miércoles, 23 de julio de 2014

Hacienda y AA.PP incluye recortes salariales en su propuesta a las comunidades autónomas para racionalizar el gasto

En cuanto al personal las propuestas giran en torno a la supresión o reducción del complemento de productividad, la eliminación de los complementos adicionales de las pagas extra o la supresión de los planes de pensiones.
 
Revista de prensa. EP. 22.7.2014.- El copago de diversos servicios sanitarios, como la asistencia a consulta médica y las urgencias, o que el paciente asuma un coste por la expedición de las recetas médicas, serán algunas de las propuestas de "racionalización del gasto público" que el Ministerio de Hacienda  y las comunidades autónomas tendrán sobre la mesa en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo día 31.
 
Entre otros asuntos del orden del día, el Departamento dirigido por Cristóbal Montoro y las autonomías analizarán un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, con un total de 255 medidas para la "racionalización y mejora de la eficiencia del gasto público" generado por un grupo de trabajo creado 'ad hoc' el pasado mes de junio.
 
El texto ha sido remitido por el Ministerio a todas las comunidades para que tengan oportunidad de analizarlo antes de la próxima semana, aunque el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha puntualizado este martes que no se trata de propuestas del Ejecutivo, sino de medidas planteadas por las propias autonomías. "El Ministerio defiende que no hacen falta en este momento más recortes sino que lo que hace falta es eficiencia en el gasto", ha explicado en declaraciones a Europa Press.
 
Esta batería de propuestas de "racionalización" abarca ámbitos muy diversos que afectan a los funcionarios, las televisiones autonómicas o el uso de los servicios públicos, pero sobre todo incluyen numerosas propuestas relativas a la prestación sanitaria. Entre ellas se encuentra el copago por la falta de asistencia a citas programadas, el copago por asistencia a consulta médica y de urgencias o el copago por prestaciones ortoprotésicas, interrupciones del embarazo y fecundaciones in vitro.
 
Desgravación por seguros médicos privados
También incluye el establecimiento de una cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando entre pensionistas y trabajadores activos y teniendo en cuenta a los enfermos crónicos; y la posible desgravación fiscal para los ciudadanos con seguro médico privado.
 
Las comunidades también han planteado alternativas como controlar el número de prescripciones por paciente, la revisión de la cartera de servicios, la regulación de los turnos médicos y centralización de guardias o establecer una regulación "más clara" para la atención sanitaria a la población inmigrante.
 
Otras medidas serían el alquiler de instalaciones al sector privado, el cobro de aparcamientos en los hospitales, el establecimiento de tasas hosteleras en los centros médicos o la compensación económica específica a las autonomías por el incremento del IVA sanitario.
 
Suprimir o eliminar el complemento de productividad
En cuanto al personal del sector público administrativo, algunas de las propuestas giran en torno a la supresión o reducción del complemento de productividad, la eliminación de los complementos adicionales de las pagas extra de junio y diciembre o la supresión de los planes de pensiones.
 
En políticas activas de empleo, la supresión de gastos no vinculados a esta actividad o la revisión del gasto en formación. Otras de las propuestas puestas sobre la mesa contemplan un ajuste contrato-programa de las televisiones autonómicas, así como mejoras en el uso del parque móvil compartiendo vehículos o limitando su uso y estudiar la concesión privada de determinados servicios públicos.
 
El documento también incluye medidas específicas para la eliminación de duplicidades, tendentes a la eliminación o integración de diversos entes públicos, como la asunción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos de las funciones de las agencias catalana y vasca.
 
Las CC.AA. se desentienden de los recortes
Este documento ya ha llegado a las comunidades y la mayoría se ha apresurado a asegurar que se trata de medidas que no entran entre sus previsiones para los próximos ejercicios. Por ejemplo, el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha defendido que el debate debe girar sobre ingresos y "no sobre recortes". Leer+

martes, 22 de julio de 2014

Las AA.PP tienen un mes para hacer efectiva la tasa para financiar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

El Ejecutivo aprobó la creación de la Autoridad Fiscal en julio de 2013 con el objetivo de analizar la política presupuestaria. El organismo se pronunciará sobre las iniciativas propias de las administraciones que afecten a materias previstas en la ley de estabilidad presupuestaria.
 
Revista de prensa. EP. 21.8.2014. Las Administraciones Públicas tendrán 30 días para abonar la tasa que les corresponde pagar para financiar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, según la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes.
 
Con la publicación de esta orden, que aprueba el modelo 017 de la tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal, queda definido el modelo que servirá para pagar la tasa, que consta de tres ejemplares: el de obligado cumplimiento tributario, el que se quedará la entidad bancaria y que el se quedará la Autoridad Fiscal.
 
