Automatización, el cambio profundo de la administración pública

Más automatización implica perfiles más altos, también en el sector público. La innovación obliga a redefinir la función pública. En España, el momento coincide con una oleada de jubilaciones en la próxima década.

Revista de prensa. Por Pablo G. Bejerano.-Retina.- A su paso por Mondoñedo, la autovía A8 queda envuelta en una niebla densa cuando hace mal tiempo. La niebla se resiste a abandonar ese largo camino artificial esculpido por maquinaria de obra. Cuando esto ocurre son frecuentes los accidentes de circulación y las autoridades se ven obligadas a cerrar el tramo afectado. La solución está en camino y se ha buscado por cauces poco tradicionales.

El proyecto que pretende poner fin a estos cortes de carretera y garantizar la seguridad vial se ha seleccionado a través de un proceso de compra pública innovadora. Una fórmula que se caracteriza por plantear el problema abiertamente, para escuchar diferentes propuestas, en lugar de pedir una solución concreta de antemano. En el caso de la A8 se va a optar por una iniciativa de la que aún no se ha revelado información, aunque se sabe que está orientada a modificar las condiciones ambientales para reducir la niebla.

No es una solución convencional, reconoce Teresa Riesgo, directora general de Investigación, Desarrollo e Innovación en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: “Todo lo que tiene que ver con un proceso de innovación implica un cierto riesgo. Pero el beneficio potencial es muy grande. La Administración Pública puede conseguir una solución mucho mejor que lo que hay en el mercado, mientras que por otro lado se moviliza a un determinado sector, para incentivar la innovación entre las empresas”.

La compra pública innovadora es una punta de lanza en la transformación digital de la Administración. “Se ha puesto mucha atención en la transparencia de los procesos de compra. Antes eran muy largos y no siempre se obtenía el mejor servicio. Ahora hay software para ayudar a que sea más sencillo y transparente”, explica Brian Chidester, jefe del área de sector público en la compañía OpenText, especializada en transformación digital.

A la zaga, pero no fuera

“Ya no necesitas llevar a los inspectores a la fábrica. Con un algoritmo puedes detectar que ciertos contratos, seguramente, son irregulares”.

“Tradicionalmente los gobiernos han tenido un retraso grave respecto a las empresas”, apunta Chidester. “Pero en los últimos años esta brecha ha disminuido. Siempre van a estar a la zaga. Pero ya no están fuera de juego”. El Ayuntamiento de Madrid utiliza el software de su empresa para la gestión de documentos internos y de servicio al ciudadano, como pagar impuestos, multas o realizar consultas desde diferentes dispositivos.

Teresa Riesgo resalta otro ejemplo de transformación: “La inteligencia artificial ofrece muchas posibilidades, especialmente para leer documentos ricos en texto y extraer la información”, comenta en referencia a algoritmos que pueden interpretar textos de carácter técnico y científico. “Muchos procesos de la Administración tienen posibilidades de mejora haciendo inversiones adecuadas y esto está en la agenda”, asegura.

“El sector privado empuja gran parte de la innovación. Este impulso deja a los gobiernos en un lugar donde no pueden quedarse parados”, señala Chidester. Las empresas han fabricado smartphones y han acostumbrado a los ciudadanos a tener todo al alcance de su mano. Son hábitos ante los que la Administración Pública tiene que responder.

Las gestiones telemáticas suponen un ahorro de cargas administrativas. Aumentan la eficiencia, con lo que se ahorra tiempo. Así los empleados públicos tienen más disponibilidad para realizar funciones con mayor valor añadido o que antes se aplazaban. Los costes también disminuyen y se necesita menos personal. Pero la automatización de funciones tiene un efecto en el empleo que se debate con fuerza en el sector privado y aún con cautela en la esfera pública.

Impacto en el empleo público

Las administraciones públicas no son ajenas a la sustitución de personas por máquinas. “En el impuesto sobre la renta antes había 2.000 grabadores introduciendo datos a mano. Todos esos puestos han desaparecido”, apunta Fernando de Pablo, secretario general de Administración Digital, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Aquellos grabadores de datos dejaron esa tarea para ocuparse de otros quehaceres. Muchos de ellos pasaron a encargarse de comprobar la calidad de la información que se introduce en los sistemas. “Manejar información no es manejar datos que no tienen calidad. Si no hay calidad no se puede gestionar”, incide De Pablo, quien añade que ahora hace falta mucha más gente con formación digital en la Administración.

El objetivo en el horizonte es transformar a mejor la forma de prestar servicios.

Ha ocurrido igual con los operadores de voz y las citas previas por internet para, por ejemplo, renovar el DNI o pedir hora con el médico. “Antes los expedientes venían en papel. Alguien tenía que recibirlos y ordenarlos. Ahora entran por internet y se clasifican automáticamente”, señala De Pablo.

Empleos más cualificados

“Muchos trabajos cambiarán pero no desaparecerán”, comenta Sarah Doyle, directora de investigación en el Brookfield Institute, un think tank económico canadiense centrado en innovación. “Lo interesante es mirar al nivel de tarea, más que al de empleo. Gran parte de las funciones que se hacen ahora pueden ser teóricamente automatizadas, pero estas tareas están distribuidas a lo largo de diferentes tipos de trabajos y hay otras partes de estos trabajos que no pueden ser automatizadas”.

Doyle reconoce que hay pocas estimaciones sobre el impacto directo en el sector público. Pese a todo, los datos del estudio de Frey and Osborne (The Future of Employment) aventura que en Reino Unido se reemplazarán 250.000 trabajadores públicos para 2030. En referencia a España, Luz Rodríguez, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha y directora de un proyecto de investigación sobre tecnología y trabajo, afirma que no existen prospecciones al respecto. Pero tiene claro en qué áreas tendrán mayor incidencia las tecnologías de automatización.

“La función puramente administrativa tiene un riesgo de automatización muy alto. Por ejemplo, cotejo de requisitos para que te den una subvención, responder el teléfono, hacer escritos”, enumera. Se trata del trabajo administrativo más clásico, aunque no en exclusiva. Rodríguez explica que para los jueces revisar las sentencias dictadas sobre un tema era un trabajo de búsqueda tedioso, mientras que ahora un algoritmo es capaz de mostrar toda la jurisprudencia al instante.

