miércoles, 31 de agosto de 2016

Jiménez Asensio: Integridad y Transparencia, imperativos de una buena gobernanza

“Olvidamos con más facilidad nuestras faltas cuando solo las conocemos nosotros” (La Rochefoucauld, Máximas, Akal Básica de Bolsillo, 2012, 196)

Nadie ha dudado jamás que la verdad y la política nunca se llevaron demasiado bien, y nadie, por lo que yo sé, puso nunca la veracidad entre las virtudes políticas” (Hanna Arendt, Verdad y política, en Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, Península, 2016, 347)

Rafael Jiménez Asensio.- Blog La Mirada Institucional. (1)- Sin integridad y transparencia –como reconoce Rosanvallon- no se puede pretender reforzar esa institución invisible que es la confianza de la ciudadanía en lo público y en sus representantes y agentes. Esa reflexión nos muestra asimismo la importancia que tiene el orden de enumeración de ambos principios. De los dos imperativos expuestos, la primacía debe estar siempre en el lado de la integridad (aspecto sustantivo) y no de la transparencia (carácter instrumental). En nuestro país hemos cambiado el relato: lo trascendente es lo instrumental, mientras que lo sustantivo se adjetiva. Cosas del subdesarrollo institucional.

Integridad
No puede haber, ni de hecho la hay (o, cuando menos, no debería haber), indiferencia ciudadana en lo que afecta al comportamiento ético de los responsables públicos, sean estos quienes fueren. La crisis y el empobrecimiento de una parte de la población, así como la pérdida descomunal (auténtica sangría) de confianza política, están multiplicando los test de escrutinio de la ciudadanía frente a quienes ejercen el poder o prestan servicios públicos.

Sin embargo, la ética institucional es de doble dirección. En efecto, la buena o mala ética pública juega como espejo en el que se mira la ciudadanía; es decir, impregna la sociedad, replica sus valores (o desvalores) y conductas (o malas conductas). La integridad institucional ha despertado conforme la corrupción se hacía más presente en el espacio público, como mecanismo reactivo. Pero no suele ser buena práctica, o al menos no es la mejor, solo reprimir. Mejor es prevenir. Es la esencia auténtica de la integridad institucional.

Lo que se haga en las instituciones públicas no es ni puede ser indiferente a la ciudadanía. Quienes dirigen o gestionan nuestros asuntos públicos son parte de esa estructura social y trasladan sus valores al ejercicio de su actividad. Nos gusta escandalizarnos de los políticos que tenemos, sin embargo nunca nos sorprendemos de nuestra baja calidad moral, como bien apuntaba La Rochefoucauld. No puede haber políticos íntegros moralmente o políticos transparentes cuando la sociedad no ha interiorizado esos valores. Es algo absurdo o sencillamente un pío deseo.

Un comportamiento político no moral (por pequeño o insignificante que fuere) debería tener consecuencias políticas. Cuando no las tiene, algo grave pasa. Asistimos un día sí y otro también a faltas evidentes desde el plano ético individual de quienes ejercen la actividad política o funcionarial sin que tales conductas tengan consecuencias: hay reproche moral (cuando existe), pero quienes han adoptado esas conductas no se dan por aludidos. Adoptan la táctica del escaqueo: “no va conmigo”, piensan. Ni la “vieja” política ni lo que es peor aun la “nueva”, adoptan solución alguna frente a tales hechos. Se multiplican los casos y “la tribu” del partido o del sindicato protege a quienes no han acreditado una conducta moral acorde con la ejemplaridad debida. Todo se transforma en una falsedad o, incluso, en una mentira. No en vano, Pascal ya calificó a la política como un “hospital de locos” (Pensamientos, Alianza Editorial, 2004, p. 93, 331).

Hay un evidente error de perspectiva. Todo consiste en creer que se es o no se es íntegro. Como si fuera algo innato o inherente a la persona. La moral como la ética es una conquista cotidiana, siempre presente. Pero, ya lo decía Aranguren, es una lucha continua; lo logrado puede evaporarse en cuestión de segundos. Una conducta no ajustada echa por tierra toda una “vida ejemplar”. La integridad es más un camino (“siempre in via”) que un objetivo: exige, por tanto, continuidad y una constancia en la persecución de esa finalidad. Pero sobre todo requiere adoptar hábitos que marquen un carácter, tal como puso de relieve Aranguren (Ética, Biblioteca Nueva, 2009, pp. 22 y ss.). La integridad tiene, como también decía este autor, una innegable carga trágica: siempre (sobre todo en las situaciones extremas donde aparece ampliada) se está en tensión (Ética y Política, Orbis, 1985).

La integridad ofrece una perspectiva temporal que no se debe abandonar nunca si se quiere analizar objetivamente el problema. Jankélévitch lo estudió magistralmente (Curso de Filosofía moral, Sexto piso, 2010, pp. 129 y ss.). En otros términos, los problemas morales en el ámbito público deben mirar más al futuro que al pasado, aunque este último sea importante por las consecuencias jurídicas que esas conductas pudieron implicar. Interesa poco para la conducta presente el comportamiento pasado, salvo que este haya estado salpicado por incumplimientos graves de las obligaciones legales y estas hayan sido merecedoras de sanción, en cuyo caso lo que debe existir es un filtro suficientemente eficaz para impedir el tránsito (de detección o alerta temprana) desde las funciones privadas a las públicas.

Las instituciones públicas deben, por tanto, procurar la construcción de infraestructuras éticas en su funcionamiento ordinario, unas vendrán definidas por marcos normativos que tipifiquen las infracciones y sanciones, mientras que otras estarán configuradas por sistemas de integridad que hagan de la autorregulación su pauta de funcionamiento. La gran conquista de la integridad pública será, sin duda, llevar a cabo ese proceso de mejora continua de cumplimiento leal de las normas y de adhesión (voluntaria, en tanto que querida y “sentida” o internalizada, como explicitó en su día Victoria Camps, en su excelente libro El gobierno de las emociones, Herder, 2013) a los valores y estándares de conducta que previamente se hayan determinado. Lo demás, es adorno.

Transparencia
La transparencia es otro de los pilares de la Buena Gobernanza, aunque con un carácter mucho más instrumental. Contribuye a hacer efectiva la integridad, pero no solo. Tiene otras muchas proyecciones. Sobre todo una: proveer de información, que por sí misma es todo y no es nada. Por ejemplo, sus conexiones son evidentes con el control democrático del poder, especialmente con la rendición de cuentas (el aspecto nuclear, como se verá, de la transparencia), pero también con la eficacia y eficiencia del funcionamiento de las estructuras institucionales y administrativas o con el impulso de la digitalización del funcionamiento de las organizaciones públicas. También con el cambio de cultura organizativa, aspecto siempre preterido o ignorado. Y, sin embargo, de gran importancia estratégica.

La transparencia es hija de una sociedad digitalizada. La sociedad analógica no desarrolló el concepto de transparencia, al menos tal como lo conocemos hoy en día. Sin la aparición del homo digitalis (Byung-Chul Han, En el enjambre, 2014, p. 28) no se entiende el contexto actual de la idea de transparencia.

