lunes, 25 de mayo de 2015

Antonio Díaz tras el 24-M: Gobernanza para un tiempo nuevo: ¿Coaliciones inteligentes?

Ver resultados elecciones Locales del 24.M.2015

"...los políticos deben estar más dedicados a “la política” -y a no perder el contacto con los electores- y menos ocupados en la “supervisión de la gestión”, pues para eso están los funcionarios y directivos".
 
Blog Administración Inteligente.- Antonio Díaz.-  Una vez despejado el tablero electoral, serán necesarias coaliciones para garantizar la gobernanza en muchos de nuestros Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.   Desde este blog hemos hablado de requisitos para un gobierno inteligente que cifrábamos en cuatro aspectos principales (Construir la gobernanza; Retener y atraer talento gestor ; Ajustar la estrategia; y Ofrecer resultados de una forma Transparente y Sostenible en el tiempo). Hoy trataremos de reflexionar sobre gobernanza y talento en los nuevos escenarios.
 
Portada del Manual práctico
para la constitución y gestión de
las nuevas corporaciones
locales. Concepción Campos.
 La Ley
Para empezar el debate, habría que intentar evitar algunos efectos colaterales y perversos de las viejas coaliciones, que son principalmente de dos tipos:
 
-Encarecimiento a efectos presupuestarios, por estar obligados generalmente los mayoritarios a “ceder demasiado” en las negociaciones, lo que se ha traducido hasta ahora en “colocar gente” de los partidos coaligados (asesores, directivos de confianza,…), empresas afines en los concursos,..etc.
 
-Ineficiencia, al basarse estrictamente los pactos en repartir “parcelas de poder”, reinos de taifas (concejalías o consejerías) donde el grupo político correspondiente hacía y deshacía a su antojo. No en vano, se hablaba coloquialmente de “cortijos” o “chiringuitos”.
 
Un Gobierno Inteligente tendrá que construir su gobernanza sabiendo coaligar programas e intereses sin menoscabar la ética pública, sin renunciar a la eficiencia y buscando la obtención de resultados en la gestión para cada uno de los coaligados.
 
Ideas
Veamos algunas ideas para ello, intentando evitar los efectos perversos señalados.
 
La negociación programática se tendría que basar en aquellos aspectos realmente prioritarios para la ciudadanía. La regeneración democrática (pacto contra la corrupción) es un eje sencillo para formar alianzas de gobierno, aunque va a ser muy difícil para aquellos partidos y personas que llevan muchos años gobernando o estén relacionados con la corrupción. La lucha contra la desigualdad y la precariedad o la lucha contra el desempleo pueden ser otros dos ejes clave para articular proyectos de gobierno (he tratado estos temas en un post anterior).
 
A la hora de elaborar los diseños de gobernanza, hay que pensar que la cúpula de gobierno de una Institución debería ser relativamente reducida para garantizar los mínimos de eficiencia. Así por ejemplo, en Ayuntamientos medianos y grandes, no más allá de 3 a 5 grandes áreas o tenencias de Alcaldía (Madrid o Barcelona son casos aparte) con una cadena de mando directivo y funcional lo más corta posible en lo vertical. Hay que pensar que en el núcleo duro citado tendrían que entrar los partidos coaligados, en cierta proporción a los resultados electorales, por lo que la “alianza programática” debe ser sólida.
 
Estructuras infladas
Muchos años de gobierno continuado o de mayorías absolutas han ido inflando artificialmente las estructuras políticas y directivas que, en forma de “isla de coral”, se han ido superponiendo unas sobre otras bajo presiones a veces clientelares o corporativas. Suelen tener razón los partidos nuevos cuando hablan de la necesaria reducción de altos cargos. Y eso empieza por tener una cúpula de gobierno corta.
 
A partir de ahí se tienen que completar la formación de gobiernos con Delegaciones específicas, presidencias de organismos y empresas públicas y órganos territoriales descentralizados (Juntas de distrito), que deberían tomar mayor relevancia.
 