“Estamos viendo un cambio desde el trabajo de valor bajo al de valor alto. Nuestras herramientas pueden automatizar procesos que se consideran de bajo valor, como la introducción de información en los sistemas o el envío de documentos”, expone Chidester. “Esto permite que los trabajadores se centren en tareas de alto valor. Hace cinco años, la inteligencia artificial se veía como algo malo porque llegaba para quitar puestos de trabajo. Creo que ahora los empleados públicos quieren inteligencia artificial, porque facilita el trabajo y los libera de tareas pesadas”.

La inteligencia artificial se emplea ya en España para agilizar algunos procesos dentro de la Administración. El organismo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuenta con algoritmos para detectar contratos temporales irregulares. “Ya no necesitas llevar a los inspectores de trabajo a la fábrica para comprobar allí cuántos trabajadores temporales tienen. Con un algoritmo puedes detectar que ciertos contratos seguramente son irregulares, porque sobrepasan el tiempo estipulado”, remarca Rodríguez.

La función social

Estos avances comportan mayor eficiencia en los resultados y también menor necesidad de personal. Pero el debate del empleo en el sector público no se reduce únicamente a la eficiencia económica, como ocurre generalmente en el privado. “El contexto de la Administración es distinto, porque nuestro retorno de la inversión no es meramente económico, también es social. La administración pública no se puede plantear cerrar una oficina solo por una cuestión económica”, subraya De Pablo.

El secretario general de Administración Digital recalca que en el sector público no se han eliminado puestos de trabajo. Los empleados liberados se reconvierten con programas de formación a otras funciones, especialmente las que implican capacidades digitales.

La transformación digital y la automatización de servicios en España han prosperado con el aliento de un aliado imprevisto. Descontando Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Defensa, la plantilla de la Administración General del Estado ascendía a 242.000 personas en 2010. Ahora el número de funcionarios es de 197.000. La crisis económica congeló muchas oposiciones y parte de los empleados públicos se ha jubilado sin que hubiera un reemplazo. “Para nosotros la automatización no ha supuesto un riesgo para los puestos de trabajo”, reflexiona De Pablo. “Todo lo contrario. Nos ha permitido mantener los servicios públicos e incluso mejorarlos con menos personal pero más especializado”. Y hay puestos que no son automatizables, como un médico o un inspector.

Redefinir la función pública

Ahora se avecina una oleada de nuevas jubilaciones —la edad media de un empleado público es de 52 años, en comparación con los 42 años del sector privado— y la automatización jugará un papel importante. “La entrada de la tecnología en los procesos administrativos coincide con un reto demográfico”, indica la profesora Rodríguez. “Toda la función pública que se generó a partir de la creación del Estado democrático está a punto de entrar en jubilación”. Según De Pablo, dentro de diez años podría jubilarse la mitad del funcionariado. Y esto abre la puerta a actuar como se hizo durante la crisis: incrementando la automatización. Las ofertas de empleo público priorizan los puestos que no pueden realizar máquinas.

Ante la coyuntura, Rodríguez opina que antes de nada hay que definir el modelo de función pública que se busca: “A partir de ahí tenemos una ventana de oportunidad para actuar. Habrá que ver en qué casos se necesita atención directa y qué tareas las puede desempeñar la IA”. El objetivo en el horizonte es transformar a mejor la forma de prestar servicios. Pero sobre todo evitar que se queden funciones públicas sin cumplir.

La transición energética en el mundo local

Otra noticia de interés. El Confidencial. Las 145 ciudades que tendrán que aplicar su "Madrid Central" 

Revista de prensa.- Por Joan Herrera*. La Vanguardia.- Los municipios y las ciudades no pueden estar de espaldas ni al reto del cambio climático, ni a la transición energética. Se dice, se repite y es cierto que hoy son el principal espacio en la generación de emisiones.

A su vez, hemos avanzado mucho para que la ciudad desarrolle el autoconsumo con fuentes renovables. Los reales decretos 15/2018 y 244/2019 abrían la puerta no sólo al autoconsumo sino al autoconsumo compartido, y permiten que este se produzca entre aquellos que comparten línea de baja tensión (pudiendo por tanto hacer que la generación renovable sea compartida y no esté en tu mismo edificio).

Pero lo cierto es que hoy, la obligada trasposición de las diferentes directivas comunitarias en materia energética abre la puerta al desarrollo de una agenda de transformación del ámbito urbano, no sólo en autogeneración, sino a la hora de compartir consumos, generación de demanda y estrategias de transformación de la ciudad.

El marco europeo favorece la participación directa en la producción, consumo o reparto de energía

Si yo dijese que la energía comunitaria ofrece a todos los consumidores un lugar incluyente de participación directa en la producción, consumo o reparto de energía, o que las iniciativas de energía comunitaria se centran principalmente en proporcionar a sus miembros o socios energía asequible de un determinado tipo, como las energías renovables, en vez de dar prioridad a la obtención de beneficios como una empresa eléctrica tradicional, entenderían los lectores que ésta es la visión –una más- de alguien comprometido con el debate energético de una forma crítica.

Pero lo dicho emana del marco normativo comunitario.

Comunidad Local de Energía

La directiva relativa al mercado interior de la electricidad define la Comunidad Local de Energía (CLE) como “una asociación, cooperativa, sociedad, organización sin afán de lucro u otra entidad jurídica que esté controlada por accionistas o miembros locales, generalmente orientada al valor más que a la rentabilidad, dedicada a la generación distribuida y a la realización de actividades de un gestor de red de distribución, suministrador o agregador a nivel local…”.

También se define la Comunidad Ciudadana de Energía “como una entidad jurídica de participación voluntaria y abierta que esté efectivamente controlada por los accionistas o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas, que su objetivo principal sea ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o en la localidad en la que se desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera”.

Así, la Comunidad Ciudadana de Energía (CCE), puede participar en la generación, incluida la energía procedente de fuentes renovables, la distribución, lo suministro, el consumo, la agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia energética, la prestación de servicios de recarga por vehículos eléctricos por los miembros de esta comunidad (artículo 2.11).

Marco jurídico

El artículo 16 de la citada directiva establece que los estados miembros ofrecerán un marco jurídico que garantice que “el gestor de la red de distribución correspondiente coopere, a cambio de una compensación justa evaluada por la autoridad reguladora, con las comunidades ciudadanas de energía para facilitar transferencias de electricidad entre estas”; garantizando por lo tanto la cooperación de la distribuidora.

También se abre la posibilidad que las CLE “tengan derecho a poseer, establecer, adquirir o alquilar redes de distribución y gestionarles autónomamente según las condiciones establecidas…”.

