lunes, 29 de febrero de 2016

Se presenta en Córdoba el Libro blanco de la movilidad en ciudades Patrimonio de la Humanidad

“Los problemas de accesibilidad de tráfico van a seguir existiendo si no conseguimos sacar el vehículo privado del casco histórico"
 
Revista de prensa. Córdoba hoy.- Preservar la esencia de los cascos históricos de las ciudades Patrimonio de la Humanidad y, al mismo tiempo, hacerlos habitables no es fácil, sobre todo en ciudades que "nacieron y se desarrollaron con la impronta de ser lo más inaccesibles posible", comentaba la coordinadora de Patrimonio y ciudad del Grupo de las 15 ciudades españolas que poseen tal distinción, Claudia de Santos.
Vista de Toledo, otra ciudad Patrimonio de la Humanidad
Para abordar los problemas de movilidad y accesibilidad comunes a estas ciudades y las posibles soluciones a los mismos el Grupo ha elaborado y editado el "Libro blanco de la movilidad en ciudades Patrimonio de la Humanidad ", un trabajo que se ha presentado hoy en Córdoba y que pretende servir de manual para el abordaje de medidas que permitan conjugar protección y habitabilidad.
 
En este sentido, el jefe del Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba y coordinador técnico del libro,  Antonio Valdenebro, apuntó que el origen del libro fue el conflicto entre actuaciones a favor de la movilidad y la accesibilidad y las actuaciones de los servicios de emergencias, como bomberos o policía, en los cascos históricos.
 
De esta forma se han establecido criterios comunes de actuación en el conjunto de ciudades Patrimonio referidos a distintos aspectos como peatonalización, aparcamientos, transporte público, carga y descarga de mercancías, seguridad vial, protocolos de actuación de emergencias, accesibilidad, medio ambiente, mejora de la señalización y elementos tecnológicos de control, entre otras cuestiones.
 
En definitiva, el objetivo es ofrecer soluciones útiles no sólo para las ciudades Patrimonio de la Humanidad, sino para toda aquella que se enfrente a los mismos problemas de movilidad y accesibilidad.
 
“Los problemas de accesibilidad de tráfico van a seguir existiendo si no conseguimos sacar el vehículo privado del casco histórico. Este es un trabajo muy a largo plazo” pero “tendremos que continuar incidiendo en que el vehículo privado solamente sea para residentes”, apuntó el delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente.
 
Acceso de Circulación Restringido
Precisamente sobre el acceso restringido al casco y, en concreto, sobre las zonas de Acceso de Circulación Restringido (ACIRE), Valdenebro recordó que aún no se ha completado el mapa de ACIRE y admitió que aún hay más tráfico del deseado.
 
En este sentido, el responsable de Movilidad remarcó que el control del tráfico es muy complejo y sigue siéndolo porque las necesidades son “muy variadas”. A pesar de ello, se mostró convencido de que es un buen sistema que hay que mejorar con señalización y más información ciudadana.
 
“El casco es muy grande, tenemos muchísimas autorizaciones” y “el esfuerzo se está haciendo”, apostilló.
 
Uno de los problemas que están produciendo las ACIRE tiene que ver con los turistas que se alojan en hoteles del Casco Histórico y que desconocen cómo deben actuar para que no se les multe por circular por estas zonas. “Es un problema que me preocupa por la mala imagen que damos con respecto a los que nos visitan”, reconoció Aumente

Nota. El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España es una asociación sin ánimo de lucro creada en el año 1993, cuyo objetivo es actuar en la defensa y la promoción cultural y turística del  patrimonio de las 15 ciudades que lo componen, (Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda)  cuyos cascos históricos han sido reconocidos por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.
 

sábado, 27 de febrero de 2016

Formación: Sevilla, 8 de marzo: Jornada sobre Transparencia Pública y Buen Gobierno

Sevilla, 8 de marzo. Concepción Campos dará la conferencia inaugural: “Más transparencia para un mejor gobierno local".

Para inscribirse, deberán dirigirse   telemáticamente, en   el enlace   http://www.dipusevilla.es/inscripcionCursosFC/Jornada_Transparencia/inscripcion.htmlantes antes del  4 de marzo de 2016, al Área del Empleado Público-Formación. Dipu Sevilla. Teléfono de contacto:   954.550.074 (Miguel Trigueros).                        
 
ORGANIZA:    Área del Empleado Público-Formación. Diputación de Sevilla. Ver programa





9.00 hs: Bienvenida a cargo del Presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos.

 

9.00-10.00 hs: Conferencia inaugural a cargo de  Concepción Campos Acuña. Secretaria de Gobierno Local. Ayuntamiento de Vigo.

“Más transparencia para un mejor gobierno local".

