Los interinos de larga duración y las cartas al Tribunal Europeo

Acceso al recomendable artículo: “Equiparación y abuso en el empleo público temporal. Las soluciones en la jurisprudencia europea y española” del magistrado David Ordóñez Solís

Por José R. Chaves.- DelaJusticia.com blog.- Es asombroso el zumbido existente en las administraciones que cuentan con funcionarios interinos de larga duración, por cuanto se agitan nerviosos por la expectativa de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia Europeo, avivado por los medios de comunicación, y alimentando el sueño de una estabilidad o “fijeza” como funcionario para frenar el abuso de tales nombramientos.

Recordemos que las cuestiones prejudiciales son autos de los órganos judiciales nacionales en que plantean cuestiones, como si de una carta se tratase (“diálogo”) al Tribunal de Justicia para que exponga su parecer vinculante al respecto. Veamos como está la situación y perspectivas realistas.

Sobre ello se acaba de publicar un brillante, documentado, actualizado y claro artículo sobre el estado de la cuestión de los trabajadores indefinidos no fijos y de los funcionarios interinos a tenor de la jurisprudencia comunitaria sobre abuso de la temporalidad. El artículo se titula “Equiparación y abuso en el empleo público temporal. Las soluciones en la jurisprudencia europea y española” y lo debemos a David Ordóñez Solís (doctor, magistrado y reconocida autoridad en derecho comunitario) y publicado en la Revista jurídica de Castilla y León Núm. 49, Septiembre de 2019, en formato electrónico y de acceso gratuito.

Tal artículo guarda armonía con el artículo que publiqué anteriormente junto con Belén Quesada Soler en El Consultor de los Ayuntamientos, Nº 17, Sep. 2017, titulado “La expansión desbocada del derecho laboral en la Administración”, donde repasamos la jurisprudencia y adelantábamos conclusiones. En este artículo decíamos:

"Así pues, en cuanto a la vía disponible para el juez nacional de evitar los abusos de contratos y nombramientos de interinaje que comportasen una situación de precariedad abusiva, han de tenerse en cuenta dos vertientes.

De un lado, que el juez nacional ha de afrontar la casuística que se le plantee, verificando si concurre la premisa del abuso y tomando la decisión consecuente para penalizarlo, con amplitud de criterio (ya que el legislador español nada ha contemplado).

Por tanto, ello rechaza el automatismo o vinculación de indemnización reglada para cada extinción de nombramiento de interinaje porque el mismo puede tanto no encerrar supuesto de abuso, como el otro extremo de resultar tan abusivo que requiere corrección especial.

De otro lado, sería excesivo por no decir contrario a derecho, declarar que la relación del funcionario interino es «indefinido no fijo» (o la alambicada condición de «funcionario indefinido no de carrera») pues tales declaraciones serían totalmente contrarias a la regulación legal de la condición de funcionario. O sea, ni cabría aducir la jurisprudencia comunitaria para que, por abuso contractual, se declare el derecho a la prolongación indefinida de la situación de interino, ni para que se dote una plaza estructural.

Es más, las soluciones contra legem serían gravemente distorsionantes de la regulación estatutaria, y harían entrar en juego la advertencia de la Sentencia Impact: «Sin embargo, la obligación del juez nacional de utilizar como referencia el contenido de una directiva cuando interpreta y aplica las normas pertinentes de su Derecho nacional tiene sus límites en los principios generales del Derecho, en particular en los de seguridad jurídica e irretroactividad, y no puede servir de base para una interpretación contra legem del Derecho nacional (véanse las sentencias de 8 de octubre de 1987, Kolpinghuis Nijmegen, 80/86, Rec. p. 3969, apartado 13, y Adeneler y otros, antes citada, apartado 110; véase asimismo, por analogía, la sentencia de 16 de junio de 2005, Pupino, C-105/03, apartados 44 y 47).”

Este planteamiento doctrinal de nuestro artículo de Septiembre de 2017 fue acogido por las sentencias de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo dictadas el 26 de septiembre de 2018, fijando doctrina casacional, sobre la aplicación de las sentencias Martínez Andrés / Servicio Vasco de Salud y Castrejana López / Ayuntamiento de Vitoria, que ya fueron comentadas en este blog, y concluyendo en que:

a) Que no cabe aplicar analógicamente las soluciones laborales al caso de los funcionarios interinos;

b) Que no cabe convertir en fijeza la situación de los funcionarios interinos de larga duración, sino solamente el derecho a que permanezcan en tal situación hasta la cobertura reglamentaria de la plaza;

c) Que frente a la situación abusiva habrá que exigir y contemplar la posibilidad de indemnización a título de responsabilidad patrimonial.

Pues bien, ya en septiembre de 2019 y en vísperas de que el Tribunal de Justicia nuevamente aborde el asunto, ofreceré de forma sintética y comprensible el estado de la cuestión, que es el siguiente:
 1.- Funcionario interino “de larga duración” es un concepto que no está precisado legalmente, aunque el Tribunal Constitucional acepta tal calificación si excede de cinco años.

2.- Hay notorias situaciones de abuso del funcionario interino en todas las administraciones públicas, por encadenamiento de nombramientos o por continuidad duradera y pertinaz de funcionarios interinos que acumulan silenciosamente trienios y trienios.

3.- El legislador español no ha desarrollado la Directiva comunitaria 1999/70 en lo que se refiere a las consecuencias de las situaciones de abuso de la figura del personal interino funcionario, a diferencia del caso de los abusos de la contratación temporal laboral en que existe regulación explícita y precisa en el Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia social.

4.- El Tribunal de Justicia ha reconocido y condenado las situaciones de prolongación abusiva de servicios interinos de personal estatutario y funcionario, por lo que es previsible que siga condenando las situaciones que le lleguen.

5.- El Tribunal de Justicia también ha precisado que será la jurisdicción de cada país la que tendrá por misión dar respuesta a la efectividad de poner freno a los abusos, pero sin sustituir el Tribunal europeo este criterio nacional. Y es que en el caso español la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo ha hablado y fijado criterio en relación con la reparación de los abusos de duración del servicio del funcionario interino.

6.- Además el Tribunal de Justicia europeo ha precisado que si no hay solución idónea en la legislación interna para satisfacer ese freno a los abusos, deberá indemnizarse pero esa indemnización corresponde determinarla al juez nacional caso a caso.

