martes, 21 de noviembre de 2017

Ampliación del plazo de ejecución de los contratos

Otro post de interés. Julio González en Blog Global Politics and Law 
Los contratos menores en la nueva Ley de Contratos del Sector Público 

Por Santiago González-Vara Ibáñez en Blog EsPúblico.-  En el contexto de la crisis económica pueden producirse necesidades de ampliar el plazo de la ejecución de los contratos, así de obras. Además de informar del régimen jurídico de la nueva Ley de contratos del Sector Público, de noviembre de 2017 (LCSP), planteamos el problema de si se pueden otorgar las ampliaciones cuando se solicitan tardíamente por el contratista.

En principio, la regulación en la LCSP se contempla en el artículo 195, junto a la resolución por demora: «si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor».

Con anterioridad a esta LCSP 2017, se venía hablando de “prórroga” al contratista en el marco de la ejecución de los contratos. Ahora se habla de ampliación del plazo de ejecución de los contratos, seguramente para distinguir el supuesto de aquel otro caso relativo a la “prórroga” que se regula en el marco de la duración de los contratos en el artículo 29 de la LCSP 2017.

Las condiciones para la operatividad de esta prórroga reglada se concretan en el artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, estableciendo entre otras cosas que «la petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquel en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido» (…). En el caso de que el contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente señalado, se entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Administración para conceder, dentro del mes último del plazo de ejecución, la prórroga que juzgue conveniente, con imposición, si procede, de las penalidades que establece el artículo 95.3 de la Ley o, en su caso, las que se señalen en el pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo que considere más aconsejable esperar a la terminación del plazo para proceder a la resolución del contrato».

Efectivamente, de la legislación contractual se deduce que, para que la Administración tenga la obligación de conceder ampliación del plazo de ejecución, han de reunirse dos requisitos cumulativamente: a) Que la causa de la demora no sea imputable al contratista. b) Que el contratista formule la solicitud dentro del plazo de quince días desde que se produzca la causa originaria del retraso, señalando el tiempo probable de duración y ofreciendo cumplir sus compromisos con la prórroga que se solicita. Este artículo continúa la línea del artículo 140 del RCE 3410/1975 anterior, con dos únicas salvedades: por una parte se ha reducido ese plazo para solicitar la prórroga por el contratista de un mes a quince días; y, por otra parte, se ha introducido como supuesto con un tratamiento excepcional el de la concesión de la prórroga cuando la solicitud haya tenido lugar dentro del último mes de ejecución del contrato.

1.- Por tanto, primera incidencia: en el caso de que se cumplan ambos requisitos, la Administración viene obligada a conceder la prórroga solicitada, por ser ésta reglada. En este contexto de la ampliación de plazo reglada, resulta ilustrativa la STSJ de Cataluña de 19 de junio de 1990, que a su vez se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y donde se declara que «ha de estimarse incumplido el plazo antes referido, que constituye, como vimos, uno de los requisitos precisos para la viabilidad de la solicitud de prórroga» (nos remitimos a su lectura).

2.- Segunda incidencia: entendemos que si la ampliación de plazo se solicita tardíamente, la Administración “puede” denegar dicha ampliación (será en un contexto en que interese la resolución). Lo pone en evidencia el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León 727/2013 de 21 de noviembre de 2013, que justifica la denegación de la prórroga solicitada por el contratista porque se solicitó fuera de plazo, en tal contexto de fundamentar una resolución contractual.

3.- Por tanto, tercera incidencia: si la ampliación de plazo se solicita tardíamente, la Administración “podrá” no denegar dicha ampliación. Y ello porque esta potestad que estamos comentando ha de entenderse en el contexto de las demás potestades relacionadas con la situación de demora de los plazos por el contratista (imposición de penalidades o resolución) de modo que la Administración podrá, en el caso concreto, optar por la conservación del contrato y por tanto por su no resolución, accediendo a la prórroga solicitada tardíamente por el contratista. Desde luego, esta interpretación supone, primero, relativizar el carácter esencial del plazo del citado artículo 100 (en este contexto, artículo 73 de la LPAC 39/2015; SAN de 20 de septiembre de 2006, FJ 3º), pero parece lo más conveniente para el interés público, a fin de que la Administración pueda valorar la posibilidad de prorrogarlo en todo caso en atención a las circunstancias del caso concreto. Esta interpretación, segundo, es acorde al hecho de que se admitan incluso prórrogas tácitas en el contexto de las ejecuciones contractuales (F. CASTRO ABELLA, director, Contratación del sector público local, 2ª ed. Madrid 2010 p.1019; STS de 20 de junio de 1994 RJ 1994\4993). O a los fallos por los que se afirma que, pese a presentarse fuera de plazo la prórroga, esta ha de otorgarse al no ser un plazo esencial (STS de 15 de abril de 2014 recurso 5552/2011, si bien en materia no contractual).

Más allá del incumplimiento del tema formal del plazo considérese que el artículo 195 de la nueva LCSP habla de que, se concederá la ampliación del plazo «si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista», planteándose el debate en general de si se puede también otorgar tal ampliación del plazo cuando sea esta la mejor solución para los intereses públicos aun cuando en puridad pudiera imputarse al contratista el retraso. Cierto que las cuestiones de interpretación como esta, siempre se pueden resolver con pluma municipal hábil, razonando que el contratista no es culpable de la situación, pero así todo se plantea la cuestión cuando sea el caso.

4.- Y finalmente, una cosa diferente es que un tercero ajeno a la relación contractual pretenda atribuirse el derecho a exigir a la Administración que no prorrogue el contrato por el hecho de haberse solicitado tardíamente la prórroga por el contratista. Piénsese que este articulado se aplica también a las obras de urbanización donde puede haber propietarios contrarios a la ejecución de tales obras. La regla general será la falta de legitimación en tales casos. En general todas estas potestades tienen generalmente difícil fiscalización, considerando que no será fácil que alguien ajeno a la relación contractual quiera imponer consecuencias negativas para el contratista, que la propia Administración no quiere disponer.