 
10.00-11.00 hs: Conferencia a cargo de  D. Manuel Medina Guerrero.

Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

"Retos de las autoridades autonómicas de control de la transparencia".

 

11.30-12.30-hs: Conferencia a cargo de  Manuel Villoria Mendieta,          Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad      Rey Juan Carlos de Madrid.

          “Ética y Buen Gobierno”.

       

12.30-13.30 hs: Conferencia a cargo de Emilio Guichot Reina. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla.

Transparencia versus Protección de Datos”.

 

13.30-14.30 hs: Mesa Redonda.

            “Impacto de la Transparencia en las Administraciones Locales”.

            Modera:  Fernando Fernández-Figueroa Guerrero. Secretario General de la Diputación de Sevilla.

            Intervienen -Concepción Campos Acuña.

                         - Emilio Guichot Reina.

                         - Manuel Villoria Mendieta.

                         - Manuel Medina Guerrero.

                                  -Mª del Carmen Rodríguez Quirós, Gerente de la Sociedad Provincial de Informática de la Diputación de Sevilla.

jueves, 25 de febrero de 2016

¿Cuánto nos cuestan las diputaciones provinciales ?

Las diputaciones contaban  con una plantilla de  62.159 personas en 2015: 27.535 funcionarios y 34.624 laborales

Revista de prensa. El Periódico.- La supresión de las diputaciones provinciales es uno de los puntos estrella del acuerdo al que han llegado el PSOE y Ciudadanos. Valoradas especialmente en municipios pequeños, se dedican a prestar servicios como la recogida y el tratamiento de residuos, la gestión de carreteras y de agua, la extinción de incendios, el transporte de viajeros y la administración de equipamientos culturales.
 
Las sedes de las diputaciones suelen ser
edificios singulares. En la foto la
de la sede de la Diputación de Jaén.
Actualmente existen 38 diputaciones de régimen común, tres diputaciones forales en el País Vasco, siete cabildos insulares en las Canarias y tres consejos insulares en Baleares. Las comunidades autónomas de una sola provincia --Madrid, Región de Murcia, Cantabria, Asturias, Navarra y La Rioja-- no tienen diputación porque sus competencias las asumen las comunidades autónomas.
 
Las 38 diputaciones de régimen común manejaron un presupuesto en el 2015 de 5.971 millones de euros, de acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda. A este presupuesto hay que añadir el de los cabildos y los consejos insulares (1.991 millones), pero la cifra acaba dispararse si se tienen en cuenta las diputaciones forales del País Vasco (13.804 millones), lo que arroja una cifra definitiva de 21.586 millones de euros.

LAS DIPUTACIONES, EN CIFRAS

  • 38 diputaciones de régimen común, 3 diputaciones forales en Euskadi, 7 cabildos insulares en Canarias y 3 consejos insulares en Baleares
  • 21.586 millones de euros de presupuesto
  • 62.159 empleados: 27.535 funcionarios y 34.624 contratados
  • 1.040 diputados
 
La mayoría del presupuesto de las diputaciones de régimen común llega a través de una transferencia del Gobierno vía el Presupuesto General del Estado. Caso distinto es el de las diputaciones forales del País Vasco, que cuentan con competencias específicas de recaudación de impuestos. En el acuerdo entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, la supresión no afecta ni a los cabildos ni a los consejos insulares ni a las diputaciones forales. De ahí que sus partidos estimen la cifra de ahorro en unos 5.000 millones de euros.
 
Los sindicatos avisan
En las diputaciones, cabildos y consejos insulares trabajan 62.159 personas, de acuerdo al Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del mes de julio de 2015. De ellos, 27.535 son funcionarios y los otros 34.624, personal contratado. La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha lanzado un aviso al PSOE y Ciudadanos en este sentido y ha advertido de que no considera adecuado "que se adopten de manera unilateral" decisiones de tal calado como la supresión de las diputaciones.
 
El pleno de la diputación está constituido por el presidente y los diputados, todos ellos concejales elegidos en las elecciones municipales. Es decir, se trata de una elección indirecta, ya que los ciudadanos no votan a los miembros de la diputación. En total, en toda España hay 1.040 diputados en este tipo de instituciones.
 
Barcelona la primera por gasto
Según se estipula en la Ley de Régimen Electoral General, el número de diputados provinciales se determina, al igual que el número de concejales, según el número de habitantes: Hasta 500.000 personas: 25 diputados. De 500.001 a 1.000.000: 27 diputados. De 1.000.001 a 3.500.000: 31 diputados. De 3.500.001 en adelante: 51 diputados.
 
