jueves, 21 de agosto de 2014

Novedad editorial: Reforma del Régimen Local

Domingo Zaballos: “¿Qué sucederá con las leyes autonómicas sobrevenidamente contrarias a la nueva regulación básica estatal?”.
 
Blog espublico: Decía Francisco Umbral, en una de sus agudas reseñas bibliográficas, que “hay libros que pesan más de lo que enseñan”, una forma bien literaria de descalificar la obra de un autor. Pues bien la que ha coordinado ese infatigable entusiasta de la Administración local que es el magistrado Manuel J. Domingo Zaballos referida a la reforma del régimen local (en Thomson Reuters Aranzadi, 2014) es justamente de las que enseñan más de lo que pesan. Y pesa bastante por el tipo de papel que utiliza la editorial.
 
Las leyes de Administración local, tanto las que produce el Estado como las que salen de los parlamentos regionales, son un filón para los estudiosos que bucean en ellas como entomólogos a la búsqueda de nuevos insectos o el microbiólogo que toma el microscopio para anunciar al mundo el descubrimiento de algún microbio relevante y de prestigio. Se advierte en esas obras sobre Administración local cómo se reiteran asuntos ya sabidos, de puro sobados, pero también cómo se alumbran nuevas perspectivas y se avanzan nuevas soluciones a viejos problemas.

¿Nueva función publica local?
El libro que lleva la firma general de Domingo Zaballos acoge las de muchos autores de forma que se combina el trabajo académico de catedráticos bien conocidos con el de profesionales de la Administración local que también tienen bien instalados sus apellidos en la nómina de las personas a las que es preciso leer cuando de achaques locales se trata. Y quien quiera un análisis completo de la ¿nueva? función pública local ahí tiene las aportaciones precisamente de Domingo (páginas 637 a 729) para saciar cumplidamente su curiosidad.
 
En otro de los capítulos del libro, el propio Domingo analiza el problema de “¿qué sucederá con las leyes autonómicas sobrevenidamente contrarias a la nueva regulación básica estatal?”.
 
El art. 149.3
La respuesta debería ser simple por aplicación de la cláusula de prevalencia contenida en el articulo 149. 3 de la Constitución. Pero resulta que está redactada de forma confusa, al contrario de lo que ocurre con análogo precepto en la Ley Fundamental alemana cuyo artículo 31 no deja lugar a las dudas: “el derecho federal quiebra el derecho de los Länder”. Quiebra o rompe, no simplemente “prevalece”, verbo que el constituyente alemán expresamente descartó como sabemos los estudiosos del derecho público de aquél país.
 
En España, el asunto fue históricamente discutido, durante la II República, con ocasión del magno pleito de la ley catalana de cultivos ante el Tribunal de garantías constitucionales. La Constitución había establecido en su artículo 21 que “el derecho del Estado prevalece sobre el de las regiones autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas en sus respectivos Estatutos”.
 
Nuestro actual artículo 149.3 señala hoy que las normas del Estado “prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las Comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la competencia exclusiva de éstas”. Se trata de una norma de colisión que presupone que las dos normas en concurso están actuando de acuerdo con su propia esfera de atribuciones. Ahora bien, preciso es admitir -y lamentar- que el Tribunal Constitucional haya sido remiso a la hora de invocar esta regla de la prevalencia y se haya refugiado, de acuerdo con el lenguaje serpenteante que a veces cultiva, en expresiones ambiguas como “título prevalente” (sentencias 56 y 57/1983) u otras un poco indefinidas y en esta actitud ha permanecido hasta cuando ha emitido su juicio sobre el Estatuto de Cataluña (sentencia 31/2010). Podríamos decir que la regla de la prevalencia no ha sido vista con buenos ojos por la mayoría de los magistrados constitucionales pues, como ha dicho uno de ellos “ni siquiera ha sido deconstruida en el sentido derridiano del término, sino que simplemente ha sido olvidada en nuestra jurisprudencia” (Rodriguez-Zapata, voto particular a la sentencia 247/2007).
 
