sábado, 23 de junio de 2018

Sábado 23 de junio. 12 h. Concentración ante el Congreso para exigir medidas de apoyo a los denunciantes de corrupción

El caso de Ana Garrido es, quizá, el que más se ha mediatizado y, sin duda, el que ha desencadenado unas penas más duras. Pero no le ha salido gratis. 

Por Daniel Toledo. Revista de prensa CTXT.- El sábado 23 de junio, (12 h.) una quincena de denunciantes de casos de corrupción piensan plantarse frente al Congreso para reclamar a los poderes públicos más apoyo a sus causas. Quizá por su número no formen un grupo muy impresionante, pero lo realmente sobrecogedor es que, con ellos, a la capital también llegan las caras más olvidadas, las voces menos protegidas de algunos de los peores casos de corrupción del país

Lo que piden con esta concentración frente al Congreso es simple: que el Gobierno español aplique las directivas de la Comisión Europea que exhortan a los Estados miembros a proteger a los denunciantes de corrupción o de infracciones en empresas. Porque, muy a menudo, frente al revuelo mediático que generan los casos de corrupción activa o pasiva, malversación de fondos, cohecho o estafas, entre el fragor del circo político y mediático olvidamos que en la mayoría de los casos no son los abogados del Estado ni la Fiscalía quienes destapan estas irregularidades ocurridas en las instituciones.

Son, por el contrario, los funcionarios públicos y trabajadores de empresas, ciudadanos de a pie que arriesgan empleo, sueldo, salud y vida privada para denunciar que nuestros ayuntamientos, nuestras concejalías, nuestros gobiernos regionales y nuestros ministerios están siendo secuestrados por intereses privados. El Congreso va a tener que mirar a los ojos a la trama Gürtel, a la venta de pisos de protección madrileños a fondos buitre, al caso Acuamed, a la corrupción en el municipio de Castro Urdiales, al caso Palau, y a otra treintena de denunciantes de corrupción, tanto pública como privada, que apoyan esta concentración y sus demandas. Hablamos con algunos de los que estarán en la concentración.

Ana Garrido, más de 10 años de lucha 
Denunciante, en 2009, de las irregularidades en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte que dieron comienzo a la trama Gürtel, Ana Garrido resume para CTXT: “Lo que necesitamos es una ley integral de protección al denunciante, y que sea efectiva”. En concreto, los denunciantes acusan al Gobierno de llevar dos años incumpliendo la Directiva de la Comisión Europea de diciembre de 2015, por la que se les daba a los Estados miembros de plazo hasta el 3 de julio de 2016 para elaborar leyes que protejan a los denunciantes de infracciones.

El Gobierno español ya está siendo objeto de varias investigaciones por parte de la Comisión Europea y, posteriormente, del Tribunal de Justicia de la UE, por no “implementar la legislación de la UE para denunciantes”. Además, en marzo de 2018, el Tribunal de Justicia admitió a trámite la denuncia de un extrabajador de la farmacéutica Boehringer, que acusó a España de no protegerle como mandan las directivas en su litigio con su antigua empresa por posible tráfico de datos personales sanitarios en Andalucía y Extremadura.

Según cuenta Ana Garrido, “ahora la protección de peritos y testigos no nos incluye a nosotros, ya que va más encaminada a otro tipo de testigos, (viene) de la época de los confidentes de ETA. Ya llevamos dos años negociando en el Congreso de los Diputados con todos los grupos parlamentarios. Ciudadanos sacó una propuesta que fue aprobada, pero lleva dos años paralizada (…) y de esto responsabilizo a todos los grupos parlamentarios sin excepción”.

El caso de Ana Garrido es, quizá, el que más se ha mediatizado y, sin duda, el que ha desencadenado unas penas más duras. Pero a Ana no le ha salido gratis. “Yo denuncié en enero de 2009, y a pesar de haber ganado la sentencia por acoso en el Supremo, después de recurrir y recurrir y haber ganado (contra el Ayuntamiento de Boadilla del Monte), a mí se me ha truncado la vida. Mi historia no ha terminado. Ahora estoy por mercadillos vendiendo bisutería y sigo de pleitos, fruto de la época brutal en que hubo una campaña de desprestigio contra mí, diciendo auténticas barbaridades sobre mi persona que no las voy a dejar pasar. O sea que esto, aun cuando te dan la razón, ya te han destrozado la vida”. 

Como es bien sabido, el caso Gürtel ha terminado con condenas que suman 351 años, y con indemnizaciones que superan los 105 millones de euros. Pero Ana Garrido lleva sufriendo más de 10 años los efectos de la desprotección casi absoluta de los que, como ella, se niegan a formar parte de la corrupción, una lacra que desde la transición se ha convertido en especie autóctona de nuestras administraciones públicas. 

“Esto nos pasa a todos los denunciantes”, continúa Garrido, “ellos juegan con dinero público y van contra nosotros con denuncias a veces falsas. Por eso consideramos muy importante poder tener una cobertura jurídica gratuita. Tenemos la que tiene cualquier ciudadano, que es la del turno de oficio, pero hay que comprender la complejidad de nuestros casos, sin menospreciar la labor de los abogados de oficio, pero tienen que llevar a alguien que entienda muchísimo de acoso, de temas laborales, etc. Lo que necesitamos es representación y cobertura jurídica”. Y termina con una reflexión: “Si nosotros hemos recuperado dinero a las arcas del Estado a cambio de truncar nuestras vidas, ¿cómo tienen la desfachatez de decirnos que crear un juzgado especializado en casos como el nuestro no tiene presupuesto?"

Azahara Peralta y el caso Acuamed: lodos tóxicos y sobrecostes
Iba a ser la obra de descontaminación hídrica más importante y con mayor presupuesto de la historia de España. Los trabajos de limpieza del embalse de Flix (Tarragona) se adjudicaron en 2008, pero diferentes irregularidades los han mantenido bloqueados hasta finales de mayo de este año. Fue Azahara Peralta, junto a algunos de sus compañeros, quien se negó a firmar los sobrecostes que la empresa FCC exigía antes de finalizar la obra.