Entre las 38 diputaciones ordinarias, la de Barcelona es la que da cobertura a mayor número de población y la que más gasto tiene: 870 millones de euros. Le siguen Valencia (455) y Sevilla (380). La de Tarragona gasta 122 millones, la de Girona, 113, y la de Lleida, 100. Proporcionalmente, sin embargo, la diputación que lidera de clasificación en gastos de personal es Segovia (46 millones), seguida de Albacete (43).

Noticia relacionada. Voz Populi: El cierre de las diputaciones afectará a más de 300 cargos del PSOE de Susana Díaz

miércoles, 24 de febrero de 2016

Acuerdo PSOE-C´S: 38 diputaciones en el punto de mira

Los votos en las elecciones municipales sirven también para escoger las diputaciones. Cada provincia está dividida en históricos partidos jurídicos, que reúnen varios municipios

Como condición para lograr un pacto de legislatura a nivel nacional, Ciudadanos ha propuesto al PSOE suprimir las 38 diputaciones de régimen común que aún existen en España con una estructura y misión -apoyar a los pequeños ayuntamientos- que ha  venido cuestionándose desde que surgieron las comunidades  autónomas. Ahora el asunto vuelve a recobrar actualidad. ¿Son necesarias?. Veamos algún ejemplo en la prensa.

Revista de prensa. El Español: "Las Diputaciones gastan tanto en sí mismas como en servicios".  El PSOE ha aceptado las propuestas de Ciudadanos para un pacto de legislatura. Una de las condiciones es la supresión de las Diputaciones provinciales. No todas las provincias españolas tienen diputación provincial. Las tres provincias vascas y las Islas Canarias y Baleares tienen organismos similares -diputaciones forales, cabildos y consejos insulares- pero con más recursos, elección directa y otras competencias. Las comunidades autónomas uniprovinciales tampoco tienen Diputación. Sus competencias las ha asumido el gobierno autonómico.

Aspecto de un pleno de la Diputación de Salamanca
Ciudadanos propone suprimir sólo las 38 diputaciones provinciales.
 
Esto es lo que hacen, cuánto gastan, qué problemas tienen y un par de ejemplos simbólicos.
 
Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en cada provincia. Sobre todo, por tanto, del mundo rural. Los municipios pequeños no pueden encargarse de residuos, caminos rurales, carreteras provinciales y otros tipos de instalaciones o recursos. Las diputaciones hacen también otras tareas en cultura -tienen museos, bibliotecas-, derechos sociales o deportes. Esas funciones deberían seguir haciéndose.
 
Los presupuestos de las Diputaciones provienen en su gran mayoría del Estado. La gestión de IBI de Ayuntamientos pequeños o ingresos por actividades puntuales son cantidades poco significativas.

Dos problemas
1. El tamaño. El presupuesto ejecutado en 2014 de las 38 Diputaciones provinciales -el último publicado- es de algo más de 6.000 millones de euros. Las 38 Diputaciones gastaron casi lo mismo de esa cantidad en mantenerse, un 43,36%, que en dar servicios a los ciudadanos, 42,95%.
     
La Diputación que más dinero dedicó a su supervivencia fue Segovia. El presidente de cada Diputación tiene potestad para contratar a su gusto. Los funcionarios de Diputaciones tienen las mismas categorías laborales que los funcionarios del Estado, pero las oposiciones son tradicionalmente menos exigentes.
     
Durante los años de la crisis, el número de funcionarios en todas las Diputaciones -provinciales, forales e insulares- se ha mantenido en un ligerísimo descenso. El personal laboral ha bajado con más constancia, pero ha repuntado curiosamente durante el primer semestre de 2015. Las elecciones municipales fueron en mayo de 2015. (Nota: El numero de empleados públicos en las diputaciones ronda los 65.000, el 2,4% del total) 
       
2. La elección es indirecta. Las diputaciones no son elegidas por sufragio universal. Los votos en las elecciones municipales sirven también para escoger las diputaciones. Cada provincia está dividida en históricos partidos jurídicos, que reúnen varios municipios. En función de los votos de cada formación en esos partidos jurídicos se asigna un número de diputados en la Diputación.
 
Los diputados de las Diputaciones son concejales electos. El partido que tiene la mayoría escoge al presidente. Cada partido escoge a su manera a sus candidatos, con tanta opacidad como quiera: es un modo perfecto de colocar a amigos o devolver favores.
 
Las Diputaciones suelen estar en la capital de la provincia, donde la atención de los ciudadanos y la prensa se centra en el Ayuntamiento. Un impacto diluido en la sociedad -porque está más extendida geográficamente- y esa menor fiscalización hacen que las Diputaciones sean un lugar ideal para los trapicheos.