Una adversidad -la respaldada por la jurisprudencia constitucional española- que gravita sobre un sistema como el nuestro, necesitado, por la fragmentación que padece, del ponderado manejo de los mecanismos garantizadores de la unidad.
Por eso, los conflictos en este espacio local están servidos. Para gozo de cuantos gustan del enredo jurídico.
 
Reforma del Régimen Local.           La Ley de racionalización y sostenibilidad de las administración local: veintitrés estudios. Varios autores. Coordinado por Manuel J. Domingo Zaballos

Reseña: La ley objeto de estudio viene a ser una proyección sobre el régimen jurídico de las Entidades Locales de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (modificada por LO 9/2013, de 20 de diciembre).
Partiendo ante todo de la situación derivada de la crisis económica, incorpora esta ley una nueva concepción de las competencias municipales; porque no estamos ante una ley cualquiera, sino que afecta a la propia arquitectura del Estado, incidiendo no sólo en el nivel municipal y provincial, sino también en el autonómico y estatal. Sin poder decir que estemos ante una nueva «LOAPA», sí constituye una reconstrucción del Estado, principalmente del nivel local, pero con afecciones asimismo a las Comunidades Autónomas.


Esta nueva ley plantea serios problemas en su puesta en práctica tanto para municipios como diputaciones. No pocos en materia del estatuto de los cargos electivos y del personal –secretarios e interventores, personal eventual, personal directivo–. Se refuerza el papel de la Administración del Estado sobre el régimen jurídico de los primeros y se establecen límites sobre la dedicación exclusiva y retribución de los cargos electivos, así como del número de personal eventual (asesores).

La ley afecta al régimen de los consorcios locales, de las mancomunidades, de las entidades locales menores, así como de las empresas públicas y en aspectos tan importantes como el patrimonio municipal del suelo o el órgano competente para la aprobación de los presupuestos en determinados casos.

El detalle de todas estas innovaciones normativas aparece al poco tiempo de la entrada en vigor de la ley y convenientemente tratado en la obra incluyendo veintitrés estudios, a cargo de especialistas en la materia que, sin dejar de lado la perspectiva estrictamente jurídica, tratan de dar solución a los numerosos problemas prácticos que lleva consigo su aplicación en las entidades locales.

 

miércoles, 20 de agosto de 2014

El 70% de litigios entre Estado y CCAA acaban en acuerdo antes de llegar a Tribunal Constitucional

 Según declaró J. Ignacio Romero en el curso titulado: "La transformación de las Administraciones Públicas: nuevos modelos de gestión".
 
Revista de Prensa. EFE. Santander, 19 ago.- El director general de de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, Juan Ignacio Romero, ha afirmado que el 70 % de la litigiosidad entre Estado y comunidades autónomas por cuestiones competenciales acaban en acuerdo previo antes de llegar al Tribunal Constitucional.

Palacio de la Magdalena, sede de la UIMP en Santander
En concreto, ha reconocido que a pesar de la "muy alta" conflictividad registrada en esta legislatura por la difícil situación económica, las Comisiones Bilaterales de Cooperación son eficaces.
 
"Soy partidario de evitar el conflicto en todo lo posible", ha resaltado Romero y ha añadido que "el principio de lealtad institucional existe y está funcionando bien desde un punto de vista técnico".
 
En este sentido, ha defendido el "trabajo técnico" de los funcionarios nacionales y autonómicos para la preparación de las conferencias sectoriales que sirven de órganos de para los consejeros y los ministros de cada ramo.
 
Estas declaraciones las ha realizado durante su participación en el seminario "La transformación de las Administraciones Públicas: nuevos modelos de gestión", que se está desarrollando en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.
 
"Toda  reforma de las AAPP  se reduce al final a una política de personal"
 
Romero ha centrado el resto de su intervención en la labor realizada por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) y la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA), y ha afirmado que "toda gran reforma de la Administración Pública se reduce al final a una política de personal".
 
En esta línea, ha recordado que ya se ha procedido a un "proceso de simplificación" que ha afectado más de cincuenta organismos y entes públicos.
Romero ha destacado otras futuras actuaciones como el proyecto de reforma de la Ley sobre el régimen jurídico de las Administraciones Públicas para la "unificación" de las personalidades jurídicas de las diferentes administraciones pública.
 