“Mi despido fue el 31 de julio de 2015”, cuenta Peralta a CTXT, “pero las presiones empezaron más o menos en septiembre de 2014. (Por aquellas fechas) cambiaron al director de Ingeniería y Construcción que había hasta ese momento (Francisco Valiente), y que fue uno de los denunciantes también de este caso, en realidad el principal denunciante. Luego fuimos denunciando otras personas que estábamos viendo esas presuntas irregularidades, pero a raíz de que a él le sustituyeran de su puesto y pusieran a otra persona que tenía connivencia con el contratista de la obra, es cuando empiezan a decirme que (…) tengo que llegar a algún acuerdo para desencallar el tema”.

El llamado caso Acuamed no sólo investiga unos sobrecostes en los trabajos de descontaminación de 36,9 millones de euros (que, gracias a Peralta y sus compañeros, nunca se llegaron a aprobar). Los responsables de Acuamed y otros investigados en la trama también llegaron a planear, presuntamente, verter ácido clorhídrico para cubrir los lodos tóxicos que aún quedaban en el lecho del embalse de Flix. “En enero de 2015 me comunican que van a hacer una auditoría a la obra, lo que no me tomé a mal, porque las auditorías están para hacerlas. Pero al final se demostró que fue una auditoría ficticia para quitarnos de en medio”.

Como tantos otros, Azahara Peralta decidió luchar en los tribunales. “Mi juicio se celebró en noviembre de 2017, y la sentencia de la jueza fue que mi despido había sido totalmente nulo, además de haber sufrido acoso por parte de mis superiores para que firmase ciertas irregularidades. Ahora mismo la empresa lo ha recurrido y estoy a la espera de si el Tribunal Superior de Justicia (de Madrid) considera lo mismo que la jueza de instrucción”. 

Igual que en el resto de los casos repartidos por todo el país, Peralta afirma, desde su experiencia, que “no hay ninguna protección para la gente que denuncia cualquier tipo de corrupción. Acuamed es una sociedad anónima, pero su accionista principal es el Estado, así que los gastos (judiciales) los pagamos todos”.

Por increíble que parezca, la empresa Acuamed continúa recurriendo las sentencias de los jueces y costeando los gastos de los procesos con dinero público. Mientras, los extrabajadores y denunciantes tienen que costear esos procesos con dinero propio, sin ningún tipo de ayuda por parte del Estado. “Al final te encuentras muy solo, y aunque esto se lo cuentas a tus amigos y a tus familiares, no llegan a sentir la soledad que genera el hecho de que, supuestamente, has intentado defender el erario, y te castigan por ello”. 

 Plataforma por la Honestidad
Como también asegura la denunciante de la trama Gürtel, Ana Garrido, la única ayuda que en la actualidad pueden esperar los denunciantes viene, exclusivamente, de iniciativas ciudadanas. “Yo estoy en la Plataforma por la Honestidad”, comenta Peralta. “Es una organización que reúne a bastantes denunciantes. En la medida que pueden, colaboran económicamente, por lo menos para cubrir los gastos de defensa legal. En mi caso he renunciado a esto porque hay gente que lo necesita muchísimo más que yo y a mí aún me quedan algunos ahorros. En mi vida hubiera pensado que iba a destinarlos a algo así”.

Jaime González, el cártel del fuego
El pasado verano, CTXT habló con Jaime González sobre los casos de corrupción en las mesas de contratación de la Junta de Andalucía. En concreto, González había destapado la connivencia entre algunas empresas de medios aéreos de extinción de incendios, como Faasa, con algunos funcionarios de la Junta, para manipular los contratos en favor de intereses privados. Igual que muchos denunciantes de casos de corrupción en administraciones locales o regionales, a Jaime González le esperaba un infierno del que aún no ha conseguido salir.

“Con el sistema que tenemos”, aseguraba González a CTXT, “establecido no por los gobiernos autonómicos, como te quieren hacer ver, sino por el Congreso de los Diputados y a pesar de la Constitución de 1978, la situación actual es que es muchísimo más fácil echarme a la calle a mí inventándose cualquier excusa, por vana que sea, que echar a un corrupto, haga lo que haga”. Un mes después de que su caso saliera en las páginas de CTXT, la Administración de Susana Díaz suspendió de empleo a González y le abrió un expediente sancionador.

Jaime González, funcionario de mesa de contratación, denunció que el Plan Infoca 2015-2018 para prevención de incendios forestales, de la Junta de Andalucía, servía a una colusión ilegal de empresas de extinción de incendios, colusión que al final se descubrió que alcanzaba a otras 10 comunidades autónomas españolas, así como a Portugal, Italia, Francia y Chile. En relación a su denuncia contra algunos compañeros y superiores, Jaime González relató a CTXT una secuencia de acontecimientos que pone los pelos de punta:

“Primero, en los juzgados no hay medios para impulsar una acusación de este tipo, en el que hay involucrados tales cantidades de dinero y tales volúmenes de documentación; segundo, un abogado de la Junta les defenderá a tiempo completo y de forma gratuita; tercero, los que se supone que están de tu parte son el juez y el fiscal, y si el que va a estar de mi parte es el fiscal Moix (Manuel Moix) o De Llera (Emilio De Llera), mejor que no te ayuden; cuarto, hay un límite temporal a las causas de corrupción, que lo puso hace poco el Partido Popular; quinto, muchos están aforados y se han de juzgar por jueces que ellos mismos han nombrado; sexto, los delitos del título XIX del Código Penal, delitos contra la Administración Pública, imponen unos tipos penales altamente inoperantes (la prevaricación es el único delito del CP que no conlleva cárcel, sólo inhabilitación), y séptimo, los pueden incluso indultar si todo lo de atrás no ha surtido efecto”.

La revancha del denunciante: Carlos Martínez Viña
La historia de Carlos Martínez Viña difiere en algunos aspectos de las anteriores. Él, harto de enfrentarse sin apoyos, no sólo a quienes denunció, sino también, según él, “a la falta de intención deliberada de jueces y fiscales para acatar las leyes”, acabó por renunciar y seguir con su vida. “Estaría muy bien que se aplicase (la Directiva de diciembre de 2015 de la CE), pero aquí lo importante es que los fiscales y los jueces, en general, no quieren, no les da la gana aplicar lo que ya está por escrito”.

Carlos Martínez estuvo, durante 22 años, en el área de control de cursos de formación para desempleados y trabajadores en el INEM, primero, y, ya desde 1991, en el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Sus problemas comenzaron en 2004, cuando “empecé a preguntar a los formadores si la cantidad prevista para ellos en estas subvenciones les llegaba o no. El 95% de formadores me informaron de que el 30% de las subvenciones para cursos de parados y trabajadores no llegaba a su destino”.