Sin embargo, la transparencia da lugar a muchas paradojas. No se puede ocultar que en torno a la transparencia se han ido insertando una serie de prácticas viciadas, enfoques cosméticos y actuaciones marcadas por la propaganda política o el fervor técnico, cuando no por el puro negocio privado o semipúblico. Como bien expuso Innerarity, “conviene que el entusiasmo por la transparencia no nos oculte las dificultades de ejercerla verdaderamente” (La política en tiempos de indignación, Galaxia Gutenberg, 2015, p. 269).

La falsedad ha sido una etiqueta demasiado utilizada por quienes se predican apóstoles de la transparencia Es una manifestación más de lo que denomino como “mentiras de la transparencia”. La mentira política no ha sido muy estudiada, aunque Alexandre Koyré (La función política de la mentira moderna, Pasos Perdidos, 2015) y Hanna Arendt –como reza la cita de este Post- escribieron páginas memorables sobre ello. Pero no nos llamemos a engaño: la mentira política es omnipresente. Poder y transparencia, nunca han conjugado bien. Ni lo harán en el futuro. No cabe engañarse sobre este punto. Los arcana forman parte integrante esencial (y seguirán formando) de la política.

La transparencia solo puede ser tal si es realmente efectiva. La lucha contra la corrupción en el ámbito de la política y de la Administración exige inexorablemente una mayor transparencia. El problema que se puede generar (algo que ya está pasando) es que las exigencias intensas de transparencia frente a los políticos (de sus actividades, bienes, patrimonio, incluso de sus relaciones, contactos o, incluso, movimientos bancarios), unido a las trabas legales anudadas a un régimen de incompatibilidades rígido y a la prevención y persecución de conflictos de interés, necesaria por lo demás, puedan actuar en ciertos momentos como mecanismos que activen un efecto de desaliento para que determinadas personas (profesionales cualificados o de aquellos que quieran salvaguardar su privacidad) se dediquen a la actividad política o pública.

Algo de eso advirtió hace varias décadas con innegable anticipación el destacado sociólogo Juan José Linz. Y sus consecuencias pueden ser letales: llenar la política -como ya está pasando- de funcionarios, de quienes “no tienen nada mejor que hacer” o de personas que “acceden a su primer empleo”. Bien es cierto que el poder atrae siempre. Ya lo advirtió Hobbes: “doy como primera inclinación natural de toda la humanidad un perpetuo e incansable deseo por conseguir el poder, que solo cesa con la muerte” (Leviatán, Alianza Editorial, 1993, p. 87).

Para lograr esa efectividad de la transparencia hay que ser conscientes de muchas otras cuestiones, pero sobre todo de cuatro: la transparencia es un valor o principio institucional; es, asimismo, una política instrumental con las dificultades que plantea su diseño en cuanto que su finalidad va dirigida a controlar al poder de quien, paradójicamente, la debe impulsar; también es un proceso continuo de mejora o de adaptación de las organizaciones públicas; y, en fin, la transparencia efectiva conlleva necesariamente, tal como se ha dicho, un cambio radical de cultura en la organización.

Pero, junto a todo ellos, como también se apuntará, la transparencia requiere una premisa sustancial: un comportamiento ciudadano responsable con lo público y un demos, por tanto, maduro. Dicho de otro modo: se debe evitar a toda costa que la transparencia se convierta en puro chismorreo o en escándalo público, como también se ha de eludir que la transparencia sea un vehículo exclusivo para buscar noticias escabrosas o chocantes y difundirlas por doquier. Caminar por esas vías patológicas supone renunciar a construir de modo efectivo una política de transparencia. Algo que es necesario evitar.

[1] Este Post es un resumen de la Introducción al libro titulado Integridad y Transparencia, que aparecerá publicado próximamente. El texto íntegro de la Introducción puede leerse en la pestaña “Lecturas” de esta misma página Web: https://rafaeljimenezasensio.com/lecturas-y-citas/.

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martes, 30 de agosto de 2016

Cinco ayuntamientos y dos diputaciones no pagaron la tasa obligatoria al organismo que vigila las cuentas públicas

La Airef recaudó en 2015 3,826 millones de euros, que se destinan a pagar el funcionamiento de la entidad. San Sebastián, Vitoria, Palma de Mallorca, Gijón y Hospitalet de Llobregat no realizaron el ingreso correspondiente a 2015, lo mismo que las diputaciones de Jaén y Granada

Revista de prensa. Diario.es.- Al vigilante de las cuentas públicas se le han escaqueado algunas administraciones sin pagar la tasa obligatoria con la que se financia el organismo. Los ayuntamientos de San Sebastián, Vitoria, Palma de Mallorca, Gijón y Hospitalet de Llobregat, así como las diputaciones de Granada y Sevilla, no pagaron en 2015 la parte a la que les obliga la ley para sostener la tarea de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Creada en 2013 por orden de la Comisión Europea para meter en cintura las cuentas públicas y mejorar la calidad de los presupuestos, la Airef sigue siendo una desconocida para muchas de las administraciones que tiene precisamente que controlar. El Ayuntamiento de Gijón reconoce no haber afrontado ese pago en los dos primeros años "porque nadie les informó" que debían hacerlo. Algo similar pasa en el resto de las corporaciones consultadas. El pago no se realizó por puro desconocimiento de que debían hacerlo y hasta que no recibieron un requerimiento del organismo en 2016, aseguran, no sabían que tenían que pagar. Varias, como Palma de Mallorca o Gijón, ya han hecho el pago de 2016 una vez que han recibido el requerimiento (Airef dice que ha enviado una notificación a todos los morosos) pero esperan a conocer el importe de lo que adeudan de ejercicios anteriores al tener que calcular los intereses de demora.

Todas las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos de más de 200 millones de euros de presupuesto deben afrontar este pago, y solo este puñado de entidades no se dieron por enteradas a su debido momento. La Airef emite informes sobre todas estas administraciones (incluida la central), sobre el estado y la viabilidad de sus cuentas y la sostenibilidad de las políticas adoptadas en presupuestos.

Explicaciones
Fuentes próximas al organismo recuerdan que la obligación de pagar se recogió en una ley publicada en el BOE y que son los sujetos tributarios los que deben conocer los impuestos que deben pagar: "Es como si los contribuyentes dijeran que no pagan un cambio en el impuesto del IRPF porque Hacienda no les ha llamado a explicárselo".

Las diputaciones que no pagaban la tasa deliberadamente, por así decirlo, fueron las diputaciones forales vascas de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. Las tres diputaciones pensaban que por su particular condición foral (tanto Euskadi como Navarra tienen haciendas propias por conciertos autonómicas) estaban libres de este pago. Sin embargo, la Airef hizo una consulta a Abogacía del Estado que concluyó que estos organismos debían hacer frente a los pagos como el resto.