Este modelo será presentado por el Estado, las comunidades, las ciudades autónomas, las corporaciones locales y la Tesorería General de la Seguridad Social por la prestación de servicios por parte de la Autoridad Fiscal.
 
La presentación del modelo se efectuará en impreso y será realizada en la entidad de depósito que establezca la Autoridad Fiscal en la cuenta correspondiente. El ingreso de la tasas se realizará en la cuenta establecida a través de transferencia bancaria, cheque nominativo o adeudo en cuenta.
 
La autoliquidación del modelo 017 se deberá presentar dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se produzca el devengo de la tasa. En el caso de la tasa devengada el 1 de enero de este año, la orden establece que el pago se realizará en los 30 días naturales siguientes a su publicación en el BOE, por lo que tendrán que hacerlo en los próximos 30 días.
 
El Ejecutivo aprobó la creación de la Autoridad Fiscal en julio del año pasado con el objetivo de analizar la política presupuestaria. Así, el organismo se pronunciará sobre las iniciativas propias de las administraciones que afecten a materias previstas en la ley de estabilidad presupuestaria.
 
 Financiación y exenciones
En el proyecto de ley se establecía que la tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal establecería como hecho imponible la prestación a las administraciones públicas de los servicios que llevará a cabo la autoridad fiscal independiente y sus contribuyentes serán por tanto todas las administraciones públicas, incluida la Seguridad Social.
 
El pago de la tasa, de la que únicamente estarán exentas las entidades locales cuya base imponible sea inferior a la que se determine en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, se devengará el 1 de enero de cada ejercicio fiscal y la base imponible estará constituida por el importe de los créditos iniciales para operaciones no financieras contempladas en los capítulos 1 a 7 del último presupuesto aprobado por cada administración.
 
Por su parte, el tipo de gravamen aplicable se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 (LA LEY 20990/2013) como un porcentaje de la base imponible que permita mantener el equilibrio financiero de las tasas y podrá ser modificado en estos mismos términos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año.
 
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se financiará con el 0,00085 % de los presupuestos de las diferentes administraciones, una tasa de la que quedarán exentas las entidades locales cuya base imponible sea inferior a 200 millones de euros.
 
En la Ley de Presupuestos de 2014 el Gobierno estableció que la Autoridad Fiscal contaría con el 0,00085% de los presupuestos públicos de las diferentes administraciones, aunque quedarían exentas las entidades locales cuya base imponible sea inferior a 200 millones de euros.

domingo, 20 de julio de 2014

Buenas prácticas: El portal empleate.gob.es

 https://empleate.gob.es  está conectado al  Portal de Garantía Juvenil, una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes menores de 25 años al mercado de trabajo que no trabajan ni están en formación.
 
Revista de prensa. Cinco Días. El ministerio de Empleo, en colaboración con la Obra Social La Caixa, ha puesto en marcha el nuevo portal Empléate, que aglutina casi 23.000 ofertas de empleo. Su objetivo es canalizar toda la oferta procedente de los distintos servicios públicos de empleo así como los puestos demandados procedentes de otros portales adheridos a la iniciativa.

Estas son algunas claves:

¿Qué es el portal público de empleo?
Se trata de un portal único para canalizar toda la oferta procedente de los distintos servicios públicos de empleo, estatal y autonómicos, así como de los portales privados que se sumen al proyecto. Es una iniciativa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en colaboración con Obra Social “la Caixa”
 
¿Cuál es la dirección web?
El portal es https://empleate.gob.es Además está conectado al nuevo Portal de Garantía Juvenil, una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes menores de 25 años al mercado de trabajo que no trabajan ni están en formación.
 
¿Qué portales colaboran?
Hasta ahora, además del sistema público de empleo, otros siete portales privados se han sumado al proyecto: Infoempleo, Monster, Tic Job, Trabajando.com, Universia, FSC Inserta de la Fundación ONCE y Hazloposible.
 
¿Cuántas ofertas de trabajo tiene?
Según anunció la ministra, Fátima Báñez, el portal arranca con 23.000 ofertas, correspondientes a más de 85.000 puestos.
 
¿Cómo se solicita?
Lo primero es registrarse a través de un formulario. La inscripción permite utilizar los servicios de búsqueda, consulta e inscripción a ofertas de trabajo, creación de currículum, anunciarse para que las empresas le encuentren como demandante de empleo y creación de alertas para que le lleguen las nuevas ofertas por correo y/o SMS.
 
¿Dónde conseguir más información?
En el teléfono 901119999 para ciudadanos y en el 901 010 121 para empresas.
 
¿Dónde están las ofertas?
La gran parte de las ofertas del portal se encuentran en España 19.706, pero también se recoge algunas propuestas de Alemania (51), Canadá (21) y Reino Unido (6).
 
