martes, 30 de agosto de 2016

Cinco ayuntamientos y dos diputaciones no pagaron la tasa obligatoria al organismo que vigila las cuentas públicas

La Airef recaudó en 2015 3,826 millones de euros, que se destinan a pagar el funcionamiento de la entidad. San Sebastián, Vitoria, Palma de Mallorca, Gijón y Hospitalet de Llobregat no realizaron el ingreso correspondiente a 2015, lo mismo que las diputaciones de Jaén y Granada

Revista de prensa. Diario.es.- Al vigilante de las cuentas públicas se le han escaqueado algunas administraciones sin pagar la tasa obligatoria con la que se financia el organismo. Los ayuntamientos de San Sebastián, Vitoria, Palma de Mallorca, Gijón y Hospitalet de Llobregat, así como las diputaciones de Granada y Sevilla, no pagaron en 2015 la parte a la que les obliga la ley para sostener la tarea de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Creada en 2013 por orden de la Comisión Europea para meter en cintura las cuentas públicas y mejorar la calidad de los presupuestos, la Airef sigue siendo una desconocida para muchas de las administraciones que tiene precisamente que controlar. El Ayuntamiento de Gijón reconoce no haber afrontado ese pago en los dos primeros años "porque nadie les informó" que debían hacerlo. Algo similar pasa en el resto de las corporaciones consultadas. El pago no se realizó por puro desconocimiento de que debían hacerlo y hasta que no recibieron un requerimiento del organismo en 2016, aseguran, no sabían que tenían que pagar. Varias, como Palma de Mallorca o Gijón, ya han hecho el pago de 2016 una vez que han recibido el requerimiento (Airef dice que ha enviado una notificación a todos los morosos) pero esperan a conocer el importe de lo que adeudan de ejercicios anteriores al tener que calcular los intereses de demora.

Todas las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos de más de 200 millones de euros de presupuesto deben afrontar este pago, y solo este puñado de entidades no se dieron por enteradas a su debido momento. La Airef emite informes sobre todas estas administraciones (incluida la central), sobre el estado y la viabilidad de sus cuentas y la sostenibilidad de las políticas adoptadas en presupuestos.

Explicaciones
Fuentes próximas al organismo recuerdan que la obligación de pagar se recogió en una ley publicada en el BOE y que son los sujetos tributarios los que deben conocer los impuestos que deben pagar: "Es como si los contribuyentes dijeran que no pagan un cambio en el impuesto del IRPF porque Hacienda no les ha llamado a explicárselo".

Las diputaciones que no pagaban la tasa deliberadamente, por así decirlo, fueron las diputaciones forales vascas de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. Las tres diputaciones pensaban que por su particular condición foral (tanto Euskadi como Navarra tienen haciendas propias por conciertos autonómicas) estaban libres de este pago. Sin embargo, la Airef hizo una consulta a Abogacía del Estado que concluyó que estos organismos debían hacer frente a los pagos como el resto.

Según reflejan las cuentas de 2015 de Airef, las diputaciones pagaron ya bien entrado el año 2016 lo adeudado en 2015. Las cuantías son muy bajas (la más alta es la de Bizkaia con 11.144 euros) ya que la tasa que rige es apenas un 0,00085% de la base imponible. Sin embargo, tal y como confirman desde este organismo, los ayuntamientos de Vitoria y San Sebastián siguen sin proceder al pago.

La dificultad para calcular el impuesto es otra de las barreras con las que choca la Airef para completar su financiación. La ley dice que se hará sobre "importe de los créditos iniciales para operaciones no financieras contempladas en los capítulos" en el caso de que estos superen los 200 millones de euros. Son además las administraciones las que tienen que calcular por sí mismas estos importes, ya que el impuesto se autoliquida. Para facilitar esta operación, la Airef ha tenido que hacer una consulta a la Dirección General de Tributos que explica cómo actuar.


