lunes, 31 de agosto de 2015

El Gobierno quiere que más pymes trabajen prestando serivicos a las Administraciones Públicas

El Consejo de Ministros da luz verde a nuevas modificaciones del reglamento de contratación Pública

Revista de prensa.-Diario Financiero.-  El primer Consejo de Ministros después de las vacaciones ha arrancado reforzando los apoyos del Gobierno al conjunto de empresas que componen el 98 por ciento de nuestro tejido: las pymes. El viernes pasado se daba luz verde al Real Decreto que modifica la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas con el que se reducen las cargas exigidas a las empresas que concursen por la adjudicación de un servicio público y se eliminan las barreras de acceso a las licitaciones de la Administración.

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Con esta nueva norma no será necesario acreditar la solvencia técnica, económica y financiera en los contratos por cuantías inferiores a los 80.000 euros en obras o los 35.000 euros en servicios. Además los licitadores quedan exentos de la obligación de clasificación previa éstos últimos contratos, en los que se reducen los subgrupos en un total de 43, pasando de 72 a 29.

Asimismo se extiende el periodo de garantía de experiencia que en el caso de los contratos de obras pasa de 5 a 10 años y en el de servicios de 3 a 5 años. Otra de las novedades es que la participación de las pequeñas empresas en proyectos de filiales españolas en el extranjero se tendrá en cuenta como “experiencia propia” de cara a la aportación de garantías.

Un paso más
Con la aprobación de este Real Decreto el Ejecutivo da un paso más en la participación de las pymes en la Administración. En concreto el pasado mes de abril se aprobó el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público que incentiva la división de los contratos en lotes, restringe la participación de entidades creadas de forma expresa para la participación en los procedimientos o da validez a las declaraciones responsables hasta la adjudicación definitiva de los contratos.

En otro orden de cosas el Consejo ha dado vía libre al Programa de Gestión de Instrumentos de la Unión Europea y la Empresa Española, que facilitará a las empresas la participación en proyectos promovidos por la Unión Europea en el medio y largo plazo, lo que en términos económicos abre la puerta de las pymes a 97.000 euros en fondos.

Con el Programa se pretende identificar los puntos flacos de la Administración en lo relativo al apoyo de la internacionalización de las empresas españolas proponiéndose un conjunto de actuaciones que giran en torno a países beneficiarios, Bruselas y adjudicatarios de proyectos.

Tal y como ha explicado la vicepresidenta en su comparencencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las medidas permitirán mejorar la “comunicación con el personal de la Administración en el exterior y se podrá tener una canalización adecuada”. También se favorece la participación de las entidades financieras en operaciones de blending (mecanismo que combina subvenciones con préstamos) como cofinanciadores y se da impulso a las actividades para la difusión de las oportunidades de negocio en la Unión Europea
 

domingo, 30 de agosto de 2015

Control administrativo y autocontrol del paisanaje

"Ayuntamientos y Comunidades Autónomas no controlan férreamente la legalidad urbanística"

Leopoldo Tolivar. Blog de espúblico.es.- Casi sin pretenderlo, en los recorridos casi rituales de todos los veranos, solemos fijarnos en las transformaciones que se han producido en los pueblos y hasta en los descampados que frecuentamos, dentro o fuera de nuestra Comunidad.

Saludamos el progreso cuando, como ahora se dice, es sostenible. Y armónico, estético y respetuoso con el entorno. Pero también nos produce, o debiera hacerlo al menos, crispación tanto atentado, incluso de menor cuantía, al paisaje y a los asentamientos tradicionales.


En mi pequeña región, que encabeza el ranking de los territorios con el litoral mejor preservado, junto a esta loable política ambiental se da también alguna paradoja, como en todas partes. Y es que no sólo hay que cuidar la costa o los espacios naturales oficialmente protegidos. También hay interior y montes de titularidad diversa y abandono común y largos ríos y riberas dignos de un mimo que ni las entidades territoriales ni los organismos de cuenca pueden prestar en condiciones. O vegas fértiles con plantaciones características de cada lugar que piden a gritos preservación y no chirriantes invernaderos y plásticos de atroz visualización.


En este último punto enlazo con un comentario de hace algunos meses en este mismo blog (“¿Qué prefieres…? ¿Polígono o museo?”), y es que, aún nos encontramos noticias, relativas a la planificación industrial, que nos retrotraen a los tiempos del desarrollismo, la improvisación y el localismo más cutre. Me refiero al desequilibrio manifiesto entre oferta y demanda de suelo para instalaciones de empresas, que no es corregido con mano dura por los poderes públicos, cuando, donde hay demanda no hay terreno y donde se habilitan hectáreas no hay demanda alguna. Con tantos polígonos vacíos o decrépitos, ¿qué se va a conseguir creando y urbanizando otros nuevos como si el poner bordillos y farolas tuviera un efecto llamada?

Visión
Vuelvo a mi localización norteña: hace no muchas décadas, cuando la red viaria carecía de autopistas y la dura orografía nos dispensaba pocas rectas en nuestras peligrosas carreteras, los únicos tramos sin curvas eran sistemáticamente sacrificados para colocar un polígono industrial e impedir, como daño colateral, el adelantamiento de vehículos al tener que construir una raqueta poco sofisticada para acceder a las parcelas. Salvo honrosas excepciones, esos polígonos albergaron pocos huéspedes y algunos, con la crisis, se fueron dejando naves y almacenes ruinosos. ¿Tan difícil es tener una visión comarcal o incluso regional del desarrollo económico? ¿Hay que seguir rivalizando con el vecino o, incluso, entre dos pueblos del mismo municipio? ¿Es que no se sabe dónde quiere realmente instalarse la industria puntera y la que crea puestos de trabajo y no cantos de sirena? ¿Es que no encontramos sitios donde el mal gusto constructivo y los colores chillones no destrocen el paisaje? ¿Es que hay que sacrificar cualquier cosa a cambio de un supuesto puesto laboral? ¿Podemos permitirnos, por ejemplo, destrozar sin piedad vegas imponentes de cultivo y amenazar ríos que ha costado lo indecible sanear?.


Hoy en día ya disponemos de autovías y no hace falta destrozar las carreteras para un quimérico foco de progreso. Pero también contamos con mecanismos de coordinación administrativa que impidan, en este y en otros campos, las duplicidades estériles en localidades contiguas. Algo que se ha visto en toda España con los Planes anticrisis, con los que se financiaron en pueblos literalmente pegados y apenas habitados, instalaciones deportivas o lúdicas idénticas. Y la iniciativa empresarial tiene sus criterios y sus intuiciones y cálculos de producción y distribución y no por poner un anzuelo en una jaula de oro va a lograrse que el pez entre. Entre otras cosas porque nunca se ha visto un pez en una jaula. Planifíquese, sépase qué quieren los emprendedores y dónde y actúese en consecuencia. Salvando las distancias es como montar un campus universitario sin atar previamente las posibles titulaciones; castillos en el aire pueden hacerse muchos y por cualquiera, sabio o ignorante. Lograr la conciliación entre lo que conviene al territorio y lo que interesa a los potenciales inversores no está al alcance de todos y menos si se hace precipitadamente o por deseos muy respetables pero no calculados ni planificados.