Según reflejan las cuentas de 2015 de Airef, las diputaciones pagaron ya bien entrado el año 2016 lo adeudado en 2015. Las cuantías son muy bajas (la más alta es la de Bizkaia con 11.144 euros) ya que la tasa que rige es apenas un 0,00085% de la base imponible. Sin embargo, tal y como confirman desde este organismo, los ayuntamientos de Vitoria y San Sebastián siguen sin proceder al pago.

La dificultad para calcular el impuesto es otra de las barreras con las que choca la Airef para completar su financiación. La ley dice que se hará sobre "importe de los créditos iniciales para operaciones no financieras contempladas en los capítulos" en el caso de que estos superen los 200 millones de euros. Son además las administraciones las que tienen que calcular por sí mismas estos importes, ya que el impuesto se autoliquida. Para facilitar esta operación, la Airef ha tenido que hacer una consulta a la Dirección General de Tributos que explica cómo actuar.


En total, la Airef recaudó en 2015 3,826 millones de euros, que se destinan a pagar el funcionamiento de la entidad. Airef tiene 35 empleados y cuatro directivos se llevan 537.000 euros (alrededor de 133.000 cada uno).

lunes, 29 de agosto de 2016

La mayoría de los funcionarios tiene más de 50 años

El sistema ha perdido, desde 2010, 78 funcionarios y empleados públicos al día. En Fomento solo tres personas están por debajo de la treintena

Revista de prensa. El Boletín.com.- Una cosa es ser una población envejecida y otra es tener más funcionarios por encima de los 64 años que por debajo de los 30. Si alguien se entera de que entre los funcionarios que trabajan (5.155) para el Ministerio de Fomento solamente 3 personas están por debajo de la treintena y 171 tienen más de 64 años creerá que se trata de una especie de broma macabra. 

Pero no lo es. La supremacía de la tercera edad –o de la edad entrada en años– es un denominador común en prácticamente todos los ministerios. En el de Industria, Energía y Turismo, por ejemplo, el desequilibrio generacional se traduce a 8 trabajadores menores de 30 años, y 74 funcionarios por encima de los 64.

Es difícil mantener la productividad en un sistema tan desequilibrado y envejecido que desde 2010 ha ido perdiendo 78 funcionarios y empleados públicos al día. De hecho, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, desde la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa, España ha perdido en total a más de 100.000 funcionarios.Los recortes más agudos se han producido en las comunidades autónomas y ayuntamientos.
El 60% +50 años 
La congelación que ha habido en la oferta de empleo público de las Administraciones Públicas a colación de la crisis ha acabado reduciendo las plantillas y dejándolas (aún) más envejecidas. De hecho, actualmente, cerca del 60% de los funcionarios del Estado tiene más de 50 años. En 2009, los trabajadores que tenían más de esa edad ‘solamente’ representaban al 42% de los funcionarios. Comisiones Obreras calcula que de seguir así, para 2024 se habrá jubilado el 41,3% de los trabajadores de la Seguridad Social.

Es cierto que en el último año la tasa de reposición ha incrementado, lo que ha permitido aumentar y rejuvenecer la plantilla en algunas áreas. Durante los años más duros de la crisis la tasa de reposición apenas llegaba al 10% (un nuevo contrato por cada diez se acababan) y desde el año pasado esa tasa se ha aumentado al 50% y al 100% en algunas áreas determinadas como seguridad, o servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento.

El perfil del funcionario español corresponde sobre todo a personas mayores de 50 años. En estos momentos, según los últimos datos recogidos por el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, España dispone de 1.546.623 funcionarios, de los cuales más de 900.000 superan el medio siglo de edad. Es particular el caso de los trabajadores públicos (134.990) que trabajan en los ministerios. 464 de ellos son menores de 30 años, mientras que 17.081 tienen más de 60.
Más mujeres en docencia y sanidad 
El informe elaborado por la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas incluye información útil para determinar con más detalle cómo es el perfil medio del funcionario español. Por ejemplo, las diferencias que existen en determinados sectores en función del sexo del trabajador. En las plazas de Docencia no Universitaria, las mujeres (260.706) doblan a los hombres (117.852) y en las de Instituciones Sanitarias prácticamente los triplican (214.200 frente a 81.503).


 Los hombres, en cambio, monopolizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (127.428 frente a 13.857) y los centros penitenciarios (15.929 frente a 5.132). 

sábado, 27 de agosto de 2016

Hacienda ha retenido los anticipos a un total de 139 municipios por incumplir información sobre liquidación de presupuestos

La comunidad autónoma con mayor número de municipios que incumplen el artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible es Castilla La Mancha con un total de 44 ayuntamientos

Revista de prensa. EP.- El Ministerio de Hacienda ha retenido los anticipos a un total de 139 municipios en España por incumplir con la normativa que les obliga a informar al departamento que dirige Cristóbal Montoro sobre la liquidación de sus presupuestos. En el caso de la Comunitat, los ayuntamientos afectados son tres de Castellón (Forcall, Ludiente y Navajas) y uno de Valencia (Losa del Obispo).

La lista cerrada a 8 de agosto, a la que ha tenido acceso Europa Press, refleja que la comunidad autónoma con mayor número de municipios que incumplen el artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible es Castilla La Mancha con un total de 44 ayuntamientos. Las CCAA que menos ayuntamientos incumplidores tienen son Galicia, Murcia y La Rioja, con uno cada una de ellas. En esta lista no aparece ningún ayuntamiento de Asturias, Baleares, Canarias, Navarra y País Vasco.

El artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible (LA LEY 3603/2011) precisa, en su punto uno, que en el supuesto de que las entidades locales "incumplan" la oblicación de remitir al Ministerio de Hacienda la información sobre la liquidación de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, de acuerdo con la Ley de Reguladora de las Haciendas locales, la Secretaría general de Coordinación Autonómica y Local procederá "retener" a partir del mes de junio del ejercicio siguiente al que corresponde aquella liquidación, "el importe de las entregas a cuenta y en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les corresponda".

Cuenca y Zamora, las que tienen más incumplidores
De acuerdo con esta regulación, Hacienda ha procedido a la retención de anticipos a cuenta a 139 ayuntamientos repartidos entre doce CCAA, de las cuales, Castilla La Mancha es la más afectada con 44 municipios. La mayor parte de estos se concentran en la provincia de Cuenca, donde un total de 21 ayuntamientos no ha cumplido con sus obligaciones. En Guadalajara son 9; 7 en Ciudad Real; 5 en Toledo y dos en Albacete.

Por número de municipios afectados, le sigue Castilla y León, donde 39 ayuntamientos no han aportado la información requerida, siendo Zamora la provincia con más incumplimientos, un total de 14, seguida de Burgos con 9; Segovia con 4; Valladolid y Palencia, con dos cada una de ellas y León, Salamanca y Soria, con uno ayuntamiento en cada provincia que no ha entregado sus datos.

Andalucía y Aragón están empatadas en el número de municipios incumplidores: 17 cada una. No obstante, en algunas localidades de estas CCAA, la retención se debe a tener pendiente la comunicación de una o varias entidades o sociedades mercantiles que pertenecen integramente a esos ayuntamientos.