¿Cuáles son los trabajos más demandados?
Por categorías, las más demandadas son: comercial/ventas (5.154 ofertas), dependientes/información (1.311), hostelería y turismo (1.000), informática y telecomunicaciones (962). En otras áreas destacan derecho/psicología/ciencias sociales (524 ofertas) y educación y servicios sociales (467)
 
¿Qué papel tendrán los autónomos?
Empleáte incluye el primer portal de ámbito público para autónomos en todo el territorio. pone a disposición de los autónomos un escaparate que les permitirá dar a conocer su propia actividad a empresas y particulares.

viernes, 18 de julio de 2014

Los gobiernos autonómicos de Madrid, Murcia y Canarias a la cola en transparencia

En el informe de TI sobresalen Castilla y León, Cataluña y País Vasco
 
Madrid, Murcia y Canarias son las autonomías que han obtenido un peor resultado en el índice de transparencia de las comunidades autónomas (INCAU), elaborado por la ONG Transparencia Internacional España. Por el contrario, las regiones de Castilla y León, Cataluña y País Vasco son las más transparentes.
 
El resultado global obtenido por las autonomías ha vuelto a mejorar en conjunto ya que la valoración media global de las diecisiete autonomías ha sido 88,6 sobre 100, mientras que en el anterior informe del año 2012 dicha puntuación fue del 79,9 y en el primero, del año 2010, fue 71,5.
 
Ocho sobresalientes
Según el Índice, que evalúa la transparencia de los gobiernos autonómicos, ocho comunidades obtienen una valoración de sobresaliente, lo que significa 90 ó más sobre 100: Castilla y León, Cataluña y País Vasco (las tres con 100 puntos), La Rioja (95), Galicia (94), Baleares y Comunidad Valenciana (ambas con 93) y Asturias (90).
 
Según el Índice, Madrid es la comunidad peor valorada con un 65,0 sobre cien, frente a los 72,5 que obtuvo en 2012 y los 80 de 2010. A esta comunidad le siguen en peor puntuación, Murcia (78,8) y Canarias (80,0).

El Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) 2014, elaborado por Transparencia Internacional España,  cumple su tercera edición , tras las de 2012 y 2010.      

En el acto de presentación han participado cuatro representantes de Transparencia Internacional España, su presidente,  Jesús Lizcano  y  Antonio Garrigues, Manuel Villoria y Beltrán Gambier.

 Ver Resultados del INCAU 2014      

jueves, 17 de julio de 2014

Razones y contradicciones de la Reforma Local

"El control estatal y autonómico sobre las competencias impropias es desproporcionado y contrario a la garantía constitucional de la autonomía local por su carácter preventivo y de oportunidad"
 
Por Francisco José Villar Rojas es Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna.- El artículo se publicó en la Revista El Cronista n.º 46 (Iustel - 2014) y en la web del INAP.
 
I. Reforma Local por la crisis económico-financiera
Tras aproximadamente dieciocho meses de debate -a partir de la difusión pública del borrador elaborado por el Instituto Nacional de Administración Pública en mayo de 2012 (1)-, las Cortes Generales aprobaron la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (desde ahora, LRSAL) (2).
 
 Con ella se pretende la reforma de la Administración Local española para acomodarla a la nueva realidad de las cuentas públicas resultante de la crisis económico-financiera; que, entre otras cargas, impone la reforma (estructural) de las Administraciones públicas; una reordenación que afecta, sustancialmente, a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local (desde aquí LBRL) y al Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de 2004 (en adelante TRLHL) (3).
 
Que ese es el sentido de la reforma cabe entenderlo en función de los términos que adjetivan esta norma: "racionalización" (4) y "sostenibilidad" (5), los mismos que se vienen empleando, de modo repetido, para justificar cuantas medidas de ajuste de lo público que se vienen adoptando en respuesta a la crisis económico-financiera (6). Distinto es que, realmente, esas referencias den cuenta de los fines y de las medidas contenidos en esta Ley (7).
 
El análisis que sigue pretende poner de manifiesto la distancia existente entre las razones alegadas por el legislador para justificar la reforma y los motivos que se reconocen en el conjunto de las medidas aprobadas, incluyendo la voluntad de aplicación inmediata (8), y las contradicciones que esa disparidad comporta (9).
 
II. Razones alegadas
La exposición de motivos de la Ley dice que es necesario dar cumplimiento a las exigencias de adaptación de la legislación básica de régimen local impuestas por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (desde aquí, LOEPSF) con el fin de implementar los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y uso eficiente de los recursos públicos, mediante la adaptación de algunos aspectos de la organización y funcionamiento de la Administración local, así como mejorar su control económico-financiero. Pero se trata de una afirmación sin fundamento.
 
