martes, 24 de mayo de 2016

Carles Ramió: La necesidad de mirar más al futuro en la Administración Pública

"Plantearse a nivel teórico como debería ser la Administración pública a largo plazo es un mecanismo imprescindible para tomar las decisiones del presente con una cierta orientación estratégica, y no solo como una forma de salir al paso de problemas coyunturales del presente"

Carles Ramió. Blog EsPúblico.- El problema estructural de las administraciones públicas de todo el mundo es una  absoluta falta de identidad estratégica. Ni cuando se plantean reformas se observa mucho más allá del presente  y solo se diagnostican  los problemas de un pasado inmediato y todas las medidas prescriptivas que se proponen, en el marco o no de una reforma administrativa, son a muy corto plazo. 

Es evidente, que durante los últimos 50 años las administraciones públicas han experimentado muchos cambios pero éstos han sido muy escasos a nivel de modificar de forma drástica su paradigma conceptual. Los sistemas públicos actuales se parecen en exceso a los de hace cincuenta años e incluso cien años. La tecnología y la sociedad avanzan y se transforman a un ritmo de liebre y las administraciones públicas deambulan a un ritmo de caracol cuando no en el sentido del cangrejo (con importantes regresiones) o se inmovilizan durante años con la estabilidad y el anclaje de un mejillón. Los políticos, los funcionarios y los estudiosos de la Administración pública son conscientes que conducen un artefacto tan complicado que o bien lo mantienen parado por temor a no saberlo liderar o bien lo conducen de forma lenta, con la luces cortas y obsesionados en observar solo al retrovisor. 

A casi nadie se le ha ocurrido poner las luces largas por temor a deslumbrar e inquietar a los susceptibles artefactos móviles implicados (partidos políticos, funcionarios, sindicatos, empresarios, movimientos sociales, etc.) o a casi nadie se le ha ocurrido observar el GPS para anticipar rutas alternativas incluso a pocos años vista.

La prospectiva es una disciplina poco rigurosa que por más sofisticaciones metodológicas al final se concreta en sacar la bola de cristal y de forma intuitiva, artística e incluso mística intentar anticipar el futuro. Se trata de un ejercicio muy poco robusto a nivel académico y sujeto a todo tipo de críticas corrosivas. Pero no realizar este ejercicio, que combina la temeridad con ciertas dosis de magia, nos aboca a ser conservadores, reactivos y muy poco innovadores. El temor que nos genera jugar a anticipar el futuro y a atreverse a conducirlo de forma creativa nos condena a ser gallinas sin cabeza que no paran de moverse de forma caótica, desconcertando a la mayoría de los actores, y sin una ruta clara de avance. En este sentido, considero que plantearse como puede o debería ser la Administración pública en el futuro no es un ejercicio inútil, sino que es una manera de anticiparse a los acontecimientos y, en la práctica, nos permite  ir junto a ellos en su avance y no, como es habitual, muy por detrás de los mismos.

El futuro
Plantearse a nivel teórico como debería ser la Administración pública a largo plazo es un mecanismo imprescindible para tomar las decisiones del presente con una cierta orientación estratégica, y no solo como una forma de salir al paso de problemas coyunturales del presente. Realizar análisis de prospectiva es más necesario de lo que parece para la toma de decisiones públicas del día a día. 

Todos sabemos, por ejemplo, que una política pública en el ámbito de la energía tiene siempre una orientación a largo plazo, a veinte o a treinta o más años vista. Pues, a mi entender, lo mismo sucede con las políticas de carácter institucional y organizativas que son aquellas que deben perfilar como deben ser los aparatos públicos que diseñarán, decidirán e implementarán las políticas públicas y los sistemas de gestión del futuro. Pongamos un ejemplo: hace un tiempo un político responsable de la función pública de una gran institución del país me preguntó sobre los potenciales contenidos de una nueva ley de función pública. Ante esta pregunta yo respondí con otra interpelación: ¿cuándo se aprobó la última ley de función pública? Es obvio que se trataba de una pregunta retórica ya que sabía que la última ley de función pública, y por tanto la vigente, tenía ni más ni menos que veinticinco años de antigüedad. Y realicé la siguiente reflexión: es evidente que una ley de función pública cuesta mucho de cambiar y que por su naturaleza y por su complejo proceso de aprobación siempre será una ley a muy largo plazo. 

