Por José Ramón Chaves. DelaJusticia.com blog.- Me he asomado a los boletines oficiales y he comprobado
que han salido de su letargo en lento pero continuo goteo las
convocatorias de plazas para quien quiere trabajar en las administraciones
públicas.
Como los caracoles al sol, las primeras convocatorias asoman
los cuernos para aprovechar a ejecutar los procedimientos de
consolidación del personal temporal, que por imperativo constitucional y
legal deben respetar la concurrencia así como mérito y capacidad, con lo
que se anuncian desde los boletines oficiales para reclutar aspirantes.
Nada tengo en contra de reconocer la experiencia de quien
trabaja temporalmente con la espada de Damocles del cese, y además es lógico
que el funcionario interino tenga facilidades para consolidarse en el sector
público pues si ese mismo tiempo lo llevase en el sector empresarial privado
sería personal laboral fijo.
Lo que me sulfura son las convocatorias que no dejan espacio
ni oportunidad para que aprueben personas que nunca han trabajado para la
administración y quienes ven enterrados sus sueños, tiempo y costes.
Y las hay. Muchas. En casi todas las Comunidades autónomas y
en la mayor parte de los entes locales que convocan plazas a consolidación
asistimos a un juego en que todos hacen trampas.
Las hace la administración que anuncia a bombo y platillo
los principios de concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. Y las hacen
algunos representantes sindicales que, según sus apetencias, negocian ofertas
de empleo o convocatorias bien para que se consoliden los suyos o bien para
excluir los que no lo son. El mas tramposo es el Boletín Oficial porque da la
apariencia de igualdad y limpieza como un reclamo falso.
El problema radica en que cuando se hacen trampas hay primos a
los que se engaña. Y esos primos son la legión de opositores que acuden al
llamado de convocatorias para quedarse con un palmo de narices. Veamos un
sencillo y vivo ejemplo. Se han convocado por el servicio de salud autonómico
del Principado nada menos que 183
plazas de auxiliares administrativos, para la que se han presentado 34.885
personas. Sí, la cifra la han leído bien, aparentemente tocan a una plaza por
cada 190.
Con toda naturalidad el Gerente admite que
la convocatoria es para “reducir la temporalidad y consolidar la calidad” y
diseña la superación de todo el procedimiento selectivo, o sea, la obtención de
una plaza vitalicia en puesto de servicio administrativo a la sanidad pública,
al resultado de un solo test de 64 preguntas con respuestas alternativas sobre
temas de la constitución y derecho administrativo, principalmente. Junto a ello
una fase de concurso de méritos que valorará la experiencia, y por supuesto con
sensible mayor medida la adquirida en la propia administración convocante.
Veamos. Un solo cuestionario de 64 preguntas con cuatro
respuestas alternativas y en que se descuenta un aciertoa por cada cinco
errores…¿No hay ninguna prueba práctica? ¿no hay ninguna destreza para ser
auxiliar administrativo o es que todo lo que necesitará en los centros
hospitalarios es saber cuatro nociones de derecho?, ¿es distinta la experiencia
en un hospital de Andalucía que en un hospital de Asturias?, ¿se obtiene así la
“calidad” que pretende el Gerente?, pero… ¿qué disparate es este?
¿Alguien cree realmente que con ese solitario test se puede
demostrar el mérito y la capacidad para atender al público, examinar
expedientes, archivar y registrar, usar ordenadores, conocer la estructura de
los hospitales o reglas de la administración?
En esas condiciones en una primera impresión, resulta
infinitamente más ventajoso cubrir las casillas del test que una quiniela o
primitiva.
Sin embargo, la paradoja es que un aspirante sin experiencia
tiene mas probabilidades de acertar una quiniela.
Así, tal y como están diseñadas las bases, aunque un
aspirante temerario no sepa nada de nada del contenido del examen, tendrá las
mismas probabilidades de aprobarlo que quien estudie muchísimo. O sea,
prácticamente nulas.
Experiencia
Si el cuestionario es muy sencillo todos lo aprobarán y como
se sumarán los puntos de la fase de concurso, decidirá finalmente esa
experiencia (“ser de la Casa”), o sea, que las plazas serán para los que están.
Si el cuestionario es muy difícil aunque nadie alcance diez
aciertos netos, el Tribunal calificador fijará el umbral de aprobados a la
baja, con lo que nuevamente decidirá la experiencia previa. Así y todo, ya se
asegura la convocatoria de que apruebe casi todo el mundo con una penalización
insólita de descontar un acierto por cada cinco errores, o sea, a jugar a la
ruleta que siempre toca.
