Por José Antonio Navarro. Blog ACAL.- Como cada año por estas fechas ha aparecido publicado en la
Oficina Virtual para la Coordinación Financiera de las Entidades Locales
(OVEELL) el informe
elaborado por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, sobre las cifras de las Haciendas
Locales, correspondiente en este caso al ejercicio 2016.
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| Fachada iluminada del ayuntamiento asturiano de Avilés (82.000 hab.) |
Con respecto a la aportación de la información
económico-financiera necesaria para llevar a cabo el informe “Haciendas Locales
en cifras Año 2016” (en adelante el Informe EELL 2016), es necesario destacar
que el 8,42 % de los municipios no ha aportado datos sobre su liquidación, indicador
que ha mejorado considerablemente desde los primeros años en que este informe
veía la luz, ya que en el informe del año 2005 se señalaba que las entidades
que no había facilitado información suponían el 18,5 % de las existentes. Ello
supone que los datos expresados en este último informe anual son
representativos de la práctica totalidad de las entidades que componen la
planta municipal española.
Teniendo en cuenta que el Informe EELL 2016 resulta bastante
extenso en cuanto a su contenido, en la presente entrada pasaremos a
desarrollar algunos de los resultados expresados en el mismo y que, desde
nuestro punto de vista, pueden resultar relevantes para conocer el estado de
salud económica que presentan nuestras entidades locales, toda vez que se trata
del documento más actualizado que contempla todo el espectro municipal.
Sobre el gasto municipal (1.035 € en 2016 vs 1.309 en 2015)
El gasto medio por habitante se ha situado en
1.035 euros, frente a los 1.309 euros del año 2015, volviendo en 2016 a una senda
más moderada al acercarse a los valores obtenidos en los ejercicios 2014 y
2013, en los que se alcanzaron valores de 978 euros y 896 euros
respectivamente.
Atendiendo al estrato de población, los dos municipios
de más de 1.000.000 habitantes son los que más gasto medio presentan, con 1.585
euros por habitante, mientras que los del estrato comprendido entre los 5.001 a
20.000 habitantes son los que menos gastan, con sólo 932 euros, es decir, un
41% inferior al gasto medio de los dos grandes municipios de más de 1 millón de
habitantes.
País Vasco, Cataluña y Madrid, a la cabeza en gasto per cápita
Si se tienen en cuenta los gastos de los municipios
agrupados por Comunidades Autónomas, los de mayor gasto son los del País Vasco
(1.329 €/hab.), Cataluña (1.239 €/hab.) y Madrid (1.188 €/hab.), mientras que
las entidades locales que registran un menor gasto por habitante son las de
Galicia (783 €/hab.), Murcia (860 €/hab.) y Asturias (864 €/hab.).
En cuanto a la estructura que presenta el gasto
municipal según su naturaleza, destacar que en proporción se ha gastado
menos en las denominadas operaciones de capital (inversiones y subvenciones de
capital) y en el gasto financiero (devolución de activos financieros y
amortización de operaciones de préstamo), en favor del gasto corriente que ha
aumentado hasta el 81% del total de los gastos realizados, frente al 78% que
este tipo de gastos representaban en los ejercicios 2015 y 2014.
El gasto en operaciones de capital se ha situado
en 109 euros/habitante, disminuyendo un 11% respecto a los 119 euros alcanzados
en el ejercicio 2015, y mejorado un 6% en relación a los 101 euros generados en
2014. Si se atiende al estrato de población, se puede comprobar cómo el gasto
en este tipo de operaciones, que recordemos tiene su principal componente en
las inversiones realizadas, los dos municipios con más de 1 millón de
habitantes han realizado un gasto en inversión de 221 euros/habitante, mientras
que los municipios ubicados en el estrato de 100.001 a 500.000 habitantes, y que
acumulan el mayor volumen de población (10,9 millones de habitantes), sólo
tiene un gasto de 70 euros/habitante, esto es, un 68 % inferior al gasto de los
dos grandes municipios.
Sobre los ingresos locales
El ingreso medio por habitante ha sido en 2016 de
1.119 euros, sólo un 0,4 % inferior al obtenido en 2015 con 1.124 euros, y
manteniendo un nivel muy similar al de los últimos años, con 1.036 y 988 euros
por habitante obtenidos en 2014 y 2013 respectivamente.
Los Municipios de País Vasco (1.392 €/hab.), Cataluña (1.315
€/hab.), Madrid (1.246 €/hab.) e Islas Baleares (1.246 €/hab.), son los que
presentan un ingreso medio por habitante más elevado, si no se consideran las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por el contrario, los municipios de
Galicia (844 €/hab.), Asturias (927 €/hab.) y Murcia (940 €/hab.) son los que
registran los menores ingresos por habitante.
