domingo, 4 de diciembre de 2016

Seis tendencias para la formación corporativa en 2025 (II)


Por Jesús Martínez. Blog Trabajo Colaborativo.- En línea con los nuevos trabajos de prospectiva en la Administración Pública de Carles Ramió me permito, usando sus palabras, poner las luces largas y mirar las  tendencias que en  formación y aprendizaje corporativo se habrán consolidado en 2025.

Antes de empezar haré tres observaciones previas:

-La primera ya la hago explícita, es que me sitúo en parámetros del modelo 70 20  10. Creo que será preponderante.

-La segunda, y muy relacionada con la anterior, tiene que ver con la ampliación del campo de juego. La intervención desde  la formación/aprendizaje  corporativo dejará de estar preferentemente ubicada y basada en colectivos concretos (aquellos que voluntariamente piden formación de actualización y continua en base a catálogo, aquellos que necesitan formación inicial, aquellos que necesitan  formación para el cambio o pro promoción, etc.),   y se convertirá en vertebradora  de  estrategias de actuación globales,  con un enfoque aplicado al desarrollo de personas y de la organización, y conectada directamente a la eficiencia.( En esta línea, por ejemplo, el recordado y añorado Jay Cross, cuando hablaba con directivos y gerentes siempre evitaba utilizar la palabra formación por los efectos limitadores y reductores  del campo cognitivo que provocaba en sus interlocutores ( la palabra formación siempre les conducía a escenarios de  aula/experto)  y,  hablaba, directamente, de cómo mejorar la eficiencia y los resultados del negocio.

-Y la tercera, y aquí hago un ejercicio de optimismo, creo que el marco normativo actual, incluido el EBEP y las (pocas) normativas posteriores  que lo desarrollan , han de modificarse y acercarse a diseños organizativos que posibiliten organizaciones duales.

Las cinco tendencias para 2025
En la entrada anterior  hablábamos de dos tendencias de 2016 que se van a mantener . Una de ellas era la activación permanente de gestores y profesionales por renovar las prácticas y metodologías al considerar que los modelos tradicionales ya están amortizados. (Tampoco se aprecia que los modelos de formación por competencias vayan  a ser una alternativa  realista.Al menos si no se introduce la evaluación del desempeño). Y la segunda erael  excelente nivel ( en cantidad y calidad) de las prácticas  basadas en el aprendizaje social. Una muy buena muestra de ello, por ejemplo, son las múltiples experiencias que se presentaron la pasada semana en la jornada Todos y Todo en Comunidades de Práctica. Los vídeos os los podéis bajar desde este enlace.

Vamos ahora con las nuevas tendencias:

1.- La tecnología volverá a ser una palanca para la eficiencia
Los modelos 70 20 10 sólo podrán ser una realidad si tenemos espacios de trabajo conectados. Con lo cual, si o sí, la tecnología tendrá que renovarse a fondo para poder estar a la altura de lo que se le exige. No creemos que las apuestas BYOD prosperen , por elementales razones de seguridad (en  este post Nick Milton desarrolla  la idea). En cualquier caso las TICs deben asegurar como mínimo estas cuatro grandes necesidades.

Gestión: Serán habituales los aplicativos  inteligentes tipo  Business Intelligence.  Ofrecerán a  los gestores de formación, por ejemplo,  los mejores itinerarios  de formación y aprendizaje aconsejados para cada uno de los  empleados. Y, por extensión, un mapa del conocimiento actual de la organización y aquello que se necesitaría incorporar o potenciar ( según la línea de negocio) . Ésto, que en estos momentos, en nuestro entorno, parece ciencia ficción , ya es una realidad en otras organizaciones. Se le conoce con el nombre de eLearning path.