Concejales de proyecto
En los Ayuntamientos, no tendría que ser imprescindible que todos los concejales de gobierno tengan asignados departamentos de gestión. Quizás sería conveniente romper la extraña pareja siamesa concejal-director, que ha provocado un duopolio de intereses, una fragmentación exagerada y el encarecimiento y encastillamiento de la gestión en múltiples reinos de taifas, haciendo dificilísimo el trabajo transversal, vital hoy en cualquier organización.
 
Frente a ello, se podrían tener por ejemplo, “concejales de proyecto”, cuya misión sería potenciar e impulsar determinados proyectos aprobados y priorizados en el programa de gobierno (influyendo en sus compañeros de gobierno y en la sociedad civil), pero sin inmiscuirse en la gestión cotidiana, ni intentar influir en aspectos como los contratos o la operativa diaria, que deben estar en manos de funcionarios.
 
Como dice un buen amigo y experto consultor Marcos Lekuona, los políticos deben estar más dedicados a “la política” -y a no perder el contacto con los electores- y menos ocupados en la “supervisión de la gestión”, pues para eso están los funcionarios y directivos.
 
Retener y atraer el talento gestor es la segunda gran tarea de un Gobierno inteligente, cuyo primer paso sería aprovechar el existente en la Organización.
Al igual que en otros campos, en líneas generales, los funcionarios y empleados públicos incorporados en estos 30 años de democracia son profesionales confiables y bien preparados. Casi todas las organizaciones públicas consolidadas disponen de empleados públicos perfectamente capacitados para ocupar los puestos directivos, en un espectro además de amplio pluralismo ideológico.
 
Durante estos años, diferentes instituciones, empezando por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y otras, han invertido muchísimo dinero en la formación de directivos públicos. Sería muy conveniente “recuperar esa inversión” y aprovechar el talento emprendedor diseminado en nuestras organizaciones.
 
Desde la sociedad civil también nos proponen fórmulas para implantar la dirección pública profesional y de una u otra forma, cada vez es más evidente que se hace necesario reglamentar mínimamente el acceso a esos puestos entre las personas capacitadas y acreditadas para ello. Se podría hacer con relativa facilidad, simplemente con desarrollar la normativa existente (EBEP).  
 
Dicho esto, nadie con conocimiento de la Ciencia de la Administración niega la necesidad y la importancia de los asesores y personal de confianza, pero restringidos a ciertas tareas y en un número reducido y proporcional al tamaño de la Organización. El profesor Jimenez Asensio trata muy bien esta cuestión, y las propias leyes, -incluida la de régimen local, al margen de sus múltiples defectos- han puesto límites que en algunos casos se podrían mejorar.
  
No hay que renunciar a incorporar talento externo, tanto de otras Administraciones (permutas, comisiones de servicio, ..etc) como directamente de la calle cuando así lo requieran la especificidad o novedad de determinados puestos. En esto, como en tantas cosas, la nueva y la vieja política -conceptos que tenderán a confluir por “simbiosis”- deberán ser también flexibles e innovadoras.
 
Pero sobre todo, el gobierno y las coaliciones inteligentes, tendrán que ser en primer lugar, decentes. Veremos en los próximos meses si la innovación necesaria alcanza también a las fórmulas de gobernanza. El debate está abierto….
 
NOTA.- En paralelo a la construcción de la gobernanza, se deberá proceder “de manual” en los pasos legales para la constitución de las corporaciones y gobiernos. Dejo aquí algunos enlaces de interés al respecto: 1-Manual práctico para la constitución y gestión de las nuevas corporaciones locales (Concepción Campos Acuña). Edit. Wolters Kluver. 2.-Cómo gobernar y dirigir un Ayuntamiento (RJ Asensio) Edit. IVAP. 3.-  Calidad democrática y buen gobierno (Antonio Díaz). Edit. FEMP-AEVAL.

domingo, 24 de mayo de 2015

Elecciones 24-M- ¿Regeneración municipal?

Hay que cambiar las piezas del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción.