Además, ha añadido también que se está preparando una nueva regulación para las fundaciones del sector público que vaya más allá de la actual normativa.

lunes, 18 de agosto de 2014

Los regalos institucionales de los ministerios sortean la crisis

El obsequio más caro son los 21 bastones de mando grande regalados por Interior y por los que pagó un total de 3.479,4 euros.

 Revista de prensa. EP. 17.8.2014.- Cinco ministerios llevan repartidos más de 15.000 regalos institucionales desde el comienzo del Gobierno de Mariano Rajoy, entre los que destacan botellas de aceite de oliva, bolígrafos con el anagrama oficial y relojes. Los obsequios más caros son los bastones de mando grande otorgados por Interior y por cada uno se pagó 165 euros.
 
En las respuestas parlamentarias recogidas por Europa Press, el Gobierno no ofrece datos de todos los ministerios y solamente están desglosados los gastos relacionados con los regalos institucionales de Agricultura, Empleo, Interior, Economía y Presidencia, mientras que Hacienda precisa que "hasta la fecha" no ha adquirido ninguno.
 En las contestaciones al diputado socialista José Zaragoza, el importe de los regalos institucionales de estos ministerios asciende a 72.607,39 euros, aunque Interior y Empleo sólo ofrecen datos del año 2014 y no de toda la legislatura. Según señala el Ejecutivo, los diferentes regalos institucionales se imputan a las partidas y conceptos relativos a actos institucionales y atenciones protocolarias y representativas del Gobierno de España.

Aceite de oliva
 El Ministerio de Agricultura es el que más ha gastado en regalos oficiales con una cuantía de 42.853,64 euros. Este importe es el resultado de las 10.816 botellas de aceite --cuyo precio por unidad está entre los 2,5 y los 5 euros, dependiendo del tamaño del envase-- que este departamento compró a las cuatro empresas ganadoras del Premio alimentos de España al mejor aceite de oliva virgen extra en la última campaña 2012/2013.
De este modo, Agricultura representa más de la mitad de la cuantía global gastada por el Gobierno en este sentido al mismo tiempo que ha adquirido el mayor número de regalos institucionales. Todo ello, a sabiendas de que todavía no están contabilizadas las botellas del aceite galardonado en la campaña 2013-2014 que el Gobierno tiene pensado comprar para "promocionar" al secto
 Además de estas botellas de aceite, destacan los 3.000 bolígrafos con el anagrama institucional adquiridos por Presidencia --a un precio medio de menos de un euro-- por los que pagó 2.910 euros en total, y los 50 relojes de entre 134 y 140 euros que ha regalado el departamento que encabeza Soraya Sáenz de Santamaría en estos años para premiar a trabajadores recién jubilados y a empleados con más de 25 años de antigüedad en el Boletín Oficial del Estado.
 En total, el Ministerio de Presidencia ha gastado 11.067 euros desde 2012, donde también se han cargado 80 láminas por un precio global de 521 euros, 10 corbatas y 10 pañuelos de señora por una suma de 583 euros, y una encomienda de la Orden del Mérito al Trabajo por la que pagó 183 euros.
 El obsequio más caro son los 21 bastones de mando grande regalados por Interior y por los que pagó un total de 3.479,4 euros, lo que supone un coste por unidad de 165 euros. También compró 21 bastones pequeños por un total de 1.278 euros, a un precio unitario de 60,88 euros.
 
Condecoraciones
 La partida total de este Ministerio alcanza los 15.635,45 euros, ya que incluye los 950 estuches de condecoraciones para las víctimas del atentado terrorista ocurrido en Madrid el 11 de marzo de 2004, por un coste total de 9.770 euros, entre otros objetos.

Desde Economía y Competitividad, se indica que una cesta de flores costó 150 euros mientras que 20 láminas, cuyo importe medio es de 54 euros, supusieron un gasto total de 1.080 euros. Todo esto, sumado a otros objetos como botellas de aceite y de vino más los 55 libros que Economía regaló en el periodo 2012-2013, resulta una cifra de 2.455,76 euros desembolsados por este departamento.
 