Administración de la formacion y creacion de conocimiento. Las herramientas actuales de las que disponemos son útiles para la administración de formación presencial y online. LMS como Moodle hacen bien su papel. Pero cuando se trata de establecer entornos colaborativos para la creación del conocimiento se quedan cortos. Y no funciona  reconvertirlos ( los LMSs) en espacios de trabajo colaborativo. La comunicación síncrona, que es un elemento esencial, no está incluida en ellos. En este aspecto creo que los nuevos aplicativos que vendrán  tendrán todas estas funcionalidades integradas.

Conexión entre profesionales: existirá una red social para toda la organización.  Con una arquitectura que combine inteligentemente segmentación grupal por prácticas y proyectos,  con círculos más amplios. Zincro es una de  las posibles. 

Gestores documentales. Ahora es la asignatura pendiente. Como sabemos,  una parte no menor  del tiempo de los empleados se pasa entre administrar el correo electrónico y buscar los  documentos necesarios para el trabajo (tanto en repositorios internos como a través de Google). La eficiencia vendrá a través de estas nuevas herramientas.

2.- Trabajo y aprendizaje serán  la misma cosa
Como decíamos al principio,  las propuestas 70 20 10 serán preponderantes. De forma natural se ubicarán  en esta nueva estrategia (debidamente dimensionadas), algunas de las  prácticas que ahora realizamos. Por ejemplo, en la parte correspondiente al 10 (prácticas formales), tendrán cabida aquellas propuestas de formación estratégica,  una parte -la más temprana- de la formación inicial, etc. Todo lo que tiene que ver con las comunidades de práctica, los grupos de trabajo colaborativo,las comunidades de aprendizaje,etc,  se ubicarán en el porcentaje 20. El resto, el 70, pasará a ser un híbrido entre trabajo y formación .Me gusta especialmente este esquema que presenta Charles Jenning en el que intenta presentar sus componentes principales.
Como es obvio, los departamentos de recursos humanos evolucionarán  y junto a la transformación de los departamentos de formación, acabarán siendo  una misma cosa. Definitivamente, así,   habremos acabado con el síndrome de los mundos paralelos que consagró la formación tradicional.

3.- Un nuevo rol para gerentes y directivos
Serán la columna vertebral del nuevo escenario. En un sistema meritocrático, al cual debemos llegar como requisito ineludible vía los cambios normativos que sean necesarios , los jefes, por emplear esta palabra, han de ser los mejores ( no sólo lo que acumulan  trienios;). Y este rol privilegiado y de excelencia ha de estar, en primera instancia, al servicio del desarrollo de personas y de la organización. En posesión (entrenados) en metodologías apreciativas. No se podrán  sostener este tipo de figuras de mando tradicional, en entornos abiertos, transversales, líquidos, conectados y de empoderamiento de profesionales,  solo con atributos de supervisión y control. La aceptación y legitimidad de los nuevos roles directivos vendrán por un liderazgo entendido como facilitación y servicio. Un manager de esta hornada lo podría podía verbalizar de esta manera: mediante mi experiencia y conocimiento contribuyo al desarrollo de las personas a mi cargo y  aporto valor para contribuir a su desarrollo. Justifico así mi papel, sino estorbo.

Evidentemente, los programas de desarrollo directivo para llegar a este nivel, tienen que empezar a ser ya una realidad. Y  la competencia Desarrollo de Personas debe ser una de las principales exigidas en  cualquier proceso  de selección y promoción de estos cargos.

