martes, 21 de octubre de 2014

Post de R. Jiménez Asensio: La "otra" transparencia: el derecho de acceso a la información pública

"El poder y la información no se soportan bien. Al poder le gusta envolverse en el secreto”.(Byung-Chul Han, “En el enjambre”, Herder, Barcelona, 2014, pág. 67)

Noticia relacionada. Info Access: El Comité de Derechos Humanos de la ONU es instado a investigar las violaciones del Derecho a la Información en España"Nos preocupa la poca calidad de la ley de acceso a la información, así como el abuso que se hace de denuncias a periodistas por difamación, pretendiendo intimidar a aquellos que sacan a la luz casos de corrupción o las malas prácticas del gobierno."

R. J. Asensio. Blog Estudi.con.- Desde que se anunció a bombo y platillo la tramitación y posterior aprobación (tras un año y medio de gestación) de la Ley de Transparencia, los distintos niveles de gobierno pusieron el foco de atención exclusivamente en una de las dimensiones de la Transparencia, la Publicidad Activa.
 
Foto Info Access
 Los innumerables esfuerzos que algunas Administraciones Públicas han hecho desde la entrada en vigor (e incluso antes) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para adecuar su práctica de gobierno a los mandatos de la norma son, bien es cierto, dignos de elogio.
Pero con frecuencia se olvida que esa dimensión “activa” de la Transparencia es solo una parte del problema y por mucho que se invierta en ella tiempo y recursos una Administración Pública podrá ser tachada de opaca cuando no haya resuelto cabalmente el otro nudo de la cuestión: articular un sistema estructurado de acceso a la información pública y proveer con celeridad y transparencia esa información solicitada por las personas y entidades que la demanden o, en su caso, dar respuestas rápidas y motivadas en los casos en que ese acceso a la información pública sea denegado.  
Dos años de plazo para las territoriales y uno para la AGE
El nuevo marco normativo básico en materia de Transparencia viene establecido por esa Ley citada. Su vigencia, sin embargo, solo es de momento parcial (Título II de Buen Gobierno), estando su vigencia y aplicabilidad diferida de forma escalonada para la Administración del Estado (un año a partir de la publicación de la Ley) y para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales (cuyos órganos disponen, tal como prevé la disposición final novena, de un plazo máximo de dos años “para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley”).
No obstante, ese período máximo de dos años que tienen las Comunidades Autónomas y los Entes Locales para adaptarse a las obligaciones de esa Ley puede resultar algo equívoco, puesto que no cabe ocultar que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, lleva a cabo una profunda reformulación del derecho de acceso a la información pública (modificando radicalmente el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que reenvía a la propia Ley de Transparencia para el ejercicio de ese derecho de acceso a la información pública por los ciudadanos o por sus entidades, tal como prevé la disposición final primera de la Ley de Transparencia).
Ello podría implicar que, una vez que la Ley entre en vigor en lo que afecta al Título I de Transparencia para la Administración del Estado (al año de su publicación en el BOE), ese derecho de acceso a la información pública no solo sea plenamente ejercitable por los ciudadanos ante la Administración General del Estado y sus entidades vinculadas o dependientes, sino también ante cualquier Administración Pública (también ante las Comunidades Autónomas y Entidades Locales), pues cabe dudar razonablemente que se pueda dejar en suspenso o sin aplicación el ejercicio de un derecho (configurado de forma general y patrimonio de todos los ciudadanos) de acceso a la información pública en determinados niveles de gobierno.
Art.37 de la Ley 30/92
En efecto, una lectura literal de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, podría conducir a la solución de que ese derecho de acceso no tiene aplicabilidad efectiva hasta que las Leyes autonómicas no lo prevean y en todo caso como máximo antes de que transcurran los dos años desde la publicación de la Ley. Esta tesis “literal” implicaría que el derecho de acceso a la información pública regulado en el artículo 37 de la Ley 30/1992, no sería de aplicación a las Comunidades Autónomas y a los entes locales hasta que se produjera la condición prevista en la disposición final novena de la Ley (por otro lado, formulada en términos de una notable ambigüedad). Sin embargo, si eso fuera así, ¿qué régimen del derecho de acceso se aplicaría en esas entidades?, ¿el previsto en el artículo 37 anterior ya derogado?, ¿habría, por tanto, dos artículos 37 de la Ley 30/1992, de contenido radicalmente diverso, aplicables transitoriamente según el tipo de nivel de gobierno?. Absurdo e imposible: la derogación del artículo 37 no puede hacerse en dos tiempos y sus condiciones de aplicabilidad pensamos que tampoco.