Blog ¿Hay Derecho?.- (Publicado en El País).  De los casos de corrupción que casi a diario van apareciendo en las noticias, es llamativa la frecuencia con la que afectan a escala municipal, cosa que destaca el informe anticorrupción de la Unión Europea de 2014. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que nadie esté analizando las causas del problema.

Ayuntamiento de Valencia
Pensar que la solución es que los tribunales vayan resolviendo los casos, o que las listas estén libres de imputados, es como querer acabar con la mítica hidra cortando sus mil cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más cabezas al monstruo, que ya ha demostrado su capacidad de adaptación al medio tras la crisis inmobiliaria, pasando de alimentarse del urbanismo a asolar las subvenciones y la contratación pública.

Sin mecanismos de control
Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que modificar los elementos del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción. El citado informe de la UE habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando. Como relata Muñoz Molina en Todo lo que era sólido, cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que ellos representaban. Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde.
 
Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido parcialmente corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal —y a la luz—, el político apunta siempre al funcionario.
 
Así las cosas, no nos debería extrañar que muchos alcaldes, convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que dependen de él, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollen prácticas corruptas, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos.

 Cambiar el sistema no es imposible. La fundación ¿Hay derecho? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores (Cosital), partiendo de la experiencia y de las recomendaciones de organismos internacionales, proponen una modificación de las reglas del juego. Las medidas presentadas persiguen devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a que tengan apoyo -y supervisión- desde un nivel superior al municipal. También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.

Menor tolerancia social
El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en estas elecciones municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

jueves, 21 de mayo de 2015

24-M.-Sobre lo que se plantea en los programas de las elecciones municipales

"En el debate público se tiende a presentar las elecciones locales como un ensayo de las generales"

Blog IDL.UAM.- En el contexto actual, en el que se da por hecho que nos hallamos ante una seria crisis institucional, la celebración de elecciones locales constituye uno de los procesos de participación ciudadana más importantes, que, sin embargo, tiende a menospreciarse. La utilización de una simplista dicotomía: “democracia representativa” versus “democracia participativa”, oscurece el hecho de que los procesos electorales generan espacios de deliberación pública y participación ciudadana muy inclusivos, porque involucran a la mayoría de los ciudadanos.
Ayuntamiento de Barcelona
Estas elecciones, en particular, deberían servir para abordar un serio debate sobre los gobiernos locales, tanto para contrastar las diferentes visiones sobre su papel en un sistema político multinivel como es el nuestro, como para permitir comparar el modelo defendido en los distintos proyectos políticos, que debe desarrollarse en las condiciones impuestas por un escenario de crisis muy condicionado por decisiones adoptadas en otros niveles de gobierno.

Sin embargo, como ha sucedido en muchas ocasiones, en el debate público se tiende a presentar las elecciones como un ensayo de las generales o a subordinarlas (con la excepción de las de algunas ciudades importantes) a las de las Comunidades Autónomas, porque se centra en anticipar cuál va a ser la nueva articulación del sistema de partidos que hay en España, y en discutir una colección de medidas llamativas que compiten por atraer la atención de los votantes.
 
En relación con la primera de las cuestiones, son las primeras elecciones en las que dos partidos pequeños pueden conseguir tantos votos como los tradicionalmente mayoritarios (PP, PSOE), y se prueba la capacidad de expiación y renovación de estos últimos. Pero esto propicia que la atención se dirija intencionadamente hacia los procedimientos de elección, mediante propuestas de reforma de los sistemas electorales, articuladas sobre la marcha, en las que prima el deseo de evitar escenarios en los que ningún partido obtenga mayoría clara para gobernar y esté obligado a pactar o a formar gobiernos de coalición.
 
Se orientan, por tanto, a alcanzar dos objetivos, que no son cuestiones de ámbito local sino que afectan a todo el sistema político: recuperar la confianza ciudadana en los políticos, y contrarrestar la extendida sensación de crisis de representación política. Por eso las discusiones enfatizan el perfil personal de los candidatos: de qué manera están vinculados con el pasado reciente y han sabido rectificar, y hasta qué punto están comprometidos con lo que les exige la sociedad en temas como la corrupción o la transparencia. Los candidatos de los partidos que han gobernado intentarán así vender sus activos personales, y los de los nuevos, su compromiso con el proyecto del partido.
 
