Mazazo para los 20.000 policías locales ‘jubilables’: tendrán que esperar a enero

El Gobierno ha comunicado a los agentes que el decreto estará listo en octubre pero que no podrán retirarse hasta comienzos de 2019

Revista de prensa. El Confidencialdigital.com.- Los policías locales que se encuentran próximos a la jubilación tendrán que esperar cinco meses más, como mínimo, para poder retirarse. Supone un nuevo retraso después de que el Gobierno se comprometiera a que los agentes que cumplieran los requisitos para abandonar el servicio a los 60 años pudieran dejar sus puestos en julio de 2017.

Tras tres años de continuos aplazamientos, el PP introdujo el pasado mes de mayo una enmienda en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2018 que garantizaba la puesta en marcha de la jubilación anticipada de los policías locales. 

Días después salió adelante la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Eso sí, con el compromiso del presidente de aplicar las cuentas del Estado para este ejercicio elaboradas por el PP, prácticamente sin retoques.

Ahora, el nuevo Gobierno se ha comprometido a tener listo el real decreto de jubilación anticipada de los policías locales en cuanto haya una resolución positiva del Consejo de Estado. Tiene previsto trasladarle el documento a principios de septiembre. A partir de ahí, estima un plazo de dos meses para llevar el texto definitivamente al Consejo de Ministros.

Según este calendario, los sindicatos contaban con que la norma entraría en vigor el primer día del mes siguiente a ser aprobada. Por tanto, como muy tarde, habría luz verde a principios de noviembre. No será así. Tendrán que esperar varios meses más.

 

Se alude a problemas de seguridad en las calles

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras del proceso, el Gobierno ha trasladado un mensaje de prudencia a los agentes a la hora de solicitar estas jubilaciones de forma inmediata y masiva, en un momento en el que el país se encuentra todavía en nivel 4 de alerta terrorista por la amenaza yihadista.

Les ha recordado que existe el riesgo de que las plantillas se vean excesivamente mermadas a partir del próximo año, en caso de que no se llegue a tiempo para que todo este personal que se marcha pueda ser reemplazado en número suficiente. 

Así, Función Pública se ha dado plazo hasta final de año para reorganizar el personal que permanecerá en activo y ha aplazado las primeras retiradas al día 1 de enero de 2019. Un proceso que está realizando junto a Interior y los ayuntamientos de las grandes ciudades.

Los policías municipales coinciden con el Ejecutivo en que, con la jubilación inminente de un gran número de efectivos o, en otros casos, con su paso a una segunda actividad ajena al servicio y vigilancia de las calles, algunas capitales de provincia quedarán sin apenas plantilla.

 

Continuos incumplimientos del Gobierno del PP

En cualquier caso, este nuevo retraso se suma a los sucesivos incumplimientos del Gobierno de Mariano Rajoy con el colectivo. El Ejecutivo del PP había garantizado que se desbloquearía el decreto para su aprobación el pasado mes de marzo.

Pero ese anuncio acabó de nuevo en nada, después de que el Ministerio de Empleo estableciera que los agentes que cumplieran los requisitos podrían dejar sus puestos en julio del año pasado. Sin embargo, tal y cómo se contó entonces en ECD, el texto ni siquiera llegó a salir del departamento de Fátima Báñez.

El proceso legislativo exige el dictamen favorable del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Ejecutivo, antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros.

Seis meses paralizado por Cristóbal Montoro

Los representantes de los policías locales conocían que la Secretaría General Técnica de la Secretaría de Estado de Seguridad Social había concluido, en la segunda quincena del pasado mes de octubre, el informe para continuar con la aprobación del real decreto que establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los agentes.

En aquel momento, Empleo solicitó a Hacienda la pertinente autorización como paso previo para la remisión del expediente al Consejo de Estado que debe elaborar el informe preceptivo antes de su aprobación definitiva. Pero los agentes denunciaron en mayo que el proceso acumulaba ya un retraso de seis meses.

Nueve meses para llegar al Consejo de Estado

Anteriormente, el decreto había permanecido otros tres meses en la fase de estudio de la comisión técnica. En total, por tanto, arrastraba más de nueve meses entre ambos organismos.

Desde Empleo insistían en que se estaban cumpliendo los plazos habituales para la aprobación de un decreto ley. Defendían que la Secretaría General Técnica de la Secretaría de Estado de Seguridad Social estaba analizando las alegaciones presentadas por los sindicatos, que habían llegado al Ministerio la primera semana de julio de 2017.

A finales del año pasado, los efectivos de la mayoría de grandes ciudades del país que se encuentran al borde de la jubilación comenzaron a organizarse y remitieron una carta al entonces ministro Cristóbal Montoro.

Los sindicatos policiales solicitaron que les confirmase que el real decreto se aprobaría el pasado mes de enero, de forma que ya en marzo se pudieran acoger a la medida, de forma voluntaria, todos los agentes que cumplieran los requisitos legales exigidos. Pero los agentes no volvieron a ser informados de más detalles.