La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no contiene mandato alguno que imponga la modificación de la Ley de bases del Régimen Local. No lo precisa, puesto que las Administraciones locales entran de pleno dentro de su ámbito subjetivo y objetivo de aplicación (arts. 1 y 2.1.c LOEPSF). Es más, el Consejo de Estado apuntó la contradicción entre la reforma y la LOEPSF en cuando al modo de "evaluar" la sostenibilidad financiera (servicio a servicio, como planteaba el anteproyecto de ley, versus el conjunto de la hacienda local (10)).
 
Con todo, es posible plantearse si, en realidad, esa adecuación resulta de la necesidad de cumplir, en sentido material, las previsiones del artículo 135 de la Constitución. Sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma.
 
Es pacífico que las Entidades Locales tienen una contribución minima a la deuda pública (4,6% EELL -equivalente a 42.000 mill/euros-, frente al 20,6% CC.AA. y el 75% Estado, sobre 92% PIB, primer trimestre 2013) (11). A su vez, es igualmente pacífico, que la mayor parte de esa deuda corresponde a municipios de más de 20.000 habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Málaga, 11.700 mill/euros; de los que Madrid, 7.700 mill/euros) (12). Por otra parte, las Administraciones locales tampoco contribuyen al déficit público (0,3% en 2012, 0% en el periodo 2013-2015). Es más, la previsión para final de 2013 es un superávit en conjunto del 1% sobre PIB.
 
En consecuencia, ni la deuda ni el déficit público locales tienen suficiente peso como para imponer la reforma puesta en marcha. Obviamente, la racionalización de la Administración local, como de todas las Administraciones públicas, es siempre necesaria. Ahora bien, en términos de lealtad institucional, los problemas relacionados con el citado artículo 135 de la Constitución se encuentran sobre todo en la Administración del Estado y, en segundo término, en las Administraciones autonómicas. El legislador parece haberlo olvidado. En todo caso, descartadas las razones alegadas por el redactor de la norma, a falta de otra referencia, la única manera de reconocerlas es a partir de los objetivos que se dice perseguir: clarificar las competencias, racionalizar la estructura administrativa, un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada; y de las medidas aprobadas en relación con cada uno de ellos. Se exponen, a continuación, las que pueden considerarse más significativas.
 
III. Objetivos y medidas aprobadas
1. Clarificación de las competencias
a) Lo que dice el preámbulo
El primer y principal objetivo es clarificar competencias para conseguir el ideal: "una Administración, una competencia". ¿Por qué? 1) porque hay concurrencia competencial, 2) duplicidad en la prestación de servicios, 3) prestación de servicios por los municipios sin título competencial y 4) por hacerlo sin contar con recursos adecuados; dando lugar al ejercicio de competencias "impropias" y supuestos de duplicidad de competencias. Esto es lo que dice el redactor de la norma. Pero se trata de motivos merecedores de crítica.
 
En efecto, la concurrencia competencial es inevitable y, salvo vuelta al Estado central, lo seguirá siendo en el Estado de las Autonomías. Es inevitable que, para una misma materia, concurran dos o más Administraciones públicas. Es querido por el ordenamiento jurídico, por más que pueda ajustarse (p. ej.: bases estatales medio ambiente/ordenación autonómica de actividades clasificadas). En cuanto a la duplicidad de servicios, esto es, un mismo servicio prestado por dos Administraciones distintas, obteniendo el ciudadano lo mismo de una u otra, es una situación que no existe (y, si existe, es anecdótico). Es diferente que en la prestación puedan concurrir dos o más Administraciones: transporte urbano e interurbano; autorización autonómica y licencia municipal en suelo rústico o no urbanizable; servicios sociales comunitarios y especializados; ni siquiera se da esa situación cuando el mismo servicio tiene una dimensión diferente (bibliotecas estatales, provinciales/insulares y municipales; oficinas de turismo autonómicas y locales).
 
Por otra parte, en cuanto a la falta de título, lo cierto es que los Municipios vienen prestando servicios con habilitación legal expresa (artículos 25, 26 y 28 LBRL en relación con la Carta Europea de Autonomía Local, ratificada por España en 1988). En última instancia, la prestación de servicios con recursos insuficientes, en algunos casos es cierto, pero por falta de reforma haciendas locales -demanda histórica de los Ayuntamientos españoles-; y, también y sobre todo, por la retirada de la financiación estatal o autonómica de servicios locales promovidos por esas Administraciones (paradigma: las escuelas infantiles municipales puestas en marcha de conformidad con los arts. 1, 8, 15 y DA 15ª de la Ley Orgánica 2/2006, de la Educación; y los programas de empleo y agencias de desarrollo local, impulsados de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 56/2003, 16 de diciembre, de Empleo) (13).
 
b) Revisión de los principios estructurales de lo municipal
La primera medida se refiere a los principios que identifican lo municipal. Se sustituye el principio de "máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos" por el de "principio de proximidad", que junto a los de "eficacia, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera", delimitan el ámbito de actuación municipal (art. 2.1 LBRL). La explicación se encuentra en el papel alternativo en la prestación de servicios municipales que la reforma encomienda -o quiere encomendar- a las entidades locales supramunicipales (nuevo art. 26.2 LBRL).
 
