domingo, 26 de abril de 2015

Ciudadanos propone tramitar todas las licitaciones de las administraciones públicas a través de un sistema electrónico

Introduciendo varios parámetros, aparecerían ofertas de empresas ajustadas a la petición. El objetivo, explican, es 'dejar constancia de todos los pasos que se dan'. La propuesta pretende limitar la intervención de los políticos en la adjudicación de contratos.

Revista de prensa.- El Mundo.- Es una tentación siempre presente. Muchos no resisten y caen. Corrupción, tráfico de influencias... La adjudicación de contratos con dinero público es algo esencial para la administración, pero también un posible núcleo de conflictos y problemas. Ciudadanos ve la tentación -las encuestas apuntan que podría acceder a ella- e intenta alejarse. Busca el algoritmo que aleje las prácticas corruptas. Al menos, que las haga más difíciles. La formación propone una adjudicación telemática de estos contratos, "con el objeto de que los políticos no intervengan directamente en ella".

Ciudadanos, que ha presentado su programa marco para las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, propone tramitar todas las licitaciones de las administraciones a través de un sistema electrónico "que deje constancia de todos los pasos que se dan", desgrana Antonio Espinosa, secretario de acción política. "Queremos evitar que sigan proliferando las redes clientelares de los políticos".
Trazabilidad del proceso
Simplificando la idea, vendría a ser una especie de Trivago o similar -los portales de búsquedas de hoteles o viajes-. Habría que introducir los parámetros requeridos para hacer la criba o filtro y en base a ello aparecerían las ofertas de las empresas que se ajustasen a la petición. Un ejemplo: si un ayuntamiento necesita comprar impresoras, habría que establecer el número, si debe incorporar escáner, imprimir por las dos caras, a color... Para ello, todas las empresas que deseen participar en las licitaciones que establezcan las administraciones locales deben registrar un catálogo electrónico.


"La labor del político debe ser la de establecer los criterios de compra, como pautar y establecer las necesidades de pago o el ámbito de compra -en qué región buscar-. Pero ahí acabaría su función", determina Espinosa. "En base a esos filtros, la página de internet determinaría cuál es la mejor oferta. Y lo más importante y lo que queremos conseguir con esto es que se deja una huella, una trazabilidad de lo que se ha hecho. Algo fundamental para determinar que se ha hecho lo correcto o detectar dónde se ha incurrido en alguna falta".

Limitar la intervención de los políticos
La propuesta de Ciudadanos pretende limitar la intervención de los políticos en la adjudicación de contratos, pero se trata de un propósito difícil. Pese a ello, deja al dirigente político la posibilidad de determinar criterios que puedan beneficiar a una u otra empresa. "La adjudicación telemática aumenta en gran medida la transparencia. El político sólo orienta en las necesidades. El resto del proceso, la adjudicación quedaría en manos de un organismo unipersonal o colegiado. Un interventor o un secretario que no tienen por qué ser nombrados por el político", desgrana Espinosa. Cómo se aplique este proceso telemático determinará las lagunas que pueda dejar para la intervención del político.

"Estableceremos la máxima transparencia en la adjudicación de contratos por parte de la Administración e incrementaremos los concursos abiertos y fomentaremos la libre concurrencia. Promoveremos mecanismos transparentes de adjudicación y protocolos de control que garanticen la legalidad de las actuaciones; se solicitarán informes y valoraciones reales de las empresas que liciten y se publicarán en la web municipal (o sede electrónica) las empresas adjudicatarias de contratos con la administración, las ofertas realizadas por la empresa ganadora y montante de los mismos", detallan desde el partido de Albert Rivera.

"La transparencia tiene que ser una pieza clave y ésta pasa, entre otras cosas, por ampliar los plazos de los concursos públicos, de manera que se garantice una competencia real y sana y no una limitación de acceso, como viene sucediendo actualmente", añade la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís.

sábado, 25 de abril de 2015

CSIF lleva a Europa los recortes de Muface

Una delegación de CSIF y la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) traslada un informe al Gabinete del Comisario de Salud de la UE sobre los recortes sanitarios de Muface.

www.change.org/salvemosmufaceisfas cuenta ya con  más de 135.000 firmas para que el Gobierno garantice la asistencia de funcionarios.