20.000 policías están pendientes de poder retirarse

Se calcula que alrededor de 20.000 policías locales se encuentran en esta situación, aproximadamente el 10% de la plantilla de toda España.

Ahora, un policía local puede retirarse a los 60 años con tal de que haya cotizado durante 35 ejercicios. El decreto contemplará que puedan beneficiarse de un coeficiente de bonificación de 0,20 puntos al llegar esa edad y retirarse cobrando la pensión completa.

Es una fórmula similar a la que desde 2010 ya se aplica a los 8.000 agentes de la Ertzaintza.

¿Cuáles son las Administraciones Públicas más y menos morosas con sus proveedores?

Sólo 11 de los 100 mayores consistorios abonan sus facturas en 30 días, como exige la norma sobre plazos de pago. Las autonomías (45 días) son menos morosas que los ministerios (55). Jaén tarda 589 días.

Revista de prensa. Juanma Lamet. Expansión.- Dicho de otra manera, 9 de cada 10 alcaldes se saltan la norma a la torera. Y sólo cuatro de las 17 comunidades autónomas pagan a sus proveedores dentro de la legalidad. Ni siquiera la Administración central cumple la normativa que obliga al sector público a abonar sus facturas en un plazo máximo de 30 días.

En materia de morosidad, el dicho de que quien hace la ley hace la trampa se vuelve literal. Y muy pernicioso para los contratistas públicos. Sobre todo para los pequeños, como los autónomos, que sufren cada vez más para cobrar sus trabajos para las Administraciones Públicas. Tardan una media de 70 días en hacerlo, más del doble de lo legal. según el último informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, con datos a cierre del primer semestre del año.

 

Los ayuntamientos son los peores pagadores. Tardan una media de 95 días en liquidar sus facturas, más del triple que el plazo legal. Esto es, siete días más que en 2017 y 15 días más que en 2016. Es decir, en sólo dos años, son un 19% más morosos. Hay que recordar que los consistorios son las administraciones para las que más trabajan los autónomos, por lo que el impacto de su morosidad agravan más.


Jaén tarda 589 días en pagar
El caso más sangrante es el de Jaén, que abona sus facturas en nada menos que 589 días de plazo. Esto es, 126 más que en junio de 2017. Es decir, casi 19 veces más tarde de lo permitido por ley. Un autónomo que realiza un trabajo para este ayuntamientos cobrará, de media, un año y siete meses después de presentar la factura. Los proveedores de Telde esperan 457 días para cobrar su trabajo, seguidos de los de Parla (360 días) y Jerez de la Frontera (322 días).

 

Los 11 ayuntamientos que mejor pagan

Los 11 ayuntamientos que cumplen la ley son los de Vigo (14 días de plazo medio), Cáceres (22), Badajoz (23), Alicante (26), Avilés (27), Barcelona (27), Ciudad Real (28), Málaga, Salamanca y Torrent (29) y El Ejido (30).

 

Incumplir la ley contra la morosidad no es precisamente inocuo. Durante la crisis, el 40% de las pymes y los autónomos que tuvieron que echar el cierre lo hicieron por los elevados plazos de pago que sufrían.

 

Por segunda vez, las administraciones autonómicas son las que pagan en menor tiempo, en 45 días de media, pero sin cumplir la ley. Han reducido los periodos medios de pago con respecto a 2017, concretamente en 9 días.

 Los que se ciñen a los 30 días de tope legal son País Vasco (23), Andalucía (27), Navarra (28) y Madrid (30 días, 52 menos que en 2017, cuando era la más morosa). En el lado contrario se encuentran Cantabria (73), Murcia (66) y Comunidad Valenciana (63).

 

La Administración Central se demora 55 días, 13 menos que los 68 de 2017, pero 12 más que en 2016, aún. Hay que tener en cuenta que los autónomos prestan muy pocos servicios a los ministerios

La competencia municipal en el mantenimiento de los cauces urbanos. Ultima doctrina juriprudencial

"El Tribunal Supremo fija que corresponde a los ayuntamientos las actuaciones de mantenimiento y conservación de los cauces públicos que discurran por zonas urbanas"

Por José Antonio Córdoba. Blog ACAL. La presente entrada tiene como objetivo reseñar cuál es el órgano competente para el mantenimiento y conservación de los ríos, arroyos, cauces y demás bienes del dominio público hidráulico en la parte de sus tramos que discurren por zonas urbanas, conforme a los últimos pronunciamientos jurisprudenciales, y concretamente a la vista de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2017.

Pues bien, el artículo 28.4 de la Ley 10/20001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional establece al efecto, sobre las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas:

“4. Las actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas corresponderán a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin perjuicio de las competencias de la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico. El Ministerio de Medio Ambiente y las Administraciones Autonómicas y Locales podrán suscribir convenios para la financiación de estas actuaciones.”