Se garantiza que estas “puedan acceder a todos los mercados organizados o mediante agregación de forma no discriminatoria” (arte.3.b) y “respecto al consumo de electricidad autogenerada, serán tratados como clientes (arte 3 c).

Autoconsumo compartido

A ello se suma la necesidad y el mandato (de acuerdo con el RD 244/2019) de establecer, en este caso mediante orden ministerial, un modelo de reparto dinámico, que permita hacer el reparto del autoconsumo de forma que se adapte a los diferentes momentos y curvas de consumo de los miembros que compartan autoconsumo, haciendo crecer exponencialmente el autoconsumo compartido.

Éstos son sólo algunos ejemplos de lo que hoy ya es norma (la directiva citada está aprobada en junio de este año) y que debe ser traspuesta antes de finalizar el año.

Dichos conceptos, que ya han sido trasladados a diversas legislaciones europeas como la portuguesa, permiten crear el marco para que las ciudades, y particularmente sus vecinas y vecinos y el tejido productivo local se articulen en torno a la energía. Y no sólo en torno a la generación, sino alrededor de un consumo más eficiente y menos “energívoro”.

El nuevo momento político crea las condiciones para entrar en una nueva etapa para la transformación energética

El compromiso de nuevo Gobierno

El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tiene sin lugar a dudas muchos retos enfrente.

Pero la excelente noticia que una de las vicepresidencias del nuevo Gobierno sea la transición ecológica sumada al reto demográfico, y lo haga de la mano de alguien que suma competencia y compromiso como Teresa Ribera, ofrece la posibilidad de abrir una nueva etapa para la transformación energética de lo urbano.

Instrumento de transformación

Las Comunidades locales o ciudadanas de energía son un instrumento para articular la ciudadanía en torno a la transformación energética, permitiendo que la administración local lidere de la mano de la implicación ciudadana. Y es aquí, donde la transposición de las directivas, simplemente cumpliendo los plazos, y asumiendo a su vez las partes más ambiciosas de este texto, son las que pueden permitir que la agenda de transición energética del nuevo gobierno cuente con una agenda de transformación urbana con implicación de actores locales y ciudadanía, que debe contar con el marco normativo que permita su desarrollo.

Legislaturas por delante

Hoy, los tiempos de la legislatura estatal son casi los tiempos de la legislatura municipal.

Tres años y medio de aquí a las próximas elecciones municipales, cuatro años para las próximas elecciones generales. Tiempos políticos que permiten alinear las políticas estatales con aquella agenda, la local, que es la que tiene mayor capacidad de transformación de lo concreto.

Hacer realidad lo que plantea la directiva, para que los municipios y la ciudadanía empiecen a hacer realidad la transición energética en las ciudades, es un reto materializable

Todas y todos sabemos que lo más determinante está en lo que se planifica el primer año, para que sea realidad en el segundo y el tercer año de legislatura.

Pues bien, hacer realidad, en el marco normativo, aquello que plantea la directiva, para que los municipios y la ciudadanía empiecen a hacer realidad la transición energética en las ciudades, es de los retos más inmediatos, materializables y concretos que podría tener la agenda energética del nuevo gobierno.

*Joan Herrera fue Director General del IDAE. Actualmente es director de Acción Ambiental y Energía del Ayuntamiento del Prat

Hacienda frena la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero por falta de presupuesto

Se estima que precisaría reclutar a 200-250 técnicos, en su mayor parte de alta cualificación y con conocimientos legales

Revista de prensa. Expansión.- El ministerio de Hacienda ha frenado la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero que el departamento de Nadia Calviño incluyó entre sus proyectos estrella para 2019 por dificultades presupuestarias, según confirmaron fuentes gubernamentales.

Nadia Calvió -vicepresidente y ministra de Economía- con María Jesús Montero
ministra de Hacienda y portavoz del gobierno. Fotos Expansión

El proyecto viene de lejos, ya que el Gobierno del PSOE lo heredó como inacabado del Ejecutivo del PP y Nadia Calviño asumió su puesta en marcha como empeño personal para desjudicializar los conflictos por productos y servicios financieros. Su intención declarada era lanzarlo antes de concluir 2019 como hizo con la nueva autoridad macroprudencial.

Sin embargo, su deseo se ha tropezado con la cuadratura de las cuentas dada la alta factura que la fundación desde cero comprometería un organismo así. Se estima que precisaría reclutar a 200-250 técnicos, en su mayor parte de alta cualificación y con conocimientos legales, además de montar la necesaria estructura física y dotación de recursos técnicos.

Dicha estimación podría quedarse además pequeña. Y es que se espera que sólo por echar a andar se dispare el número de quejas de clientes que llegan a la ventanilla porque será una suerte de árbitro para cualquier conflicto financiero entre entidades y ahorradores o inversores, siendo vinculantes sus decisiones.

Se trata de un compromiso clave ya que los actuales servicios de reclamaciones que asumirá el nuevo organismo (del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la dirección General de Seguros y Planes de Pensiones) no pueden imponer sus dictámenes, con lo que resulta más habitual de lo deseable que las empresas desoigan sus resoluciones y el conflicto llegue a los tribunales.

Precisamente el propósito último es acabar con el embotellamiento judicial que las reclamaciones financieras han venido provocando en los últimos años por casos como las cláusulas suelo, las participaciones preferentes o los swaps hipotecarios; con elevado coste para ahorradores e inversores y desgaste reputacional para la banca.

'Ombusman' 

Su puesta en marcha era un compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy que, con una ley de 2017, se comprometía a tener su proyecto listo antes de julio 2018 y lo incumplió. La idea se inspiraba en una suerte de 'Ombusman' británico, con poder para mediar, imponer e inspirar cómo resolver las disputas sin que lleguen a su ventanilla, que Calviño pretendía reforzar con mayor autoridad.

En el Ministerio de Hacienda niegan haber parado su constitución. Las fuentes oficiales consultadas explican que en febrero de 2019 hubo una reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en la que está presente también el Ministerio de Economía, para analizarlo, pero sostienen que la llegada de las elecciones generales de abril, quedando el Ejecutivo en funciones, han imposibilitado avanzar.

Otras fuentes involucran al ministerio de Política Territorial y Función Pública en la ecuación de su futura constitución y sugieren una potencial creación sobre los activos ya existentes en los organismos supervisores como fórmula para aliviar la factura. Sin embargo, el traspaso de personal reviste gran dificultad y podría ser más complicado que montarlo desde cero.