4.- La formación será un componente más de la gestión del conocimiento organizacional.
La organización, como servicio público, asumirá el compromiso de eficiencia y de aportación de valor a los ciudadanos. Y se someterá, de oficio,  a evaluación pública permanente de sus resultados. Para que su actividad  sea sostenible será necesario recurrir a los modelos que ya otras organizaciones más exigidas vienen haciendo ( compañías petroleras, unidades militares, nucleares, etc. O sea,  recurrir a la disciplina de la Gestión del Conocimiento.  Los ciclos de creación de conocimiento, transmisión, distribución y recuperación posterior  subsumen ( y amplían)  las prácticas formativas tradicionales. Podemos mencionar,  recorriendo  a un clásico de la literatura de esta disciplina -la obra  Learning to Fly de Collison y Parcell de 2004-, que estas metodologías están aún por integrar ,( y explotar) en nuestros sistemas actuales de aprendizaje en el puesto de trabajo. Anoto,  literalmente,   las siguientes  herramientas y técnicas según tres momentos laborales:

a- Aprender de los compañeros: alguien lo ha dicho antes. Son reuniones de soporte y de puesta a punto.
b- Aprender mientras se hace: el momento de reflexionar. Aprender del último acontecimiento para aplicarlo al siguiente.
c- Aprender después de hacer: cuando todo ha terminado. Al final del proyecto, siéntese con todas las personas que han participado en él evalúe que fue bien y que podría haber ido y otro modo.

5.- Nuevos actores y funciones
Ahora la nómina de figuras en formación pasa por los formadores internos y externos. Empiezan a aparecer los dinamizadores de comunidad, pero ahí se acaba todo. Para 2025 me atrevo a pronosticar que habrá, además, otro tipo de figuras. Muchas de  ellas serán externas y contratadas según necesidad. Las  internas, serán polivalentes y versátiles.

-Gestores del conocimiento organizacional.
-Dinamizadores de grupos de trabajo y de proyectos.
-Curadores de contenidos.
-Gestores de redes.
-Gestores de procesos participativos.
-Conectores de personas y facilitadores de conversación
-Creadores y editores de contenidos ( en todo tipo de formatos).
-Antenas de captación de conocimiento externo.
-Mentores y  coaches.
-Especialistas en arquitecturas de aprendizaje.
-Analistas de datos de aprendizaje organizacional.

6.- El papel de los centros de formación.
Los centros de formación mutarán y se hibridarán   con los departamentos de recursos humanos. Estarán fuertemente orientados al  impulso de nuevos proyectos en función de las necesidades que las líneas de negocio marquen. En este sentido, y tomando como referencia a  alguna de las empresas y organizaciones punteras, será frecuente que cada departamento tenga que poner en marcha cuatro o cinco grandes nuevos proyectos anuales. Aquellos que muestren que aportan valor se quedarán,  y aquellos que no, desaparecerán. Igual pasará con los responsables de formación y RRHH: aquellos que impulsen proyectos de éxito continuarán, y aquellos que no, pasarán a líneas de negocio más conservadoras (de explotación y de mantenimiento).

En este contexto podríamos mencionar algunas funciones que añadirían a las que ahora tienen de selección,  formación inicial y estratégica. Por ejemplo:

-Serán impulsoras  y darán soporte y apoyo a las iniciativas de mejora e innovación de los empleados.

-Harán de  conectores de conocimiento y de personas;  y de personas entre sí,  a través de redes internas y externas.

-Continuarán en su labor de ser grandes espacios de reflexión, pensamiento y debate  en sus organizaciones.

-Asegurarán visibilidad y apoyo al talento interno.

-Serán laboratorios de nuevas tendencias.

-Serán  proveedores de servicios de aprendizaje a empleados y a la organización.

-Serán acreditadores de la formación y el aprendizaje realizado por los profesionales de forma autónoma.

-Y ,para hacer todo ello,  necesitarán serán estructuras poco burocratizadas, con poco personal pero muy cualificado. Contratarán  el conocimiento externo cuando se necesite, y utilizaran  el interno,  en la mayoría de los casos.

viernes, 2 de diciembre de 2016

Sosa Wagner: Debate en Cáceres sobre las Diputaciones Provinciales

"Ahora son las Comunidades autónomas que deben ser las que, en función de sus opciones políticas, las mantengan o las sustituyan por otras organizaciones"

Francisco Sosa Wagner.- Blog EsPúblico.- En la Universidad de Extremadura se ha celebrado un seminario organizado por la cátedra de Historia del Derecho de Cáceres (Dr. Sixto Sánchez Lauro) sobre el pasado y el futuro de las Diputaciones provinciales.