La adecuada interpretación de la norma transcrita exige aclarar a qué “actuaciones” se refiere. Una lectura de conjunto lleva a pensar que se trata de aquellas actuaciones en cauces públicos que no supongan invasión “de las competencias de la Administración Hidráulica sobre el dominio público hidráulico”; es decir, el artículo 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional establece que las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo lo serán también para todas aquellas actuaciones en cauces públicos situados en zonas urbanas que no impliquen ejercicio de competencias legalmente atribuidas a la Administración Hidráulica, normalmente el Organismo de Cuenca.

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2014 estableció expresamente este criterio jurisprudencial, en relación a la reclamación de limpieza del río Tormes presentada por el Ayuntamiento de Salamanca frente a la Confederación Hidrográfica del Duero. Se indica expresamente en dicha sentencia:

“Pues bien, según ha quedado expuesto al analizar los arts. 23 y 24 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, la limpieza del cauce de los ríos a su paso por zonas urbanas no es competencia del organismo de cuenca. Ello significa, por lo que ahora importa, que dicha actividad queda fuera “de las competencias de la Administración Hidráulica sobre el dominio público hidráulico” de que habla el art. 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional y, por consiguiente, que cae dentro del ámbito de aplicación de la regla general establecida por dicho precepto legal, a saber: que se trata de una de esas “actuaciones” genéricamente encomendadas a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Cuanto se acaba de exponer explica por qué no asiste la razón al recurrente al invocar como infringido el art. 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Su argumento central es que la sentencia impugnada ha interpretado erróneamente dicha norma, por entender que olvida que no cabe entender atribuidas a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo aquellas actuaciones que competen a la Administración Hidrológica. Pero hay aquí una petición de principio, pues el recurrente presupone -como se ha visto, sin razón suficiente- que la limpieza del cauce está legalmente incluida dentro del ámbito competencial del organismo de cuenca. De aquí que no quepa afirmar que la sentencia impugnada vulnere el art. 28.4 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional.”

No obstante, la misma sentencia de 10 de junio de 2014 realiza dos observaciones adicionales a tener en cuenta para determinar la administración competente en el mantenimiento de los cauces públicos.

Por un lado, define el alcance de la expresión “zona urbana”, siendo determinante para dicha clasificación que “se trate de un espacio materialmente urbano; esto es, de un pueblo o ciudad y de sus aledaños”.

Observación

Y la otra observación que realizó la Sala en su momento es que la misma “no afirma ni niega, por exceder de su función en esta sede, que la limpieza del cauce del río Tormes a su paso por el término municipal de Salamanca competa al Ayuntamiento de esa ciudad. Determinar cuáles sean “las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo” es una cuestión de derecho autonómico”

Y es esta observación de la Sentencia de 10 de julio de 2014, sobre cuál es la Administración competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que siendo una cuestión de derecho autonómico, es resuelta expresamente en la reciente Sentencia de 13 de diciembre de 2017.

La Sección Tercera de Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga en su Sentencia de 15 de mayo de 2015 estimó los recursos contencioso- administrativos acumulados n.º 627/2013 y 455/2014 y declaró que la competencia para la conservación y adecuación de los arroyos del término municipal de Málaga corresponde a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Málaga la recogida de los residuos sólidos arrojados a esos arroyos. Acogía así las pretensiones de este último que había requerido en dos ocasiones a la Administración autonómica para que se hiciese cargo de la limpieza de esos cauces sin obtener respuesta de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a la que se había dirigido.

Frente a dicha sentencia se presentó recurso de casación por la Junta de Andalucía, el cual ha sido resuelto por el Tribunal Supremo en su Sentencia nº 1962/2017 de 13 de diciembre, estimando el recurso de casación interpuesto, desestimar los recursos presentados por el Ayuntamiento de Málaga, y declarando que la competencia para realizar las actuaciones que dieron lugar al litigio corresponden al Ayuntamiento de Málaga.

Esto es, el Tribunal Supremo fija que corresponde a los ayuntamientos las actuaciones de mantenimiento y conservación de los cauces públicos que discurran por zonas urbanas.

Se indica expresamente en la referida sentencia:

“De este modo, volvemos a la interpretación del artículo 28.4 de la Ley 10/2001 –que es el que las establece en lo que ahora importa– y al afrontarla en las condiciones descritas, debemos dar un paso más respecto de los dados por la sentencia de 10 de junio de 2014 (casación 1489/2012), si bien conducirá, en este caso, al mismo resultado.

No es otro que el de afirmar que, a efectos de actuaciones en los cauces públicos cuando de zonas urbanas se trata, la competencia no puede ser otra que la municipal pues así resulta de los principios que informan el régimen local a partir del postulado constitucional de la autonomía local tal como la ha entendido el Tribunal Constitucional [sentencias 37/2014, 121/2012 y 240/2006 y las que en ellas se citan]. A falta de disposición expresa de sentido contrario y tratándose de actuaciones de ejecución en zonas urbanas, puede considerarse que la regla es la competencia municipal y la excepción la competencia autonómica. Tal conclusión es coherente, además, con las atribuciones que las normas legales estatales en materia de régimen local confieren a los ayuntamientos respecto del urbanismo. En efecto, el artículo 25.2 a) de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, con el cual sintoniza, por lo demás, el artículo 92.2 a) del Estatuto de Autonomía de Andalucía, les atribuye competencias, entre otras materias propias del urbanismo, en: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.”