De los tres departamentos de reclamaciones existentes, el mayor es el del Banco de España, ya que recibe casi siete de cada 10 reclamaciones vinculadas a productos y servicios financieros. En el punto álgido de la avalancha de quejas por las cláusulas suelo hipotecarias durante el año 2014 este organismo tuvo, incluso, que buscar soporte y contratar a una firma externa que le ayudase a resolver los expedientes.

La necesidad se originó de la imposibilidad para el departamento de Reclamaciones de tramitarlas en los cuatro meses tope permitidos en la Orden Ministerial 2502/2012 del Gobierno. Y es que, con los topes hipotecarios, las reclamaciones se duplicaron y alcanzaron un máximo histórico en 40.176, que en el año 2018 -últimos datos publicados- descendió a 19.695.

El departamento análogo de la CNMV tramitó y resolvió 697 reclamaciones y quejas durante el mismo ejercicio 2018, cifra un 5,1% superior al año previo; y la dirección General de Seguros y Planes de Pensiones inició 10.383 expedientes, de los que 3.280 fueron inadmitidos por distintas razones y los más de 6.000 restantes gestionados.

Carles Ramió: La fortuna de los directivos según Maquiavelo

Otro post de interés: Gestionar la complejidad en formación y aprendizaje, por Jesús Martínez. Trabajo Colaborativo blog 

Por Carles Ramió. EsPúblico blog.- La fortuna es una de las obsesiones de Maquiavelo. A ella le consagra un capítulo (XXV) de El Príncipe y aparece referenciada en esta obra en 31 ocasiones. Además, le dedica el primero de sus poemas alegóricos en su obra denominada Capitoli. Al inicio de este capítulo monográfico sobre la fortuna comenta «No me es ajeno que muchos han creído y creen que las cosas del mundo son gobernadas por la fortuna y por Dios, que los hombres con prudencia no pueden corregirlas y, por lo tanto, no tienen remedio alguno; y podrían inferir de esto que no vale la pena fatigarse mucho en estas cosas, sino dejarse gobernar por la suerte» (Capítulo XXV de El Príncipe).

 Buscando la suerte
La fortuna (en su acepción de suerte o de mala suerte) incomoda a Maquiavelo ya que escapa de toda lógica y no guarda relación con la calidad o la insolvencia de las estrategias, tácticas ni de las capacidades competencias que atesore un líder. En el poema de los Capitoli que dedica a la fortuna Maquiavelo muestra impotencia y desesperación. Así la describe: «Su natural poder domina todo, siempre es violento su total imperio […] Y muchos la llaman omnipotente, porque cualquier humano en esta vida tarde o temprano su poder siente […] Esta inconstante e inestable diosa a menudo al indigno sienta en el trono donde jamás permite a quien merece […] Ella dispone el tiempo a su manera; ella te sube al cielo o bien te entierra sin piedad o sin leyes ni razones» (De la fortuna en Capitoli). 

Maquiavelo reconoce lo obvio: que en el arte del gobierno tiene su protagonismo e impacto la suerte o la mala suerte. Lo inesperado, favorable o desfavorable, como una contingencia inevitable. Pero considera que es un disparate abandonarse a este aleatorio destino y propone combatirlo, aunque reconociendo su innegable influencia «No obstante, para no agotar nuestro libre albedrío, creo que puede ser cierto que la fortuna sea árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero también nos deja controlar la otra mitad, o casi» (Capítulo XXV de El Príncipe). Y propone que los líderes sean conscientes de este fenómeno aleatorio, pero también que se preparen para evitar sus externalidades más negativas. «La fortuna demuestra su poder donde no se ha dispuesto la virtud para resistirla; y aquí dirige sus embates, hacia donde sabe que no se han hecho los diques ni las protecciones para detenerla» (Capítulo XXV de El Príncipe). En efecto, este condicionamiento no puede llevarnos a la impotencia ni al derrotismo, porque también contamos con la virtud (virtù), considerada como la capacidad subjetiva para aprovechar las oportunidades que se nos presentan o salir del paso de las circunstancias desfavorables. Por lo tanto, nada más ajeno que pensar en la virtud como la geometría de la compasión. La virtud es una acción. Un momento donde coincide el cálculo con la oportunidad. La virtud es la mezcla de habilidad, de talento, de coraje y entrega para cultivar la fortuna y, si se sabe encauzar adecuadamente, puede conducir al éxito del príncipe. Esto me recuerda una afirmación realizada por un prestigioso directivo contemporáneo «cuanto más trabajo, más suerte tengo». Como analista de las prácticas reales de liderazgo siempre me ha costado reconocer a líderes intrínsecamente afortunados. Es obvio que los hay con suerte, pero cuando los estudias con detalle detectas un trabajo oculto y silencioso para atraer y aprovechar estas oleadas de buena fortuna.  La suerte, normalmente, suele caer en el bando de quién más la ha buscado y trabajado con inteligencia. Maquiavelo lo dice de manera sutil «Es feliz el que concilia su manera de obrar con la índole de las circunstancias» (Capítulo XXV de El Príncipe).  En cambio, me produce desazón, al igual que a Maquiavelo y en sus lamentos de su Capitoli, que existan los líderes (y demás personas) que son desafortunados. Líderes a los que la mala suerte les persigue en los momentos más críticos a pesar de que no han hecho ningún demérito para fomentar este indeseable encuentro e, incluso, a pesar de que se han preparado para evitarla o para superarla.   

Un juez declara nulo el nombramiento de 30 interinos en los Servicios Sociales de Sevilla

Revista de prensa. ABC Sevilla.- La Justicia da la razón al gobierno del socialista Juan Espadas en la demanda interpuesta contra varias resoluciones de 2017 de la Dirección General de Recursos Humanos del propio Ayuntamiento y declara nulos los nombramientos de 30 trabajadores interinos en los Servicios Sociales municipales, lo que supondrá su despido. En algunos de los casos cuentan con más de quince años de antigüedad.

Como ya adelantara este periódico en noviembre, los afectados pertenecen a un grupo de empleados interinos estatutarios por programas, en concreto, del Programa Concertado de Prestaciones Básicos que se desarrolla mediante financiación conjunta de Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía.