Del máximo interés porque hemos podido oír a especialistas, es decir, personas que no hablan de oídas y hemos podido apreciar las intimidades de la historia de estas instituciones provinciales, hoy en el centro del debate político. La primera conclusión que se obtiene es que las Diputaciones nacieron cuando el siglo XIX daba sus primeros tambaleantes pasos como un instrumento del Estado liberal y para garantizar la eficacia de su acción administrativa. Se ocupaban -fundamentalmente- del reparto de contribuciones entre los municipios así como de la tutela de estos ejercida a través del control de la actividad de los Ayuntamientos.

En la concepción gaditana (Discurso Preliminar que acompaña a la famosa Constitución) la provincia había de “fomentar la unidad de todos los españoles cualquiera que sea el Reino o provincia a la que perteneciesen”. Fue de manera algo incidental cómo se le atribuirían posteriormente competencias en materias como la instrucción pública, la caridad o la beneficencia, que curiosamente serán las que sirvan para ir empinando a la Diputación como entidad local lo que ya se ve muy claro en la legislación del último tercio del siglo XIX.

Pero lo más interesante del discurso de los historiadores es constatar la gran variedad de tareas que las Diputaciones -un poco por libre cada una de ellas y en función de las necesidades de sus poblaciones- fueron asumiendo.  Se están elaborando en estos momentos trabajos de investigación referidos a Diputaciones concretas y será a través de estos cómo nos haremos una cabal idea del papel jugado en el pasado por estas organizaciones. Porque hasta ahora el relato de todos nosotros -me incluyo obviamente- ha estado demasiado centrado en lo que al respecto decían las Constituciones y las leyes. Pero sabemos que, más allá de unas y de otras, late la vida con sus infinitas palpitaciones.

Hoy ocurre igual y así tenemos Diputaciones concentradas en actividades relacionadas con la atención primaria, otras con las infraestructuras o con la sanidad etc … Como tienen caracteres singulares en los archipiélagos o en los territorios “históricos” o no hay en las Comunidades uniprovinciales etc. Y este mosaico es bueno que exista porque refleja una realidad irisada y fecunda.
¿Tienen defectos las Diputaciones? Muchos, tantos como las demás instituciones. Por eso sorprende que, cuando se aborda este asunto en la actualidad, a nadie se le ocurra preguntarse, por ejemplo, por el diseño de la Administración periférica de las Comunidades autónomas, plagada de duplicidades y también de vicios, un asunto que ya la Comisión de Expertos de García de Enterría (1981) trató de solucionar al proponer que se utilizara a las Diputaciones para la gestión territorial de las competencias de las Comunidades autónomas. Tenía tal idea un sentido: evitar la creación de una Administación periférica de las Comunidades autónomas. Como era de temer, los partidos firmantes de los pactos autonómicos hicieron caso omiso de tal recomendación pues resultaba bien apetecible construir tentáculos provinciales de unas Administraciones incipientes como eran las Comunidades Autónomas con todas las posibilidades que albergaba de crear estructuras clientelares. Y de paso una función pública donde, con cierta frecuencia, el contratado, elegido con más libertad, sustituía al funcionario tradicional seleccionado en pruebas públicas.

Para mí es muy claro -y sé de la heteredoxia que representa mi posición- que procede retornar a los orígenes históricos y por ello colocar al espacio provincial a disposición del poder territorial superior para asegurar la eficacia en él de la acción administrativa. Ese poder territorial fue en el pasado el Estado naciente.

Ahora son las Comunidades autónomas que deben ser las que, en función de sus opciones políticas, las mantengan o las sustituyan por otras organizaciones.

