viernes, 12 de febrero de 2016

La Transparencia, una política en el marco de la buena gobernanza

"La transparencia es un instrumento que sirve de apoyo a otras finalidades, la más importante sin duda es el control democrático directo (sin intermediarios) del poder por parte de la ciudadanía"
 
“El tercer punto a clarificar es el de la naturaleza instrumental de la transparencia. No es simplemente una técnica de control preventivo. Es también la forma de ejercicio de un poder ciudadano” (Pierre Rosanvallon, Le bon gouvernement, Seuil, París, 2015, pp. 367-368)
 
Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional.- Este escrito forma parte de un Estudio sobre Integridad y Transparencia. Dos imperativos de la Buena Gobernanza, actualmente en proceso de elaboración. No obstante, el contenido que ahora se publica tiene especificidad suficiente para ser difundido autónomamente. (Ver texto completo)
 
En este trabajo se parte del criterio de que la Transparencia es una faceta necesaria de la Buena Gobernanza, intentando despejar algunos equívocos extendidos sobre lo que es la transparencia. Después se analiza para qué sirve la transparencia, incorporando la explicación “canónica” u “ortodoxa” de cuales son las “utilidades” de la transparencia, pero incorporando dos elementos nuevos a esa justificación tradicional.
 
La transparencia es una herramienta o instrumento que sirve de apoyo a otras finalidades, la más importante sin duda es el control democrático directo (sin intermediarios) del poder por parte de la ciudadanía. En este aspecto es una pieza sustantiva de la “democracia de confianza”. Pero la transparencia es sobre todo una política (ciertamente transversal) que debe ser capaz de integrar de forma ordenada las diferentes dimensiones que proyecta su ejercicio.
 
Open Data
Así, dentro se esas dimensiones de la transparencia se pueden destacar las siguientes: la transparencia es un valor o principio, pero también tiene una proyección obvia (y probablemente la más conocida) como publicidad activa o como transparencia “pasiva” (concepto criticado en este trabajo). Tiene conexiones evidentes con la apertura de datos y su reutilización, aunque también diferencias. La transparencia ofrece una dimensión colaborativa y unas conexiones cada día más intensas con la rendición de cuentas. En cualquier caso, las dimensiones de la transparencia no se pueden comprender en su exacto alcance sin una referencia explícita a su proyección “intra-organizativa”, transcendental bajo cualquier punto de vista. Y, en fin, la transparencia no puede vivir ajena al fenómeno de los lobbies y a su regulación y control.
 
En suma, la transparencia es una política transversal, es un instrumento o medio de control democrático directo del poder, pero asimismo es un proceso de mejora continua que debe finalizar en un cambio cultural (político-burocrático) en el modo de gobernar, dirigir y gestionar los asuntos públicos. Un largo camino que no ha hecho más que comenzar.

jueves, 11 de febrero de 2016

La ciudadanía percibe más transparencia en países que invierten en Datos Abiertos

"Cuando la población tiene la oportunidad de acceder a información de interés público de forma fácil, constante, ágil e innovadora, se empodera, y puede hacer una mayor fiscalización sobre sus gobiernos y como manejan los recursos públicos"
 
Junar.com.- En los países en los cuales se ha invertido más para contar con plataformas de Datos Abiertos, los ciudadanos sienten que tienen mayor acceso a la información y mayor transparencia por parte de sus gobiernos. Así se puede dilucidar del último Índice de Percepción de Corrupción de la organización Transparencia Internacional.

En dicho índice se detalla como Dinamarca, Finlandia y Suecia, encabezan la lista como los países que, según la percepción de sus ciudadanos y ciudadanas, son más transparentes. Mientras que, Afganistán, Corea del Norte y Somalia, aparecen con las calificaciones más bajas. Por su parte, en solo el continente americano, Canadá, Estados Unidos, Uruguay y Chile, son los mejor calificados.
 
¿Qué han hecho los países para ser más transparentes?
Bueno, en realidad son muchas las cosas que se han hecho, que van desde hacer reformas legales en materia de transparencia y acceso a la información, hasta campañas para concientizar hacia una cultura mas transparente en el servicio público. Lo cierto es, que dentro de los esfuerzos que realizan estos países, hay una importante inversión para contar con plataformas de Datos Abiertos, que hagan que la información sea siempre de libre acceso para la población.
 
De esa forma, se puede deducir: si comparamos los resultados del Indice de Corrupción antes mencionado, con el Open Data Global Index (España figura en el ranking mundial en el puesto 17 con el 55%, con mejores niveles que años anteriores) de la organización Open Knowledge en donde se aprecia fácilmente, como algunos de los países que más han invertido en contar con Datos Abiertos para sus habitantes, son de los que más han avanzado en transparencia y lucha contra la corrupción. Esto no quiere decir que los Datos Abiertos sean la causa de que haya más transparecia en los países, pero sí es notorio que hay una corelación entre ambos índices mencionados.
 
Los Datos Abiertos son una vía más en la búsqueda de un Gobierno Abierto. Cuando la población tiene la oportunidad de acceder a información de interés público de forma fácil, constante, ágil e innovadora, se empodera, y puede hacer una mayor fiscalización sobre sus gobiernos y como manejan los recursos públicos. Esto contribuye a que la política sea más transparente y se fortalece la democracia. Es decir, que los datos abiertos se convierten en una herramienta en la búsqueda de mayor transparencia y en la lucha contra la corrupción.
 
La gente merece y quiere poder acceder a la información pública, ya sea para enterarse de que en que se invierten los presupuestos de las instituciones, quiénes son nombrados en diferentes puestos, cuáles proyectos desarrolla su gobierno, cuales son las zonas con más transito, o para un sinfín de datos más. Al final, ¿a quién no le interesa saber qué pasa con los impuestos que paga?.

miércoles, 10 de febrero de 2016

Más de 4.000 cargos públicos, en el aire ante el posible cambio de Gobierno

Un vuelco de Gobierno provocará un baile de altos cargos, asesores y personal de confianza, asistentes y directivos de la Administración. Más de un millar de asesores y personal de confianza deberá buscar otro empleo
 
Revista de prensa. Francisco Núñez.- El Mundo.- Un cambio de Gobierno volverá a producir un movimiento telúrico en las cúpulas ministeriales como ya sucedió en otras legislaturas. Sobre todo en una Administración Central en la que muchos altos cargos no pertenecen a la función pública (asesores) y, si lo son, el Gobierno entrante les cesará porque no confiará en los que ha dejado el anterior. Es lo que ha ocurrido en las alternancias entre PP y PSOE. La catarsis será aún más aguda si el cambio es más radical.
 