*Santiago González-Vara Ibáñez es Catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de Alicante (2002). Realiza habitualmente labores de asesoramiento a Ayuntamientos, así como contencioso-administrativo. Ver todos sus artículos en Blog EsPúblico

lunes, 20 de noviembre de 2017

El Gobierno estudia realizar cambios en los temarios de las oposiciones a funcionarios públicos

Unas 500.000 plazas interinas y temporales saldrán a concurso en los próximos años para convertirse en puestos indefinidos en todos los sectores de la administración

Otro post de interés. Nosoloaytos. El blog de VíctorAlmonacid: Especialidades de la potestad reglamentaria local tras la entrada en vigor de la Ley de procedimiento

Revista de prensa. eldiario.es.- El Gobierno está estudiando cambios en los temarios de las oposiciones a funcionario de la Administración central, han confirmado fuentes de Hacienda a eldiario.es Aún en fase muy preliminar, se trata de modificaciones que se introducirían a un ritmo "lento" y a "largo plazo", aseguran, sin ofrecer por el momento mayores concreciones.


 El Estado tiene más de 200 cuerpos (el empleo público se estructura en cuerpos, grupos o escalas, determinados a veces por alguna profesión concreta, como arquitecto, abogado del estado o conductor), muchos de los cuales tienen un temario común entre sí y otro específico. El Gobierno, como publicó la información.com, estaría sondeando a expertos para hacer más ágiles las pruebas de acceso. Entre los temas comunes que suelen compartir las distintas oposiciones están los contenidos constitucionales o el régimen jurídico de las administraciones públicas. 
Hace dos meses, el Gobierno y los sindicatos alcanzaron un  acuerdo sobre empleo público que supondría que unas 500.000 plazas interinas y temporales saldrían a oposición en los próximos años para convertirse en puestos indefinidos en todos los sectores de la administración. Está por ver si alguno de los cambios que estudia el ejecutivo afectaría a alguna de estas pruebas de acceso, en todo caso a las más lejanas en el tiempo.

De cualquier modo, la falta de presupuestos para 2018 por la negativa del PNV a apoyar al PP en plena aplicación del 155 de la Constitución en Catalunya no sólo paraliza las convocatorias, sino que aboca a los funcionarios a la  congelación salarial para el año próximo. El Gobierno confía en sacar las cuentas públicas adelante  una vez amaine la tormenta a principios del año próximo tras la celebración de elecciones en Catalunya. 

¿Modernización o cambios radicales?
Precisamente, la modernización de los métodos de entrada a la administración pública fue objeto de discusión en una recientes jornadas de la federación que aglutina a la mayoría de los funcionarios de los cuerpos superiores de la Administración Civil del Estado, FEDECA. 

La Administración en España renovará al 85% de sus altos funcionarios en los próximos 15 años. Y los métodos de selección, tanto de esta élite como del resto de la función pública, deberían actualizarse, según algunos expertos que participaron. Se pusieron sobre la mesa algunas ideas, algunas más revolucionarias que otras, pero todas coincidentes en que los actuales sistemas de acceso al empleo público pueden resultar desincentivadores y frustrantes para muchos candidatos. Cuatro años de media para preparar una oposición que sólo superará un 30% de los que lo intentan.

La consejera de Administraciones Públicas en la Representación de España ante la UE Teresa Siles se mostró partidaria de introducir "pequeños cambios paulatinos" en los sistemas de acceso: "El problema de los españoles cuando aspiran a puestos europeos es que no saben hacer presentaciones en público ni conocen técnicas para trabajar en equipo, aunque puedan demostrar tener mucha memoria". Por eso, abogó por introducir este tipo de habilidades desde la Universidad y en paralelo convertirlas en parte de las pruebas de acceso a la función pública en España, junto a otras de memoria. 

Para el vicerrector y catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Pompeu Fabra Carles Ramió, los cambios deben ser radicales: "las oposiciones son matajuventudes", afirma. Según su criterio, el actual sistema "rompe el principio de igualdad", ya que exige tener una renta suficiente como para dedicarse a tiempo completo al estudio durante una media de cuatro años. Además, afirmó, "es un sistema de carácter aleatorio, en el que se suspende más al que se examina al principio de las pruebas que a la mitad".  "La función pública actual ya no sirve, hay que dinamitarla. ¿Qué es eso de ser funcionarios? menos del 10% debería serlo, solo los que estén en contacto directa con la clase política", defendió Ramió.

Pero para Teresa Siles, "hay cosas más concretas que tenemos que mejorar", como una evaluación del desempeño más eficaz. También cree que debe modificarse el sistema de provisión de puestos de libre designación (traslado de funcionarios sin concurso) para que cumpliese unas determinadas condiciones tanto para el nombramiento como para el cese. En la actualidad, sólo se pide formar parte de un determinado cuerpo: "Lo que hay que controlar es que no pases de ser un director general a que te cesen y te metan en un rincón cuando cambia el jefe o el equipo político quiere poner a otro. Que lo justifiquen a través de la evaluación del desempeño".