Como primera medida, sus superiores le prohibieron preguntar a los formadores sobre los fondos recibidos, a lo que Martínez se negó: “Llegué a emitir unos 100 informes desfavorables, lo que creó un gran escándalo en el SOC. Se quejaron mis jefes, se quejaron los centros, que eran centros importantes, patronales como el CECOT (Confederació Empresarial Comarcal de Terrasa), que es una de las patronales catalanas más importantes, los sindicatos…”. Finalmente, a Carlos Martínez le llegó una carta informándole de que le desposeían de sus funciones. 

“Fui a la Oficina Antifraude de Cataluña en 2011”, continúa Martínez, “y allí me dijeron que no veían delitos económicos, sólo irregularidades administrativas. Fui también al Tribunal de Cuentas en Madrid, y misma respuesta, y eso que les expliqué que los formadores sólo recibían una tercera parte de las subvenciones. Fui a Fiscalía de Cataluña, y lo mismo, todos archivaban”.

A la concentración de Madrid asiten, además de Carlos Martínez, otros 4 denunciantes en materia de formación de desempleados y trabajadores de Alicante, Euskadi, Logroño y Cádiz: “Te estoy hablando de unos 12.000 millones de euros desviados en toda España, desde el año 1994, y en Andalucía se estima en 3.000 millones, según la UDEF. Y la cosa sigue como estaba”.

Martínez reconoce que, en un determinado momento, acabó hartándose y dejándolo pasar. “Yo perdí el juicio en 2008, el juez dijo que era mi personalidad conflictiva la que generó el problema, y que no sufrí acoso laboral. Mi abogado lo quiso recurrir, pero yo lo dejé correr. Hasta que, hace pocos años, he encontrado a más denunciantes que están viviendo una experiencia muy parecida. Cada uno de nosotros pensaba que estaba solo. Esta reunión de Madrid va a ir genial para conocernos, para consolidar lazos entre todos, incluso psicológicamente”.

También es noticia. El País. Este sábado 300.000 aspirantes para ingresar en distintas AAPP

viernes, 22 de junio de 2018

La nueva ley de contratos del sector público frena los proyectos de Smart Cities

Revista de prensa. Diario Cinco Días.- Muchos ayuntamientos pretenden convertirse en ciudades inteligentes. Un objetivo que no está exento de dificultades, las cuales se acentúan en el caso de los municipios más pequeños. Esta es una de las conclusiones del desayuno Retos y realidades de las smart cities, celebrado en Madrid el pasado miércoles y patrocinado por BT (British Telecom) y Wolters Kluwer.

La colaboración público-privada en los proyectos tecnológicos locales es una vía para suplir la falta de capacidad técnica de la Administración. Sin embargo, como manifestó Guillermo Hita, presidente Federación de Municipios de Madrid, la nueva ley de contratación pública, lejos a facilitar los contratos con el sector privado, "impone a las Administraciones unos procedimientos que retrasan la ejecución de los proyectos". Algo en lo que coincidió Rafael García, alcalde de Burjassot, quien afirmó que estos procesos tan extensos constriñen a las Administraciones a la hora de contratar.

Por su parte, Víctor Calvo-Sotelo, responsable de tecnología e innovación del Partido Popular, aprovechó su intervención para señalar que "las normas de la contratación pública son muy rígidas e imponen sistemas concesionales y de contratación demasiado sofisticados". No obstante, como destacó José Manuel Farfán, tesorero de la Diputación de Sevilla, "es imprescindible que los entes públicos vayan de la mano de las empresas tecnológicas para ser más eficientes prestando estos servicios".

A este problema se une el de la financiación, y no porque las Administraciones locales carezcan de recursos, sino porque, como indicó Farfán, "aunque algunos ayuntamientos tengan incluso superávit, no pueden gastar porque tienen que destinarlo a reducir la deuda de la comunidad autónoma". Para Hita, recurrir a los fondos europeos puede ser una solución, pero como bien apuntó, "ello requiere que los municipios se coordinen con la Administración autonómica y estatal".

A pesar de ello, Calvo-Sotelo defendió que España ostenta una buena posición en Europa en este tipo de iniciativas municipales, y que el éxito de las ciudades inteligentes está en conseguir que los ciudadanos usen estos servicios. Un ejemplo, lo puso García al referirse a las medidas desarrolladas en Burjassot, como dotar a sus habitantes de una red de fibra óptica pública, o la creación de una app para que el ayuntamiento interactúe con los ciudadanos ofreciéndoles noticias o contestando a sus consultas.

jueves, 21 de junio de 2018

Reglamentación de las notificaciones telemáticas: ¿un poco de cordura en su regulación, o más de lo mismo?

Por Oriol Vidal. Derecho.com. No hace mucho tiempo publiqué en esta misma web un artículo titulado “Notificaciones telemáticas generalizadas: ¿Podría hacerse de una forma más segura?”, en el que analizaba la interpretación extrema que hacían determinadas Administraciones locales respecto a la nueva regulación normativa de la Ley 39/2015 sobre las notificaciones telemáticas, en el sentido de que pretendían investirse de libertad para notificar “donde quisiesen” los actos administrativos que emitían. En concreto muchas Administraciones locales optaban (a mi parecer de forma contraria a lo dispuesto en la propia Ley) por notificar telemáticamente sus actos administrativos únicamente en su propia Sede Electrónica, obviando hacerlo en el Punto de Acceso General de la Administración, buzón de notificaciones "centralizado”.

Daba entonces mi opinión crítica sobre aquella interpretación tan extrema que suponía, aparte de un notorio incumplimiento de lo dispuesto en la propia Ley (ref. Art. 43.4), el germen de una inseguridad jurídica absoluta para los obligados a notificarse por esa vía telemática, al ser para ellos físicamente imposible visitar todas las sedes electrónicas de cada una de las Administraciones o Entidades Locales de España, “por si” hubiese alguna notificación pendiente para ellos, que se “diese por notificada” al no descargarla en los 10 días de plazo que la norma otorga. Por no hablar del coste en tiempo de los administrados obligados. Y es que no sería la primera vez que un Ayuntamiento (por poner un ejemplo habitual) con el que un obligado no tiene ninguna relación material ni territorial, da por notificado telemáticamente un acto administrativo no recogido, con todas las consecuencias que de ello se derivan. Recordemos que en España hay más de 8.000 entidades locales, lo que implicará probablemente la existencia de al menos otras tantas sedes (salvo las de las Administraciones que acordasen “voluntariamente” su llevanza por el Acceso General).