Así pues, conforme a los últimos pronunciamientos jurisprudenciales, resulta que los ayuntamientos son las administraciones competentes para llevar a cabo el mantenimiento y conservación de los cauces públicos en los tramos que discurren por las zonas urbanas, como administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo; con las consecuencias que ello supone en otros ámbitos, como por ejemplo, en supuestos de posible responsabilidad patrimonial por defectos en la limpieza de los cauces públicos, cuestiones de salud pública, etc.

Mis ideas en 1988 sobre las Administraciones Autonómicas y sus procesos de reformas: La significación del hecho autonómico

 "Las Comunidades Autónomas nos ofrecen en su evolución y análisis puntos de reflexión importantes en cuanto a la posibilidad de reforma de algunos aspectos básicos"

Por Andrés Morey Juan. Tu blog de la Administración Pública.- En noviembre de 1988 se celebraba en Vitoria un Seminario sobre Modernización Administrativa organizado por el IVAP, en el que participé y que hoy traigo aquí al encontrar el texto que sirvió para desarrollar mi ponencia y su posterior publicación  por el citado Instituto Vasco  de Administración Pública. De dicho seminario quizá mi recuerdo más agradable fue el intercambio de algunas impresiones con mi admirado  Alejandro Nieto. Pero la somera lectura y revisión de lo escrito y dicho, casi 30 años después, no me ha producido rechazo total y, al contrario, sino que me ha hecho pensar en las cosas dichas entonces.

No voy a reflejar toda la ponencia, empezaré por el punto 3 titulado El hecho autonómico y la reforma administrativa. Los puntos anteriores se dedicaban a una introducción y a fijar la idea de la reforma administrativa y también su conexión con la reforma política. El punto 3 comenzaba así:Ya hemos señalado en el punto anterior que un factor de reforma administrativa lo constituía el establecimiento por la Constitución Española de las Comunidades Autónomas como elemento estructural del Estado y como nueva Administración Pública. Sin embargo, la cuestión se destacaba precisamente para poner de manifiesto la conexión entre los cambios políticos y las consecuentes reformas administrativas.

En este punto se va a tratar de especificar en primer lugar la significación del hecho autonómico en la reforma administrativa y, en segundo lugar, los puntos concretos que pueden ser objeto de reforma.

3.1.- Significación del hecho autonómico

Aún teniendo en cuenta la existencia de una etapa preautonómica de transferencia de competencias estatales a los denominados Entes preautonómicos, la decisión constitucional de la creación de las Comunidades Autónomas no es la consecuencia de un proceso sino, más bien, el inicio del mismo. Quiero decir con ello que la Administración Autonómica no constituye una organización experimentada, y con base para afrontar con absoluta garantía cualquier cambio que se planteara en los procedimientos de gestión y administración consecuentes al cambio político y administrativo realizado. De otro lado, de todos es sabido, que la Administración Central del Estado no transfirió al personal que venía realizando en ella las funciones directivas.

No obstante, esta situación no debe considerarse como absolutamente negativa, ya que ha colocado a las Administraciones Autonómicas frente a la realidad de que su construcción constituye un factor histórico extraordinario y no claramente repetible, en el que eran posibles nuevos planteamientos o, en ocasiones, una vuelta los orígenes, en el sentido de que cabía recrear las decisiones que implica el nacimiento de una nueva Administración. En estos nuevos planteamientos y decisiones para la formación de una Administración nueva y distinta, si cabe, es precisa una buena dosis de ingenuidad y un claro espíritu revisor y crítico.

Esta dosis de ingenuidad y el propósito político de cambio presente en las Comunidades Autónomas no cabe duda que constituyen en sí un motor de reforma administrativa que hay que tener en cuenta, sin prejuicio de que posteriormente veamos aspectos contradictorios al analizar los obstáculos a la reforma administrativa. En algunos casos este propósito de analizar el propio proceso administrativo se ve expresado en la creación de las Comunidades Autónomas de Institutos propios de Administración Pública.

Sin embargo, la realidad del cambio en las Comunidades Autónomas y su relación con la reforma administrativa solamente puede confirmarse a través de sus ordenamientos jurídicos. En la medida en que las Comunidades Autónomas, dentro del orden constitucional, pueden crear sus ordenamientos jurídicos propios. ajustados a sus intereses y peculiaridades y capaces de mejorar las situaciones precedentes, en esa medida, constituirán un motor de reforma administrativa y una consolidación del cambio político.

En este proceso la Administración estatal no puede desentenderse, desempeña también un papel importante en cuanto a ella corresponde el diseño de un ordenamiento jurídico básico que permita el desarrollo de la variedad autonómica con mantenimiento de la unidad. La consolidación de las Comunidades Autónomas no supone únicamente la de sus Administraciones, sino que en sí constituye una reforma administrativa paralela de la Administración Estatal.