En 2014 se registraba un cambio en el Estatuto Básico del Empleado Público por el que se limita los nombramientos de estos empleados a tres años. Entonces, el interventor municipal elaboró un informe en el que expresaba su reparo a la duración de estos contratos, por lo que, en base al cambio del Estatuto Básico del Empleado Público, el Ayuntamiento firma un acuerdo que recoge el límite temporal de tres años. Quedó recogido en una resolución de la directora general de Hacienda y Recursos Humanos de febrero de 2015.

En diciembre de 2017, ya con Espadas como alcalde, se tenía que dar por extinguido el contrato de estos trabajadores. Si bien, entonces desde el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento se elaboró una resolución que anulaba el acuerdo anterior que recogía el límite temporal de los tres años. Esto se encontró con la oposición y los reparos del interventor, secretario y asesoría jurídica del Ayuntamiento.

En 2018, el gobierno local para acabar con estos contratos hizo lo que se denomina en Derecho Administrativo una declaración de lesividad para los intereses generales con el propósito de anular estos nombramientos. En concreto, el director municipal de Recursos Humanos incoó procedimiento de revisión de oficio, resuelto el mismo año por la Junta de Gobierno Local, declarando lesivas las resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos de 2017 que elimina dicho límite temporal para estos interinos.

El despido no es fraude de ley

Además, en este tira y afloja en la política laboral municipal, surge la demanda de la administración local contra la resolución de 2017 que eliminaba dicho límite temporal y que entró en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número diez de Sevilla en octubre de 2018 y que de ser estimada supondría la nulidad de dichos nombramientos y, por tanto, el despido de estos 30 trabajadores de los Servicios Sociales municipales.

El pasado mes de noviembre, el equipo socialista trasladó a este periódico su apoyo a los trabajadores y apuntó que el origen de este litigio está en diciembre de 2014, con Juan Ignacio Zoido al frente de la Casa Consistorial.

En sentencia de 8 de enero y a la que ha tenido acceso ABC, el magistrado Luis Alfredo de Diego y Díez estima la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Sevilla contra dichas resoluciones de 2017 por considerarlas lesivas para los intereses públicos y las anula.

El magistrado respalda la competencia del director general de Recursos Humanos del Ayuntamiento para iniciar un procedimiento de revisión de oficio por lesividad y la de la Junta de Gobierno Local para resolver dicho procedimiento a pesar de las alegaciones de los 30 trabajadores demandados.

Entrando en el núcleo de la cuestión vista por el juez, es decir, si a los trabajadores demandados, como funcionarios interinos para la ejecución de un programa temporal, les es aplicable o no el límite de tres años previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público o sí, como pretenden los trabajadores, es un fraude de ley.

Recurrirán el fallo

El magistrado explica que estas contrataciones son para un programa temporal para el que el Ayuntamiento recibe un dinero de la Junta para su aplicación. Una aportación económica anual. La continuidad del programa no depende de la administración local, sino de la Junta, que es quien paga, por lo que se descarta su carácter permanente y el posible fraude de ley.

Además, el magistrado expone que la lesividad en la infracción del artículo del Estatuto Básico del Empleado Público que señala la limitación de tres años afecta al derecho fundamental de terceras personas a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas, ya que la permanencia ilimitada de estos trabajadores en el programa impedía a otras personas a acceder a las mismas.

Los trabajadores afectados por esta decisión judicial, según han trasladado a ABC fuentes del caso, anuncian que recurrirán la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número diez de Sevilla.

Riesgo de paralización de los servicios por estos despidos

En la causa juzgada en el Contencioso-Administrativo número diez de Sevilla existe un informe de enero de 2018 de la directora general de Acción Social del Ayuntamiento en el que se advierte del riesgo para la prestación del servicio por el despido de esta treintena de trabajadores. «El cese del 28 por ciento de esta parte del servicio supondría una paralización y/o enorme ralentización de las citadas tareas y por tanto de las convocatorias de ayudas sociales para las personas y familias en riesgo o situación de exclusión social, en todos los servicios que se prestan de forma indirecta a través de la contratación administrativa, cuyos destinatarios son los mencionados colectivos; retraso y colapso en las justificación de subvenciones lo que redunda en la imposibilidad de cobro por parte de las entidades beneficiarias de las mismas, suponiendo una gran merma para dichas entidades con funciones sociales dirigida a los mismos colectivos anteriormente mencionados; ralentización en el ritmo de facturación de todas las entidades contratantes con los servicios sociales de este Ayuntamiento, etc.».

No obstante, el Ayuntamiento aseguró ayer a ABC que seguirá trabajando para garantizar la prestación del servicio y la continuidad del programa como hasta ahora, con los trabajadores necesarios. Por cierto, precisó que los interinos afectados por este fallo podrán continuar desempeñando sus funciones en Servicios Sociales mientras la sentencia no sea firme. Este colectivo de empleados ya ha anunciado que recurrirán, por lo que el conflicto judicial tiene visos de extenderse en el tiempo.

J.R. Chaves: Los entes locales no tienen quien escriba su régimen de directivos públicos

El Tribunal Supremo concluye fijando doctrina casacional en el sentido de que «el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público atribuye su desarrollo al Gobierno y a las Comunidades Autónomas.»

Por José Ramón Chaves. delaJusticia.com blog.-  El Estatuto Básico del Empleo Público (EBEP) lanzó una apuesta arriesgada. Contemplar la creación de un banco -o banquillo- de Directivos públicos profesionales. Se deseaba profesionalizar la función directiva en la Administración pública, pero el legislador terminó en espantada pues no reguló la duración del ejercicio de sus funciones, ni las causas por las que cesarán, ni sus condiciones de empleo, derechos y deberes (salvo su evaluación periódica), ni régimen disciplinario.

Ante esta laguna normativa deliberada, el art.13 del propio EBEP optó por remitir el contenido a su desarrollo normativo, en los siguientes términos: «El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los criterios para determinar su condición».

Pues bien, numerosos entes locales se cansaron de esperar la regulación estatal o autonómica que ofreciese un paraguas normativo que les permitiese organizar sus directivos locales. Y dieron un paso al frente: si el Estado y la Comunidad Autónoma seguían la política del avestruz, sin regular esa figura del Directivo público, ellos mismos lo regularían. Al fin y al cabo la autonomía local tiene brillo propio y no puede esperar.