La autonomía financiera de los municipios, que viene
determinada por la importancia relativa de sus propios ingresos (tributos
propios e ingresos patrimoniales), ha mejorado ligeramente, pasando de un 61%
sobre los ingresos totales del 2015 a un 63% en 2016, encontrando la base de
esa mayor autonomía financiera en el crecimiento sobre todo de los ingresos
derivados del Impuesto sobre bienes inmuebles, con 161 millones de euros de
crecimiento con respecto a 2015, y seguidos muy de cerca por los 127 millones
de euros que han crecido los ingresos por el impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos. Ahora bien, el tributo que más ha crecido en términos
relativos ha sido el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, con
un 16 % en relación a los valores obtenidos en el año 2015. Todo ello viene a
poner de manifiesto que la presión fiscal en los municipios ha aumentado,
evolucionando desde los 43.240 millones de euros obtenidos en 2014 por la
totalidad de ingresos tributarios, pasando a 45.703 millones en 2015 y
situándose en los 46.912 millones en 2016.
Los ingresos de las tasas por prestación de servicios
públicos básicos financiaron sólo el 15,6% del gasto total de estos
servicios públicos básicos, porcentaje que ha ido bajando en los últimos cuatro
años, ya que en 2013 ese nivel de financiación representaba el 16,5% de los
gastos en este tipo de servicios. Por tanto se observa que la financiación de
los servicios básicos se sigue generando, y cada vez con mayor intensidad, a
través de los impuestos directos municipales y no por las tasas que gravan a
quien consume esos servicios básicos.
Fuera de los ingresos propios, el 20,6% de los ingresos
totales de los municipios proceden de las transferencias realizadas
por la Administración General del Estado, mientras que el 6,5% proceden de
transferencias realizadas por las Comunidades Autónomas y el 3,9% de las
Diputaciones. Estos porcentajes apenas han presentado variaciones en los tres
últimos años, con la excepción de los ingresos aportados por las Diputaciones
que en 2013 representaban el 1,2% de los ingresos que recibían los municipios.
Si se analiza el peso que representan las dos fuentes de
transferencias fundamentales para los ayuntamientos, en los de menos de 5.000
habitantes las transferencias corrientes recibidas de la Administración General
del Estado suponen el 17% de sus ingresos corrientes, subiendo ese porcentaje
de forma progresiva en los ayuntamientos de mayor población, hasta alcanzar el
35% en los de más de 500.000 habitantes o el 31% para los de más de 1 millón de
habitantes. Por contra en el caso de las transferencias corrientes percibidas
de las CCAA, se produce una evolución inversa, ya que en los ayuntamientos de
menos de 5.000 habitantes representan el 13% de los ingresos corrientes,
mientras que para los dos estratos de mayor población suponen sólo el 4% y el
2% de sus ingresos corrientes.
Sobre las magnitudes financieras
El ahorro neto se ha situado en 2016 en valores
positivos con 7.540 millones de euros, equivalente al 11% de los ingresos
corrientes liquidados por el conjunto de las Entidades Locales. Este dato
supone mejorar en 1.032 millones de euros, un 14%, el nivel de ahorro neto alcanzado
en 2015. Se ha pasado de 6.453 ayuntamientos que en 2015 contaban con ahorro
neto positivo, a 6.814 en 2016 con signo positivo en dicha magnitud, si bien
aún quedan 627 ayuntamientos con ahorro neto con signo negativo, lo que supone
un 8% del total de ayuntamientos que han aportado información al Ministerio de
Hacienda. Estos ayuntamientos no pueden afrontar con los ingresos que perciben
el gasto corriente municipal y la devolución de su deuda financiera.
Por CCAA los municipios que presentan un mayor porcentaje de
ahorro neto son los de Illes Balears acumulando un 20% de ahorro neto, mientras
que los municipios de Murcia son los que menor nivel de ahorro neto consiguen
con un 7% (sin contar Ceuta y Melilla).
El saldo de operaciones no financieras se ha
situado en 2016 en valores positivos de 8.253 millones de euros, representando
el 12% de los ingresos corrientes, constituyendo el mejor dato de los tres
últimos años, ya que en 2015 dicho saldo se situó con un nivel de
representatividad del 10% sobre los ingresos corrientes y en un 11% en 2014.
El remanente de tesorería para gastos generales generado
en las entidades locales ha pasado de los 11.133 millones de euros en 2015 a
los 13.432 millones de euros del ejercicio 2016. Este aumento del 20% sigue la
línea ascendente que presenta este indicador en los últimos años, habiendo
incrementado su importe en más de 6.036 millones de euros desde el año 2013.
Por otra parte, es destacable el hecho de que el denominado saldo de
obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto se siga manteniendo en el
periodo 2014-2016 en unos niveles que no consiguen bajar de los mil millones de
euros.