De momento, muchos de ellos, sobre todo los funcionarios de carrera e incluso algún ministro, son prisioneros de su nombramiento. Tienen ofertas de empresas privadas, pero no pueden abandonar el cargo mientras el Gobierno siga en funciones y, por si fuera poco, puede retrasarse su salida su hay nuevas elecciones.
 
Más de 4.000 personas pueden cambiar de silla en este particular juego de tronos. A muchos de los que son funcionarios se les relegará a puestos de su nivel, pero sin desempeño alguno y sin acceso a documentación sensible. O simplemente se les facilitará un despacho para que transcurra su jornada a la espera de otra ubicación. Algo similar ocurrirá con los que han salido de las listas electorales, o que no han resultado elegidos, ya que jamás vuelven a sus anteriores ocupaciones.
 
Si no son funcionarios, tendrán que buscar otro empleo en el sector privado. Su situación es más complicada no sólo por el momento del mercado laboral sino porque el PP no puede recolocarles en otras administraciones donde gobierna el partido, como sucedía hasta ahora, porque ha perdido presencia. Por ejemplo, en algunos ministerios, como el de Industria, o en la Comunidad de Madrid, se ha recolocado al personal de confianza excedente (asesores) de la Comunidad Valenciana.
 
Asesores al paro
Ahora, si el PP deja de gobernar el país, este personal no podrá ser reubicado. Ya sucedió en las elecciones del 14-M de 2004 con el equipo del PP y en las del 20-N con el PSOE. Hubo casos de asesores que pasaron a engrosar las filas del paro.
 
Si hay cambio de mando en La Moncloa, el Ejecutivo, y los partidos que lo integren, decidirán el nuevo organigrama de altos cargos. Incluso, podría elevar el número de directivos en la Administración Central, organismos autónomos, administrativos, órganos colegiados y consultivos, empresas, entes y fundaciones.
 
¿Qué cambios realizaría un nuevo Gobierno? Más de 3.000 páginas del Boletín Oficial del Estado (BOE) se dedican en cada legislatura a nombramientos y ceses. Según figura en los Presupuestos de 2016, el PP tiene nombrados 448 altos cargos entre secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales (con la categoría de subsecretarios) y delegados del Gobierno en las 17 autonomías, así como directores generales y secretarios generales técnicos o jefes de gabinete con la misma categoría de directores generales. Serían los cambios más inmediatos.
 
Todos ellos son nombrados por los ministros o en su defecto por los secretarios de Estado, así como los 494 subdirectores generales de los ministerios (Hacienda tienen casi un centenar) o los subdelegados del Gobierno en cada provincia y directores insulares. La cifra es imposible de calcular. Puede acercarse al doble de ese medio millar, ya que existen muchos cargos que no figuran con esta denominación administrativa aunque tienen la misma categoría.
Todos ellos componen los órganos directivos de la Administración y la primera y segunda línea en la cuerda del poder.
 
Aunque la ley establece que, de director general hacia arriba, los altos cargos deben ser nombrados de entre los funcionarios, el Gobierno ha recurrido a la salvedad que le permite contratar personas del sector privado "en atención a las características específicas" de la responsabilidad que necesite cubrir.
 
En este grupo hay varios secretarios de Estado, como el de Administraciones Públicas, Comunicación o Relaciones con las Cortes, y también directores generales como el de la Policía o el de Calidad y Evaluación Ambiental.
 
En estas líneas se encuentran los 213 embajadores y los que figuran en las organizaciones internacionales.
 
Y también el cúmulo de representantes en misiones, oficinas consulares o comerciales. Son funcionarios, pero suelen ser removidos, sobre todo los que están en países importantes o zonas calientes.
 
700 de libre designación
A todo ellos, hay que sumar los más de 700 cargos de libre designación que la Agencia Tributaria nombra entre los 1.600 inspectores. Muchos de ellos suelen ser cambiados cada vez que entra un nuevo Ejecutivo e incluso un nuevo equipo aunque no se haya cambiado de Gobierno.Es lo que ha sucedido en los últimos años. A este grupo de elegidos se les conoce en la Agencia como personal de libre destitución.
 
A esta ingente suma de nombramientos hay que añadir el centenar de responsables de órganos colegiados y consultivos, los de las 296 unidades públicas controladas por los ministerios (organismos y entes de toda índole) y al menos las 60 entidades públicas empresariales que acumulan varios centenares de presidentes, consejeros y directivos.
 
Un cambio de Gobierno también afectará a los representantes del Gobierno en empresas privadas con participación pública. Por ejemplo, en Indra. Incluso, podría mover el consejo a algunos ex políticos que a través de las puertas giratorias han aterrizado en compañías privadas.
 
En esta primera línea del poder se encuentra también una cohorte de al menos 819 asesores y personal de confianza, elegidos a dedo. No son funcionarios. Se trata de personal eventual contratado que cesa cuando sale del cargo quien les nombró.
 
Muchos de ellos provienen de los partidos y otros han sido contratados del sector privado para realizar su labor profesional. Suelen ser los grandes damnificados en estos casos, sobre todo si hay un vuelco electoral.
 
El Ministerio de Presidencia, con 312 asesores, es el departamento más dotado de este personal eventual. Le sigue Hacienda, con 163 y, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, tiene 33. Son los que están viviendo con mayor preocupación los riesgos de un vuelco en el Gobierno. Algo similar sucede con los más de 300 asistentes que son personal de confianza de los diputados y senadores.
 
Aunque es posible que parte de estos últimos repitan cargo si ha resultado elegido el diputado o senador al que estaba adscrito, pueden desaparecer de la nómina pública un millar de personas nombradas a dedo. Vendrán otros tantos o más.
 
En realidad, el baile de cargos públicos ya ha empezado. El PP ha nombrado en el Congreso a 10 presidentes de Comisiones que de momento son provisionales.

martes, 9 de febrero de 2016

Novedad editorial: La renovación de la función pública

Carles Ramió*. La renovación de la función pública. Estrategias para frenar la corrupción política en España

Ed. Catarata. El objetivo de este libro es presentar un conjunto de propuestas para la regeneración del sistema político e institucional que puedan contribuir a frenar la dinámica de corrupción en la que se ha sumido el país durante las tres últimas décadas.
Pero previamente este ensayo realiza un trepidante análisis, con múltiples ejemplos, de las diversas prácticas corruptas impulsadas por políticos y empresarios con la colaboración, entre activa y pasiva, de los sindicatos, los medios de comunicación y de amplios sectores sociales.