7.- Así ya hemos visto que la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo ha marcado como cauce procesal para reparar el daño la acción indemnizatoria. Ni convertirse en funcionario por usucapión, ni como sanción: solo cabe sanación por indemnización. En este punto recordaremos que la jurisprudencia comunitaria quiere resultados y eficacia de las Directivas pero no compromete ni excluye el cauce procesal de reparación elegido por cada país, siempre que sean medidas razonables para frenar los abusos.

Indemnizaciones
Así que no creo que deba esperarse “que llueva café del campo europeo”, mas bien las ya habituales condenas por contratación o nombramientos abusivos y los ya habituales mandatos a los tribunales internos (jueces contencioso-administrativo) para que caso a caso determinen la indemnización a título de responsabilidad patrimonial.

De ahí que a mi juicio, consciente de que existe una situación sangrante y abusiva de interinos, creo que a estos debería dárseles un salida pero de la mano del legislador estatal, único habilitado para valorar la excepcionalidad de la situación y tomar una de estas dos medidas:O bien desarrollar la Directiva comunitaria y fijar condiciones explícitas de reparación de la abusividad, que podrían incluso pasar por la puerta cerrada por la Sala contencioso-administrativa del Supremo, o sea, equiparar indemnizaciones entre personal laboral y personal funcionario.

   O bien articular un procedimiento de consolidación singular y privilegiado para que alcancen la condición de funcionarios de carrera (al menos para los funcionarios interinos de larguísima duración, calificativo que bien puede predicarse de los que lleven mas de 10 años continuados sin mancha disciplinaria).

Todo lo dicho bajo mi modesto y personalísimo juicio, sin alzarme en portavoz de ningún colectivo ni de mi profesión, sino al amparo de la libertad de cátedra bloguera y en el ánimo de ofrecer alguna luz para enriquecer el debate.

Ampliando los límites de la colaboración en las organizaciones

Cinco rasgos de las personas “colaborativas”: generosidad, sociabilidad, optimismo, felicidad y madurez emocional. 

Por Jesusmartinezmarin.org/ .-Trabajo Colaborativo blog.-  Jarche, uno de los expertos de referencia en gestión del conocimiento y aprendizaje, nos invitaba hace unos días a que conociéramos los 25 comportamientos que apoyan una cultura en red de Curtis Ogden. Además, también en esta semana Alejandro Piscitelli, uno de nuestros curadores favoritos, se hacía eco de otro artículo con una temática similar: cómo mejorar el ritmo de colaboración en las organizaciones. 

La lectura consecutiva de estas dos propuestas me ha hecho reflexionar sobre algunos aspectos que ya dábamos por inmutables en las propuestas de colaboración en las organizaciones. Como conclusión final, ya lo avanzo, existe mucho margen de mejora para incrementar en cantidad y calidad la colaboración organizacional. Y ello pasa por desarrollar nuevos métodos de intervención que vayan más allá de la adscripción voluntaria, la cual, como veremos, tiene límites. Y, también, por reforzar aspectos metodológicos y técnicos e involucrar, de forma directa, a gerentes y directivos a través de tareas y encargos concretos. 

Una buena forma de extender la colaboración sistemática mediante entrenamiento.

Empiezo por las reflexiones y, en la segunda parte, señalo aportaciones específicas de los dos artículos. 

Los límites de la colaboración voluntaria

Las mejores experiencias de trabajo colaborativo en la Administración Pública , sobre todo a través de comunidades de práctica (CoPs), lo han sido porque han podido consolidarse. Todas estas experiencias (Programa Compartim, las comunidades de la Agencia de Salud Pública en Cataluña, las de formación de la Diputación de Alicante , y las últimas y más recientes, las del IAAP que denominan, con gran acierto, colaboración extendida) tienen, a mi juicio, un patrón similar: un crecimiento muy rápido al inicio y un estancamiento posterior. 

Es como si, en presencia de determinadas variables ( liderazgo y coordinación desde la base, facilitación institucional, un proyecto con coherente, medios adecuados, ayuda  experta puntual), de forma rápida se llegase a un grupo de destinatarios natural y, a partir de aquí, el espacio colaborativo posible en la organización ya encontrase barreras infranqueables. Podemos establecer múltiples hipótesis de porque pasa esto y si esta cadencia de crecimiento es idéntica para diferentes ámbitos organizativos y profesionales. No es el momento ahora de entrar en este debate, sólo señalaré un factor en el que podríamos estar de acuerdo: el perfil personal de las personas que se vinculan a estos proyectos colaborativos es el factor que lo hace posible. 

El perfil de los profesionales colaborativos 

No hace falta esforzarse mucho para descubrir que en todo colectivo profesional existen diferentes perfiles personales que son más favorables y proactivos a la hora de involucrarse en procesos colaborativos. En una entrada, de hace unos años, describía el perfil de estos profesionales. 

Los menciono a continuación: 

Cinco rasgos de las personas “colaborativas”: generosidad, sociabilidad, optimismo, felicidad y madurez emocional. Pero ellos son solo una pequeña parte . 

Por lo que venimos sabiendo en la implantación de comunidades, existe un patrón que se viene repitiendo: un núcleo líder, que suelen ser los dinamizadores, facilitadores, moderadores, et. y un grupo muy activo que no suele pasar del 5 / 10% del colectivo (recuerda a la distribución de Nielsen de la participación en ambientes online). A partir de aquí, mediante metodologías de transferencia, como pueden ser las jornadas de Buenas Prácticas, publicaciones, espacio en la intranet , boletines, etc. el nuevo conocimiento llega a sus destinatarios naturales, a  toda la comunidad. 

El efecto arrastre de la mayoría 

Es en lo que soñamos los promotores de la colaboración en las organizaciones. Que, a partir de un momento determinado, la colaboración acabe  convirtiéndose en mayoritaria y  que  los integrantes del ámbito profesional, en su jornada laboral, tengan asignados/asumidos , por defecto, espacios de colaboración. 

En el diseño organizativo actual, en muy pocas ocasiones se consigue. Salvo -y lo podemos señalar, por tanto, como anécdota-, si se da el efecto arrastre de la mayoría. En mi trayectoria de estos últimos 15 años solo la he podido constatar en un par de ocasiones. Por un efecto de concatenación de diversas variables, se puede llegar a un ámbito de participación extenso, en el que la gran mayoría de los profesionales se ven envueltos. Y, como sucede en otros ámbitos sociales, el efecto   mayoría (cuando se supera un determinado umbral de participación) hace de palanca de enganche para el resto de los participantes. 

 Pero, a pesar de los esfuerzos que hemos puesto, aún no hemos podido aislar los ingredientes activos en estas comunidades mayoritarias, para poder trasladarlos a otras comunidades y ámbitos. Por eso encuentro tan interesante e inspirador estas dos lecturas que mencionaba. A continuación, señalo lo que considero más relevante (copiado textualmente) y, en el enlace, podéis consultarlas íntegramente. 