Las obligaciones pendientes de pago por todos los
conceptos se han situado al cierre del 2016 en 14.381 millones de euros, frente
a los 13.873 millones de euros en 2015, lo que representa un incremento de 508
millones de euros equivalente a un 3,6%.
Los fondos líquidos disponibles han crecido en el
último año en 3.543 millones de euros, llegando a alcanzar al cierre del
ejercicio 2016 los 18.474 millones de euros. Sin embargo, las obligaciones
pendientes de pago han aumentado en 408 millones de euros en el último año,
alcanzando un saldo de 14.381 millones de euros, cantidad inferior a los fondos
líquidos existentes al finalizar el ejercicio. Esta circunstancia ha permitido
que el índice de solvencia se haya situado en 3,16 y el de liquide en el 1,28,
frente a los 3,01 y 1,07 respectivos del año anterior.
Sobre el endeudamiento financiero
El nivel de endeudamiento por operaciones a largo
plazo asciende a un total de 31.581 millones de euros, lo que representa el 45%
de los ingresos corrientes de las entidades locales, frente al 50% que
representaba en 2015 con 34.410 millones de euros.
La deuda viva media por habitante se ha situado en
564 euros, frente a los 618 euros del año 2015 y 690 euros del 2014, mostrando
una clara evolución descendente. Si atendemos a la distribución del
endeudamiento según estratos de población, se comprueba como a mayor tamaño del
municipio mayor nivel de deuda viva por habitante, así los ayuntamientos de los
estratos superiores de población – municipios de más de 500.000 habitantes –
presentan una deuda viva que supera los 900 euros, mientras que los municipios
de menos de 5.000 habitantes sitúan su deuda en 265 euros por habitante, y de
345 euros en aquellos municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes.
Los municipios tenían el 54% de deuda sobre sus ingresos
Por CCAA los municipios que muestran mayor nivel de
deuda sobre sus ingresos corrientes, son los de Aragón (85%), Madrid (79%)
y Andalucía (76%), y los que menos los del País Vasco (14%), Galicia (20%) y
Cantabria (22%), siendo la media nacional del 54%.
El porcentaje de deuda viva con respecto al PIB de
todo el Sector Local en 2016 se sitúa en el 2,9%, cumpliendo con el objetivo de
deuda establecido en el 3,0%. Los municipios que no han cumplido dicho objetivo
con respecto a su PIB regional han sido los del País Vasco (5,6%), Andalucía
(4,6%), Aragón (3,6%) y Murcia (3,2%).
El 93% de los municipios podrían concertar operaciones de
riesgo por no superar su nivel de endeudamiento el 75% de los ingresos
corrientes, mientras que el 4% podría hacerlo con autorización del órgano de
tutela al situarse su nivel de endeudamiento entre un 75%-110%, y el 3%
restantes no puede concertar operaciones de endeudamiento por superar su
endeudamiento el 110 % de sus ingresos corrientes.
Con respecto a los municipios que no pueden concertar
operaciones de endeudamiento por superar los niveles máximos de
endeudamiento, cabe destacar que el 23 % de los municipios de Murcia se
encuentran en esa situación, seguidos de los municipios de Madrid con un 12 %,
y por los de Andalucía y Valencia, cada una con un 7 % de sus municipios sin
posibilidad de acudir al endeudamiento financiero.
De todo lo expuesto podemos destacar la moderación del gasto
en los municipios más pequeños, como consecuencia de un menor gasto de
inversión fundamentalmente y poniéndose de manifiesto grandes desigualdades por
Comunidades Autónomas en el gasto realizado de hasta un 58% en el gasto total y
de un 69 % en el gasto en inversión.
La presión fiscal sigue aumentando en los municipios, sobre
la base del impuesto sobre bienes inmuebles y con una baja financiación
obtenida de las tasas, lo que provoca que se paguen los servicios públicos
mayoritariamente de forma indiferenciada y sin que las aportaciones de
transferencias de las Comunidades Autónomas para financiar servicios sean
significativas.
8% de municipios sin capacidad financiera
La disponibilidad de más ingresos tributarios sin que sean
reinvertidos en mayores inversiones, ha permitido la obtención de un mayor
ahorro en los ayuntamientos, si bien un 8% de los ayuntamientos siguen sin
poder financiar adecuadamente sus gastos de funcionamiento y devolver sus
préstamos.
Los incrementos de los remanentes de tesorería disponibles
en el sector público local, fruto fundamental de la generación de ahorro bruto
y del aumento de su liquidez, no se ha traducido en una reducción de la deuda
comercial, que ha crecido en casi un 4%, sino que se ha destinado en gran parte
a pagar deuda financiera que se ha reducido en 2.829 millones de euros.
Veremos que nos deparan las cifras del próximo año de las que ya existen datos
actualizados del pasado mes de septiembre, correspondientes a las liquidaciones
presupuestarias del ejercicio 2017.
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