Por último, con los datos aportados por el Gobierno, el Ministerio de Empleo es el que menor gasto registra por regalos institucionales, con tan sólo 595 euros en total tras adquirir 17 bandejas grabadas a un precio unitario de 35 euros.

viernes, 15 de agosto de 2014

12 recomendaciones a tener en cuenta por los países en el desarrollo de sus Estrategias de Administración Digital

El 15 de Julio de 2014 el Consejo de la OCDE las aprobó formalmente 
 
El documento contiene 12 pautas a tener en cuenta en el desarrollo de Estrategias de Administración Digital por parte de los países. Su objetivo es que las Administraciones se acerquen a sus ciudadanos y empresas haciendo uso de las nuevas tecnologías, ampliamente arraigadas en la Sociedad.

El 15 de Julio de 2014 el Consejo de la OCDE adoptó formalmente el documento de Recomendaciones para el desarrollo de Estrategias Administración Digital, con el objetivo de conseguir acercar a las Administraciones a sus ciudadanos y empresas. El documento fue desarrollado por el Grupo de Administración Electrónica de la OCDE, dependiente del Comité de Gobernanza Pública. 
En él se separan los conceptos de Administración Electrónica y Administración Digital. Así, señala el documento, la Administración Electrónica se refiere al uso de las TIC para mejorar el funcionamiento de la Administración, mientras que la Administración Digital hace uso de las tecnologías digitales en un sentido más amplio (tecnologías móviles, dispositivos, análisis de datos, etc.) con el fin de que la Administración aporte valor a la sociedad. La Administración Digital ha de integrarse en las estrategias de modernización de las Administraciones.

El documento contiene las siguientes 12 recomendaciones a tener en cuenta por los países en el desarrollo de sus Estrategias de Administración Digital:
 
1.- Incluir una mayor transparencia, apertura e inclusión de los procesos y operaciones de la Administración.

2.- Impulsar el compromiso y la participación de colaboradores públicos, privados y el conjunto de la sociedad civil en el desarrollo de políticas y en el diseño y provisión de servicios públicos.

3.-Arraigar en el sector público una cultura basada en los datos.
4.- Establecer un marco de gestión de riesgos para garantizar la seguridad digital y la preservación de la privacidad, así como adoptar medidas de seguridad efectivas.

5.- Atraer el apoyo y compromiso político para el desarrollo de las Estrategias de Administración Digital.

6.-Asegurar el uso coherente de tecnologías digitales en las distintas áreas políticas y en los diferentes niveles de Administración

7.-Establecer marcos efectivos de organización y gobernanza para coordinar la implementación de las Estrategias de Administración Digital en los distintos niveles de Administración

8.-Fortalecer la cooperación internacional con otras Administraciones.

9.-Disponer de modelos de negocio claros que garanticen la sostenibilidad de las inversiones en la implementación de la Estrategia de Administración Digital

10.-Reforzar las capacidades institucionales para gestionar y monitorizar de manera sistemática la implementación de los proyectos a abordar.

11.-Contratar tecnología de manera innovadora, adecuada al nuevo uso que se hace de ella.

12.-Garantizar que los marcos de regulación, tanto aplicables a políticas sectoriales, como los transversales, tienen en cuenta las nuevas oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales.

Finalmente, se encomienda al Comité de Gobernanza Pública, en colaboración con el Comité de Políticas Económicas Digitales, el seguimiento y monitorización de la implementación de estas Recomendaciones en los Estados Miembro en un plazo máximo de 3 años.

miércoles, 13 de agosto de 2014

PODEMOS se plantea evaluar a los emplead@s públic@s

Hay quienes instan incluso a penalizar con medidas más drásticas como el demérito a efectos de carrera, promoción o movilidad.
 