De manera que, en atención al modo de asentamiento de las poblaciones (no es lo mismo el Norte cantábrico que Extremadura) y de otros factores relacionados con la cohesión territorial, entre los que debe jugar un papel primordial el tamaño que se desee de los municipios, se decidiría por los órganos de gobierno de las Comunidades autónomas la existencia o no del escalón provincial: si los municipios resultantes de la  reforma del mapa local, que deben propiciar de consuno el Estado y las Comunidades autónomas, fueran de apreciable envergadura, sobrarían  las Diputaciones. En caso contrario, pueden mantenerse aunque obligado es admitir la existencia de otras organizaciones alternativas como las comarcas, las mancomunidades de municipios, los consorcios o ¿por qué no decirlo? las sociedades mercantiles públicas cuyo capital se halle suscrito por varios  municipios colindantes y cuyo objeto social sea la gestión de determinados servicios locales comunes.

En este debate, nunca sobrarán la mesura y el buen sentido.


jueves, 1 de diciembre de 2016

Las notificaciones en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y el principio pro actione


El art. 41.7 de la Ley 39/2015 incluye una novedad muy significativa cuando declara que: “Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar”

Por Diego Gómez Fernández–Abogado- Blogs Novagob.- La nueva Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común que generaliza para todas las Administraciones Públicas las notificaciones electrónicas incluye otra novedad que podría vulnerar el principio pro actione que la jurisprudencia ha venido aplicando tradicionalmente en materia de notificaciones.

Hasta su entrada en vigor, en aquellos supuestos en los que existía una “doble notificación” de una resolución administrativa porque al ciudadano se le enviaba una notificación y al mismo tiempo se publicaba en el boletín o diario oficial correspondiente, la jurisprudencia venía entendiendo que el principio pro actione obligaba a permitir que el ciudadano pudiese empezar a contar el plazo para recurrir la resolución a partir de la última de ellas.

La STS de 15 de noviembre de 2012 (Casación 6999/2010) nos dice que “Esta Sala se ha pronunciado en diversas ocasiones acerca de la fecha de inicio del plazo para impugnar judicialmente resoluciones administrativas en las que concurrían la publicación y la notificación personal, siendo consolidada la jurisprudencia de que en tal supuesto la fecha posterior es la que inicia el plazo de impugnación, es decir, que en caso de haberse producido una notificación personal con posterioridad a la publicación debe ser esta última fecha la que inicia el plazo de impugnación: SSTS de esta Sala de 24 de septiembre de 2008 (Casación 5765/2004), de 26 de junio de 2009 (Casación 1079/2005), de 21 de julio de 2010  (Casación 1793/2006), de 12 de noviembre de 2010 (Casaciones 2686/2006 y 1879/2006) y de 15/12/2011 (Casación 254/2009).

Tal regla también es aplicable cuando la notificación personal es anterior a la publicación oficial, en que hay que estar a la última fecha -la de publicación- como de inicio del cómputo para recurrir, porque la notificación personal no es necesaria: SSTS de 11 de octubre de 2000 (Casación 2349/1998), de 31 de enero de 2012 (Casación 878/2008) y de 10 de julio de 2002 (Casación 3098/2000).

Así lo demanda el principio pro actione, cuando está en juego el derecho de acceso a la jurisdicción (STS de 30 de diciembre de 2011, Casación 208/2008, y las que en ella se citan).”.

 Esta última STS de 30 de diciembre de 2011 (Casación 208/2008) nos decía que “…en lo que ahora interesa, es de destacar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117.3 CE, los tribunales de este orden de jurisdicción contencioso-administrativo quedamos compelidos a interpretar las normas procesales, cuando del derecho de acceso a la jurisdicción se trata, no sólo de manera razonable y razonada, sin sombra de arbitrariedad ni error notorio, sino en un sentido amplio y no restrictivo, esto es, conforme al principio pro actione, con interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que, por su rigorismo, por un formalismo excesivo o por cualquier otra razón, se revelen desfavorables para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva o resulten desproporcionadas entre los fines que se pretenden preservar y la consecuencia de cierre del proceso (por todas,  SSTC 118/1987, de 8 de julio, FJ 3; 88/1997, de 5 de mayo, FJ 2; 3/2004, de 14 de enero, FJ 3; y 187/2009, de 7 de septiembre, FJ 2).”