Partiendo, pues, de lo dicho cabe considerar que los principales puntos en los que la acción de las Comunidades Autónomas pueda determinar un cambio o una reforma serán básicamente los siguientes: a) las estructuras básicas generales. b)las estructuras orgánicas y c) la función pública. Es decir, aquellos puntos que constituyen el campo fundamental para que exista autoorganización y autogobierno.

De otro lado, las Comunidades Autónomas nos ofrecen en su evolución y análisis puntos de reflexión importantes en cuanto a la posibilidad de reforma de algunos aspectos básicos; punto este que analizamos a continuación

Continuaré en otra entrada y pronto (Ver parte II) , enumerando los procesos básicos de reforma en las Administraciones autonómicas. Sólo acude ahora a mi mente que, visto lo visto, la dosis de ingenuidad estaba en mí mismo y ante todo por creer que la reforma política estaba hecha, aunque faltara su consolidación a través de la administrativa o, simplemente, en pensar que a algún político le pudiera interesar lo que reflexionábamos unos pequeños o grandes teóricos (grupitos de locos dejados a su aire) o lo fueran a utilizar, salvo para bastardear lo más posible los fines que se pretendían reflejar como lógicos o convenientes. 

Evolución de la administración electrónica (2000-2018): las cinco etapas del duelo

"Lo malo es que hemos tardado tanto en aceptar la realidad que, entre debates y debates internos, se nos ha olvidado implantarla…"

Por Víctor Almonacid.-Blog NosoloAytos.-  Según la fuente Wikipedia, que seguiremos a lo largo de toda la entrada, el Modelo Kübler-Ross, comúnmente conocido como las cinco etapas del duelo, fue presentado por primera vez por la psiquiatra suizo-estadounidense Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) en su libro On death and dying, en 1969. Este libro describe, en cinco etapas distintas, un proceso por el cual la gente lidia con la tragedia, especialmente cuando es diagnosticada con una enfermedad terminal o una pérdida catastrófica. 

Además, este libro expuso la necesidad de un mejor tratamiento a los individuos que están lidiando con una enfermedad fatal. Muy probablemente conocían este modelo de las cinco etapas del duelo, pero quizá no habían asociado, hasta ahora, la teoría de la Dra. Kübler-Ross a las fases por las que pasa la evolución de la administración (electrónica). La aplicación de este modelo a la misma es, en cierto modo, un resumen histórico de las etapas por las que hemos atravesado las AAPP este siglo.

1.- Negación

Esta primera fase, la de la negación de la administración electrónica, fue larga, y de hecho algunas personas aún se encuentran en ella. Recordemos que la negación es solamente una defensa temporal para el individuo, un mecanismo de autodefensa contra una realidad que consideran incómoda: «Ahora mismo me siento bien», «no van a producirse estos cambios que me perjudican», «esto no me puede estar pasando», «la Administración es papel… Y siempre lo será». Y otras peores: «la firma electrónica no es una firma legal», «la Ley dice que no hay que hacer nada si no tenemos disponibilidad presupuestaria, y no tenemos»… Hablamos de una etapa que pudo comenzar incluso en el siglo pasado, con la introducción de la informática en las organizaciones públicas (especialmente asociada a la contabilidad y a los padrones), pero tuvo varios picos a principios de este siglo, especialmente en 2003 (ley de firma electrónica, ley general tributaria, ley del patrimonio de las AAPP) y sobre todo 2007 (ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y ley de contratos). 

Al final, muchas referencias legales a trámites electrónicos pero ninguna obligatoriedad. Este dato, unido al bajo nivel de exigencia del usuario, alimentaron esa mentira repetida mil veces que para algunos parecía una verdad: la administración NO es electrónica. Ver perfil “Doctor No” en esta entrada.

2.- Ira

El tiempo pasa y empiezan las evidencias. Difícil argumentar desde 2007 que una persona no tiene derecho a elegir el cauce a través del cual se dirige a la administración. Para colmo, algunos Pepitos Grillo machacábamos con las bondades de la tramitación electrónica, porque aún cuando era voluntaria y no obligatoria siempre ha sido más legal (o garante del cumplimiento legal), y mucho más transparente y eficiente. Mientras tanto irrumpieron normas que daban la puntilla, como la Ley de impulso de la factura electrónica y la Directiva europea de contratación de 2014. Esto llevó a muchos de la negación al enfado, pues una vez se agota por sí misma la primera fase, el individuo reconoce que su actitud de negación no puede continuar y reaccionan de otra forma. La nueva realidad, ya prácticamente innegable, se considera injusta y atentatoria contra la zona de confort de quienes están llamados a hacer algo. ¡No hay derecho!…  «¿Por qué a mí? ¡No es justo!», «¿cómo me puede estar pasando esto a mí?».  «mucho más trabajo»… Si se deja llevar por la rabia, esta persona se convierte en alguien difícil de tratar debido a sus sentimientos de ira y envidia. Si muchos empleados pasan simultáneamente por esta fase podrían darse bastantes malos momentos de convivencia laboral.