CSIF.- El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, mantuvo el jueves una reunión con  Annika Novak, miembro  del Gabinete del Comisario de Salud de la UE, Vytenis Andriukaitis,  en la que se abordaron los recortes en la atención sanitaria que ha sufrido el colectivo de funcionarios civiles, policías y militares españoles, dependientes del sistema de mutuas.


Esta reunión –en la que también participaron el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) y el secretario de Acción Sindical de CSIF, Eliseo Moreno-, pusieron en común los casos que han llegado a nuestra organización de desatención sanitaria.

La responsable de la Comisión Europea valoró la importancia de los hechos denunciados, mostrando su preocupación e interés por la situación de incertidumbre de este colectivo. En este sentido, estudiará el informe presentado por CSIF para realizar las actuaciones oportunas en el ámbito de sus competencias. Ambas partes mantendrán una interlocución para intercambiar la información que se vaya produciendo sobre este problema.

Los objetivos de CSIF pasan por la recuperación de la oferta hospitalaria perdida por el colectivo de funcionarios desde el 1 de  enero de 2015 y mejorar la financiación del mutualismo administrativo con un plan a medio plazo que garantice la protección social perdida y una asistencia sanitaria de calidad.


  A la Defensora del Pueblo
Desde comienzos de año, CSIF ha detectado que los recortes en las  mutuas han provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas, denegaciones de acceso a urgencias y la dispersión del tratamiento integral de su enfermedad en diferentes centros, como consecuencia de la reducción de la oferta hospitalaria y de los cuadros médicos. Consciente de la gravedad, la Defensora del Pueblo adjunta también  ha ofrecido actuar de urgencia.

Aunque, teóricamente, el Gobierno asegura su continuidad asistencial en los casos más graves (eso sí, como máximo un año) lo cierto es que la burocracia y el silencio administrativo ha generado una situación de indefensión sobre un grupo de pacientes especialmente vulnerable.

De manera paralela, CSIF ha iniciado una campaña de recogida de firmas, a través de la plataforma change.org, en la que se han recabado más de 135.000 muestras de apoyo por parte de ciudadanos para que el Gobierno garantice la asistencia sanitaria integral, que también ha entregado en Bruselas y próximamente en el propio Ministerio de Hacienda, departamento del que depende la financiación de las mutuas.


Otros post de interés. Elisa de la Nuez en Voz Populi: Rodrigo Rato o la calidad de las instituciones españolas

viernes, 24 de abril de 2015

Rafael Jiménez Asensio: Asesores que no asesoran. ¿Mala práctica o práctica corrupta?

"Hay que erradicar de la vida pública española las malas prácticas (ya consideradas como prácticas corruptas) que implican nombrar como asesores a “pipiolos” recién salidos de la universidad (algunos incluso sin título) o a políticos “quemados”."

Por ninguna manera del mundo se elija a un ‘consejero’ sin que haga primero examen de su habilidad y suficiencia”. (Fadrique Furió Ceriol)

Blog La Mirada Institucional. Rafael J.Asensio.- Hace algunos años un alto cargo autonómico, en un alarde de sinceridad, me dijo: “Necesito que me eches una mano en un tema puntual de contenido político, no es especialmente complejo, pero en el departamento han nombrado unos asesores que no asesoran porque no saben; son del partido, ya sabes”.
 
No siempre es así. En determinadas estructuras de gobierno los nombramientos de asesores recaen en personas cualificadas. Es una decisión inteligente de quien ejerce el poder: rodearse de los mejores. Así se ha podido comprobar recientemente en algún caso (con nombramientos acertados de asesores), pero también en fechas recientes ha saltado a los medios el nombramiento como asesor de un departamento de una persona que apenas tenía 25 años, con una retribución anual superior a 50.000 euros.
 