Junto a lo que son responsabilidades de poderes públicos y agentes sociales, está la incidencia del paisanaje en el territorio. Aunque, ciertamente, el territorio es, antes que nada, de los humanos que lo habitan y, por tanto, lo transforman, a veces es un dolor observar la desidia o, sin más, el destrozo de la arquitectura tradicional y el cante de algunas construcciones que, la verdad, parece raro que puedan contar con licencia. Se dirá, y es verdad, que Ayuntamientos y Comunidades Autónomas no controlan férreamente la legalidad urbanística. Pero siendo cierto y censurable lo anterior, eso no exonera al paisanaje de cumplir mínimamente con sus deberes. De autocontrolarse en sus apetencias transformadoras, en suma. Porque hay muchas personas responsables que se gastan los cuartos que no les sobran por esta causa conservacionista. Pero también hay mucha picaresca rural a costa de los alojamientos veraniegos. Ante posibles turistas no escasea quien convierte en habitáculo humano cualquier cosa o se construye o plantifica sobre la marcha. Eso sí: para el catastro y el IBI, que no exista. Que paguen otros.


Administraciones sin sentimientos
Las Administraciones no tienen sentimientos, pero sí defienden los intereses generales. Los particulares, diversamente, tenemos intereses, no siempre altruistas y debiéramos acreditar nuestros sentimientos de apego a la tierra, lo que con conductas insolidarias no hacemos, ciertamente. En estos tiempos de exaltación, a veces desmadrada, de los hechos diferenciales, ¿acaso el paisaje, la etnografía y la conformación tradicional del hábitat no lo son?

viernes, 28 de agosto de 2015

La devolución de la paga extra de 2012 no abonada a los empleados públicos, cada vez más cerca

En 2016 se ampliará notablemente la oferta de empleo público
 
Revista de prensa.- Cinco Días.- El Gobierno podría aprobar la devolución a los funcionarios de otro 25% de la paga extraordinaria de las Navidades de 2012 ya este viernes, en la primera reunión del Consejo de Ministros tras las vacaciones veraniegas.
 
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha abierto esta posibilidad durante su intervención ante el Pleno del Congreso para defender el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 de las enmiendas de totalidad que han presentado todas las formaciones de la oposición salvo UPN, socio electoral del PP.
 
La intención del Gobierno es que, en los primeros consejos de ministros después de este debate, se arbitre la fórmula legal para pagar otro cuarto de la paga extraordinaria”, ha indicado Montoro, sin precisar nada más y lanzando así la posibilidad de que esta decisión se materialice incluso este mismo viernes.
 
De hecho, la semana pasada el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ya indicó que la habilitación de crédito para afrontar este pago se produciría en septiembre u octubre, con un coste de 274 millones para el Estado y de 1.281 millones para el conjunto de las administraciones.
 
En enero, el resto
Además, los Presupuestos de 2016 ya recogen la devolución del 50% restante de la paga extraordinaria -el otro 25% se les abonó en la nómina de enero de 2015- a los empleados públicos a principios de año.
 
Dicha medida tendrá un coste total de 2.562 millones de euros --547 millones sólo al Estado-- y será “básica potestativa”, es decir, que las comunidades y los ayuntamientos podrán aplicarla o no "según sus planes de ajuste y conforme proceda en la negociación con sus centrales sindicales”.
 
Junto con la devolución de lo que faltaba de la paga extraordinaria de Navidad, los Presupuestos del año que viene recogen también un incremento retributivo del 1%, la recuperación de los 'moscosos' y los 'canosos' -días de asuntos propios- que se habían eliminado en 2012, y una mayor tasa de reposición en los servicios públicos

jueves, 27 de agosto de 2015

Smart cities: Barcelona y Palma de Mallorca serán las dos primeras ciudades con coches de alquiler eléctricos

 Se trata de un proyecto enmarcado en la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Goldcar
 
Compromisorse.- Barcelona y Palma de Mallorca serán las dos primeras ciudades españolas en que Goldcar ofrecerá su flota de vehículos eléctricos. Así, según informa Goldcar, estas dos ciudades se convertirán en sus primeras Smart Cities en España.
 
 De esta forma, ambas capitales incorporan la iniciativa de Goldcar a la condición que le otorga formar parte de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), manteniendo su compromiso por un modelo energético y de transporte sostenible.
 
 Nissan Leaf
En concreto, la compañía de alquiler de coches pondrá a disposición de sus clientes coches del modelo Nissan Leaf, un vehículo 100% eléctrico que cuenta con una autonomía de 200 kilómetros.
 
Se trata de un proyecto enmarcado en la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Goldcar dentro de la iniciativa Goldcar Blue que tiene por objetivo reforzar el compromiso de la empresa con la movilidad sostenible y la protección del medio ambiente.
 
“Es una alternativa factible, real y con un coste muy bajo”, destaca el consejero delegado de la compañía, Juan Carlos Azcona, de dicha iniciativa, para la que Goldcar explica que hay puestos de recarga en ambas ciudades (en la ciudad condal unos 300 y en Palma de Mallorca 174).

Noticia relacionada: Ituser.es- El mercado global de tecnología para smart cities se triplicará en 2019

miércoles, 26 de agosto de 2015

UGT pide volver a una jornada laboral de 35 horas semanales en las Administraciones Públicas

FSP-UGT  pide además  recuperar salarios, aumentar el empleo y devolver íntegramente la paga extra suprimida en 2012

Revista de prensa. EP. Lanzadigital.es.-  -  La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) negociará la reimplantación de la jornada de 35 horas semanales en todos aquellos convenios y acuerdos colectivos firmados con los gobiernos autonómicos y locales que se vieron afectados por el decreto antidéficit de diciembre de 2011, por el que se ampliaba la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales.
 
UGT considera que este es un momento propicio para ello, dado "el cambio de signo político y de actitud de muchos gobiernos regionales y municipales" y de las señales de recuperación de la economía española.
 
El sindicato argumenta que los empleados públicos llevan cuatro años sufriendo congelaciones salariales que les han hecho perder 9,20 puntos de poder adquisitivo, con una jornada laboral más amplia, y otras medidas que les han afectado de manera negativa, como el cambio en el régimen de complementos salariales en el caso de situaciones de incapacidad temporal.
 
"Estas medidas, impuestas por normas de carácter urgente, han degradado las condiciones laborales y los derechos de los empleados públicos, puesto que se han ejecutado sin posibilidad de negociación por parte de los representantes legales de los trabajadores. Acabado este periodo coyuntural, es imprescindible reconducir la situación, frenar, recuperar y ampliar derechos mediante la negociación colectiva", subraya UGT.
 
Así, el sindicato buscará en la negociación colectiva reinstaurar la jornada de 35 horas semanales, así como recuperar salarios, aumentar el empleo y devolver íntegramente la paga extra suprimida en 2012.

lunes, 24 de agosto de 2015

"Alcaldes de patinete", sobre la falta de consideración institucional y la ausencia de incentivos para asumir cargos públicos

Todo cargo público gratuito y de gran responsabilidad es esencialmente inmoral. Quien no cobra, se cobra, y casi siempre con daño grave de la justicia y del interés público” (Santiago Ramón y Cajal, “Charlas de café. Pensamientos, anécdotas y confidencias”, Espasa Calpe, 2000, Madrid, p. 177).
 