No parece muy adecuada esa interpretación y más bien cabría deducir (en línea también con lo previsto en el guión segundo de la propia disposición final) que la referencia a “las obligaciones” a las que hace mención esa disposición final novena lo es exclusivamente a las de Publicidad Activa y no a las propias del derecho de acceso a la información pública, pues este es un derecho de los ciudadanos y cubre otra dimensión de la Transparencia distinta a la anterior. No se configura como “obligación”, sino como derecho de los ciudadanos que la Administración Pública debe atender en sus propios términos. Sería, por tanto, enteramente discutible que una Administración autonómica o entidad local se pretendieran amparar en la “no entrada en vigor (o en su no aplicabilidad) en sus respectivas administraciones” de ese derecho de los ciudadanos para no dar respuesta a la solicitud de información pública demandada a partir del año de publicación del citado texto.
Si esto fuera así (pues lo contrario significaría una discriminación en el ejercicio de un derecho dependiendo de la Administración Pública a la cual se solicite tal información) conllevará de inmediato una serie de retos de singular importancia para todos los gobiernos locales y autonómicos. Por ejemplo, todos aquellos que tienen que ver con la unidad que gestionará tales solicitudes de acceso y con los procedimientos internos para dar respuesta en plazo (un mes, prorrogable excepcionalmente otro más) de tales solicitudes. Pero sobre todo con relación a los criterios de admisión de solicitudes (las causas de inadmisión son muy tasadas), con la aplicación de las limitaciones para denegar el acceso (la realización del test del daño), así como con la ponderación con la posible afectación a la protección de datos personales.
En cualquier caso, independientemente de cuál sea la tesis que se mantenga en relación con la aplicabilidad efectiva de ese derecho en el ámbito autonómico y local, no se puede obviar que, teniendo en cuenta que dentro de unos meses se celebran elecciones municipales y en al menos trece Comunidades Autónomas, es muy factible que, conforme se aproxime la contienda electoral, la demanda de información pública se multiplique en los diferentes Ayuntamientos y Administraciones autonómicas por parte de entidades, colectivos ciudadanos, asociaciones y personas individuales. Esa demanda de información se basará, sin duda, en la ejercitabilidad inmediata de ese derecho regulado por la legislación básica general y frente a la cual no cabe interponer una necesidad de “adaptación a las obligaciones de la Ley”, pues estas son meramente instrumentales.
Si no se responde o se responde denegando el acceso o alegando que no “está en vigor ese derecho”, se invocará de inmediato por los solicitantes que el gobierno municipal no es transparente. Dará relativamente igual que el gobierno local haya hecho un notable esfuerzo por desplegar una política de Transparencia-Publicidad Activa (esta le puede servir de “paraguas” frente a toda aquella demanda de información que ya esté “colgada”). Y todo ello previsiblemente acabará en los tribunales de justicia o, en su caso, en los órganos independientes de resolución de reclamaciones.  
Pero los problemas no solo provendrán de la situación que se deriva de no disponer de unos servicios administrativos ni siquiera mínimamente preparados para hacer frente a una hipotética avalancha (o, al menos, a un buen número) de demandas de información pública y carecer asimismo de criterios básicos para resolver la denegación de tal derecho de acceso justificada en materia de límites (test de daños o criterios de ponderación) o por afectar a la protección de datos. Los servicios técnicos y jurídicos de estas Administraciones estarán sin duda “en pañales” cuando las primeras demandas de información se activen y deberán articular tanto un órgano o unidad que resuelva tales demandas como los procedimientos internos de tramitación de las mismas.
¿Se descuida el  acceso a la información publica?
Igualmente, como todo el acento se ha puesto en reforzar el principio de Publicidad activa, descuidando totalmente esta segunda e importante dimensión de la Transparencia como es el derecho de acceso a la información pública, la práctica totalidad de los legisladores autonómicos lo han fiado todo a la aprobación de leyes autonómicas y a la regulación en estas de órganos independientes de resolución de reclamaciones en los casos de denegación del acceso al derecho de información pública. Lo cual implica que cuando entre en vigor el nuevo marco que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública probablemente solo la Administración del Estado (y puede que alguna Comunidad Autónoma de forma excepcional) tendrán regulado ese órgano. ¿Dónde deberán acudir para plantear las reclamaciones previas frente a resoluciones denegatorias o de indamisión aquellas personas o entidades a las que no se les conceda el acceso?, ¿deberán ir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa?, ¿pueden acudir subsidiariamente al Consejo (estatal) de Transparencia y Buen Gobierno?
Demasiadas preguntas sin respuesta clara para una cuestión de tanta relevancia y que puede explotar en las manos de esos gobiernos autonómicos y locales en breve plazo (o, al menos, plantear algunas dudas jurídicas y no pocas tensiones fácticas importantes).  Siempre cabrá escudarse en las tesis “ortodoxa” que ese derecho es de vigencia o aplicabilidad diferida en estos casos, pero más tarde o más temprano intuyo que los tribunales de justicia desmontarán esa lectura formal y escasamente adecuada a lo que es la regulación general de un derecho por parte del legislador básico.