25 comportamientos que apoyan una fuerte cultura de red: (Para educadores y promotores de redes) 

La siguiente es una lista de 25 comportamientos que debe considerar como parte de su práctica de red como educador: 

-Teja conexiones y proponga triángulos para crear más complejidad en la red. ---Cerrar triángulos significa presentar a las personas entre sí, en oposición a la creación de redes para uno mismo, esencialmente una estructura de malla o distribuida en lugar de una estructura de cubo y radio. 

-Cree conexiones a través de límites / dimensiones basadas en la diferencia. -----Invite y promueva la diversidad en la red, lo que puede contribuir a la resiliencia y la innovación. 

-Piense, aprenda y trabaje en voz alta, en compañía de otros o por medios virtuales. Esto contribuye a la abundancia de recursos y aprendizaje en la red. 

-No atesore ni sea un cuello de botella. Mantenga la información y otros recursos que fluyan en la red. 

-Identifique y articule sus propias necesidades y compártalas con otros. ¡Hacer solicitudes puede dar vida a una red, ya que a las personas generalmente les gusta ser útiles! 

-Mantenga la curiosidad y haga preguntas; éstas extraen valores comunes, conocimiento explícito y tácito , y otros activos. 

-Haga ofertas generosas y continuas a otros, incluidos servicios, información, conexiones. 

-Sea un emparejador que ayude a conectar las necesidades y las ofertas en toda la red. 

-Practique una buena escucha. En particular, escuche valores, necesidades, activos, potencial, patrones y temas. 

-Identifique y haga circular activos subutilizados y exceso de capacidad en la red. 

-Promueva a los demás y a su trabajo. 

-Exprese aprecio auténtico a los demás. 

-Esté dispuesto a ser vulnerable. ¡Diga que no sabe, que está luchando, que necesitas ayuda! 

-Acepte el caos. La mayoría de las redes prosperan al borde de lo que puede parecer desorden, al menos en comparación con organizaciones más formales y jerárquicas. 

… 

Improving the Rhythm of Your Collaboration (Ethan Bernstein, Jesse Shore, and David Lazer) 

Nota: como ahora veo ahora que  es un artículo al que se puede acceder sólo mediante registro (o comprándolo), os resumo a continuación las 2 ideas más importantes. 

Se trata de una investigación empírica en la que se pone de manifiesto que la colaboración más exitosa, aquella que había obtenido tanto en calidad como en cantidad aportaciones   originales y valiosas,  tenía esta  característica principal: 

Tiene lugar  en ámbitos organizacionales en los que existía interacción  presencial y online ( los participantes no trabajaban de forma aislada o en silos) pero, en contraste con otros  grupos en los que también tenían esa variable, el grupo excelente programaba pausas, de forma proactiva y consciente, para introducir espacios de desconexión y reflexión. 

Parece de sentido común, pero no lo es. La conectividad constante nos mantiene bien informados pero nos hace nodos  pasivos e  irrelevantes en  aportaciones de calidad. 

La enseñanza para gerentes, directivos y profesionales en general es clara: la conectividad , para ser eficiente , tiene un límite. Es productiva cuando se combina con espacios buscados y programados intencionadamente de reflexión. De aquí la importancia de nuevo diseño ambiental que apuesta por espacios combinados.

Ponentes 

Como conclusión de este largo post, podríamos decir que la colaboración en la organización seguirá  pasando por contar inicialmente  con las personas “colaborativas”. Pero que si lo queremos hacer preponderante, se necesita más y mejor capacidad técnica (metodología intencional) e impulso directivo directo

El reino de las poltronas ( Miserias de una política desconcertada)

“Los partidos han reducido su presencia en la sociedad en general y se han convertido en parte del Estado” (Peter Mair)

Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Institucional blog.- El conocido internacionalmente como “Reino de España” lleva camino de convertirse en el reino de las poltronas. No se me escapa que la política siempre ha tenido el objetivo legítimo de conquistar el poder. Y una expresión material del poder es, sin duda, apropiarse de determinados espacios ejecutivos que permitan tomar decisiones, repartir presupuesto y, asimismo, en su faceta patológica, servir de pasto mediante la entrega de cargos y sinecuras a las innumerables clientelas que producen los partidos políticos o pululan por sus aledaños.

Lo realmente patológico de la política actual es que ya no pretende el poder tanto para decidir como para en sí mismo ocuparlo. La tarea de gobernar está pasando a ser hasta molesta (pues nunca llueve a gusto de todos). Cotiza a la baja. Se ha impuesto el no gobierno o el Gobierno marcado por la quietud, aquel que no rompe un plato. Lo de priorizar políticas comienza a convertirse en una pesada losa para unos políticos que solo quieren agradar con medidas benefactoras y (pretenden) esconder aquellos problemas cuya solución requeriría adoptar decisiones impopulares o que puedan llegar a levantar ampollas en ciertos colectivos. El gobierno soft y el político naif se imponen. Los responsables públicos hoy en día solo prometen paraísos. Ninguno está dispuesto a enfrentarse con adversidades. Las malas noticias (aunque vengan anunciadas desde hace tiempo) no existen en la política actual, se edulcoran o tapan, cuando no se aplazan. Procrastinar es el verbo de moda en la política actual. La positividad, como dijera Byung-Chul Han, todo lo impregna. Es el imperio del me gusta o de la política pretendidamente amable.

En ese contexto, lo más visible de la política actual es el reparto grosero de cargos públicos y la distribución de prebendas públicas entre acólitos y adláteres. Max Weber ya lo anticipó, pero se quedaría atónito si visitara este país por estas fechas. Más recientemente, Peter Mair, en esa excelente obra titulada Gobernando el vacío (Alianza, 2013), nos muestra cómo los partidos se adosan a las instituciones como manual de su propia supervivencia: “El clientelismo político –como dijo este autor- resulta ser la única de las funciones clave que los partidos siguen realizando”.

Tras infinitos titubeos y dimes y diretes, ya se han formado la totalidad de los gobiernos autonómicos salidos de las urnas del 26 M. El Gobierno central, aunque con elecciones anteriores (28 A), espera eternamente en funciones, con la amenaza de volver a las urnas, salvo que surja una sorpresa en el último minuto y se distribuyan algunas poltronas que sacien ávidas demandas insatisfechas. Pero el tema, al parecer, tiene más calado: tactismo puro, juego electoral y exterminio de aquellos que molestan.