Así, en el caso de Andalucía, donde Cádiz es la provincia con más pueblos afectados. De los siete, cuatro lo son por tener pendiente estas comunicaciones de las sociedades municipales: Algar, Barbate, Tarifa y Villamartín.

Lo mismo ocurre en dos de los tres pueblos afectados de Huelva (Escacena del Campo y Nerva) y en los dos de Sevilla: Almadén de la Plata y Carrión de los Céspedes. Los cuatro de Granada, y otro en Córdoba, se verán afectados por esta retención, pero por no presentar los datos de la liquidación presupuestaria.
En Aragón Hacienda también ha retenido los anticipos a cuenta de los ingresos del Estado a 17 ayuntamientos: 7 en Teruel y 10 en Zaragoza. De estos últimos, uno es por no entregar los datos de sus empresas municipales, se trata de Fuendetodos.

En Cataluña son siete ayuntamientos repartidos entre: Lérida (4), Gerona (2) y Barcelona (1). La Comunitat Valenciana tiene cuatro ayuntamientos (tres en Castellón y uno en Valencia), mientras que Cantabria y Extremadura tienen tres ayuntamientos cada una de ellas.


En Madrid han sido dos los municipios que no han entregado a Hacienda sus liquidaciones presupuestarias (Villaconejos y Zarzalejo) y en Galicia, Murcia y La Rioja, un municipio en cada una de estas tres CCAA.

viernes, 26 de agosto de 2016

La Comisión Europea convoca premios para soluciones basadas en TIC reutilizables

La convocatoria tiene varias categorías: Administraciones transfronterizas, Administraciones nacionales, Administraciones autonómicas y Administraciones locales.
La Comisión Europea convoca los nuevos Premios de Compartición y Reutilización (Sharing & Reuse Awards) que reconocerán aquellas soluciones basadas en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que hayan sido desarrolladas y compartidas con éxito por las administraciones públicas y que puedan ser reutilizadas por otras administraciones europeas.

La Comisión considera que la reutilización de softwares que han funcionado bien previamente, ayudarán a ahorrar en tiempo y costes para los usuarios y administraciones, además de mejorar la interoperabilidad entre sistemas. Para promocionar y dar visibilidad a estas soluciones, la convocatoria tiene varias categorías: Administraciones transfronterizas, Administraciones nacionales, Administraciones autonómicas y Administraciones locales.

Pueden participar aquellas soluciones que hayan sido desarrolladas por las administraciones públicas o por una entidad privada pero con el objetivo de ser utilizada por una Administración Pública. Para participar, la solución reutilizable tiene que estar dada de alta en el portal JoinUp, la plataforma colaborativa de la Comisión Europea.

Quienes quieran participar en los premios, deben registrar su proyecto a través de formulario online hasta el 28 de octubre. Los ganadores, que serán anunciados en marzo de 2017, recibirán 15.000 euros y 10.000 euros respectivamente por aquellos servicios y soluciones TIC que cumplan con los criterios de alguna de las cuatro categorías.

La convocatoria de estos premios cuenta con el respaldo del programa ISA2 de la Comisión Europea, cuyo fin es la promoción y modernización de las administraciones públicas a través de más de 20 soluciones que fomentan la interoperabilidad, compartición y reutilización.

Fuente: casadomo.com

jueves, 25 de agosto de 2016

Cuatro consejos para construir un buen lugar de trabajo

Los empleados tienden a sentirse mucho mejor cuando la administración es transparente sobre el progreso, los objetivos y acciones de la compañía

Equipos y Talento.- Gracias a una retroalimentación honesta de los empleados, las conexiones de la compañía y el programa de reclutamiento, Glassdoor empresa dedicada al área de empleo y reclutamiento, ha volcado sus objetivos en conectar a los trabajadores y las organizaciones, así como proporcionar a los empleados potenciales la información más transparente posible.

Según un estudio de Glassdoorpublicado en Forbes, el 60% de los empleados tienen el llamado “remordimiento de los compradores” después de unirse a una empresa, por ello, esta empresa busca dar a la gente las herramientas adecuadas para elegir la compañía que es más adecuado para ellos. Una de esas herramientas es la lista anual de los 50 mejores lugares para trabajar que elabora Glassdoor, desglosado por número de empleados.

Pero ¿cómo puede una organización conseguir un lugar en esta lista? Dos empleados la empresa han compartido sus ideas sobre cómo, cada empresa, puede ser un buen lugar para trabajar:

1.- No tener miedo. Para estar en la carrera, las empresas deben tener una cierta cantidad de revisiones de empleados y, si bien la adopción de nuevas tecnologías y prácticas puede ser difícil para algunas organizaciones, los líderes de Glassdoor recomiendan que las empresas no tengan miedo, en discutir, repensar e incorporar nuevas metodologías de trabajo.

2.- Crear una cultura. No se trata de ofrecer una serie de ventajas a los trabajadores, a pesar de que a menudo juega un gran papel, sino de crear culturas corporativas fuertes que comprometan a los empleados con su trabajo. Para medir cómo es percibida la cultura es necesario hablar con todos los empleados que pueda y obtener sus comentarios sobre los valores, su sentir y misión de la organización. De hecho, los trabajadores que son entusiastas hacia la cultura de su empresa son propensos a ser más positivos.

3.- Ser transparente. Uno de los aspectos más valiosos de la cultura corporativa en todos los ámbitos es la transparencia. Los empleados tienden a sentirse mucho mejor cuando la administración es transparente sobre el progreso, los objetivos y acciones de la compañía.

4.- Fomentar la retroalimentación honesta. Las empresas deben fomentar la retroalimentación honesta, lo que mejora su visibilidad y proporciona una gestión con un feedback actualizado sobre lo que los empleados realmente piensan y lo que quieren ver a la compañía hacer.


miércoles, 24 de agosto de 2016

Carles Ramió: Tres métodos de planificación estratégica para un ayuntamiento

"El plan estratégico implica definir la visión, la misión, los valores y los objetivos estratégicos"

Carles Ramió. Blog EsPúblico.- La planificación estratégica trata de hacer un relato sobre lo que se aspira a hacer, en una institución o en un ámbito de gestión, en el futuro y para ello suele ser muy útil un plan estratégico. El plan estratégico implica definir la visión, la misión, los valores y los objetivos estratégicos que son los ingredientes que facilitan una exposición robusta y motivada sobre la identidad de la institución y sus áreas estratégicas de acción de cara al futuro.

También ayuda a posicionarse ya que la parte previa de un plan estratégico que suele ser el apartado del diagnóstico en el que se apuntan los puntos fuertes y débiles de la institución y las oportunidades y amenazas del momento organizativo en relación a su situación interna y a los cambios en las demandas que formula el entorno. En este sentido la planificación estratégica es la base conceptual de unos objetivos que posteriormente deberán ser más sólidos y precisos. A los cargos políticos les suelen gustar los planes estratégicos y a los empleados públicos no tanto. 