lunes, 20 de octubre de 2014

13 y 14/11/2014 Toledo: I Congreso Internacional de la RIDE: La nueva contratación pública

Los días 13 y 14 de noviembre de 2014 se celebrará en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo el “I Congreso Internacional de la RIDE: La nueva contratación pública”.

PROGRAMA
Jueves. 13 de noviembre.- Mañana. 10.30 h. Conferencia inaugural: “La nueva contratación pública”- Pedro Costa Gonçalves. Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Portugal)
 
12:00 h. Primera ponencia: “La contratación pública electrónica”
 -Julián Valero Torrijos. Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Murcia. Coordinador de Idertec
 
13:00 h. Segunda ponencia: “Modificaciones contractuales y ejecución de los contratos”.- Silvia Díez Sastre. Profesora Contratada doctora de Derecho Administrativo. Universidad Autónoma de Madrid.
 
Tarde. 17:00 h. Tercera ponencia: “Compra pública innovadora; en particular, las centrales de compras”.-  Francesca Di Lascio, Professore Aggregato di Diritto Amministrativo. Università di Roma Tre (Italia).
 
18:00 h. Cuarta ponencia: “La adjudicación de los contratos de concesión”
 María Hernando Rydings. Profesora de Derecho Administrativo. Universidad Rey Juan Carlos.
 
19.00 h. Presentación de comunicaciones

 Viernes, 14 de noviembre.- 10.00 h. Quinta ponencia: “La colaboración público-público”. Isabel Gallego Córcoles. Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Castilla-La Mancha.
 
11:00 h. Mesa redonda: “Otros retos de la contratación pública”
MODERA: Francisco García Costa. Profesor Contratado Doctor de Derecho Constitucional. Universidad de Murcia.
 
-“Contratación pública y lucha contra la corrupción”,  Giuseppe Pipperata. Professore Associato di Diritto Amministrativo. Università IUAV de Venecia.
“Contratación pública y propiedad intelectual”,  Juan Antonio Ureña Salcedo. Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Valencia.
-“Contratación pública y declaraciones de concurso”,  Francisco Puerta Seguido. Profesor Contratado Doctor de Derecho Administrativo. UCLM.
-“Contratación pública y facturación electrónica”,  Damián Oliva García, Coordinador de Estrategia Económica y Europea. JCCM
 
13:00 h. Conferencia de clausura: “El futuro de la Unión Europea: algunas consideraciones en clave jurídica”. Luis Ortega. Magistrado del Tribunal Constitucional. Catedrático de Derecho Administrativo. Catedrático Jean Monnet. UCLM.
 
INSCRIPCIÓN
- Profesores y alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha, a través de la Unidad de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.
- Resto de interesados, mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: estrella.moreno@uclm.es La cuota de inscripción es de 15 €.
 
El plazo de inscripción finaliza el 13 de noviembre.
 Para los alumnos, la participación en el Congreso será reconocida con 0,5 Créditos de Optatividad en Grado y 1 Crédito de Libre Configuración.
 
Lugar y + info:
Las sesiones del Congreso se desarrollarán en la Sala de Prensa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo (Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n) +Info:  cde@uclm.es

Enlace. Contratación electrónica del Ayuntamiento de Gijón.