Una de las conclusiones es que las instituciones y los empleados públicos no han querido participar de la cultura de la corrupción y esto supone una magnífica palanca de cambio para que las propuestas presentadas en el libro puedan tener un impacto rápido y positivo y atajar en un porcentaje muy elevado de las dinámicas de corrupción acontecidas hasta ahora. Estas son las tareas que tenemos por delante para frenar  el saqueo público.

InfoLibre nos adelanta un capítulo del libro  de Carles Ramió, donde analiza las estrategias para frenar la corrupción política:

 "Analizar el fenómeno de la corrupción en España con datos empíricos es muy complicado en un país en el que se manejan todavía muy pocos datos públicos solventes y en el que a los analistas y a los medios de comunicación les encanta ofrecer cifras escandalosas y redondas.

El 1 de enero de 2015, El País publicó un artículo para celebrar el nuevo año. Decía: “Por alguna razón, las cifras redondas que empiezan por 4 suelen ser inexactas: 40.000 coches oficiales en España; 400.000 prostitutas; 400.000 desahucios; 40.000 inmigrantes esperando a saltar la valla de Melilla; 445.000 políticos. Es un misterio por qué el cuatro sale tantas veces en datos falsos. Quizá porque es un número ni demasiado bajo, ni demasiado alto. O quizá por las propiedades de solidez y rigor que le atribuye tradicionalmente la numerología.

En cualquier caso, si se quiere colar un bulo estadístico en internet, colóquese un 4 y una buena ristra de ceros detrás”. Todos estos datos son totalmente incorrectos salvo en el caso de los desahucios, donde la realidad parece ir alcanzando la ficción de las cifras mágicas. Por ejemplo, el dato de 445.000 políticos es desgarrador, pero resulta que para alcanzar esta fabulosa cifra se imputaron como políticos a 131.000 empleados de empresas públicas, a 65.000 delegados sindicales del sector privado, etc. Sin embargo, sí es relevante clarificar el dato del número de políticos en España en relación con la corrupción, porque sí hay un gran número de puestos políticos que generan un tejido neoclientelar (que es otra forma de corrupción, lo que Víctor Lapuente califica como “la enfermedad institucional en España”). César Molinas y Elías de la Nuez cifran en 300.000 efectivos el colectivo político instalado en el tejido institucional público. Pero los datos más solventes son los que ofrecen el Tribunal de Cuentas y el Ministerio de Economía, que fijan la cantidad total de personal de naturaleza política en 122.000. Cantidad que es tan voluminosa debido a que en España hay 68.230 concejales y alcaldes, pero solo un 10% de ellos perciben algún tipo de retribución.
 En definitiva, la cifra más exacta de políticos que cobran del erario público (que en el fondo es el dato que interesa a los ciudadanos) no alcanza por poco los 63.000. Sin duda, siguen siendo muchos, pero muy lejos de los 445.000 o de los 300.000 que han aparecido en los medios. Si existe en nuestro país este baile de cifras, ¿cómo no va a ser problemático intentar medir con cierta solvencia el impacto económico de la corrupción en España cuando la metodología solo puede ser de percepción o estimativa en base a otros datos más directos?.


Parametrizar el fenómeno de la corrupción en España es complicado debido a una ausencia de datos objetivos e incontestables, a la información excesivamente vaporosa que aportan los datos sobre percepción y a un conjunto de indicadores formales de carácter institucional que pueden significar mucho o absolutamente nada. En efecto, resulta de una gran complejidad medir la corrupción, incluso es difícil su propia definición. Como afirman Villoria y Jiménez, el fenómeno es difícil de estudiar, para empezar, por la propia confusión semántica que la palabra “corrupción” arrastra.

Estos autores proponen una compleja y algo barroca definición: “Un abuso de posición de un servidor público con un beneficio directo o indirecto, con incumplimiento de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los servidores públicos”. En suma, al abuso de poder se debe unir al beneficio privado y al incumplimiento normativo. Esta definición es parcial al reduir la corrupción al incumplimiento normativo; por otro lado, habría que tener en cuenta los posibles acuerdos corruptos previos para que la ley no incorpore como prohibidos actos poco éticos, pero que interesa a actores públicos relevantes que no se persigan. Un ejemplo de esta modalidad sería la elaboración de una ley por un Parlamento, en la que se conceden privilegios a algún lobby o sector económico, a pesar de la ineficiencia que ello genera, como consecuencia de haber asumido los legisladores los objetivos de las empresas que ellos regulan, a cambio de financiación de sus campañas electorales: es lo que se denomina “captura de políticas”.

Dentro de la corrupción pública o institucional se pueden distinguir diferentes tipos de corrupción:

Corrupción con robo (daño económico a la Administración) o sin robo. La gran mayoría de los casos de corrupción en España implican el robo directo o indirecto de recursos económicos de carácter público.

Corrupción política en la que están implicados los cargos políticos, sean estos electos o nombrados por razones políticas o bien la corrupción administrativa en la que están implicados los funcionarios o empleados públicos, seleccionados, en principio, por criterios meritocráticos. Normalmente, cuando hay corrupción administrativa generalizada hay también corrupción política. Pero no tiene por qué pasar a la inversa, es decir, puede haber corrupción política extensa y la Administración mantener unos elevados niveles de integridad.

• Corrupción por niveles de Administración: Estado, comunidades autónomas y Administración local. Cada uno de estos tres niveles tiene sus áreas de  riesgo. Para el Estado, por ejemplo, el principal riesgo de corrupción reside en potenciales capturas de las grandes decisiones en el ámbito regulatorio. Las comunidades autónomas tienen riesgo de corrupción en los enormes contratos de infraestructuras, en las subvenciones y, en menor medida, en las autorizaciones, los permisos y las licencias. En la Administración local los ámbitos de riesgo son la contratación, las concesiones de licencias y la gestión urbanística, precisamente el de mayor riesgo que afecta a las comunidades autónomas y a la Administració local.