El otro cambio se produce con la equiparación entre “coordinación” y autonomía local, declarando que las funciones de coordinación, sin mayor precisión, son compatibles con la autonomía de las Entidades Locales (art. 10.4 LBRL). Se olvida que la justificación de ese título de intervención es la afectación o incidencia de la actuación municipal en intereses supralocales, y sólo en estos casos (como se precisa en SSTC 27/1987, f.j. 4º y 214/1989, f.j. 21º).
 
Con esta doble iniciativa se desnaturaliza lo municipal, en tanto se hace igual una Diputación que un Ayuntamiento, lo provincial que lo municipal, lo cual, inevitablemente, lleva a preguntarse por la preferencia de una sobre otra. Parece desconocerse la distinta legitimidad democrática de estas entidades locales y la condición de cauce de representación política de los municipios; pero, sobre todo, la realidad de la mayor cercanía de los Ayuntamientos a las necesidades de los vecinos -algo que la crisis ha ratificado, en especial en materia de servicios sociales-. Igualmente, se debilita lo municipal con la equiparación entre coordinación y autonomía local, una declaración de principio que sólo puede explicarse en términos de minoración de la garantía constitucional, puesto que, bien utilizada, la coordinación es compatible con aquella, lo diga o no la legislación local.
 
c) Reordenación de las competencias
En razón de los objetivos planteados, el legislador diseña un nuevo cuadro de competencias, diferenciando: 1) propias, 2) delegadas y 3) impropias o distintas, y estableciendo criterios específicos sobre cada una de esas tipologías. En concreto, los elementos fundamentales del nuevo reparto competencial son los siguientes:
 
-Competencias propias (arts. 7.2, 25.2 y 26 LBRL):
-Reordenación de materias en las que se pueden ejercer competencias:
. Se elimina la seguridad en lugares públicos, los mataderos, la defensa de usuarios y consumidores, y la gestión de la atención primaria de salud (art. 25.2.g, i, LBRL, redacción anterior).
 
. Se reduce la actuación en servicios sociales, pasando de "prestación de servicios sociales, promoción y rehabilitación", a "evaluación e informe de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social" (art. 25.2.k versus art. 25.2.e LBRL).
 
. Se mantiene, en esencia, la intervención en educación: vigilancia escolaridad obligatoria, cooperación en obtención solares para centros educativos, conservación, mantenimiento y vigilancia centros de educación infantil, primaria y especial; si bien, esto último se circunscribe a centros de "titularidad local" (art. 25.2.n LBRL) (14).
 
. Se pretende establecer un listado tasado de materias, sólo ampliable vía delegación; en este sentido el inciso final "en los términos previstos en este artículo", añadido al artículo 25.1 LBRL. No obstante, esta voluntad del legislador pugna con otras previsiones, como la expresión "en todo caso", por tanto, listado de mínimos, del artículo 25.2 LBRL y, sobre todo, con la capacidad de las Comunidades Autónomas para atribuir competencias propias sobre sus competencias exclusivas (por todas, STC 214/1989).
 
. Se exige que cualquier nueva competencia sea atribuida por Ley expresa, con memoria económica y dotación de recursos, evitando duplicidades. No obstante, es pacífico que la ley estatal ordinaria no puede "armonizar" leyes autonómicas, ni siquiera imponer esas exigencias a futuras leyes estatales, dado el carácter de ley ordinaria que tiene la ley de bases del régimen local.
 
-Derecho transitorio:
Se prevé la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias en asistencia sanitaria, prestación de servicios sociales y educación. No obstante, su efectividad se demora en el tiempo, si bien no de forma homogénea (DA 15ª, DT 1ª y DT 2ª LRSAL) (15).
 
-Servicios municipales obligatorios:
Se produce un pequeño ajuste de la relación de los servicios obligatorios por población que constituyen el núcleo esencial de lo municipal; así se elimina el control de alimentos y bebidas, obligatorio en todos los municipios y se limita la intervención en servicios sociales que corresponde a los de más de 20.000 habitantes- (art. 26.1 LBRL).
 
-Competencias delegadas (art. 7.3 y 27 LBRL):
-Las CC.AA. pueden delegar competencias en cualquier Municipio, siempre que éste las acepte, con garantía de financiación por cinco años, previsión presupuestaria anual y cláusula de garantía en el respectivo convenio de delegación.
 