Rafael Jiménez Asencio. Blog La Mirada Institucional.- No se asuste. En ningún caso voy a proponer que los desplazamientos de los cargos públicos locales (o los que fuere) se deban hacer a partir de ahora en semejante vehículo, aunque algunos en su delirio hasta lo avalarían. Es una metáfora que pretende resaltar el sinsentido que está adquiriendo el cúmulo desordenado de limitaciones o restricciones que se anudan en nuestros tiempos recientes al ejercicio de un cargo público.
 
Otra oportuna cita de quien fuera uno de nuestros más insignes científicos, Ramón y Cajal, nos lo advertía hace muchas décadas: “Nada más fácil que diferenciar en el orden político un inglés de un español. El primero cree que su primordial deber es mantener al Estado; mientras que el segundo cree que el Estado debe mantenerle a él”.
 
Esa vieja y desviada concepción de las instituciones y del papel que cumplen en la sociedad sigue plenamente vigente entre nosotros en nuestros días. Cierto que el país, desde aquellas fechas, ha cambiado mucho. Se ha modernizado de fachada. Pero las cosas son como son. Todavía hoy quien ejerce un cargo público, sea este el que fuere, es un “chorizo” en potencia (lo cual no quiere decir que, para desgracia nuestra, no los haya). Y la forma de corregir esa “tendencia natural” es bastardear la política y el ejercicio de cargos de responsabilidad directiva en el sector público hasta extremos insólitos, que rayan con lo pintoresco y representan (fruto de la extraña concepción de lo público existente en este país) una grotesca excepción “hispana” frente a lo que ocurre en las democracias avanzadas de nuestro entorno.
 
A los ciudadanos les parece bien (incluso lo aplauden con fervor) que los políticos o altos cargos cobren poco. También les entusiasma que viajen en clase turista, se les desprovea de móviles de última generación, se les suprima o reduzcan los coches oficiales, se desplacen en metro, autobús, tranvía o bicicleta, coman de menú (a ser posible el más discreto) y no dispongan de patrimonio ni bienes, lo cual quiere decir que vivan con lo puesto.
 
No se llamen a engaño. Quien asuma un cargo público en estos momentos debe ser consciente de muchas cosas. Primero, salvo excepciones (que las hay), debe asumir que percibirá unas retribuciones por lo común muy por debajo de las que ofrece el sector privado. Segundo, las prebendas que antaño tenía ser cargo público, y que en cierta medida compensaban (o paliaban) tales limitaciones retributivas, están despareciendo o a punto de hacerlo. Y tercero, tendrá que cumplir estrictamente un régimen de incompatibilidades que se proyectará también sobre actividades futuras en el ámbito profesional o empresarial.
 
Y son solo algunos ejemplos de restricciones que se han ido imponiendo en la legislación, en los códigos de conducta o por la vía de hecho. Algunas de ellas son razonables y necesarias (impedir los conflictos de interés o fomentar conductas ejemplares). Otras son más discutibles, al menos en su intensidad.
 
Hace más de dos décadas, el sociólogo Juan José Linz predijo sabiamente que un severo régimen de incompatibilidades o la propia falta de incentivos podía desviar de asumir responsabilidades públicas a buena parte de los profesionales de cierto prestigio y a las personas con talento y proyección. Algo de esto sucede en la actualidad. Y se corre el riesgo de que este mal se enquiste para siempre. No tiene ningún sentido que un alto cargo de la Administración (o un político que ejerce las máximas responsabilidades en la estructura gubernamental) cobre menos que algunos (o muchos) funcionarios. Ya hay un buen número de casos en los que altos funcionarios o profesionales del sector privado declinan asumir cargos directivos de libre nombramiento porque las condiciones retributivas son menores o, en el mejor de los casos, iguales, así como por la dureza del régimen de incompatibilidades (sobre todo “ex post”) que planea sobre tales cargos. Para algunos, no es broma, representa “la muerte civil” tras el cese. No podrán volver a sus ocupaciones anteriores. Con ello se pretende evitar “el tráfico de influencias”, pero realmente tan insigne objetivo no se está evitando (menos aún en la alta función pública) y lo que se está fomentando, guste o no guste, es una huída de las responsabilidades públicas de personas con talento.
 
Es verdad, se me objetará con razón, que los cargos públicos han sido y todavía están siendo pasto de unas clientelas políticas cuyo única obsesión es apoderarse de una poltrona y de un sueldo en la Administración Pública. No se acredita mérito para acceder a tales puestos ni se evalúan objetivamente competencias profesionales. Pero es preciso diferenciar. Los cargos públicos representativos se deben a la confianza del electorado, que es quien valorará las aptitudes y la credibilidad que cada candidato ofrezca y le votará o no. Aún así rodear de restricciones el ejercicio de tales cargos públicos supone poner barreras de acceso a un buen número de personas que, junto al desprestigio de la actividad, ven cómo no hay estímulo alguno (salvo un acentuado y, por lo común, no generalizado compromiso de servicio público) que ayude a asumir esas responsabilidades.
 
Directivos públicos
Diferente es quien ocupa cargos ejecutivos o directivos en el sector público. En este caso si las restricciones retributivas, de condiciones de ejercicio o de incompatibilidades son excesivas, no cabe duda que tales puestos solo atraerán a militantes o simpatizantes de partido sin oficio ni beneficio, a funcionarios mediocres o a profesionales sin expectativas en su ámbito de actividad. Algo de esto ha pasado en nuestra frágil democracia en los últimos treinta y cinco años. Como bien expuso el también sociólogo José Cazorla en 1996, “personas de cualificaciones muy bajas y conocimientos culturales modestos –oportunistas- alcanzaron a través de la carrera política posiciones que, en su vertiente profesional, jamás hubieran soñado, gracias al control de los recursos públicos”.
Si se quiere cambiar esa tendencia que derechamente nos ha conducido a la ineficiencia, cuando no a la corrupción, convendría –no nos queda otra- comenzar a replantearse si no se han de dignificar las condiciones de ejercicio de los cargos públicos representativos y ejecutivos, así como directivos, incrementando, eso sí, los test de escrutinio y la rendición de cuentas, siendo impecables con los corruptos, pero alimentando el buen gobierno y la profesionalidad en el ejercicio de las funciones directivas en el sector público.
 
Necesitamos políticos y directivos públicos competentes profesionalmente, así como ejemplares en sus conductas y no personas que practiquen una austeridad mal entendida. Y eso no se promueve con medidas absurdas cargadas de demagogia, con restricciones hipócritas o con la estandarización de conductas cínicas. Si se quieren responsables públicos competentes e íntegros habrá que pagarles y ofrecerles condiciones de trabajo en consonancia con la entidad de sus funciones. Gobernar o dirigir el sector público es tarea -como diria Ramnón y Cajal- de gran responsabilidad. En caso contrario, el talento huirá del sector público (ya está pasando) y nuestros gobernantes y directivos seguirán siendo personas de bajo perfil que cultivarán el “doroteísmo” del que hablara Caciagli; esto es, gestionarán el poder sin ideas ni proyectos, con la única voluntad de mantenerse en el mismo. Nada recomendable.

domingo, 23 de agosto de 2015

Oferta de Empleo Público: Vuelven las oposiciones masivas y el 100 por cien de reposición de efectivos

La Guardia Civil ha pasado de los 82.692 efectivos que tenía hace cuatro a años a los 78.379 de ahora.
 