La propuesta de Ramió, que dirigió cuatro años la Escuela Catalana de la Administración Pública, es un "cambio radical": quitar los cuerpos y cambiarlos por ámbitos funcionales sin base corporativa, con "una carrera horizontal real". También defiende aplicar la evaluación del desempeño, "de forma sencilla y que funcione". En todo caso, es consciente de que todos estos eventuales cambios no deberían afectar a los que ya están dentro de la administración pública, sino a los aspirantes. "No puedes cambiar las reglas del juego a mitad de la partida", admite.

sábado, 18 de noviembre de 2017

La transparencia en la nueva Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público

 MABLANESCLIMENT.- Blog Miguel Ángel Blanes.- El principal objetivo de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), que entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018, es, según su Preámbulo, “lograr una mayor transparencia en la contratación pública”, a través de las siguientes novedades:

a) La supresión del supuesto de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía.

b) La creación de un nuevo procedimiento de adjudicación “Abierto Simplificado”: proceso breve (sumario, para contratos de escasa cuantía), de tramitación ágil con publicidad y transparencia en el procedimiento de licitación, con el objeto de limitar la contratación directa a situaciones extraordinarias.

c) La regulación del Registro de Contratos del Sector Público, en el que se inscribirán todos los contratos adjudicados por las entidades del sector público, siendo obligatoria, a dichos efectos, la comunicación de los datos relativos a todos los contratos celebrados por importe igual o superior a cinco mil euros.

d) Mayor información a publicar en el perfil del contratante (internet).

La valoración inicial de las medidas previstas en la nueva LCSP para incrementar la transparencia en la contratación pública es positiva, sobre todo, en el ámbito de las obligaciones de publicidad activa, es decir, en la mayor información que debe publicarse de oficio en el perfil del contratante (internet). No obstante, todavía existen importantes documentos cuya publicación no se contempla expresamente y tampoco se prevén las consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones de transparencia.

Por otra parte, como más adelante se detallará, no se ha producido ningún avance significativo respecto a la otra cara de la transparencia llamada publicidad pasiva, esto es, en relación con las solicitudes de acceso a la información obrante en los expedientes de contratación pública. La nueva LCSP, en diversos artículos, solo reconoce el acceso a dicha información a los “interesados”, es decir, a los licitadores y adjudicatarios, no a los ciudadanos en general. Vayamos por partes.

Publicidad activa: El perfil del contratante
La regulación contenida en el artículo 63 de la LCSP incrementa considerablemente la obligación de publicidad activa sobre los contratos que impone el artículo 8.1.a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIPBG), por lo que, desde este punto de vista, la nueva LCSP da una vuelta de tuerca más a la necesidad de incrementar la transparencia en este sector de la actividad administrativa tan castigado por la corrupción.

A partir de la entrada en vigor de la nueva LCSP (9 de marzo de 2018), será obligatorio publicar la siguiente información recogida esencialmente en el artículo 63 de la LCSP, el cual, deroga o deja sin efecto lo dispuesto en el referido artículo 8.1.a) de la LTAIPBG, al tratarse de ley especial y posterior en el tiempo:

a) El acceso a la información del perfil del contratante será libre, no requiriendo identificación previa.

b) Toda la información contenida en los perfiles de contratante se publicará en formatos abiertos y reutilizables, y permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior a 5 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información.

c) La memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, la justificación del procedimiento utilizado para su adjudicación cuando se utilice un procedimiento distinto del abierto o del restringido, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato o documentos equivalentes, en su caso, y el documento de aprobación del expediente.

d) El objeto detallado del contrato, su duración, el presupuesto base de licitación y el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

e) Los anuncios de información previa, de convocatoria de las licitaciones, de adjudicación y de formalización de los contratos, los anuncios de modificación y su justificación, los anuncios de concursos de proyectos y de resultados de concursos de proyectos, con las excepciones establecidas en las normas de los negociados sin publicidad.

f) Los medios a través de los que, en su caso, se ha publicitado el contrato y los enlaces a esas publicaciones.

g) El número e identidad de los licitadores participantes en el procedimiento, así como todas las actas de la mesa de contratación relativas al procedimiento de adjudicación o, en el caso de no actuar la mesa, las resoluciones del servicio u órgano de contratación correspondiente, el informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor de cada una de las ofertas, en su caso, los informes sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad y, en todo caso, la resolución de adjudicación del contrato, con la información detallada en el artículo 151.2 de la LCSP:

– En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.

– Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el artículo 126, apartados 7 y 8, los motivos de la decisión de no equivalencia o de la decisión de que las obras, los suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

– En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el diálogo con los licitadores.

h) La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato, el desistimiento del procedimiento de adjudicación, la declaración de desierto, así como la interposición de recursos y la eventual suspensión de los contratos con motivo de la interposición de recursos.

i ) La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. Quedan exceptuados de la publicación aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores.

j) Los procedimientos anulados, la composición de las mesas de contratación que asistan a los órganos de contratación, así como la designación de los miembros del comité de expertos o de los organismos técnicos especializados para la aplicación de criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor en los procedimientos en los que sean necesarios.

k) En todo caso deberá publicarse el cargo de los miembros de las mesas de contratación y de los comités de expertos, no permitiéndose alusiones genéricas o indeterminadas o que se refieran únicamente a la Administración, organismo o entidad a la que representen o en la que prestasen sus servicios. Se publicarán las razones que motiven la elección de los asesores externos que resulten seleccionados (art. 115.1).

l) La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior a 50.000 euros, IVA excluido. La información relativa a los encargos de importe superior a 5.000 euros deberá publicarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de encargos será, al menos, su objeto, duración, las tarifas aplicables y la identidad del medio propio destinatario del encargo, ordenándose los encargos por la identidad del medio propio.

m) El sistema informático que soporte el perfil de contratante deberá contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la información que se incluya en el mismo.

n) Podrán no publicarse determinados datos relativos a la celebración del contrato en los supuestos que establece el artículo 154.7 de la LCSP, que más adelante examinaremos. En todo caso, cada vez que el órgano de contratación decida excluir alguna información de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá justificarlo en el expediente.

o) Las consultas preliminares del mercado que se realicen, en su caso, deberán constar en un informe. En el informe se relacionarán los estudios realizados y sus autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas. Este informe estará motivado, formará parte del expediente de contratación, y estará sujeto a las mismas obligaciones de publicidad que los pliegos de condiciones (artículo 115.3 LCSP).

p) Los órganos de contratación que hubieren modificado un contrato durante su vigencia, con independencia de si este está o no sujeto a regulación armonizada y de la causa que justifique la modificación, deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma, que deberá ir acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación, incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio órgano de contratación (artículo 207.3 LCSP).