Revista de prensa. Vozpópuli. 12.8.2014.- Los simpatizantes del partido de Pablo Iglesias debaten sobre una reforma de la función pública. Reclaman pruebas de aptitud tras "cinco o siete años" en un mismo puesto. Abogan por cursos de formación y reciclaje para los que suspendan los test. Hay quienes instan incluso a penalizar con medidas más drásticas como el demérito a efectos de carrera, promoción o movilidad.
Podemos Oviedo. Tomado de Voz Populi.
La tormenta de ideas (brainstorming) ciudadanas en que ha convertido Podemos la confección de su programa electoral para las próximas citas no amaina ni se toma un respiro por vacaciones. La red creada por el partido de Pablo Iglesias continúa poniendo sobre la mesa propuestas arriesgadas, ideas que las formaciones tradicionales no se atreven a sugerir, pero que están presentes en las conversaciones de una calle que pide cambios y regeneración democrática a gritos. Una de las últimas iniciativas que han generado más expectación, y a la vez opiniones cruzadas, entre los seguidores de Podemos es la de revisar la capacidad de los funcionarios "acomodados en su puesto de trabajo sin haber avanzado en sus conocimientos".
 
Evaluaciones periódicas
La postura más compartida por los militantes del partido del círculo es aquella que ve necesidad de realizar evaluaciones periódicas a los empleados públicos (hablan de someterse a ellas tras "cinco o siete años" en un mismo puesto) pero sin llegar a la expulsión o sanciones severas en caso de no superar dichas pruebas. En dichas situaciones, la mayoría se decanta por contrarrestar esa pérdida de aptitud con la realización de cursos de formación y otros planes de reciclaje. Una visión que resume esta afirmación de un simpatizante: "Las oposiciones que se pasan en la pública, se pasan diariamente en la privada. No estoy a favor de destruir empleo público para nada, pero sí que sea más dinámico mediante controles reales de mantenimiento de actitudes y aptitudes".
 
En cambio, hay quienes van más allá y dejan la puerta abierta a penalizaciones. En esta línea, un funcionario en excedencia que trabaja en un organismo europeo apuesta por "un sistema que permita premiar a los buenos (no a los que hacen su trabajo, sino a los que hacen más que lo que deberían o sus resultados son mejores de lo que se espera de él), y uno que degrade a los malos". Según comenta, en la institución europea donde está destinado hay una evaluación "transparente e independiente anual", que lleva aparejada una puntuación. Y tras varias evaluaciones positivas, añade, se puede ascender (horizontalmente), lo que equivale a mayor sueldo. Por contra, precisa, si los resultados son negativos ocurre lo contrario, "e incluso te pueden echar".
 
Degradar
En este contexto, otro seguidor de Podemos se muestra en contra de la expulsión, pero reclama una especie de sanción similar al "demérito" que ya aparece recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). "No me perece ni conveniente ni prudente (la expulsión)", sostiene, pero sí cree que "un funcionario que ha perdido la cualificación para el desempeño de una actividad debe ser degradado hasta el cargo y situación donde ese funcionario pueda desempeñar su tarea". El artículo 96.1 del EBEP contempla como sanción por falta grave (la que prescribe a los dos años) la figura del demérito, que "consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria".
 
De otro lado, también surgen voces que rechazan estos planteamientos y muestran su indignación con todo lo que sea establecer un mayor control sobre los funcionarios. Aquí, un activista señala que el "haber 'aprobado un examen', en la inmensa mayoría de los casos (enchufados aparte), supone a los funcionarios meses, a veces años, de preparación, y por supuesto eso debe darles derecho a una estabilidad laboral". En este sentido, el mismo simpatizante lamenta que muchos ignoren que "ya existe un régimen sancionador y un catálogo de derechos y deberes de los funcionarios". "Sólo es necesario aplicarlo y punto", apostilla. Leer+

lunes, 11 de agosto de 2014

Los vascos ya realizan telemáticamente el 40 por ciento de los trámites ante las administraciones públicas

El 58,7 por ciento de los trámites y procedimientos que oferta el sector público vasco corresponden a los ayuntamientos.
 
Revista de prensa. E:P. 11.8.2014. Dos de cada cinco trámites administrativos que se realizan ante las administración vasca se pueden ejecutar íntegramente por Internet, según los datos del Índice de Sofisticación Electrónica de 2013, una estadística gestionada por el Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno vasco.
 