Es el caso de la Diputación de Cáceres que aprobó un reglamento de directivos propio, cuya legalidad acabó enjuiciada en el Tribunal Supremo por la STS de 17 de diciembre de 2019 (rec. 2145/2017), quien da respuesta a la siguiente cuestión de interés casacional, sustancialmente consistente en determinar «Si entra dentro de las competencias de los entes locales y, en particular, de las Diputaciones Provinciales la regulación de su personal directivo».

La respuesta la da Sentencia comentada:

Primero deja claro que el EBEP ni quiso congelar el rango normativo contemplando una reserva de ley para el régimen del directivo público, pero tampoco degradarlo para que cada ente local hiciese de su capa un sayo.

Afirma el Supremo reconociendo que existe un enorme vacío normativo:

-Es evidente que, fueran las que fueran las razones a las que se ha debido, no hay en este artículo una reserva de Ley del Estado ni de las Comunidades Autónomas. Ahora bien, es igualmente, manifiesto que tampoco se encuentra en él ninguna atribución a los entes locales y sí al Estado, concretamente al Gobierno, y a las Comunidades Autónomas para regular el régimen jurídico específico de este personal directivo y los criterios para determinar su condición dentro del respeto a los principios enunciados por el propio precepto.

Además insiste en las razones para garantizar la necesaria homogeneidad del régimen, frente a la dispersión por cada uno de los más de 8000 ayuntamientos y 38 diputaciones provinciales:

-Por otro lado, la existencia en el Estatuto Básico de previsiones expresas sobre el personal directivo y esa habilitación normativa al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, ponen de relieve la importancia que el legislador estatal otorga a que ese régimen esté dotado de suficiente homogeneidad. De ahí que tenga su sentido que limite la atribución de dicha facultad al Gobierno y a las Comunidades Autónomas. No sólo no es irrazonable esa decisión legislativa sino plenamente coherente con el objetivo de dotar a la regulación del personal directivo de las Administraciones Públicas, también del de las corporaciones locales, de la homogeneidad precisa a partir de los criterios sentados expresamente por el artículo 13.

E insiste en la necesaria vocación del EBEP de repartir la materia entre Estado y Comunidades Autónomas:

-Se comprende, pues, la importancia que tiene la habilitación del artículo 13 al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a fin de colmar los amplios espacios que el Estatuto no afronta, complementándolo con una ordenación coherente. Además, cabe decir que responde al planteamiento de este texto legal –establecer las bases de la legislación sobre el empleo público– que se encomiende esa ordenación al Estado y a las Comunidades Autónomas la integración del régimen jurídico del personal directivo, a fin de completar las determinaciones básicas.

Finalmente rechaza el esfuerzo local para reivindicar competencia sobre la materia:

-Por otro lado, hay que decir que la autonomía garantizada constitucionalmente, al igual que las potestades del artículo 4.1 a) –reglamentaria y de autoorganización– no son, por sí solas, título suficiente para ejercer cualquier tipo de competencia regulatoria, pues no pueden utilizarse en contra de previsiones legales específicas ya que la Ley delimita una y otra.

En definitiva, el Supremo concluye fijando doctrina casacional en el sentido de que «el artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público atribuye su desarrollo al Gobierno y a las Comunidades Autónomas.»

O lo que es lo mismo, que no existe una competencia implícita en los entes locales para regular la materia sin antes contar con el régimen estatal o autonómico.

Es preciso reseñar que existe dos interesantísimos votos particulares, de Maria del Pilar Teso Gamella y Jorge Rodriguez-Zapata Perez, los cuales se apoyan en la posición competencial de la Ley de Bases de Régimen Local, así como en la autonomía local, tal y como ha sido definida su extensión por el Tribunal Constitucional y la Carta Europea de Autonomía Local, para desembocar en la afirmación de que “De manera que el discurso argumental que subyace en la sentencia y la conclusión que alcanza, en fin, se concreta en que para el ejercicio de la potestad de autoorganización de la Diputación recurrente es necesario que previamente el Gobierno español o el Gobierno de las Comunidades Autónomas, dicten una norma, ya sea legal o reglamentaria, pudiera ser un real decreto o un decreto, que regule al personal directivo, y luego ya podrán las Entidades Locales reproducir su contenido, quizá introduciendo algún detalle. Creemos que tal conclusión resulta incompatible con una interpretación sistemática de los preceptos aludidos, con la posición específica de la LBRL en nuestro ordenamiento jurídico en la materia que abordamos, y con las existencias derivadas de la autonomía local”.

En fin, sentencia importante donde las haya. Sobre todo por afirmar la posición subordinada de las competencias locales. Lo curioso es que la previsión del EBEP relativa al Personal directivo profesional, no se ha desarrollado por quien estaba llamado a ser el buque insignia: la Administración del Estado, y ello porque solamente se ha avanzado dos pasitos tímidos y ridículos en esta materia mediante la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

De ahí que se cuenta con regulaciones puntuales autonómicas (por ejemplo, se ocupa de la figura la Ley 2/2015, de 29 de abril del empleo público de Galicia, o el Decreto 215/2019, de 30 de julio, del estatuto de la dirección pública profesional de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), pero la tónica general dejará a muchos entes locales “esperando al Godot reglamentario”, ante la pasividad reguladora de los hermanos mayores, estatal y autonómico.

Lo triste es que tampoco tendrían éxito las acciones judiciales que ejerciesen los entes locales ante el gobierno central o autonómicos encaminadas a vencer su pasividad o resistencia a regularlo, pues el susodicho art.13 EBEP confía dicha regulación en términos potestativos y no imperativos (“podrán establecer”).

En fin que la figura del Directivo público, «ni está ni se la espera», y mientras la autonomía local «espera y se desespera«.

NOTA SOCIAL.– El jueves 16 de enero, tendré el honor de asistir con los otros galardonados a la entrega de los IX Premios Puñetas en Madrid, a las 13,00 horas en el salón de actos de la Asociación de la Prensa en Madrid, Claudio Coello, 98, otorgados por la Asociación de Comunicadores e informadores Jurídicos (ACIJUR).

Con los tiempos que corren bien está recibir parabienes, bien está reunir juristas y periodistas, y bien está que amanezca otro día… que no es poco.

Hay Derecho: Los de la dependencia jerárquica

"El principio de dependencia jerárquica existe exclusivamente para garantizar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal en todo el territorio nacional, siendo necesario para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley"

Por Escarlata Gutierrez. Hay Derecho blog.- El principio de dependencia jerárquica al que estamos sometidos los Fiscales es un tema que genera mucho interés y confusión, tanto entre los ciudadanos, como entre los propios juristas y por desgracia en algunos políticos. Con este artículo me gustaría contribuir a aclarar algunos conceptos.