Otras convocatorias. La FONGDCAM, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas, organiza una Jornada sobre Cooperación Local el miércoles 22 de octubre

domingo, 19 de octubre de 2014

Empleados públicos vs cargos políticos: La paradoja de la corrupción política en España

"...los funcionarios están actuando como auténticos colaboracionistas para que los cargos políticos puedan repartir ilícitamente concesiones y negocios públicos, mediante su participación sumisa en la elaboración de los expedientes administrativos..."

Blog ¿Hay Derecho?. J.A. Fdez Asenjo.- El saber popular ha construido una sentencia que, a modo de infalible regla de tres, se presenta como indubitada: no puede haber políticos corruptos sin ciudadanos corruptos.

El catedrático Alejandro Nieto es
unos de los analistas más lúcidos
sobre nuestra administración pública
La realidad científica por el contrario es reiterativa en contradecir esta afirmación, pues los estudios sobre nuestro país muestran un mayor grado de deshonestidad entre la clase política que en otros sectores como los funcionarios públicos. A modo de ejemplo, los últimos informes GRECO se preocupan especialmente de la financiación ilegal de los partidos políticos (2013) y la injerencia política en las instituciones (2014), o el último Barómetro Global de la Corrupción TI’2013 muestra una peor valoración de los políticos y la judicatura que de los sectores administrativos como la sanidad o la educación.

La consecuencia práctica es que mientras para muchos ciudadanos sería casi impensable pagar un soborno para acceder a los servicios públicos básicos, para un empresario no es tan extraño plantearse prácticas colusorias con las autoridades políticas en materia de contratación y urbanismo.

En este mismo blog se ha acreditado recientemente la viabilidad científica de la existencia de distintos umbrales de deshonestidad dentro de una misma sociedad dependiendo de circunstancias coyunturales como la clase de actividad o la cultura de grupo. Como bien dice el Papa Francisco (2013, Corrupción y pecado), la corrupción más que un pecado es un estado en el que se conjuga la formación ética personal con la cultura moral de la institución. Por ello, encontramos casos de funcionarios con intachable trayectoria profesional que, tras su salto al escalón político, participan de los males que padecen nuestro sistema partitocrático: sobresueldos no transparentes, regalos y prebendas onerosos, o, en el peor de los casos, coimas sustanciosas.

Integridad moral de unos  otros
La causa de esta aparente contradicción hay que buscarla en el distinto tratamiento de la integridad moral de las autoridades políticas y los funcionarios públicos en esta etapa democrática. Curiosamente, la clase política comenzó esta andadura con un mayor crédito ético a nivel popular, pues los nuevos o reconvertidos líderes políticos de principios de los 80 gozaban de cierto halo de honestidad consecuencia de su ropaje democrático que parecía romper con la viciada clase política anterior. Como tuvo ocasión de denunciar tempranamente NIETO (1984, La organización del desgobierno), esta aureola pronto se quebró con los escándalos de corrupción ligados en buena parte a la financiación de los partidos políticos.

Cabe recordar un caso paradigmático de principios de los 80 en el que un valiente teniente-alcalde del Ayuntamiento de Madrid (Alonso Puerta) denunció la exigencia a los adjudicatarios de contratas de comisiones ilegales a favor del PSOE, obteniendo como frustrante resultado su expulsión del partido y de la corporación municipal. Consecuencia de este problema no resuelto, los sucesos de corrupción ligados directa o indirectamente a la actividad de los partidos políticos se han reiterado en los últimos treinta años, sin que las sucesivas reformas legislativas iniciadas en 1987 hayan atajado el problema.

Por el contrario, los funcionarios públicos han seguido el camino inverso, pues estos servidores públicos se encontraban mal considerados socialmente al inicio de la andadura democrática, siendo considerados un grupo corrupto e incompetente, del que únicamente se podían salvar algunos cuerpos de élite. La vivencia diaria de los ciudadanos corroboraba esta percepción, pues en su contacto con la Administración era habitual que se vieran envueltos en tratos al menos poco éticos para obtener los servicios públicos: desde el pago de una propina al funcionario de ventanilla, una iguala o suplido al médico del seguro o, en el peor de los casos, la entrega al gestor público de un sustancioso presente a cambio de una buena recomendación.