-Se incluyen entre las delegables las competencias que esta Ley acuerda traspasar a las CCAA en enseñanza, sanidad y servicios sociales (art. 27.3.c, d, e LBRL); y también otras ya traspasadas por leyes autonómicas a los Municipios como competencias propias (p. ej. leyes territoriales de actividades clasificadas y espectáculos públicos, cfr. art. 27.3.k LBRL).
 
-Competencias impropias (artículo 7.4 LBRL, se deroga art. 28 LBRL):
-Se definen como tales todas las competencias distintas de las propias y las delegadas.
-Su desempeño requiere: a) la verificación de que no se produce riesgo para la sostenibilidad financiera de la hacienda municipal en su conjunto, y b) no incurrir en ejecución simultánea del mismo servicio público con otras Administraciones.
 
-Se exige informe previo, necesario y vinculante, de la Administración competente sobre inexistencia duplicidades y de la Administración ejerza tutela financiera sobre sostenibilidad financiera.
 
-Evaluación de las competencias:
-Desaparece la obligación de evaluación de todos los servicios municipales, así como de las competencias y servicios impropios, y, con ello, las obligaciones automáticas de supresión o de gestión indirecta (se contenían en las DDTT 6ª y 9ª del anteproyecto de ley).
 
-Se traslada el control a la LOEPSF mediante el refuerzo del contenido de los planes económico-financieros (también de los planes de ajuste), que pueden incorporar las siguientes medidas: supresión de competencias, gestión integrada de servicios, incremento de ingresos, racionalización administrativa, supresión entidades menores, propuesta de fusión con otros municipios (art. 116 bis LBRL) (16).
 
d) Valoración del nuevo reparto de competencias
En materia de competencias, se formula un reparto ajeno a la realidad (ej: se desapodera a los Ayuntamientos de competencias en la prestación de servicios sociales, cuando, en tiempos de crisis, son ellos los que atienden la demanda ciudadana); igualmente, se establece un reparto incierto (ej.: se dejan competencias sobre educación en el ámbito municipal de forma transitoria, se demora el traspaso de competencias en servicios sociales, se extiende durante cinco años el traspaso de competencias en asistencia sanitaria) y se produce una asignación de tareas obligatorias desfasada de los tiempos (ej: la relación de servicios obligatorios coincide sustancialmente con la elaborada en 1985 y se excluye la prestación de servicios sociales primarios que la crisis ha situado en el ámbito municipal).
 
Por otra parte, se pretende una recentralización competencial con un listado de materias que, según parece, se pretende sea tasado (17), bien es cierto que en contra del carácter bifronte de la ordenación de la Administración local -los municipios están vinculados con el Estado y con las CCAA, pero especialmente con éstas, STC 331/1993, f.j. 3º- y, por tanto, de la potestad normativa de las Comunidades Autónomas para desarrollar las bases del régimen local y, en concreto, para otorgar nuevas competencias a los municipios de entre aquellas que le corresponden estatutariamente, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional (por todas, STC 214/1989, f.j.1º, con cita de otras anteriores). Dicho de otro modo, las Comunidades Autónomas pueden atribuir como propias competencias a los municipios a través de la legislación sectorial que aprueben en los ámbitos materiales de su competencia; y ello de conformidad con el reparto constitucional y estatutario de competencias, con la plenitud de la competencia legislativa autonómica y de la competencia de autoorganización para decidir cómo y qué entidad pública ejerce las competencias autonómicas.
 
En última instancia, el control estatal y autonómico sobre las competencias impropias es desproporcionado y contrario a la garantía constitucional de la autonomía local por su carácter preventivo y de oportunidad y porque todo informe vinculante constituye un supuesto de compartición competencial y, por mucho que sea lea, la Ley no prohíbe el ejercicio de las competencias impropias o distintas. Además, la Ley tampoco exige su evaluación inmediata -en contra de la previsión del anteproyecto de ley-, de modo que las competencias antes complementarias, ahora impropias, se pueden seguir ejercitando sin que, en razón de las reglas que rigen la sucesión de normas en el tiempo, sea preciso su acomodo a los trámites exigidos a las nuevas competencias impropias; ello, claro está, sin perjuicio de que las mismas puedan resultar afectadas por los planes económico-financieros o planes de ajuste a que puedan estar sometidos los Ayuntamientos que las vengan ejerciendo.
 
2. Racionalización de la estructura administrativa
a) Lo que dice el preámbulo. Leer+

miércoles, 16 de julio de 2014

Profundizar en la Reforma de las Administraciones Públicas

Según el IIE, entre otras cosas,  "Hace falta consolidación presupuestaria… y profundizar en la reforma de la Administración".


 Blog espublico.es. En el último Boletín de Coyuntura Económica del Instituto de Estudios Económicos (IEE), con el título de ‘Consolidar el crecimiento, crear empleo’, se destaca que la recuperación económica sigue avanzando entre los países desarrollados, pero a un ritmo moderado.