Pongamos las cosas claras y evitemos cualquier dosis, por pequeña que sea, de demagogia, pues en este tema se hace mucha. Los asesores son una suerte de “estado mayor” de los políticos. Son imprescindibles. Por su mesa pasan aquellos temas que deben cocinarse políticamente, han de proveer al político de ideas, discurso, orientarle, así como darle consejo en temas críticos y advertirle de los riesgos. Sus funciones son variadas, pero muy necesarias. Las más conocidas son las relativas a la comunicación y a la preparación de discursos o debates. No son, sin embargo, al menos a mi juicio, las más importantes.
 
En las democracias avanzadas los asesores presidenciales o ministeriales (también de los alcaldes) son personas con vínculos políticos directos o indirectos, pero altamente cualificadas, que desarrollan funciones nucleares en las estructuras de gobierno. Sólo hace falta echar un vistazo a modelos comparados, ya sean, por ejemplo, el estadounidense, el británico o el francés, sin ir más lejos. Los Gabinetes son centros de diseño, impulso y seguimiento de la política. Su papel principal es fortalecer la acción política del gobierno y reforzar, así, al político.
 
Eventual de confianza
Entre nosotros el “asesor” se encuadra dentro de la denostada figura del “personal eventual”, mal diseñada y peor entendida, pues se ha confundido con la propia función pública, cuando su lugar natural es muy distinto y distante: la política. Su uso ha estado además plagado de patologías sinfín. Una figura que, en muchos casos, ha dado rienda suelta al clientelismo más rancio y que ha supuesto, también en no pocas ocasiones, usar fondos públicos para pagar nóminas sustantivas a personas que su única credencial era ser miembros de un partido y a los que, por una u otra razón, había que “colocarle”, “recolocarle” o pagarle algunos favores o servicios prestados.
 
Dicho en términos diáfanos: esa forma desviada de actuar es, a ojos de la ciudadanía, también una forma de corrupción. No se entendía, así, hasta ahora, pero los cada vez más altos estándares de exigencia hacia la denostada (mala) Política, ya lo están percibiendo de ese modo. No hay vuelta de hoja, Y así se calificará, nos guste más o menos, a partir de ahora.
 
En algunos países de nuestro entorno al personal asesor se le exige acreditar previamente determinadas cualidades profesionales y experiencia para ser nombrados. Nosotros, por lo común, no exigimos nada. También en diferentes sistemas comparados comienzan a proliferar los códigos de conducta que se aplican específicamente a este tipo de personal, dadas las singularidades de su función.
 
Durante este año 2015 de elecciones múltiples, se formarán un buen número de gobiernos, en su mayor parte en un marco de fragmentación política. Hay un riesgo evidente de que en esos futuros gobiernos de coalición las presiones para nombrar asesores se multipliquen y que el número de personal eventual se dispare. Nótese que sus nóminas se pagan con las contribuciones de todos los ciudadanos, por muy “de partido” que sean.
 
Se impone, por tanto, regular debidamente esta figura. Es una necesidad imperiosa que ningún gobierno quiere afrontar. Pero no cabe otra que hacerlo. Mientras tanto las fuerzas políticas deberían comprometerse a hacer un uso justificado, racional y ordenado del personal eventual, nombrando solo a aquellas personas que acrediten cualificación y experiencia para desarrollar las funciones asignadas. En este punto la Transparencia es un aspecto fundamental, tanto en su dimensión activa como pasiva. La ciudadanía responsable debe ejercer enérgicamente el derecho de acceso a la información pública y demandar que se exterioricen los criterios por los que se ha nombrado a un determinado asesor. Los políticos deberán rendir cuentas por cómo lo hayan hecho.
 
Criterios objetivos
Además, todos los gobiernos (de cualquier nivel y condición) deberían aprobar nada más constituirse un acuerdo en el que se establecieran, siquiera fuera de modo transitorio, los criterios objetivos de nombramiento de este personal eventual, la regla de la transparencia en tales procesos y un código de conducta básico que les resulte aplicable (valores, principios y reglas de conducta), reforzado por un sistema de compliance o de seguimiento.
 