En esta obra intentaré demostrar que, en España, la corrupción institucional (que es distinta a la corrupción social, empresarial, sindical y de los medios de comunicación, que también van a ser analizados en esta obra aunque con un carácter más tangencial) tiene una base totalmente política que es lesiva a nivel económico para la Administración, siendo, en cambio, la corrupción administrativa residual o inexistente. Por otra parte, los casos denunciados de corrupción han afectado fundamentalmente al nivel autonómico y al nivel local. En los momentos de bonanza económica en los que la construcción era el motor económico del país, la corrupción pivotó sobre la regulación y la gestión urbanística. En paralelo ha habido corrupción en los contratos y subvenciones, y esta dinámica se fue incrementando cuando la construcción se colapsó por la crisis económica.

En cambio, la Administración del Estado ha sido bastante impermeable a la corrupción debido a dos factores: por una parte, no poseen muchos ámbitos de riesgo y, por otra, gracias a que poseen una arquitectura institucional más solvente y unos funcionarios muy profesionalizados. Seguramente la corrupción del Estado se centra en su captura en el ámbito regulatorio, pero  esta es muy difícil de detectar y de demostrar. De todos modos, debe estar presente si se tiene en cuenta la deficiente regulación del Estado de los ámbitos más estratégicos (financieros, telecomunicaciones, transportes, gas y agua), a la desprotección en práctica de los usuarios y a los grandes beneficios que acumulan las grandes empresas presentes en estos sectores.

España parece formar parte de un grupo de países extra­ños al no figurar en la lista de los más corruptos ni, desgraciadamente, en la de los menos. Está en una situación intermedia en la que la escala de grises es muy diferente y que agrupa realidades muy distintas. Siempre suelen tomarse como referencia los informes de la ONG
Transparencia Internacional, que elabora anualmente un índice de percepción de corrupción en cada uno de los 175 países analizados de todo el mundo. En 2015, España ocupa la posición 38, y aunque no parece una ubicación extraordinariamente mala, la sitúa en medio de un grupo de países del sur de Europa, de la Europa del este y en peor posición que Botswana (31), Bután (30), Chile (22) y Uruguay (20). Por delante, obvio, todos los países europeos nórdicos y centrales y los países anglosajones. La sensación, en todo caso, es de un claro retroceso, ya que hace diez años España estaba situada en el puesto 22, junto a Francia. 

 ¿Significa que durante estos últimos años de la crisis ha habido más corrupción que, por ejemplo, en los años de bonanza económica? En absoluto, ya que estamos ante un índice de percepción y, por tanto, un índice poco robusto y totalmente subjetivo. Lo que sucede es que ahora hay una potente luz mediática y social (y probablemente también una lente cognitiva de aumento que exagera la realidad) que observa a la corrupción gracias a los 1.700 casos judiciales abiertos en la actualidad. Que hay una percepción social preocupada por la corrupción lo corrobora la encuesta del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que la ubica como la segunda preocupación de los españoles.

Según esta misma encuesta, analizada por Manuel Villoria en un estudio de 2015, los niveles de confianza política han caído a datos históricamente bajos: si se toman las series del CIS desde 1996, se han perdido más de 20 puntos desde entonces (del 50% al 30%) en los niveles de confianza política de los españoles. El Eurobarómetro de 2013 también ofrecía datos muy contundentes sobre la percepción de la corrupción. Ante la afirmación “de acuerdo con que hay corrupción en las instituciones nacionales de mi país”, el 95% de los españoles estaban de acuerdo. Era el porcentaje más alto de Europa, solo superado por Grecia (97%) y cerca de Italia (93%) y República Checa (94%). Por ejemplo, en Francia (76%) y Alemania (74%), la percepción de corrupción es también muy alta, pero a mucha distancia de España.

El fenómeno de la corrupción en España ya ha saltado sus fronteras y en abril de 2015
The Economist se hizo eco del mismo haciendo referencia a que el “amiguismo” de los políticos era ni más ni menos que el culpable de la crisis económica. Hay datos inquietantes que lo avalan: una investigación reciente de la Universidad Libre de Bruselas constató que, de 1995 a 2007 (los años de la mágica bonanza económica), la economía española crecía a un ritmo del 3,5% anual, pero la productividad bajaba a un ritmo del 0,7%, elemento que se puede entender como multicausal (desde baja productividad, a la inflación, la política monetaria, etc.). Sin embargo, el elemento crítico y sorprendente es que esta investigación detectó que las empresas menos productivas crecían más que las productivas. Las empresas que crecían y eran cada vez menos productivas eran precisamente las que trabajaban para las administraciones públicas que, además, eran las que recibían más préstamos de las entidades financieras.

Este debate sobre el impacto económico de la corrupción es relevante; se trata de un tema crítico que amenaza a nuestro precario modelo de Estado del bienestar en la misma línea de flotación. En este sentido, la Universidad de Las Palmas llevó a cabo, en 2013, un estudio cuantitativo y cualitativo que concluyó que el impacto económico de la corrupción es de 39.500 millones de euros. Los resultados de este estudio no han estado tampoco exentos de críticas. Para obtener cifras más completas lo más conveniente es analizar los dos grandes focos de la corrupción: los contratos públicos “sobreprecios” injustificados y la evasión fiscal. De esta forma, se pueden medir los dos focos más relevantes de las finanzas públicas: uno sobre los outputs, o el gasto, y otro sobre los inputs, o los ingresos (o la falta de los mismos). El dato más espectacular de los que he consultado lo aporta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (
CNMC), que en un informe de principios de 2015 considera que la factura de la corrupción en la contratación pública es de 48.000 millones de euros anuales. Esta cantidad sideral de millones de euros equivale al 4,5% del PIB. En todo caso, decir que esta enorme cantidad está vinculada directamente con la corrupción es una licencia del lenguaje, ya que es la cantidad que se pierde por unos deficientes mecanismos de contratación pública y por la falta de competencia en determinados mercados de servicios públicos.

