domingo, 21 de diciembre de 2014

Elisa de Nuez: Por fín entra en vigor la ley de Transparencia y Buen Gobierno pero ¿van a cambiar las cosas?

"Una democracia por sí misma no garantiza un mejor gobierno aunque tenga elecciones libres y periódicas si no incorpora mecanismos de checks and balances, transparencia y rendición de cuentas".
 
Blog ¿Hay Derecho?. Elisa de la Nuez.- Podemos decir que para determinar qué nivel de democracia o de buen gobierno tiene una sociedad basta con analizar su nivel de transparencia.
 
 La transparencia nos permite alcanzar la madurez como ciudadanos. Es una idea política con un gran potencial de transformación de sistemas políticos y administrativos rígidos y de sociedades donde predomina todavía en gran medida entre sus élites o clases dirigentes la cultura de la opacidad o del secreto. 
 
 El funcionario como dueño de la información, el político que desconfía de sus electores, de sus afiliados y de los periodistas y prefiere el plasma o las preguntas pactadas, los acuerdos políticos entre bambalinas, los lobbies “de facto” (nada de registros ni de publicidad de las agendas) el predominio de las relaciones personales sobre las institucionales son todos síntomas de la existencia de este tipo de sistemas. El nuestro los tiene todos.
 
La transparencia supone que los ciudadanos tenemos derecho a conocer toda la información y los datos que manejan los Poderes Públicos, por considerarse activos que pertenecen a todos los ciudadanos. Las excepciones son muy pocas, como hay muy poca información que hay que ocultar a una persona mayor de edad “por su bien” a diferencia de lo que sucede con un niño o incluso un adolescente. La transparencia por tanto permite alcanzar una mayor madurez democrática.
 
Vivimos en España y en Europa un momento histórico muy especial: la necesidad de garantizar un buen gobierno y de luchar contra la corrupción resultan cruciales no solo por razones económicas, sino por razones de credibilidad institucional, de justicia, igualdad y hasta de coexistencia pacífica. La desilusión con la democracia está ahí y no olvidemos que hay modelos alternativos emergentes que proclaman que pueden conseguirse mejores resultados sin democracia, en la medida en que han conseguido sacar a una parte muy importante de su población de la pobreza y cuentan por eso con una legitimidad nada desdeñable a ojos de sus ciudadanos y de los de otros países.
 
Mandarinato
El mandarinato chino es el mejor ejemplo. Y los datos avalan que una democracia por sí misma no garantiza un mejor gobierno aunque tenga elecciones libres y periódicas si no incorpora mecanismos de checks and balances, transparencia y rendición de cuentas.
 
Para que se hagan una idea, ahí tienen un gráfico comparativo entre el descontento con el funcionamiento de la democracia en España y en Europa.  Si en el año 2004 la satisfacción estaba 20 puntos por encima de la media europea, en el año 2013 la insatisfacción está 20 puntos por abajo. Es decir, los españoles nos hemos caído del guindo.(El gráfico me lo ha cedido Manuel Villoria de una presentación que realizó en un reciente Congreso en Valencia sobre corrupción y transparencia)

A mi juicio esta decepción tan notable se debe a la percepción del ciudadano de que no controla a sus representantes políticos y que éstos “le toman el pelo” por decirlo coloquialmente. Y es que el éxito de una democracia representativa depende, en definitiva, de la posibilidad del control ciudadano del poder, como ya dijo Stuart Mill en el siglo XIX. James Madison, uno los “Founding fathers” de Estados Unidos había avisado en los “Federalist papers” que “El conocimiento siempre gobernará a la ignorancia. Aquellos que se quieran gobernar a sí mismos deberán armarse con el poder que el conocimiento ofrece. Un gobierno popular sin información popular o sin los medios para conseguirla es el prólogo de una farsa, de una tragedia o quizá de ambas”. Si como dice el también jurista norteamericano Louis Brandeis el cargo más importante en una democracia es el de ciudadano para desempeñarlo bien está claro que hay que estar muy bien informado.
 
La idea subyacente es muy simple: los ciudadanos tienen que tener toda la información disponible para estar vigilantes y poder asegurarse de que el Poder se ejerce en beneficio de todos y no solo de unos pocos, ya se trate de oligarquías, cúpulas de partidos o grupos de interés. Y para poder exigir, en su caso, la rendición de cuentas en los casos en que de esa información se desprenda que las conductas de los dirigentes se apartan de los conceptos de buena gestión o constituyen supuestos de despilfarro o corrupción.
 
Pues bien, el día 10 de diciembre entra en vigor la ley estatal de transparencia y buen gobierno, ley 19/2013 de 9 de diciembre, después de un año entero de “vacatio legis”, aunque solo para el sector público estatal, porque las CCAA y entes locales tienen otro añito más de gracia.  ¿Van a cambiar mucho las cosas? Pues me temo que no. Porque una cosa son las leyes, o los papeles, y otra cosa son los hechos, o la cultura.
 