No obstante estas medidas, el artículo 154.7 de la LCSP permite que no se publique determinados datos relativos a la celebración del contrato, debiendo solicitarse de forma preceptiva un informe al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que deberá evacuarlo en el plazo de 10 días: “cuando  se considere, justificándose debidamente en el expediente, que la divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de una norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado”.

Teniendo en cuenta que muchas Comunidades Autónomas han creado en sus respectivas leyes de transparencia institucionales análogas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en mi opinión, serán las respectivas instituciones autonómicas, donde existan, las que deberán emitir dicho informe en su correspondiente ámbito competencial, únicamente autonómico, o también autonómico y local.

La LCSP no aclara la naturaleza del informe y las consecuencias de su no emisión en plazo. A mi juicio, el informe no es vinculante para el órgano de contratación y la no emisión en plazo no interrumpe el procedimiento y deberá ser entendido como favorable.

No obstante lo anterior, en el cumplimiento de las nuevas obligaciones de publicidad activa en el perfil del contratante (como también en las solicitudes de acceso a la información), habrá que tener en cuenta la confidencialidad regulada en el artículo 133:  “los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores”.

Ahora bien, el deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.

Finalmente, no hay que olvidar que el deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Por otra parte, conviene destacar que la incidencia de las nuevas obligaciones de publicidad activa del perfil del contratante de la LCSP es absoluta en las leyes autonómicas y ordenanzas sobre transparencia, algunas de la cuales ya habían incrementado las obligaciones de publicidad activa recogidas en el artículo 8.1.a) de la LTAIPBG.

A partir del 9 de marzo de 2018, habrá que cumplir las obligaciones impuestas por el artículo 63 de la LCSP más todas aquellas que también están recogidas en las respectivas leyes autonómicas de transparencia, algunas de las cuales, exigen información diversa o adicional a la exigida ahora por el artículo 63 de la LCSP[1]. Y lo mismo sucede en relación con las ordenanzas municipales que contemplen la obligación de publicar información no contenida en el nuevo artículo 63 de la LCSP[2].

A estos efectos, conviene recordar que las obligaciones de publicidad activa impuestas por el artículo 63 de la LCSP son mínimas. No existe ninguna limitación legal a que una administración o entidad decida publicar más información contractual que la prevista con carácter básico por la LCSP, siempre, lógicamente,  que se protejan los restantes intereses públicos o privados concurrentes (por ejemplo, protección de datos personales, propiedad intelectual, etc.).

A pesar de los avances logrados por la nueva LCSP, existen todavía muchos documentos importantes cuya publicidad activa en internet no es obligatoria, pero que sería necesaria para luchar contra la corrupción e incrementar todavía más la transparencia en un sector que consume ingentes cantidades de dinero público.

Concretamente, la LCSP no contempla expresamente la publicación en el perfil del contratante de los siguientes importantes documentos:

a) El informe del jurado con la clasificación de los proyectos, los méritos de cada proyecto, junto con sus observaciones y cualesquiera aspectos que requieran aclaración (artículo 157.5 LCSP).

b) El dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de interpretación, modificación, nulidad y resolución de los contratos y responsabilidad contractual (artículo 191.3 LCSP)

c) El acto formal y positivo de recepción o conformidad con la prestación del contrato y el informe de Intervención de la Administración de comprobación de la inversión (artículo 210.2 LCSP).

d) El informe de las oficinas o unidades de supervisión de los proyectos cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido (artículo 235 LCSP).

e) El acta de comprobación del replanteo de las obras (artículo 237 LCSP).

f) El informe del Director Facultativo de las Obras justificativo de la modificación del contrato de obras (artículo 242 LCSP).

g) La certificación final de las obras ejecutadas, el acta de recepción de las obras y el informe del Director Facultativo de las obras sobre el estado de las mismas antes del vencimiento del plazo de garantía (artículo 243 LCSP).

Por otra parte, la nueva LCSP no se refiere ni exige la publicación activa de estos otros documentos:

a) un informe-resumen final económico con detalle del precio de adjudicación y coste final del contrato, con sus respectivas modificaciones y revisiones de precios incluidas con el objeto de facilitar el control de las indeseables desviaciones económicas;

b) los informes emitidos en el expediente de contratación por los servicios jurídicos (secretarios generales, abogacía, et.), técnicos (arquitectos, ingenieros, etc.) y económicos (intervención), al menos, respecto a los contratos de mayor importancia económica respecto a cada entidad pública.

c) las sanciones o penalidades impuestas por el órgano de contratación;

d) el listado de facturas fiscalizadas y contabilizadas, al menos, las superiores a 5.000 euros -importe relativo a los contratos menores pagados con anticipos de caja fija excluidos de publicidad activa- , con detalle de su estado de cobro.

Publicidad pasiva: Las solicitudes de acceso a la información 
En el sistema normativo tradicional y actual de contratación pública, los únicos protagonistas son, por un lado, las Administraciones públicas y las restantes entidades que conforman el sector público y, por otro, los licitadores y adjudicatarios, es decir, aquellas personas físicas o jurídicas que deciden presentarse a un procedimiento de adjudicación de un contrato público.

Dicho en otras palabras, los ciudadanos que no se presentan a un contrato público, no pueden recurrir ninguna decisión, ya que carecen de legitimación, y ello, a pesar de que los contratos públicos consumen grandes cantidades de dinero público obtenido con los impuestos que pagan.