Revista de prensa. El Confidencial.- Los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno esta semana en el Congreso van a propiciar la vuelta de las grandes convocatorias de plazas para el ingreso en los Cuerpos de Seguridad tras un largo paréntesis de restricciones en el gasto público.
 
El Ejecutivo de Rajoy ha accedido en el cuarto año de legislatura y con las elecciones generales a la vuelta de la esquina a elevar el número de vacantes al 100% de la tasa de reposición, el doble de lo que había autorizado para el actual ejercicio.

La medida no va a paliar la sangría de efectivos que han sufrido durante la crisis tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Desde 2011, ambos cuerpos han visto como su plantilla perdía en total más de 9.500 agentes. La Policía Nacional ha pasado de los 72.593 funcionarios con los que cerró 2011 a los 67.350 que tenía disponibles con fecha de 31 de mayo, según confirmó el propio Gobierno en la Cámara Baja. Por su parte, la Guardia Civil ha pasado de los 82.692 que tenía hace cuatro a años a 78.379. En los dos cuerpos, las bajas han superado durante este periodo holgadamente los escasos ingresos que registraban.
 
Tasas de reposición
El 100% de la tasa de reposición no va a servir para aumentar las plantillas pero va a paliar una tendencia que estaba empezando a generar graves problemas de funcionamiento en algunas demarcaciones, aunque la efectividad de los cuerpos no ha dejado de aumentar en los años de recortes. En algunas provincias, por ejemplo, la edad media de los agentes de Policía excede ya los 50 años por la limitación de las incorporaciones. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la mayoritaria en el Instituto Armado, también ha denunciado recientemente que la falta de efectivos estaba obligando a patrullar en solitario.
 
La relajación de las restricciones también va a suponer un soplo de aire fresco para los opositores, que en 2008 vieron como se terminaban las convocatorias multitudinarias de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y en 2010 comenzaba un periodo de auténtica sequía en el que cada nueva plaza llegó a tener más de 200 solicitantes.
 
El número de vacantes que saldrán a concurso en 2016 aún no se ha anunciado oficialmente, pero según fuentes de la Dirección General de la Policía consultadas por El Confidencial, el nuevo escenario va a permitir que el próximo año se doblen las 1.374 incorporaciones que van a realizarse este ejercicio. La convocatoria volvería por tanto a los niveles de 2009 y se quedaría a mitad de camino del periodo 2005-2007, cuando el Ejecutivo de Zapatero tiró la casa por la venta y autorizó tres ofertas seguidas de 5.500 plazas.
 
Fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil vaticinan un panorama similar. En 2015 ingresarán en el Instituto Armado 820 nuevos efectivos, de los que 328 llegarán por la vía del acceso libre, otros 328 procedentes de las Fuerzas Armadas y, por último, 164 del colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. El objetivo de la Guardia Civil es que la convocatoria de 2016 saque a concurso más de 1.600 plazas, una cifra similar a la del año 2009 aunque alejada de la oferta récord de 2007, que alcanzó las 5.500.
 
Instituciones Penitenciarias y CNI
Las perspectivas también han cambiado con los Presupuestos de 2016 para Instituciones Penitenciarias, uno de los cuerpos de seguridad más castigados por los recortes de gasto. Este año se incorporarán a su plantilla 320 funcionarios después de dos ejercicios sin una sola alta (2012 y 2013) y tras sumar tan sólo 90 el pasado. Si los compromisos del Ministerio del Interior se cumplen, Instituciones Penitenciarias ofertará el próximo año más de 600 vacantes para acceso libre.
 
Los efectivos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tienen otro estatus pero las cuentas nacionales también recogen una leve mejora en recursos humanos. Los gastos de personal presupuestados para el organismo en 2016 ascenderán a 174,9 millones de euros, frente a los 167,7 millones del balance de 2015. Descontando el 1% que va a subir el salario para todos los funcionarios públicos, al general Félix Sanz Roldán aún le quedará margen para aumentar en 100 nuevos agentes su plantilla de alrededor de 3.000 efectivos.

viernes, 21 de agosto de 2015

Montoro ordena ahora a los altos funcionarios viajar en clase turista y sustituir reuniones por videoconferencias

La reforma laboral de 2012 estableció una serie de especialidades en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público estatal

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quiere recortar los gastos de los directivos del sector público. Sugiere que recurran a videoconferencias como alternativa a las reuniones, que apliquen "criterios restrictivos" en cuanto al número de personas que se desplazan y que utilicen con carácter general los hoteles incluidos en el contrato.
 
El ahorro es la razón de los recortes en viajes
Revista de prensa.-El Público.es.-  El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha elaborado una serie de "indicaciones" para recortar los gastos de los máximos responsables y directivos del sector público estatal con contratos mercantiles o de alta dirección, entre las que se encuentran la de acogerse a la tarifa turista en sus viajes de avión o tren y la de utilizar con carácter general el transporte público para sus desplazamientos.

Esta lista de indicaciones -ocho en total- vienen recogidas en una Orden publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y firmada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

La Orden, que se aplicará a los contratos mercantiles o de alta dirección que se firmen a partir de mañana, fecha de su entrada en vigor, fija el sistema de compensación por gastos en concepto de dietas y desplazamientos para los máximos responsables y directivos del sector público estatal.

Además, la Orden establece una serie de "criterios de buena gestión" para ajustarse a los principios de austeridad en el gasto, "imprescindibles en el actual contexto de restricciones presupuestarias".

Estos criterios persiguen, según Hacienda, el asegurar la existencia de unas condiciones homogéneas de aplicación al mencionado personal y tienen en cuenta los actuales principios generales de "austeridad, eficiencia y transparencia" en el sector público.

 
Videoconferencias en lugar de reuniones
Así, y con el fin de ahorrar costes, el Departamento de Cristóbal Montoro anima a estos altos cargos a utilizar en sus desplazamientos el transporte público cuando el uso del vehículo particular no sea lo más económico y a acogerse a la tarifa turista en los viajes de avión o tren, salvo casos excepcionales y justificados por la distancia hasta el lugar del destino o la duración del viaje.

Hacienda también les sugiere que recurran a audio o videoconferencias como alternativa a las reuniones o desplazamientos y que apliquen "criterios restrictivos" en cuanto al número de personas que han de desplazarse, evitando los desplazamientos "innecesarios" de equipos de trabajo.

Asimismo, el Ministerio insta a fijar criterios temporales "estrictos" para el inicio y la finalización del servicio, evitando adelantar o prolongar de manera injustificada la estancia en destino; a utilizar con carácter general los hoteles incluidos en el contrato suscrito de forma centralizada por la Administración General del Estado o el Ministerio de adscripción, y a planificar y gestionar anticipadamente los billetes para sus desplazamientos a fin de obtener los mejores precios.

 
Hacienda da dos meses de plazo a contar desde mañana a las entidades del sector público estatal para adaptarse a las directrices y normas contempladas en esta Orden.

La reforma laboral de 2012 estableció una serie de especialidades en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público estatal que afectaron fundamentalmente a las indemnizaciones por extinción del contrato y a sus retribuciones.

En dicha norma se dejaba en manos de Hacienda la definición del sistema de compensación por gastos derivados de dietas, desplazamientos y similares realizados en el desempeño de sus funciones por los altos cargos públicos con contratos mercantiles o de alta dirección.