La democracia española actuó con rapidez mediante la reforma de función pública impulsada por el gobierno socialista en 1984 que prohibió todo tipo de ingresos atípicos a quienes prestan servicios públicos (curiosamente, tal recordatorio sigue figurando treinta años después en las LPGE), reguló de forma estricta las incompatibilidades entre actividades públicas y privadas, y en el caso de los cuerpos más reticentes se abrieron macro-investigaciones judiciales para terminar con perniciosas costumbres como los pagos de engrase (las llamadas “astillas”) que circulaban impunemente por las oficinas judiciales. El éxito de esta política anticorrupción ha sido evidente: hoy en día más de una generación de funcionarios no sabe lo que es recibir regalos por su actividad profesional, y para muchos ciudadanos contarles que hubiera que pagar algún dinero “bajo cuerda” por recibir una atención médica o de otro tipo le sonaría a ciencia ficción.

Licencias urbanísticas
En todo caso, una visión absolutamente positiva de nuestros funcionarios públicos no sería totalmente cierta y no sólo porque siempre pueden denunciarse ejemplos concretos de malas prácticas. En primer lugar, aún persisten sectores administrativos en el que las medidas de regeneración democrática no lograron acabar con las execrables costumbres, singularmente en el ámbito de las licencias urbanísticas municipales donde el recurso a los “pagos acelerador” ha seguido siendo desgraciadamente demasiado habitual. En segundo lugar, como también se ha comentado en este blog, los cuerpos de funcionarios están actuando como auténticos colaboracionistas para que los cargos políticos puedan repartir ilícitamente concesiones y negocios públicos, mediante su participación sumisa en la elaboración de los expedientes administrativos que dan cobertura de legalidad a estas operaciones bajo el principio, y de nuevo recurrimos al Papa Francisco, de que “el corazón no quiere líos”.

viernes, 17 de octubre de 2014

La mitad de los proveedores públicos ajenos a la factura electrónica que arranca en Enero de 2015

Entre las micropymes sólo un 2% ha iniciado su adaptación
 
Revista de prensa. Expansión.  16.10.2014.- A partir del próximo 15 de enero de 2015, las empresas proveedoras de las diferentes administraciones públicas estarán obligadas a presentar sus facturas en formato electrónico con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
 
Sin embargo, más de la mitad de ellas, el 54%, no han iniciado este cambio tecnológico y el 22% no sabe que será obligatorio ni cómo cumplir con la ley, según un estudio realizado por la empresa de factura electróncia Seres entre 3.000 proveedores de las administraciones públicas de toda España durante el primer semestre de 2014.
 
Las empresas más preparadas son las de Madrid, seguidas por las de Andalucía y Cataluña y, en un tercer grupo, las empresas gallegas, valencianas y aragonesas. En función del tamaño, las grandes empresas son las más preparadas. Aunque el 52% todavía no han iniciado su adaptación, el 47% ya lo está abordando y el 1% no sabe qué hay que hacer.
 
Por su parte, el 52% de las pequeñas y medianas empresas todavía no han abordado el cambio. Entre las micropymes sólo un 2% ha iniciado su adaptación.
 
Cuello de botella
Para Seres, el retraso en la adaptación al nuevo marco legal puede provocar un efecto "cuello de botella" a final de año, cuando todas las empresas intenten adaptarse al mismo tiempo.
 
El estudio denota "la falta de información de muchas comunidades autónomas y las diferentes variantes en los modos de facturar en cada una de ellas. Así, la norma contempla distintos puntos de entrada de facturas electrónicas, uno gestionado por la Administración General del Estado, llamado FACE, y otros por diferentes administraciones autonómicas y Entidades Locales", afirma la empresa en un comunicado.
 
También llevará a muchas empresas a adoptar soluciones parciales, que les impedirá aprovechar las verdaderas ventajas del uso de la e-factura y les obligará a, en un futuro, volver a invertir en una solución completa. Además, les podría dejar sin capacidad de respuesta cuando sus clientes del sector privado le pidan factura electrónica.

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jueves, 16 de octubre de 2014

La FEMP potenciará el nombramiento de Cronistas

RAECO agrupa a los Cronistas Oficiales de los municipios españoles, y trabaja para procurar que las Corporaciones Locales custodien sus archivos
 
FEMP. La Real Asociación Española de Cronistas Oficiales de España (RAECO) y la FEMP colaborarán para promover y potenciar el nombramiento de Cronista Oficial en aquellos municipios y otras Entidades Territoriales que carezcan del mismo. Así lo recoge el convenio suscrito hoy entre el Presidente de RAECO, Antonio Galiano, y el Secretario General de la FEMP, Angel Fernández.