Pues bien, en ningún caso se trata de que la nueva ley se limite a solucionar los problemas del presente sino que tiene que poseer una orientación estratégica, ya que va a ser un puntal para diseñar y conducir al futuro modelo de Administración durante los próximos 25 años. Una nueva ley tiene que mirar menos al retrovisor y al parabrisas contemporáneo e intentar hacer el esfuerzo de vislumbrar posibles escenarios de futuro a largo plazo. Si no se diseña de esta manera la nueva ley va a nacer vieja, y lejos de ser la solución va a ser el corsé que impedirá la modernización durante los próximos lustros de la Administración en cuestión.

lunes, 23 de mayo de 2016

Ciudades inteligentes: el próximo negocio de Alphabet (Google)

Los esfuerzos anteriores para construir ciudades inteligentes o distritos integrados con la tecnología han fracasado porque normalmente los planificadores urbanos y ejecutivos de tecnología no se entienden entre sí

Revista de prensa.- Expansión.es. En las próximas semanas, altos ejecutivos del gigante de tecnología de Mountain View (California, EEUU) escucharán la propuesta de negocio de su subsidiaria enfocada en tecnología urbana, Sidewalk Labs. Se trata de un plan para entrar en un nuevo y ambicioso escenario: la construcción de ciudades.

Según personas conocedoras de los planes de la compañía, Sidewalk está dando los toques finales a una propuesta de desarrollo de distritos gigantes de viviendas, oficinas y tiendas minoristas dentro de ciudades ya existentes.

Ciudades reurbanizables
La compañía estaría buscando localidades con grandes extensiones de tierra que necesiten ser reurbanizadas, como municipios con problemas económicos que tienen un importante deterioro urbano, tal vez a través de un proceso de licitación. Sidewalk se asociaría con una o más de esas ciudades para construir esos distritos, que se prevé cuenten con decenas de miles de residentes y empleados y que estén integrados con tecnología.

El objetivo es crear un campo de pruebas para las ciudades del futuro, proporcionando un área de demostración para ideas que van desde automóviles autoconducidos a infraestructuras más eficientes de servicios eléctricos y suministro de agua, según las fuentes consultadas.

Los detalles sobre esta iniciativa, que fue dada a conocer a principios de este mes por el sitio web de tecnología The Information, son escasos. Más importante aún, no está claro quién cubriría el coste de semejante esfuerzo, estimado en decenas de miles de millones de dólares, ya que el desarrollo urbano a gran escala por lo general requiere de la participación de otros inversores durante un período de años o décadas.

Un elemento clave es que Sidewalk estaría buscando tener autonomía respecto de muchas regulaciones municipales para poder construir sin las limitaciones habituales que conllevan los espacios públicos, como estacionamientos, el trazado de las calles o los servicios públicos.

Si Alphabet (la sociedad matriz de Google) aprueba el proyecto final, éste pasaría a ser una más de las poco probables pero prometedoras inversiones de la compañía, como su división de vehículos autónomos.

Daniel Doctoroff
Sidewalk, que se fundó el año pasado, fue una idea original del presidente ejecutivo de Alphabet, Larry Page, y el presidente ejecutivo, Daniel Doctoroff, zar de desarrollo económico de la ciudad de Nueva York durante los primeros seis años de la Administración del alcalde Michael Bloomberg. Durante su gestión, Doctoroff fue reconocido por tener un enfoque tecnocrático del gobierno y por sus grandes ambiciones en materia de desarrollo urbano, convirtiendo antiguas áreas industriales de Manhattan y Brooklyn en barrios donde las torres de oficinas y apartamentos han brotado como hongos en la última década.

Doctoroff pasó a dirigir Bloomberg LP, la compañía de medios del exalcalde, y el año pasado lanzó Sidewalk. En los últimos meses, Doctoroff y una bandada de consultores y personal, incluyendo varios de sus antiguos subordinados en la municipalidad, habrían trabajado contrarreloj para armar un plan maestro para la iniciativa de desarrollo urbano. "¿Qué harías si realmente pudieras crear una ciudad desde cero?", dijo en febrero, en un discurso pronunciado en la Universidad de Nueva York. "¿Cómo concebirías los fundamentos tecnológicos?".