Este índice mide la evolución y principales características de la administración electrónica desde la perspectiva de la oferta en el conjunto de las administraciones y empresas públicas vascas.
 
 En función de esta estadística, el 58,7 por ciento de los trámites y procedimientos que oferta el sector público vasco corresponden a los ayuntamientos, el 15,6% a las diputaciones forales, el 13% al Gobierno vasco, mientras que el 12,7% restante corresponde a otras entidades públicas como organismos autónomos, Universidad o sociedades públicas.
 
En conjunto, la administración electrónica ha aumentado entre 2012 y 2013 su Índice de Sofisticación en 4,3 puntos porcentuales, de manera que se ha pasado a ofertar el 39,4% de las gestiones administrativas completamente on-line.
 
En función de este estudio, dos de cada cinco trámites se pueden realizar de manera íntegra por Internet, el 37,1% permiten descargar los formularios precisos o también cumplimentarlos y enviarlos electrónicamente. En el 23,6% restante se ofrece información.
 
El Gobierno vasco y los organismos autónomos son las entidades más dinámicas en administración electrónica en la comparativa entre 2012 y 2013, con un aumento de 7,3 puntos el Índice de Sofisticación y de 7,2 puntos, respectivamente.
 
 Las sociedades públicas aumentan 5,8 puntos porcentuales, seguidas de ayuntamientos con 4,5. La Universidad pública y las diputaciones los entes que menos crecen, con 2,1 y 2,3 puntos, respectivamente.
 
Guipúzcoa a la cabeza
Las administraciones públicas guipuzcoanas permiten tramitar por Internet de forma completa el 43,4% del total de procedimientos y trámites ofertados. Le sigue Bizkaia, con un 37,6%, y finalmente Álava, con un 25,3%.
 
  Según ha explicado el Ejecutivo vasco, Álava, el territorio "más retrasado" en facilitar a sus empresas y ciudadanía las gestiones con las administraciones, es el que más crece en el último año, gracias a la evolución de la Diputación y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
 
De este modo, el crecimiento en el Índice de Sofisticación alcanza en Álava los 6,9 puntos porcentuales, Bizkaia 5,2 y 2,4 puntos Gipuzkoa.
 
La Diputación de Gipuzkoa dobla en 2013 su nivel de sofisticación electrónica con respecto a las otras dos, ya que el 63,1% de sus trámites y procedimientos ofertados se pueden tramitar completamente on-line, si bien sufre un retroceso de 8,6 puntos con respecto a 2012.
 
El Índice de Sofisticación es del 34,2% en el caso de la Diputación de Álava, tras un incremento de 10,8 puntos, y el 33,6% en la de Bizkaia, que crece en 3,7 puntos en un año.
 
 El Ayuntamiento de Bilbao sigue encabezando el listado de las capitales con mayor nivel de digitalización, aunque San Sebastián y Vitoria-Gasteiz crecieron más el último año.
 
 En concreto, el Ayuntamiento donostiarra experimenta un aumento de 13,8 puntos, hasta alcanzar un Índice de Sofisticación del 48,7%. El de Vitoria-Gasteiz crece 11,4 puntos porcentuales (con un nivel del 33,5%) mientras que el de Bilbao, pese a que es el que más aumenta entre 2010 y 2013, pierde 3,2 puntos porcentuales y se sitúa en el 50,7%.
 
Dos de cada tres trámites asociados a impuestos y tasas pueden gestionarse de forma completamente electrónica (66,4%), con un crecimiento de 5,8 puntos porcentuales con respecto a 2012. Las gestiones para solicitar servicios ocupa el segundo puesto en 2013, con un 61% y un crecimiento de 3,2 puntos. Los trámites asociados a sanciones alcanzan el 58,7% con una ligera bajada de 3,2 puntos.
 
Los procedimientos incluidos en el apartado de autorizaciones, obtención de carnés y tarjetas consiguen el mayor crecimiento con 8 puntos porcentuales, alcanzando un 26,6% de Índice de Sofisticación. Certificados y visados también superan la media de crecimiento con 5,8 puntos porcentuales y un Índice del 41,3%.
 