Falta de cultura transparente
En España sigue sin haber cultura de la transparencia (recuerden el reciente episodio del pacto para no publicar los viajes de diputados y senadores salvo agregados trimestralmente) y los políticos y gestores públicos se resisten como gato panza arriba a publicar aquellos datos que encuentran incómodos o que no cuadran con lo que ellos quieren que se sepa. Está claro que la demanda de transparencia en la ciudadanía va en aumento, y esto es una muy buena señal, pero falta por ver si el Gobierno y las Administraciones están a la altura. Porque parafraseando a Orwell, que recordaba que el periodismo consiste en publicar algo que alguien preferiría no ver publicado y que lo demás es relaciones públicas, la transparencia consiste en informar de algo que alguien preferiría mantener oculto, y lo demás es propaganda.
 
Enlace Red de Ayuntamientos Vascos: Boletín Transparencia nº 3_dic2014

viernes, 19 de diciembre de 2014

Jiménez-Asensio: Competencias municipales “disponibles”: régimen jurídico y algunos problemas pendientes

"Puede concluirse que, tras casi un año de entrada en vigor de la Ley y pese a las intenciones del legislador, el objetivo de “clarificación de las competencias municipales”, al menos por ahora, no se ha alcanzado"
 
Cuando está próximo a cumplirse un año desde la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local (LERSAL, en lo sucesivo), puede ser oportuno abrir una ventana de reflexión en torno a una categoría evanescente de competencias municipales como es la de competencias “disponibles” o las que el legislador, tras la censura que realizara el Consejo de Estado, terminó acuñando como "competencias distintas de las propias o de las atribuidas por delegación".
 
Por Rafael Jiménez Asensio, consultor institucional, Catedrático de la Universitat Pompeu Fabra y abogado. (Publicado en Diario Municipal e INAP)
Ayuntamiento de Segovia
 I. Introducción. En este breve comentario solo esbozaré algunas cuestiones en relación con el régimen competencial de los municipios tras la LERSAL, no abordando en estas líneas el régimen de competencias provinciales (que admite un sinfín de matices en relación con el anterior); y centraré especialmente el foco de atención sobre esas competencias “disponibles”, sin perjuicio de realizar algunas breves incursiones en el ámbito de las competencias propias o delegadas.
 
El principio dispositivo siempre ha estado presente en el sistema competencial local. Y más aún en las competencias municipales. Lo estaba en el régimen competencial de la Ley de Bases de 1985 y lo sigue estando ahora. De hecho, una de las diferencias sustantivas entre competencia y servicio mínimo obligatorio radica en que aquellas pueden ser actuadas o no por el gobierno local, con mayor o menor intensidad, en función de su prioridades políticas y de sus recursos financieros. Bien es cierto que el legislador sectorial, en determinados contextos normativos, es obligado a prestar ciertos servicios. Y en esos casos las diferencias entre ambas categorías se difuminan. Pero, en cualquier caso, en el ámbito competencial municipal la intervención del principio dispositivo ha sido y es intensa. También en el ámbito de esa nueva categoría de competencias “disponibles” o “distintas de las propias y de las delegadas”. En este ámbito el juego del principio dispositivo, aunque con los condicionamientos que se expondrán, es muy amplio.
 
Pero, realmente, la comprensión de los problemas más inmediatos con los que se enfrentan los municipios españoles no solo se sitúa en la definición puntual del régimen jurídico de tales competencias “disponibles” (en qué supuestos materiales se pueden ejercitar y a través de qué procedimiento), sino también en una serie de cuestiones transitorias o inmediatas que pueden producir algunos quebraderos de cabeza puntuales en la gestión de esa cartera de servicios en las entidades locales. A ellos les prestaremos debida atención, siquiera sea en los términos sucintos en los que este trabajo se enmarca. Nos referimos principalmente a la aplicabilidad del artículo 57 bis de la LBRL y a la adaptación de convenios prevista en la disposición adicional décima, apartado primero, de la LERSAL.
 
Las consecuencias de la reordenación de las competencias municipales: voluntad del legislador y confrontación con la realidad.

El preámbulo de la LERSAL, como es conocido, define con claridad que uno de los objetivos básicos de la Ley es “clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio de ‘una Administración una competencia’”. Pone de relieve, así, que, en opinión del legislador, existen innumerables disfunciones derivadas de un imperfecto sistema competencial y que este pretende corregirse a través del nuevo marco normativo.
 