Momento de la firma del acuerdo entre RAECO y FEMP
El acuerdo, firmado en la sede de la Federación, señala que el nombramiento de Cronista Oficial ha de contar con el acuerdo del Pleno de la Corporación, y que se trata de un cargo de carácter honorífico, vitalicio y no remunerado (más allá de los gastos derivados del desarrollo de su actividad). 
La colaboración también irá orientada al reconocimiento oficial de la labor del cronista, dando a conocer que su actividad es de utilidad pública, que se basa en el estudio y divulgación de la historia, tradición y patrimonio, y se caracteriza por la objetividad e imparcialidad, “dejando constancia de los hechos acaecidos en su tiempo e investigando la historia y las tradiciones de su localidad, adquiriendo por tanto un marcado interés cultural y estimando su función como de utilidad pública e interés social”.
 
Ambas entidades se han comprometido a cooperar para realizar conjuntamente proyectos de investigación en áreas de interés común. También prevén desarrollar programas de difusión cultural sobre arte, historia, heráldica, vexilología, tradiciones, lingüística, entre otros ámbitos, e intercambiar información y documentación.
 
RAECO
La Real Asociación Española de Cronistas Oficiales de España se constituyó en junio de 1978. S.M. el Rey Juan Carlos I, Presidente de Honor y Primer Cronista del Reino, fue quien concedió a esta asociación el título de “Real” en marzo de 2008. S.M. el Rey Felipe VI es miembro de honor de la misma.
Con personalidad jurídica plena, e independiente de cualquier organización social o política o de confesión religiosa, RAECO agrupa a los Cronistas Oficiales de los municipios españoles, y trabaja para procurar que las Corporaciones Locales custodien sus archivos, para promover la realización de investigaciones, estudios y trabajos; y para velar por la consideración y el prestigio de los Cronistas Oficiales, entre otros fines.


miércoles, 15 de octubre de 2014

El Consejo de Gobierno Vasco aprueba AURRERABIDE, un innovador modelo de gestión pública avanzada,

El modelo aprobado se desarrolla en seis ejes, veinticuatro líneas de actuación y ciento cuarenta y siete acciones concretas. Su diseño permite su aplicación de manera sencilla, inmediata y progresiva al conjunto de la Administración Pública Vasca.

La noticia en el diario El País: Una nueva cultura en la Administración vasca
 
Nota gobierno Vasco. Irekia.  14.10.2014.- El modelo parte de la necesidad de que las personas que trabajan para la administración protagonicen un cambio cultural en la forma de hacer las cosas para poder ofrecer a la ciudadanía el servicio público de calidad que está demandando.
  • AURRERABIDE surge de la implicación voluntaria de cientos de funcionarios y funcionarias cuyo trabajo ha dado como resultado esta metodología adaptada a la realidad de la Administración Pública Vasca para mejorar su funcionamiento interno y externo.
  • El Gobierno considera que las personas son el activo más importante de la administración pública vasca y por eso invertirá, hasta el 2017, un total de 600.000€ en su formación para extender AURRERABIDE al conjunto de la administración pública y organismos autónomos.
El portavoz del Gobierno Vasco Josu
Erkoreka anuncia el proyecto
 AURRERABIDE
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, AURRERABIDE, un innovador modelo de gestión pública avanzada, impulsado por el Gobierno vasco y diseñado con la participación del funcionariado con el objetivo de cambiar la metodología de trabajo para poder responder a las nuevas demandas ciudadanas. Se trata de un cambio en la cultura organizativa interna orientado a aportar a la ciudadanía unos servicios públicos de calidad y que aporten valor añadido.

El proyecto AURRERABIDE nació como experiencia piloto en noviembre de 2013, como proyecto de mejora de la gestión impulsado por el Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno vasco. Antes de su puesta en marcha se realizaron muchas reuniones explicativas, recabándose un apoyo mayoritario.

AURRERABIDE busca la excelencia en la gestión, un cambio en la manera de trabajar para que la Administración Pública Vasca ofrezca un servicio público moderno, eficaz y adecuado a las nuevas necesidades que plantea la ciudadanía del siglo XXI.

Con su puesta en marcha en la fase piloto, se diseñó un novedoso sistema de formación-acción, con una metodología basada en el aprendizaje-puesta en práctica, EGITEN-IKASI, al que se sumaron de forma voluntaria 300 personas de 35 unidades organizativas diversas.