Los asesores, los buenos asesores, tanto profesional como éticamente, son necesarios para hacer una buena Política. Hay que erradicar de la vida pública española las malas prácticas (ya consideradas como prácticas corruptas) que implican nombrar como asesores a “pipiolos” recién salidos de la universidad (algunos incluso sin título) o a políticos “quemados”. Los gabinetes de asesores no son (no deberían ser) “lugares de prácticas retribuidas”, “escuelas de formación de futuros políticos” ni “cementerios de elefantes”. Son núcleos estratégicos para reforzar la Política y el papel de los políticos en una sociedad democrática.
 
Renovar la Política y ganar la credibilidad de los ciudadanos exige un cambio radical en el modo en el que todos los partidos políticos han venido utilizando la figura del personal eventual. No hay otro camino. Nombrar asesores por pertenecer a un partido que no asesoran porque no saben o tienen unos conocimientos muy limitados sobre lo que tienen que asesorar, cobrando sueldos públicos, es –cabe subrayarlo- una forma de abuso del poder y es vista ya como una modalidad de corrupción.
 
La sociedad es y será cada vez más exigente con ese mal uso de los fondos públicos, que revela además estulticia mayúscula por quien aplica tan mala práctica: pues, como deducía sensatamente aquel alto cargo autonómico del que hablaba al inicio, está echando piedras a su propio tejado.

jueves, 23 de abril de 2015

Once ayuntamientos premiados en el #CNIS 2015

Los Ayuntamientos galardonados han sido los de Alzira, Málaga, Sant Boi, Sant Feliu, Vila-Real, Madrid, Alcobendas, Arganda, Gijón, Burgos y Valencia. La entrega de los V Premios CNIS 2015 se llevó a cabo en la segunda jornada de trabajo del Congreso, el martes 21 de Abril en Madrid.

Quince categorías y dos premios especiales resaltaron el trabajo llevado a cabo en el año 2014 por las diferentes administraciones públicas. 

Ramón Ferri y Víctor Almonacid, dos empleados públicos locales distinguidos por su labor profesional innovadora.

 1.- Premio proyecto consolidado en Interoperabilidad
AYUNTAMIENTO DE ALZIRA – CONTRATACIÓN PÚBLICA ELE CTRÓNICA 360º

2.- Premio proyecto consolidado en Seguridad
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ­ Cl@ve, Identidad Electrónica para las Administraciones

 3.- Premio mejor Plan de Innovación / Gestión del Cambio
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: PLAN DE INNOVACIÓN

4.- Premio mejor Acción Formativa en Innovación
AYUNTAMIENTO DE SANT BOI: DINAMIZADORES DE CONTENIDO

 5.- Premio mejor Innovación Normativa
AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU: ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA LOCAL A LA ADMINISTRACIÓN DEL SIGLO XXI

 6.- Premio Idea más Innovadora
AYUNTAMIENTO DE VILA­REAL: REAL, LA MONEDA ELECTRÓNICA DE VILA­REAL

 7.- Premio mejor proyecto de Smart Cities
AYUNTAMIENTO DE MADRID: SERVICIOS URBANOS DE MOVILIDAD INTELIGENTE CIUDAD DE MADRID

 8.- Premio mejor proyecto en Participación Ciudadana y Gobiernos Abiertos
AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS: UNA CIUDAD EN LA ESFERA (TU, TU IDEA, TU DISTRITO)

 9.- Premio mejor proyecto en Transparencia / Open Data AYUNTAMIENTO DE ARGANDA: ARCHIVOS EN ABIERTO

10.- Premio mejor servicio de Administración Electrónica
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN: CIUDAGIJÓN

 11.- Premio mejor servicio en la Nube
AYUNTAMIENTO DE BURGOS: SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LA NUBE

12.- Premio mejor servicio en Movilidad
MINETUR: GEOPORTAL DE HIDROCARBUROS

13.- Premio mejor App pública
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA: APP VALENCIA

14.- Premio mejor propuesta de Colaboración público­ privada
GENERALITAT DE CATALUNYA: COBERTURA MÓVIL

Premios especiales CNIS 2015:
1.- Premio a la Trayectoria Profesional
Ramón Ferri. Jefe del Servicio TIC del Ayuntamiento de Valencia