Paradójicamente, los que están proponiendo cambios en el sistema electoral son los que han obtenido más beneficio con las particularidades del sistema existente, pero que ahora, con un cambio en el voto ciudadano y en la oferta de los partidos elegibles, deja de favorecerles. Y los efectos que buscan pasan por incorporar “elementos presidencialistas”, que contribuyen a una mayor personalización de la política y a primar un modelo de primacía de los ejecutivos y una concepción de la política como buena gestión.
 
Estas estrategias se presentan, en general, como una propuesta de mejora de la representación, pues favorecerían una relación directa del representante con los representados, que a priori garantizaría que tiene en cuenta sus demandas (su “responsividad”). Sin embargo, adoptan una visión simplista que equipara calidad de la representación a existencia de unas reglas adecuadas de elección de los candidatos, aunque la realidad es que no existe ningún modelo que sea “más democrático” (ya que todos dan un peso relativo diferente a los elementos que deben inspirarlo, teniendo en cuenta las peculiaridades del contexto en el que debe funcionar).
 
Esa visión estrecha no tiene en cuenta que la calidad de la representación depende además del juicio sobre la representatividad de los candidatos y del contenido de sus acciones a lo largo de su mandato, y de que en nuestras sociedades existen también otras formas de representación social y funcional que complementan la representación electoral y que tienen que jugar un papel en los procesos de decisión políticos. Por eso las propuestas de cambio de los diferentes elementos del sistema electoral deberían hacerse a partir del diseño de un modelo de gobierno más amplio, en el que se tengan en cuenta los equilibrios institucionales y la relación con los grupos sociales.
 
Reflexión sobre el modelo de gobierno local
Esta cuestión crucial, la reflexión sobre el modelo de gobierno local en nuestra democracia, está ausente en el debate electoral y, por tanto, en el debate público, aunque debería plantearse como cuestión política determinante para que con su voto los ciudadanos participen en la elección del modelo político, y no solo en la selección de candidatos atractivos (que avanza hacia un modelo de democracia de audiencia o de mercado) o la adopción de medidas singulares (por muy atractivas que sean). Porque si se evita, el proceso electoral no generará ningún efecto deliberativo que mejore la calidad democrática.
 
Lo que importa es el proyecto (que a lo mejor solo se puede desarrollar en coalición, sobre un pacto que puede incluir apoyar a un candidato para gobernar que no es el primero de ninguna lista), que en estos momentos debería partir de la reflexión sobre el modelo de gobierno local, en el que se especifiquen sus equilibrios institucionales internos, los procesos de toma de decisiones (que van a condicionar los mecanismos de participación ciudadana y la relación con las organizaciones más representativas social y funcionalmente), así como sus relaciones con los otros niveles de gobierno. Porque, como señala Rosanvallon, las elecciones legitiman la formación de un gobierno de mayoría, pero no la de todas sus políticas.
 
En un momento en el que se habla de crisis institucional, la renovación no puede realizarse con propuestas cosméticas o de control (de la corrupción, transparencia); es el momento de contribuir a que la ciudadanía asuma la complejidad que han adquirido los procesos políticos en todos los niveles de gobierno, y favorecer un debate público en el que se planteen las diferencias entre apoyar uno u otro modelo de gobierno en cada una de ellas. De esta forma las elecciones, también las locales, podrán considerarse procesos deliberativos muy inclusivos en los que los ciudadanos participen en la construcción de un juicio político que contribuya a mejorar la calidad de nuestras democracias.

miércoles, 20 de mayo de 2015

El sindicato CSI-CSIF ve ahora màs receptivos a los partidos politicos sobre la situaciòn de los empleados pùblicos

Las eventuales privatizaciones de los servicios publicos, lo que màs interesa a los empleados pùblicos sobre los programas políticos
 
El sindicato CSI·F advierte que los empleados públicos se han sentido vapuleados por los recortes de los distintos gobiernos y van a votar como colectivo en las próximas elecciones autonómicas, municipales y generales del día 24.El sindicato está manteniendo reuniones con todas las fuerzas políticas para presentarles sus peticiones de cara a los próximos comicios y, aunque señala que son escuchadas por todos, los partidos nuevos están siendo más receptivos.