La idea inicial no era otra que, como también es sabido, reducir la cartera de servicios locales. Y, en particular, cuestionar las actividades complementarias que llevaban a cabo los municipios con base en el ya suprimido artículo 28 de la LBRL (un precepto atentamente estudiado en su día por el profesor Alfredo Galán). Para ello se configuró una categoría de competencias municipales de perfiles borrosos, que caracterizamos aquí como “competencias disponibles”. Inmediatamente se explicará por qué.
 
La finalidad más prosaica, como bien pusiera de relieve en su día el profesor Antonio Embid Irujo, era contribuir mediante esa supresión de la cartera de servicios al ajuste de las cuentas públicas en el marco del proceso de contención fiscal que se abre en España especialmente a partir de 2012. Los Planes Presupuestarios de 2014 y 2015, presentados por el Ministerio de Economía y Competitividad ante la Comisión Europea (el de 2015 se presentó el 15 de octubre de 2014), tenían ese importante objetivo de ahorrar al erario público una cifra estimada de 8.000 millones de euros en un plazo de siete años (actualmente hasta 2020). Un ahorro que ya fue calificado por el profesor Muñoz Machado como un objetivo difícilmente alcanzable por esta vía (entre otras) de “clarificar competencias”. Las fuentes de ahorro estimado no se cifran solo en el ámbito competencial, pero este era (y sigue siendo) uno de sus componentes esenciales.
 
Solo hace falta consultar el Plan Presupuestario de 2015 para advertir que, pese a los problemas aplicativos que está encontrando la LERSAL en la práctica, todavía el Gobierno de España pretende ahorrar en ese ejercicio presupuestario más de 2.500 millones de euros por supresión de lo que denomina “gastos impropios” (esto es, por reducción de la cartera de servicios derivada de competencias municipales ni propias ni delegadas). Probablemente el optimismo haya invadido la sede de los ministerios, pero creo que no se ha contagiado a la Comisión Europea; pues si la rebaja estimada del déficit público se cuantifica en 2015 en 1,3 por ciento del PIB en relación con 2014 (del 5,5 al 4,2 por ciento), nada más y nada menos que casi 0,4 puntos de esa rebaja se cargan sobre las espaldas de “la reforma local” o de las entidades locales. Y de ellos casi 0,3 puntos sobre el sueño de reducir drásticamente la cartera de servicios municipales en un año electoral, como es 2015. Se comprende, así, la perplejidad y el escepticismo de los responsables de la Unión Europea cuando analizan las cuentas presentadas por el Reino de España.
 
Bien puede concluirse que, tras casi un año de entrada en vigor de la Ley y pese a las intenciones del legislador, el objetivo de “clarificación de las competencias municipales”, al menos por ahora, no se ha alcanzado, ya que, por un lado, la nueva regulación ha introducido unas buenas dosis de confusión en el complejo panorama antes existente; y, por otro, las Comunidades Autónomas (o buena parte de ellas) han llevado a cabo, como bien puso de relieve Manuel Zafra, lecturas singulares que han desactivado, siquiera sea parcialmente y con algunas notables paradojas, los iniciales objetivos de la LERSAL.
 
Batalla jurídica
Pero la batalla jurídica sigue abierta, además por muchos y cruzados frentes. Y todo parece indicar que esa batalla no se cerrará hasta que el Tribunal Constitucional afronte directamente la batería de recursos de inconstitucionalidad y el conflicto en defensa de la autonomía local ya planteados y dicte las respectivas sentencias. Asimismo, el Estado ha acudido al procedimiento previsto en el artículo 33.2 LOTC, que se plantea con carácter previo a la interposición del recurso de inconstitucionalidad. La Comisión bilateral estudiará las posibilidades de llegar a acuerdos entre el Estado y las respetivas Comunidades Autónomas en el caso de dos normas con rango de ley procedentes de Galicia y Andalucía.
 
Mientras tanto (y el mientras tanto puede ser largo) hay que gestionar inteligentemente la contingencia y evitar o eludir en la medida de lo posible los problemas (o, al menos, amortiguarlos), buscando interpretaciones coherentes, sistemáticas, razonables y con sentido común, que se integren en el sistema de régimen local vigente tras la Constitución de 1978 y los Estatutos de Autonomía. El profesor Francisco Velasco ha estudiado con rigor en números trabajos todos los problemas competenciales que se abren con motivo de la entrada en vigor de la LERSAL y sus dificultades aplicativas. Nos remitimos a ellos.
 
Una cosa es, en efecto, el debate jurídico “de salón”, que se mueve en las alturas académicas y del propio Tribunal Constitucional, y otra muy distinta los problemas cotidianos con los que se enfrenta el gobierno local de turno, el operador jurídico o el responsable de un determinado sector de la política municipal. En estos casos, la incertidumbre jurídica o la mala técnica legislativa son letales para la construcción de soluciones razonables a los problemas cotidianos. Esa es una realidad que se impone siempre a las grandes decisiones legislativas de reformas escasamente pensadas en cuanto a sus efectos. 
   