En total, la Airef recaudó en 2015 3,826 millones de euros, que se destinan a pagar el funcionamiento de la entidad. Airef tiene 35 empleados y cuatro directivos se llevan 537.000 euros (alrededor de 133.000 cada uno).

lunes, 29 de agosto de 2016

La mayoría de los funcionarios tiene más de 50 años

El sistema ha perdido, desde 2010, 78 funcionarios y empleados públicos al día. En Fomento solo tres personas están por debajo de la treintena

Revista de prensa. El Boletín.com.- Una cosa es ser una población envejecida y otra es tener más funcionarios por encima de los 64 años que por debajo de los 30. Si alguien se entera de que entre los funcionarios que trabajan (5.155) para el Ministerio de Fomento solamente 3 personas están por debajo de la treintena y 171 tienen más de 64 años creerá que se trata de una especie de broma macabra. 

Pero no lo es. La supremacía de la tercera edad –o de la edad entrada en años– es un denominador común en prácticamente todos los ministerios. En el de Industria, Energía y Turismo, por ejemplo, el desequilibrio generacional se traduce a 8 trabajadores menores de 30 años, y 74 funcionarios por encima de los 64.

Es difícil mantener la productividad en un sistema tan desequilibrado y envejecido que desde 2010 ha ido perdiendo 78 funcionarios y empleados públicos al día. De hecho, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, desde la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa, España ha perdido en total a más de 100.000 funcionarios.Los recortes más agudos se han producido en las comunidades autónomas y ayuntamientos.
El 60% +50 años 
La congelación que ha habido en la oferta de empleo público de las Administraciones Públicas a colación de la crisis ha acabado reduciendo las plantillas y dejándolas (aún) más envejecidas. De hecho, actualmente, cerca del 60% de los funcionarios del Estado tiene más de 50 años. En 2009, los trabajadores que tenían más de esa edad ‘solamente’ representaban al 42% de los funcionarios. Comisiones Obreras calcula que de seguir así, para 2024 se habrá jubilado el 41,3% de los trabajadores de la Seguridad Social.

Es cierto que en el último año la tasa de reposición ha incrementado, lo que ha permitido aumentar y rejuvenecer la plantilla en algunas áreas. Durante los años más duros de la crisis la tasa de reposición apenas llegaba al 10% (un nuevo contrato por cada diez se acababan) y desde el año pasado esa tasa se ha aumentado al 50% y al 100% en algunas áreas determinadas como seguridad, o servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento.

El perfil del funcionario español corresponde sobre todo a personas mayores de 50 años. En estos momentos, según los últimos datos recogidos por el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, España dispone de 1.546.623 funcionarios, de los cuales más de 900.000 superan el medio siglo de edad. Es particular el caso de los trabajadores públicos (134.990) que trabajan en los ministerios. 464 de ellos son menores de 30 años, mientras que 17.081 tienen más de 60.
Más mujeres en docencia y sanidad 
El informe elaborado por la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas incluye información útil para determinar con más detalle cómo es el perfil medio del funcionario español. Por ejemplo, las diferencias que existen en determinados sectores en función del sexo del trabajador. En las plazas de Docencia no Universitaria, las mujeres (260.706) doblan a los hombres (117.852) y en las de Instituciones Sanitarias prácticamente los triplican (214.200 frente a 81.503).


 Los hombres, en cambio, monopolizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (127.428 frente a 13.857) y los centros penitenciarios (15.929 frente a 5.132). 

sábado, 27 de agosto de 2016

Hacienda ha retenido los anticipos a un total de 139 municipios por incumplir información sobre liquidación de presupuestos

La comunidad autónoma con mayor número de municipios que incumplen el artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible es Castilla La Mancha con un total de 44 ayuntamientos

Revista de prensa. EP.- El Ministerio de Hacienda ha retenido los anticipos a un total de 139 municipios en España por incumplir con la normativa que les obliga a informar al departamento que dirige Cristóbal Montoro sobre la liquidación de sus presupuestos. En el caso de la Comunitat, los ayuntamientos afectados son tres de Castellón (Forcall, Ludiente y Navajas) y uno de Valencia (Losa del Obispo).