 En el último año, el Gobierno vasco ha centrado sus esfuerzos "más en trámites registrales", con un incremento de su Índice de Sofisticación de 17,6 puntos, que en ayudas y subvenciones, con 8 puntos más.
  
Por su parte, las diputaciones forales los concentran en la tramitación electrónica de impuestos y tasas, que aumentan 5,1 puntos, mientras que los ayuntamientos realizan un desarrollo mayor en reclamaciones y denuncias (9,2 puntos más), en certificados y visados (9,1 más) y en autorizaciones, carnés y tarjetas (8,1 puntos más).

domingo, 10 de agosto de 2014

Lecturas de verano sobre el regenaracionismo

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Por Jesús Fernández Villaverde y Luis Garicano. Nuestra normalmente apática sociedad civil se moviliza periódicamente para exigir cambios institucionales que nos acerquen más a Europa (no hablamos aquí de los que buscan imitar a nuestros arruinados primos venezolanos). Desgraciadamente, estos momentos suelen acabar mal: el primero de ellos, articulado alrededor de los ilustrados y la Constitución de Cádiz, sufrió el exilio tras el regreso de Fernando VII. El segundo, el regeneracionismo de Costa y Ortega, murió con la Guerra Civil.
 
Una de las pocas cosas buenas de la brutal crisis económica ha sido el renacimiento de estos anhelos en un nuevo regeneracionismo. Los miembros de este movimiento, cada uno con sus propios matices, comparten una idea común: regenerar nuestra nación para construir una España más democrática, más moderna, más próspera y más justa. A diferencia de los movimientos anteriores, los nuevos regeneracionistas disfrutan de una novedosa herramienta, Internet, que les permite llegar a muchos españoles y aspirar a no terminar como sus antecesores. Por ejemplo, varios grupos se han reunido alrededor de blogs colectivos que analizan nuestra realidad con independencia y claridad.
 
Quizá sea el verano de 2014, ante la eclosión del populismo demagógico, del enconamiento del rupturismo en Cataluña y del desconcierto del partido en el Gobierno (imaginen, ¡hasta el presidente del Gobierno habla de regeneración democrática!), un buen momento para repasar esas ideas y ofrecer una guía de lectura del nuevo regeneracionismo.
 
Empezamos por los más sorprendentes miembros de este movimiento. El blog Hay derecho y el libro del mismo nombre (Ediciones Península, 2014), firmado con el seudónimo colectivo Sansón Carrasco, analizan el profundísimo deterioro del Estado de derecho en España que subyace a todos nuestros problemas. La sorpresa viene por ser los autores del libro notarios y abogados del Estado. ¿Qué hace un grupo de altos funcionarios en la vanguardia reformista? Parece difícil de creer que autores que podrían vivir tranquilamente ganando mucho dinero puedan tener el valor y la independencia para decir lo que saben a riesgo de perjudicar su carrera profesional. Y, sin embargo, lo hacen. El libro es extremadamente valiente e informado, con brutalmente claros análisis de las causas y consecuencias de la impunidad de nuestros altos cargos y ejecutivos. No leerán ustedes análisis más profundos, por ejemplo, de la escandalosa prescripción del delito de César Alierta, de la corrupción de nuestras instituciones y de la importancia del derecho para tratar de enderezar las cosas. A nosotros, que vemos los toros desde la barrera que concede trabajar en universidades anglosajonas, nos impresiona el valor de los autores que escriben cosas que, desgraciadamente, en España no se pueden decir.
 
 Porque una de las características de España es cuánto de lo que todo el mundo sabe (es decir, los cenáculos de Madrid) no se cuenta en ningún sitio en alto, sobre Gowex, sobre Bankia o sobre la financiación de los partidos. El arma secreta del éxito de Occidente durante ya varios siglos ha sido el imperio de la ley, la invención más importante de nuestra civilización. Los autores de Hay derecho explican mejor que nadie cómo este imperio de la ley se ha disuelto en España y cómo debemos de traer nuestro Estado del derecho del exilio en el que vive.
 