Dato empírico

En cualquier caso, el dato empírico es que donde ha existido cambio de gobierno o se ha debido formar o incrementar gobiernos de coalición, se han multiplicado los departamentos (Consejerías) y, por tanto, los altos cargos; también ha crecido el personal eventual de confianza y asesoramiento especial. Por lo que afecta a este, nadie ha entendido correctamente el nombramiento como personal eventual (responsable de redes sociales) de la hermana de una alcaldesa, pues como dijo un político catalán hace más de quince años cuando en una rueda de prensa le objetaron que había nombrado director general a su hermano: “¿No es un puesto de confianza política? En quien voy a confiar más, sino en mi hermano”. Se acabó la discusión. Los periodistas enmudecieron. No había redes sociales, además entonces la ética y la estética no jugaban fuerte en política. Ahora es otra cosa. O lo parece, más bien.

Cambiado el primer nivel directivo, veremos qué pasa luego con los miles o decenas de miles de puestos de libre designación. El Dedómetro, magnífica iniciativa puesta en marcha por la “Fundación Hay Derecho”, tendrá un trabajo ingente por estas fechas. La penetración de la política en la Administración no solo es vertical, sino que ya engorda su dimensión horizontal. Los gobiernos de coalición se amplían por lo ancho para dar de comer a más bocas amigas. Y, si no, los asesores se multiplican, a pesar de que nada o poco tengan que asesorar. Mientras los presupuestos públicos aguanten y el sufrido ciudadano no se rebele, aunque síntomas ya ha habido, las cosas seguirán igual.

La cooptación ideológica o de partido es el método de selección de tales responsables y directivos públicos o asesores que ocuparán las consabidas poltronas de las Administraciones Públicas, cuando no se empaña el proceso por prácticas más o menos disfrazadas (algunas descaradas) de nepotismo o amiguismo. O, en fin, hay veces que se reparten favores por servicios prestados. Da igual que la persona no ofrezca las mínimas competencias profesionales para el correcto ejercicio de la actividad político-directiva, pues lo que pesa es la metafísica de la confianza, de la que hablara Francisco Longo; incluso se promueve a cargos públicos a quienes saltaron anteriormente de las responsabilidades públicas por falta absoluta de ejemplaridad (el caso del reciente nombramiento como Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid de Enrique López es, bajo el punto de vista ético, un auténtico escándalo: en este país, al parecer, todo vale). La memoria del populacho es frágil, o al menos eso creen. Tal vez algún día despierte. Y si no hay suficiente con repartir el poder administrativo, siempre queda el socorrido recurso del sector público o a las opacas empresas públicas: aquí el reparto adquiere tintes grotescos, pues para hacer hueco los puestos de responsabilidad en algunos casos se multiplican o, incluso, se nombra muchas veces a personas auténticamente incapaces –ejemplos patológicos los hay- para la tarea de dirigir un sector empresarial que, además, desconocen absolutamente.

Lo grave de todo este burdo sistema, plenamente enraizado, no es solo que se colonice la alta Administración, sino sobre todo que, signo de ignorancia supina (o de malas artes de una política pretendidamente maquiavélica), se desprecia la cultura institucional democrática (en sentido pleno de la palabra) y se hace un daño enorme a la legitimidad y al funcionamiento regular de las organizaciones públicas al quebrar la continuidad de sus políticas públicas con un “quita y pon” permanente de responsables públicos basado exclusivamente en criterios alejados de la profesionalidad o del más mínimo rigor.

Sin embargo, ni siquiera así se saturan los apetitos de poder. Siempre se quiere más. La política, sin frenos, es insaciable. Para evitar tales abusos se creó el sacrosanto principio político-constitucional (bastardeado hasta el infinito) de la separación de poderes. El máximo desprecio de tal principio se alcanza cuándo –como viene siendo habitual en nuestro panorama político- también se colonizan los órganos constitucionales, las instituciones de control, los organismos reguladores o las administraciones mal llamadas “independientes”. Con este burdo cambalache –insisto, asentado hasta los tuétanos en nuestro sistema político-institucional- los frenos del poder (que deben ejercer esas instituciones constitucionales, de control, reguladoras o “independientes”) se rompen por completo, al entregarse tales cargos institucionales al reparto impúdico de poltronas entre los diferentes partidos en liza. Se buscan fidelidades amigas, nunca perfiles profesionales que puedan al final resultar incómodos al poder. Estos siempre molestan a una política que solo busca complacencia y aplauso.

La cacareada regeneración

Es tremendamente triste que la tan cacareada política de regeneración y renovación democrática, durante tanto tiempo manoseada por la política, no haya dado hasta la fecha resultado alguno a la hora de impedir (o siquiera reducir) ese chalaneo político impresentable, impropio de un país que se califica a sí mismo de democrático. Es igualmente triste que no haya ni un solo político (o líder, estatal o autonómico) en el panorama español que lidere con honestidad, integridad y coraje esa renovación institucional, siempre aplazada. Me parece igualmente insólito que las cúpulas de los partidos no muestren el más mínimo sentido institucional democrático, entendido en su recto sentido: la democracia no es solo votar, es ante todo facilitar el control del poder, limitar o impedir sus abusos.

Y ese manido y continuo reparto político de poltronas se hace tanto en las instituciones centrales como en las territoriales (o autonómicas). Nadie está a salvo. Es una (pésima y patológica) cultura (de mala) política de la que, hoy por hoy, ningún partido se salva. En este punto, las ideologías se difuminan, hasta desaparecer por completo. Si algo enseñó Montesquieu, por mucho que los políticos lo olviden, es que solo mediante un diseño institucional correcto  de arquitectura constitucional de pesos y contrapesos, el poder frenará al poder. Lo demás es una quimera o un engaño. Termina en el abuso o, peor aún, en el despotismo.

Además, cuando la política se fragmenta o se atomiza, como es el caso actual, el reparto de poltronas se vuelve más descarado, incluso obsceno. Hay, ley de vida, más personas o partidos pidiendo ávidamente su cuota de poder, por mínimo que este sea. O su parte de presupuesto. Los partidos, y sobre todo sus clientes, viven cada vez más, enchufados al presupuesto. Pero lo grave no es eso. Lo realmente grave es que la política está empezando a mostrar síntomas evidentes de no saber para qué quieren el poder, si no es para sí misma. Y eso, al menos así, tan crudamente, no pasaba antes. Los endémicos problemas de la sociedad comienzan a pudrirse. Y la clase política, de la que hablara Gaetano Mosca, vive encapsulada en sus miserias, odios recíprocos personales o sectarios y signos evidentes de absoluta impotencia. Hemos reducido el digno oficio de la política a un mundo de pasiones desmedidas o de sectarismo atroz en el peor sentido del término. La denostada casta ha terminado por enmudecer hasta sus críticos más feroces e incorporarlos a ella.