En cualquier caso, a pesar de las dificultades sistemáticas, la confusión semántica y la escasa coherencia interna, a la LERSAL se le ha de intentar buscar una finalidad y sobre todo intentar delimitar cuál es el sentido de sus respectivos enunciados normativos. Y, en esa línea, se hace necesario desbrozar cuáles son las notas distintivas del nuevo sistema competencial local inaugurado a partir de la LERSAL, de las que se ha ocupado también en otros trabajos Alejandro de Diego Gómez.
 
Tras una cierta desorientación inicial, en estos momentos (a pesar del Consejo de Estado y de la opinión de un sector minoritario de la doctrina) puede concluirse que las competencias municipales son aquellas atribuidas expresamente por el legislador sectorial estatal o autonómico, según el sistema interno de distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Esta tesis, no sin resistencias iniciales, se ha terminado por imponer en el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y ya se puede considerar como definitivamente asentada, a pesar, reiteramos, de lo que el Consejo de Estado ha venido sorprendentemente defendiendo en sus dictámenes de 26 de junio de 2013 y 22 de mayo de 2014.
 
Pero, al margen de que pueda parecer una tarea alejada de nuestro objeto material preciso (competencias “disponibles”), es importante de todos modos acotar correctamente lo que sean las competencias propias de los municipios, puesto que el concepto “competencia distinta de las propias y de las delegadas” se construye de forma negativa, en el sentido de que esas “competencias disponibles” o mal llamadas “impropias” son aquellas que no son ni propias ni delegadas. Bajo ese punto de vista se convierte en una decisión de política municipal transcendental definir correctamente las competencias propias y delegadas, puesto que a través de esa definición se alcanzará un correcto planteamiento de la cartera de servicios estable que dispondrá el municipio, frente al carácter contingente (o más vulnerable, tal como veremos) que tienen o pueden tener las competencias distintas de las propias o de las delegadas.
 
Dicho en otros términos, que por lo demás trasladan el espíritu que en esta materia está aplicando el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, lo que debería haber hecho una entidad local tras la entrada en vigor de la LERSAL (y que ciertamente pocas lo han materializado) es un proceso de taxonomía y evaluación de su propia cartera de servicios en clave de las previsiones competenciales recogidas en la propia Ley.
 
No es momento de adentrarse en las “competencias propias” de los municipios, pero esta categoría, pese a su aparente sencillez, está trufada de problemas aplicativos y de deslinde, puesto que la legislación sectorial (sobre todo la anterior a la LERSAL, que es prácticamente casi toda la vigente en la actualidad) muchas veces define de forma imprecisa esas competencias (atribuciones o facultades) a los municipios y en la generalidad de los casos omite cualquier fuente de financiación para su ejercicio. Este último problema se ha pretendido resolver por la LERSAL, a través del artículo 25.4 LBRL, pero la aplicación de esos principios (más que reglas) solo operan, como es obvio, a partir de la entrada en vigor de la Ley y su desconocimiento por parte del legislador sectorial autonómico (ya se está produciendo en algunos casos) carece, en principio, de consecuencias o efectos directos.
 
Memoria económica
Es más, en el mejor de los casos, esas exigencias de que el proyecto de ley que atribuya competencias a los municipios venga acompañado de memoria económica y se garantice la suficiencia de recursos, puede jugar como una suerte de elemento de freno a cualquier impulso normativo de mejorar el autogobierno local (o si se prefiere, como una especie de “efecto de desaliento” para el fortalecimiento autonómico de las competencias municipales). El legislador sectorial autonómico se pensará muy mucho a partir de ahora si reconocer una competencia municipal como propia, más aún en aquellas Comunidades Autónomas con fuertes dificultades económico-financieras.
 
Entiéndase bien el argumento: creo sinceramente que la apuesta del artículo 25.4 LBRL es muy positiva, pero probablemente está falta de concreción (aunque es discutible que una ley básica estatal pueda ir más allá en ese contenido). Su aplicabilidad está plagada de problemas prácticos y de más que previsibles incumplimientos en cadena, en los que la impotencia municipal puede ser el elemento dominante. 
 
Por tanto, a partir de la LERSAL se corre el riesgo cierto (no sé si querido o no) de que el sistema de competencias municipales propias atribuido por la legislación sectorial se enquiste. En efecto, puede suscitarse un horizonte en el que las competencias municipales propias (y, por tanto, la cartera de servicios derivada de ellas) quede congelada en los términos que se establecieron en la legislación anterior a la LERSAL, pues en aquella no se preveía, por lo común, ningún tipo de financiación. No habrá muchos estímulos para que las Comunidades Autónomas amplíen esas esferas de autogobierno municipal, cuando, al menos en términos de la propia Ley, deberían “prever la dotación de los recursos necesarios” para llevar a cabo de forma efectiva esas competencias.
 