Con esta Orden se cumple este mandato de la reforma laboral de 2012, al tiempo que se ajustan este tipo de gastos a criterios de austeridad y racionalidad en el gasto público

jueves, 20 de agosto de 2015

El Gobierno confirma en el Congreso que aprobará días libres para embarazadas y ampliará las vacaciones para los más veteranos

Tras cinco ejercicios con el mismo sueldo, el Gobierno reconoce que la pérdida de poder adquisitivo del personal que trabaja en la Administración ha sido importante
 
Revista de prensa. El Confidencial.- El Gobierno intenta congraciarse con los funcionarios después de tres ejercicios de recortes que se sumaron a los dos anteriores aplicados por el último Ejecutivo del PSOE. En los Presupuestos Generales del Estado que se aprobarán en octubre, además de la anunciada subida salarial del 1%, aparecen nuevos permisos remunerados para las empleadas públicas embarazadas y la recuperación de los días de vacaciones extra por antigüedad.
 
Los 2,5 millones de funcionarios son una bolsa de electores que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere cuidar después de las congelaciones de sueldo, aplazamiento de pagas y supresión de días de permiso que les aplicó nada más llegar al poder para hacer frente a la crisis económica. Después de cinco ejercicios con el mismo sueldo, el Gobierno reconoce que la pérdida de poder adquisitivo del personal que trabaja en la Administración ha sido importante y procede a compensarle mínimamente como prueba de la recuperación económica.
 
En enero del próximo año los funcionarios recibirán la mitad de la paga extra de Navidad que Hacienda “suspendió” en diciembre de 2012, con lo que completará la devolución total de la misma. A la Administración Central le costará la medida 547 millones de euros y queda a criterio de cada Comunidad autónoma aplicar o no esa medida según vayan sus cuentas. En total, les correspondería abonar otros 2.562 millones.
 
La principal novedad en materia de permisos para los funcionarios en los Presupuestos de 2016 forma parte de las medidas del Gobierno de apoyo a la familia.
 
Antes, al término de este mismo ejercicio y antes de las elecciones generales del otoño, los empleados públicos ya habrán percibido otro 25% pendiente de su citada paga de diciembre, lo que supondrá a las arcas públicas desembolsar 274 millones de euros.
 
Además, según explicó en la Comisión de Presupuestos del Congreso el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, los funcionarios recuperarán todos los días libres (“moscosos”) que tenían antes de la crisis. “Se procederá  a la devolución del tercer y último día adicional de permiso por asuntos particulares que quedaba, toda vez que, de los 3 que se suprimieron en julio de 2012, uno fue devuelto ya en diciembre de 2013 y otro, el segundo, en septiembre de 2014”.
 
"Canosos" y reposición de efectivos
También vuelven los días adicionales por veteranía en la función pública, hasta otros tres, con la fórmula clásica: uno a partir del octavo trienio, dos con 10 trienios y tres al alcanzar los 12 trienios.
 
La principal novedad en materia de permisos para los funcionarios en los Presupuestos del próximo año forma parte de las medidas del Gobierno de apoyo a la familia. En concreto, se establece un permiso retribuido para las empleadas públicas en estado de gestación, “a partir de la semana 37 del embarazo”. Se garantiza así a las gestantes una etapa de reposo remunerado antes de dar a luz.
 
La subida general del 1% en los salarios en la función pública, que sí es obligado en todas las administraciones, supondrá un desembolso de 883 millones de euros para el conjunto del Estado. En materia de plantillas también hay un cambio de tendencia después de tres ejercicios de reducción al aumentarse la tasa de reposición, con carácter general, del 50 al 100%, salvo en los llamados “sectores prioritarios”, donde se garantizan todos los relevos. Es el caso de la inspección fiscal o laboral, personal docente, fuerzas de seguridad o Fuerzas Armadas.

Según resaltó Beteta en el Congreso, durante esta legislatura el Gobierno ha recurrido a la medida de no cubrir las bajas por jubilación para ajustar las plantillas de la Administración. Entre enero 2012 y enero 2015 el número de empleados públicos se redujo en 141.033 personas (un 5,25% menos).  Se ha pasado de los 2.685.837 funcionarios que trabajaban para el Estado en 2012 a los 2.544.804 en enero pasado.

miércoles, 19 de agosto de 2015

Antonio Arias: La mirada de la corrupción

Entrada relacionada. Nueva Tribuna. "De la preocupación a la ocupación de la auditoría". Mario Alberto Gómez Maldonado
                                                           
Antonio Arias.- Fiscalización.es.- Transparencia Internacional acaba de hacer público el resultado de su concurso mundial de fotografía en busca de las imágenes más poderosas de la corrupción y su impacto devastador en las vidas de todo el mundo.
 
“La corrupción ha dejado una mancha indeleble en la humanidad”
 
En la categoría de fotógrafos senior, Giles Clarke fue seleccionado en primer lugar por su retrato, que podéis ver arriba, de tres de los recicladores. Ver todos los ganadores en esta categoría. Clarke intenta reflejar como miles de haitianos viven y trabajan en el gran vertedero de Puerto Príncipe, sin acceso al agua potable, a medicinas o a ropa protectora.
 
“Los niños son los más afectados por la corrupción”
 
La otra foto ganadora, que podéis ver abajo, retrata el trabajo infantil ilegal en Bangladesh, donde millones de niños se ven obligados a trabajar para mantener a sus familias. El ganador en la categoría de fotógrafos de menos de 30 años, AM Ahad, fue galardonado con esta imagen de una joven que trabaja en una fábrica de reciclaje de plástico en Dhaka. Ver todos los ganadores en esta categoría
Sin embargo, mi preferida a la vista de los finalistas, es esta que cierra la entrada, que lo tiene todo, pues refleja crudamente (hasta en el agua) la pobreza, la difícil integración (de género: ellas a la izquierda) y el esfuerzo para escapar.

martes, 18 de agosto de 2015

Buena gobernanza: Un reto para los nuevos gobiernos

"El Gobierno vasco ha iniciado un proceso de planificación estratégica de recursos humanos innovador, donde diagnostica certeramente las consecuencias del envejecimiento de plantillas y de la pérdida de conocimiento en la Administración Pública"
 
La transferencia de poder, la participación y la división en la toma de decisiones son los elementos clave de la gobernanza inteligente; capaces de reconciliar la democracia informada con la meritocracia responsable” (Berggruen/Gardels, “Gobernanza inteligente para el siglo XXI", Taurus, 2012, 46-47).
 
“Los países que puedan dotarse de ‘buena gobernanza’ tendrán muchas más posibilidades de proporcionar a sus ciudadanos niveles de vida decentes. Aquellos que no puedan hacerlo, estarán condenados a la decadencia y la disfunción” (Micklethwait/Wooldridge, “La cuarta revolución. La carrera global para reinventar el Estado”, Galaxia Gutenberg, 2015, p. 13).
 
Rafael Jiménez Asensio. Blog la Mirada Institucional.- En un reciente libro editado por la Asociación de Municipios Vascos-EUDEL (Ejes de la Política Local Vasca 2015-2019: http://www.eudel.eus/destacados/formacionpolitica/), la “Buena Gobernanza” se configura como uno de los ejes estratégicos del presente mandato en los gobiernos locales. Por su parte, las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa han hecho una apuesta evidente también por nuclear el cambio institucional sobre esa noción de “Gobernanza”, reflejando esta idea en sus propias estructuras gubernamentales (con rango de Departamento foral en Gipuzkoa y con nivel de Dirección General cualificada en Bizkaia).
 