Con el objeto de evitar esta situación, es importante destacar el contenido del Considerando nº 122 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, que dispone lo siguiente: “los ciudadanos, las partes interesadas, organizadas o no, y otras personas y organismos que no tienen acceso a los procedimientos de recurso con arreglo a la Directiva 89/665/CEE sí tienen un interés legítimo, en tanto que contribuyentes, en procedimientos adecuados de contratación. Por consiguiente, debe brindárseles la posibilidad, de un modo distinto al del sistema de recurso contemplado en la Directiva 89/665/CEE, y sin que ello implique necesariamente que se les conceda legitimación ante los órganos jurisdiccionales, de señalar posibles infracciones de la presente Directiva a la autoridad o la estructura competente“.

Lamentablemente, el propio articulado de la Directiva 2014/24/UE se olvida de esta importante cuestión y no dedica ni un solo precepto a la misma. Tampoco lo ha hecho la nueva LCSP.

En mi opinión, estamos ante un déficit importante del sistema de contratación del sector público que allana el camino a la corrupción, ya que se está impidiendo la participación y control de los ciudadanos en este ámbito tan castigado por las malas prácticas para evitar decisiones ilegales, injustas o arbitrarias.

Debemos superar el concepto restrictivo de legitimación que sostiene en materia de contratación pública. Si bien es cierto que el patrimonio personal del ciudadano no se ve afectado por las decisiones administrativas que se adopten, ya que no le atribuye ningún beneficio directo ni elimina ninguna carga o gravamen, no es menos cierto que, como recuerda el Considerando nº 122 de la Directiva 2014/24/UE, “los ciudadanos sí tienen un interés legítimo en procedimientos adecuados de contratación en tanto que contribuyentes”.

Como ya se ha dicho, la nueva LCSP no reconoce a los ciudadanos ninguna legitimación para interponer el recurso especial en materia de contratación (artículo 48), examinar el expediente de contratación (artículo 52) o acceder a información adicional sobre los pliegos y demás documentación (artículo 138.3). Solo pueden hacerlo los interesados, es decir, aquellas personas que han concurrido al procedimiento de licitación.

Respecto al derecho de los ciudadanos a solicitar información sobre un expediente de contratación en tramitación o finalizado, la cuestión puede generar algunas dudas, sobre todo, en cuanto al acceso a documentos que no son objeto de publicidad activa. Está claro que si la información o documentación debe ser publicada en internet, no existe problema alguno en facilitarla a cualquier ciudadano que la solicite expresamente.

Más dudas pueden surgir cuando el ciudadano solicita acceder a información o documentación cuya publicidad activa no es obligatoria. En estos casos, por un lado, los artículos 12 y 17 de la LTAIPBG no exigen ninguna legitimación especial al solicitante.

Sin embargo, por otro lado, el apartado segundo de la disposición adicional primera de dicha Ley, nos remite al régimen jurídico específico de acceso a la información en materia de contratación pública, aunque la LTAIPBG se debe aplicar supletoriamente.

La mayor duda surge al interpretar si la LCSP, cuando únicamente reconoce legitimación a los interesados para acceder al expediente de contratación, ésta regulando de forma completa esta cuestión, de forma que, al no haber ninguna laguna, no se podría aplicar supletoriamente la LTAIPBG para permitir que cualquier ciudadano pudiera  acceder a la información.

A mi juicio, ponderando y valorando motivadamente los posibles límites al acceso que pudieran concurrir en cada caso (artículos 14 y 15 de la LTAIPBG, protección de datos personales, propiedad intelectual o industrial, intereses económicos y comerciales, etc.), los cargos electos y los ciudadanos en general sí que tienen derecho de acceso a la información obrante en un expediente de contratación, ya que ostentan un interés legítimo en los procedimientos adecuados de contratación en tanto que contribuyentes.

Los contratos públicos desempeñan una importante función en la economía de los Estados miembros, con un valor estimado en más del 16 % del PIB de la Unión[3] y alrededor de un 20% del PIB de España[4].

Por ello, los protagonistas de la contratación pública no pueden seguir siendo únicamente las entidades del sector público y los licitadores o contratistas. En palabras del Considerando nº 122 de la Directiva 2014/24/UE, los ciudadanos deben poder “señalar posibles infracciones” en cualquier fase del procedimiento de contratación (preparación, adjudicación, ejecución y extinción), para lo cual resulta esencial acceder a la información obrante en los expedientes. Sin acceso a esta información es imposible “señalar posibles infracciones”.

Hay que ver cómo nos cuesta avanzar. El artículo 15 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 dispuso que <<la sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público de su administración>>.

La razón es magistralmente expuesta por GARCÍA DE ENTERRÍA al explicar que nadie confía en quien no ofrece explicaciones de su gestión. La democracia no se construye con palabras y con dogmas, sino con hechos, hechos que el pueblo, bien entendido, puesto que él es el protagonista del sistema, ha de comprender y ha de creer. Aquí está la razón, en esa estructura inesquivable de la confianza, de por qué la democracia exige transparencia para que pueda funcionar eficazmente y, en su servicio, libertad de información, libertad de investigación de la gestión pública, libertad de crítica y el derecho de pedir justificaciones al poder[5].

La definición más universal de la corrupción es la que consiste en usar información pública para obtener un beneficio privado. La ausencia de información y la corrupción están indisolublemente unidas[6]. En efecto, es evidente que sólo puede realizarse un control efectivo de aquello que se conoce. <<No es posible controlar aquello que se ignora>>[7]. Sin información no hay conocimiento y sin conocimiento no hay control alguno, por mucho que formalmente se diga que el sistema es democrático[8].