El 23 de mayo de 2018 se ha abierto a trámite de información pública el proyecto de “Real Decreto por el que se desarrollan la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en materia de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos”, en el que podemos ver, entre otras cosas, la reglamentación básica prevista para las notificaciones electrónicas.

Manifestaba yo en el mencionado artículo que me parecía desatinada la interpretación tan extrema de lo dispuesto en la Ley 39/2015 sobre la posibilidad de notificar telemáticamente únicamente en las infinitas sedes electrónicas que existen o existirán en nuestro descentralizado país (sin notificar en un "buzón" único o central), interpretación que ha adoptado como propia más de una Administración local / Ayuntamiento. Con este Real Decreto (aun en proyecto) parece que el Gobierno intenta traer algo de cordura a esta cuestión de las notificaciones telemáticas, dejando clara la regulación de aquella situación, por lo que todas esas administraciones locales “disidentes” se verán obligadas a cumplir con lo que esta reglamentación imponga.

Dispone en ese sentido el proyectado artículo 31 de este Real Decreto lo siguiente:
Artículo 31.Acceso a las notificaciones en el punto de acceso general
1. Las Administraciones Públicas y entidades vinculadas o dependientes tendrán que interoperar con en el Punto de Acceso General electrónico del Sector Público Estatal para que las personas físicas y jurídicas puedan acceder, a través de un único punto, a todas sus notificaciones, tal como establece el artículo 43.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta previsión será aplicable con independencia de cuál sea la Administración que practica la notificación y si las notificaciones se han practicado en papel o por medios electrónicos, ya sea mediante comparecencia en sede electrónica o a través de la dirección electrónica habilitada única.

Parece que el Gobierno (pues de él emanan los reales decretos) tiene la misma postura que manifestaba yo en aquella publicación, ya que el propio artículo 43.4 de la Ley disponía literal y claramente que “los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General Electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso.”. Establecía por tanto en ese punto el Legislador una obligación tácita a todas las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a poner a disposición del obligado todas sus notificaciones en “El” Punto de Acceso General Electrónico de la Administración en todo caso, no obstante mantuviesen sus propios registros o plataformas, en los que tengan todos los expedientes, documentos, e incluso pongan a disposición igualmente las notificaciones. Pero aquellas administraciones locales “disidentes”, refugiaban su fundamento en el punto 1 del mismo artículo, que parecía otorgar cierta libertad de elección a cada Administración.

Todo ello, recordemos, teniendo en cuenta que el art. 13. a) de la Ley dispone que quienes de conformidad con el artículo 3 tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, tienen derecho “a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.” (Subrayemos la característica de “un” único Punto de Acceso).

Hemos de recordar también que dicha obligación entraría en vigor al transcurrir la segunda vacatio legis de aquella Ley, es decir, al transcurrir los 2 años desde su entrada en vigor, esto es, el 2 de octubre de 2018.

Hasta aquí parecería que el gobierno “legislador” busca con este Real Decreto arrojar un poco de cordura sobre el asunto de las notificaciones telemáticas, disponiendo como algo obligatorio para “todas las Administraciones Publicas y entidades vinculadas o dependientes” notificar a través del Punto de Acceso General electrónico del Sector Publico Estatal, para que las personas físicas y jurídicas puedan acceder, a través de un único punto (un único buzón), a todas sus notificaciones. Con ello, se conseguiría aquella seguridad jurídica de la que no se dispondría en caso de poder notificar única e independientemente en cada sede electrónica individual.

Sorpresa legal
Pero el proyecto de Real Decreto nos guarda alguna sorpresa, porque incluye una disposición adicional sexta, que versa sobre la integración en el Punto de Acceso General electrónico del Sector Publico Estatal respecto a las notificaciones en un único punto de acceso, pretendiendo disponer de facto una especie de prórroga a la segunda vacatio legis de la propia Ley en esta materia por otros 2 años al menos, de la siguiente forma:

Disposición adicional sexta. Integración en el Punto de Acceso General electrónico del Sector Público Estatal.

1.- Para cumplir lo previsto en el artículo 31 de este real decreto relativo al acceso a las notificaciones en el punto de acceso general electrónico, las Administraciones Públicas y entidades vinculadas o dependientes adaptarán sus plataformas tecnológicas para interoperar con la infraestructura del Punto de Acceso General electrónico del Sector Público Estatal antes del 1 de diciembre de 2020.

Me sorprende por varios motivos: En primer lugar, porque con esa disposición adicional el Gobierno parece estar tratando de demorar la entrada en vigor de lo dispuesto por el Legislador en el art. 43.4 de la Ley 39/2015, hasta el 1 de diciembre de 2020. Habiendo sido publicada la Ley 39/2015 en el BOE del 2 de octubre de 2015, con una doble vacatio legis que hacía que la entrada en vigor de muchas de sus disposiciones fuese el 2 de octubre de 2018 (3 años después de su publicación), me surgen varias cuestiones: ¿Resultaría aceptable y ajustado a Derecho que se pretenda ahora una nueva prórroga por 2 años más, hasta el 1 de diciembre de 2020? ¿No han sido suficientes 3 años para que se adapten las Administraciones Publicas a lo que exige esta Ley? ¿Por qué da la sensación de que al administrado se le da un plazo cerrado e inamovible en la Ley, para adaptarse a la operativa electrónica, de la mitad de tiempo que a las Administraciones, cuando a éstas se les presupone mayor capacidad tanto técnica como presupuestaria? ¿Por qué siempre el peso de las obligaciones ineludibles recae en la parte más débil de las relaciones Administracion – administrados?

En segundo lugar, algo en mi opinión inadmisible: Lo hace el Gobierno con un Real Decreto, norma de inferior rango jerárquico que la Ley que dispone aquella entrada en vigor el 2 de octubre de 2018. ¿Sería contraria a Derecho por ello esta disposición? En mi opinión, sí. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1.2 del Código Civil, “carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.”. Entiendo que un real decreto no puede dictar algo contrario a lo dispuesto en una norma con rango de Ley anterior. Ni siquiera respecto a ampliar el plazo concedido de facto a las Administraciones, causando un perjuicio tremendo al resto de obligados (los administrados).