Tampoco los estímulos pueden ser muy elevados para delegar competencias a partir de la LERSAL. Esta Ley prevé un régimen jurídico de las competencias delegadas ciertamente elaborado y que mejora sustancialmente la regulación anterior. La financiación de estas competencias delegadas es uno de los elementos sustantivos del modelo, siendo para ello clave la redacción del artículo 27.6 de la norma. El recorrido que pueda tener esta técnica de delegación en los términos que está recogida en ese precepto se me antoja estrecho. Al menos hasta la fecha lo ha sido. No ha despertado ese “interés o pasión delegante” que el gobierno quiso impulsar y que las Comunidades Autónomas debían concretar hacia los municipios tras la entrada en vigor de la Ley. Más bien la situación se mantiene estática. Las Comunidades Autónomas apenas están moviendo ficha. Leer+

jueves, 18 de diciembre de 2014

Enrique Sacanel: Cambiar la gestión, cambiar la cultura de la administración pública vasca

Aurrerabide, en su fase piloto ha incorporado a 35 unidades organizativas dela Administración autonómica vasca

Blog La  Danza del Cambio. Enrique Sacanel.- El Gobierno Vasco está impulsando un importante proyecto orientado a cambiar la gestión del conjunto de unidades administrativas que lo componen. Bajo la denominación de "Aurrerabide", se ha aprobado un modelo de gestión y se ha puesto en marcha un ambicioso programa de formación acción dirigido a todas las personas Directoras y Jefes de Servicio.
He participado activamente tanto en el diseño del modelo como en la facilitación de los talleres de formación acción y desde el Plan de Innovación Pública del Gobierno Vasco me pidieron que escribiera un post para su blog. Lo publicaron la pasada semana y lo reproduzco aquí ahora. 
Aurrerabide: cambiar la gestión, cambiar la cultura.
El 14 de octubre el Gobierno Vasco aprobó el programa Aurrerabide, mediante el que plantea un Modelo de Gestión Pública Avanzada, así como el proyecto de formación básica y acompañamiento en su implantación“Egiten Ikasi”, dando así refrendo al camino iniciado hace ya un año a modo de experiencia piloto.

Michel Croizier, sociólogo francés fallecido el pasado 2013, tituló uno de sus libros “No se cambia la sociedad por decreto”. Podríamos parafrasearle afirmando que tampoco la administración pública se cambia por un acuerdo del Consejo de Gobierno, … aunque ayuda. De hecho, me parece muy significativo que este proceso de cambio en la cultura de gestión no se inicie con ese acuerdo, sino que diera sus primeros pasos gracias a la convicción de unas pocas personas. Todo cambio empieza siempre por unos pocos. Su éxito depende de la capacidad de esas pocas personas de ir generando conexiones y alianzas, de construir una red de favorables al cambio que vayan asentando sus bases. Y en esto el proceso que está desarrollando el Gobierno Vasco puede considerarse un caso digno de estudio.

También lo es la forma en que se han ido llevando a la práctica otros principios clave para lograr cambios profundos y sostenibles en una organización. Así, por ejemplo, conseguir el apoyo de los más entregados a cualquier propuesta de cambio es relativamente fácil pero su impacto en el conjunto de la organización es bajo. “Estos se apuntan a cualquier cosa”, podría ser la frase que escucharíamos en la organización al saber quienes participan. Sin embargo, si se logra incorporar a personas menos proclives a apoyar cualquier nueva idea las miradas del resto hacia el proceso iniciado tendrán un acento más curioso, “si estos se han apuntado igual hay que darle una vuelta al asunto”. Aurrerabide, en su fase piloto ha incorporado a 35 unidades organizativas y prácticamente 300 personas (Directores y Directoras, Delegadas y Delegados, Responsables de Servicio y Responsables de Área). Desde luego como para darle una vuelta.

Peter Senge
Otro aspecto clave de cómo se está gestionando este proceso de cambio ha sido la cantidad de tiempo dedicada a explicar, conversar, escuchar. Con ello, no solo se ha ido haciendo partícipes a las personas de la organización desde momentos tempranos del proceso de cambio sino que se ha dado un mensaje claro de respeto. Un respeto que pasa por entender que existen muchas realidades dentro de una organización de la enorme complejidad que tiene un gobierno. Entender y ser capaz de buscar la forma de darles cabida en el proceso de cambio. Usando la metáfora de Peter Senge que tanto me gusta, el cambio es una danza y hay que saber acoplarse a los diferentes ritmos que se bailan en una organización.