3.- Negociación

La tercera etapa involucra la esperanza de que el individuo puede de alguna manera posponer o retrasar lo inevitable. Dentro del ámbito que nos ocupa, acaeció claramente con la aprobación de las Leyes 39 y 40 de 2015, que regulaban de una manera rotunda y obligatoria un procedimiento que debía ser electrónico y que no podía ser en papel nunca más. «Está bien, la administración será electrónica… Pero en octubre de 2018», «la contratación electrónica igual», «lo implantaremos cuando tengamos los medios o cuando venga el Estado y lo implante; antes no hay que hacer absolutamente nada», «el archivo será electrónico salvo cuando no sea posible, y no lo es». Y otras peores, del estilo… ¿Puedo seguir con el papel hasta que me jubile? Luego, ya, implantad lo que queráis». No obstante en esta fase se puede dar un elemento interesante, y es que la negociación, bien entendida, sí puede ser un buen instrumento para la gestión del cambio. Hablamos de una negociación posibilista, legal, realista pero optimista, con vocación de servicio público, y sobre todo orientada a la consecución de un objetivo común. Una negociación en la que se ofrece formación para salvar el “no sé”, y medios (razonables) para cubrir el “no puedo”. También ánimos para el “quiero y no me atrevo” y una puerta siempre abierta para el “no quiero”.

4.- Depresión

Durante la cuarta etapa, hablando de forma seria desde el punto de vista de una tragedia (real) inminente, la persona que por ejemplo está muriendo empieza a entender la seguridad de la muerte. Debido a esto, el individuo puede volverse silencioso, antisocial y pasar mucho tiempo llorando y lamentándose. Este proceso permite a la persona moribunda desconectarse de todo sentimiento de amor y cariño. No es recomendable intentar alegrar a una persona que está en esta etapa. Es un momento importante que debe ser procesado. Esta dolorosa etapa se concreta, según la Doctora Kübler-Ross, en reflexiones del tipo «Estoy tan triste, ¿por qué hacer algo?»; «voy a morir, ¿qué sentido tiene?»… En la administración algunos cambios se perciben como algo realmente trágico por parte de algunas personas, y por eso no resulta nada agradable asistir a determinadas situaciones, como la de la hipotética victoria de los digitales frente a los analógicos, porque esto nunca ha sido una batalla, sino que, muy al contrario, siempre se ha intentado explicar que estábamos en el mismo barco y que por eso esta transición debía ser participada. Pero no ha sido fácil gestionarlo con quienes negaron, se enfadaron, negociaron (en el sentido negativo), y ahora se deprimen.

5.- Aceptación

«Esto tiene que pasar, no hay solución, no puedo luchar contra la realidad, debería prepararme para esto». La etapa final llega con la paz y la comprensión de que está a punto de llegar (o incluso ya ha llegado) una realidad invencible, la cual incluso ya no se percibe ni positiva ni tampoco negativamente, sino como un simple hecho irrefutable, como esa gran ola que se nos viene encima, de la que no podemos huir, y ante la cual nosotros mismos nos sumergimos bajo el agua para que no nos impacte tan violentamente. De este modo la administración electrónica se convierte para todos en un hecho consumado, una realidad (tanto da, a esta alturas, si buena o mala) con la que debemos convivir. Y así, desde la aceptación, afrontamos el fatídico mes de octubre de este 2018 (una fecha por cierto que para nosotros siempre ha sido testimonial).

Lo malo es que hemos tardado tanto en aceptar la realidad que, entre debates y debates internos, se nos ha olvidado implantarla…

Cómo impulsar mejoras en la administración pública gracias a los datos abiertos

"A través de la reutilización de datos abiertos los ciudadanos, empresas y organismos también han podido crear distintas aplicaciones que optimizan la relación entre la administración y los ciudadanos"

Datos.gob.es- En el contexto económico, social y tecnológico actual, donde todo cambia a gran velocidad, los ciudadanos demandan servicios ágiles y flexibles. La influencia de empresas nativas digitales, que se adaptan a las necesidades personalizadas de sus clientes gracias al uso de algoritmos y soluciones tecnológicas de última generación, está obligando a las empresas tradicionales a transformarse.

La administración pública no es ajena a esta situación, y también se está adaptando para dar una mejor respuesta a las demandas de los ciudadanos. Los datos abiertos son uno de los recursos que tienen a su mano los organismos públicos para alcanzar este objetivo. Gracias a ellos, las administraciones pueden desde fomentar la transparencia y la participación ciudadana, hasta optimizar sus recursos y mejorar su eficiencia.

Hoy en día ya podemos ver algunos proyectos que son ejemplo del papel que pueden jugar los datos abiertos en la modernización de las administraciones públicas:

Aumento de la transparencia

Un gran número de instituciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico y local, han puesto en marcha portales que permiten a los ciudadanos conocer de primera mano cómo realizan su actividad. De esta forma se están obteniendo mejoras significativas en la transparencia y la rendición de cuentas desde las administraciones. Es el caso de  Presupuestos de Aragón o Lo que tú aportas, del ayuntamiento de Valladolid, donde los ciudadanos pueden indicar la cantidad de impuestos que abonan y conocer de forma aproximada cómo se distribuye el dinero aportado.