La jurisprudencia también aclaró que este criterio regía no sólo para el inicio del cómputo de los plazos para interponer recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sino también para los recursos administrativos.

La STS de 7 de febrero de 2011 (Casación 599/2007) nos decía que: "…una jurisprudencia reiterada viene a señalar que si después de la notificación sobreviene la publicación, el plazo para impugnar debe computarse desde esta última. Pueden verse en este sentido, entre otras, las sentencias de 18 de junio de 2007 (casación 3081/02), 25 de junio de 2008 (casación 4524/04), 14 de diciembre de 2009 (casación 3851/2005) y 17 de diciembre de 2009 (casación 3541), 22 de abril de 2010 (casación 1062/06) y 21 de julio de 2010 (casación 1428/06). Podría objetarse que estas sentencias se refieren al cómputo del plazo de dos meses para la interposición del recurso contencioso- administrativo; sin embargo, por existir identidad de razón, debe aplicarse el mismo criterio cuando se trata del cómputo del plazo para interponer un recurso en vía administrativa, pues tanto en el artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa como en el artículo 48.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, determinan que el plazo para impugnar se computará desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto; y lo que la jurisprudencia citada señala es que, habiendo existido ambas, notificación y publicación , el plazo para impugnar se computa desde la última”.

¿Qué sucede ahora con la nueva Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común?

 El art. 41.7 de la Ley 39/2015 incluye una novedad muy significativa cuando declara que: “Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.”

El precedente de este artículo se encontraba en el ahora derogado art. 36.5 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, de aplicación a la Administración General del Estado, que nos decía que: “Cuando, como consecuencia de la utilización de distintos medios, electrónicos o no electrónicos, se practiquen varias notificaciones de un mismo acto administrativo, se entenderán producidos todos los efectos jurídicos derivados de la notificación, incluido el inicio del plazo para la interposición de los recursos que procedan, a partir de la primera de las notificaciones correctamente practicada. Las Administraciones públicas podrán advertirlo de este modo en el contenido de la propia notificación”.

 Si comparamos la dicción literal de ambos artículos, vemos que mientras que donde el art. 36.5 del RD 1671/2009 decía medios, el art. 41.7 de la Ley 39/2015 dice cauces, lo que en sí no supone una novedad si acudimos a una de las acepciones que dicha palabra tiene en el Diccionario de la Real Academia Española de la lengua (Cauce: “Conducto, medio o procedimiento para algo”.).

 Sin embargo, dentro de estos medios, el art. 36.5 del RD 1671/2009 sí especificaba a continuación que se refería a electrónicos y no electrónicos, cosa que como hemos visto, el art. 41.7 de la Ley 39/2015 no hace.

En este orden de cosas, si realizamos una interpretación de acuerdo con los antecedentes legislativos, la previsión del art. 41.7 de la Ley 39/2015 estaría reservada a aquellos casos en los que un ciudadano es notificado en papel y electrónicamente al mismo tiempo, puesto que eso era a lo que se refería el citado art. 36.5 del RD 1671/2009.

Sin embargo, si acudimos a la interpretación literal, como el art. 41.7 no distingue ni reduce esos distintos cauces de notificación a los de papel y electrónicos, nos podríamos encontrar con alguna sentencia que aplicase también dicho artículo a los supuestos de “doble notificación” (notificación y publicación) a los que antes me refería, lo que iría en contra de toda la jurisprudencia dictada hasta la fecha para dichos supuestos por aplicación del principio pro actione.