Desacierto
Por otro lado, me parece un desacierto que el Gobierno pretenda mantener esa inseguridad jurídica de que las Administraciones puedan notificar únicamente en su Sede Electrónica individual, y no en un "buzón electrónico centralizado" durante la friolera de más de 4 años. Es decir, que por Ley se obligue a recibir notificaciones telemáticas a determinados sujetos, pero sin implementar en realidad un único punto de acceso a las mismas, con lo que persistiría la inseguridad jurídica que tenemos hoy en día al respecto.

Esperemos por el bien de todos los obligados, que teniendo en cuenta que este Real Decreto está aún en proyecto (en fase de información pública), se piense por una vez en los administrados, en su seguridad jurídica, en sus costes, en no legislar sin pensar en todas las situaciones posibles, y que llegue a buen puerto este asunto, reglamentándose de una forma sensata, no dilatando en el tiempo plazos concedidos por Ley a las Administraciones para adaptarse a lo que es para ellas una facilidad en su gestión, pues lo que se hace con ello es forzar a los administrados a adaptarse antes, con un coste desproporcionado y en muchas ocasiones inasumible y sobre todo con una ausencia de seguridad jurídica que no es de recibo en nuestro Ordenamiento Jurídico.

Resultaría lógico y, sobre todo, ajustado a Derecho, que la obligatoriedad para recibir notificaciones vía telemática, hubiese entrado en vigor en el mismo momento que entrase en vigor la obligación de las Administraciones Publicas para notificar en un único buzón de notificaciones para los administrados obligados. Simplemente una sincronización temporal de unas obligaciones recíprocas. De acuerdo con el texto de la propia Ley, ello hubiese sido efectivo el 2 de octubre de 2018, que es cuando estaba previsto desde hace más de 2 años, de acuerdo con la vacatio legisregulada en la propia Ley 39/2015, para su artículo 43.4. En mi opinión, no se ajusta a Derecho pretender una nueva demora en la entrada en vigor de dicha materia hasta 2 años después, y sobre todo, genera un riesgo incalculable para los administrados obligados, que por otro lado, son el eslabón más débil de la cadena.

miércoles, 20 de junio de 2018

Jiménez Asensio: Consultoría política y el arte de gobernar

"Sobre qué hacer con el poder cuando se ha conseguido, es algo que no se piensa. Se improvisa"

“El  poder no cambia a las personas, solo revela quiénes verdaderamente son” (Pepe Mújica)

Revista de prensa. Por Rafael Jiménez Asensio. Voz Populi.  Ha emergido una estrella en el firmamento político. No es nueva, pero ha empezado a brillar con luz propia. Se llama Iván Redondo Bacaicoa. Consultor político que, ya en dos ocasiones, ha pasado a engrosar la estructura de sendos gobiernos (primero del PP extremeño y ahora del PSOE nacional). Relativismo en la era de la postpolítica. No es muy normal que los consultores políticos en España se vistan con el traje de cargos públicos de un partido, menos aún de dos tan distantes ideológicamente. 
Iván Redondo, consultor político
La consultoría política bien es cierto opera en el mercado y en ese tipo de actividad las siglas de la firma se compran (mejor dicho se contratan). El triple salto mortal es pasar a la nómina pública. A la postre, eso es el anuncio de un entierro profesional como consultor y su conversión acelerada en político de trinchera, por mucho que alguien pretenda elevarse. Aquí nadie olvida. Y menos en esas alturas.

A pesar de ser una persona relativamente joven, más aún en el parque jurásico de la política española, sus éxitos profesionales son incontestables. Ha leído perfectamente el tablero político y llevado al actual Presidente del Gobierno directamente hacia La Moncloa, pero no solo. Ha hecho muchas más cosas. Tanto como conducir a las mejores posiciones electorales a una persona que defendía un discurso de tintes xenófobos (Albiol), así como aupar al trono a un presidente que viajaba a ver a su “amiga” (prensa dixit) a las islas con cargo al erario público (Monago). Ambos casos, con sus enormes diferencias, presentan ciertas similitudes. Tras el éxito electoral, vinieron sendos fracasos. También ha hecho el caldo gordo (o, al menos, guiños evidentes) a Podemos, pero con poco éxito (salvo la viral entrevista). Y ahora, de nuevo, se ha aplantillado temporalmente en los Presupuestos públicos, transformándose en asesor áulico del Presidente del Gobierno.

Pero permítanme una maldad más. Comunicar excelentemente o ganar elecciones por goleada o, incluso, promover insólitamente el triunfo de una moción de censura, no es gobernar. Lo dijo muy bien Daniel Innerarity, en ese libro tan sugerente que es La política en tiempos de indignación. La política en España vive sumida perennemente en la pulsión electoral. Todo se hace en política a través de esa clave. Sobre qué hacer con el poder cuando se ha conseguido, es algo que no se piensa. Se improvisa. Y a nadie interesa. La dirección del Gobierno está preñada de amateurismo y de decisiones caprichosas, cuando no precipitadas. Y así nos va. La política se ha convertido en golpes de efecto continuos, espectáculo constante e impactos instantáneos a suerte de clic. Y en esa clave contratar consultores de comunicación (o de “asuntos públicos”)  es una necesidad existencial de unos políticos que saben a ciencia cierta que ganar elecciones es lo importante. Gobernar es un verbo que se conjuga con más dificultad, pues para hacerlo se requieren otras herramientas y un marco conceptual diferente. Pero lo importante, al menos para la política miope, es alcanzar el poder, pues allí está la gloria y la monopolización del foco mediático. Además, entra en juego la máquina repartidora de innumerables cargos públicos, como analizó tempranamente Weber y confirmó en fechas más recientes Peter Mair: los partidos se institucionalizan y quien no toca poder sufre o, incluso, desaparece. No son épocas de fidelidades, menos aún políticas. Comprobado está.