Aprobada la nueva LCSP, ahora toca seguir luchando no solo para que se cumplan sus disposiciones de forma real y efectiva, sino para seguir mejorándola incrementando la transparencia en este ámbito tan importante de la contratación pública.
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Notas. [1] Así, por ejemplo, el artículo 13.1., apartados d), e), i) de la Ley catalana 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, amplia la información a publicar en la página web al número de licitadores, los criterios de adjudicación, el cuadro comparativo de ofertas y sus respectivas puntuaciones, los acuerdos e informes técnicos del proceso de contratación, las licitaciones anuladas, las resoluciones anticipadas, las resoluciones de los recursos especiales, de las cuestiones de nulidad y de las resoluciones judiciales definitivas en materia de contratación, así como los actos de desistimiento, renuncia y resolución de contratos.

Asimismo, el artículo 9.1.a) de la Ley valenciana  2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, deja fuera de la publicidad activa algunos extremos que sí que incluye la anterior ley catalana, pero añade los casos de posibles revisiones de precios y cesión de contratos, la subcontratación, indicando la identidad de los subcontratistas, el importe de cada subcontratación y el porcentaje en volumen que cada una suponga sobre el total del contrato.

El artículo 28.1.d) y 2.e) de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, incluye la composición y convocatoria de las mesas de contratación y las penalidades impuestas por el incumplimiento de los contratistas.

[2] Por ejemplo, el artículo 22.1.e) de la Ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza exige la publicación en la sede electrónica del listado de facturas de importe superior a quinientos euros fiscalizadas y contabilizadas por el Ayuntamiento; disponible en la web: https://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=3983#articulo22; fecha de consulta: 14 de noviembre de 2017.

[3] “Fichas técnicas del Parlamento Europeo 2017”, disponible en la web: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_3.2.2.pdf; fecha de consulta: 16 de noviembre de 2017.

[4] Según el Observatorio de Contratación Pública, disponible en la web: http://www.obcp.es/; fecha de consulta: 17 de noviembre de 2017.
[5] GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Democracia, Jueces y Control de la Administración, 3ª ed., Civitas, Madrid, 1997, págs. 109 y 110.

[6] BELLVER, A., y KAUFMAN, D., <<Transparenting transparency>>, Initial Empirics and Policy Applications, The World Bank Discussion Paper, Washington D.C., 2005, págs. 5 y 11. Vid. PIÑAR MAÑAS, J.L., <<Transparencia y protección de datos: las claves de un equilibrio necesario>>, en GARCIA MACHO, R. (ed), Derecho administrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 82. El autor sostiene con razón que la falta de transparencia y la corrupción van de la mano. Y no sólo en España. En Francia, el Consejo de Estado ya resaltó en su Rapport 1995 sobre La Transparence et le secret, que la transparencia es un medio de evitar que la opacidad en la adopción de decisiones haga saltar las sospechas de favoritismo, corrupción o arbitrariedad.

[7] GALÁN GALÁN, A., <<La comunicación pública>>, en TORNOS MÁS, J. y GALÁN GALÁN, A., Comunicación Pública. La información administrativa al ciudadano, Marcial Pons, Madrid, 2000, pág. 127.

[8] KELSEN, H., La Démocratie. Sa nature. Sa valeur, <<Económica>>, París, 1988, págs. 72 y 73: <<El destino de la democracia moderna depende en una gran medida de una organización sistemática de todas estas instituciones de control. La democracia sin control no puede durar>>.

viernes, 17 de noviembre de 2017

El gobierno anuncia un plan de 150 millones de euros para digitalizar ciudades, entornos urbanos e infraestructuras

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha anunciado que el Gobierno central está desarrollando un plan de 150 millones de euros para digitalizar ciudades, entornos urbanos e infraestructuras en todo el territorio español.

Revista de prensa. Lavanguardia.com 14.11.17.- Durante la inauguración este martes del salón Smart City Expo World Congress (SCEWC) en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y otros miembros de la administración pública, Nadal ha explicado que esta nueva aportación se distribuirá a través de concursos, y ha puntualizado que Barcelona "tiene muchas oportunidades" para ganar ayudas.
Ha valorado el salón SCEWC por tratar la movilidad inteligente, la economía circular y las ciudades inteligentes, y ha situado al evento como uno de los más destacados en materia tecnológica que se desarrollan hoy en día en Europa.

También ha especificado que desde el Ejecutivo central las dos máximas prioridades desde el ámbito digital son la extensión de las redes por todo el territorio y la puesta en marcha de la conexión 5G, que según el ministro "debería llevar al país a una sociedad del gigabyte".

"Barcelona tiene la gran ventaja de ser uno de los aspirantes a ser un gran clúster digital", y ha añadido que la capital catalana es un punto de referencia europeo en el ámbito de las tecnologías.

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrado que en esta edición del salón participen más de 670 expositores y 400 expertos del todo el mundo, y ha remarcado que la ciudad se ha implicado para introducir en esta cita nuevos contenidos.

"Necesitamos ciudades innovadoras y creativas que usen las tecnologías al servicio de la ciudadanía y para empoderar a la gente", ha dicho Colau, además de pedir que los avances tecnológicos trabajen para mejorar el derecho a la vivienda, la movilidad y la sostenibilidad.

jueves, 16 de noviembre de 2017

Las ‘startups antiburocracia’ se hacen fuertes en España

Rollbox es un motor que se ocupa de pagar a los trabajadores, de realizar automáticamente los trámites de la Seguridad Social y de notificar a la Administración todas las novedades

Revista de prensa. Gonzalo Toca. Retina El País.- La mayoría estamos hartos de de cumplir cada vez más trámites con la Administración. Por eso empieza a crecer un jardín de 'startups' dispuestas a aprovechar esta oportunidad de negocio

Comentario en Blog
La Danza del cambio 
Se está configurando una pequeña constelación de startups españolas especializadas en combatir una de las peores bestias negras de los ciudadanos en general y los emprendedores en particular: el papeleo y la burocracia sin fin. Algunas de ellas, como  Rollboxhan alcanzado valoraciones millonarias.