El respeto conlleva también paciencia (proporcional a la dimensión del cambio que se quiere conseguir), pero es igualmente esencial la constancia. Mantener un ritmo claro y explícito que muestre coherencia y convicción en lo que se trata de llevar adelante. En este sentido, el hecho de que Aurrerabide tenga sus raíces en la legislatura anterior y haya seguido creciendo y tomando forma en ésta, me parece que es algo de lo que todos deberíamos felicitarnos, al mostrar la capacidad del Gobierno Vasco, como institución, de mantener en el tiempo y al margen de avatares políticos, un proyecto de cambio estratégico que requerirá aún de alguna legislatura más.

Constancia se muestra también cuando Directores y Directoras del Gobierno (el tercer escalón de carácter político después de Consejeros y Viceconsejeros) participan con asiduidad en las sesiones de “Egiten Ikasi” junto con los funcionarios y funcionarias del primer nivel de responsabilidad en el Gobierno. Ese compromiso político, ahora subrayado con la aprobación de Aurrerabide, fortalece el proceso iniciado y permite seguir dando nuevos pasos para extenderlo al conjunto de la organización.

Sin embargo, cambiar la gestión es cambiar la cultura de una organización. Hay quién se atreve a afirmar que un cambio de ese calado requiere, al menos, de unos cinco años para que muestre sus frutos. Así pues queda mucho camino por recorrer, bastante paciencia que cultivar y mucha constancia que manifestar. Seguro que en el camino aparecerán contradicciones, incoherencias, conflictos,… no hay proceso de cambio que no atraviese por fases de crisis. La fortaleza del grupo impulsor, la red generada, la credibilidad construida, los hechos mostrados, serán claves para superarlos y hacer del Gobierno Vasco una referencia en gestión pública avanzada.

miércoles, 17 de diciembre de 2014

La FEMP aprueba la constitución de la Red Local para la Transparencia y Participación Ciudadana

Según su presidente: “Somos la única Administración española que ha rebajado sus niveles de deuda en el tercer trimestre y nos cabe la gran satisfacción de haber alcanzado y mejorado el objetivo del 4% fijado por el Gobierno para todo el año 2014”.

La Red servirá para promover políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana reforzando de esta forma la confianza de los ciudadanos en las Entidades Locales.
 
FEMP. 16.12.2014.- De la Serna ha informado de que las Entidades Locales son la única Administración que ha logrado reducir su deuda en el tercer trimestre, situándose por primera vez por debajo de los 41.000 millones y del 4% del PIB, es decir, en parámetros inferiores a los fijados por el Gobierno. La Junta de Gobierno ha aprobado su Reglamento de Honores y Distinciones e iniciar el expediente para la concesión de la Llave de Oro del municipalismo al que fuera primer Presidente de la FEMP, Pedro Aparicio. 
 La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, que preside el Alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, ha acordado en su sesión de hoy constituir la denominada Red  Local para la Transparencia y Participación Ciudadana.
 
La Red tendrá como objetivos promover  las políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana efectivas en el conjunto de las Entidades Locales españolas con el fin de dar visibilidad a la actividad pública y conseguir un marco de convivencia estable para favorecer el desarrollo económico y social de los territorios.
 
Asimismo, facilitará el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación ciudadana en el ámbito local, buscando implicación y compromiso con la acción pública de toda la sociedad. Y, por último, servirá para reforzar  la confianza de los ciudadanos en los Gobiernos Locales, asumiendo compromisos de buen gobierno y realización de prácticas ejemplares en los ámbitos de rendición de cuentas, participación en la toma de decisiones y diseño y evaluación de servicios públicos.
 
De la Serna ha señalado que con esta Red “las Entidades Locales se pondrán a la vanguardia en transparencia y tratarán de dar respuesta a las demandas ciudadanas en esta materia”.
 
A juicio del Presidente, los Ayuntamientos son actores clave para recuperar la confianza y la credibilidad política apoyando esta reivindicación en el hecho de que, al ser los más cercanos, “la gente sabe cómo somos y lo que tenemos”, cuestiones que otorgan a los responsables locales altas dosis de transparencia y credibilidad. 
 
Rebaja de deuda y flexibilidad
En este sentido, De la Serna ha informado a los miembros de la Junta de Gobierno de que, según los últimos datos publicado por el Banco de España, las Entidades Locales son la única Administración que ha logrado reducir su deuda en el tercer trimestre de 2013, situándose por primera vez por debajo de los 41.000 millones y del 4% del PIB, es decir, en parámetros inferiores a los fijados por el Gobierno para este ejercicio.  “Somos la única Administración española que ha rebajado sus niveles de deuda en el tercer trimestre y nos cabe la gran satisfacción de haber alcanzado y mejorado el objetivo del 4% fijado por el Gobierno para todo el año 2014”.

Las cifras aportadas por el Banco de España se concretan en 40.781 millones de euros, como deuda total del sector local, y un 3,9% de peso de esta cantidad sobre el PIB, un porcentaje que rebaja en una décima el objetivo del 4% fijado por el Gobierno para todo el año.