En primer lugar, conviene recordar que el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional que está integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. Tiene como funciones promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (artículo 124 de la Constitución Española y artículo 1 de la Ley 50/1981, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en adelante EOMF).

¿Qué significa que el Ministerio Fiscal está “integrado con autonomía funcional en el poder judicial”? A diferencia de otros países como Italia o Francia, donde rige el principio de unidad del sistema judicial, que está integrado por la Judicatura y la Fiscalía, no ocurre lo mismo en nuestro país. En Italia, el órgano de gobierno de Jueces y Fiscales es único, el denominado Consejo Superior de la Magistratura, y es independiente del poder ejecutivo en todos los sentidos, orgánico y presupuestario. Los Jueces y Fiscales tienen un estatuto muy similar y se rigen por los mismos principios, entre los que no se encuentra el principio de jerarquía, que sí aparece como principio característico del resto de Fiscalías.

En España, al igual que en otros países como Alemania o Portugal, Fiscalía y Judicatura son entes diferenciados, en los que los Jueces cuentan con una mayor independencia organizativa y funcional, mientras que las Fiscalías dependen orgánica y presupuestariamente, del Gobierno a través del Ministerio de Justicia. Del mismo modo, aunque Jueces y Fiscales superamos la misma prueba de acceso, nuestra formación inicial y continúa depende del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, mientras que la de los Jueces se realiza en la Escuela Judicial, dependiente del Consejo General del Poder Judicial (*).

Sin perjuicio que sería necesario que el Ministerio Fiscal contase con autonomía presupuestaria y organizativa, no puede entenderse, ni mucho menos afirmar, que se integra en el Ministerio de Justicia como una Dirección General más.

¿Qué principios rigen nuestra actuación? Los principios a los que se somete nuestra actuación son los de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica.

a. Dependencia jerárquica y unidad de actuación

Centrándonos primero en el principio que da título a este artículo, es importante tener presente dos ideas esenciales:

1-La dependencia jerárquica termina en el Fiscal General del Estado, no existe dependencia jerárquica respecto del Ministro de Justicia, ni por supuesto del Presidente del Gobierno. Éstos tampoco pueden emitir órdenes al Fiscal General del Estado. 

2-El principio de dependencia jerárquica existe exclusivamente para garantizar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal en todo el territorio nacional, siendo necesario para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

1) No existe dependencia jerárquica respecto del Gobierno. Aunque el Fiscal General del Estado sea nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno (artículo 124.4 de la Constitución), y el artículo 8 del EOMF establezca que “El Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público”, ni el Presidente del Gobierno, ni el Ministro de Justicia pueden dar órdenes o instrucciones de obligado cumplimiento al Fiscal General del Estado, ni a ningún miembro del Ministerio Fiscal. 

En orden a esta misma idea establece el artículo 55 EOMF: “Ningún miembro del Ministerio Fiscal podrá ser obligado a comparecer personalmente por razón de su cargo o función, ante las autoridades administrativas, sin perjuicio de los deberes de auxilio o asistencia entre autoridades. Tampoco podrá recibir ningún miembro del Ministerio Fiscal órdenes o indicaciones relativas al modo de cumplir sus funciones más que de sus superiores jerárquicos”, y esta “jerarquía” acaba en el Fiscal General del Estado.

Mayoría cualificada del Congreso

Tradicionalmente, se ha criticado que debido a que el Gobierno propone al Fiscal General del Estado, siempre va a elegir a alguien con quien tenga afinidad política y que en el supuesto de ser necesario le guarde lealtad. No seré yo quien niegue que existe una sospecha más que fundada de que eso se produzca, por eso las tradicionales reivindicaciones de las asociaciones de fiscales y de toda la Carrera para que se reforme el sistema de nombramiento del Fiscal General. Esta crítica se funda mucho más en la sospecha de parcialidad que se proyecta sobre la cabeza de nuestra institución, que en la efectiva vinculación que pueda tener con el Gobierno de turno. En cualquier caso, sería deseable que la elección se tuviese que realizar por una mayoría cualificada en el Congreso y que su mandato durase al menos 5 años, para que no coincidiese exactamente con los 4 que (en principio) dura el Gobierno que le hubiese nombrado.

Tan importante como el modo de elección del Fiscal General, que viene previsto en la Constitución, son las causas de cese, previstas en el artículo 31 EOMF, entre las que se encuentran: el incumplimiento grave o reiterado de sus funciones y del cese el Gobierno que lo hubiera propuesto. Éstas últimas se regulan en una Ley Ordinaria (el EOMF), que a diferencia de la forma de nombramiento, puede reformarse mediante mayoría simple en el Congreso. Resulta curioso que, por ejemplo, en mayo de 2017 distintos grupos parlamentarios que representaban una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados “reprobasen” al entonces Fiscal General del Estado aduciendo, entre otros motivos, su falta de independencia del Ejecutivo y, teniendo esos mismos grupos la mayoría suficiente para reformar nuestro Estatuto Orgánico reforzando la independencia del Fiscal General del Estado no lo hiciesen. Se perdió una oportunidad, como en tantas otras ocasiones, de reforzar nuestra apariencia de independencia.

En el mismo sentido, si se modifican las causas de cese suprimiendo la que le vincula al Gobierno que le nombró, se fortalece la apariencia de independencia de esta figura, debido a que en el supuesto de ser elegido por afinidad o previsible lealtad, durante todo el desempeño de su función puede desenvolverse con completa independencia. Además, en períodos de inestabilidad política supone una garantía de continuidad en el cargo. En los 7 años y medio que llevo formando parte de la Carrera Fiscal hemos tenido 5 Fiscales Generales, con los perjuicios que ello supone a la hora de poder desarrollar sus proyectos.

2) La dependencia jerárquica existe únicamente para coordinar nuestra unidad de actuación en todo el territorio nacional, garantizando en definitiva la igualdad de los ciudadanos en la aplicación de la ley. No tendría ningún sentido que por unos mismos hechos en Tarragona el Fiscal pidiese un año de prisión, en Madrid 6 meses y en Sevilla el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Es más, si no existieran estos principios, podría producirse esta situación dentro de una misma Fiscalía Provincial en función del Fiscal que llevase cada asunto.