2.- Premio Club de Innovadores Públicos al Innovad@r más destacado
Víctor   Almonacid.   Secretario   General.   Ayuntamiento   de   Alzira.   Vicepresidente   y   responsable   de modernización y transparencia de COSITAL

Más información en: www.cnis.es

miércoles, 22 de abril de 2015

Presentación del Proyecto de Regeneración Local de la Fundación ¿Hay Derecho? y COSITAL

 Miércoles, 29 de abril 2015, 19.30. Lugar: Escuela de Técnica Jurídica, calle Villanueva 13. Madrid.-bPara más detalles, consulta el evento en la web de la Fundación

Intervendrán:
– Eulalio Ávila (Consejo General de COSITAL)
 - Manuel Villoria (Transparencia Internacional España)
– Elisa de la Nuez y Segismundo Alvarez (Fundación ¿Hay Derecho?

Los numerosos casos de corrupción y las dificultades financieras de los Ayuntamientos han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los controles y la gestión municipal en España, como destaca también el informe anti-corrupción de la Unión Europea de 2014.
La Fundación ¿Hay derecho? y COSITAL, partiendo de la experiencia de los Secretarios, Interventores y Tesoreros municipales y de los estudios internacionales sobre esta cuestión, han elaborado un catálogo de medidas para proponer su adopción a los partidos políticos y a los candidatos a las Alcaldías de las próximas elecciones municipales.
 
Las medidas están dirigidas básicamente a aumentar la transparencia en la gestión y contratación municipal y a mejorar los controles internos reforzando la independencia, competencias, y eficiencia de los Secretarios, Interventores, y Tesoreros y demás funcionarios municipales.

 
Otra información de interés: Informe Tuderechoasaber 2014 sobre el Portal de Transparencia: Las instituciones reducen su uso del silencio administrativo, aunque sigue siendo mayoritario como obstáculo para la transparencia

martes, 21 de abril de 2015

No habrá pasarela para que los policías locales y los guardias civiles se pasen a la Policía Nacional

Con la nueva ley será obligatorio el Bachiller para ingresar en la Escala Básica, estudios universitarios para ingresar en la escala Ejecutiva.
Revista de prensa. Diario.es.- El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará el jueves con los votos del PP el Proyecto de Ley del Régimen de Personal de la Policía Nacional para su remisión al Senado. Una de las principales novedades de esta iniciativa es la denominada pasarela para que miembros de otros cuerpos policiales puedan incorporarse a la Policía.
 
En un principio el redactado del texto contemplaba esa posibilidad para todos los cuerpos policiales del estado, tanto locales, como autonómicos y de la Guardia Civil. Se estipulaba que ese trasvase tendría que hacerse en la escala equivalente a la que venían prestando.
 
No obstante, según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, tras el trámite en la Comisión de Interior del Congreso, la pasarela finalmente no será posible ni para policías locales ni para guardias civiles, tan sólo para la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Policía Foral de Navarra.
 
Enmiendas
El pasado febrero los votos del PP ya tumbaron las dos enmiendas a la totalidad del texto presentadas por el PSOE e Izquierda Plural, que consideran que es un texto "retrógrado" que limita derechos.
 
Además de la citada pasarela, la ley contempla la posibilidad de otorgar "ascensos y menciones honoríficas" para aquellos funcionarios que lo soliciten en el momento de su jubilación o que los policías puedan vivir en un municipio distinto al que están destinados. Hasta ahora era obligatorio residir en el destino.
 
También se hace un reconocimiento a la mujer policía que sea víctima de violencia de género ya que podrá ser trasladada a otro lugar sin necesidad de que exista una vacante.
 
Segunda actividad
Se mantiene la Segunda Actividad a la que se podrá acceder a petición propia una vez alcanzada la edad correspondiente o por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas recibiendo el mismo sueldo cuando la merma se deba a una intervención dentro de un acto de servicio.
 