 Asimismo, y respecto a España, subraya que sigue avanzando en su proceso de recuperación, gracias a la notable mejora de las condiciones financieras que se produjo durante 2013 y la primera mitad de 2014, y a las reformas estructurales y a la corrección de desequilibrios. También subraya que la demanda nacional ha completado su ajuste, y ya ha comenzado a crecer, al tiempo que se empieza a crear empleo.
Dos factores y profundizar en la reforma de la Administración
Pese al proceso de mejora de la economía española, el IEE resalta dos factores que pueden incidir en que dicha recuperación sea sostenida. Por un lado, califican como débiles sus efectos sobre el mercado de trabajo; y, por otro, debe continuar el proceso de consolidación fiscal: “El todavía abultado déficit público y la elevada deuda de todos los agentes de la economía pueden suponer un freno al crecimiento futuro de nuestro país”. Por ello insisten en la consolidación presupuestaria, a la que consideran fundamental para revertir la situación.
¿Qué otros aspectos subrayan? Se debe simplificar la tributación directa y aumentar las bases imponibles de la tributación indirecta; aumentar la lucha contra el fraude fiscal; mantener la unidad de mercado; consolidación presupuestaria… y profundizar en la reforma de la Administración.
OPERA y CORA
Desde junio de 2013, con la aprobación del Real Decreto 479/2013, por el que se creó la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración (OPERA), con el objetivo de velar por la ejecución de las medidas incluidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), se han venido produciendo algunas transformaciones que permitirán ahorros significativos a las arcas del Estado.

 Para el desarrollo de sus trabajos se han creado cuatro subcomisiones: Duplicidades administrativas, que tiene por objeto identificar y eliminar duplicidades y reforzar los mecanismos de cooperación entre Administraciones; Simplificación administrativa, que persigue la eliminación de trabas burocráticas y la simplificación de procedimientos en beneficio de los ciudadanos; Gestión de servicios y medios comunes, que se ocupa de identificar las actividades de gestión que, por ser similares, pueden desempeñarse de forma centralizada o coordinada, aprovechando mejor los recursos públicos; y Administración institucional, que analiza la tipología de los entes que la componen, proponiendo modificaciones generales y actuaciones singulares sobre entidades concretas.
Atendiendo al ‘Informe trimestral de seguimiento de las medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas’, de marzo de 2014, hasta esa fecha, la CORA ha elaborado un total de 221 propuestas de medidas, de las que 63 ya se han ejecutado (el 28,5%), 74 están en una fase avanzada, 77 en una fase media de implementación y, por último, 7 están en fase inicial. “No hay muchas dudas sobre la conveniencia económica de gran parte de las medidas de reforma de las Administraciones Públicas, aunque han de profundizarse en los trabajos en las mismas, acelerando su puesta en práctica, concluye el boletín.

martes, 15 de julio de 2014

El abuso de la dedocracia con la libre designación

"Hablando en plata, estamos en presencia de una auténtica “dedocracia” que pone en cuestión la neutralidad, la objetividad y la independencia con la que deben actuar los funcionarios públicos"
 
Elisa de la Nuez. Blog ¿Hay Derecho?.- Recientemente he dado una charla en un curso organizado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) sobre el tema de los nombramientos de libre designación en la Fiscalía, y la posibilidad de su control judicial o/y de su control “preventivo” mediante un procedimiento de designación transparente y riguroso.
 
Más allá de las cuestiones técnicas, sobre las que habrá ocasión de volver en este blog, lo que más me sorprendió fue los casos concretos que me plantearon los fiscales asistentes.
 
Perfiles al gusto 
 Según me comentaron, no había nunca ninguna motivación ni justificación razonada de por qué se daba una plaza de libre designación a un candidato y no a otro, e incluso a veces se habían dejando puestos de trabajo sin cubrir porque el perfil del candidato, pese a reunir todos los requisitos legales, no le gustaba demasiado al Fiscal general del Estado. Otras veces lo que ocurría es que se felicitaba por adelantado a uno de los candidatos pese a que todavía no se había dictado resolución alguna respecto a la plaza. Otras, se advertía a los candidatos interesados de que la plaza publicada “no es para tí”. Por no hablar de que en los casos en que los responsables se dignaban dar explicaciones la justificación de la elección se basaba en méritos tales como la capacidad de crear buen ambiente.
 
En fin, con esta pequeña introducción simplemente lo que quiero poner de relieve es que el problema de los nombramientos de libre designación, o para ser más exactos, el problema de la total falta de control de este tipo de nombramientos está absolutamente generalizado en las Administraciones Públicas españolas, incluida la Administración General del Estado.
 
