miércoles, 17 de septiembre de 2014

Los sindicatos de la función pública piden a Hacienda y AA.PP que concrete para 2015 la devolución de la paga extra

UGT y CSI-F piden que se convoque la Mesa de Negociación de las AAPP
 
 
Revista de prensa. E.P.- 16.8.2014.- Los sindicatos mayoritarios de la función pública quieren que el Ministerio de Hacienda ponga fecha a una próxima reunión de la Mesa de Negociación en las Administraciones para concretar avances salariales para los funcionarios y la devolución de la paga 'extra' de Navidad de 2012, que estaría estudiando para 2015.
Manifestación de empleados públicos contra los recortes
salariales y otras condiciones sociales
El sindicato CSI-F indicaba la pasada semana que era preciso convocar esta mesa para continuar las conversaciones iniciadas antes de verano y concretar una hoja de ruta para la recuperación de las condiciones perdidas.
 
La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) ha realizado el mismo llamamiento este martes en un comunicado, y ha recordado que el texto consensuado por el Gobierno y los agentes sociales tras la reunión a tres bandas celebrada el pasado mes de julio en el Palacio de La Moncloa incluida la convocatoria de la mesa y el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público.
 
Moscosos y canosos
 Así, UGT subraya que la convocatoria debe realizarse de forma oficial y con el tiempo necesario para estudiar y negociar mejoras en las condiciones laborales de los empleados públicos. "Existe una gran diferencia entre plantearse una acción y ejecutarla", añade, para apostillar que "los empleados públicos están cansados de intenciones vagas".
 
UGT trasladará en la Mesa de Negociación una serie de propuestas, entre las que se encuentra, además de la devolución de la paga 'extra' de 2012 y la totalidad de los 'moscosos' y 'canosos' suprimidos, la recuperación del poder adquisitivo, con subidas salariales acordes con la recuperación económica.

martes, 16 de septiembre de 2014

El Gobierno admite la situación y ultima un protocolo contra las agresiones a empleados públicos

El Gobierno contemplará como episodio de violencia las agresiones físicas  y las conductas amenazantes que sufren los empleados públicos,  principalmente los abusos verbales y las amenazas

Revista de prensa. Madrid press. 15.9.2014.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está ultimando el diseño de un protocolo de actuación contra las agresiones físicas, verbales y amenazas que sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo, ante el "volumen creciente" de estas situaciones durante los últimos años, indica el sindicato CSI-F. 
       
Este protocolo, que generaliza las experiencias piloto realizadas en algunos ámbitos como las oficinas de empleo, ha sido puesto en común con todos los ministerios y se aplicará en el conjunto de las Administración General del Estado y sus organismos dependientes.

La iniciativa, señala CSI-F, ha sido posible tras las reivindicaciones y el acuerdo alcanzado con este sindicato, y se produce después de que Hacienda haya reconocido el crecimiento número de agresiones a los trabajadores públicos.

Tal y como reconoce Hacienda en su informe, durante 2013 "se ha producido un incremento en el número de incidentes registrados, distribuidos en un amplio número de organismos, pero especialmente concentrados en el área de empleo"

La crisis prolongada
Esta situación se atribuye a la sensibilidad de los ciudadanos acrecentada por la situación de crisis prolongada, tal y como ha venido denunciando CSI-F. El Gobierno aún no dispone de cifras y por eso pondrá en marcha un registro de agresiones.
El Gobierno contemplará como episodio de violencia las agresiones físicas ("pegar, golpear, empujar") y las conductas amenazantes que sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo, principalmente los abusos verbales y las amenazas, puesto que son los incidentes más comunes.

El documento, acordado con CSI-F, recalca que estas situaciones son "delitos específicos contra la autoridad, sus agentes y funcionarios públicos", reciben el nombre de atentados, resistencia y desobediencia y están regulados en el artículo 550 del Código Penal.

El protocolo recabará la experiencia personal de los empleados públicos que realizan trabajos con especial riesgo, como pueden ser el trabajo con el público, personaciones o embargos.

 Se establecerá además un dispositivo preventivo adaptado en cada ámbito que incluye sistemas de detección, timbres de alarma, pantallas, personal de seguridad, cámaras y protocolos de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

A partir de ahí, establece una serie de actuaciones durante la situación de riesgo y grados de alerta, así como simulacros periódicos, que refuercen la concienciación y las conductas preventivas de los empleados públicos.