Se suelen criticar los documentos generados a partir de una planificación estratégica en el sentido que suelen ser excesivamente genéricos y que concretan poco. “Sí, todo precioso y muy bien escrito,  ¿pero qué tengo que hacer exactamente?” suele preguntarse un empleado público. Aquí, en cambio, sostenemos la opinión que es importante en la dimensión de los objetivos poseer un documento de planificación estratégica. Esta actividad se asemeja a la construcción de los cimientos de un edificio: implican un elevado coste de tiempo y de recursos económicos y no se percibe, aparentemente, como obra realizada ya que no se trabaja todavía en el edificio que surge a partir del suelo. Pero una organización con unos buenos cimientos es mucho más sólida y consistente de la que no los posee. Es muy importante, a mi entender, poseer un relato conceptual robusto sobre lo que se quiere hacer y por qué se quiere hacer. Este discurso (en la práctica no es más que un discurso) aporta una gran solvencia interna y relacional a la organización o ámbito de gestión que estemos dirigiendo.

Hay distintos tipos de planificación estratégica en función de los objetivos buscados y de la metodología empleada. Aunque no hay unanimidad en la literatura en la utilización de los términos se pueden distinguir tres tipos de planificación estratégica:

1- Plan estratégico: es la planificación estratégica que lleva incorporada la participación y que en su elaboración participan tanto los grupos internos de la organización u organismo (políticos y empleados públicos) y grupos externos interesados en la materia (grupos de interés y ciudadanos). Es una planificación estratégica que busca y consigue un plus de legitimidad democrática. Este es su punto fuerte. Los inconvenientes de esta metodología es que su elaboración se demora mucho en el tiempo (para una organización de tamaño considerable se puede tardar unos dos años), es muy costosa a nivel económico y el resultado suele ser excesivamente genérico y ambiguo. Como es el resultado de la participación, de la negociación y de la transacción entre diversos colectivos y personas los consensos suelen ser sobre mínimos y no sobre máximos.

2- Plan director: es otra metodología de planificación estratégica pero que no implica participación ni legitimidad democrática. Un político, un alcalde por ejemplo, se puede preguntar (y con toda la razón): “¿por qué necesito consensuar nada ni poseer más legitimidad democrática de la que ya gozo al ganar las elecciones con un programa político y de gestión?” En efecto un alcalde atesora, de entrada, suficiente legitimidad democrática y puede planificar y tomar decisiones de forma unilateral en la mayor parte de las políticas públicas salvo en las más críticas y controvertidas que requieran un reforzamiento de la legitimidad. La metodología de un plan director también consiste en detectar las opiniones y reflexiones de diversos actores pero no como actores políticos sino como colectivos y personas que poseen un discurso conceptual propio sobre el tema objeto de reflexión. Por ejemplo si se entrevista a un sindicalista no se hace porque sea sindicalista (es decir un actor influyente políticamente) sino porque se ha detectado que posee un relato interesante sobre el tema y que es necesario e importante incorporarlo en el análisis. En un plan director se busca el concurso de los expertos pero la decisión se adopta de forma unilateral por el equipo de gobierno. Las ventajas de un plan director son: que es más rápido en tiempo (un municipio o un ámbito sectorial complejo suele demorarse menos de una año), menos costoso económicamente y el documento resultante es más explícito y concreto ya que es un documento de gobierno y no de consenso.

3- Plan de actuaciones o de actividades: aquí la planificación estratégica la elabora de forma unilateral el equipo de gobierno con sus colaboradores. Es un método menos completo en el sentido que maneja menos información experta pero es muy rápido y permite un elevado grado de concreción. Es tan rápido que se puede elaborar en unas pocas semanas o, incluso, en unos pocos días.


No hay una metodología mejor que otra sino que se trata de un ámbito contingente, como la mayoría de los ítems organizativos, y por lo tanto, se elige el mejor método en función de la complejidad del ámbito, de la presión política, del tiempo político disponible, del momento de la organización, etc.  Por ejemplo, si uno ocupa un cargo político o técnico de alto riesgo y que, por ello, es objeto de mucha movilidad (hay cargos que suelen estar ocupados de media, como mucho, durante dos años) pues no tiene sentido, por motivos de falta de tiempo, hacer un plan estratégico y, quizás, tampoco un plan director y no lo queda más remedio que impulsar un plan de actuaciones.

martes, 23 de agosto de 2016

La Oficina de Conflictos de Intereses sólo ha vetado el paso al sector privado de dos altos cargos en diez años

Durante el mismo periodo, 194 altos cargos recibieron el permiso de esta entidad para realizar actividades privadas

Diario.es.- La Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, solo ha dictado dos resoluciones de incompatibilidad en la última década para ex altos cargos del Gobierno que querían incorporarse al sector privado durante los dos años siguientes a su cese, según datos obtenidos de una petición de información enviada por el diario.es a través del Portal de Transparencia.

Durante el mismo periodo, 194 altos cargos recibieron el permiso de esta entidad para realizar actividades privadas en cotizadas españolas, empresas de armas y compañías del Ibex.

La ley de regulación de altos cargos aprobada en 2006 establece que cuando estos últimos quieran prestar “servicios en entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo desempeñado” durante el periodo de dos años tras el cese “deben solicitar y obtener la autorización” del Gobierno. La Oficina es la encargada de fiscalizar las actividades privadas de los altos cargos que han cesado de sus responsabilidades.

La entidad solo halló incompatibilidad con el nuevo puesto privado en dos ocasiones durante los últimos diez años: los casos de Lourdes Arana y Alfonso Martinell.

Lourdes Arana, ex directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), recibió la negativa del Gobierno para incorporarse como directora en la Universidad privada de Deusto. La Oficina determinó que la nueva actividad era contraria a la ley de conflicto de intereses, ya que la FECYT había adjudicado a la universidad cuatro contratos por 14.000 euros y una ayuda de 20.000 durante su periodo como máxima responsable de la entidad pública.

Argumentación de la Oficina de Conflicto de Intereses para negar la compatibilidad a Lourdes Arana para trabajar para la Universidad de Deusto
Argumentación de la Oficina de Conflicto de Intereses para negar la compatibilidad a Lourdes Arana para trabajar para la Universidad de Deusto

Nombrada en mayo de 2009, durante el mandato de Cristina Garmendia como ministra de Ciencia (e Innovación), Arana sí recibió el permiso para constituir su propia empresa de consultoría.

Alfonso Martinell fue director general de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia de Cooperación Española (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre 2004 y 2008. En enero de 2009, solicitó la autorización para firmar un contrato de servicios con la Fundación Carolina, de naturaleza público-privada.

Resolución de la Oficina de Conflicto de Intereses negando la compatibilidad a Alfonso Martinell
El Gobierno resolvió que ese contrato era incompatible ya que los ex altos cargos no pueden “celebrar contratos de asistencia técnica o de servicios con las Administraciones Públicas durante los dos años siguientes a su cese. Sin embargo, la Oficina sí le autorizó a firmar un contrato para la producción de materiales didácticos con la AECID, la agencia de cooperación donde fue director general.