El segundo colectivo importante es el formado por un grupo de jóvenes investigadores y profesionales agrupados en el blog Politikon y que han publicado La urna rota: La crisis política e institucional del modelo español (Debate, 2014). La mayoría de los miembros de Politikon son científicos sociales con intereses en política y sociología. Como tales, escriben un libro analítico y basado en la evidencia empírica, pero ameno y entretenido. Su argumento principal (similar al que nosotros hemos apuntado en otras ocasiones) es que nuestra crisis es el producto de una combinación de malas instituciones y una burbuja inmobiliaria que lo permitió todo. Las malas instituciones vienen de unos partidos cerrados y monolíticos, un sistema electoral que impide el control interno (los miembros de los partidos no quieren perder su puesto en las listas) o externo (el sistema electoral tiene un sesgo mayoritario), una Administración pública muy politizada y de la ausencia de cuerpos intermedios (prensa, asociaciones privadas, etcétera) que sirvan de contrapeso a los partidos. La burbuja trajo crédito fácil que dejó a los políticos hacer y deshacer con total olvido del futuro y sin consecuencias en el corto plazo. Lo que diferencia a Politikon y a La urna rota de muchos otros autores es la claridad en presentar reformas posibles sin caer ni en la tentación de prometer milagros ni en la desesperanza, como le gusta decir a uno de los autores, de culparlo todo a que “España esta llena de españoles”. Los miembros de Politikon entienden muy bien que todo sistema político y electoral encara problemas y contradicciones, pero que existen alternativas a nuestras instituciones que, cuidadosamente diseñadas, traerían mejoras marginales.
 
El tercer libro del buen regeneracionista, Qué hacer con España (Destino, 2013), es de César Molinas, el pionero del nuevo regeneracionismo. Su artículo del 10 de febrero de 2009 en Expansión presentando una agenda de reformas para España y su influyente artículo en EL PAÍS del 9 de septiembre de 2012 desarrollando una teoría de la clase política española han sido trabajos clave en la gestación del movimiento. El libro es una lúcida exposición de las causas últimas de nuestra aparente incapacidad para crear instituciones modernas al servicio de los ciudadanos. El problema, según Molinas, es la falta de voluntad de nuestras élites. Estas élites, que disfrutan de jugosas rentas extraídas del resto de la sociedad, se resisten a poner en marcha cambios hacia la democracia y la transparencia que limitarían su capacidad de exprimir nuestro capitalismo castizo.

Cuarto libro
El cuarto libro, quizás el de objetivos más concretos, pero no por ello menos importantes, es ¿Hacienda somos todos?: Impuestos y fraude en España, de Francisco de la Torre (Debate, 2014), un brillante joven inspector de Hacienda que entiende como pocos los entresijos de nuestras cuentas públicas. De la Torre repasa nuestro sistema fiscal, los mitos y leyendas que existen con respecto al mismo, los problemas de recaudación y fraude que sufrimos, y propugna una reforma fiscal que vaya mucho más lejos que el maquillaje de las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno.
 
Terminamos con una mención breve a nuestro trabajo, pues nos consideramos miembros de este nuevo regeneracionismo. Juntos contribuimos regularmente al blog económico NadaEsGratis, inicialmente bajo el paraguas de FEDEA y ahora gestionado de manera independiente por la asociación Nada es Gratis, cuyos autores somos economistas académicos. Nuestras reflexiones sobre la crisis económica y las reformas necesarias están reflejadas en el libro Nada es gratis (Destino, 2011), bajo el seudónimo colectivo Jorge Juan. Uno de nosotros ha escrito recientemente un libro, El dilema de España (Península, 2014), que refleja en muchos casos ideas que hemos desarrollado conjuntamente y con otros autores del blog, y que presenta una agenda regeneracionista concreta de reformas económicas, políticas y educativas necesarias para hacer de España un país comparable a las sociedades más avanzadas de la Europa del Norte.

 Esperamos que esta lista de seis libros sirva a los españoles, incluidos a los más ilustrados de nuestros políticos (que en nuestra experiencia existen en todos los partidos), para plantear una ambiciosa agenda de reformas que transforme a España en la nación que todos soñamos.

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 Lecturas de Verano en Politikon