También la Transparencia, como elemento central de la noción de Gobernanza, ha sido uno de los puntos fuertes de los Ayuntamientos vascos, de alguna de sus Diputaciones Forales y del Gobierno Vasco. Por su parte, el Ayuntamiento de Bilbao fue premiado en 2011 por el Instituto Europeo de Administración Pública por un programa de gestión del sector público. Y el de Ermua ha impulsado recientemente una experiencia de profesionalización de niveles gerenciales. La Red Vasca de Transparencia de los Ayuntamientos Vascos también está dando su fruto. Y el Programa Basque Score Card (autoevaluación en materia de integridad institucional con el apoyo del Consejo de Europa) en quince ayuntamientos vascos fue asimismo (aunque planteado como programa piloto) una experiencia también pionera.

Euskadi se mueve
En la misma línea, el Gobierno Vasco está liderando desde hace algún tiempo un Modelo Avanzado de Gestión (Aurrerabide) que traslada alguno de los elementos centrales de la idea de Gobernanza (por ejemplo, la Transparencia, Eficiencia, Buen Gobierno o la Rendición de Cuentas) e impulsa como eje singular la Innovación. También ha iniciado un proceso de planificación estratégica de recursos humanos (Plan de Empleo) ciertamente innovador, donde diagnostica certeramente las consecuencias del envejecimiento de plantillas y de la pérdida de conocimiento en la Administración Pública, aportando algunos remedios. Si a ello se suma la apuesta decidida que el propio Ejecutivo vasco adoptó en su día por la construcción de un Sistema de Integridad Institucional mediante la aprobación del Código Ético y de Conducta, bien se puede concluir que algo importante se está moviendo en Euskadi desde la perspectiva de mejora institucional y de la gestión pública.
 
No parece que, al menos hasta la fecha, ese empuje de cambio institucional y de gestión disponga de réplicas marcadas en otros contextos estatales, aunque algunas estructuras de gobierno locales y autonómicas están dando pasos en esa dirección. La Administración del Estado (con algunas excepciones de iniciativas impulsadas desde el INAP) sigue, sin embargo, anclada en su formato más convencional. Cierto es que “la moda” de la Transparencia (desarrollada en buena parte tras la aprobación de la Ley básica estatal) sí que ha arraigado con fuerza (al menos en términos normativos) en diferentes Comunidades Autónomas (por ejemplo, en Cataluña), así como en determinados gobiernos locales (donde se están llevando a cabo experiencias de interés: Ayuntamientos de Alcobendas, Gavà o Sant Cugat del Vallès, por poner algunos ejemplos). Pero, en otras facetas, las respuestas están siendo más tímidas o, incluso, menos consistentes. La ética institucional, la eficiencia o la propia noción de gobierno abierto, no terminan de pasar –salvo excepciones singulares que ahora no pueden ser citadas- el estadio programático para convertirse en una acción central y efectiva de las diferentes políticas gubernamentales.
 
La noción de Gobernanza tiene, sin embargo, largo recorrido. No es igual, pese a nuestra evidente confusión legal, al Buen Gobierno. Aquella engloba a este. En verdad, los postulados iniciales de la Gobernanza eran limitados y han venido enriqueciéndose con el paso del tiempo. Así, el Libro Blanco de la Gobernanza Europea de 2001 se asentaba sobre cinco pilares o principios: participación; transparencia; rendición de cuentas; eficacia y coherencia. Más adelante, en un importante documento del Consejo de Europa sobre Estrategia para promover la Innovación y la Buena Gobernanza en el nivel local de gobierno, esos principios se enriquecieron hasta un total de doce.
 
Lo realmente importante en el diseño de una Política de Buena Gobernanza en las instituciones públicas radica en comprender bien el concepto. A ello ayuda alguna que otra contribución doctrinal (por ejemplo: La Gobernanza hoy: 10 textos de referencia, obra publicada en 2005 por el INAP y coordinada por A. Cerrillo).
 
La nueva manera de gobernar
La gobernanza –como expuso en su día Renate Mayntz- no es otra cosa que “una nueva manera de gobernar, diferente del modelo de control jerárquico”. Pero ese cambio no puede ser retórico. Representa un paso más (aunque complementario y no excluyente) frente a la implantación efectiva del modelo burocrático profesional y a las medidas impulsadas en su momento por la Nueva Gestión Pública (New Public Management). Esta puso el foco de atención sobre aspectos intraorganizativos, centrándose en objetivos y resultados; mientras que aquélla (la Gobernanza) reexamina, según el profesor Rhodes, “la caja de herramientas del Gobierno” y persigue dar respuesta a escenarios más complejos y redes interorganizacionales, como estudió en su día Joan Prats o puso de relieve hace años en una interesante contribución el profesor mexicano Luis F. Aguilar (“Gobernanza: normalización conceptual y nuevas cuestiones, Cuadernos de Liderazgo 17, Esade, 2008).
 
Pero, la gobernanza inteligente exige asimismo una apuesta decidida por la integridad institucional, minimizar la política cortoplacista, impulsar una meritocracia efectiva y construir canales óptimos de participación ciudadana (o de “multitudes inteligentes”). En esto las redes sociales son una ventana de oportunidad y un enorme reto, pero también hay que ser conscientes que una mala aplicación de tales redes puede provocar efectos no deseados. Como expusieron Berggruen y Gardels, “sin frenos ni contrapesos, la democracia directa propulsada por la energía del ciberespacio podría socavar la buena gobernanza en lugar de reforzarla”.

Rendición de cuentas
En efecto, no me centraré aquí (lo estoy haciendo en otro lugar) en uno de los puntos débiles (o si se prefiere, peor resueltos) de la Gobernanza: la rendición de cuentas. La “horizontalidad” de la Gobernanza combina mal con la todavía articulación “vertical” de las responsabilidades en las estructuras gubernamentales y administrativas. La Gobernanza, por definición, pretende situar en un mismo plano “deliberación” y “representación”. Pero algo falla en la arquitectura del modelo cuando la rendición de cuentas (accountability) por los resultados de esas políticas solo puede ser endosada a quienes ejercen tareas representativas o ejecutivas.
 
En cualquier caso, los que ahora importa es que la noción de Gobernanza se ha venido enriqueciendo con el paso del tiempo. Lo que sí parece obvio a estas alturas –y de ello nuestros gobernantes deberían tomar nota- es que el futuro de nuestras instituciones públicas, el “mejor gobierno”, la sostenibilidad del modelo y de las prestaciones públicas a los ciudadanos, así como de la propia democracia, depende estrechamente de que cada nivel de gobierno sea capaz de armar una agenda coherente y creíble de Buena Gobernanza e Innovación con la vista puesta en los próximos diez años. Quien lo haga, sentará las bases del futuro. Quien no se dé por enterado, condenará a sus organizaciones al letargo, cuando no a la decadencia. Lean (con sentido crítico) los sugerentes libros de los que se extraen las citas expuestas en el encabezamiento de esta entrada y ratificarán (presumo) este lapidario juicio.

lunes, 17 de agosto de 2015

La renovación de la FEMP, próximo campo de batalla de PP y PSOE tras las municipales

La asamblea de los alcaldes españoles será en el mes  de Septiembre y el alcalde socialista de Vigo Abel Caballero parte como favorito 
 
Ayuntamiento de Teruel
Según la agencia Europa Press, el PP reivindicará la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el Pleno que la institución celebrará dentro de un mes, al defender que fue el partido más votado en las elecciones municipales de mayo, e insta al PSOE a no buscar "la alianza con radicales".