"A rajatabla"
Fuentes del Ministerio de Hacienda defienden que el organismo “cumple a rajatabla” la Ley de Altos Cargos y aseguran que sus resoluciones se basan en los informes de los organismos competentes. Apenas el 0,5% (2 de 363) de las resoluciones referidas a altos cargos que querían realizar “actividades privadas” tras su cese vetaron el fichaje por el sector privado desde su creación en 2006.

Un informe del Tribunal de Cuentas ya denunció este año el funcionamiento interno de la Oficina, al asegurar que no estaba cumpliendo con los objetivos con los que fue creada. El documento, que analiza la fiscalización del organismo entre 2012 y 2014, critica que la Oficina se limitó a solicitar aclaraciones a los ex altos cargos sobre sus declaraciones de bienes y actividades pero "no desarrolló las facultades que le atribuye la ley para verificar e investigar" la información declarada.

El informe también denuncia que durante ese periodo no se tramitó ni conoció denuncia alguna sobre presuntos incumplimientos de la ley de incompatibilidades. “Está claro que cabe una interpretación más estricta de la ley”, opina Marcos Vaquer, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III. “Otra cosa es que la Oficina de Conflicto de Intereses no quiera hacerlo de esa manera”, opina.

La independencia del organismo también está en entredicho. Expertos y catedráticos en Derecho Administrativo pidieron en el Congreso dotarla de mayor independencia. “¿Qué autonomía vas a tener si estás inserto en la estructura jerárquica de un Ministerio?”, critica Vaquer, que formó parte del grupo de expertos universitarios. Entre las soluciones propuestas, destaca la adscripción del organismo al Congreso o al Consejo de Transparencia.

En 2006, cuando se aprobó la ley y se creó la Oficina, la corrupción solo estaba entre los tres principales problemas de España para un 0,6% de los españoles. Casi diez años después, la percepción de este problema ya se encuentra en el podio para casi la mitad de la población española: más de un 40% lo ve entre los tres principales problemas del país.

Aunque la nueva ley de altos cargos, aprobada en 2015, actualizó la anterior, no contenía ningún cambio relevante. Las autorizaciones para altos cargos se siguen limitando a los dos años siguientes tras el cese, la Oficina sigue dependiendo del Gobierno y los supuestos de incompatibilidad no se han endurecido. “Es verdad que la ley es mejorable, pero sigue dejando un margen de interpretación y se podría aplicar de manera más estricta”, sentencia Vaquer.

Autorizaciones con polémica
Entre las autorizaciones concedidas por la Oficina en los últimos diez años están los casos de siete ex altos cargos de Defensa que fueron autorizados a trabajar para empresas de armas tras su cese, como publicó eldiario.es. Esas compañías de armamento percibieron 3.680 millones de euros en adjudicaciones de Defensa durante el periodo en el que desempeñaron puestos de alta responsabilidad en el Ministerio.

La Oficina no halló ninguna incompatibilidad en trabajar para una empresa de armas justo después de ser alto cargo en el departamento de Defensa. Una cuestión denunciada por Compromís, que ha pedido explicaciones al Gobierno en el Congreso. Denuncian un posible caso de "puertas giratorias" de ex altos cargos del Ministerio de Defensa y piden saber el motivo por el que se habrían autorizado.

lunes, 22 de agosto de 2016

Mercedes Fuertes: Rendir cuentas antes de facilitar una nueva financiación

"Es desolador advertir cómo unos responsables políticos se mueven sólo ante la amenaza de una sanción"

Mercedes Fuertes *. Blog EsPúblico.com.- Hace unos días el Tribunal de Cuentas ha publicado su Informe de fiscalización del sector público local correspondiente al año 2014 (Informe 1163, de 30 de junio de 2016). Un importante documento que recoge el resultado del examen que ha realizado sobre las cuentas presentadas por gran parte de las Administraciones locales.

Para quienes hemos leído anteriores Informes lamentablemente resuenan algunos párrafos como estribillos, pues el órgano de fiscalización nos sigue señalando que hay Administraciones que no envían la obligada documentación, que se repiten conocidas infracciones de las normas contables o de contratación pública… Hace bien en insistir con tenacidad en estas consideraciones el Tribunal porque, sin duda, entre las muchas faenas que deberán atender las nuevas Cortes esté la necesaria regulación de una suficiente financiación local, así como la reordenación de estas Administraciones.

Muchos programas electorales nos habían anunciado ya algunas propuestas. Sin embargo, debería exigirse a diputados y senadores, a cualquier autoridad pública que anuncie su propósito de reforma de la planta local, haberse leído las conclusiones y recomendaciones de este Informe. De manera previa a que un representante público anunciara una declaración para resumir sus propuestas, se le debería interrumpir para comprobar primero si ha entendido bien la opinión que refleja el Tribunal de Cuentas en esas últimas páginas que condensan bien el resumen de tanto trabajo. Porque, además, si ese responsable público tiene interés en reformar, sin duda esas páginas le llevarán a confirmar otros datos que con extensión aparecen en los gráficos o qué ocurre con su Ayuntamiento, Mancomunidad o Entidad local… pues una completa bases de datos, que recoge qué hace cada Administración, está al alcance de un clic en la página web rendiciondecuentas.es”.

No es razonable que los responsables públicos pretendan reordenar la Administración local sin saber su número y distinta entidad, sin conocer que hay decenas de entidades y sociedades públicas que están sin actividad, que si bien es necesario conseguir una suficiente financiación local, resulta indispensable saber cómo han satisfecho hasta ahora tantas Administraciones la imprescindible rendición de cuentas y otras obligaciones financieras que recogen otras Leyes. Porque, según constata el citado Tribunal, todavía hay un porcentaje muy significativo de Administraciones que incumplen. Alrededor de un veinte por ciento. Un alto número pues nadie puede poner en duda que una de las primeras obligaciones de toda Administración, de todo gestor sería rendir cuentas de los fondos públicos utilizados.

Menos presión= despreocupación
Sorprende que las entidades locales menores, que el año anterior habían satisfecho esta obligación, la hayan desatendido el año pasado. No ha cuajado esta buena práctica política. Al no existir ya ninguna amenaza de desaparición, se han relajado y han vuelto a despreocuparse. Es desolador advertir cómo unos responsables políticos se mueven sólo ante la amenaza de una sanción. De ahí, que muchos insistamos, como también defiende el Tribunal de Cuentas, en impedir que las Administraciones incumplidoras puedan acudir a las convocatorias de ayudas y subvenciones. Del mismo modo que la Ley general de subvenciones niega la condición de beneficiario a quienes deban reintegrar subvenciones indebidamente percibidas o hayan sido sancionados con la pérdida de obtener subvenciones; del mismo modo las Administraciones que no rindan cuentas de los fondos recibidos deberían quedar imposibilitadas temporalmente para obtener más recursos.