Que los españoles, los autónomos especialmente, están hartos de cumplir cada vez más trámites con la administración no sorprende a nadie. Que les frustra la lentitud de los procesos dentro y fuera de sus empresas tampoco es novedoso. Lo que sí sorprende y es novedoso es que haya empezado a crecer un jardín de startups dispuestas a aprovechar esta oportunidad de negocio… y que los fondos de inversión extranjeros hayan comenzado a apostar por ellas.

De hecho, Xavier Leal e Ismael Sánchez, fundadores de la empresa de automatización e inteligencia artificial Rollbox, acaban de ver cómo, tan sólo un año y medio después de fundarla, el fondo alemán Point Nine Capital se la ha valorado en tres millones y medio de euros. Además, les han dado 700.000 euros para que puedan expandir sus operaciones desde España y Reino Unido a Francia, Italia y Alemania.

Rollbox, según Leal, es “un motor de nóminas que actúa en tres pasos: primero, calcula partidas como la cotización y las retenciones de todo tipo de retribuciones, desde salarios a finiquitos o bajas médicas; después, se ocupa de pagar a los trabajadores, de realizar automáticamente los trámites de la Seguridad Social y de notificar a la Administración todas las novedades; en tercer lugar, comunica al software de Recursos Humanos que todo se ha hecho correctamente y ‘avisa’ al software de Contabilidad de que tiene que actualizar sus números”.

Llega la inteligencia artificial
Hasta ahora, el rol protagonista lo juega la automatización de los procesos. Sin embargo, el aterrizaje de la inteligencia artificial, en este primera fase mediante chatbots y agentes virtuales, ya ha comenzado poco a poco en el mundo de la gestoría y todo parece indicar que la realización humana de las tareas más repetitivas va a perder sentido a marchas forzadas. La unión de estos dos fenómenos – la automatización y los robots- promete limitar la burocracia hasta el hueso y con ella los empleos y tareas que sólo se justifican por el mero movimiento de papeles.

Las grandes empresas españolas han reaccionado positivamente ante este tipo de iniciativas. Xavier Leal admite que están en negociaciones con "dos gigantes" del Ibex35 e Idoia de Paz, directora de Consultoría de Recursos Humanos de Deloitte, reconoce una marea de automatización de “transacciones básicas no sólo en el área de Personal, sino también en los procesos de formación, en todas las tareas administrativas y rutinarias y en los procesos de reporting”. Según ella, han empezado a aplicar la automatización inteligente también al “reclutamiento y atracción de talento”

Luis González Gugel, socio responsable de Robotics de Deloitte, distingue entre la automatización pura y dura y la inteligencia artificial. La adopción de la primera, según él, “se ha disparado tanto en Estados Unidos como, en los últimos meses, en España”. Respecto a la inteligencia artificial, compuesta esencialmente por agentes virtuales y chatbots ahora mismo, “el coste de aplicar estas tecnologías y sus capacidades actuales hacen que todavía falte un poco para su implantación a escala”. La mayoría de las cotizadas españolas, concluye, “se encuentra en fase de exploración de estas tecnologías”.

Por supuesto, Rollbox es sólo una de las pequeñas estrellas de esta nueva constelación anti-burocracia. Hay otras fulgurantes como, por ejemplo, DeclarandoAnfixExaccta o Captio.

Facturación y tributos
La plataforma de asesoramiento fiscal virtual Declarando la capitanea Marta Zaragozá, su CEO y una de su fundadores. Zaragozá no esconde una de sus misiones: “Acabar de una vez con la labor de los asesores que no asesoran y que no hacen más que cobrar a sus clientes por rellenar modelos y llevarlos luego a las oficinas de Hacienda”. Es la guerra.

¿Pero cómo lo harán exactamente? Para empezar, apunta, “soy abogada fiscalista desde hace años y hemos trasladado todo ese conocimiento, y todo lo que nos vamos actualizando cada vez que sale una norma nueva, a un chatbot que pregunta a nuestros usuarios, envía alertas y formula recomendaciones con los datos que éstos le dan en sus respuestas”. Por supuesto, el usuario también puede realizarle consultas y “visualizar en todo momento las normas sobre las que se le está aconsejando”.

Declarando, como Rollbox, combina la automatización con la inteligencia artificial. Los de Zaragozá se dirigen a los autónomos de todas las comunidades salvo Navarra, País Vasco y Canarias, que tienen regímenes tributarios especiales. El objetivo, aclara, es que “facturen fácilmente y cuenten con un asesor fiscal automatizado a precio accesible que les ayude a presentar sus impuestos ante la Administración”.

Otra startup, Anfix, se ha convertido, desde que abriera sus puertas en 2010, en uno de los grandes proveedores de software de contabilidad y facturación en la nube para pymes y autónomos. Aprovecharon que los gigantes de su sector se ocupaban sobre todo de otros gigantes y estaban tardando en modernizar sus herramientas.

Anfix propone automatizar la suma de los ingresos y los gastos, acceder en cualquier momento y lugar al balance, los cargos y los abonos en tiempo real del negocio, crear una comunicación fluida y directa entre el banco, el emprendedor y el asesor desde una sola plataforma y, por último, simplificar al máximo la elaboración y emisión de facturas. Según fuentes de la compañía, han invertido ocho millones en los últimos siete años y han alcanzado la nada despreciable cantidad de 100.000 clientes.