Se aumenta la exigencia para ingresar en la Policía Nacional y desde ahora será obligatorio el Bachiller para ingresar en la Escala Básica, estudios universitarios para ingresar en la escala Ejecutiva. De este modo se adapta la Policía a las exigencias formativas y las nuevas titulaciones del plan Bolonia. El acceso seguirá siendo por oposición libre.

La Administración contratará un seguro para cubrir indemnizaciones y fianzas que pudiesen derivar de sus actuaciones. También un seguro de accidentes para casos de heridos o fallecidos en actos de servicio. Desde ahora será una obligación legal lo que antes se hacía a iniciativa del Estado

 

lunes, 20 de abril de 2015

Luis Garciano: Acabar con la corrupción, un imperativo económico, no solo ético

"La única variable que explica cuánto empeora la asignación de recursos es cómo de corrupta es esta asignación"

Luis Garicano*.  El País. 19.4.2015.- La mayor parte del debate sobre la corrupción desbocada a la que nos enfrentamos se plantea en términos de los problemas legales y morales que supone. Pero muchos ciudadanos están dispuestos a cerrar los ojos ante estos problemas si el corrupto genera aparente bienestar y puestos de trabajo. Este pacto con el diablo (“es un chorizo, pero es nuestro chorizo”) lo seguimos viendo en España, donde personas corruptas siguen ganando elecciones, y evitando dimitir, confiados en que los votantes se olvidarán de su mala conducta.


Contrariamente a esta visión tolerante, la investigación económica muestra que la corrupción tiene enormes costes económicos. Incluso olvidándonos de los problemas morales y legales que plantea, la corrupción nos cuesta bienestar. Les cuento un estudio muy relevante para España.

En una reciente conferencia internacional en el Banco de España, el joven (y prometedor) economista Enrique Moral Benito presentó un excelente trabajo de investigación (con García Santana, Pijoan-Mas y Ramos) sobre las causas de la falta de crecimiento de la productividad en España durante los años del boom. El punto de partida es la observación de que, entre 1995 y 2007, España creció muchísimo, pero cada unidad de trabajo y de capital cada vez producía menos. Es decir, crecíamos a base de añadir más trabajadores (por la participación de la mujer, y la inmigración) y más máquinas, pero no a base de que cada trabajador y cada máquina produjeran más; al contrario, producían menos cada año.

Documental sobre la corrupción
Esta prolongada caída de la productividad es un hecho insólito desde una perspectiva comparada. Y además es algo muy preocupante para el largo plazo: una vez que, dadas las realidades demográficas, España no tiene capacidad para aumentar la fuerza laboral o la participación de mujeres y emigrantes, el crecimiento económico necesario para sustentar el Estado de bienestar solo puede resultar del crecimiento de la productividad.

Caída de la productividad
La explicación habitual de esta caída de la productividad es el boom de la construcción: si crecíamos a base de engordar un sector con poco crecimiento de la productividad, no es raro que la economía no experimentara aumentos de productividad. Pero el trabajo de Moral Benito y sus coautores muestra que no es así, porque esta caída se produjo dentro de cada sector productivo, en lugar de por la reasignación de recursos de un sector a otro. A medida que el boom progresaba, en cada sector las empresas que más crecían no eran, a menudo, las más productivas, sino las menos productivas. En muchos casos, las mejores empresas se quedaban al margen del crecimiento, y eran las “malas” en el sentido de las menos productivas las que aprovechaban la gran cantidad de recursos, el “dinero gratis” de la burbuja, para crecer.

Para tratar de explicar este resultado, Moral y sus coautores buscan, y rechazan, diferentes explicaciones. Solo encuentran una explicación con fuerte poder predictivo en los datos: la importancia del capitalismo de amiguetes en el sector (crony capitalism) y la incidencia de la corrupción (Bribe Payers Index). En definitiva, la única variable que explica cuánto empeora la asignación de recursos es cómo de corrupta es esta asignación.

Este análisis coincide con el que hace a veces intuitivamente el ciudadano enfadado. Es donde las empresas están protegidas de la competencia, donde predominan los enchufes, el acceso a licencias tramposas, contratos con truco y favores, donde se produce este deterioro de la asignación de recursos. Es la corrupción y el amiguismo los que llevan a que sean las malas empresas las que aprovechan la burbuja, absorbiendo el capital y el trabajo disponible, a costa de las más cautas y menos conectadas.