Interesará también a los diputados y senadores conocer, como recuerda este Informe, las carencias de muchas Administraciones para contar con interventores y funcionarios de habilitación nacional; los problemas de las agrupaciones forzosas y la buena asistencia de los servicios de las Diputaciones provinciales. Y, además, cómo nos interesa a los ciudadanos que se incorporen nuevos instrumentos para analizar con rigor las propuestas de presupuestos locales, mecanismos para afinar en una más certera previsión de ingresos, lo adecuado de las propuestas para reducir el déficit y el endeudamiento, o que las inversiones estén bien estudiadas y no sorprendan con desmesurados incrementos. En este sentido, hay que aplaudir la actividad que está realizando otro relevante organismo público, la denominada Autoridad independiente de responsabilidad fiscal.

En fin, que urge que diputados y senadores avancen en algunas reformas legislativas pero siempre apoyados en la pértiga de completos informes y estudios

*Mercedes Fuertes López es catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de León. Vocal permanente de la Comision General de Codificación.

sábado, 20 de agosto de 2016

Formación CEMCi: Diploma de Especialización en Gestión Pública Local

Modalidad Formación virtual. Dirección académica / Coordinación
Rafael Jiménez Asensio. Del 21 de septiembre al 13 de diciembre de 2016. Fecha límite de inscripción: 6 de septiembre de 2016. Ver bases

CEMCI.- Este Diploma de especialización en Gestión Pública Local aborda algunas de las cuestiones nucleares a las que se enfrentan en estos momentos los niveles locales de gobierno y, en concreto, sus estructuras organizativas.

En primer lugar (Módulo I) se analiza conceptualmente el tema de la Gobernanza Local y cuáles son sus dimensiones, para pasar a prestar atención especial sobre la dimensión intraorganizativa de la Gobernanza. Para ello se focaliza la atención sobre la Organización y la Administración Pública Local, sus estructuras, la cultura organizativa y el cambio organizativos, aunque estos últimos puntos se desarrollan en el Módulo III. Asimismo se prestará atención a la Gestión estratégica y a la mejora organizativa.

En segundo lugar (Módulo II), bajo el Título genérico de “Habilidades Directivas: Política y Dirección Pública Local (competencias institucionales), se presta atención a cuáles son las competencias institucionales, tanto políticas como directivas o de cuadros de responsabilidad, que se deben desarrollar cabalmente para disponer de un alineamiento adecuado entre Política y Gestión. Se analiza, desde una perspectiva institucional, la Dirección Pública Local, sus debilidades y algunas buenas prácticas, así como se abordan detalladamente el haz de competencias institucionales que los directivos locales y los mandos intermedios deben desarrollar para disponer de garantías de éxito en su gestión.

En tercer lugar (Módulo III), desde un enfoque alejado de las competencias, se pretende de forma complementaria reflexionar y analizar las capacidades para la dirección de equipos y personas en el momento actual. Con especial tratamiento de las cuestiones vinculadas con la gestión de equipos, el desarrollo de responsabilidades y del compromiso con la organización, así como desarrollar las herramientas principales para una gestión del conocimiento orientada al desarrollo profesional. Asimismo, se pretende poner el foco de atención en fomentar en las estructuras locales una cultura de la innovación y mejora continua.

Destinatarios.- Los destinatarios de las actividades formativas integrantes del Máster en Dirección Pública Local son cargos electos de las Entidades Locales, directivos públicos, funcionarios locales con habilitación de carácter nacional y empleados públicos, al servicio de las Entidades Locales, que tengan a su cargo funciones de dirección, organización, modernización y gestión en algunas de las materias objeto del Máster. Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitidos solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras administraciones y entidades públicas.

Objetivos.- Desarrollar un marco conceptual de la Gobernanza Local con especial hincapié en la dimensión intraorganizativa. Impulsar la innovación organizativa y la gestión estratégica.

Contribuir a un mejor alineamiento entre Política y gestión en el ámbito local de gobierno, analizando el marco conceptual desde una perspectiva institucional de las estructuras de gobierno y dirección pública local, con especial atención a las competencias institucionales.

Reflexionar complementaria reflexionar y analizar las capacidades para la dirección de equipos y personas en el momento actual, cultivar la cultura de la responsabilidad y el compromiso, así como analizar los componentes y factores clave para una gestión del conocimiento orientada a crear una cultura de la innovación en las administraciones locales.

Avance de programa
1. Módulo I: Gobernanza e innovación organizativa en los gobiernos locales

2. Módulo II: Habilidades directivas (I): Política y dirección pública en los gobiernos locales: competencias institucionales.

3. Módulo III: Habilidades directivas (II): Las personas en las organizaciones.


Precio 750.00 €-Duración. Horas de asistencia: 120 horas. Horas con aprovechamiento: 150 horas.

viernes, 19 de agosto de 2016

delaJustica.com: Las 30 cosas que realmente fastidian al ciudadano de la Justicia

"Pero lo que más le fastidia es saber que si existe otro riesgo de sus intereses o derechos, si no quiere echarse al monte con la escopeta, no tiene más remedio que confiar nuevamente en la ruleta judicial"

José Ramón Chaves. Blog delajusticia.com.- Suele decirse gráficamente y con cruel broma, que el justiciable sale de la Justicia ajusticiado. Lo cierto es que la Justicia es un servicio público que ni es infalible ni puede contentar a todos.

1.- No es infalible porque la ciencia jurídica no es exacta por muchas razones, aunque me limitaré a esbozar tres.

En primer lugar, los principios generales del derecho tienen alcance impreciso y fuerza desigual, además de no guardar jerarquía, de manera que en ocasiones se puede parafrasear a Groucho Marx: “ Si no se resuelve el litigio con estos principios, tengo estos otros”.

En segundo lugar, las leyes suelen responder a criterios políticos e intereses que no siempre coinciden con los generales,  su factura técnica es deficiente, y allí donde hay terrenos espinosos suele acudirse a dejar una cómoda laguna legal o bien a términos ambiguos.

Y en tercer lugar, porque la condición humana de jueces, abogados, fiscales y litigantes provoca actitudes, aptitudes y estrategias que conducen a resultados injustos, aunque bajo la fuerza de la cosa juzgada, la seguridad jurídica o la artimaña procesal, o la inexistencia de recursos frente al error o torpeza judicial.

2.- Además, la  Justicia que aplican los jueces no puede contentar a todos por la propia naturaleza dual del litigio, en que existen dos partes que buscan su propio interés o razón ( y en ocasiones multilateral, por la acumulación de acciones o presencia de codemandados).

3.- Dicho esto, este verano me invitaron a través de twitter a abordar, siguiendo la línea de mi viejo post  30 cosas que irritan a un juez de un abogado, o las 30 cosas que irritan a un abogado de un juez, o de las frases que un abogado odia del cliente, el escenario de las cosas que irritan a un justiciable de la Justicia.

Así que, a bote pronto, y como corresponde a la época vacacional, citaría las siguientes 30 cosas que a un ciudadano le fastidian de su relación con la Justicia:

1.- Le fastidia tener que embarcarse en un litigio para demostrar lo que el cree que el Derecho le ampara, cuando el nunca quiso meterse en pleitos y siempre tuvo presente la maldición gitana ( “pleitos tengas y los ganes”).

2.-Le fastidia tener que contratar un abogado con los costes de tiempo, dinero y energías y especialmente le fastidia eso de la “provisión de fondos” cuando el mismo siempre pediría una garantía o señal si prestase un servicio sin cobro al contado.