Esta mayor disponibilidad de información también incrementa las posibilidades de participación directa en los sistemas por parte de los ciudadanos. Cada vez es más frecuente encontrarnos con plataformas colaborativas en torno a temáticas específicas que sirven como herramientas para habilitar nuevos canales de comunicación entre ciudadanos y gobiernos, facilitando la participación activa de los ciudadanos en las políticas públicas. Un ejemplo es TIPI, una herramienta on-line de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Nacida desde la sociedad civil, TIPI está focalizada en el seguimiento de toda la actividad parlamentaria española relacionadas con  21 áreas temáticas como la pobreza, la justicia social o el desarrollo sostenible.

Además, los portales de datos abiertos también facilitan el trabajo de los medios de comunicación a la hora de informar a los ciudadanos. Se pueden encontrar múltiples ejemplos en el canal de periodismo de datos del portal de datos abiertos del ayuntamiento de Madrid.

Mejoras en la eficiencia

Pero los datos abiertos no solo ayudan a mejorar la transparencia. Difundir información sobre los servicios municipales, por ejemplo, ayuda a su promoción y puede aumentar el número de usuarios que disfrutan de dichos servicios. Además, conocer cómo se utilizan estos servicios sirve para identificar áreas de mejora, optimizar su funcionamiento y planificar mejor los recursos.

Por ello, distintos organismos han creado aplicaciones para informar sobre los servicios municipales que ofrecen, como Junta al día, un nuevo canal de información para conocer las noticias más importantes de la Junta de Extremadura, o Eventos Smart Coruña que proporciona un acceso ágil a la información sobre eventos culturales y deportivos de la ciudad tanto de ámbito público como privado.

Además, a través de la reutilización de datos abiertos los ciudadanos, empresas y organismos también han podido crear distintas aplicaciones que optimizan la relación entre la administración y los ciudadanos. Estas aplicaciones suelen integrar información de distintas fuentes (locales, autonómicas y estatales), permitiendo a los ciudadanos tener una visión  global sin necesidad de que cada organismo les informe de manera individual. Un ejemplo es el Perfildelcontratante.es, un servicio de avisos sobre licitaciones, adjudicaciones, y proyectos privados que promueve la participación de las pequeñas y medianas empresas en los procesos de contratación del sector público. Por su parte, Papelea es una plataforma web que busca ayudar a los usuarios a agilizar sus trámites con los diferentes organismos públicos a escala nacional. Papelea integra datos abiertos de más de 60 Administraciones locales, autonómicas y estatales, incluyendo diversa información: plazos, formularios a cumplimentar, procedimiento electrónico, fecha de actualización y datos de contacto.

Muchas de estas aplicaciones o plataformas tienen como objetivo agilizar los trámites con la administración, fomentando la autogestión y liberando recursos que pueden ser dedicados a otras actividades de mayor valor, como subasta BOE, que permite a los ciudadanos participar en las subastas de manera online, o AppValència, que facilita el acceso directo a la sede electrónica del Ayuntamiento de Valencia para consultar instancias, expedientes, padrón y trámites pendientes que se tengan.

Mejora en la toma de decisiones

Otra de las ventajas que las administraciones públicas puede obtener del uso de los datos abiertos es la identificación de patrones que apoyen la toma de decisiones. Por ejemplo, hay experiencias interesantes de análisis del movimientos y acumulación de personas en distintas zonas para tomar decisiones estratégicas en promoción turística.

En este sentido, en los últimos meses han surgido herramientas que ayudan a optimizar la recolección de datos, como Málaga City Sense, una plataforma open data que recopila información del entorno urbano gracias a la colaboración de los ciudadanos y a través de los diferentes dispositivos ubicados en la ciudad. Los usuarios actúan como sensores, generando datos a través de una aplicación móvil que recoge información relativa a la temperatura, humedad o ruido, de forma anónima y segura. Estos datos se comparten con el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Málaga y pueden ser utilizados por el ayuntamiento para mejorar la toma de decisiones.

Como hemos visto, gracias a los datos abiertos las administraciones públicas también pueden obtener beneficios directos como la optimización de sus procesos y servicios, el fomento de la transparencia, la participación activa de los ciudadanos en las políticas públicas o la mejora de la toma de decisiones, entre otros.

Cada vez son más las administraciones que se apoyan en los datos para fomentar la innovación dentro y fuera de la administración. Para continuar por este camino, será necesario seguir promoviendo la colaboración entre la administración y los ciudadanos para desarrollar y probar nuevas soluciones o servicios que impulsen una nueva era de políticas dirigidas por los datos.