En el mejor de los casos para el ciudadano, aunque el art. 41.7 de la Ley 39/2015 sólo se refiriese a los supuestos en los que es notificado a la vez en papel y electrónicamente, dicha previsión que obliga a tener en cuenta la primera de las notificaciones en lugar de la última puede vulnerar también no sólo el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos en el que se basa el citado principio pro actione, sino también otros principios ya reconocidos en la legislación anterior y jurisprudencia dictada en su aplicación y que ahora han sido incluidos dentro de los principios generales que las Administraciones Públicas deben de respetar en su actuación del art. 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público como son los principios de Buena Fe y confianza legítima.

 A mi juicio, tal previsión se compadece mal con el principio antiformalista que la jurisprudencia tradicional reiterada ha declarado de aplicación al procedimiento administrativo, antiformalismo que como se ocupa de señalar la STS de 12 de julio de 2006 (Casación 4583/2003), “…no supone desprecio de las formas procesales sino preocupación por evitar que algo que está pensado para garantizar que la tutela judicial sea verdaderamente eficaz se transforme en valladar irracional e irrazonable que impida alcanzarla”.

 El procedimiento administrativo debe estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio del Poder ejecutivo, puesto que todos nosotros los ciudadanos somos los depositarios de la soberanía popular porque así lo declara el art. 1.2 de nuestra Constitución  cuando dice que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

Esta previsión del art. 41.7 de la Ley 39/2015, como la recogida en el apartado anterior (41.6) sobre que la falta de práctica del aviso no impedirá que la notificación electrónica sea considera válida, que he comentado en esta entrada anterior, no sólo parecen emanadas directamente del Poder Ejecutivo (debido a la mayoría absoluta parlamentaria que hacían innecesarios los pactos/modificaciones para aprobarla), sino que incluso pretende ir más allá, intentado marcarle la pauta al Poder Judicial, diciéndole en la ley lo que debe o no debe considerar válido y qué fecha ha de tener en cuenta a efectos de recursos, lo que me parece no sólo una mala praxis legislativa, sino una clara vulneración al principio constitucional de separación de poderes y desconocimiento de la superior jerarquía normativa de la Constitución.

Menos mal que los Juzgados y Tribunales sí que creen en esta separación de poderes y en el mandato constitucional que les otorga el art. 117 de la Constitución; muestra de ello la encontramos en la reciente STS de 16 de Noviembre de 2016 (Casación 2841/2015), comentada en esta entrada por el maestro Sevach El Supremo advierte: Las notificaciones electrónicas no admiten rebaja en las garantía”, que ha declarado que “…el cambio tan radical que supone, en tema tan sumamente importante como el de las notificaciones administrativas, las notificaciones electrónicas, en modo alguno ha supuesto, está suponiendo, un cambio de paradigma, en cuanto que el núcleo y las bases sobre las que debe girar cualquier aproximación a esta materia siguen siendo las mismas dada su importancia constitucional, pues se afecta directamente al principio básico de no indefensión y es medio necesario para a la postre alcanzar la tutela judicial efectiva, en tanto que los actos de notificación «cumplen una función relevante, ya que, al dar noticia de la correspondiente resolución, permiten al afectado adoptar las medidas que estime más eficaces para sus intereses, singularmente la oportuna interposición de los recursos procedentes» [ STC 155/1989, de 5 de octubre , FJ 2].”

La reforma introducida por la Ley 39/2015 y la revolución electrónica que ello supone tiene muchas cosas positivas. Pero para que esa reforma sea legítima, debe de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos en cualquier caso, pero mucho más en estos períodos de transición, en los que psicológicamente aún no estamos preparados para el cambio tan importante que supone pasar de una Administración en papel a otra electrónica del Siglo XXI.