No se llamen a engaño. Una democracia sin controles (checks and balances) nunca pasará de ser más que un puro remedo. Premonitoriamente, lo expuso Spinoza en su inacabada obra Tratado político: “Las leyes, por si solas, son ineficaces y fácilmente violadas, cuando sus guardianes son los mismos que las pueden infringir”. Y así seguimos, sin querer aprender las cosas más básicas. Cualquier control efectivo, al parecer, incomoda en la política española, sea esta del signo que fuere. También molestaba en las democracias avanzadas, pero esa es una asignatura que tales países resolvieron satisfactoriamente hace mucho tiempo. Entre nosotros, siempre se considera mejor tener amigos que todo lo edulcoren o vaciar las instituciones mediante una política de prórrogas eternas de sus mandatos u optar por la nueva modalidad de “sillas vacías”, como es el caso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que pronto hará dos años con la presidencia sin cubrir. ¿Qué más da? Ya llenó titulares cuando se creó como buque insignia de esa política renovada de regeneración democrática que nunca llegó. Al Parlamento y a sus señorías, pronto les invadió la amnesia, lo mismo que a los distintos gobiernos. Esas instituciones de control al final estorban. Al menos para quienes ejercen el poder. Lo de siempre. Ya que “deben estar”, más vale tenerlas enmudecidas. Como mera coreografía.

Carles Ramió: La fragmentación local española ahora es moderna

"La organización por distritos, como la que tienen algunos municipios, puede ser una posibilidad. Pero en muchos casos (por ejemplo, Barcelona y Madrid) los distritos tienen una dimensión excesiva y habría que plantearse una dimensión inferior al menos en materia de participación ciudadana y de cogestión social de determinados servicios en barrios"

Por Carles Reamió. Blog EsPúblico.- Es todo un clásico analizar el mapa municipal español en clave de su excesiva fragmentación. Suele argumentarse que la mayoría de los municipios españoles son excesivamente diminutos para una gestión eficaz y eficiente. Pero en la práctica nunca se ha impulsado ningún programa real de agregación de municipios como si han hecho otros países como, hace varias décadas, Gran Bretaña o, hace menos tiempo, Dinamarca.

Distritos de la ciudad de Madrid, la más
poblada de España

Los intentos de agregación municipal han sido escasos y de carácter teórico y exploratorio (destaca el informe Roca en Cataluña, 2000). Este informe fue un globo sonda que pinchó de manera estrepitosa a las primeras de cambio. Por otra parte, hay argumentos relevantes para constatar que el fragmentado mapa municipal español no es ningún drama y que también tiene sus ventajas. Francia y Alemania tienen también un sistema muy fragmentado y lo mantienen sin ningún tipo de discusión. Después de 40 años de administraciones públicas democráticas la Administración local es el nivel administrativo más legitimado socialmente (Pimentel, 2019): la valoración ciudadana es muy positiva y claramente superior que el nivel de mesogobierno (Comunidades Autónomas) o el Estatal (Administración General del Estado). Por si fuera poco, la calidad de los servicios públicos que ofrece la Administración local hispana es más que notable y recibe la aprobación ciudadana. En definitiva, un aparente caótico y fragmentado mapa municipal ha logrado un buen rendimiento institucional. Los municipios son ahora una joya institucional a preservar ya que en tiempos socialmente convulsos sigue manteniendo la complicidad de los ciudadanos con su modelo. Una conclusión pragmática de estos elementos es que mejor no hacer cambios revolucionarios en lo que funciona y, por tanto, limitarse a reformas para optimizar una fórmula que paradójicamente puede considerarse como exitosa. Pero todo ello no es óbice para que deban tomarse decisiones reformistas de calado para hacer frente a los retos de futuro de las administraciones públicas.

 Local vs global

No deja de ser una ironía que con el desarrollo de la globalización es necesario un ingrediente de equilibrio que consiste en poseer instituciones micro que aporten proximidad y humanidad al actual e inevitable proceso de globalización. La identidad local a nivel micro va a ser más necesaria que nunca ante la homogeneización y estandarización que supone la competencia globalizada. Una identidad local que facilite lógicas de participación política más directa y sistemas de colaboración y cogestión de servicios. Afortunadamente, nuestro actual mapa municipal tan fragmentado (y denostado por muchos durante tiempo) puede aportar este valor de manera natural. Es la paradoja del paso de tiempo: un modelo que hasta hoy era percibido como anacrónico pasa a ser necesario y moderno. Curiosamente el problema que habrá que resolver es como se organizan territorialmente las dos grandes áreas metropolitanas de España y el resto de ciudades de considerables dimensiones. Todas estas ciudades tienen una escala excesivamente enorme para poder implantar con éxito las lógicas de participación ciudadana, empoderamiento social y para generar una identidad cohesionada de proximidad. Por tanto, todos estos municipios tendrán que hacer un esfuerzo de descentralización política y de gestión para parecerse al mapa municipal de carácter fragmentado. La organización por distritos, como la que tienen algunos municipios, puede ser una posibilidad. Pero en muchos casos (por ejemplo, Barcelona y Madrid) los distritos tienen una dimensión excesiva y habría que plantearse una dimensión inferior al menos en materia de participación ciudadana y de cogestión social de determinados servicios en barrios (tal y como se lo está planteando actualmente a nivel todavía teórico el Ayuntamiento de Barcelona). No deja de ser curioso que ahora el reto sea cómo descentralizar las grandes ciudades emulando al resto del mapa municipal español.

Un diputado o concejal pueden obtener una copia de la demanda judicial presentada contra la Diputación o Ayuntamiento de la que forman parte

Por Miguel Ángel Blanes Climent blog.- En el caso que vamos a analizar a continuación se plantea la siguiente cuestión: si un diputado provincial puede o no obtener una copia de los escritos de demanda y de contestación a la misma presentados por un concesionario de la Diputación Provincial en un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la misma.

La Diputación Provincial y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo resolvieron, en esencia, que el diputado no podía obtener una copia de ambos documentos porque no forman parte de un expediente administrativo, sino de un expediente judicial, por lo que debería personarse en el correspondiente procedimiento y solicitarlo expresamente al órgano judicial.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su Sentencia de fecha 19/7/2019, (Id. Cendoj 47186330032019100249; Roj: STSJ CL 3363/2019-ECLI: ES:TSJCL:2019:3363) anula la resolución desestimatoria municipal y revoca la decisión del Juzgado de Instancia, al considerar, en resumen, que el concepto de expediente administrativo también comprende, engloba o integra, en su caso, el posterior expediente judicial.