En su conjunto, el sector local ha reducido su deuda en un 5,4% respecto a los valores del tercer trimestre de 2013, mientras que AGE y Comunidades Autónomas la han incrementado en un 6,4% y un 16,15%, respectivamente. Para De la Serna, se vuelve a demostrar que las Entidades Locales “siguen siendo un modelo de gestión para el resto de las Administraciones”.

Con estos datos, la Junta de Gobierno ha acordado pedir en una próxima CNAL que se flexibilice el techo de gasto, se amplíe el plazo de devolución de la liquidación negativa de 2013 y se permita la inversión del superávit.

Llave de Oro del Municipalismo para Pedro Aparicio
Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado hoy el Reglamento de Honores y Distinciones de la institución y ha dado igualmente su visto bueno para iniciar el trámite del expediente por el que se otorgará al fallecido Pedro Aparicio, primer Presidente de la FEMP, la Llave de Oro del municipalismo.

El Presidente también ha dado cuenta de su participación, mañana miércoles, en Roma, en el Comité Director del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, CMRE, del que es CoPresidente. El CMRE, que agrupa a las asociaciones municipalistas de toda Europa, abordará en este encuentro el nivel de ejecución del programa de trabajo de este año y planteará el correspondiente a 2015.

martes, 16 de diciembre de 2014

El INAP desea avanzar en su compromiso de convertirse en el centro de referencia en la formación de directivos públicos

El instituto aprueba su Sistema Interno de Garantía de Calidad
 
El INAP, en su misión de crear conocimiento transformador en el sector público en beneficio de la sociedad, se ha marcado como objetivo la generación de una cultura de calidad y mejora continua entre todos sus empleados como factor clave que permita lograr la excelencia en la formación de posgrado que se imparte en el Instituto y para conseguir que las competencias, habilidades y aptitudes de sus egresados sean reconocidas por las unidades en las que prestan sus servicios y por la sociedad en general.

El 15 de septiembre de 2014, el director del INAP firmó la Declaración de la Dirección del INAP sobre su política de calidad. Con este documento, el Instituto se compromete a emplear todos los recursos técnicos, económicos y humanos a su disposición para conseguir:
 
- Incorporar los mejores métodos de diseño y evaluación de la formación de posgrado, con el fin de buscar su homologación y certificación conforme a estándares europeos e internacionales.
 
- Adecuar de forma óptima la formación que ofrece a las necesidades reales de las Administraciones y a las competencias exigidas para el desempeño de los puestos de trabajo.
 
- Implantar los másteres universitarios que ofrezca siguiendo los criterios de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
 
- Asegurar que la política de calidad es entendida y aceptada por todo el personal del Instituto y disponible públicamente.
 
- Asegurar que el Sistema Interno de Garantía de Calidad del INAP se mantiene efectivo y es revisado de forma periódica.
 
Referencia para directivos públicos
Con la misión indicada de crear conocimiento transformador en el sector público y el objetivo de la calidad y en consonancia con el Plan Estratégico General 2012-2015 del INAP, en octubre de 2013 este Instituto, en alianza académica con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), inició la I edición (modalidad semipresencial) del Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública, con el que facilita la cualificación y el desarrollo profesional de los directivos públicos y de quienes deseen serlo, además de promover la creación de redes que fomenten el debate y el espíritu innovador de los directivos.
 
Consolidado este máster, el INAP desea avanzar en su compromiso de convertirse en el centro de referencia en la formación de directivos públicos. De este modo, a la Declaración sobre la política de calidad del Instituto, se ha unido la aprobación de un sistema interno que garantice la calidad de la formación que el INAP ofrece.
 
Este sistema, que es, además, requerimiento de la legislación en materia universitaria respecto de la impartición de títulos oficiales de máster, quedó aprobado por la Resolución de 27 de octubre de 2014, del INAP, por la que se aprueba el Sistema Interno de Garantía de Calidad del Instituto.
 
El INAP pone a disposición pública su política de calidad con el propósito de que esta sea transparente y conocida. El acceso a toda la documentación relacionada se puede realizar a través del espacio "Conócenos" de la web del Instituto. Además, síguenos en Twitter con el hashtag #calidadINAP
 

lunes, 15 de diciembre de 2014

Andrés Pastor, el sistema CL@VE y el portal Tu Seguridad Social, entre otros, premios ASTIC 2014

El acto coincidió con la puesta en marcha del Portal de Transparencia, desarrollado por socios de ASTIC

ASTIC.- La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración del Estado (ASTIC) hizo entrega de sus Premios anuales que celebran en 2014 su Xª edición.