La FEMP es la última institución local que queda por renovar tras las elecciones locales de mayo y en ella se va a repetir el enfrentamiento entre los dos grandes partidos derivado del resultado de las urnas: los 'populares' ganaron en votos, pero perdieron una parte importante del poder local, especialmente en grandes ciudades, por los acuerdos entre formaciones como el PSOE, candidaturas populares y Podemos, que podrían volver a sumar mayoría en la Federación de Municipios.
 
El alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, que ganó por mayoría absoluta el 24-M parte como favorito para presidir la FEMP durante cuatro años, por delante del actual presidente y alcalde Santander, el popular Íñigo de la Serna.

 Leer más:
http://www.europapress.es/nacional/noticia-renovacion-femp-proximo-campo-batalla-pp-psoe-municipales-20150816122238.html

domingo, 16 de agosto de 2015

Jaime Tovar: La evaluación y el desempeño en las policías

Jaime  Tovar.- Repasando papeles, me he encontrado estos días un documento (publicado en slideshare)
 
Editado en Caracas, ya antiguo (de 2010), pero muy bien traído para reflexionar sobre el desempeño y la evaluación en las policías.
 
imagen funciones policía
Compilado  por el Prof. Andrés Antillano, que entre otros tiene un trabajo sobre: “Bases conceptuales métricas y patrones de medida del desempeño policial”, de Jacqueline de Oliveira y Domicio Proença.
 
En este artículo se exponen las funciones básicas de autoregulación social, prevención, disuasión y represión policial, como una cadena progresiva, que creo que puede ser útil en estos tiempos que andamos intentando definir el nuevo papel de la policía y decidir dónde tiene que poner el acento, sus recursos y sus valores.

viernes, 14 de agosto de 2015

Llega la Oficina Nacional de Evaluación (ONE)

La ONE  se crea  con la finalidad de analizar e informar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios públicos
 
Blog Fiscalización.es.- Antonio Arias.- El Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que en la actualidad se debate en el Senado  (al amparo de lo dispuesto en la Constitución Española, artículos 149.1 apartados 13, 14 y 18) incorporará muchas novedades normativas, con una vacatio general de un año.
 
Entre ellas, encontramos algunas modificaciones de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con la prohibición de contratar, ajustándolo a la nueva regulación del Código Penal así como mejorando técnicamente su contenido (arts. 60, 61 LCSP y el nuevo 61 bis sobre sus efectos), además de diversos artículos relativos a las concesiones administrativas (arts. 254 y ss) que entrarán en vigor a los veinte días de su publicación (Disposición final decimoctava) que se calcula en torno a la primera quincena de octubre.
 
AGE y Ayuntamientos
A los seis meses de esa misma publicación, entrará en vigor lo relativo a la Oficina Nacional de Evaluación que se crea en la página 117, con la finalidad de analizar e informar previa y preceptivamente la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios públicos a celebrar por los poderes adjudicadores dependientes de la Administración General del Estado y de las Corporaciones Locales cuando se den las siguientes circunstancias: 
 
a) Se realicen aportaciones públicas a la construcción o a la explotación de la concesión, así como cualquier medida de apoyo a la financiación del concesionario.
 
b) La tarifa sea asumida total o parcialmente por el poder adjudicador concedente o el importe de las obras o los gastos de primer establecimiento superen un millón de euros.
 
La regulación, que es bastante detallada, prevé que si la entidad destinataria del informe se apartara de las recomendaciones contenidas en ese informe preceptivo, “deberá motivarlo en un informe que se incorporará al expediente del correspondiente contrato y que será objeto de publicación”.
 
Así que, junto a la crema solar no olvidéis llevaros a la playa el proyecto para ir ojeándolo (también como abanico) entre paella y paella como la que deconstruyó Sevach “a la bañezana”, que no sólo sabe de jurisprudencia.

jueves, 13 de agosto de 2015

Red.es: Publicadas las bases para la convocatoria de ayudas a Ciudades e Islas Inteligentes

Red.es financiará hasta el 80% de las actuaciones previstas en los proyectos beneficiarios, que no podrán superar los 8 millones de euros de presupuesto.
 
Femp.- Con fecha 1 de agosto, el BOE ha publicado las convocatorias de las ayudas y las bases reguladoras destinadas al desarrollo del Programa Ciudades Inteligentes y del Programa Islas Inteligentes de la Agenda Digital para España (C055/15-AE).
Como ya informamos recientemente, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros dos nuevos paquetes de ayudas, dirigidas a las Entidades Locales, denominados “II Convocatoria de Ciudades Inteligentes” y “II Convocatoria de Islas Inteligentes”, dotadas con 48 y 30 millones de euros respectivamente.
 
Estas dos líneas de ayudas están destinadas a las Administraciones Locales y Autonómicas, y dan continuidad a la ‘I Convocatoria de Ciudades Inteligentes’ de 2014. Se trata de la ‘II Convocatoria de Ciudades Inteligentes y la ‘I Convocatoria de Islas Inteligentes’.
 
La ‘II Convocatoria de Ciudades Inteligentes’ tiene un presupuesto de 48 millones de euros y, a diferencia de la primera, podrán beneficiarse de ella las Entidades Locales de más de 20.000 habitantes de toda España (Ayuntamientos, mancomunidades, Cabildos, Consells y Diputaciones), así como las Comunidades Autónomas uniprovinciales. La entidad pública Red.es financiará un máximo del 80% de las actuaciones previstas por los distintos proyectos beneficiarios, que no podrán superar los 8 millones de euros de presupuesto.
 
Las iniciativas presentadas deben impulsar la industria e implicar ahorros cuantificables y por periodos o mejoras de eficiencia en los servicios públicos, mejoras en la accesibilidad, constituir proyectos de carácter innovador que formen parte de las competencias de las Entidades Locales y sean susceptibles de exportarse, fomentar la interoperabilidad entre las administraciones, tener potencial de reutilización o replicación para otras entidades o crear espacios tecnológicos con entornos TIC interoperables, entre otros.
 
A la primera convocatoria sólo podían presentarse entidades de las Comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura por limitación de presupuestos del FEDER. Se recibieron un total de 37 iniciativas candidatas, de las que 14 quedaron seleccionadas.
 
Islas InteligentesPor su parte, el programa ‘Islas Inteligentes’ cuenta con un presupuesto de 30 millones de euros, a los que pueden optar todas las Administraciones Locales que gestionen servicios públicos en la totalidad del territorio de cualquier isla de Baleares o Canarias.
 
El objetivo es financiar iniciativas que integren la estrategia de isla inteligente, contribuyan a la mejora de los servicios públicos del territorio y estén orientadas a mitigar los efectos negativos de la insularidad, a través del empleo de las TIC. El presupuesto máximo por iniciativa es de 10 millones de euros y la financiación será cubierta al 100% por Red.es.
 