CSI·F señala que algunos creen que meterse con los empleados públicos les da réditos electorales, pero asegura que tiene la percepción de que los funcionarios están leyendo con mucho interés los programas de cada partido, para ver sus propuestas para las administraciones públicas, algo que hasta ahora no era así.

Entre las propuestas que ha trasladado CSI·F a los grupos políticos, está la necesidad de elaborar un listado con los servicios que no pueden ser privatizados, como sanidad, educación, seguridad o justicia, entre otros. También pide la recuperación del poder adquisitivo y la creación de un Plan de Recursos Humanos para las Administraciones Públicas y de un sistema de evaluación, porque no queremos ni un empleado más ni menos de lo necesario.
 
Lo que sí critica CSI·F es el fuerte gasto realizado por muchos gobiernos en los últimos años destinado a servicios que no eran esenciales y que no necesariamente querían los ciudadanos y sigue denunciando la proliferación de asesores, altos cargos y libres designaciones.
 
Al actual Gobierno, CSI·F le pide que vuelva a reunir la Mesa de la Función Pública y active la negociación que hasta ahora es inexistente, porque de cara a las elecciones los empleados públicos quieren ser parte activa porque son muchos millones de familias que se juegan el pan.
Elecciones sindicales
El sindicato va a seguir insistiendo en la necesidad de abrir estos cauces de diálogo, al igual que se está empezando a abrir en la empresa privada. CSI·F se opondrá a la congelación salarial y a las tasas de reposición con un incremento "pírrico". A menos de dos meses para que concluyan las elecciones sindicales de los centros de trabajo, CSI·F calcula que logrará 6.000 delegados en el sector público (un 16 % del total) y unos 4.500 en la empresa privada, una cuantía que va en aumento desde que entrara en este sector hace más de 7 años.

martes, 19 de mayo de 2015

Gasto y volumen poblacional, la eterna cuestión del tamaño de los municipios

Un número importante de estados han acometido un proceso de fusión de sus municipios para reducir costes y mejorar su gestión  

Idl.UAM. Alba Vinas y Esther Pano.  La cuestión del tamaño de los municipios, esencialmente medido en términos de población, ha sido un elemento recurrente en el debate sobre la estructura y la planta local en España.
 
Se trata, de hecho, de una línea de preocupación que ha estado presente en la mayor parte de las discusiones sobre esta materia a nivel comparado. Un número importe de estados han acometido, en un momento u otro, un proceso de fusión municipal bajo la premisa fundamental de mejorar los costes en la prestación de servicios y construir unidades administrativas más capacitadas para prestar servicios públicos. Los casos más recientes son los de Francia, Grecia, Italia y Portugal que como consecuencia de la crisis económica y las presiones europeas, aprobaron medidas para reformular la estructura territorial en 2014, la primera, y en 2010 el resto. De hecho, Suecia, Noruega, Bélgica y Alemania ya habían impulsado iniciativas de ese tipo en los años 70.

Se trata, por tanto, de una línea de reforma compartida por países de naturaleza y tradición muy diversa. El hecho de que buena parte del debate haya pivotado alrededor de esta materia se fundamenta principalmente en una visión de los gobiernos locales en su vertiente prestacional y en la focalización en los aspectos vinculados a la eficiencia económica, no sólo por parte de la academia, sino también del propio discurso político. Desde luego cabe formularse una primera cuestión no menor respecto si se debe conceder la centralidad del debate a la perspectiva estrictamente económica.
 