E caso de Salamanca
El presidente de la Diputación es un concejal electo, pero no tiene por qué ser el alcalde de una ciudad grande. Salamanca vivió en las últimas elecciones uno de los mejores ejemplos de cómo la elección indirecta de los presidentes de la Diputación puede ser manipulada por los partidos.
 
Javier Iglesias era el alcalde de Ciudad Rodrigo y presidente de la Diputación desde 2011. Era también el presidente del PP provincial y senador desde el 20D. Durante la última legislatura fue imputado por un caso de prevaricación en la Diputación.
 
El caso es un ejemplo de cómo funcionan las Diputaciones: Iglesias había asumido para la Diputación una feria agropecuaria, despedido a sus empleados y colocado a personas afines al partido. El tribunal ya ha declarado nulos los despidos.
 
Para evitar la derrota en Ciudad Rodrigo, Iglesias se presentó por Beleña, un pueblo de algo más de cien empadronados. La mitad vive en una residencia de ancianos. Así describe la Tribuna de Salamanca el paso de Iglesias a un feudo seguro para quedarse con la Diputación: “Esto lo había labrado el partido a lo largo de las últimas legislaturas con la sombra de la duda sobre el uso partidista de una residencia de mayores propiedad del alcalde y que obliga a empadronarse a los internos”.
 
El PP obtuvo 69 votos en Beleña. Iglesias iba de número 2 y hoy es presidente de la Diputación de Salamanca, que en 2014 tuvo un presupuesto de más de 100 millones de euros.

Noticia relacionada en El Confidencial:  ¿Para qué sirven las diputaciones? Un botín político de casi 26.000 millones .

martes, 23 de febrero de 2016

Victor Almonacid: ¿Qué es administración digital o administración 2.0?

Víctor Almonacid. Blog Nosoloaytos.com.- Administración digital podría ser un concepto muy próximo al de administración electrónica. Recordemos una vez más la “definición oficial” de esta última:
“La Administración electrónica es el uso de las TIC en las AAPP, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas” (Comisión Europea)
Presentación del “Manifiesto de 100 recomendaciones
 en materia de administración electrónica” en el último
 Congreso Novagob: En la foto: Virginia Moreno y
 Víctor Almonacid (coordinadores)
La llamada administración digital se reguló tímida pero aceptablemente en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, si bien no tuvo el impacto pretendido, posiblemente porque daba cierto margen de voluntariedad al proceso. La propia Ley y su normativa de desarrollo hablaban de unos plazos que se han incumplido sistemáticamente. Mucho más clara es la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que va a imponer, con su entrada en vigor el 2 de octubre de 2016, el procedimiento administrativo electrónico (para la propia administración, mientras que el ciudadano obviamente podrá seguir utilizando la atención presencial). El plazo parece corto para las administraciones que aún no han comenzado el proceso, pero cuanto menos puede suponer el detonante o quizá el empujón que le hace falta a algunas de ellas. Como dato histórico o simple “titular de prensa” aplaudimos esta imposición, pero la parte difícil es implantar dicho procedimiento en condiciones de interoperabilidad total, algo complejo en un escenario de heterogeneidad entre AAPP. 
 
Nuevas aptitudes
También se precisan cambios organizativos y formación en nuevas aptitudes de los empleados públicos que, más allá de la mera adquisición de software, tendrán que gestionar internamente las AAPP, con ayuda más que probable (y en todo caso necesaria), de otras AAPP, fundamentalmente el Estado a través del uso de sus plataformas de intermediación de datos.
 
En todo caso, desde la óptica de la Administración, lo importante es que en cualquier momento en el que se encuentre la organización, en cualquier fase de la implantación de la administración electrónica en la que cada administración esté, se decida iniciar, proseguir, retomar o culminar los procesos de modernización y eliminación de la burocracia para que en unos años todas las instancias públicas se encuentren igual de evolucionadas, lo cual nos acercará a la vieja idea de “Administración Única”, y a dar efectividad de los derechos de los ciudadanos, como por ejemplo el derecho que tiene una persona a no presentar un documento que haya sido originado en una administración pública (p.ej. certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias con Hacienda), y por supuesto con menos motivo si no lo exige ninguna ley. Este enfoque es coherente con la definición que expusimos, ya que, como en ella queda reflejado, la administración electrónica es un medio para un fin: mejorar el servicio público.
 