Los sindicatos se levantan contra Sánchez por avalar la ley vasca de abusos policiales

Los principales sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil prevén reunirse en septiembre para estudiar medidas contra la retirada del recurso por parte del Gobierno

Revista de prensa. Por Diego Molpeceres. VozPopuli.- En plena polémica por el acercamiento de presos de la banda terrorista ETA a cárceles del País Vasco, el Gobierno de Pedro Sánchez afronta otro conflicto a cuenta de la retirada del recurso contra la ley vasca de abusos policiales que pretende reconocer la existencia de presuntas víctimas de torturas sin necesidad de sentencias judiciales. 

Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil se reunirán en septiembre para marcar una nueva hoja de ruta y estudiar posibles medidas contra la decisión del Ejecutivo socialista, que cambia totalmente la postura adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy. "Se lo advertimos públicamente y no descartamos que podamos tomar alguna acción judicial en contra de esa decisión que, a todas luces, nos parece una prevaricación", afirma en declaraciones a Vozpópuli, Luis Mariano Rodado, secretario general del SUP (Sindicato Unificado de Policía) en Euskadi. Tampoco descartan posibles movilizaciones.

El PSOE acordó hace dos semanas con el Gobierno Vasco realizar modificaciones en el articulado de la norma aprobada por el Parlamento Vasco en 2016 con los votos a favor del PNV y PSE-EE, la abstención de EH Bildu y el rechazo del PP y UPyD. La retirada del recurso acordada en el Consejo de Ministros del pasado viernes llega sin que esas modificaciones se conozcan, aunque la idea es que la norma no busque responsabilidades, sino que sirva para resarcir a los afectados con indemnizaciones. Según explicó el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, afirmó el pasado viernes que "en ningún momento se pretendió que (la ley) entrara en el terreno de la investigación judicial, que entrara a identificar responsables y a definir culpas, sino solamente en el reconocimiento y reparación de las víctimas de esos derechos fundamentales".

El objetivo es aprobar la reforma en octubre, cuando se retome el período de sesiones en la cámara de Vitoria. Pero los sindicatos policiales y algunas asociaciones de víctimas como Covite, reunidas en un grupo de trabajo, quieren dar la batalla hasta el final. "Algo más vamos a hacer, está claro. No estamos dispuestos a que se insulte una vez más a nuestras víctimas ni a que se cuestione la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado", manifiesta en declaraciones a este diario Ramón Rodríguez Prendes, secretario general de la conservadora UGC (Unión de Guardias Civiles). "Vamos a seguir avanzando y vamos a llevarlo a los tribunales que sea necesario. Pero no vamos a tolerar una manipulación de lo que ha sucedido", apostilla. 

Carta a los ministerios

Hace dos semanas hicieron llegar cartas tanto al Ministerio del Interiorcomo al de Justicia y a la propia Fiscalía General del Estado para trasladar su malestar por la decisión de Moncloa. En ella mostraban su temor a que se acabe imponiendo "el relato del conflicto" y que triunfe el intento de construir una "memoria alternativa" que "blanquea el pasado criminal de ETA y ensucia el de las víctimas del terrorismo". En el título de la ley se habla de "violencia de motivación política". 

Además de recordar que la denuncia de malos tratos por parte de los etarras era algo "sistemático" en cada detención, tanto el SUP como la UGC califican la decisión como una contraprestación al apoyo del PNV en la moción de censura contra Rajoy. "Es una moneda de cambio a todas luces política. Nos están vendiendo por una decisión de poder, pero vamos a seguir luchando", enfatiza Rodado. "Posiblemente sea un peaje que tiene que pagar por el apoyo recibido para llegar al Gobierno. Pero a los guardias civiles las componendas políticas ni nos van ni nos vienen. Nosotros queremos verdad; ellos son los verdugos, no las víctimas", remata Rodríguez Prendes. 

Hay un recurso contra la ya creada comisión de expertos para valorar a las posibles víctimas de abusos policiales

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido el recurso presentado por el sindicato Unificado de Policía contra la ya creada comisión de expertos (que contemplaba la propia ley) para valorar a las posibles víctimas de abusos policiales. El sindicato policial confía en que si este recurso prospera, podría paralizarse la entrada en vigor de la norma al completo. El Constitucional ha anulado gran parte del articulado de una ley similar en Navarra, al considerar que invadía competencias del Poder Judicial porque preveía investigar y esclarecer los casos. Un informe del Instituto Vasco de Criminología cifra en 4.113 el número de torturas y abusos llevados a cabo por agentes de policía, de los que sólo 202 han sido investigados.

La llegada del nuevo Ejecutivo socialista ha generado tensiones con los mandos de ambos cuerpos. Hace una semana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió destituir al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por "pérdida de confianza", después de que se filtrase una orden de Manuel Sánchez Corbí que mandaba paralizar investigaciones ante la falta de fondos reservados.

En la mesa de trabajo que se reunirá tras el verano se encuentran el SUP, CEP, UFP y SPP, además de AUGC, Unión GC, Unión de Oficiales y APROGC. También está la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (ACFSE), la Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (ASERFAVITE) y Covite.

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