Premisa
Desde la premisa de que las instituciones son algo más que unidades de producción, deberíamos convenir que existen otros aspectos que han de ser tenidos en cuenta de forma conjunta antes de impulsar medidas de este calibre. Así, es relevante observar cual es la posición de aquellos países que han profundizado en una tradición de amalgamar municipios. Si lo hacemos, observaremos que no todos tuvieron el mismo nivel de éxito. Es más, podríamos afirmar que aquellos sistemas de estructura más similar a la española (como sería el caso de Francia) se encontraron con serias dificultades a la hora de implementar estas reformas. A su vez, en el caso de aquellos que efectivamente han reducido de forma progresiva el número de municipios e incrementado su tamaño poblacional, los efectos no siempre son claros o unívocos. En buena parte de ellos, como en Dinamarca o los Países Bajos, la literatura es ambivalente y pone en duda los efectos finales de las reformas. Algunos autores (COPUS, 2006 y KJAER et al.,2010) ponen de manifiesto los posibles impactos negativos en el ámbito del funcionamiento democrático, la relación entre electorado y electos o la rendición de cuentas.
 
Si volvemos a la perspectiva estrictamente económica, los resultados de los estudios empíricos que se han realizado sobre esta materia son también ambivalentes y no parecen indicar un vínculo claro entre el incremento del número de habitantes de la unidad institucional responsable de la prestación y una mejora en términos de eficiencia. De hecho, en términos generales se podría poner en duda que el aumento del tamaño poblacional suponga una mejora de las economías de escala de forma automática y suficiente. Leer+

lunes, 18 de mayo de 2015

Algunas pistas para entender las elecciones locales del 24-M en clave provincial

IDLUAM. Mayte Salvador; Las Diputaciones Provinciales son los órganos de gobierno de la provincia y a día de hoy cuentan con una historia de más de 200 años desde su concreción en la Constitución de Cádiz de 1812 que reorganiza el sistema de administración territorial del Estado. En el año 1833 se aprueba una nueva configuración en provincias que ha permanecida prácticamente inalterada hasta nuestros días.

En las Comunidades Autónomas uniprovinciales -Madrid, Región de Murcia, Cantabria, Principado de Asturias, Navarra y La Rioja- no hay Diputaciones Provinciales porque las competencias de la diputación son asumidas por la propia Comunidad Autónoma. En las provincias y Territorios Históricos del País Vasco (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya), el órgano de gobierno y administración es la diputación foral. A diferencia de las diputaciones provinciales, son órganos de elección directa. En las islas no existen las diputaciones provinciales, porque al frente de cada isla o agrupación de islas hay un consejo insular en Baleares, y un cabildo insular en Canarias. Pero en el resto de comunidades autónomas las diputaciones se configuran como órganos de elección indirecta, ya que su composición se establece a partir de los resultados de las elecciones locales, en las que se eligen los representantes políticos de los ayuntamientos.