Claro que el estudio también afirma que “la falta clamorosa de competencia es una de las condiciones necesarias que conduce a la corrupción”, o a la inversa: “Cuando hay corrupción siempre existe falta de competencia”. El mapa que elabora este informe es que la contratación pública alcanza el 18,5% del PIB (194.000 millones anuales) y que se paga un sobrecoste injustificado en estos contratos del 25%, lo que da como resultado los 48.000 millones que representan tres décimas más del déficit público comprometido con la Unión Europea (UE) para el presente ejercicio presupuestario (4,2%). Eso significa, ni más ni menos, que si las administraciones públicas hubieran contratado bien a nivel técnico y sin derivas corruptas, España no tendría que haber acometido apenas ningún recorte en los servicios públicos por culpa de la crisis económica. Otra cosa distinta es la evasión fiscal de empresas y profesionales. Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estimaron en 2013 que España dejaba de ingresar 79.000 millones de euros al año en impuestos en comparación con la media ponderada de los países de la UE-27, especialmente por lo que no se recauda, debido al fraude, la evasión fiscal, la recaudación en el impuesto del IVA y en el de IRPF. En un comunicado, Gestha explica que la recaudación por IVA aportó 18.653 millones anuales menos a las arcas públicas españolas que en el resto de Europa, un fenómeno que se entiende por el escaso rendimiento de este impuesto sobre el consumo, que solo logra recaudar 9,7 euros por cada 100 que se gastan, frente a los 12,3 euros de media del conjunto de países europeos. Estas cifras sitúan a España en el último lugar del ránking recaudatorio del IVA, pese a que las dos subidas aprobadas en 2010 y 2012 acercan al país a la media europea de tipos nominales.

Si sumamos la cantidad derivada de la evasión fiscal con el sobrecoste de los contratos públicos, llegamos a la cifra de un déficit para las arcas públicas de 127.000 millones de euros, que equivale al 12% del PIB actual de España. Los datos son mareantes y, por desgracia, es incontestable que en España la corrupción social y política es el principal lastre para su desarrollo económico, sostenibilidad del sistema público y mantenimiento de un Estado del bienestar.

De esta manera, se puede decir que la corrupción es la lacra que está fulminando a la clase media española asalariada, que percibe como paga unos impuestos de los más elevados de Europa (con un marginal que superaba el 50% hasta mediados de 2015) y que recibe unos servicios públicos cada vez más limitados y de peor calidad que la obliga a sobrecostes de mutuas sanitarias privadas, planes de pensiones, etc. Este déficit fiscal guarda mucha relación, en cuanto a las arcas públicas, con el gran tamaño de la economía sumergida y la economía delictiva en España. Definir la economía sumergida y la economía delictiva es difícil y hay una disparidad de datos que, en todo caso, reflejan la intensidad de este fenómeno en España en comparación con la media europea.

Guillermo de la Dehesa hace el siguiente acopio de datos: los estudios recientes sobre el tamaño de la economía sumergida, en 2012, muestran porcentajes bastante dispares: según Schneider (2013), alcanzaba el 19% del PIB; según la Fundación de Estudios Financieros (FEF, 2013), el 19,2% del PIB; según el Gestha (2013) el 25,6% del PIB y según Santos Ruesga y Domingo Carbajo (2013) el 28% del PIB. Estos porcentajes son todos superiores a la media de la UE (18,9% del PIB) y muy superiores a los de otros grandes miembros de la Eurozona como Francia (11%) y Alemania (13,7%), salvo en Italia, donde alcanza el 24,3% del PIB. Esto explica parcialmente que, en 2012, la recaudación por IVA en España alcanzase menos del 5% del PIB frente al 7% de media en la UE y la recaudación de los impuestos indirectos alcanzase el 10,1% del PIB frente al 13,6% de la UE. La reciente encuesta europea, Eurobarómetro (2014), estima que el trabajo en negro en España podría alcanzar al 33% de todos los trabajadores. Conviene recordar aquí que tan defraudador es el que presenta la factura sin IVA como el que la acepta.

A esta economía sumergida se añade, finalmente, la economía delictiva, que opera totalmente fuera de la ley y con dinero negro, compuesta por el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando de mujeres, niñas y niños, de órganos corporales y de especies, así como la prostitución inducida y la distribución de drogas. Estas actividades tienen todas en común que están financiadas, casi en su totalidad, con billetes en euros, en dólares y francos suizos de elevadas denominaciones, cuyos propietarios o usuarios no pueden ser detectados por ser billetes al portador y que estos suelen intentar lavar en paraísos fiscales, a los que solo en estos últimos años las autoridades fiscales nacionales les están haciendo frente. En 2007, en plena burbuja inmobiliaria y de la construcción, circulaba en España el 36% de todos los billetes de 200 y de 500 euros del área del euro, cuando el PIB de España era solo el 11,9% del total del área, es decir, tres veces menor, un porcentaje escandaloso."

 
*Carles Ramió es Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra, institución de la que ha sido vicerrector y decano. Ha sido director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Ha impartido cursos en numerosas universidades e instituciones internacionales entre las que destacan Harvard y el MIT.

lunes, 8 de febrero de 2016

La "formación inicial" en la Función Pública

"La duda es si el  volumen de medios para la formación tiene efectos reales sobre unas Administraciones Públicas que siguen aún ancladas en pautas de funcionamiento poco o escasamente innovadoras en la mayor parte de los casos"

La formation des fonctionnaires se heurte à deux dilemmes; faut-il des spécialistes ou de géneralistes? Doit-on privilégier la formation initiale ou la formation en cours de carrière?
(Luc Rouban, La fonction publique, La Découverte, 1995)

La Mirada Institucional. Rafael Jiménez Asensio.- La cita que abre esta entrada tiene ya más de veinte años. Y la tensión sobre cómo formar a los funcionarios sigue en pie. Partiendo de la distinción clásica de la OCDE, la disyuntiva en este terreno siempre se ha planteado entre formación y estructura de la función pública; esto es, sobre cómo articular esa formación en un “sistema de carrera” (cuerpos o escalas) o en otro de “empleo” (puestos de trabajo).

El primero (sistema de “carrera”) siempre ha procurado mimar la formación inicial y en algunos casos inclusive se ha hecho patrón de la polivalencia (el modelo más acabado es la ENA francesa, institución singular donde las haya), puesto que a partir de esos mimbres se articulaba el ingreso en determinados cuerpos o la progresión profesional en los distintos escalones de la Administración Pública. Mientras que el segundo (sistema de empleo) olvidaba o situaba en un plano secundario por lo común esa formación de acceso, puesto que no se ingresaba a un haz de empleos, sino solo a un puesto de trabajo. Acreditadas las competencias para ejercer ese puesto de trabajo (generalmente singular) la formación inicial perdía buena parte de su sentido, salvo que la administración (como así se hace a veces en otros países) estructurara una formación de acogida para encuadrar al empleado en un contexto y en una cultura específica de la organización.