Los esfuerzos anteriores para construir ciudades inteligentes o distritos integrados con la tecnología han fracasado porque normalmente los planificadores urbanos y ejecutivos de tecnología no se entienden entre sí, aseveró. "Ésa es la razón para la combinación entre Google, que se centra en la tecnología, y yo, que estoy enfocado en la calidad de vida, el urbanismo, etc".

Las ciudades construidas desde cero, como Brasilia o Canberra, son consideradas urbes antisépticas, carentes de la vitalidad que tienen las ciudades más orgánicas.

Por su parte, los proyectos de desarrollo a gran escala dentro de las ciudades a menudo se caracterizan por frecuentes demoras y fracasos. Un ejemplo de todo esto fue Battery Park City, un desarrollo del Bajo Manhattan, que llevó cuatro décadas de desarrollo y una cuasiquiebra hasta que fue completado. En estos casos, los desarrolladores se enfrentan no sólo a los cambios del mercado, sino también a la dinámica política, que también cambia con frecuencia.
Otra noticia de interés. El País: La hora de dar la vuelta a 20 años de fracaso en el urbanismo mundial
El Informe Mundial de Ciudades 2016 dibuja un panorama crecientemente desigual y propone las líneas para las próximas décadas

sábado, 21 de mayo de 2016

Novedad editorial: “Los diez pecados capitales de los empleados públicos"

“Los diez pecados capitales de los empleados públicos (Leyenda y realidad de una tribu universal)” de José Ramón Chaves y Juan Manuel del Valle. Ver reseña deJ.R.Chaves  (Se presentará el domingo 29 de Mayo en la Feria del Libro de Madrid)


Editorial Amarante.- Como ciudadano vas a tener que vértelas alguna vez con un funcionario, y te conviene saber de sus pecados y virtudes. Este libro es un chaleco antibalas. Si eres empleado público tendrás ocasión de ver las debilidades de tus compañeros, de los ciudadanos e incluso las tuyas propias. Por eso también es espejo y vacuna. Tres por uno.
Foto de Editorial Amarante.Bajo la inspiración de la clásica obra de Fernando Díaz-Plaja, “El español y los siete pecados capitales”, y desde el curioso punto de vista de los empleados públicos, se aborda un mundo burocrático de miserias y grandezas, con sus causas y consecuencias, deteniéndonos en leyendas negras y tópicos, pero también exhibiendo los méritos que demuestran la nobleza de su labor.
Por el texto desfila un retablo de pecados clásicos entre sonrisas pícaras, chivatas o cómplices, en el campo abierto de los expedientes, despachos y la gestión de asuntos públicos. La lupa de los autores se adentra en el ámbito de los que responden a apetitos materiales (avaricia, lujuria y gula); también de los que reflejan el poderío psicológico de quien ocupa un cargo o puesto público (soberbia, ira) o los que son propios del humano hedonismo (pereza). Pero como la vida va más deprisa que la tradición, se incorporan tres pecados de nuevo cuño: la frivolidad, la intransigencia y el oportunismo.
Pecados y pecadillos
El libro delata todos esos pecados y pecadillos con fluidez, en tiempo presente, entre anécdotas y chistes, en compañía de Larra, Umbral, Alejandro Nieto y otros muchas personalidades que no se han resistido a pronunciarse sobre ese mundo. Pocos lo han hecho en su favor, lo que tampoco es muy justo. También se delata a los ciudadanos y a los políticos que con ellos tratan, pues ninguno está libre de culpa. Algo tenemos de la culpa de los demás.
Te lo cuentan dos personajes que han amasado trienios en varias administraciones, que te dicen lo que no se cuenta para que no te pille de nuevas y que no piden protección como testigos porque, osando desvelar lo que se cuece en las oficinas públicas, sólo podrán salvarse si la sonrisa del lector les protege. Haz el favor y comienza a sonreír antes ya de empezar a leer.
Nota. La presentación del libro y  firma de ejemplares por parte de los autores será, en primer lugar, en Oviedo, el viernes día 27 de Mayo de 2016, a las 18,00 horas, en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos, en la Palacio Conde de Toreno, en la Plaza Porlier de Oviedo.