El coste de esta mala asignación de recursos para la economía española es enorme. Mientras la productividad total de los factores (capital y trabajo) caía un 0,7% anual en España, subía un 0,4% anual en la UE y un 0,7% en EE UU. Si la productividad en España hubiera crecido como la UE, en 2007 nuestro PIB hubiera sido un 15% superior al que era. Es decir, en este escenario, el coste de la corrupción, los contactos y el capitalismo de amiguetes es de 150.000 millones de euros. Aún más: Moral y sus coautores estiman que si la asignación de recursos inicial no se hubiera deteriorado, España hubiera crecido a un 0,8% anual. En este caso el PIB hubiera sido un 20% superior, unos 200.000 millones de coste por la mala asignación de recursos derivada de la corrupción: 5.000 euros por cada español.

Pensándolo bien, estos números no deberían sorprendernos. ¿Cuánto más rica sería España si las licencias fueran a quien lo merece, si los contratos fueran al mejor, si los trabajos no se los llevara el del enchufe?.
Ante magnitudes así, no vale seguir con el que “los españoles somos así” o “no tenemos remedio”. La corrupción es un problema de primer orden y tenemos que hacer lo necesario para cambiar el caldo de cultivo en el que florece, con imaginación, con valentía y con reglas que se cumplen.

Ray Fisman, profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York, y un gran experto mundial en el tema, sugiere en un libro que saldrá más adelante en este año que el éxito en la lucha contra la corrupción radica en la combinación de sanciones legales e incentivos económicos por un lado con el rechazo moral y social por otro.

Como argumento, cuenta el increíble e inspirador ejemplo de Antanas Mockus. Este filósofo y matemático colombiano hizo en dos cortos mandatos como alcalde de Bogotá (dos años cada uno, 1995-1997 y 2001-2003) más por acabar con la corrupción y por reforzar el imperio de la ley que la mayoría de los políticos harán en décadas.

El caso de Bogotá
Cuando llegó Mockus a la alcaldía, el Gobierno municipal de Bogotá estaba completamente corrompido, el crimen desbocado. Bogotá era la capital mundial del crimen, con 4.200 homicidios en 1993. ¿Cómo hacer cambiar actitudes y hacer cumplir la ley en un lugar así? Mockus empezó por un lugar sorprendente, las normas de tráfico, y de una forma sorprendente: usando mimos (sí, mimos con mallas y cara pintada de blanco) por la ciudad. Cuando un peatón cruzaba en rojo, un miembro del ejército de 400 mimos (estudiantes de teatro, la mayoría) cruzaba detrás, haciéndole burla con muecas y gestos. Cuando un conductor bloqueaba una calle, el mimo le enseñaba una tarjeta con un pulgar hacia abajo y repartía otras a los transeúntes para que le ayudaran. En unos meses, de acuerdo con Fisman, la proporción de peatones que obedecían las reglas de trafico subió del 26% al 75%.

Por supuesto, el trabajo de Mockus no fue solo de actitudes. Por ejemplo, cerró la policía de transporte público (2.000 agentes), notoriamente corrupta, e instauró un programa de recompra de pistolas en manos de particulares.
Esta combinación, cambiar reglas y cambiar actitudes, tuvo éxito también en otras áreas. Su campaña para la reducción del uso del agua incluyó tanto incentivos y precios como un vídeo de sí mismo duchándose, pero apagando la ducha para enjabonarse.

Los españoles no hemos tomado aún la decisión de acabar con la corrupción. Seguimos siendo tolerantes con los que usan sus cargos públicos para sus fines privados, sobre todo si son “de los nuestros”. Esto tiene un indudable y elevado coste en términos de bienestar. Debemos priorizar cambiar las reglas, los incentivos y las actitudes para eliminar estos comportamientos.

*Luis Garicano es catedrático de Economía y Estrategia de la London School of Economics y coordinador del programa económico de Ciudadanos.