Si todo esto se da tendremos administración electrónica. Pero es ahora cuando debemos subrayar que a pesar de lo positivo de la citada nueva Ley, esta da el paso hacia el procedimiento 2.0, pero no hacia la Administración 2.0. Puede ser un buen comienzo aunque evidentemente no es lo mismo. Sin embargo, las relaciones jurídico-administrativas informales, esto es, RRSS, relaciones de participación, y otras relaciones ciudadanas que no dan lugar necesariamente a la apertura de un expediente administrativo, tendrán que esperar. Al menos en cuanto a su inclusión en la legislación española, ya que en la práctica sí contamos con casos -puntuales- de buenas prácticas en este sentido.

lunes, 22 de febrero de 2016

Códigos de conducta en la ley catalana de transparencia: apliación a las entidades locales

“La verdadera prueba de la excelencia personal radica en la atención que prestamos a los pequeños detalles de la conducta, la cual con tanta frecuencia descuidamos” (Epícteto)
 
“Se obedece de buena gana a quien gobierna con rectitud” (Séneca)
 
Rafael Jiménez Asensio. Blog La Mirada Institucional.- La Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTC), regula en el Capítulo I del Título V, lo que denomina como “Código de Conducta de los altos cargos”. También el Título IV, al abordar el tema “Del registro de intereses”, se ocupa de los códigos de conducta de los grupos de intereses (artículo 49, 1 c), así como del contenido mínimo que debe tener ese código de conducta de tales grupos (artículo 51).
 
No acaban ahí las referencias al código de conducta, puesto que en el régimen de infracciones en las que pueden incurrir los “altos cargos” también se tipifica como infracción muy grave el incumplir los principios éticos y las reglas de conducta a las que hace referencia el artículo 55.1 de la Ley (artículo 77, 3 d) y como falta grave establece asimismo “incumplir los principios de buena conducta establecidos por las leyes y los códigos de conducta, siempre que no constituyan una infracción muy grave” (artículo 78, 3 g).
 
Códigos de conducta para altos cargos
Esta obligación de aprobar códigos de conducta por las entidades locales, aunque relativa a los “altos cargos”, no se incluye –salvo error u omisión por mi parte- en ninguna ley vigente. El discutible Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LT), estableció unos gaseosos principios “generales” y “de conducta” aplicables a los “altos cargos locales”, pero no previó una obligación a las entidades locales de aprobar tales códigos. En fin, un concepto de corto alcance de buen gobierno, orientado esencialmente hacia el contenido sancionador que impregna ese título de la LT, lo que ciertamente está alejado de lo que es un Marco de Integridad Institucional cuya finalidad principal es crear infraestructura ética y prevenir aquellas conductas que puedan erosionar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas.
 
Ese estrecho concepto del legislador básico ha sido reconfigurado con un carácter más abierto por el legislador catalán (al incluir una noción de buen gobierno algo más rica, pero aún muy insuficiente), si bien este último ha incurrido en errores de concepto que pueden caracterizarse también (al igual que los cometidos por el legislador estatal) “de libro”. El más grave, sin duda, ha sido el mezclar de forma desordenada códigos de conducta con régimen sancionador. Algo que, en cierta medida, ya hizo el EBEP (artículo 52) y repitió la LT (artículo 26), cuando indica lo siguiente: “Los principios establecidos en este artículo informarán la interpretación y aplicación del régimen sancionador regulado en este título”.
 
En todo caso, el legislador catalán, contaminado por esa normativa expuesta, ha ido más lejos; puesto que la interrelación entre códigos de conducta y régimen sancionador se ha terminado constituyendo no como una suerte de continuum, sino más bien como parte integrante de un mismo sistema; esto es, de la lectura de la ley puede dar la impresión que el incumplimiento de los valores, principios o normas de conducta de tales códigos de conducta deben terminar, siempre y en todo caso, en sanciones (o en aplicación del régimen disciplinario).
 
No hay, ciertamente, muchas experiencias de gobiernos locales que hayan apostado hasta ahora por crear tales Marcos de Integridad Institucional. Tampoco en otros niveles de gobierno. El caso del Gobierno Vasco es ya muy conocido. Algo en esa misma dirección están haciendo otros gobiernos autonómicos y las Diputaciones Forales, también alguna diputación de régimen común. En el ámbito local hay que resaltar, sin duda como buena práctica, el reciente Código Ético del Ayuntamiento de Bilbao, que ya fue objeto de atención en este mismo Blog (http://rafaeljimenezasensio.com/2016/01/13/codigos-de-conducta-el-caso-del-ayuntamiento-de-bilbao/). Bien es cierto que, el marco normativo vasco (tanto la Ley 1/2014, de código de conducta y conflictos de intereses de los cargos públicos, como el proyecto de Ley Municipal de Euskadi), está apostando de forma decidida por vincular los códigos de conducta con esos marcos de integridad institucional.
 