Apoyo jurídico y psicológico
Igualmente, se prevén actuaciones de apoyo jurídico y psicológico por parte del Estado y la contratación de seguros de garantía de reclamación ante terceros por daños y perjuicios por malos tratos u ofensas verbales.

CSI-F se felicita de este acuerdo, que supone un avance en la sensibilización social y mayor visibilidad a este tipo de situaciones "que en demasiadas ocasiones sufren con resignación y en soledad los empleados públicos por indefensión, miedo a las  represalias o simplemente por considerar que su denuncia no sirve para nada".

CSI-F también espera que el Gobierno incluya las "amenazas gestuales" y las grabaciones con el dispositivo móvil con la amenaza de difundirlas en la 'web', una situación que se ha constatado en las oficinas de empleo.
 
Este tipo de situaciones se han elevado de manera exponencial desde el comienzo de la crisis, pero al no existir un registro sistematizado, salvo en ámbitos específicos como los centros penitenciarios, no es posible determinar una cifra, indica.

lunes, 15 de septiembre de 2014

CSIF pide al gobierno y a los grupos parlamentarios que se impulsen medidas para regenerar a los sindicatos

 Abogan por ampliar el debate al ámbito de las organizaciones sindicales que, al igual que el resto de las instituciones democráticas, han sufrido un "desgaste evidente" ante los ciudadanos.
 
Revista de prensa. EP.14.8.2014.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha dirigido formalmente al Gobierno y los grupos parlamentarios para pedirles que, además de negociar medidas anticorrupción y de regeneración de la vida política, estudien la conveniencia de impulsar reformas para regenerar también los sindicatos, ante el "evidente desgaste" que, según asumen, están sufriendo.
 
Coincidiendo con la reactivación de las negociaciones en el ámbito parlamentario de las iniciativas incluidas en el paquete de regeneración del Gobierno, CSI-F se ha puesto en contacto con los partidos con representación en el Congreso y con el propio Ejecutivo para pedirles que extiendan el debate sobre esta materia al ámbito sindical, según han informado a Europa Press fuentes de esta organización.
 
  Desde el sindicato que preside Miguel Borra aseguran ser muy conscientes del debate abierto en la sociedad española durante los últimos años sobre la calidad de la democracia, la utilidad de las instituciones y la necesidad de ampliar los cauces de participación ciudadana.
 
  n este contexto, abogan por ampliar este debate al ámbito de las organizaciones sindicales que, al igual que el resto de las instituciones democráticas, han sufrido un "desgaste evidente" ante los ciudadanos.
 
Es más, consideran que en este momento, tanto los poderes públicos como los agentes de la sociedad civil, entre los que incluyen, tienen que "responsabilidad" de tomar medidas que contribuyan a la recuperación de la credibilidad, el refuerzo de las instituciones y el fortalecimiento de la democracia.
 
Diagnóstico
 En el caso concreto de los sindicatos, CSI-F apuesta por hacer un "correcto diagnóstico del sentir de la ciudadanía" y un "honesto ejercicio de autocrítica" que debe culminar en la adopción de decisiones que permitan trasladar al funcionamiento de los sindicatos las demandas de más democracia que se están produciendo también en el ámbito político. 
 
Hablan, por ejemplo, de tomar medidas para reforzar la "función social" de las organizaciones sindicales y de ampliar la transparencia a la hora de rendir cuentas del dinero público, especialmente habida cuenta de los "recientes y lamentables" casos de corrupción que están siendo investigados en los tribunales y que afectan los sindicatos, como el presunto fraude en los cursos de formación o los ERE irregulares de Andalucía.
 
Pero también quieren facilitar la participación ciudadana. Y es que, para CSI-F, el actual sistema de representación sindical "no refleja la pluralidad de la sociedad española" y traslada al "ámbito de las relaciones laborales el 'bipartidismo' imperante en el terreno de la política" que, desde su punto de vista, también está "en crisis".
 