La Sentencia destaca que los cargos electos (diputados estatales, autonómicos, locales y concejales), tienen un derecho de acceso a la información pública reforzado, puesto que tiene la naturaleza de Derecho Fundamental integrado en el artículo 23.1 de la Constitución Española. Es imposible participar en la gestión de los asuntos públicos y ejercer las labores de control y fiscalización sin poder acceder a la información pública.

La Sala destaca que el recurso, tramitado por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, debería haber sido estimado tan solo al comprobar que la solicitud de información presentada por el Diputado no fue contestada en el plazo legal de 5 días, por lo que había adquirido el derecho de acceso a la misma por silencio administrativo, de manera que la posterior resolución municipal no podía ser más que confirmatoria de la ya producida por silencio. Al no haberlo hecho así, la Diputación ignoró los efectos positivos del silencio y dictó una resolución desestimatoria sin haber iniciado los procedimientos legales de revisión de oficio como estaba obligada.

No obstante, a mayor abundamiento, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León expresa por qué entiende que el expediente administrativo integra también el expediente judicial:

“(…) no se comparte el concepto sumamente restrictivo de expediente administrativo, por contraposición al de expediente judicial, que sirve a la sentencia de instancia para justificar la denegación; aparte de lo ya dicho sobre el derecho del diputado provincial a conocer el contenido de la demanda dirigida frente a la Corporación, parece claro que toda la documentación generada en el proceso judicial en relación con el litigio descrito ha de incorporarse por la Administración provincial a sus propios archivos, que en este caso no puede ser otro que el expediente administrativo de resolución de la concesión, el cual abarca como es lógico todo el asunto hasta su resolución definitiva y firme, incluidos los recursos judiciales si los hubiere, como es el caso.

Pero es que incluso aunque aceptáramos la contraposición expediente  administrativo/expediente judicial, en todo caso el derecho de acceso a la información por parte del miembro de la Corporación no se circunscribe a los expedientes administrativos, sino que se refiere más ampliamente a “cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función”, y no cabe duda que la demanda en cuestión se encuadra en cualquiera de tales conceptos y obra en poder de los servicios jurídicos de la Corporación (…) la Sala no alberga duda alguna de que el conocimiento por el diputado provincial de la demanda formulada contra la Corporación propicia y coadyuva al efectivo control y fiscalización de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración en relación con la concesión y su resolución (…) el recurrente tendría pleno derecho a conocer como interesado la demanda dirigida contra la Corporación de la que forma parte integrante (…)”   –La negrita y el subrayado es mío-.

Comparto totalmente los razonamientos efectuados por el Tribunal. No entiendo cuáles pueden ser las razones de interés público para justificar la negativa a que un cargo electo local pueda leer el escrito de demanda y la contestación a la misma redactados en un recurso contencioso-administrativo planteado por un concesionario contra la corporación local de la que el mismo forma parte como interesado.

Y finalmente, el Tribunal concluye con un razonamiento que está aplicando de forma reiterada como broche de cierre y que nos puede resultar de mucha utilidad en aquellos casos dudosos que se plantean sobre el acceso a la información pública por parte de los miembros de las Corporaciones Locales:

“(…) Como dijimos en nuestra Sentencia de 17 de abril de 2018, recurso de apelación 131/18 -reproducida en otra de la misma fecha, recurso de apelación 72/18-, “una mínima, elemental conciencia y cultura democrática impone adoptar una posición diametralmente opuesta si del acceso a determinada documentación se está hablando. En caso de duda, la decisión municipal debe ser siempre la de proporcionar un franco acceso a toda la documentación que obre en el consistorio, salvo supuestos excepcionales. Ni siquiera si la oposición realiza una “batería de solicitudes sucesivas” cabe denegar el acceso. El hecho de que no sea interesado en un procedimiento administrativo no impide tomar conocimiento del mismo a un miembro de la corporación municipal. Cabe preguntarse la situación pasiva; ¿en qué perjudica al alcalde y al equipo de gobierno que la oposición tenga acceso a determinados expedientes?; desde luego, no ha sido objeto de sugerencia ninguna circunstancia obstativa. Y finalmente, la afirmación de que tal acceso supone una carga adicional a los funcionarios no sólo debe ser acreditada, sino que perfectamente puede ser solventada permitiendo el acceso a los expedientes sin obtención de copias, por ejemplo (…)”. -La negrita y el subrayado es mío-.

Esa mínima y elemental conciencia y cultura democrática suele brillar por su ausencia en muchas ocasiones. Bien lo saben los empleados locales y quienes son o han sido cargos electos en las corporales locales.

No deja de llamarme la atención que quienes han estado denunciado la opacidad y falta de transparencia del equipo de gobierno cuando estaba en la oposición, cambien rápidamente su forma de entender la democracia cuando llegan al poder y hagan lo mismo que denunciaban. Es flipante.

La Justicia dictó en 2018 un total de 1.063 condenas y 340 absoluciones por delitos de medio ambiente o urbanismo

En el año 2018 fueron incoados por la Fiscalía un total de 4.819 procedimientos judiciales, de los que 536 fueron en delitos contra el medio ambiente, 746 en urbanismo y ordenación del territorio y 545 a patrimonio histórico.

Revista de prensa.-  Europa Press.- Los tribunales españoles dictaron en 2018 un total de 1.063 sentencias condenatorias y 340 sentencias absolutorias por delitos relacionados con el medio ambiente o el urbanismo, según datos de la Memoria Anual de la Fiscalía presentada este lunes con motivo de la apertura del curso judicial.

La cifra refleja un descenso del 10,44 por ciento en el número de condenas y un aumento del 35,45 por ciento en el número de absoluciones durante el presente ejercicio, de acuerdo con los datos del Ministerio Fiscal.

En concreto, la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo explica que en 2018 se registró un "sustancial incremento" de las diligencias de investigación incoadas, con un total de 3.023 en 2018 frente a las 2.525 del año anterior.

En total, de las investigaciones practicadas durante el pasado ejercicio, 550, es decir el 18,19 por ciento, correspondieron a medio ambiente; el 37,18 por ciento (1.124) a urbanismo y ordenación del territorio; el 13,56 por ciento (410) a incendios forestales; el 8,79 por ciento (266) a la flora y fauna; el 7,54 por ciento (228) a malos tratos contra animales domésticos y el 3,96 por ciento (120) a patrimonio histórico.