Conviene recordar que estamos hablando de los nombramientos de los puestos de trabajo de mayor nivel dentro de las Administraciones Públicas, ya se trate de los que ocupan Fiscales, Inspectores de Hacienda, Inspectores de Trabajo, Técnicos de la Administración Civil, Técnicos Comerciales o funcionarios cualquier otro Cuerpo. El hecho de que el candidato tenga que ser funcionario incluso normalmente de una determinada categoría no es un obstáculo para considerar que la total discrecionalidad -que muchas veces linda con la pura y simple arbitrariedad- con la que se realizan este tipo de nombramientos es un problema grave. Hablando en plata, estamos en presencia de una auténtica “dedocracia” que pone en cuestión la neutralidad, la objetividad y la independencia con la que deben actuar los funcionarios públicos.
 
 Es un problema muy analizado en otros países -de nuevo hay que hacer referencia al Instituto sobre calidad del Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia- que es el de la politización de la carrera del funcionario público que se refiere a la cuestión como  ”el dilema del techo de cristal del funcionario neutral”. Esto quiere decir pura y simplemente que hoy en España un funcionario neutral tiene un “techo de cristal”, o pocas posibilidades de ascender a un puesto de libre designación, dado que se van a primar méritos no profesionales a la hora de seleccionar a los candidatos, ya se trate de la afinidad ideológica, la confianza, la amistad o el puro y simple intercambio de favores.
 
Voz de alarma
Afortunadamente, son los propios funcionarios, en este caso de la Administración General del Estado, los que han empezado a dar la voz de alarma sobre este estado de cosas. En ese sentido la Junta de Personal del extinto Ministerio de Economía y Hacienda, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 40.1 (letras a y e) de la Ley 7/2007, que regula el Estatuto Básico del empleado público comunica que se ha visto en la necesidad de elaborar y aprobar, por unanimidad (en las reuniones del Pleno de 28 de mayo y 25 de junio) el informe y comunicado que acompañamos más abajo, en reacción a una política de personal basada en la “dedocracia”  que consideran tiene secuestradas la independencia, la objetividad y la imparcialidad de la función pública.
 
Como pueden ustedes comprender no se trata de un problema corporativo, sino de un problema muy grave que nos afecta a todos los ciudadanos porque si buena parte de  nuestros funcionarios se sienten presionados por este sistema de cobertura de puestos de trabajo y no pueden actuar con profesionalidad, objetividad e independencia tal y como exige nuestra Constitución corremos el riesgo de que nuestras instituciones no sirvan a los intereses generales, sino simplemente a los intereses particulares, ya sean los de un partido, un grupo de interés o incluso los de personas concretas que tienen la capacidad de influir en la designación de los funcionarios que ocupan estos puestos.
 
Por esa razón recomiendo la lectura del informe  INFORME PROV PTOS TRABAJO – TRABAJADORES  que me han hecho llegar desde la propia Junta para su difusión a través del blog ya que en las deliberaciones del Pleno los vocales han entendido que para que la denuncia sirva realmente para algo se le debe dar la mayor difusión posible. A mi juicio correctamente consideran que “hay que denunciar que la función pública, con estas cartas (marcadas), sirve para poco, y debemos ser los propios funcionarios quienes se defiendan (en aras a ganarnos la credibilidad y la legitimidad frente a la ciudadanía), sorteando las zancadillas de los funcionarios de estómago agradecido (que también los hay)” .De hecho CCOO ya tiene publicado en su web el comunicado. También es recomendable la lectura del criterio de la Junta sobre la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario que pueden encontrar aquí  OCTAVILLA- POVISION PTOS TRABAJO
 
Sistema corrompido
La denuncia en definitiva es muy clara. El sistema actual de cobertura de puestos por el sistema de libre designación está claramente corrompido. Urge cambiarlo y urge controlarlo en primer lugar  mediante medidas preventivas exigiendo procedimientos internos transparentes y rigurosos, donde se conozcan bien los méritos de cada uno de los candidatos y se justifique la selección. No debemos tampoco olvidar que un control fundamental es el de la presión de la opinión pública que debe exigir el cumplimiento de las previsiones constitucionales sobre la neutralidad de la función pública.  
 
Por supuesto existe también la posibilidad del control judicial de estos nombramientos, de la que  hablaremos en otro post, pero ya les adelantamos que hay muchas posibilidades de ganar esta batalla también en vía judicial, aunque siempre resulta un procedimiento más largo y ahora, gracias a las tasas, también más caro.  Porque afortunadamente aunque a nuestros gobernantes se les olvide cada vez con mayor frecuencia España es todavía un Estado de Derecho, gracias, entre otras cosas, a funcionarios como los que han elaborado estos informes y que nos devuelven la confianza en la dignidad de la función pública y nos recuerdan que muchos funcionarios conservan intacta una vocación de servicio a los intereses generales en estos tiempos complicados. A todos ellos nuestro agradecimiento como ciudadanos