  Por todo ello, han propuesto a las fuerzas políticas que constituyan un ámbito de reflexión en el marco parlamentario, con la participación de las organizaciones sindicales, en el que se puedan discutir también diferentes medidas de regeneración democrática de los sindicatos.

sábado, 13 de septiembre de 2014

Responsabilidad de los directivos y autoridades públicas

Antonio Arias. Blog fiscalización.es.- Ayer (12.9.2014) se celebró en la Universidad de Vigo la Jornada sobre Responsabilidad de los directivos y autoridades públicas. Se trataba de una sesión con dos ponentes para desarrollar la responsabilidad derivada de los informes de fiscalización y los restantes supuestos, fundamentalmente la via penal y administrativa.
VEr entrevistaLa Magistrada Dolores Galindo presentaba al fiscal jefe del TCu, Olayo González Soler, que comenzó su exposición afirmando “Si el Control Interno funciona bien, el Control Externo lo tiene fácil” y realizó una exhaustiva exposición de las funciones de las actuaciones de la fiscalía para depurar responsabilidades de los Directivos y Cargos Públicos.
 En un entramado procedimental que Olayo entendió caracterizado por la complejidad funcional y orgánica, por la compulsividad y la contradicción, reconoció que la configuración legal en España de la Responsabilidad Contable dejaba bastante que desear:
  • El juicio de cuentas no existe, en la práctica.
  • Los actos antijurídicos firmes son imposibles de atacar por el TCu
  • Las dificultades de perseguir el reintegro de los cuentadantes de hecho y el extraneus.
En ese sentido, el fiscal siempre crítico con la construcción de la responsabilidad contable, vislumbró nuevas perspectivas para trabajar en el futuro desde la fiscalía, en tres nuevas -y poco exploradas- áreas de trabajo:
Chaves-AriasYo tuve la tarea de introducir al magistrado José Ramón Chaves que estableció un inventario de causas que han permitido la aparición de gran cantidad de casos de corrupción. Desde los legisladores –ambigüedad de la norma- a los gestores –huida del derecho administrativo, devaluación de los controles- pasando por los sucedáneos de pena, como es la inhabilitación del prevaricador que, con frecuencia, cuando llega –tarde- carece de relevancia.

Impunidad
 Habló de la impunidad de los “pequeños actos” administrativos que impiden a los perjudicados su persecución ante las cuantiosas tasas judiciales. También la desviación de poder (y su prueba diabólica) o la inaplicación del art. 145 LRJPAC que obliga a repercutir en al autoridad o funcionario que causen un quebranto.
Recordó la vigencia del Código de Buen Gobierno de la LTBG (Título II, arts. 25 a 32) desde el día siguiente publicación en el BOE aunque, curiosamente, el órgano encargado de incoar expedientes sigue sin constituirse un año después de su promulgación.
En ese sentido, llamó la atención sobre el Proyecto de Ley que se tramita en el Congreso sobre el ejercicio del Alto Cargo en la Administración del Estado, que tiene carácter supletorio (DA 1ª) para el resto de las AAPP. La futura norma, que eleva a principio general de comportamiento directivo la austeridad y la eficiencia, quiere regular los conflictos de intereses y prevé un régimen sancionador específico.

jueves, 11 de septiembre de 2014

El Congreso aprueba la Ley de Racionalización del Sector Público y recupera un "moscoso" para los empleados públicos

Tras su aprobación  los  empleados públicos  de todas las AA.PP recuperarán -ya con efectos en 2014- el segundo día  libre de los tres suprimidos en 2012. Este año ya se podrán disfrutar cinco días.

Noticia relacionada: El sindicato CSI-F espera generosidad del gobierno con los empleados públicos en los últimos presupuestos de la legislatura de Rajoy

Revista de prensa. 11.9.2014. 20minutos.es.- El pleno del Congreso ha aprobado este jueves definitivamente la Ley de racionalización del sector público, que pretende garantizar la eficiencia del gasto, así como la eliminación de duplicidades y determinados entes y organismos públicos.
 
Tras la aprobación de la ley los funcionarios recuperarán el segundo día de libre disposición (moscoso) de los tres suprimidos en 2012 dentro de las medidas para reducir el déficit, una enmienda al proyecto de ley que fue introducida por el PP.
 
Respecto al texto que salió originalmente del Congreso se han introducido veinte modificaciones. El proyecto de ley ha vuelto al Congreso para ser aprobado después de que el pasado mes de julio el pleno del Senado, con la mayoría del PP, rechazara ocho propuestas de veto; según los grupos de la oposición, el proyecto invade competencias autonómicas y pretende la "recentralización" del Estado.
 
Desde el PP, la diputada María Eugenia Romero ha asegurado que este proyecto, que supondrá un ahorro de 37.600 millones de euros en los cuatro años de Gobierno, forma parte del plan de reformas que está poniendo en marcha el Gobierno y está encaminado a procurar una mejor administración de los recursos públicos.