El problema radica en aquellos sistemas de función pública, como el nuestro, en los que sinceramente con el paso del tiempo “nos hemos ido haciendo un lío”; pues tenemos algunos elementos del sistema de carrera (cada vez menos) y hemos conocido un empuje sustantivo y desordenado de influencias de los sistemas de empleo, que se han ido apropiando de amplios ámbitos de la organización pública. Es lo que académicamente se denominan –con no poca complacencia- “sistemas mixtos”, que combinan elementos de ambos modelos. No son precisamente paradigmas de buen funcionamiento, tampoco en lo que a formación se refiere.

Es verdad que el campo de la formación de empleados públicos ha tenido en los últimos tiempos un vigor evidente tanto desde una perspectiva cualitativa como cuantitativamente. La formación continua, en efecto, ha conocido una gran expansión. Desde un punto de vista cualitativo se están llevando a cabo experiencias metodológicas importantes que cuestionan muchos de los formatos tradicionales, mejoran las herramientas o los procesos, innovan o ponen en marcha nuevos modelos de aprendizaje, invierten en la transferencia de conocimiento, así como alinean correctamente formación con gestión. Son ejemplos que habrá que seguir de cerca. Algunas instituciones públicas y un colectivo de buenos profesionales funcionarios o del campo de la consultoría ya son vanguardia en esa línea. Pero hasta que no se resuelva el correcto encaje de la formación continua con la estructura de función pública y también con la carrera profesional, así como con la evaluación del desempeño, esas iniciativas no pasarán de ser buenas propuestas con algunos efectos positivos (buenas prácticas), pero sin impactos estructurales sobre el funcionamiento de nuestras organizaciones públicas en su conjunto.

El retorno de la formación
Cuantitativamente hablando, la formación continua mueve (todavía hoy, con todas las restricciones derivadas de la crisis y de su mejorable gestión) un buen número de recursos de recursos, aunque se hayan visto reducidos en los últimos años. La duda es si tal volumen de medios tiene efectos reales sobre unas Administraciones Públicas que siguen aún ancladas en pautas de funcionamiento poco o escasamente innovadoras en la mayor parte de los casos. Esfuerzos se están haciendo para cambiar las cosas. Pero la lentitud en los resultados es la regla.

Frente a ese “esplendor” (al menos aparente) de la formación continua, la formación inicial, o incluso la formación de acogida en la función pública, es la eterna olvidada. En muchos sitios ni existe. Entrar a trabajar al sector público se asemeja a veces con hacerlo a un supermercado (aunque en muchas de esas empresas la formación de acogida es bastante más intensa y extensa que la existente en el ámbito público). Tal vez piensen que ello se debe a que, hoy por hoy, apenas hay ingresos en la función pública. Pero eso, aun siendo eso cierto en parte, no excusa ese radical abandono o ese carácter residual en el que se ha convertido tal tipo de formación. En verdad, la formación inicial en los útlimos treinta años ha sido la gran olvidada. La crisis, además, ha congelado plantillas. Pero más pronto que tarde, ante el envejecimiento gradual del empleo público, habrá que hacer frente a nuevas incorporaciones. Y esa “savia nueva” no puede alimentarse como antaño de interinidades o temporalidades “aplantilladas” sin que nada de lo anterior cambie y dando solución de continuidad a lo que tradicionalmente se venía haciendo. ¿Para qué formar a esos interinos y temporales “si ya saben lo que deben hacer”? Si este es el enfoque, mal vamos.

Uno de los problemas sustantivos de las administraciones públicas es que han articulado el reclutamiento de sus empleados a partir del sistema educativo existente y, más concretamente, de las titulaciones universitarias. Un tema complejo, que no podemos tratar aquí. Pero en estos momentos, tras el desarrollo (caótico y mentiroso, por cierto) del sistema europeo de educación superior, construir los puntos de entrada al sector público solo a través de la diáspora de las titulaciones de grado y postgrado del sistema universitario es condenar a la administración pública a la más absoluta inoperancia. Convendría pensar en cómo cohonestar una formación universitaria que se asienta en determinadas competencias alejadas (al menos en teoría) de la memorización con las exigencias de entrada a no pocos cuerpos de la administración pública en los que la memoria es el recurso más valorado, por no decir que sería necesario repensar si lo que hoy en día se aprende en las universidades o lo que se exige en las oposiciones sirve realmente para algo en relación con lo que hace la administración pública en nuestros días o lo que hará en un futuro más o menos inmediato. Todo parece barruntar que poco o nada.

Gestión de la sucesión

La distancia existente entre la formación universitaria y las necesidades actuales y futuras de las administraciones públicas hace necesario un cambio radical de estrategia. Siendo la formación continua una necesidad objetiva e inexcusable como medio de adaptación a una sociedad en constante cambio, no lo es menos que la formación inicial al menos en términos estratégicos y de impacto debería ser objeto de atención central en estos momentos (por no hablar de “la formación de relevo” que supla en conocimiento que en los próximos años perderá el sector público por la jubilación masiva de cuadros superiores; sobre este punto el importante “Plan de Empleo” aprobado recientemente por el Gobierno Vasco: http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/29789-gobierno-vasco-aprueba-primer-plan-empleo-para-atajar-envejecimiento-desigualdad-interinidad-del-personal-que-trabaja-administracion-general-euskadi).

Las administraciones públicas requieren cada vez más personas polivalentes o con fácil capacidad de adaptación y esa formación solo la pueden impartir las propias organizaciones públicas. La Administración Pública necesita cada vez más construir espacios (al igual que han hecho algunas grandes empresas) de “Universidades o Escuelas de Formación corporativas del sector público”, donde su profesorado sea en gran medida propio de tales entidades y se enseñe lo que realmente necesita la Administración ahora y en los años venideros (práctica efectiva y herramientas nuevas, así como se aborden los retos a los que la organización pública se enfrenta). Asimismo, la formación en valores y en ética pública o en integridad, así como en transparencia, gobierno abierto, participación ciudadana o administración electrónica y simplificación administrativa, son ámbitos necesarios para un buen ejercicio de las actividades profesionales en un entorno público del siglo XXI. Los empleados públicos que accedan a las respectivas instituciones deben saber desde el primer día que su función principal es la de servir a la ciudadanía y la de emplear los recursos públicos de forma sobria, eficaz y eficiente. Todo esto alguien se lo debe enseñar. Y no debe ser “de fuera”, sino principalmente “de dentro”. Hay que crear conocimiento interno y apotar por la creació estratégica de redes de formadores del sector público en los diferentes niveles de gobierno y entidades públicas.