Dos días después  en Madrid, el domingo día 29 de Mayo de 2016, entre las 12,30 y 14,00 horas en la Feria del Libro de Madrid, Caseta de la Librería Gaztambide, Caseta 330, C/ Santiago Rusiñol, 8.

El libro ya puede adquirirse bien directamente por internet a Editorial Amarante, o a Amazon bien en la Librería Gaztambide de Madrid (C/ Gaztambide, 6), en la Librería Cervantes de Oviedo (C/ Doctor Casal, 9)

Ver reseña deJ.R.Chaves 

viernes, 20 de mayo de 2016

Curso INAP : Administración y gestión de las herramientas del Portal de la transparencia en ayuntamientos

Cinco  ediciones del curso INAP en Madrid: "Administración y gestión de las herramientas del Portal de la transparencia" 

Edición 1: 6 y 7 de junio de 2016. 
Edición 2: 4 y 5 de julio de 2016. 
Edición 3: 12 y 13 de septiembre de 2016. 
Edición 4: 10 y 11 de octubre de 2016.
Edición 5: 14 y 15 de noviembre de 2016.


Número de horas lectivas: 13.
Número de plazas: 24 por edición.
Lugar de impartición: Calle Atocha, 106. 28012 Madrid


La información detallada con los objetivos, contenidos, metodologías, calendario y valoración del curso será expuesta en la página web del Instituto (www.inap.es), junto a su inscripción. 

Se podrá solicitar información adicional a través del correo electrónico fl@inap.es.





Tesis doctorales: En el BOE de 14 de mayo se ha publicado el extracto de la convocatoria del Premio INAP 2016 para tesis doctorales. El plazo de presentación de solicitudes y documentación en soporte electrónico estará abierto hasta el 15 de julio, inclusive.

Pulse aquí para acceder al texto completo de la convocatoria.

Conferencia sobre dos novedades europeas sobre contratación pública
El documento europeo único de contratación y la contratación electrónica.Celebración 26 de mayo. lazo de inscripción hasta el 22 de mayo. ProgramaInscripción electrónica

Más información en la página web del INAP, en su sede electrónica, en el correo electrónico centroestudios@inap.es y el teléfono: 91 273 92 08

jueves, 19 de mayo de 2016

Víctor Almonacid: Los Principios de buena regulación en la nueva Ley de Procedimiento

" La buena regulación es el buen gobierno aplicado a la potestad reglamentaria "

Víctor Almonacid. Blog NosoloAytos.- Planteado de otra manera: ¿cómo debemos “legislar”? Redactar una norma no es sencillo, pero resulta absolutamente necesario reglamentar, sobre todo en el caso de los Ayuntamientos, cuyas características singulares aconsejan adaptar las normas de rango legal de las instancias superiores a la peculiar organización, población, geografía o economía del municipio. Un buen punto de partida para el buen ejercicio de la importante potestad reglamentaria local sería la observancia de los Principios de buena regulación recogidos en el artículo 129 de la nueva LPA.

Ya dijimos que, en nuestra opinión, es el momento de los Principios generales del Derecho. Pero… ¿Cuáles son estos principios “de buena regulación”?

En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.

Vamos a desarrollarlos uno a uno:
Necesidad
Este principio va ganando enteros en el moderno Derecho Público. Su antecedente más famoso es la Ley de Contratos del Sector Público, cuando señala: “Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales” (art. 22.1 del vigente TRLCSP). El principio de necesidad tiene mucho sentido en la moderna gestión pública, en la que visto lo visto se debe prescindir inmediatamente de medidas innecesarias (contratos innecesarios, reglamentos innecesarios…). Sin duda necesidad tiene que ver con eficacia y eficiencia:

Eficacia
El principio de eficacia es un clásico del Derecho Administrativo, y tiene rango constitucional (art. 103.1). Como bien sabemos hace referencia al cumplimiento de los fines y objetivos públicos. Por lo demás, según el art. 29.2 LPA, “En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución”.