Los clientes de Anfix no están solos: los de Exaccta y Captio también intentan huir del papeleo que suponen las facturas y, sobre todo, las notas de gastos o los tiques. Nadie quiere guardar y arriesgarse a perder los tiques de los taxis o las comidas, que se deterioran fácilmente hasta el punto de que la tinta de los importes se borra por la fricción. Tampoco son muchos los candidatos a pasar los importes a ordenador ‘picando’ cada cifra y fecha como un triste funcionario de Kafka.

Por eso mismo, Exaccta y Captio apuestan por que sea el móvil el que reconozca lo que pone en el tique y lo digitalice mediante una fotografía, que luego puede imprimirse o no. El sistema de Exaccta extrae de forma automática los datos relevantes de una factura y genera, instantáneamente, la contabilidad y borradores de modelos tributarios ajustados a cada usuario.

Exaccta, Captio, Declarando o Rollbox reflejan el hartazgo de millones de españoles, dentro y fuera de las grandes empresas y dentro y fuera del mundo de los autónomos que no quieren más papel y procedimientos sino menos. Intentan rehuirlos en los taxis, en la administración pública y en los departamentos de personal y recursos humanos. Confían en que sus smartphones, la nube y las nuevas plataformas y aplicaciones móviles los ayuden a conseguirlo.

Otro post de interés. Enrique Sacanell. Blog la Danza del Cambio. Bajo una nueva gestión: prácticas innovadoras que están cambiando las organizaciones

miércoles, 15 de noviembre de 2017

La legislación en la política de la Función Pública

Andrés Morey.- Tu blog de la Administración Pública.- Mucho he escrito en el blog en relación a las políticas públicas y sus muchas facetas y, sobre todo, del papel que la Administración juega respecto de ellas y sus funciones en dicho campo. La relación de la Administración con la eficacia de las políticas públicas es sustancial, ya que ella ha de prever los recursos o medios necesarios para su eficacia. 

Pero, la Administración, ha de jugar también un papel en orden a la formalización de las políticas públicas, lo que supone que en su seno se ha de discutir o programar la forma jurídica o el nivel normativo que corresponde a dicha política; es decir, si corresponde, por su importancia o por existir reserva de ley, que la política se formalice en el parlamento. Decisión que implica determinar o prever las normas de desarrollo de la ley, o sea los reglamentos y la gestión o acción correspondiente, que conlleva también el desarrollo orgánico específico.

Pero la finalidad de esta entrada, es reflexionar sobre todo esto a través de la política de función pública, que de por sí lleva implícitas otras políticas.

La política de función pública precisamente por las otras que conlleva: selección o empleo público, formación de los funcionarios, movilidad e igualdad, eficacia de la Administración y de todas las políticas públicas encomendadas al sector público, etc., se desarrolla por norma con rango de ley; pero al ser una política que afecta a todo el territorio nacional se viene formalizando mediante una ley de bases. Ello hace que respecto de esta política pública, no sea lo fundamental la previsión de los recursos necesarios, pues las necesidades surgen respecto de cada política pública, en cuanto a presupuesto, organización y recursos humanos básicamente. La Administración o los funcionarios, estimo, en este caso intervienen o han de intervenir, principalmente, en la preparación o formulación de la política pública, para informar o asesorar sobre los efectos que la política antes existente ha determinado o sobre los problemas que la gestión de los recursos humanos o gestión de la propia función pública ha generado y las soluciones que se consideran adecuadas y viables.

Todo, pues, y principalmente el carácter básico y global de la legislación estatal, conduce a que la ley sea una ley de principios que deben regir la función pública con carácter general y, en su caso, la organización que garantice estos principios y en especial los de igualdad y movilidad. Precisamente la organización, entendida no sólo como estructura orgánica sino como procedimientos de gestión que garanticen los principios básicos y constitucionales, es la otra parte que puede ser también básica, pero, en principio, sin establecer órganos concretos, salvo los que tengan rango nacional o estatal y de coordinación y control.

Carácter básico 
La complicación surge en cuanto el mismo carácter básico de esta legislación implica que tenga un desarrollo en cada Comunidad Autónoma, lo que debería hacer reflexionar sobre el rango normativo de ese desarrollo legal por las autonomías y por la legislación de régimen local. Si las leyes, lo que principalmente deben determinar son las bases de cada política pública, sus principios y fines principales, la organización y los procedimientos concretos quedan, en principio, en el nivel o materia propia del reglamento, sobre todo en cuanto dicha organización y dichos procedimientos se encomienden por la ley básica a cada poder ejecutivo o Administración pública. Pero lo cierto que es que el desarrollo se ha venido realizando por normas con rango de ley autonómico; es decir, mediante aprobación parlamentaria, lo que determina que las decisiones que ya tienen un contenido más organizativo y, posiblemente, sujeto a variaciones o rectificaciones, según los problemas de gestión que surjan, se consoliden y se anquilosen y los errores cometidos persistan, porque para solucionarlos hay que acudir al parlamento correspondiente y seguir una tramitación compleja que, además, puede politizarse o someterse, por ello mismo, a los criterios de los sindicatos; lo que acaba afectando al interés público y a la gestión.

Muchos son los ejemplos que se pueden enumerar; elijo el de la persistencia en el tiempo de nombramientos interinos y provisionales. Pero uno de los problemas más importantes surge respecto de la autonomías que cuentan con lengua propia y la relación o proporción que han de guardar con la igualdad y el principio de movilidad ante la existencia de una lengua común; lo que, en cierto modo apunta a la organización de los puestos de trabajo y sus requisitos y a formas de organización complementaria y de traducción. Todo un mundo y una gestión compleja que no es obra de un día o de una simple previsión, implica una acción y reflexión permanente que respete los principios constitucionales y los básicos de la legislación.


Podía seguir desarrollando la cuestión, pero lo fundamental de las características de la política pública de función pública y de su legislación creo que queda expuesto; así como que es una política que ha de ser tenida en cuenta por cualquier otra a la hora de prever los recursos humanos necesarios.