Llama la atención que, salvo en algunos cuerpos de funcionarios que tiene un ciclo de formación inicial (normalmente devaluado y que sirve las más de las veces como período de “descomprensión” tras un duro proceso de “oposiciones”; por ejemplo, en la judicatura, cuerpos de policía, funcionarios con habilitación de carácter nacional, etc.), en la generalidad del empleo público español, especialmente en el ámbito autonómico y local, la formación inicial brille por su ausencia.

Nadie ha medido las letales consecuencias que ha tenido ese déficit para la falta de construcción de una institucionalidad fuerte en la función pública. Nadie parece haber evaluado qué resultados está produciendo esa ausencia de formación inicial o de acogida, a ser posible de carácter selectivo también. Los costes de esa anomia formativa no computan. Las personas acceden a las administraciones públicas y “se sientan” en una silla o se ubican en un despacho sin que nadie les haya explicado dónde están, qué van a hacer, cómo ejercer las funciones y tareas, ni menos aún cuál es el sentido y finalidad de su oficio, que presumiblemente ejercerán “de por vida”. Así las cosas, que nadie se extrañe de la escasa vinculación con las organizaciones públicas (o de ese mal o deficiente desempeño contextual) que una y otra vez se da por desgracia en las entidades públicas. Algo habrá que hacer para remediarlo.

domingo, 7 de febrero de 2016

Opinión: ¿ Qué función pública queremos ?

Es urgente articular un sistema de ayudas para la preparación de oposiciones que rompa la barrera de entrada al funcionariado y asegure la representatividad social de la administración
 
Post relacionado sobre novedad editorial: “La Función Pública durante el Franquismo”
 
Eduardo Fernández Palomares y Clara Mapelli Marchena. Opinión de El País. 4.2.2016.- La sociedad española ha soportado con extraordinaria entereza y madurez democrática más de un lustro de durísima crisis económica. Y los empleados públicos hemos tratado de atender los servicios públicos necesarios para paliar los efectos de la crisis, en un contexto de intensas restricciones presupuestarias.

Este esfuerzo se ha visto reconocido por nuestros conciudadanos, como pone de manifiesto el último de los estudios sobre la calidad de los servicios públicos elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas. El 67 % de los encuestados señalaba en 2014 que los empleados públicos merecemos mucha o bastante confianza, frente al 52% de 2010.
 
España está afrontando un escenario postelectoral en el que las capacidades de negociación y pacto van a resultar esenciales para resolver los problemas de la vida pública. Y, leyendo los programas electorales que los principales partidos políticos presentaron para las elecciones del 20-D, parece que el debate sobre nuestra función pública comienza a formar parte de la agenda de buen gobierno.
 
Imparciales y objetivos
Como punto de partida es preciso subrayar que los funcionarios debemos ser, tal y como establece nuestra Constitución, imparciales y objetivos. Es precisamente esta posición la que nos permite asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos y servir los intereses generales. Por esta razón existe la garantía de inamovilidad, que es la que en ocasiones nos permite decir, retomando aquella célebre serie británica: "No, ministro". Somos, además, un colectivo comprometido con los valores de ética y servicio público. Compartimos muchas de las críticas que se hacen a nuestras administraciones y sabemos que no hay pócimas mágicas: solo reflexión y trabajo para trazar el camino hacia un servicio público de calidad, ajeno al partidismo, de élite, pero no elitista.
 
Por eso pensamos que ha llegado el momento de abrir un debate entre las fuerzas políticas y sociales sobre el modelo de función pública que queremos construir entre todos. Y nos gustaría aportar desde dentro una visión para que la función pública siga sirviendo a los ciudadanos, a la agenda de regeneración democrática, a las reformas estructurales y a la modernización del país. Un grupo de funcionarios llevamos un tiempo trabajando en un documento de propuestas que queremos que sea abierto, no partidista, y que nutra el debate. Pretendemos alejarnos de la idea de que somos un lobby con intereses particulares con intención de influir en los políticos para seguir manteniendo unos supuestos privilegios.
 
El funcionario ha de garantizar la imparcialidad y evitar la descapitalización, de manera que el servicio llegue a los ciudadanos de forma eficaz.
 

Nuestra propuesta gira en torno a tres ejes: el método de selección, la carrera administrativa y el papel del directivo público.Comenzando con la selección, los cuerpos y escalas de funcionarios siguen siendo la noción clave para entender nuestra administración tal y como se ha configurado históricamente. Han permitido una especialización, independencia y profesionalización considerables de la función pública española. Asimismo, la existencia de una función pública estatal consolidada ha servido de dique de contención frente a la corrupción: en aquellos ámbitos en los que se ha debilitado, se han dejado sentir negativamente las consecuencias. Pero el método de acceso, esencial para reflejar la diversidad social y promover la igualdad de oportunidades de los ciudadanos, se enfrenta a importantes retos.
 
En el actual contexto de restricciones presupuestarias, el Tribunal de Cuentas ha denunciado cómo los principios constitucionales de acceso al empleo público (igualdad, mérito y capacidad) se están poniendo en riesgo por la cobertura anómala de los servicios. Por eso debemos planificar de forma efectiva nuestras necesidades en materia de recursos humanos en el medio y largo plazo, como ha señalado reiteradamente la OCDE. Pensamos, en este sentido, que articular un catálogo completo y coherente de profesiones del Estado podría ser un primer paso.
 
Por otra parte, las conocidas oposiciones, que permiten seleccionar de forma objetiva, pública y competitiva a quienes acreditan los conocimientos necesarios, no pueden suponer una barrera para quienes no cuentan con recursos económicos y sí con un enorme potencial como servidores públicos. En un proceso de transformación gradual del sistema de acceso, creemos que resulta inaplazable articular un sistema de ayudas para la preparación de oposiciones que rompa esta barrera y asegure la representatividad social del servicio público. Es, además, ineludible adaptarse a los nuevos tiempos del espacio europeo de educación superior. Los actuales cursos selectivos que se imparten en las escuelas de administración pública a quienes han superado la fase de oposición deberían transformarse en másteres universitarios que completen los conocimientos y aptitudes valorados en las pruebas selectivas con la evaluación de competencias y habilidades profesionales imprescindibles para desarrollar nuestras funciones.
 