No cabe duda que un Director de Gabinete de un Presidente no solo es quien lee bien el tablero político o alimenta de discurso político al Jefe, con el cual está umbilicalmente unido. Es bastante más. Cualquiera que haya estudiado mínimamente el funcionamiento de esas estructuras de asesoramiento al político que gobierna (su "estado mayor"), lo sabe perfectamente. Por de pronto quien ocupe un puesto de tales características debe acreditar una serie de competencias que así, a simple vista, no parece que se den en la persona en cuestión. No porque no las pueda adquirir (algo que inevitablemente lleva tiempo; aunque su rapidez de aprendizaje está fuera de toda duda), sino simplemente por una razón biológica e intelectual: salvo personas que han hecho una carrera profesional de altísima exigencia (una vez más viene a la mente el nombre de Macron), por lo común alguien de tales edades no ha tenido tiempo material de interiorizar ni menos aún de leer o entender todo lo necesario para afrontar unas responsabilidades como las que le han sido asignadas. Pues no es realmente un puesto político, es algo más; ya que es quien debe guiar o conducir mediante propuestas y medidas el discurso de la Presidencia del Ejecutivo del Estado, así como liderar toda la macro estructura de “fontaneros” de La Moncloa y proyectar esas políticas sobre los distintos departamentos, supervisando su ejercicio, aparte de leer razonablemente el complejo tablero internacional y económico. Amén de garantizar un Gobierno asentado en el Parlamento, como decía Schumpeter, en una “pirámide de bolas de billar” (una minoría parlamentaria absoluta). Tareas ímprobas y exigentes, que requieren una elevada concepción en “asuntos de Estado”, conocer las “tripas” del poder y no solo su cara o piel.   

La inserción en el Ejecutivo de Redondo obedece a un objetivo muy evidente: en un mandato corto, vender imagen y comunicar velozmente lo que interesa oír a una mayoría de ciudadanos.

Leer y dirigir
Nadie pondrá en duda que ese flamante Jefe de Gabinete sepa leer partituras políticas, como así se ha acreditado sobradamente, pero eso es algo distinto a dirigir una orquesta. Los conocimientos epidérmicos no sustentan diagnósticos certeros, sino intuiciones que, en edad aún temprana, pueden ser totalmente equivocadas, como muy bien expone mi buen amigo Mikel Gorriti, asimismo donostiarra. La intuición sénior nada tiene que ver con la intuición junior, aunque esta vaya madurando. Es ley de vida. Y comprobada empíricamente.  

Ciertamente, se me objetará a lo anterior, que Iván Redondo ya ejerció como Secretario General de la Presidencia del Gobierno Monago en Extremadura. Sin duda, fue un banco de pruebas para conocer los entresijos administrativos del poder, pero de una Comunidad Autónoma. No lo olvidemos. Puede que ello le graduara en el conocimiento de lo público desde el patio de butacas burocrático, superando su visión de anfiteatro electoral. Convendría hacer un chequeo de su paso por esas responsabilidades, donde dio, por cierto, severos mamporros  (por no ser más expresivo) al primer partido de la oposición, entonces el PSOE extremeño. Y para remover más las ya agitadas aguas, ha propuesto como directivo “monclovita” a un colaborador suyo que llenó en su día de improperios al actual partido en el poder. El retrovisor de las redes sociales sigue mostrando las grandezas y miserias de cada cual.  Los tiempos cambian, amigo. Y en política los amores son pasajeros. Cada vez más por lo que parece. El mundo líquido de Bauman hecho mensaje político.

En fin, veremos qué da de sí. No les oculto que albergo dudas sobre la idoneidad de la decisión tomada. Para dirigir cabalmente cualquier organización (más aún la locomotora del Gobierno y de la Administración Pública), se requiere -como expuso Mintzberg- Arte, Ciencia y Visión. Todos esos atributos solo se adquieren, como subraya el profesor canadiense, con muchos años de experiencia y, asimismo, de lectura o estudio. Para ser Maquiavelo –como dice un buen amigo- se necesitan muchas lecturas y reflexión detrás. Pronto sabremos a qué ha venido. Intuyo que no a transformar las instituciones públicas ni a impulsar la innovación organizativa o tampoco a lanzar mensajes éticos que solo con el ejemplo predican (Javier Gomá). Más bien creo que su inserción en el Ejecutivo y en un puesto tan estratégico es muy evidente: en un mandato corto, vender imagen y comunicar velozmente lo que interesa oír a una mayoría de ciudadanos que sea suficiente como para poder reeditar el gobierno (esta vez largo) tras un proceso electoral que el Presidente convocará cuando el viento sople a favor.

La primera impresión es que la dirección del Gobierno está preñada de continuos golpes de efecto, de amateurismo y de decisiones caprichosas, cuando no precipitadas

Como escribió inteligentemente Bagehot, en un sistema parlamentario de Gobierno, el arma letal por excelencia es el decreto de disolución de las Cámaras. Y ese botón solo lo puede activar Pedro Sánchez.

Reconozco que parto de presupuestos conceptuales muy distintos a los de esa nueva estrella de la política, también sin duda de muchos más años y de un recorrido profesional muy distinto y distante. NI mejor ni peor, simplemente diferente. Resido en la misma ciudad  en la que nació Iván Redondo. Y de allí también es el prestigioso pintor y escultor Andrés Naguel quien, en una entrevista al Diario Vasco tras la capitalidad europea 2016,  expresó una idea que no me canso de repetir allí por donde voy: después de los cohetes o de los fuegos artificiales, tan queridos y mimados en la Semana Grande de Donostia-San Sebastián, viene el humo. Esperemos que eso no sea lo que nos depare la política gubernamental que se está gestando. Por el bien del país y por el bien de todos, también de la propia socialdemocracia. Y no menos de la buena política. La de verdad. No la impostada.

martes, 19 de junio de 2018

José Ramón Chaves: No se cambia la burocracia por decreto

Otro post de interés: Por Diego Núñez. (Diario El Sur):  La regeneración moral de las universidades

Por José Ramón Chaves. Blog delaJustica.com.- Hace mucho años me encantó el ensayo titulado “No se cambia la sociedad por Decreto”, de Michael Groizer (INAP,1984), sociólogo francés que fue director del Centro de Sociología de las Organizaciones del Instituto de Estudios Políticos de París, y en que lamentaba el divorcio entre las normas, la sociedad y la burocracia, con afirmaciones que revisten gran actualidad en nuestro ámbito, donde se prodigan leyes novedosas y alambicadas que parecen transitar por boletines electrónicos mientras que funcionarios, abogados y ciudadanos intentan sobrevivir a su vigencia por pura supervivencia.

Viene al caso porque visitando cierta ciudad querida me he tropezado en la calle con un  joven abogado que se mordía los labios de rabia. Un caso que merece la pena comentar.