Romero ha señalado que del texto que salió del Congreso y que ha sido debatido con las enmiendas incorporadas del Senado, se han introducido veinte modificaciones, entre las que ha destacado la relativa a la ley general de subvenciones, la movilidad geográfica de los funcionarios y la tasa por homologación y convalidación de títulos extranjeros. Ha añadido que lo que intenta el Gobierno con esta ley es corregir las duplicidades y suprimir organismos innecesarios sin incrementar la carga burocrática a los ciudadanos.

NO rotundo de toda la oposición
 Desde el PSOE, el diputado Ignacio Sánchez Amor, ha dicho al Gobierno que se creyó "su propaganda" diciendo que "había 600 asesores en la Moncloa" o que "la administración española era una selva de chiringuitos para socialistas", y "cuando se pusieron a escribir" lo único que contaron fueron unos "flecos" que "no tienen importancia ni financiera, ni política". Sánchez Amor ha asegurado que "cada vez" que el PP toca la Administración "es para producir un desastre como éste".

 El diputado de CIU Antoni Picó, ha señalado que transcurridos casi tres años desde el inicio de la legislatura el proyecto contiene "pocas medidas de racionalización" y ha criticado el "nivel de intromisión del Gobierno en las competencias autonómicas". También el diputado del PNV Pedro Azpiazu ha puesto de manifiesto la posición contraria del su grupo a la ley, al considerar que supone una "intromisión competencial", al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo "no respeta las reglas del juego ni los estatutos de autonomía".
 
La líder de UPyD, Rosa Díez, ha calificado la norma como "una mala ley", que no responde al encargo de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), ni se corresponde con las necesidades de España.

Joan Coscubiela de la Izquierda Plural ha criticado que el texto "incrementa los defectos iniciales", mientras que desde el Grupo Mixto, el diputado de Amaiur Rafael Larreina ha asegurado que el Gobierno "avanza en el proceso de recentralización y desmontaje del Estado de bienestar".

La Ley de Transparencia sigue con retrasos importantes a solo tres meses de su entrada en vigor

La ley de transparencia ha sido muy criticada por expertos a nivel nacional e internacional entre otras razones por no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental
 
Access Info Europe. Madrid, 9 .9 2014 - A tres meses de la entrada en vigor de la Ley  de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, el Gobierno sigue sin haber publicado nada sobre los distintos reglamentos que permitirán su implementación.
 
A continuación hacemos un repaso de lo que queda por hacer en estos tres meses.
 
Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio enviaron el día 20 de agosto de 2014 una carta al Secretario de Estado de Relación con las Cortes José Luis Ayllón Manso para saber en qué estado se encuentra la implementación de la Ley de Transparencia.
 
Entre las tareas pendientes, el gobierno debe completar los siguientes procesos:
 
» Presentar el Real Decreto por el que se apruebe el Estatuto orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Según la propia ley aprobada en diciembre de 2013, este reglamento debería haberse presentado en marzo de 2014.
 
Esta norma es especialmente importante ya que definirá entre otras cuestiones cuáles serán los requisitos que deberán cumplir los candidatos a la presidencia del Consejo de la Transparencia y los mecanismos para asegurar su independencia y el buen desarrollo de su mandato.
 
» Presentar el reglamento que desarrolle los detalles de la propia ley. Este reglamento clave ya que definirá exactamente la forma a través de la cual podremos solicitar información a las instituciones públicas y quizás aclarará algunos preceptos imprecisos que contiene la ley como la exclusión que hace el artículo 18 de informes y comunicaciones internas.
 
» Crear el Portal de la Transparencia. El Gobierno deberá tener listo en diciembre un portal en el que al menos deberá poder encontrarse información relativa a las instituciones estatales.
 
Una ley muy contestada
La ley de transparencia ha sido muy criticada por expertos a nivel nacional e internacional entre otras razones por no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, por limitar su alcance casi exclusivamente a información administrativa y por proponer un sistema de recursos muy poco ambicioso. Las normas que quedan por aprobar todavía podrían mejorar algunos de estos defectos, de ahí la importancia de que su aprobación se haga de forma transparente y participativa.
 
Aquí puedes leer la carta enviada al Secretario de Estado.
Aquí puedes encontrar el análisis de Access Info Europe a la Ley española de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.