Una vez dentro del servicio público, es imprescindible una carrera motivadora, incentivadora de la innovación, pero exigente y que evalúe el rendimiento. Es un derecho y un deber del funcionario, además de un instrumento organizativo flexible. Ha de garantizar la imparcialidad y evitar la descapitalización, de manera que el servicio llegue a los ciudadanos de forma eficaz. Para ello, la remuneración debería estar vinculada a una evaluación, pero complementada con una planificación estratégica profesional. Ya hay experiencias en esa línea y, sin duda, ese debería ser el camino. Los ciudadanos reclaman una Administración responsable y unos funcionarios comprometidos: la evaluación del desempeño y la carrera administrativa pueden ser la levadura de este cambio.
 
Directivos públicos
Por último, la figura del directivo público requiere más atención mediática y política de la que a día de hoy ha recibido. Es la verdadera bisagra entre la esfera política y la administrativa. La sociedad debe contar con los mejores directivos públicos, con aquellos que sean capaces de liderar proyectos transformadores y vinculados a los ejes de la acción de Gobierno. En este punto se abren varias opciones, que necesariamente deben quedar para el debate, aunque no faltan referencias en otros países: sin ir más lejos, el modelo portugués constituiría un buen punto de partida. En éste, un órgano independiente recluta, evalúa y propone una terna al Gobierno, en atención a los méritos y capacidades de los candidatos. La clave es la transparencia y la obligación de motivar los nombramientos. Esta obligación conllevará una mayor profesionalización, a la vez que mantiene cierto margen de confianza o discrecionalidad, necesaria en los puestos directivos.
 
En definitiva, y teniendo bien presente que no existen «bálsamos de fierabrás», creemos que debemos reflexionar entre todos sobre las reformas necesarias en materia de función pública. En la era 2.0, de la trasparencia y de la regeneración democrática, sería una imprudencia arrinconar al servicio público. En una Europa que mira al horizonte 2020 con enormes retos sociales, políticos y económicos, quizá la función pública constituya un inestimable elemento vertebrador. Sirva este texto como muestra de su vocación de servicio para que nuestros gobernantes puedan dirigir el país hacia el futuro.
 
Eduardo Fernández Palomares y Clara Mapelli Marchena son administradores civiles del Estado. Firman también este artículo Xose Areses Vidal, Carmen Blanco Gaztañaga, Pedro Colmenares Soto, Ana Gallego Torres, Gonzalo Gómez de Villalobos, Sancho Íñiguez Hernández, Mª Luz Labrada Tellado, Israel Pastor Sainz-Pardo y Jorge Souto Alonso, también administradores civiles del Estado.

viernes, 5 de febrero de 2016

Mutxamell (Alicante), Tiana, Sant Just Desvern (Barcelona), Benaguacil (Valencia) y Noaín (Navarra), premiadas por su gestión medioambiental

Estos premios de periodicidad anual se otorgan a aquellos municipios de más de 5.000 habitantes que presenten evidencias de la existencia de un compromiso político con el desarrollo sostenible
 
Revista de prensa. EP.- El Ayuntamiento de Mutxamell (Alicante) ha sido el municipio galardonado en la categoría de Ciudad Sostenible en la XIII edición de los Premios Ciudad Sostenible, que concede anualmente la Fundación Fórum Ambiental con el apoyo de Fira de Barcelona, como reconocimiento al esfuerzo de los municipios al desarrollo sostenible.
 
En Noaín, Navarra, el Parque de los Sentidos
incluye huertos urbanos
El acto de entrega de premios se ha celebrado este miércoles 3 de febrero en la sede del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y ha estado presidido por la ministra en funciones, Isabel García Tejerina.
 
Estos premios de periodicidad anual se otorgan a aquellos municipios de más de 5.000 habitantes y Entes Locales Supramunicipales de España en los que se hayan ejecutado satisfactoriamente actuaciones dirigidas a la sostenibilidad en un período de dos años de duración, y que presenten evidencias de la existencia de un compromiso político con el desarrollo sostenible.

Agenda 2030
Mutxamell es un municipio de Alicante que se adhirió a la agenda 2030 de la ONU para desarrollar planes de acción para el medio ambiente. Algunas de las iniciativas por las que ha sido reconocido con el premio a Ciudad Sostenible han sido el acondicionamiento de senderos, la recuperación de jardines del municipio o la formación en agricultura sostenible, entre otros.
 
Por otro lado, en la categoría de Residuos, el premio ha recaído en el Ayuntamiento de Tiana (Barcelona) por su sistema de recogida de residuos, consistente en una bolsa que contiene un chip y que es entregada a los ciudadanos para que reciclen en sus casas. El finalista en esta categoría ha sido el Ayuntamiento de Santiago de Compostela por el proyecto 'Tropa Verde'.
 
Respecto a Gestión del Agua, el galardón ha sido para el Ayuntamiento de Benaguacil (Valencia), por 'Aquaval', un proyecto que consiste en la instalación de sistemas urbanos de drenaje sostenible. El finalista en este apartado ha sido el Ayuntamiento de Benidorm (Alicante).
 
Educación Ambiental
En Educación Ambiental, el jurado ha concedido el premio al Ayuntamiento de Noáin, Valle de Elorz (Navarra) por la construcción del 'Parque de los sentidos'. En esta categoría ha habido dos finalistas: el Ayuntamiento de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) por 'Un paso más' y el de Puente Genil (Córdoba) por 'El bosque de los niños'.
 
Por último, en la categoría de Eficiencia Energética, se ha otorgado el premio al Ayuntamiento de Sant Just Desvern (Barcelona) por su plan de acción de energía sostenible. El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Barcelona) ha sido finalista por su proyecto de concienciación 'Corre o camina contra la pobreza energética'.
 
Al acto también han asistido el presidente de Fundación Forum Ambiental, Ramón Roca; el director general de Ecoembes, Óscar Martín; y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra. La ministra, que ha clausurado el acto felicitando a los ganadores de los premios, ha señalado que España va "en buena dirección" con respecto a la consecución de modelos de desarrollo sostenible y que "la sostenibilidad es básico para un desarrollo que sea sólido, global y a largo plazo".
 
Tejerina ha insistido en la necesidad del papel de los municipios y las ciudades para el desarrollo sostenible, al ser estos un "escenario importante" y ha recalcado que las grandes ciudades deben estar "en primera línea" a la hora de cumplir los objetivos globales, pues son "instrumentos clave" en materia de gestión medioambiental. La ministra ha concluido que los municipios y ciudades españolas ofrecen, con estos modelos sostenibles, una "oportunidad" para la creación de empleo y para la mejora de la economía local de sus ciudadanos.