Tras casi un año de experiencia piloto en la que se ha perfeccionado el modelo, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy su extensión generalizada al conjunto de la Administración Pública Vasca.

6 ejes y 147 acciones concretas

El modelo aprobado hoy se sustancia en seis ejes, veinticuatro líneas de actuación y ciento cuarenta y siete acciones concretas. Su diseño permite su aplicación de manera sencilla, inmediata y progresiva al conjunto de la Administración Pública Vascas. Pretende introducir en el trabajo cotidiano de las personas que trabajan en la administración actuaciones basadas en los siguientes factores claves que aportarán un gran valor diferencial a los servicios públicos que oferta la administración vasca:
  • ESTRATEGIA: Creación de estrategias de manera que las personas que trabajan para la administración pública puedan planificar objetivos y alinearlos con la estrategia global del Gobierno.
  • SERVICIOS: Gestión de los servicios públicos desde la perspectiva de dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía que cada vez espera servicios de mayor calidad.
  • PERSONAS: Gestión de los equipos humanos para motivar e ilusionar a las personas que trabajan para la Administración Pública vasca y potenciar su compromiso con el servicio público.  
  • INNOVACIÓN: Buscar el contexto adecuado para gestionar de una manera innovadora las ideas y proyectos.
  • SOCIEDAD: Extender a la gestión ordinaria los valores del buen gobierno y la ética pública, el trabajo colaborativo y asunción de la responsabilidad con la sostenibilidad, la igualdad, el uso del euskera, etc.
  • RESULTADOS: Establecer un sistema de seguimiento que permita valorar la eficacia de los resultados.
Calendario
A partir de ahora, el Gobierno ha establecido un calendario de extensión del modelo AURRERABIDE al conjunto de la Administración Pública vasca, de manera que, para 2017, se prevé que 600 personas con responsabilidad en la gestión y otros 5.000 trabajadores y trabajadoras participen el proyecto. Para ello, el Gobierno vasco invertirá 600.000€ en formación del funcionariado desde  el presente ejercicio hasta 2017.

El modelo se caracteriza por colocar a la ciudadanía en el centro de gestión pública. Por ello, está concebido con un gran dinamismo que permite su constante revisión para adaptarlo a los cambios que se puedan producir en la sociedad o a la propia evolución de la Administración Pública vasca.

El programa de implantación de AURRERABIDE continuará con el desarrollo de evaluaciones de gestión periódicas de la diferentes Direcciones que promuevan sucesivos planes de mejora. Estas evaluaciones y planes de mejora serán realizadas por el propio personal de la administración, conformándose así una red de personas colaboradoras implicadas y copartícipes del proyecto.

Modernización-Innovación y Libro Blanco
El modelo de gestión pública avanzada, AURRERABIDE, es parte de una estrategia global puesta en marcha por el Gobierno vasco para poner en valor a sus personas y permitir la necesaria transformación de la Administración Pública vasca para responder a los nuevos retos y necesidades del siglo XXI. En este sentido, recientemente, el Gobierno ha remitido a la Cámara el Proyecto de Ley de la Administración Pública y ha presentado el Anteproyecto de Ley de Empleo Público Vasco.

Igualmente, el Gobierno vasco ha puesto en marcha un plan estratégico de Innovación Pública 2014-2016 y antes de finalizar este año presentará el Libro Blanco de Democracia y  Participación Ciudadana de Euskadi.

martes, 14 de octubre de 2014

Las universidades públicas mejoran en transparencia mientras las privadas siguen destacando por su opacidad

La lista aparece encabezada un año más por la Universidad de Cantabria. Las de Burgos y Rey Juan Carlos de Madrid  son las que más han mejorado en el último año.
Nota de prensa de la FCyT.- Madrid, 09 de octubre de 2014. El informe Examen de transparencia 2013, realizado por la Fundación Compromiso y Transparencia (FCyT), analiza por tercer año consecutivo la transparencia en la web de las 50 universidades públicas y, por segundo año, las 25 universidades privadas españolas.
 
Una de las novedades más importantes del informe consiste en el análisis, por primera vez, del indicador de empleabilidad tanto en las universidades públicas como en las privadas.

comparativa respecto al pasado año desprende una importante mejoría en las universidades públicas. El informe incluye por primera vez a siete de estas universidades en la categoría de transparentes, que aparece encabezada un año más por la Universidad de Cantabria (Vid. Ranking Universidades Públicas).