Podría argumentarse que no existe problema en que cada Fiscal mantenga una postura distinta pues en definitiva son los Jueces o Tribunales quienes dictan las correspondientes resoluciones. Aunque esto es cierto, es importante tener en cuenta el principio acusatorio que rige en nuestro ordenamiento penal. No existiendo acusación particular, si el Fiscal pide el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, el Juez debe acordarlo. Igualmente, los Jueces y Tribunales de enjuiciamiento no pueden imponer una pena más grave que la pedida por la acusación, aunque estuviese dentro de los límites de pena previstos en la ley para ese delito. Por ello, la relevancia de que el Ministerio Fiscal tenga una actuación unificada en todo el territorio es vital.

Y, ¿cómo se puede garantizar esta actuación unificada sin articular una dependencia jerárquica? Sería muy complicado. Si bien, deben también preverse mecanismos y cauces legales para poder discrepar de una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo se estime improcedente. Dicha posibilidad aparece expresamente regulada en el famoso artículo 27 de nuestro EOMF, del que se ha hecho uso en diversas ocasiones, algunas de las cuales de gran trascendencia mediática. Este artículo permite en caso de discrepancia con la orden del superior, ponerlo en su conocimiento mediante informe razonado. En caso de querer persistir el superior con dicha orden se debe plantear y debatir la cuestión en la Junta de Fiscales (formada por todos los de la plantilla de una Fiscalía) y una vez ésta se manifieste, quien ha emitido la orden la ratifica o modifica. Además, señala expresamente el precepto: “Si el superior se ratificase en sus instrucciones lo hará por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro Fiscal el despacho del asunto a que se refiera.”

Los Fiscales debemos utilizar estos mecanismos sin complejos, entendiendo que es parte del funcionamiento normal de nuestra institución. El debate y la discrepancia siempre enriquecen.

Pero, es que además de coordinar nuestra actuación unificada, desde mi experiencia profesional puedo afirmar que la dependencia jerárquica ofrece otras ventajas. La posibilidad de consultar los asuntos con tu Fiscal Jefe o con el Fiscal Delegado de alguna de las especialidades, te facilita mucho el trabajo y te ayuda adquirir conocimientos prácticos sobre las distintas materias, mejorando en definitiva la calidad del servicio que prestamos a los ciudadanos. 

En ningún caso que estemos sujetos a este principio supone que formemos una estructura completamente jerarquizada, como la del Ejército. Únicamente es una herramienta para permitir nuestra actuación unificada en garantía de la seguridad jurídica de los ciudadanos.

b. Legalidad e imparcialidad

Estamos sometidos en todo caso, y por encima de cualquier otro principio, a los de legalidad e imparcialidad. 

El principio de legalidad, que viene recogido en el artículo 6 de nuestro EOMF, supone que actuamos con sujeción exclusiva a la Constitución y a las leyes y no basándonos en criterios de oportunidad política, económica o de otra índole. Somos aplicadores del Derecho, con independencia de la opinión personal o profesional que nos merezcan las leyes, cuya aprobación y modificación compete al legislador. Esto es una garantía esencial de la separación de poderes, base de cualquier sistema democrático.

Respecto del principio de imparcialidad, establece el artículo 7 que el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados.

Curiosamente cuando se habla de nuestros principios de actuación, se habla mucho más de la dependencia jerárquica (además, mal entendida) que de nuestra imparcialidad. Es decir, de la plena objetividad e independencia que tenemos en todas nuestras actuaciones. Por lo que se refiere a nuestro ámbito principal de actuación, la jurisdicción penal, tenemos el mismo interés en que se condene al culpable que en que absuelva al inocente, no cobramos más por acusar o por lograr sentencias condenatorias. Somos un operador jurídico imparcial.

Esta imparcialidad no se compromete por la existencia de una actuación coordinada en todo el territorio nacional, articulada a través de la dependencia jerárquica. Nunca se ha dudado de la independencia e imparcialidad de Jueces y Magistrados, por el mero hecho de que los Tribunales instancias superiores puedan revocar sus decisiones cuando se interpone un recurso. El sistema de recursos, entre otras cosas, es una garantía para los ciudadanos que dota de seguridad jurídica a nuestro sistema.

Conclusiones

En resumen, los Fiscales actuamos conforme a los principios de imparcialidad y legalidad. El único criterio que guía nuestro proceder es garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, no tenemos ningún “cliente”, y ni siquiera representamos al Estado, pues esta tarea compete a la Abogacía del Estado. 

Estos principios no se ven empañados por el de dependencia jerárquica ya que juegan en planos distintos. Este último tiene por finalidad garantizar nuestra unidad de actuación en favor siempre de los ciudadanos y del Estado de Derecho. Las órdenes o instrucciones que en su caso se impartan deben basarse en criterios jurídicos y no de otra índole. En el supuesto de que una orden o instrucción fuese contraria a la ley, o por cualquier otro motivo se considerase improcedente, tenemos mecanismos para combatirla.

Sin duda, sería más que deseable que se reforzase nuestra autonomía presupuestaria y organizativa y que se modificase el sistema de elección y las causas de cese del Fiscal General, en particular para reforzar su apariencia de independencia, sin que pueda parecer que su elección pueda utilizarse como moneda de cambio entre partidos políticos. Sin embargo, que eso no se produzca no significa que actuemos como una institución jerarquizada en la que el Fiscal General nos esté dando continuamente órdenes e instrucciones de acuerdo con el Gobierno que le ha nombrado. Yo puedo decir por mi propia experiencia que no es así, pero además se ha visto recientemente en un juicio de gran relevancia como es el denominado juicio del “Procés”.

Es triste e injusto que se utilice la dependencia jerárquica, y además mal entendida, para descalificar a una institución que es pieza esencial del Estado de Derecho. Una institución formada por profesionales con gran formación jurídica y que están sometidos al imperio de la ley, siendo imparciales en todas sus actuaciones, y que tienen por misión promover la defensa de la legalidad y proteger los derechos de los ciudadanos, en particular los más vulnerables, como los menores o las personas con discapacidad.

 “Los de la dependencia jerárquica” somos, y seguiremos siendo, objetivos e independientes en la defensa de los intereses que tenemos encomendados, aunque se empeñen en decir lo contrario y le pese a quien le pese.

(*)   Datos del informe de la Fundación Hay Derecho sobre “La Fiscalía: propuestas de mejora desde una perspectiva europea comparada” https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2018/11/FHD_ComparativaFiscaliasVFINAL.pdf