Eficiencia
Supone la aplicación de criterios de ahorro y racionalización al principio de eficacia. “En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos” (art. 29.6 LPA). Es imprescindible que una norma establezca una regulación conforme con el principio de eficiencia, acomodando el fin perseguido a los recursos, siempre limitados, de la administración.

Proporcionalidad
Se trata de otro principio famoso, que incide prácticamente en todas las ramas del Derecho, siendo conocido por mucha gente por su significado en la rama Penal. En orden a la redacción de normas, tiene sin duda un punto también relacionado con el principio de necesidad, con el de coherencia, pero sobre todo con su significado habitual, en el sentido de que el régimen jurídico que se establezca, debe ser el menos gravoso para las personas. Así, según la LPA, “En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios” (art. 29.3).

Seguridad jurídica
Señala la LPA que “A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas” (art. 29.4.1). El de seguridad jurídica es un principio capital, de alto rango -aparece nada menos que el Título Preliminar de la Constitución (art. 9.3)-, y de alguna manera polisémico. De todos estos posibles significados nos quedamos ahora mismo con la necesidad de claridad, pues bien es conocida nuestra defensa del principio de accesibilidad y de lectura fácil, en la administración, imprescindible para modernizar lo público.

Otro problema de seguridad jurídica que suelen presentar las normas es que contienen conceptos indeterminados, lo cual evidentemente resta seguridad jurídica. Pongamos un ejemplo. Recientemente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha ratificado la Ordenanza Municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales del Ayuntamiento de Valladolid que prohíbe ir desnudo en los espacios y vías de uso público, aunque ha anulado la expresión “semidesnuda” incluida en la misma por la indeterminación del concepto. La sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto por la Federación Española de Naturismo y anula la expresión que prohíbe ir o estar en lugares públicos “semidesnudo” al considerar que no es posible determinar con un mínimo grado de precisión las características concretas de la conducta que se sanciona. Por todo ello, considera que hubiera sido necesario un mayor esfuerzo de la Corporación municipal para acotar el concepto y no dejar tan extraordinario margen de apreciación en una materia que no se presenta con indiscutible claridad (Fuente: El País).

Por lo demás, según el art. 29.4.2 LPA, “Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta”.

Transparencia
Este principio es uno de los protagonistas habituales de este espacio web. “En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas” (art. 29.5 LPA). Se trata, como vemos, de un principio formal que afecta más bien a la fase de elaboración de la norma, aunque evidentemente también debe tener un peso específico en el fondo de la misma.

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
Se trata de dos principios siameses, omnipresentes en la legislación para el sector público dictada en los últimos años, absolutamente marcada por la crisis, y también cómo no vinculados al de eficiencia. “Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera” (art. 29.5 LPA). Póngase en relación con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el ámbito local, por supuesto, con la polémica Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, también muy comentada en este blog.

Hasta aquí los principios “de buena regulación”, que son más bien “para la buena regulación”. Y son de obligado cumplimiento y respeto en el ejercicio de la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas, hasta el punto de que, recordemos, en el preámbulo de los proyectos de reglamento quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.

Por último cabe mencionar lo dispuesto en el art. 130 de la LPA, dedicado a la “Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación”. Según el mismo, las Administraciones Públicas:

Revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración correspondiente.

Promoverán la aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la actividad económica.

En resumen, la buena regulación es el buen gobierno aplicado a la potestad reglamentaria.

miércoles, 18 de mayo de 2016

El entramado que se esconde tras las Diputaciones: 116 entes, 282 consorcios y 6.358 millones de gasto

El debate sobre la supresión o no de las diputaciones se abordará durante la próxima legislatura. 