Foto de familia con los premiados por ASTIC en 2014
David Martín, Presidente de ASTIC, abrió el acto que tuvo lugar el mismo día en queo el Gobierno puso en marcha el Portal de la Transparencia
desarrollado por socios de ASTIC que estuvieron presentes en el evento, como Victoria Figueroa, Subdirectora de la Oficina de la Transparencia y Acceso a la Información, a su vez, Vicepresidenta de ASTIC.
 
En representación de los socios más veteranos, el Presidente de ASTIC dedicó una mención especial al socio Pedro Maestre, a quien el Jurado concedió un Premio Honorífico a título póstumo ya que, tal y como recordó Martín, “fue un visionario en cuanto al papel que las tecnologías de la información podían representar en la Administración e impulsó, hace ya veintidós años, la creación del Cuerpo Superior de funcionarios de Tecnologías y Comunicaciones, haciendo llegar su, por entonces propuesta, a los despachos de los principales decisores”.

Los Premios ASTIC reconocen  a aquellas personas, proyectos y entidades que han destacado en el desarrollo e impulso de iniciativas para la promoción y uso eficiente de las tecnologías de la información en el conjunto de las Administraciones Públicas, así como para su difusión en los ámbitos público y privado.

Premiados en 2014
El premio ASTIC 2014 a la Carrera Profesional TIC en las AA.PP ha recaído en Alejandro Lazcano Arranz, actual responsable de la Coordinación de los  Sistemas y Tecnologías de la Información del  Instituto de salud Carlos III del Ministerio de Economía y Competitividad.  Entre algunos de los puestos y cargos ocupados en sus más de cuarenta años de ejercicio profesional cabe citar  la Subdirección General de Proceso de Datos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o la de Subdirector General de Planificación y Coordinación Informática y Vicepresidencia Primera de la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio de Trabajo e Inmigración.  

El sistema CL@VE, la plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas que facilitará a los ciudadanos el acceso a los servicios electrónicos que proporcionan las Administraciones Públicas, en el que han participado de forma conjunta, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINHAP); la Agencia Estatal de Administración Tributaria (MINHAP); la Dirección General de Tráfico (MIR), la Dirección General de la Policía y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (MEYSS) obtuvo el Premio ASTIC 2014 al Proyecto TIC para la Innovación en la Administración.
Jorge Rincón, Gerente de Informática de la Seguridad Social, como Jefe del Proyecto, recogió el galardón con el equipo de los distintos organismos implicados.

El sistema capaz de evolucionar un operativo para asistir a las Fuerzas Armadas en sus misiones de paz a otros escenarios, como pudiera ser la asistencia sanitaria a los enfermos del madrileño barrio de Carabanchel, SINSANDEF, fue reconocido como Premio ASTIC 2014 al Proyecto TIC de mayor utilidad para la sociedad. La candidatura, presentada por el Ministerio de Defensa, representa un caso de éxito en utilización dual de recursos militares, abriendo camino a otras iniciativas similares.
 
Andrés Pastor Bermúdez, Subdirector General de coordinación de unidades Tic, en la Dirección de Tecnologías de la información y las comunicaciones, recogió el Premio ASTIC 2014 al Funcionario TIC por su actividad creativa y divulgativa de las TIC en publicaciones y redes sociales. Su blog, Crisoltic se ha conformado como referente de la blogosfera del sector público en el que se comparten los valores de la transparencia, la participación y la colaboración, una plataforma en la que es posible encontrar ideas, compartirlas y construir buenas prácticas para mejorar la Administración Pública
 
Reconocido por la ONU, el pasado mes de Junio, con el premio al mejor proyecto en la categoría “mejorando la prestación de Servicios Públicos”,  la Plataforma de Intermediación de Datos del Ministerio de Hacienda y AA.PP recogió el Premio ASTIC 2014 al Proyecto TIC con difusión Internacional. Este proyecto ha permitido que todas las AAPP, independientemente de su condición, grande o pequeña, con o sin medios y recursos estén en disposición de cumplir con la ley y ofrecer el mejor servicio público a los ciudadanos, contribuyendo significativamente a la igualdad social y a la eficiencia y eficacia de una manera sostenible y adecuada.
 
Por último, la Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Mª Eugenia Martin Mendizábal, recogió el Premio ASTIC 2014 a la organización NO tecnológica por su uso o promoción de las TIC que fue concedido al portal Tu Seguridad Social. Un portal al que la Directora General invitó “apuntarse” ha sido configurado como “un espacio personal que integrara la práctica totalidad de servicios que la Entidad presta y en el que se ha contado con la opinión previa de sus clientes: los ciudadanos que demandan servicios”.  Esta iniciativa, que se integró en el conjunto de proyectos impulsados por la Comisión de Reformas de la Administración (CORA) tiene como condición necesaria la facilidad de uso, el lenguaje coloquial y entendible, el acceso sencillo y la capacidad de concluir las gestiones sin que resulte necesario abandonar el canal y acudir a la vía presencial. comunicacion@astic.es.-