3.- Le fastidia no entender la jungla de Juzgados y Tribunales: Violencia doméstica, penal, laboral, instrucción, instancia…Audiencias, Salas… Ni quien diantres manda en su pleito… pues no sabe si la decisión sobre su caso o incidente es competencia de ese Juez, de ese Letrado de Justicia (antiguo secretario judicial, tampoco entiende el cambio de nombre del cargo) o de eso que se llama Oficina Judicial.

4.- Le fastidia no entender la razón de tener que seguir una vía administrativa, formarse un expediente, hacer un recurso administrativo, formular un demanda, pedir cautelares, proponer pruebas y conclusiones… cuando su tema podría solucionarse hablando con un Concejal o político y con un buen mediador o árbitro, con sentido común y sin esas leyes ininteligibles.

5.-Le fastidia tener que bucear en sus archivos, cajones y memoria para buscar testigos, documentos y cualquier prueba que permita al abogado tejer su demanda o contestación.

6.- Le fastidia tener que aceptar que su medida cautelar será probablemente denegada y tendrá que soportar el atropello hasta que llegue la sentencia, sufriendo en silencio y poniendo su fe a largo plazo, cuando quizá la sentencia intente deshacer un entuerto que se perpetró años atrás.

7.- Le fastidia que el pleito se convierta en la historia interminable, como el juego de la oca, va de incidente en incidente, marcha atrás, turno sin jugar, le adelantan…

8.- Le fastidia no entender que su pleito en el Juzgado que le tocó en suerte ( o desgracia) va mas despacio que el asunto similar de otro interesado que va acelerado en el Juzgado vecino, y sin alcanzar la certeza tampoco de si es mejor para la justicia un Juez-liebre o un Juez-tortuga.

9.- Le fastidia que las buenas noticias del pleito parecen llegar rápido (admisiones, cautelares estimadas, etc) y en cambio las malas noticias ( incidentes desestimado, pruebas rechazadas, sentencia desfavorable,etc) parecen llegar tarde o no llegar.

10.- Le fastidia no entender que su abogado le frene los pies para que no visite o pida entrevista al juez cuando el quisiera cara a cara explicarle “lo que hay”.

11.- Le fastidia que los escritos del juez le llamen “actor” cuando no es su profesión, o que consideren “impertinente” su prueba testifical y “pertinente” la del contrario.

12.- Le fastidia que le hayan citado para comparecer en la vista oral y ser interrogado por la otra parte, y verse enfrentado a un abogado despiadado, y además que le citen en una fecha en que  le viene en gana al juez pese a tener el particular su propia agenda personal y familiar.

13.-  Le fastidia que su abogado en el pasillo mientras esperan la vista oral, hable con el abogado contrario con familiaridad y cortesía…¿estará vendido?

14.- Le fastidia asistir sentado en un banquillo a una especie de circo donde todos van disfrazados con toga, se hablan con afectación, y siguen ritos extraños, cuando para el cliente su derecho está claro pues quiere cobrar, que no le multen, que no le expropien, etc.

15.- Le fastidia que quiere intervenir y hablar en la vista oral, para corregir los disparates o mentiras que escucha, pero el juez no le deja, mientras su abogado le hace señales de que guarde silencio y compostura en sala.

16.- Le fastidia observar conteniéndose a los testigos de la parte contraria, que además los conoce, como dicen lo que el cree mentira, o al menos, como se portan deslealmente con él.

17.- Le fastidia que el abogado no siga sus instrucciones como cliente que paga, porque el quería decir una cosa y mostrarle al juez otra y cantar las cuarenta a ese perito…y sin embargo su abogado hace lo que le da le gana… o eso le parece.

18.- Le fastidia enormemente que esperaba una decisión de fondo en la sentencia, que zanjase de una vez el litigio, y ha obtenido una sentencia que parece tomarle el pelo, pues aprecia inadmisión o se limita a disponer la marcha atrás para volver a la casilla de salida (ya sea “retroacción de actuaciones” del procedimiento administrativo, o “nulidad de actuaciones” del procedimiento judicial).

19-.Le fastidia leer la sentencia varias veces y no comprenderla pese a que su abogado le explica los tecnicismos ( en cambio si la sentencia es favorable le basta con comprender el “Fallo”).

20.- Le fastidia al leer la sentencia, pese a que consideraba su asunto importantísimo, el que reciba una  sentencia de “corta y pega” o que lo despacha con pocas líneas, a veces parcas, a veces rituales y a veces ininteligibles, y piensa…¿para esto pago yo mis impuestos?

21.- Le fastidia tener que reconocer que, pese a que su abogado le advirtió del riesgo de perderlo, se empecinó en ello, en seguir adelante y no dar un paso procesal hacia atrás, ni para tomar carrera.

22.- Le fastidia la condena en costas, y mucho más le fastidia, no solo que su abogado no podía anticiparle el monto que podría suponer en caso de perder, sino que la cifra máxima fijada por el juez que le tocó en suerte es mas elevada que el criterio del juez vecino para caso sustancialmente igual.

23.- Le fastidia, tras el desenlace desfavorable, tener que aguantar las preguntas de amigos y vecinos sobre si ya “salió la sentencia”, por la sensación de “cornudo y apaleado”.

24.- Le fastidia, si el desenlace es favorable, que el fuero le ha costado medio huevo, porque aun ganando el pleito no ha sido gratis.

25.-Le fastidia, si el desenlace es favorable, que la otra parte ha recurrido la sentencia y que se vuelve otra vez al terreno judicial.

26.- Le fastidia que con sentencia firme favorable, la ejecución lleva mas tiempo y costes que el desarrollo del litigio principal, y mas le fastidia que los autos judiciales le digan sin ruborizarse que la sentencia es “de imposible cumplimiento”.

27.- Le fastidia que el juez en su sentencia se declara cumplidor de la Ley pero se olvida de la Justicia, cuando siempre pensó que el buen juez debería primero aplicar justicia y postergar formalismos y leyes absurdas.

28.- Le fastidia el corporativismo judicial que destila el que su apelación o casación sea desestimada, como la de la mayor parte de amigos o conocidos que han tenido que recurrir sentencias.

29.- Le fastidia que, por lo que dicen los medios de comunicación, la justicia está politizada, ya que a él no le engañan con esa distinción artificiosa entre Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y el Poder Judicial, pues al fin y al cabo, parece que todos visten toga y son la misma camada.

30.- Le fastidia “el papelón” de que todos hablen de la “justicia sin papeles” y él solo hace que barajar documentos, aportarlos o sufrir el reproche de no aportarlos.

Pero lo que más le fastidia es saber que si existe otro riesgo de sus intereses o derechos, si no quiere echarse al monte con la escopeta, no tiene más remedio que confiar nuevamente en la ruleta judicial.

En fin, tómese lo dicho como una caricatura, que como toda caricatura exagera situaciones y se fija mas en la patología que en la regla general, y que intenta ofrecer una chispa amena en el período vacacional.