sobre todo sus tareas también se verán ampliamente afectadas por la revolución tecnológica. Y cada vez de forma más creciente.

Con este panorama sucintamente descrito, es oportuno preguntarse qué hacer. Lo primero ver el problema. Lo segundo comprenderlo. Y lo tercero, adoptar medidas. Dejaré los dos primeros pasos por obvios, aunque son de imprescindible tránsito. Y me centraré en el último: ¿Qué medidas tomar? Se puede resumir brevemente: una gestión planificada de vacantes (Gorriti, 2018) y una gestión también cabal de las ofertas de empleo. A corto plazo, la medida más sensata es, siempre que se produzca una vacante de un empleo técnico-jurídico, ver si realmente a medio plazo tal cobertura es imprescindible o si no sería mucho más apropiado crear una nueva plaza con perfil técnico vinculada a las profesiones STEM y con las competencias (soft skills, principalmente) que exigirá la automatización y la IA en su impacto futuro en el sector público. Si transitoriamente fuera necesario cubrir esa vacante con un perfil jurídico, optar por dos caminos: el más aconsejable, configurar un programa temporal de naturaleza transitoria anudado a la tecnificación gradual de las plantillas; el segundo, si se opta por la cobertura definitiva de la vacante, exigir a esos “juristas” en el acceso un elevado conocimiento y destrezas de competencias digitales,  así como en materia de protección de datos (su futura e inevitable reconversión, siempre será más fácil si se parte de esos presupuestos), y garantizar que acrediten actitudes y aptitudes para desarrollar competencias imprescindibles en su labor futura: creatividad, iniciativa, resilencia y adaptación al cambio, empatía, trabajo en equipo y pensamiento crítico. Nada de esto se evalúa en los actuales procesos selectivos. Y se está llenando el empleo público de futuros cadáveres funcionales o, en el mejor de los casos, de empleados que más temprano que tarde estarán inadaptados al entorno con las consecuencias emocionales y personales, amén de profesionales, que ello comportará.

No hacer esto, convocando indiscriminadamente y por inercia las vacantes que se produzcan, es condenar a la Administración pública a no atraer el imprescindible talento tecnológico (titulaciones STEM), algo que le resultará muy caro de alcanzar por la competencia del mercado (a los analistas de datos, ingenieros, matemáticos, etc., se los están rifando en el mercado: hay escasez de tiulados para las necesidades inmediatas), además hoy por hoy el sector privado es mucho más atractivo para las generaciones jóvenes ante la obsolescencia brutal que presenta el sistema de acceso al sector público. Sin una buena política de atracción del talento, la Administración Pública está condenada a ser cautiva del sector privado in aeternum. Pero seguir haciendo las cosas como siempre también es, tal como decía, hipotecar los presupuestos públicos; pues no otra cosa significa tener decenas de miles de personas ociosas o con un contenido de tareas enormemente bajo que no justificará la existencia individualizada de muchas dotaciones en las Administraciones Públicas (pensemos no solo en los juristas-tramitadores, sino también en auxiliares, administrativos o técnicos de gestión). Y, en fin, desde un punto de vista humano, probablemente se genere un insalvable problema a medio plazo: ¿Qué hacer con esos efectivos sin (apenas) tareas?, ¿recolocarlos?, ¿dónde?, ¿formarlos?, ¿en qué?

Robots
Carles Ramió ha escrito recientemente un oportuno libro sobre Inteligencia artificial y Administración Pública (Catarata, 2019), subtitulado “Robots y humanos compartiendo el servicio público”. En una primera fase de desarrollo de la automatización e IA, así será; luego esa compartición se puede ver seriamente dañada (pero a esto mejor no ponerle fecha). El autor, para enfrentarse transitoriamente a tan importante reto, da una receta plenamente correcta: “Hay que tener una visión de prospectiva para evitar convocar puestos de trabajo de carácter cerrado que en el futuro puedan desaparecer por la robotización y la inteligencia artificial, y, en los casos en que los puestos vayan a ser necesarios en el futuro, definirlos muy bien cuantitativamente  e invertir en formación continua para evitar su obsolescencia” (p. 152).

Por su parte, José Ignacio Latorre, Catedrático Física Cuántica, ha escrito un estimulante e inquietante ensayo con el título de Ética para máquinas (Ariel, 2018). Sobre el impacto de la Inteligencia Artificial, este autor se autocalifica de “ecuánime”, pues ni se inclina por el pesimismo ni tampoco por el optimismo sin matices. Se situaría en el foco de análisis de otros ensayistas de ciencias sociales como el economista Alejandro Hidalgo (El empleo del futuro, 2018). A pesar de optar por esa visión moderadamente optimista, ninguno de estos autores puede esconder una realidad innegable: el empleo del futuro, también el “público”, sufrirá una transformación disruptiva de gran calado. Según Latorre, “el tránsito hacia la tecnificación masiva no estará exenta de dolor”. Todo apunta, como también señala este autor, a que la lucha futura se producirá entre generaciones. Por no mentar los problemas de brecha de género (como recoge acertadamente Hidalgo, solo un porcentaje mínimo de mujeres cursa hoy en día titulaciones STEM, y ello puede tener serias consecuencias futuras sobre su empleabilidad). Y todo esto no son datos menores.

El punto central por lo que a esta entrada importa es, sin embargo, otro: “Gran parte de las personas que pierden un puesto de trabajo debido a la tecnificación no son capaces de adecuarse a un nuevo mundo laboral. Ese problema afecta especialmente a los trabajadores de mayor edad, (quienes) forman una generación que no podrá adaptarse a la nueva economía impuesta por el uso ubicuo de las máquinas” (Latorre, 180-181). El problema emergerá en el sector público no tanto cuando se pierda el empleo, sino cuando desaparezcan las tareas para cuyo desempeño está preparado el funcionario. ¿Habrá espacio de reconversión?: en muchos casos no. Seamos sinceros.

¿Alguien en su sano juicio cree realmente que ese imparable proceso no tendrá impacto alguno sobre el empleo del sector público o sobre los innumerables empleos de tramitación o de gestión jurídico-administrativa? Si así fuera, que se lo vaya mirando. No es buena estrategia hacerse trampas en el solitario. Menos aún distraer el problema, hasta ocultarlo o pretender hacerlo invisible. Hay realidades que no se pueden tapar, por mucho que no pocos se empeñen. Tales olas u oleajes de transformación o disrupción acelerada llegarán, aunque sea tarde, pues no cabe duda que habrá resistencias internas sinfín. Y, si no se ponen medidas tempranas, graduales y racionales, sus efectos serán sencillamente devastadores. No solo para las estructuras o para los presupuestos públicos, también para las personas.