Revista de prensa. Diario El Mundo.- Las Diputaciones están en la picota. Estas entidades locales son objeto de debate político después de que Ciudadanos PSOE apostaran por su supresión en su acuerdo de Gobierno, Podemos también promueva su supresión y sólo el PP defiende su continuidad. En 2015 costaron un total de 6.358 millones de euros. Un informe de la fundación '¿Hay Derecho?' radiografía estas administraciones para abrir "un debate racional y sosegado sobre la conveniencia de mantener o suprimir estas entidades". Este examen permite concluir que las 38 diputaciones han creado un total de 116 entes para descentralizar la gestión de sus servicios locales. Asimismo, participan en un total de 282 consorcios.

La Base de datos General de Entidades Locales (BDGEL) del Ministerio de Hacienda recoge un total de 116 entes, con personalidad jurídica propia, creados por las diputaciones. Entre ellas, destacan la Diputación de Córdoba, con 10 entes dependientes; Granada, con siete, o Sevilla Barcelona, con seis. Según se desprende de la legislación, en materia de Régimen Local, las Entidades Locales (las diputaciones entre ellas) pueden organizar con gran libertad la gestión de los servicios que prestan, "bien creando dentro de su administración general los órganos necesarios al efecto, o bien creando Entes públicos que -teóricamente al menos- deben facilitar la mejor gestión y especialización de los servicios prestados de acuerdo con el principio de descentralización".

Pero ahí no termina el entramado que gira en torno a las diputaciones. Éstas pueden constituir consorcios con otras Administraciones públicas para fines de interés común o con entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público, concurrentes con los de las Administraciones públicas, según plasma el estudio de '¿Hay Derecho?' Pues bien, las 38 diputaciones participan en un total de 282 consorcios (en algunos casos, hay consorcios en los que participan más de una Diputación).

"De la lectura de los datos anteriores se desprende que las diputaciones provinciales han creado una amplia red de entes públicos en torno a los servicios que gestionan sin que se aprecie claramente un criterio objetivo para su creación, dada la enorme dispersión y diferencia entre unas diputaciones y otras. En los entes sujetos a Derecho Privado se aprecia particularmente una huida del Derecho Administrativo, tanto en lo que se refiere a la contratación del personal como a la adjudicación de contratos", dictamina el estudio.

Coste de 6.358 millones; ahorro de 600 millones
El debate sobre la supresión o no de las diputaciones se abordará durante la próxima legislatura. De momento, en 2015 tuvieron un presupuesto de 6.358 millones, de los que el 28% fue transferido directamente a otras entidades: 1.768 millones de euros aproximadamente.

Esta partida de más de seis mil millones se distribuye de la siguiente manera: un 37,4% para actuaciones de carácter general; un 16,5% para actuaciones de protección y promoción social; un 16,2% en actuaciones de carácter económico; un 12,8% en producción de bienes de carácter público; un 10,2% se destinó a servicios públicos básicos; y el 7% fue para deuda pública.

¿Y si se suprimen cuánto se ahorraría? Según los expertos de '¿Hay Derecho?', en el corto plazo se ahorraría 587.490.374 euros. Lo calculan en base a dos partidas: Órganos de Gobierno (140.560.866 euros) y Transferencia a otras Administraciones sin una finalidad concreta (446.929.508 euros). En el medio plazo, pese a la complejidad, hace una estimación de 1.230 millones de euros.


"Nuestra tesis es que la estructura y el funcionamiento de las diputaciones favorecen la aparición de formas de clientelismo y corrupción que, no siendo exclusivas de estas entidades, proliferan en ellas dando lugar a casos que alcanzan gran repercusión mediática por su aparatosidad", concluyen los expertos

martes, 17 de mayo de 2016

Carles Ramió. El esplendor y la tendencia silvestre del modelo burocrático

"Crear un grupo de organismos públicos bajo el paradigma burocrático es como plantar en un jardín un conjunto de plantas de crecimiento acelerado. En poco tiempo el jardín se convierte en una selva impenetrable"

Blog EsPúblico. Carles Ramió. El modelo burocrático, que a mi entender es inevitable que perviva en los núcleos de las administraciones públicas, debe ser  lo más sencillo y limitado posible y evitar así las tendencias barrocas que posee por su propia naturaleza. El modelo burocrático es muy vital y esplendoroso: es como una planta tropical que crece de forma muy rápida y con una tendencia natural al asilvestramiento. Crear un grupo de organismos públicos bajo el paradigma burocrático es como plantar en un jardín un conjunto de plantas de crecimiento acelerado. En poco tiempo el jardín se convierte en una selva impenetrable.