Del total de diligencias, 1.105 derivaron en denuncia o querella por parte del Ministerio Fiscal y de ellas, 999 fueron archivadas. El resto están en tramitación.

Si bien, la Fiscalía destaca que estos datos suponen un "sustancial incremento" frente a los del año anterior, cuando se incoaron 2.525 diligencias, de las que 1.062 dieron lugar a presentación de denuncia o querella y 1.248 fueron archivadas.

Por otro lado, durante el año 2018 fueron incoados un total de 4.819 procedimientos judiciales, de los que 536 fueron en delitos contra el medio ambiente; 746 en urbanismo y ordenación del territorio; 545 a patrimonio histórico; 987 a delitos contra la flora y fauna; 884 a incendios forestales y, por último, 1.121 por delitos de malos tratos a animales domésticos.

Esto significa que el 23,26 por ciento de los procedimientos judiciales incoados en 2018 estaban relacionados con delitos de malos tratos a animales domésticos y el 20,48 por ciento por delitos contra la flora y la fauna y un 18,34 por ciento por incendios forestales.

Por otro lado, el anuario del Ministerio Fiscal señala que en 2018 se presentaron un total de 1.399 escritos de acusación, de los que 129 se debieron a delitos contra el medio ambiente; 440 a urbanismo y ordenación del territorio; 38 por delitos contra el patrimonio histórico; 360 en materia de flora y fauna; 190 por delitos de incendio forestal y 242 por malos tratos a animales domésticos.

En total, los procedimientos judiciales en 2018 por delitos relacionados con el medio ambiente y el urbanismo derivaron en 1.063 sentencias condenatorias, un 10,44 por ciento menos que el año anterior, cuando se dictaron 1.187 condenas.

144 condenas y 43 absoluciones sobre incendios

De estas condenas el grupo más numeroso correspondió a delitos por urbanismo y contra la ordenación del territorio, con 350 condenas; a las que le siguen 254 condenas por delitos de flora y fauna; 224 por malos tratos a animales domésticos; 144 por incendio forestal; 49 por delitos contra el medio ambiente y 42 por patrimonio histórico.

Por su parte, el Tribunal Supremo dictó durante 2018 ocho sentencias condenatorias, dos de ellas por delitos contra el medio ambiente y seis por prevaricación urbanística.

En cuanto a las absoluciones, durante el año 2018 se contabilizaron 340 sentencias absolutorias, de las que 34 estaban relacionadas con delitos de medio ambiente; 148 en urbanismo y ordenación del territorio; 10 delitos contra el patrimonio histórico; 61 por delitos contra la flora y fauna; 43 por incendio forestal y 44 por malos tratos a animales domésticos.

Así, los datos de la Memoria de la Fiscalía refleja que las sentencias absolutorias crecieron respecto al año anterior, ya que frente a las 340 de este año, en 2017 se dictaron 251 sentencias absolutorias, un 26,17 por ciento menos, lo que supone un aumento de las absoluciones del 35,45 por ciento.

Agujeros negros en las Administraciones Públicas

"Llama poderosamente la atención que en el inicio del mandato de estos nuevos gobiernos locales y en el propio gobierno central, eternamente en funciones, nadie se plantee en serio qué hacer con esa pesada máquina que es la Administración Pública y su burocracia"

Por Rafael Jiménez Asensio. La Mirada Instituconal blog.  Por razones que no vienen al caso, he compartido recientemente mesa y conversación con algunos viejos amigos, que viven distantes del lugar donde resido. Y hablando sobre temas dispares hemos recalado en varias ocasiones sobre el mal estado de nuestras Administraciones Públicas.

Uno de tales interlocutores, funcionario comprometido (de quien omito sus apellidos porque nunca se opina, menos en privado, a gusto de todos), puso las cosas en su sitio (aunque la cita no sea literal): tras un largo paréntesis debido a las elecciones y a la eterna formación de un gobierno que finalmente salió con calzador y con brotes de esperpento añadidos, “llevamos –me dijo- varios meses de absoluta parálisis, que sumados al tiempo del anterior mandato, cuyos responsables se limitaron al cumplimiento formal de la legalidad en el ejercicio de sus tareas, ya que no existía ningún planteamiento estratégico para afrontar unos retos de legislatura que ni siquiera tenían objetivos identificados; pues, bien, ese conjunto de circunstancias convierten mi oficio y el de todos los empleados públicos que me rodean –concluyó- en puro presentismo”. Hay empleados públicos que solo fichan o asisten al trabajo (pues el control horario es el único realmente existente en la Administración en relación con sus empleados), que aparenta trabajar o “hacen pasillos”, y los hay también que ni eso. Aunque afortunadamente hay personas en las organizaciones públicas que dedican tiempo y energías añadidas al ejercicio de sus funciones. Pero, por lo común, si algo se hace es lo inmediato o urgente. El resto puede esperar. Si a ello añadimos que nadie fija metas durante estos meses, puesto que los directivos “de quita y pon” unos se están yendo y otros aún no han aterrizado, “mi vida funcionarial –reflexionó en voz alta- es plácida, pero yerma, la frustración por lo que se podría hacer y no se hace, elevada; mis únicas compensaciones –añadió finalmente- consisten en la magra retribución a fin de mes (inferior notablemente a la de otras Comunidades Autónomas limítrofes) y en unas largas vacaciones que aún me quedan parte por disfrutar, aunque procuro leer sobre cuestiones de mi trabajo para mantenerme al día”. Algo que no deja de ser –seamos francos- un tanto excepcional.

Todos aquellos que trabajen o hayan estudiado la Administración Pública son conscientes de sus problemas endémicos. Por tanto, lo que he descrito y lo que sigue no es nada nuevo, ni mucho menos algo que no se sepa. Otra cosa es que el común de los mortales lo conozca. Lo que sigue, por tanto, es un mero recordatorio, pues en la agenda política inmediata de los diferentes niveles de gobierno no observo que tales cuestiones se pretendan resolver. Más bien se da la callada por respuesta: se entierra el problema, y así se pretende, craso error, negar su existencia.