Las convocatorias de ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros son susceptibles de cofinanciarse a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuya finalidad es fortalecer la cohesión económica y social en la Unión Europea y corregir los desequilibrios entre sus regiones.

miércoles, 12 de agosto de 2015

Comisión Europea: Abierta la convocatoria para el proyecto «Hoja Verde Europea 2016»

Para solicitar la Hoja Verde Europea 2016, hay que regístrate en: http://form.europeangreencapital.ie/
 
El año 2014, como parte de sus esfuerzos para reconocer el compromiso mostrado por las ciudades hacia el medio ambiente y la promoción de la generación de empleo a través del desarrollo sostenible, la Comisión Europea puso en marcha su proyecto "Hoja Verde Europea".
 
El proyecto consiste en un concurso dirigido a los municipios de entre 20.000 y 100.000 ciudadanos que puedan demostrar la aplicación de altos estándares ambientales y su compromiso con una vida urbana sostenible.
 
La primera convocatoria, en 2014, fue ganada por el pueblo español Mollet del Vallés. Este año esperan recibir más candidatos españoles en los pueblos y ciudades con 20.000 y 100.000 habitantes.
 
La convocatoria de solicitudes para 2016 ya está abierta. Para solicitar la Hoja Verde Europea 2016, hay que registrarse aquí: http://form.europeangreencapital.ie/
 

martes, 11 de agosto de 2015

Blog EsPúblico: ¿A qué esperamos para implantar las notificaciones telemáticas?

 "Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones facilitan el acceso a los servicios públicos a aquellas personas que antes tenían grandes dificultades para llegar a las oficinas públicas"
 
Blog EsPúblico.- Ricardo Díaz y Eliseo Garrido. La mayor proximidad al ciudadano de la Administración local, derivada de la descentralización y el reconocimiento constitucional de la autonomía local, no ha acabado de superar la barrera que sigue distanciando todavía al ciudadano de la Administración y que, muchas veces, no es otra que la barrera que levanta el tiempo y el espacio.
 
NotificacionesEn todo caso, estas primeras barreras en las relaciones con la Administración -la distancia a la que hay que desplazarse y el tiempo que es preciso dedicar- no tienen razón de ser día de hoy, teniendo en cuenta que la Administración pública local es una prestadora de servicios, fundamentalmente.

Las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen posible acercar la Administración hasta el salón de los ciudadanos, las oficinas y despachos de las empresas y profesionales. Les permiten relacionarse con ella sin colas ni esperas. E incluso recibir servicios e informaciones ajenos a actividades de intervención administrativa o autorización; informaciones y servicios no relacionados con actuaciones limitadoras, sino al contrario ampliadoras de sus posibilidades. Esas condiciones permiten también a los ciudadanos ver a la Administración como una entidad a su servicio. Pero, además de eso, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones facilitan, sobre todo, el acceso a los servicios públicos a aquellas personas que antes tenían grandes dificultades para llegar a las oficinas públicas, por motivos de localización geográfica, de condiciones físicas de movilidad u otros condicionantes, y que se pueden superar por el empleo de las nuevas tecnologías. Se da así un paso trascendental para facilitar, en igualdad de condiciones, la plena integración de estas personas en la vida pública, social, laboral y cultural.
 
Ley 30/92
De ello se percató la Ley 30/1992 de 26 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que en su primera versión recogió ya en su artículo 45 el impulso al empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al objeto de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias y de permitir a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones cuando fuese compatible con los «medios técnicos de que dispongan».
 
Posteriormente, la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su artículo 68, modificó el artículo 59 de la Ley 30/1992 permitiendo la notificación por medios telemáticos si el interesado hubiera señalado dicho medio como preferente o consentido expresamente.
 
En el mismo sentido destacan las modificaciones realizadas en la Ley General Tributaria para permitir también las notificaciones telemáticas así como el artículo 96 de la Ley General Tributaria que prevé expresamente la actuación administrativa automatizada o la imagen electrónica de los documentos. Así el artículo 96.1 de la Ley General Tributaria dispone “La Administración tributaria promoverá la utilización de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos necesarios para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que la Constitución y las leyes establezcan”.
 
Sin embargo, el desarrollo de la administración electrónica en el ámbito local es todavía insuficiente. La causa en buena medida se debe a que las previsiones de los artículos 38, 45 y 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común son facultativas, tal y como se indica en la exposición de motivos de la Ley 11/2007. Es decir, dejan en manos de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos van a poder de modo efectivo, o no, relacionarse por medios electrónicos con ellas, según que éstas quieran poner en pie los instrumentos necesarios para esa comunicación con la Administración.
 
Dentro del proceso de reformas emprendido para la consecución de una Administración moderna y eficaz, la implantación de medios informáticos para comunicarse con los ciudadanos ha supuesto un hito esencial, que además devenía obligatorio en orden al cumplimiento de los compromisos comunitarios e iniciativas europeas en la materia. En este proceso, ya el art. 45 de la Ley 30/92 (mencionado anteriormente) recogió el impulso “al empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos” por parte de la Administración. No obstante, tanto la previsión del citado precepto, como las introducidas en sus arts. 38 y 59 por la Ley 24/01 , tenían un carácter facultativo.
 
Por ello Ley 11/2007 de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos pretendió, y consiguió en el ámbito estatal, dar el paso del «podrán» por el «deberán». Siendo ya hora que la Administración local prosiga la misma senda.
 
El grado de penetración de ordenadores y el número de personas y entidades con acceso en banda ancha a Internet, con las posibilidades abiertas a otras tecnologías y plataformas, no se corresponden ya con los servicios meramente facultativos que la Ley citada permite y estimula a establecer a las Administraciones.
 
El servicio al ciudadano exige consagrar su derecho a comunicarse con las Administraciones por medios electrónicos. La contrapartida de ese derecho es la obligación de éstas de dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que ese derecho pueda ejercerse. Esa es una de las grandes mandatos de la Ley 11/2007: pasar de la declaración de impulso de los medios electrónicos e informáticos a que estén obligadas a hacerlo porque la Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a establecer relaciones electrónicas.
 
La Ley 11/2007 consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para tales Administraciones.
 
Ha sido esta Ley 11/2007, de 22 de junio , “de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos”, la que, ya de forma decidida, ha emprendido el camino de esa transformación de la Administración Pública para adecuarla a la realidad tecnológica actual. La Ley se dirige, fundamentalmente, a garantizar y regular el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a cuyos efectos establece el concepto de “sede electrónica”, dispone la publicación electrónica de Boletines oficiales y la posibilidad de sustituir o complementar por dicho medio la publicación de actos en tablones de anuncios o edictos, regula las formas de identificación de los administrados y autenticación de los documentos de acceso para garantizar el derecho a la privacidad de los datos así como las actuaciones, por representación y dispone la creación de Registros electrónicos.
 
El art. 27, de la Ley 11/2007, dedica a las comunicaciones electrónicas (obligatorias para la Administración, si los ciudadanos lo solicitan o consienten expresamente), señalando su apartado 3 que “serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas“. Es el art. 28 el que regula expresamente la “práctica de la notificación por medios electrónicos”, señalando en su apartado 3 que el transcurso de diez días naturales sin acceder al contenido del acto se equiparará a su rechazo con los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/92 (Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento), y en su apartado 5 que en caso de acceso por los interesados a este contenido, se producirán los efectos propios de la notificación por comparecencia. Es el apartado 6 del citado art. 27 el que establece que “Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos”. leer+