Me ha comentado que ha optado a una plaza de profesor contratado temporal de una Universidad y que las bases de la convocatoria le exigían la aportación y acreditación como requisito para ser admitido a la ulterior fase de valoración, la titulación de Licenciado en Derecho con el original o copia compulsada, bajo fulminante inadmisión.

Me comentó el joven abogado que dado que su titulo está en la casa de la familia a varios cientos de kilómetros había aportado la única copia compulsada del título que tenía para presentar y que la adjuntó con su certificación de abogado colegiado. Pues bien, le habían llamado telefónicamente de las oficinas de la Universidad y se personó raudo para conocer el problema, exponiéndole la funcionaria que la copia compulsada del título solo estaba compulsada por el anverso pero no por el reverso, y aunque se indicaba en dicho documento a las claras su condición de graduado en derecho con las firmas correspondientes, estaba incompleto y de no subsanarlo prontamente sería inadmitido.

El joven abogado le explicó las circunstancias, e incluso le citó varios preceptos legales sobre la inutilidad de exigirle esa carga de acreditación.

La agria respuesta de la funcionaria administrativa fue la siguiente:
Frente a las primeras explicaciones repuso: “No tiene usted que enseñarme mi trabajo.”. Frente a la cita de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo la respuesta fue: “La Ley de procedimiento no se aplica aquí”.  Frente a la inutilidad del trámite pues se derivaba de la certificación colegial que era graduado en derecho y que bien podía acreditarlo posteriormente si fuese elegido, escuchó: “ Eso es su opinión pero las bases están para cumplirse”.

El joven se fue irritado con los ecos de la amenaza en los oídos: “ Si no lo subsana, será inadmitido“.

 Dinosaurius burocráticus
Adelantaré que no es ese el patrón habitual de un funcionario del siglo XXI sino más bien un ejemplar de dinosaurius burocráticus, que se creía extinguido, pero que todavía podemos tropezárnoslo en la espesura.

Es cierto que me gustaría oír a la funcionaria, por aquéllo de brindar el trámite de audiencia, y también creo que la culpa muchas veces es de los superiores que imponen tales horrores burocráticos. Pero dicho esto, con carácter general mi telegráfica impresión como estudioso de ese pozo insondable que es el derecho administrativo es la siguiente:

-De entrada, el problema de radica en las formas, en que no debe llamarse para imponer la presencia física de nadie, ni mucho menos para amenazar o dar un plazo oral graciable; tampoco debe el funcionario meterse en los zapatos de Dios, ni menos aún osar derogar las leyes por la santa voluntad del funcionario.

-Y en el fondo, el problema radica en la cruda ignorancia de sostener esa carga de aportación documental:

-Ciertamente los requisitos deben declararse en las solicitudes de acceso pero no acreditarse hasta que existe el llamamiento para incorporarse o tomar posesión, por elemental economía procesal. No quiero imaginar el trasiego de miles de títulos frente a una plaza de letrado interino del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, cuando sólo el aprobado debería acreditarlo.

-La Ley 39/2015, de Procedimiento administrativo común postula que solo se requieran documentos que imponga la normativa. No que lo imponga una “convocatoria” que no es la normativa (sino un acto general de aplicación), sino que la ley o el reglamento lo dispongan.

En particular sobre la presentación de originales, el art. 28 dispone que “Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.”

Es más, todo requisito documental ha de considerarse idóneo en los términos exigidos o “documento equivalente“, o sea, que si existen otros medios de prueba que evidencien la condición de titulado en derecho, ha de darse por acreditada tal condición y no alzar la titulación académica original como única vía.

La Ley 39/205 añade que. “Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos.” O sea, el legislador quiere que cada Administración “persiga” los documentos que elaboren otras administraciones sin dejar esa pesquisa y carga en los ciudadanos.

Pero aunque dicha Ley haya entrado en vigor, basta la lectura de las convocatorias selectivas, especialmente las de selección temporal o interina, para comprobar que cada una dispone a su antojo lo que le place. Especialmente cuando se trata de personal laboral temporal o funcionario interino de los entes locales o administraciones institucionales, en que las bases de la convocatoria no se cortan para imponer la presentación de documentación, aunque esté ya en poder de la administración o aunque no sea necesaria o aunque no exista amparo normativo. Da igual: lo tomas o lo dejas.

La cruel situación afecta a los eslabones mas débiles ya que el aspirante a una plaza de administrativo interino de una Diputación, o a participar en la bolsa de empleo de personal sanitario, o que opta a mecánico de la Confederación, prefiere acatar mansamente lo que piden las bases y adjuntar cualesquiera certificado que indique, por ejemplo, si le gustan los plátanos verdes fritos, si jugaba al parchís en el colegio, o que aporte la fotocopia del pasaporte de su abuelo, por ejemplo.

Y eso lo hará por elemental supervivencia y economía procesal. Elemental supervivencia porque mal comienzo es reclamar frente a quien tiene la llave de la puerta que se quiere traspasar para ser empleado público. Economía procesal, porque el pobre opositor tendrá que recurrir en vía administrativa y posiblemente afrontar un recurso contencioso largo y costoso mientras observa como otros cedieron y tragaron.

Lo más triste para quienes vivimos y queremos creer en el Derecho es:
-Que las leyes van por un carril y la formación de algunos funcionarios por otro.

-Que las leyes innovan y algunas administraciones siguen los dictados de la inercia y del siempre-se-hizo-así.

-Que algo falla en superar esa ignorancia burocrática cuando se ofertan infinidad de cursos de formación y se aprueban Códigos de Conducta y buen servicio, y los viejos dinosaurios siguen ahí.

Luego vienen las quejas porque los Jueces y Tribunales anulan convocatorias o nombramientos. ¿Quien es el malo?. ¿El que pone la bomba o el forense que informa de los muertos y su causa?

lunes, 18 de junio de 2018

Un fenómeno reciente:¿ Hay que recuperar la gestión directa?

"En estos momentos estamos en pleno movimiento pendular a favor de la gestión directa de los servicios públicos y en un plano más incipiente a favor de la republificación de determinados servicios universales de interés general (el caso más recurrente es el de la gestión del agua)."