Llama poderosamente la atención que en el inicio del mandato de estos nuevos gobiernos locales y en el propio gobierno central, eternamente en funciones, nadie se plantee en serio qué hacer con esa pesada máquina que es la Administración Pública y su burocracia, base directa o indirecta de la mejor o peor prestación de la práctica totalidad de los servicios públicos. Y todavía es más sorprendente que en las tan aireadas 370 medidas que se pretenden poner en marcha por el futuro gobierno progresista apenas aparezcan tibios destellos de una reforma administrativa que ni siquiera se concreta. Una vagas medidas sobre empleo y servicio público, así como reiteradas referencias a la digitalización, conforman el horizonte de una reforma que, al parecer, nunca será, pues nadie la propone realmente. En ese documento de 370 medidas la única referencia a la profesionalización de la función directiva es a la de los centros escolares, el resto seguirá siendo pasto de clientelas. Da la impresión de que la política se hace sola, con los mimbres personales existente y con nuestras actuales organizaciones caducas. La ingenuidad en ocasiones se torna un peligro público o un ejercicio de demagogia barata.

Cinco nudos críticos

Hay cinco nudos críticos en las Administraciones públicas españolas que hasta que no se afronten nada se conseguirá en verdad: la política, por muy audaz e ingeniosa que sea o pretenda ser, sea esta de derechas o de izquierdas, se dará de bruces contra el muro de la indiferencia o con la imposibilidad material de hacerse efectiva. Baño de realismo, transcurrido cierto tiempo en el ejercicio del poder. Y esos agujeros negros (a los que podríamos añadir muchos más) son los siguientes

La alta dirección pública de nuestras administraciones sigue absolutamente colonizada por la política. Y nadie se da por aludido, en un ejercicio de cinismo político superlativo.

• Salvo excepciones singulares, la planificación estratégica no es una herramienta de trabajo cotidiano. Y sin ella no hay visión, tampoco innovación y menos aún cambio organizado y obtención de metas o resultados. Como ya dijo hace años el profesor Alejandor Nieto, “en la Administración Pública no se piensa, se improvisa”. Y así seguimos.
• El acceso a los empleos públicos está pésimamente diseñado: o se encarece ad infinitum de modo irracional (cuerpos de élite) o se abarata mediante procedimientos selectivos “blandos” o de aplantillamiento descarado de interinos, que prácticamente regalan las oposiciones a quienes ya están y obstruyen el acceso a quienes quieren competir con criterios de mérito y capacidad. No hay término medio.
• La productividad de los empleados públicos es, también por lo común, exageradamente baja, alimentada por una inexistente cultura del desempeño, así como por unas condiciones de trabajo muy ventajosas comparadas con el sector privado, lo que da lugar a bolsas de ineficiencia elevadísimas o, en su defecto, a un dispendio en los costes de prestación de determinados servicios públicos. Seguimos pagando igual a funcionarios que llevan a cabo desempeños muy diferentes, también a quienes no trabajan o trabajan poco.
• Y, unido a lo anterior (algunas muestras de ello estamos teniendo recientemente), la autorregulación y las políticas de cumplimiento de la legalidad son necesarias, pero deben venir acompañadas de un real ejercicio de las funciones de control, supervisión e inspección de las administraciones públicas, que hoy en día están adormecidas, poco estimuladas o infradotadas. Una Administración que solo regula o fomenta o que alimenta la política de (auto)cumplimiento, pero no lleva a cabo el seguimiento de las actividades y conductas reguladas, es una organización que mal puede cumplir sus funciones. También en el ámbito de los recursos humanos el seguimiento y control (aparte del cumplimiento del horario) es inexistente.

Por tanto, si es usted una persona con responsabilidades públicas o con incidencia sobre aquellas personas que las ejercen, aborde (o aconseje abordar, si es de los segundos) cinco ejes de renovación de las estructuras administrativas que den respuesta a esos otros tantos cinco males endémicos que aquejan a nuestras organizaciones públicas. Lo demás vendrá por añadidura. A saber:

• Impulse la profesionalización (cobertura por mérito y capacidad y protección temporal frente al cese discrecional) de todos los puestos directivos y de responsabilidad de la organización.
• Promueva la visión y sentido institucional de su organización mediante un correcto alineamiento política-gestión e invierta en planificación estratégica y operativa, también con una mirada a medio plazo que dé respuesta a los problemas no solo inmediatos sino mediatos.
• Implante la mejora progresiva de los sistemas de acceso al empleo público y persiga, mediante procesos selectivos que garanticen la igualdad, mérito y capacidad, la captación del talento real existente en la sociedad (que hay mucho), pues sus ciudadanos se lo agradecerán.
• Incremente la productividad del empleo público a través de la implantación de una cultura de responsabilidad en la gestión y de eficiencia en el uso de los recursos públicos por parte de los servidores públicos, promoviendo sistemas de evaluación del desempeño, progresión profesional y aprendizaje continuo.
• Desarrolle sistemas de cumplimiento a los que anude unas estructuras de seguimiento, inspección y control plenamente alineadas a los marcos normativos y a los objetivos de las organizaciones, también en el ámbito de los recursos humanos, sin perjuicio de que impulse la construcción de sistemas de integridad institucional (autorregulación) en el empleo público.

A poco que ponga en marcha algunos de estos ejes (mejor si se actúa sobre todos), los resultados serán obvios. No obstante, aunque haya voluntad politica, no resultará fácil. Ya están los sindicatos del sector público para que el inmovilismo se eternice. Conviene no llamarse a engaño. Las inercias administrativas y las “conquistas regaladas” (que no alcanzadas) son frenos durísimos frente a cualquier medida de cambio. Pero si no se intenta nada, se incurre en un autoengaño. La política puede poner sobre el papel, pues el papel lo aguanta todo, 100, 300, 500 o 1000 medidas de transformación. Quedarán muy bonitas. La apuesta por la digitalización es necesaria, pero fracasará –como de hecho está sucediendo en buena parte del sector público- si no se abordan esas otras cuestiones nucleares. En efecto, sin tocar las estructuras, los procesos y las personas, tales medidas de digitalización u otras de la misma índole se convertirán, por mucho que se empeñen sus promotores, en papel mojado, salvo que quien lidere esa voluntad de cambio se enfrente a aquello que nadie, según parece, quiere afrontar: la reforma integral y gradual de la Administración Pública y de su sistema burocrático. Hoy en día se trata de estructuras caducas e inadaptadas para hacer frente a tantos centenares o miles de retos que la política o la sociedad identifica, pero nunca sabe cómo resolver. Tal vez desatando esos nudos algo se consiga. Seguro que sí. Todo es ponerse. Aunque para ello hay que tener Gobierno y, si lo hay, que “compre un producto” (la reforma) que no da réditos inmediatos, pero sí soluciones venideras. Y, con una política preñada de inmediatez, eso es más difícil. Seamos sinceros.