Autorregulación frente  a la deficiencia legal
Estos precedentes pueden ofrecer algunas soluciones interesantes para buscar una interpretación razonable del marco jurídico catalán en materia de códigos de conducta en las entidades locales, tal y como se han regulado en la propia LCT. Si, tal como parece, la ley catalana pretende reforzar “el buen gobierno” a través de estos instrumentos de autorregulación que son los códigos de conducta de altos cargos, parece razonable que las entidades locales inserten esos códigos en los citados marcos de integridad de acuerdo con las exigencias de la OCDE; y, por otro (tal como aboga, por ejemplo, el proyecto de Ley Municipal de Euskadi), es oportuno que las asociaciones de municipios sean quienes promuevan un código de conducta-tipo y un sistema de integridad común. De cumplirse ambas exigencias, el paso que se daría en la pretensión de reforzar la integridad institucional de los entes locales sería, sin duda, de gigante. Una forma de suplir, así, las deficiencias que el marco legal ofrece en esta materia.

NOTA: Este Post es un breve resumen del texto de un Estudio sobre “Integridad Institucional como paradigma de la Buena Gobernanza. A propósito de los Códigos de Conducta en la Ley catalana de transparencia y su aplicación a las entidades locales”. Este trabajo puede consultarse en: http://rafaeljimenezasensio.com/documentos/

domingo, 21 de febrero de 2016

Informe AEVAL sobre calidad de los servicios públicos 2015 : La Justicia sigue siendo la peor valorada

Aumenta la confianza general en los empleados públicos y esta es superior a la que los ciudadanos depositan en profesionales de algunos servicios privados equiparables.

Post de Antonio Arias en su blog Fiscalización.es: La insatisfacción con los servicios públicos tocó suelo en 2015. La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios realizó el año pasado un interesante informe titulado Calidad y sostenibilidad de los servicios públicos que parece constatar como se estabiliza el nivel de insatisfacción de la ciudadanía con los servicios públicos.
 
En 2014 y continuando la tendencia iniciada en 2013, se estabiliza el nivel de insatisfacción con los servicios públicos en general, aunque todavía una mayoría de los encuestados consideran que los servicios públicos en general funcionan de manera poco o nada satisfactoria. Como ocurría en 2013, los grupos intermedios de edad y de instrucción, los de nacionalidad española, los ciudadanos que se declaran de izquierdas se sienten menos satisfechos.
 
La opinión sobre la evolución de los servicios públicos también se mantiene, de modo que casi la mitad de la población opina que su funcionamiento es peor que en los últimos cinco años
 
Como en años anteriores el tiempo para resolver las gestiones y la posibilidad de participación de los ciudadanos siguen siendo los atributos de prestación del servicio peor valorados. El tiempo para resolver las gestiones es además, la dimensión que más se relaciona con la satisfacción global con los servicios públicos, lo que constituye un elemento a tener en cuenta a la hora de poner en práctica medidas para el aumento de la satisfacción con los mismos.
 
La dimensión mejor valorada, por el contrario, es laposibilidad de acceso a los servicios a través de internet” sobre la que un 82% opina que ha mejorado, seguida por la “incorporación de nuevas tecnologías (sms, citas automáticas)” sobre la que el 76% opina que también ha mejorado. Porcentajes ambos muy similares a los de 2013.
 
Los servicios con los que más de la mitad de la población se declara satisfecha son el servicio de transporte público (el mejor valorado), los centros de salud y la seguridad ciudadana, el resto de servicios/políticas analizados presentan niveles de satisfacción más bajos. La administración de justicia sigue siendo el servicio peor valorado.
 
Los servicios administrativos
Los servicios administrativos, tanto presenciales como electrónicos, siguen siendo bien valorados por los ciudadanos. El canal presencial es aún el preferido, aunque continúa el aumento en la utilización de la administración electrónica.
 
Como en años pasados, y a diferencia de lo que ocurre con las políticas y servicios de carácter sectorial, el porcentaje de ciudadanos satisfechos con la experiencia de prestación en los doce meses anteriores de servicios horizontales o administrativos en una oficina de la administración pública es muy elevada.

Para la gran mayoría de la población, la atención recibida en los servicios administrativos presenciales ha cumplido sus expectativas. Concretamente, la atención recibida en la oficinas de la seguridad social ha sido mejor valorada, superando las expectativas de un mayor número de ciudadanos que en años anteriores.
 
Los atributos de los servicios administrativos presenciales mejor valorados son: el estado de las instalaciones, el trato que recibió el ciudadano y la profesionalidad del personal que los atendió. El peor valorado es el tiempo de espera hasta ser atendidos, cuya influencia, sin embargo, en el grado de satisfacción global es mínima. La dimensión que más influye en el nivel de satisfacción general es la profesionalidad del personal que le atendió.
 