Como expuse en el Vademécum de control de oposiciones, es cierto que el
Tribunal Constitucional ha situado el “umbral de lo tolerable” en valorar el
mérito de la experiencia previa en el máximo del 40% de la valoración total del
conjunto de las pruebas, por lo que formalmente tales convocatorias son
ajustadas a derecho. Otras cosa es que en la práctica se pueda caer en la
perversión de convertir la única prueba en un cómodo paseo que todo el
pelotón, los brillantes y los mediocres, lo supere sin dificultades, de manera
que será decisiva esa hipervaloración del mérito. O sea, que ni el
Tribunal Constitucional ni el Supremo han dicho que sea tolerable que
aspirantes sin experiencia con 9 puntos sobre 10 tengan ínfimas posibilidades
de aprobar.
Tomemos la bola de cristal. El día después del examen, o mas
bien, el día después de salir los resultados se comprobará que existían 183
plazas convocadas, que 165 se las han “calzado” los que ya tenían experiencia
en el propio Centro convocante, que 12 se las han “calzado” los que tenían
experiencia en otros centros públicos y que son “paracaidistas” que han conseguido
colarse, y unos 6 como máximo que en el mejor de los casos (o más bien, en el
mas milagroso de los casos) han obtenido plaza porque el Tribunal calificador
ha actuado “jugando” con simulación de umbrales y valoraciones para salvar la
imagen y que alguien ajeno a la casa apruebe (por supuesto alguien que no
obtendrá menos de 9,5 sobre 10 en el único test). Eso sin olvidar que la
diferencia entre el finalmente aprobado y el que ha quedado al borde de aprobar
ha sido saber poner una cruz donde se preguntaba por quién determinaba el
sucesor del Rey en caso de fallecer sin herederos, por ejemplo (conocimiento
esencial e importantísimo para el mejor servicio público).
Fueran quedarán otras 34 mil personas aspirantes (o sea, la
población total de Teruel o Aranda de Duero) que han estado cinco meses o mas
estudiando, pagando academias, comprando libros, encerrados en casa,
alimentando ilusiones para sufrir “la crónica de unas plazas adjudicadas… a
otros”.
¿Acaso no podrían haberse aprobado dos convocatorias
distintas pues nada impide que se separen en fases, una con concurso-oposición
y otra por convocatoria por oposición libre de un puñado de plazas para “salvar
la cara” y dar posibilidades reales a los aspirantes?. Se podía haber convocado
150 por concurso-oposición y 33 por el turno libre, pero se ve que el egoísmo
lleva a ofrecer todas para los que están y los de fuera que se aguanten.
“la plaza tiene bicho”
Y luego se dice que el mérito y la capacidad que son las
brillantes puertas constitucionales del acceso. Una tomadura de pelo en este
tipo de convocatorias abusivas que insisto, no es solo la que he tomado a
título de ejemplo, pues alguien que se moleste en rastrear convocatorias
de concurso-oposición –ya sean plazas de auxiliar, técnico, policía local o
arquitecto– e incluso para plazas de profesores de Universidad, podrá comprobar
como se decía coloquialmente que “la plaza tiene bicho”.
De ahí que mi crítica no va contra la administración
autonómica ni contra esta específica convocatoria sino que es una valoración
personal del escenario insatisfactorio en clave constitucional y moral que
se produce en la inmensa mayoría de convocatorias de concurso-oposición en
España (siempre hay justos, por supuesto, pero por desgracia, no faltan los
pecadores, y además, pecadores impunes porque pocas personas tienen ganas de
embarcarse en litigios cuando se trata de un campo en que no hay acción
pública. Lo suyo sería que el Estado o cada Comunidad Autónoma, en vez de
abandonarse a la cómoda negociación y aprobación de una convocatoria que
engrase el acceso de los interinos mas allá de lo tolerable, fijar
normativamente un peso razonable máximo de la experiencia (25%) y un
contenido mínimo de pruebas, ejercicios o umbral de aprobados.
O sea, que para este viaje de quienes participan en tales
convocatorias, no hacían falta alforjas donde colocar libros y estudio. Ni
pagar tasas, ni pagar academias, ni libros oportunistas, ni estar diez meses
encerrado, ni dejar pasar la vida por una papeleta para un sorteo… que estaba
amañado.
Para mas inri, cuando se han pasado las puertas de la
condición de funcionario de carrera, se pierde la memoria de cómo se ha
llegado, y entonces hay que levantar un foso de pruebas realmente serias para
los que quieren llegar.
O sea, si una persona querida lleva estudiando meses o años
y no aprueba el concurso-oposición, no la regañe ni la mire mal. Como Felipe
II, ante la derrota de la Armada Invencible, “no ha venido a luchar contra los
elementos”… no atmosféricos sino de los otros.
Penosa coartada es la de “todos lo hacen”… “era una buena
oportunidad“… Me imagino esa justificación cuando los botes de salvamento del
Titanic, aunque todos los pasajeros creían que eran para ellos, solo pudieron
disfrutarlos los de primera clase.
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