La lista cerrada a 8 de agosto, a la que ha tenido acceso Europa Press, refleja que la comunidad autónoma con mayor número de municipios que incumplen el artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible es Castilla La Mancha con un total de 44 ayuntamientos. Las CCAA que menos ayuntamientos incumplidores tienen son Galicia, Murcia y La Rioja, con uno cada una de ellas. En esta lista no aparece ningún ayuntamiento de Asturias, Baleares, Canarias, Navarra y País Vasco.

El artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible (LA LEY 3603/2011) precisa, en su punto uno, que en el supuesto de que las entidades locales "incumplan" la oblicación de remitir al Ministerio de Hacienda la información sobre la liquidación de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, de acuerdo con la Ley de Reguladora de las Haciendas locales, la Secretaría general de Coordinación Autonómica y Local procederá "retener" a partir del mes de junio del ejercicio siguiente al que corresponde aquella liquidación, "el importe de las entregas a cuenta y en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les corresponda".

Cuenca y Zamora, las que tienen más incumplidores
De acuerdo con esta regulación, Hacienda ha procedido a la retención de anticipos a cuenta a 139 ayuntamientos repartidos entre doce CCAA, de las cuales, Castilla La Mancha es la más afectada con 44 municipios. La mayor parte de estos se concentran en la provincia de Cuenca, donde un total de 21 ayuntamientos no ha cumplido con sus obligaciones. En Guadalajara son 9; 7 en Ciudad Real; 5 en Toledo y dos en Albacete.

Por número de municipios afectados, le sigue Castilla y León, donde 39 ayuntamientos no han aportado la información requerida, siendo Zamora la provincia con más incumplimientos, un total de 14, seguida de Burgos con 9; Segovia con 4; Valladolid y Palencia, con dos cada una de ellas y León, Salamanca y Soria, con uno ayuntamiento en cada provincia que no ha entregado sus datos.

Andalucía y Aragón están empatadas en el número de municipios incumplidores: 17 cada una. No obstante, en algunas localidades de estas CCAA, la retención se debe a tener pendiente la comunicación de una o varias entidades o sociedades mercantiles que pertenecen integramente a esos ayuntamientos.

Así, en el caso de Andalucía, donde Cádiz es la provincia con más pueblos afectados. De los siete, cuatro lo son por tener pendiente estas comunicaciones de las sociedades municipales: Algar, Barbate, Tarifa y Villamartín.

Lo mismo ocurre en dos de los tres pueblos afectados de Huelva (Escacena del Campo y Nerva) y en los dos de Sevilla: Almadén de la Plata y Carrión de los Céspedes. Los cuatro de Granada, y otro en Córdoba, se verán afectados por esta retención, pero por no presentar los datos de la liquidación presupuestaria.
En Aragón Hacienda también ha retenido los anticipos a cuenta de los ingresos del Estado a 17 ayuntamientos: 7 en Teruel y 10 en Zaragoza. De estos últimos, uno es por no entregar los datos de sus empresas municipales, se trata de Fuendetodos.

En Cataluña son siete ayuntamientos repartidos entre: Lérida (4), Gerona (2) y Barcelona (1). La Comunitat Valenciana tiene cuatro ayuntamientos (tres en Castellón y uno en Valencia), mientras que Cantabria y Extremadura tienen tres ayuntamientos cada una de ellas.


En Madrid han sido dos los municipios que no han entregado a Hacienda sus liquidaciones presupuestarias (Villaconejos y Zarzalejo) y en Galicia, Murcia y La Rioja, un municipio en cada una de estas tres CCAA.

viernes, 26 de agosto de 2016

La Comisión Europea convoca premios para soluciones basadas en TIC reutilizables

La convocatoria tiene varias categorías: Administraciones transfronterizas, Administraciones nacionales, Administraciones autonómicas y Administraciones locales.
La Comisión Europea convoca los nuevos Premios de Compartición y Reutilización (Sharing & Reuse Awards) que reconocerán aquellas soluciones basadas en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que hayan sido desarrolladas y compartidas con éxito por las administraciones públicas y que puedan ser reutilizadas por otras administraciones europeas.