Aunque es difícil conseguir mejorar con porcentajes tan elevados de satisfacción, los análisis de importancia-valoración señalan que la seguridad de que el trámite o gestión se resuelve correctamente, la información que le proporcionaron, el trato que se da al público, la profesionalidad del personal y el tiempo que tarda la administración en resolver son los aspectos más relevantes para los ciudadanos a la hora de juzgar la calidad del servicio. Por lo tanto, también constituyen las principales áreas de mejora. Al ser servicios muy bien valorados, las ganancias en satisfacción de emprender mejoras en estas áreas serán necesariamente reducidas.
 
Para acabar, también se ha preguntado a los ciudadanos su opinión sobre si creen que los servicios de tipo administrativo funcionarían mejor si fuesen gestionados por una empresa privada. El porcentaje de quienes creen que funcionarían mejor sigue reduciéndose año a año, hasta situarse en 2014 en el 17%. Correlativamente, en el otro extremo, hasta un 65% piensa que funcionarían peor.
 
La mitad de la población no utiliza la administración electrónica de forma directa
En 2014 se rompió la tendencia a la estabilización en el uso de la e-administración que venía experimentando un crecimiento muy acusado entre 2008 y 2011, triplicándose el número de usuarios hasta alcanzar el 46 por ciento de la población. A partir de entonces, sin embargo, el porcentaje de ciudadanos que declara que ha utilizado la e-administración durante el último año se estabilizó o decreció levemente en 2012 (43%), repuntando de nuevo en 2014 hasta el 47%.
 
Sumando a aquellos que han tenido un contacto a través de familiares o amigos, casi el 60% de la población se ha relacionado con la administración electrónica. El canal telemático se ha consolidado como segunda vía de contacto con la administración por parte de los ciudadanos (47%), tras el contacto presencial (77%). Aún así debe recordarse, que tal y como indican los datos, todos los canales de contacto son complementarios
 
En las páginas web más visitadas, principalmente, los ciudadanos han buscado información o consultado boletines oficiales o descargado formularios o impresos (30%). Algo menos, alrededor de un 20-25% de los mismos, también utiliza la red para solicitar citas en la administración o los servicios públicos o buscar información sobre los mismos, realizar citas e incluso pagos. Dentro de este bloque debe destacarse el 32% que acceden para solicitar citas.
 
El grado de satisfacción con la administración electrónica es muy elevado (75%), dos puntos por encima que el canal presencial (73%) que, no obstante, sigue siendo el preferido para interactuar. Las características que más influyen en el nivel de satisfacción con este tipo de administración son la facilidad de manejo y la fácil comprensión del contenido.
 
En cualquier caso los ciudadanos saben reconocer las ventajas del contacto con la administración a través de Internet, identificando como la primera de ellas la de evitar desplazamientos. Además, mencionan que se ahorra tiempo o que las gestiones pueden hacerse a cualquier hora del día. En cuanto a los inconvenientes, el principal es no tener contacto directo con una persona que le informe y le ayude a hacer la gestión. Se mencionan además la inseguridad que puede tener Internet, el grado de complejidad que para algunos puede suponer o la necesidad de disponer de identificación. Estas inconvenientes deben ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar las aplicaciones y ponerlas en marcha.
 
A pesar de sus inconvenientes, una mayoría de quienes finalmente se deciden a usar la e-administración afirmaba que ha conseguido todo lo que buscaban/querían en su última visita a un sitio web del sector público y un porcentaje aun mayor piensa que es fácil o muy fácil. Pero quizá también deba ser tenido en consideración el menor porcentaje de satisfechos con las funciones de ayuda al usuario de la página web.
 
Aumenta la confianza general en los empleados públicos y esta es superior a la que los ciudadanos depositan en profesionales de algunos servicios privados equiparables.
 Comparando los resultados obtenidos en 2010, año en el que el estudio de AEVAL exploró la confianza que merecían a los ciudadanos los empleados públicos, ha aumentado significativamente, 14 puntos porcentuales, el nivel de confianza en los empleados públicos, siendo los bomberos, los médicos y los profesores los que mayor confianza inspiran y además entre los que se ha producido un aumento más notable.
 
Sin embargo al analizar cuál o cuáles de los colectivos de empleados públicos influyen en mayor medida en el grado de confianza global con los empleados públicos, es el personal de las oficinas administrativas el que muestra una influencia más positiva. El aumento de la confianza en el personal de las oficinas administrativas implica un aumento considerable de la confianza global. En segunda posición se sitúan los inspectores de hacienda, con bastante menos influencia.

Y al analizar la influencia de las características sociodemográficas de los encuestados, el resultado obtenido es que la confianza en los empleados públicos se relaciona positivamente con el nivel de estudios: a mayor nivel formativo alcanzado mayor confianza global en los empleados públicos.