De este modo, el próximo 24 de mayo de 2015, en las comunidades autónomas pluriprovinciales, no solo acudiremos a las urnas a elegir a nuestros alcaldes y concejales en los Ayuntamientos, también estaremos eligiendo a los presidentes y diputados de las Diputaciones provinciales. Y aquí comienzan las dudas, muy razonables por lo demás, puesto que se trata de unas elecciones y un sistema electoral completamente atípico en el panorama europeo. España es el único país de la Unión Europea que elige a los representantes de sus gobiernos intermedios a través de un sistema electoral de sufragio indirecto o de segundo grado.
Pero esta forma de elección no responde a un mandato constitucional. La Constitución de 1978, en el artículo 141.2, establece que: “El gobierno y la administración de la provincia estarán encomendadas a las diputaciones provinciales u otras corporaciones de carácter representativo”. Una regulación muy general y ambigua si se contrasta con la que el artículo 140 establece para la elección de los concejales y el alcalde en los ayuntamientos. La Constitución, únicamente se refiere a que el gobierno de la provincia será ejercido por un órgano representativo pero sin mencionar ninguna modalidad electoral concreta como en el caso de los municipios. Esa opción abierta de la Constitución deja un amplio espacio de configuración al legislador orgánico para concretar qué tipo de sistema electoral se incorpora.
Elecciön indirecta
La consecuencia de este sistema de elección indirecta es un profundo desconocimiento y la escasa visibilidad de la institución provincia por parte de los ciudadanos. Bajo el lema de “elecciones locales”, el proceso electoral que se abre cada cuatro años y cuyas elecciones se celebran durante el mes de mayo es, en verdad, un proceso de elecciones municipales, y solo muy indirectamente un proceso de elecciones provinciales. Pero aun así, cuando estamos votando una lista electoral para nuestro ayuntamiento estamos también votando a los diputados provinciales y al presidente de la Diputación. Su elección, como refleja la Ley 7/1985 de Régimen local se realiza de forma indirecta a partir de los resultados de las elecciones municipales.
Normalmente el elector permanece totalmente ajeno a estas cuestiones, porque el modelo de elección de diputados provinciales no solo es a través de un sufragio indirecto y tomando como circunscripción el partido judicial (1), sino que son los diferentes partidos, coaliciones o agrupaciones electorales, los que eligen a los diputados provinciales entre aquellos miembros que han obtenido previamente la condición de concejal. Eso quiere decir que hay tantos cuerpos electorales como partidos que consigan representación. Los votos obtenidos por cada partido político en las circunscripciones delimitadas por los partidos judiciales, determinan el número de diputados provinciales asignado a cada partido, que se elegirán entre los concejales o alcaldes. Finalmente, el Pleno de diputados provinciales será en tercera instancia el encargado de elegir al presidente de la Diputación.
Por tanto, en la práctica, la probabilidad de conocer al candidato a presidir la institución provincial y quiénes, en su caso, están llamados a formar parte del gobierno provincial es casi tan remota como la de saber a qué partido judicial pertenece nuestro municipio. En este caso, además, no solo por la incertidumbre siempre existente sobre los resultados electorales, sino porque los candidatos se escogen con posterioridad al escrutinio.
Un problema adicional estriba en que los partidos judiciales no son actualmente una circunscripción electoral que se ajuste realmente al asentamiento de la población en el territorio, y eso provoca una distorsión significativa a la hora de repartir escaños. Al asignar un escaño a cada uno de ellos, independientemente de la población, se produce por un lado, una sobrerrepresentación de los partidos judiciales con una población muy reducida y una infrarrepresentación (relativa) de los grandes municipios. Aun así, la paradoja consiste en que aquellos municipios que recurren muy poco o nada a la Diputación Provincial para demandar asistencia técnica o cooperación, como son las capitales de provincia y los municipios mayores, son los que al final acaban determinado la composición de la Diputación Provincial. leer+

sábado, 16 de mayo de 2015

Ya se puede pedir cita previa desde el teléfono 060 para obtener o renovar el DNI y el pasaporte

Se espera que en el año 2015 se atiendan por este canal más de 3 millones de llamadas para solicitar o renovar el DNI y el Pasaporte
 
 
Teleprensa.- La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Dirección General de la Policía han firmado, el pasado 20 de abril de 2015, un acuerdo de colaboración para la prestación de los servicios de atención telefónica en materia de cita previa para la obtención del DNI y Pasaporte, a través de la plataforma de telefonía 060.
 
El servicio esta operativo desde el de 30 de abril, de forma que marcando el número 060, se puede acceder al servicio para solicitar, anular o consultar citas o simplemente pedir información sobre la documentación necesaria para la obtención de dichos documentos. Estos servicios también podrán ser obtenidos temporalmente marcando el teléfono 902 247 364.
 
Se espera que en el año 2015 se atiendan por este canal más de 3 millones de llamadas para solicitar o renovar el DNI y el Pasaporte, que se sumarán a los 4 millones de llamadas anuales que ya se reciben actualmente a través de la infraestructura 060, en materias como tráfico, empleo público, extranjería, directorio de las Administraciones Públicas e información general.
 
La extensión del servicio de atención telefónica 060 es una de las medidas que ha puesto en marcha la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, (CORA) para posibilitar que los ciudadanos no tengan que recordar el número de atención concreto para cada gestión con la Administración y obtengan un mejor servicio tanto en tiempo de respuesta como en calidad de la información. La Administración también se ve favorecida al prescindir de infraestructuras de telefonía y servicios de atención específicos.