La Comisión considera que la reutilización de softwares que han funcionado bien previamente, ayudarán a ahorrar en tiempo y costes para los usuarios y administraciones, además de mejorar la interoperabilidad entre sistemas. Para promocionar y dar visibilidad a estas soluciones, la convocatoria tiene varias categorías: Administraciones transfronterizas, Administraciones nacionales, Administraciones autonómicas y Administraciones locales.

Pueden participar aquellas soluciones que hayan sido desarrolladas por las administraciones públicas o por una entidad privada pero con el objetivo de ser utilizada por una Administración Pública. Para participar, la solución reutilizable tiene que estar dada de alta en el portal JoinUp, la plataforma colaborativa de la Comisión Europea.

Quienes quieran participar en los premios, deben registrar su proyecto a través de formulario online hasta el 28 de octubre. Los ganadores, que serán anunciados en marzo de 2017, recibirán 15.000 euros y 10.000 euros respectivamente por aquellos servicios y soluciones TIC que cumplan con los criterios de alguna de las cuatro categorías.

La convocatoria de estos premios cuenta con el respaldo del programa ISA2 de la Comisión Europea, cuyo fin es la promoción y modernización de las administraciones públicas a través de más de 20 soluciones que fomentan la interoperabilidad, compartición y reutilización.

Fuente: casadomo.com

jueves, 25 de agosto de 2016

Cuatro consejos para construir un buen lugar de trabajo

Los empleados tienden a sentirse mucho mejor cuando la administración es transparente sobre el progreso, los objetivos y acciones de la compañía

Equipos y Talento.- Gracias a una retroalimentación honesta de los empleados, las conexiones de la compañía y el programa de reclutamiento, Glassdoor empresa dedicada al área de empleo y reclutamiento, ha volcado sus objetivos en conectar a los trabajadores y las organizaciones, así como proporcionar a los empleados potenciales la información más transparente posible.

Según un estudio de Glassdoorpublicado en Forbes, el 60% de los empleados tienen el llamado “remordimiento de los compradores” después de unirse a una empresa, por ello, esta empresa busca dar a la gente las herramientas adecuadas para elegir la compañía que es más adecuado para ellos. Una de esas herramientas es la lista anual de los 50 mejores lugares para trabajar que elabora Glassdoor, desglosado por número de empleados.

Pero ¿cómo puede una organización conseguir un lugar en esta lista? Dos empleados la empresa han compartido sus ideas sobre cómo, cada empresa, puede ser un buen lugar para trabajar:

1.- No tener miedo. Para estar en la carrera, las empresas deben tener una cierta cantidad de revisiones de empleados y, si bien la adopción de nuevas tecnologías y prácticas puede ser difícil para algunas organizaciones, los líderes de Glassdoor recomiendan que las empresas no tengan miedo, en discutir, repensar e incorporar nuevas metodologías de trabajo.

2.- Crear una cultura. No se trata de ofrecer una serie de ventajas a los trabajadores, a pesar de que a menudo juega un gran papel, sino de crear culturas corporativas fuertes que comprometan a los empleados con su trabajo. Para medir cómo es percibida la cultura es necesario hablar con todos los empleados que pueda y obtener sus comentarios sobre los valores, su sentir y misión de la organización. De hecho, los trabajadores que son entusiastas hacia la cultura de su empresa son propensos a ser más positivos.

3.- Ser transparente. Uno de los aspectos más valiosos de la cultura corporativa en todos los ámbitos es la transparencia. Los empleados tienden a sentirse mucho mejor cuando la administración es transparente sobre el progreso, los objetivos y acciones de la compañía.