Por Carles Ramió. Blog EsPúblico.- La gestión privada versus la gestión pública es una cuestión que posee una lógica pendular en la tradición administrativa nacional e internacional. A finales del siglo XIX la mayoría de los servicios públicos estaban gestionados por entidades privadas. A principios del siglo XX estos servicios fueron asumidos por las distintas administraciones públicas que apostaron por la gestión directa. 

Después de la segunda guerra mundial y con la expansión del modelo de Estado social la gestión directa de servicios públicos incrementó de una manera geométrica. La crisis del petróleo y la crisis fiscal de los años setenta junto con la ola neoliberal de la década de los ochenta del siglo pasado cambiaron de manera radical el modelo de gestión e intervención pública para aligerarlo y regresar a un modelo de gestión privada. Hubo dos vectores de privatización: por un lado, la privatización de buena parte de los servicios universales de interés general (energía, entidades financieras, agua, telecomunicaciones, transportes, etc.) y por otra, la externalización de una parte importante de los servicios públicos mediante sistemas de gestión privada (limpieza, mantenimiento y gestión equipamientos públicos, servicios sociales, sanidad, educación, etc.). 

Pero a partir de la segunda década del siglo XXI esta tendencia parece que está revirtiendo, en otro movimiento pendular, y se ha vuelto a poner de moda la gestión directa de determinados servicios públicos y o de los servicios universales de interés general. De momento se trata de un movimiento más teórico que práctico, más un incipiente estado de opinión que una dinámica precisa de implementación de este movimiento denominado republificación, reinternalización o remunicipalización. Tres conceptos que se utilizan de manera confusa como sinónimos pero no lo son y que se derivan del enredo previo entre privatización y externalización. Republificación y remunicipalización deberían utilizarse en aquellos casos de servicios privatizados que son recuperados por la Administración pública (por ejemplo: la gestión del agua). Es decir, además de la gestión se recupera la titularidad pública. Reinternalización, en cambio, hace referencia a servicios públicos con gestión privada y que se desea recuperar la gestión pública directa.

Tendencias pendulares
Las motivaciones de estas tendencias pendulares entre la gestión pública y la gestión privada son muy variadas (ideológicas, económicas y de calidad de los servicios) y hacen muy complejo este fenómeno. Pero como el movimiento histórico muestra un carácter pendular todo parece indicar que el problema de fondo es que hay una insatisfacción tanto por la gestión pública como por la gestión privada de los servicios públicos como, también, de los servicios universales de interés general. En cada momento histórico ha fallado tanto la gestión privada como la gestión pública. A este elemento sustantivo se han incorporado motivaciones ideológicas y de carácter económico que han sustentado tanto las teorías a favor de la gestión privada como de la gestión pública pero han sido siempre simples teorías que no han sido confirmadas a nivel práctico y real. En estos momentos estamos en pleno movimiento pendular a favor de la gestión directa (reinternalización) de los servicios públicos y en un plano más incipiente a favor de la republificación de determinados servicios universales de interés general (el caso más recurrente es el de la gestión del agua). «Después de muchos años en los que se fueron ampliando los servicios públicos de carácter local, y se fue imponiendo su gestión indirecta a través de diversas fórmulas de colaboración público-privada, recientemente se va imponiendo la idea de que la gestión de los servicios públicos locales debe volver a manos públicas (…) La defensa de este nuevo planteamiento, frente al proceso favorable a la externalización de la gestión de los servicios de hasta hace muy pocos años, se sustenta en una ideología que trata de defender lo público frente a lo privado, argumentándose con este fin que el discurso acerca de la mayor eficiencia de la gestión privada es un mito que debe denunciarse» (Tornos, 2016). 

Esta dinámica tiene un carácter internacional que también ha tenido recientemente su impacto en España. El mundo local representa la vanguardia de esta nueva concepción. Todo parece indicar que es un movimiento ideológico impulsado por los gobiernos locales bajo el mando de una nueva izquierda de carácter populista. Pero esto no es del todo cierto ya que el catalizador de este movimiento ha sido los desproporcionados costes económicos y la mala calidad de la gestión privada de los servicios públicos locales. Sirva de ejemplo el conocido informe sobre la fiscalización del sector público local elaborado por el Tribunal de Cuentas en el año 2011. Este informe destacaba que el coste público de los servicios externalizados es superior que los servicios internalizados y que, además, se detecta un deterioro evidente en la calidad de los servicios externalizados. 

En efecto, la gestión privada de los servicios públicos ha resultado en muchos casos fallido y esto se debe a dos motivos:

El primer motivo es que las empresas proveedoras de servicios públicos se han acostumbrado durante los últimos años a tener unos desmesurados beneficios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elaboró un informe en el 2015 que afirmaba que los contratos de las administraciones públicas hacia el sector privado presentaban unos sobreprecios del 25 por ciento sobre los precios medios del mercado. El mercado privado de servicios públicos se ha indisciplinado mostrando una excesiva voracidad económica ofreciendo a cambio unos servicios públicos con unos discutibles estándares de calidad. Pero este motivo no es la enfermedad sino el síntoma del problema

El segundo motivo y causa del primero es la auténtica enfermedad del modelo en el que ha predominado en estas décadas de servicios externalizados. El problema de fondo es la negligente manera en que las administraciones públicas han acometido e implementado este modelo de gestión externalizada. En España se han implantado externalizaciones y partenariados público-privados sin unos objetivos fundamentados en la búsqueda de mayor eficacia (calidad) y eficiencia (menores costes de gestión) de este sistema. Se han realizado únicamente de manera reactiva: para no incrementar la plantilla de empleados públicos, para escapar de las rigideces inherentes a sus sistemas de función pública, por falta de recursos financieros, etc. Y la implementación de la externalización ha sido todavía peor: sin auténticos mecanismos de control y evaluación de la calidad y de los costes de los servicios públicos externalizados. 

En este sentido, el mercado privado no se ha visto ni condicionado ni regulado, ni a priori ni durante el proceso, para prestar servicios públicos de calidad y de manera eficiente. La falta de disciplina del sector privado que presta servicios públicos se debe fundamentalmente a la falta de visión estratégica y en la inhibición en sus obligaciones más básicas de la Administración pública.

Dejar al mercado privado en manos de su presunta capacidad de autorregulación es una quimera ya que su instinto más básico es maximizar beneficios minimizando los costes de producción hasta llegar a niveles patológicos de injustificados sobrecostes e injustificadas ínfimas calidades en la provisión de los servicios.