Las universidades de Burgos y Rey Juan Carlos son las que mayor incremento de transparencia han registrado respecto al informe de 2012, pasando de 8 a 21 puntos en el caso de la primera y de 11 a 23 puntos en el de la segunda. Todo gracias a la creación de un site específico de transparencia que ambas universidades han estrenado este presente año.
Las universidades públicas han seguido progresando en el grado de transparencia prácticamente en todas las áreas. Son de destacar, especialmente, los avances en los indicadores relativos a la formulación de la misión y la publicación del plan estratégico, en donde los incrementos son de 6 puntos porcentuales, así como en los relativos a la oferta académica (demanda y evolución) en donde el aumento es de 16 y 18 puntos porcentuales.
En el área de resultados son muy significativos los avances en la información correspondientes a los rankings y los alumnos fuera de la comunidad, con 16 y 12 puntos porcentuales más respecto a 2012.
Por último, hay que destacar, igualmente, el progreso en el nivel de calidad de la información económica al aumentar el número de universidades que, junto con el presupuesto, acompañan los estados financieros, la memorias de las cuentas generales y el informe de auditoría, en donde se producen incrementos de 6%, 6% y 10%, respectivamente.
El balance de transparencia de las universidades privadas, como muestra el gráfico 2, no arroja, sin embargo, iguales resultados positivos. Si bien se ha dado algún ligero progreso con respecto al año anterior, este incremente se ha debido a la mejoría que han experimentado dos universidades (Universidad de San Jorge y Universidad Internacional de la Rioja) y el impacto que ésta tiene sobre una muestra tan pequeña.
Privadas opacas
En el ranking del informe, ninguna universidad privada es clasificada como transparente ni translucida. Al obtener una puntuación inferior a 15 puntos (de 26 posibles) todas las privadas han sido definidas como opacas (Vid. Ranking Universidades Privadas).
El área de información sobre el claustro es una de las únicas en la que las universidades privadas se encuentran por delante de las públicas. Especialmente llamativo resulta el hecho de que ninguna de las fundaciones privadas haga pública la información económica.
Este es el primer año que el informe analiza dentro del área de resultados el indicador de empleabilidad de las universidades públicas y privadas. El indicador examina “si la universidad facilita información sobre el porcentaje de inserción laboral de sus graduados y/o la mejora de la empleabilidad de los que ya cuenten con empleo”.
Como expresa el propio Informe “el indicador de empleabilidad va a convertirse en los próximos años, dada la actual coyuntura de desempleo, en uno de los mayores factores de atractividad de las universidades y, consecuentemente, también, en uno de sus principales indicadores de resultados. De ahí la necesidad perentoria de incorporar de manera más explícita la empleabilidad como uno de los indicadores de medición de la calidad universitaria, junto a otros factores, igualmente importantes, como la investigación o el rendimiento académico de los alumnos”.
Un total de 14 universidades públicas (28%) ofrecen resultados globales o desglosados por titulación de la inserción profesional de sus graduados. Son de destacar aquellas que han puesto en marcha un Observatorio de Empleo, que elabora con carácter anual informes sobre el mercado de trabajo y la inserción laboral de sus graduados. En este caso se encuentran las universidades de Extremadura, Autónoma de Madrid, Murcia, País Vasco, Valencia y Politécnica de Valencia. En el caso de las universidades privadas, 9 de las 25 o, lo que es igual, un 36% del total, cumple el indicador de empleabilidad. Como en el caso de las públicas son las universidades de San Jorge, Miguel de Cervantes y Católica de Valencia las que cuentan con informes más detallados realizados por sus servicios u Observatorios de Empleo.
Nota al editor: Cuando se habla de transparencia en el informe ‘Examen de transparencia’ se hace en referencia “al esfuerzo por publicar y diseminar la información relevante de la organización poniéndola a disposición de los diferentes grupos de interés (stakeholders) de forma visible, accesible, comprensible y actualizada”.
Acerca de Fundación Compromiso y Transparencia
Fundación Compromiso y Transparencia (antes Compromiso Empresarial) se constituyó en el año 2007 por un grupo de profesionales procedentes del mundo de la empresa, de la academia y del sector no lucrativo con la finalidad de fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones impulsando el buen gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas de sus actividades. Página web www.compromisoytransparencia.com
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