4.- Fomentar la retroalimentación honesta. Las empresas deben fomentar la retroalimentación honesta, lo que mejora su visibilidad y proporciona una gestión con un feedback actualizado sobre lo que los empleados realmente piensan y lo que quieren ver a la compañía hacer.


miércoles, 24 de agosto de 2016

Carles Ramió: Tres métodos de planificación estratégica para un ayuntamiento

"El plan estratégico implica definir la visión, la misión, los valores y los objetivos estratégicos"

Carles Ramió. Blog EsPúblico.- La planificación estratégica trata de hacer un relato sobre lo que se aspira a hacer, en una institución o en un ámbito de gestión, en el futuro y para ello suele ser muy útil un plan estratégico. El plan estratégico implica definir la visión, la misión, los valores y los objetivos estratégicos que son los ingredientes que facilitan una exposición robusta y motivada sobre la identidad de la institución y sus áreas estratégicas de acción de cara al futuro.

También ayuda a posicionarse ya que la parte previa de un plan estratégico que suele ser el apartado del diagnóstico en el que se apuntan los puntos fuertes y débiles de la institución y las oportunidades y amenazas del momento organizativo en relación a su situación interna y a los cambios en las demandas que formula el entorno. En este sentido la planificación estratégica es la base conceptual de unos objetivos que posteriormente deberán ser más sólidos y precisos. A los cargos políticos les suelen gustar los planes estratégicos y a los empleados públicos no tanto. 

Se suelen criticar los documentos generados a partir de una planificación estratégica en el sentido que suelen ser excesivamente genéricos y que concretan poco. “Sí, todo precioso y muy bien escrito,  ¿pero qué tengo que hacer exactamente?” suele preguntarse un empleado público. Aquí, en cambio, sostenemos la opinión que es importante en la dimensión de los objetivos poseer un documento de planificación estratégica. Esta actividad se asemeja a la construcción de los cimientos de un edificio: implican un elevado coste de tiempo y de recursos económicos y no se percibe, aparentemente, como obra realizada ya que no se trabaja todavía en el edificio que surge a partir del suelo. Pero una organización con unos buenos cimientos es mucho más sólida y consistente de la que no los posee. Es muy importante, a mi entender, poseer un relato conceptual robusto sobre lo que se quiere hacer y por qué se quiere hacer. Este discurso (en la práctica no es más que un discurso) aporta una gran solvencia interna y relacional a la organización o ámbito de gestión que estemos dirigiendo.

Hay distintos tipos de planificación estratégica en función de los objetivos buscados y de la metodología empleada. Aunque no hay unanimidad en la literatura en la utilización de los términos se pueden distinguir tres tipos de planificación estratégica:

1- Plan estratégico: es la planificación estratégica que lleva incorporada la participación y que en su elaboración participan tanto los grupos internos de la organización u organismo (políticos y empleados públicos) y grupos externos interesados en la materia (grupos de interés y ciudadanos). Es una planificación estratégica que busca y consigue un plus de legitimidad democrática. Este es su punto fuerte. Los inconvenientes de esta metodología es que su elaboración se demora mucho en el tiempo (para una organización de tamaño considerable se puede tardar unos dos años), es muy costosa a nivel económico y el resultado suele ser excesivamente genérico y ambiguo. Como es el resultado de la participación, de la negociación y de la transacción entre diversos colectivos y personas los consensos suelen ser sobre mínimos y no sobre máximos.