Finalmente y comparando a los empleados públicos con los niveles de confianza que los ciudadanos muestran hacia algunos profesionales del ámbito privado, los datos evidencian que ninguno alcanza el nivel de confianza de los empleados públicos.
 
El conocimiento de los procesos de reforma de las administraciones públicas es limitado
La reducción de cargos públicos y de asesoría, la eliminación de duplicidades, la simplificación de procedimientos y una mayor transparencia en el coste de los servicios de las entidades locales son las claves a juicio de los ciudadanos para lograr una mayor eficacia y sostenibilidad en las administraciones públicas.
Finalmente, el informe se ha centrado también en el grado de conocimiento y en las valoraciones que efectúan los ciudadanos de las dos grandes iniciativas de reforma de las administraciones públicas y en las soluciones aportadas para mejorar su eficacia y sostenibilidad.
 
La reforma de la administración local es la menos conocida de estas iniciativas, lo que sorprende por ser esta la instancia administrativa más cercana al ciudadano. Un 22% de los encuestados afirma conocer la reforma operada en las administraciones locales mientras que esta proporción aumenta hasta el 39% en el caso de la reforma de las administraciones públicas en general.
 
En lo que a la eficacia se refiere, los ciudadanos creen que sería fundamental reducir el número de cargos directivos y de asesoría, e incrementar el control del trabajo de los funcionarios públicos. Pero si se tiene en cuenta el número total de menciones realizadas por los ciudadanos (es decir, las que se citan tanto en primer, como en segundo o tercer lugar) aunque la reducción del número de altos cargos y de asesoría siguen siendo la más señalada (el 72,1% la indica en cualquiera de las tres posiciones) en segunda y tercera posición se sitúan la simplificación de los procedimientos administrativos (un 47,6% de los encuestados la menciona) y la reducción de duplicidades entre administraciones señalada por un 44,9% de los encuestados.
 
En lo que respecta a la sostenibilidad de las administraciones locales, para la mayoría de los ciudadanos es importante la reducción del número de concejales/as y la reducción de duplicidades en las Comunidades Autónomas y Diputaciones. Pero si, como en el caso anterior, se tiene cuenta el total de menciones efectuadas por los encuestados (en cualquiera de las tres posiciones) la mejora de la transparencia en el coste de los servicios por parte de las entidades locales se sitúa como la medida más señalada para mejorar la sostenibilidad de las administraciones locales (citada por el 60,6% en primera, segunda o tercera posición).
 
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viernes, 19 de febrero de 2016

Los empleados públicos se movilizan para recuperar la jornada de 35 horas semanales

Los del País Vasco y Castilla la Mancha ya han recuperado su antigua jornada ordinaria  diaria de 8 a.m a 3 p.m. (35 semanales)

Ver resumen ejecutivo del informe anual CORA

Aunque aún no se han hecho efectivas las prometidas devoluciones de la paga extra de navidad de 2012 en la AGE y en varias comunidades autónomas y ayuntamientos por cuestiones de liquidez presupuestaria, los sindicatos de la función pública consideran que la próxima gran reivindicación  que afectará al conjunto de las administraciones públicas pasa por exigir  la vuelta a la jornada laboral ordinaria de 8 de la mañana a 3 de la tarde, 7 horas diarias, es decir las 35 horas semanales.

Cristóbal Montoro, ministro en funciones de Hacienda
y AA.PP de quien depende la función pública
Por ahora ya dos comunidades autónomas,   País Vasco (PNV) y Castilla-La Mancha (PSOE)  lo han aprobado en los últimos meses dejando atrás las 37,5 horas actuales que tienen carácter básico. Sin embargo parece que esa rebaja horaria no ha gustado al gobierno en funciones  de la nación que ha anunciado que prepara un recurso de inconstitucionalidad contra  las 35 horas acordadas por los sindicatos de Castilla La Mancha y el gobierno que preside el socialista García Page. 
 
Firmas en Madrid
En el caso del País Vasco la medida que afecta a 70.000 empleados públicos ha pasado más desapercibida si bien los empresarios lo consideran "un mal ejemplo".
 
En el caso de la Comunidad de  Madrid, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha sido el encargado de iniciar esta protesta y recoger firmas entre los empleados afectados. De esa forma buscan presionar a las administraciones para que rectifiquen y recuperen la jornada laboral previa a la crisis económica que supuso un fuerte retroceso en los derechos sociales de la función pública.
 
Parte de esos derechos perdidos se han ido recuperando en los dos últimos años, primero con la devolución de tres días de libre disposición -hasta los seis moscosos- y los variables por antigüedad, conocidos en la jerga de los funcionarios como "canosos", y más tarde con la paga extra suprimida en navidad de 2012.