Noticia relacionada: Principio de acuerdo en Canarias para aprobar la Ley de Transparencia

miércoles, 10 de septiembre de 2014

El decálogo de la atención al público en las Administraciones Públicas

"Un buen servicio se percibe cuando las expectativas del usuario se atienden en forma oportuna y eficaz: la diferencia entre el servicio esperado y el servicio recibido muestra la calidad percibida por el ciudadano"

blog trabajandomasporunpocomenos.- GEMA T. PÉREZ RAMÓN.- Los servicios de atención directa al ciudadano son el escaparate de cualquier organización. Es la parte visible de la relación, el contacto o encuentro, que representa una mínima parte de todos los elementos que intervienen en la misma y que deben ser gestionados correctamente para lograr altos niveles de eficacia.
 
Un buen servicio de atención al ciudadano en una organización pública debe ser:
  1. Actualizado a las necesidades del cliente: las administraciones públicas debemos adaptarnos a la realidad cambiante y renovar permanentemente los productos y servicios. Se trata de una atención atenta y abierta a las demandas, donde la información circula de manera bidireccional. Existe una diversidad de factores que influyen , por lo que debemos estandarizar nuestros parámetros para conseguir la satisfacción del mayor número posible de ciudadanos.
  2. Fiable y creíble: los ciudadanos tienen que poder creer y confiar en la administración: en la administración se cumple lo que se promete (siempre). Un empleado público no debe comprometerse a lo que no sabe si se va a poder cumplir. A veces el exceso de celo lleva a dar respuestas que luego no son ciertas, fundamentalmente porque no están en su mano.
  3. Fácilmente accesible: los ciudadanos pueden ponerse fácilmente en contacto con la administración y su personal, incluyendo los directivos. Esta accesibilidad implica disponibilidad de atención 24×7 por medios telemáticos y amplitud de horarios en medios presenciales y telefónicos.
  4. Sencillo en el lenguaje y en los procedimientos: la administración ha sido capaz de desarrollar un lenguaje para comunicarse con los ciudadanos que éstos comprenden sin problemas. Los procedimientos son garantistas y ágiles.
  5.  
  6. Amable en el trato: próximo. Todo el personal de la administración trata al ciudadano con consideración, atención y respeto. El ciudadano-cliente no es un oponente, se trabaja por él y para él. El comportamiento del personal de atención al ciudadano y sus relaciones con éste, influyen mucho en la valoración de toda la organización.
  7. Ágil, prestado a tiempo, en el momento en que se necesita: Los empleados de la administración están siempre dispuestos a suministrar el servicio cuando los ciudadanos lo necesitan, no cuando la administración lo considera conveniente.
  8. Con capacidad de respuesta ante imprevistos: se tiene disponibilidad de reorganización para atender demandas extraordinarias puntuales. Todos los empleados públicos por el hecho de ser funcionarios tienen implícitas las labores de atención al ciudadano, no está permitido considerar que no está entre “mis funciones” atender al personal.
  9. Transparente: el servicio de atención presencial es una prestación básicamente humana, cuyos resultados dependen en gran medida de la interacción que se produce entre dos grupos de personas. La sinceridad y nitidez en la información que se entrega es fundamental, depende en buena medida de las herramientas informáticas con las que se trabaja y de la voluntad de transmitir toda la información disponible.
  10. Profesional: Los empleados poseen las habilidades y conocimientos necesarios para prestar de forma correcta y precisa los servicios demandados por los ciudadanos. Se necesitan capacidades y aptitudes que se adquieren a través de los oportunos cursos de formación y de la sensibilización por parte de los directivos de dar a estas dependencias la importancia debida.
  11. Un buen servicio se percibe cuando las expectativas del usuario se atienden en forma oportuna y eficaz: la diferencia entre el servicio esperado y el servicio recibido muestra la calidad percibida por el ciudadano. Desde que un ciudadano entra en nuestras oficinas está percibiendo impresiones que le llevan a sacar conclusiones sobre lo organización. Hay que ser capaces de superar las expectativas que, por otra parte, son más bien bajas.
Es necesario analizar periódicamente la adecuación del servicio de atención al público a las demandas de los ciudadanos para proponer mejoras que:
  • Nos permitan dar respuesta a las necesidades de ciudadanos y Administraciones.
  • Nos hagan más comprensibles, sencillos y ágiles en todas las formas de actuar
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