2- Plan director: es otra metodología de planificación estratégica pero que no implica participación ni legitimidad democrática. Un político, un alcalde por ejemplo, se puede preguntar (y con toda la razón): “¿por qué necesito consensuar nada ni poseer más legitimidad democrática de la que ya gozo al ganar las elecciones con un programa político y de gestión?” En efecto un alcalde atesora, de entrada, suficiente legitimidad democrática y puede planificar y tomar decisiones de forma unilateral en la mayor parte de las políticas públicas salvo en las más críticas y controvertidas que requieran un reforzamiento de la legitimidad. La metodología de un plan director también consiste en detectar las opiniones y reflexiones de diversos actores pero no como actores políticos sino como colectivos y personas que poseen un discurso conceptual propio sobre el tema objeto de reflexión. Por ejemplo si se entrevista a un sindicalista no se hace porque sea sindicalista (es decir un actor influyente políticamente) sino porque se ha detectado que posee un relato interesante sobre el tema y que es necesario e importante incorporarlo en el análisis. En un plan director se busca el concurso de los expertos pero la decisión se adopta de forma unilateral por el equipo de gobierno. Las ventajas de un plan director son: que es más rápido en tiempo (un municipio o un ámbito sectorial complejo suele demorarse menos de una año), menos costoso económicamente y el documento resultante es más explícito y concreto ya que es un documento de gobierno y no de consenso.

3- Plan de actuaciones o de actividades: aquí la planificación estratégica la elabora de forma unilateral el equipo de gobierno con sus colaboradores. Es un método menos completo en el sentido que maneja menos información experta pero es muy rápido y permite un elevado grado de concreción. Es tan rápido que se puede elaborar en unas pocas semanas o, incluso, en unos pocos días.


No hay una metodología mejor que otra sino que se trata de un ámbito contingente, como la mayoría de los ítems organizativos, y por lo tanto, se elige el mejor método en función de la complejidad del ámbito, de la presión política, del tiempo político disponible, del momento de la organización, etc.  Por ejemplo, si uno ocupa un cargo político o técnico de alto riesgo y que, por ello, es objeto de mucha movilidad (hay cargos que suelen estar ocupados de media, como mucho, durante dos años) pues no tiene sentido, por motivos de falta de tiempo, hacer un plan estratégico y, quizás, tampoco un plan director y no lo queda más remedio que impulsar un plan de actuaciones.

martes, 23 de agosto de 2016

La Oficina de Conflictos de Intereses sólo ha vetado el paso al sector privado de dos altos cargos en diez años

Durante el mismo periodo, 194 altos cargos recibieron el permiso de esta entidad para realizar actividades privadas

Diario.es.- La Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, solo ha dictado dos resoluciones de incompatibilidad en la última década para ex altos cargos del Gobierno que querían incorporarse al sector privado durante los dos años siguientes a su cese, según datos obtenidos de una petición de información enviada por el diario.es a través del Portal de Transparencia.

Durante el mismo periodo, 194 altos cargos recibieron el permiso de esta entidad para realizar actividades privadas en cotizadas españolas, empresas de armas y compañías del Ibex.

La ley de regulación de altos cargos aprobada en 2006 establece que cuando estos últimos quieran prestar “servicios en entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo desempeñado” durante el periodo de dos años tras el cese “deben solicitar y obtener la autorización” del Gobierno. La Oficina es la encargada de fiscalizar las actividades privadas de los altos cargos que han cesado de sus responsabilidades.

La entidad solo halló incompatibilidad con el nuevo puesto privado en dos ocasiones durante los últimos diez años: los casos de Lourdes Arana y Alfonso Martinell.

Lourdes Arana, ex directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), recibió la negativa del Gobierno para incorporarse como directora en la Universidad privada de Deusto. La Oficina determinó que la nueva actividad era contraria a la ley de conflicto de intereses, ya que la FECYT había adjudicado a la universidad cuatro contratos por 14.000 euros y una ayuda de 20.000 durante su periodo como máxima responsable de la entidad pública.

Argumentación de la Oficina de Conflicto de Intereses para negar la compatibilidad a Lourdes Arana para trabajar para la Universidad de Deusto
Argumentación de la Oficina de Conflicto de Intereses para negar la compatibilidad a Lourdes Arana para trabajar para la Universidad de Deusto

Nombrada en mayo de 2009, durante el mandato de Cristina Garmendia como ministra de Ciencia (e Innovación), Arana sí recibió el permiso para constituir su propia empresa de consultoría.