 Y en esta selva se emboscan animales salvajes (empleados públicos con perfiles organizativos reaccionarios, acomodados o reivindicativos) que hacen todavía más peligroso e impenetrable un jardín que había sido planificado para que en él se paseasen los ciudadanos. Pero ante el nivel de asilvestramiento del jardín a los ciudadanos no les queda más remedio que huir despavoridos y los más intrépidos o bien se pierden en el laberinto burocrático o bien o acaban siendo devorados por el mismo. Pues este problema tiene una fácil solución que por razones incomprensibles casi nunca ni se diseña ni, mucho menos, se implanta.

Poda y otros cuidados
La solución consiste en que, desde el mismo momento en que se planta una organización burocrática, hay que poseer un buen servicio de jardinería. Con unos jardineros que deben, sin descanso, podar las plantas y darles formas racionales y proporcionadas y que constantemente deben fumigarlas para evitar enfermedades tanto para las propias plantas como para los ciudadanos que las disfrutan. Es, por tanto, necesario que una parte de la organización y que un grupo de empleados públicos asuman la función de jardineros, podando las plantas y cuidando el jardín: redimensionando constantemente las estructuras (unidades y puestos de trabajo) a la baja, vigilando que el crecimiento de los servicios comunes (gestión económica y de recursos humanos, servicios jurídicos e informática y tecnología de la información), que siguiendo con la metáfora tienden a ser plantas carnívoras, no sea desproporcionado, y vigilando que las canalizaciones de agua (los procedimientos administrativos) no desarrollen excesivos meandros ni lagunas para que sean lo más lineales y fluidas posible.

 Sin lugar a dudas estos servicios de jardinería tienen un elevado coste pero es el precio que hay que pagar gestionado organizaciones tan vitales y con una tendencia natural al descontrol. Y es obvio que el coste es muchísimo menor que el que tiene no realizar esta tarea tanto en términos de eficacia como de eficiencia. También es evidente que estos jardineros controladores van a ser objeto de los ataques de las propias plantas administrativas y de sus pobladores y por ello deben depender o estar cerca de las máximas autoridades políticas y administrativas que puedan proporcionarles la mayor protección posible.

En el caso de un ayuntamiento, de unas ciertas dimensiones para poder convivir con un cierto grado de confort con un modelo burocrático las propuestas serían las siguientes:

-Crear una unidad bajo dependencia directa del alcalde denominada “unidad de observación y control de la planta administrativa” o cualquier denominación similar. Hace años, por ejemplo, se utilizaba la etiqueta “auditoría operativa”. Es importante que esta unidad dependa directamente de la máxima autoridad institucional ya que debe estar protegida de las agresiones naturales tanto políticas como administrativas del resto de la organización.

-Esta unidad debe ser conformada por uno o varios analistas organizativos especializados en redimensionamiento de plantilla, análisis de cargas de trabajo y especialistas en estructuras y procesos administrativos. Esta unidad podría depender o no funcionalmente del habilitado nacional (secretario) del Ayuntamiento. Mi propuesta sería que sí pero esto depende del perfil del propio habilitado y de su nivel de competencias y afinidad para coordinar temas organizativos.

-Esta nueva unidad sería la encargada de revisar de manera racionalizadora cualquier propuesta de cambio organizativo impulsado por los distintos ámbitos políticos y de gestión. También revisaría de forma constante y de oficio los procedimientos administrativos más importantes y las variaciones de las distintas cargas de trabajo para ir redimensionando y redistribuyendo día a día la planta de puestos de trabajo.

-La nueva unidad tendría que hacer un control todavía más exhaustivo a los servicios comunes (básicamente gestión económica y de recursos humanos) que poseen una extraordinaria vitalidad que les impulsa crecimientos excesivamente acelerados.

-Es obvio que esta unidad propuesta debe estar muy vinculada o integrada con la unidad de informática y de tecnologías de la información. Una representa la inteligencia institucional y organizativa y la otra aporta la metodología y la tecnología.