Alfonso Martinell fue director general de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia de Cooperación Española (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, entre 2004 y 2008. En enero de 2009, solicitó la autorización para firmar un contrato de servicios con la Fundación Carolina, de naturaleza público-privada.

Resolución de la Oficina de Conflicto de Intereses negando la compatibilidad a Alfonso Martinell
El Gobierno resolvió que ese contrato era incompatible ya que los ex altos cargos no pueden “celebrar contratos de asistencia técnica o de servicios con las Administraciones Públicas durante los dos años siguientes a su cese. Sin embargo, la Oficina sí le autorizó a firmar un contrato para la producción de materiales didácticos con la AECID, la agencia de cooperación donde fue director general.

"A rajatabla"
Fuentes del Ministerio de Hacienda defienden que el organismo “cumple a rajatabla” la Ley de Altos Cargos y aseguran que sus resoluciones se basan en los informes de los organismos competentes. Apenas el 0,5% (2 de 363) de las resoluciones referidas a altos cargos que querían realizar “actividades privadas” tras su cese vetaron el fichaje por el sector privado desde su creación en 2006.

Un informe del Tribunal de Cuentas ya denunció este año el funcionamiento interno de la Oficina, al asegurar que no estaba cumpliendo con los objetivos con los que fue creada. El documento, que analiza la fiscalización del organismo entre 2012 y 2014, critica que la Oficina se limitó a solicitar aclaraciones a los ex altos cargos sobre sus declaraciones de bienes y actividades pero "no desarrolló las facultades que le atribuye la ley para verificar e investigar" la información declarada.

El informe también denuncia que durante ese periodo no se tramitó ni conoció denuncia alguna sobre presuntos incumplimientos de la ley de incompatibilidades. “Está claro que cabe una interpretación más estricta de la ley”, opina Marcos Vaquer, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III. “Otra cosa es que la Oficina de Conflicto de Intereses no quiera hacerlo de esa manera”, opina.

La independencia del organismo también está en entredicho. Expertos y catedráticos en Derecho Administrativo pidieron en el Congreso dotarla de mayor independencia. “¿Qué autonomía vas a tener si estás inserto en la estructura jerárquica de un Ministerio?”, critica Vaquer, que formó parte del grupo de expertos universitarios. Entre las soluciones propuestas, destaca la adscripción del organismo al Congreso o al Consejo de Transparencia.

En 2006, cuando se aprobó la ley y se creó la Oficina, la corrupción solo estaba entre los tres principales problemas de España para un 0,6% de los españoles. Casi diez años después, la percepción de este problema ya se encuentra en el podio para casi la mitad de la población española: más de un 40% lo ve entre los tres principales problemas del país.

Aunque la nueva ley de altos cargos, aprobada en 2015, actualizó la anterior, no contenía ningún cambio relevante. Las autorizaciones para altos cargos se siguen limitando a los dos años siguientes tras el cese, la Oficina sigue dependiendo del Gobierno y los supuestos de incompatibilidad no se han endurecido. “Es verdad que la ley es mejorable, pero sigue dejando un margen de interpretación y se podría aplicar de manera más estricta”, sentencia Vaquer.

Autorizaciones con polémica
Entre las autorizaciones concedidas por la Oficina en los últimos diez años están los casos de siete ex altos cargos de Defensa que fueron autorizados a trabajar para empresas de armas tras su cese, como publicó eldiario.es. Esas compañías de armamento percibieron 3.680 millones de euros en adjudicaciones de Defensa durante el periodo en el que desempeñaron puestos de alta responsabilidad en el Ministerio.

La Oficina no halló ninguna incompatibilidad en trabajar para una empresa de armas justo después de ser alto cargo en el departamento de Defensa. Una cuestión denunciada por Compromís, que ha pedido explicaciones al Gobierno en el Congreso. Denuncian un posible caso de "puertas giratorias" de ex altos cargos del Ministerio de Defensa y piden saber el motivo por el que se habrían autorizado.