Es cierto que somos una democracia joven y con fallos; pero también lo es qe, pese al sistema educativo manifiestamente mejorable, nos encontramos con la generación de españolas y españoles más preparada de nuestra historia, tanto dentro como fuera de la Administración. Solo necesitamos que las leyes que tengamos que aplicar estén a la altura, eliminando mediante una modificación legislativa todos aquellos aspectos que puedan poner en peligro o vulnerar los derechos de los ciudadanos. Sólo así conseguiremos que la reforma sea plenamente efectiva y aceptada por los ciudadanos que, entre otras cosas, somos los que con nuestros impuestos sostenemos todo el sistema y de los que, en último término como decíamos antes, emanan los poderes del Estado.

Para finalizar, recomendaros tres artículos muy interesantes, uno de Mª Pilar Batet Jiménez “Resumen de la práctica de notificaciones en la Ley 39/2015” de la Red Social de la Administración Pública www.novagob.org; otro en la misma red social de Concepción Campos Acuña Simplificación no es nombre de mujer” (A propósito de la Ley 39/2015)" y el tercero del blog imprescindible de Víctor Almonacid Lamelas sobre si “¿Las notificaciones electrónicas “rechazadas” se deben publicar en el BOE?”

miércoles, 30 de noviembre de 2016

La reforma clave para evitar la corrupción en la contratación pública, tramitada de urgencia y sin pasar por el pleno del Congreso

"El Gobierno anuncia medidas adoptadas sin proporcionar a la opinión pública el texto completo de las mismas, una dinámica que consideramos como publicidad de la acción de gobierno y no como auténtica rendición de cuentas"

Fundación Civio.es- La Mesa del Congreso ha aprobado hoy -martes 29 de noviembre- la tramitación de urgencia y con competencia legislativa plena por la Comisión de Hacienda de la reforma de la Ley de Contratos

Una norma tan importante y compleja debería pasar por el pleno y debatirse en profundidad entre todos los grupos y con la participación de la sociedad civil.

La Mesa del Congreso ha aprobado hoy la tramitación de urgencia y con competencia legislativa plena por la Comisión de Hacienda de la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Así, la reforma clave para evitar la corrupción en la contratación pública pasará, después de un año y medio de retraso en su aplicación, de forma exprés por las cámaras y sin el imprescindible debate en pleno.

La Fundación Civio se declara totalmente de acuerdo con que la trasposición de la directiva europea, que debía haberse producido antes de abril de 2016, es urgente. En abril de 2017 finaliza el plazo para enviar los primeros informes de su aplicación a Europa, una fecha que previsiblemente España tampoco cumplirá. Sin embargo, la urgencia y necesidad de estas medidas no justifican que se ignore la necesidad de un debate y una reflexión profundos, que permitan aprovechar esta oportunidad para aprobar una reforma que frene el constante goteo de casos de corrupción vinculados a la contratación pública. Civio considera que esta ley no puede aprobarse sin apenas cambios ni pasar sin pena ni gloria por Las Cortes.

El viernes 25 de noviembre se aprobaron dos proyectos de ley en Consejo de Ministros afectados por la directiva europea pero, hasta el momento de la emisión de este comunicado, ninguno de estos textos se ha hecho público. La Fundación Civio recuerda que, de nuevo, el Gobierno anuncia medidas adoptadas sin proporcionar a la opinión pública el texto completo de las mismas, una dinámica que consideramos como publicidad de la acción de gobierno y no como auténtica rendición de cuentas.

Para matizar esa publicidad, desde la Fundación Civio queremos aclarar dos puntos:

La reforma planteada por Europa mejora algunos aspectos vinculados con la transparencia de la contratación pública, como el veto a los negociados solo por motivos de precio. Pero es importante matizar que esas medidas de mejora vienen determinadas obligadamente por Bruselas, y no por el Gobierno de España. Además, el texto que se propuso como anteproyecto no aprovecha la oportunidad para incluir mejoras claras en la norma más allá de lo obligado por las directivas europeas: las últimas grandes reformas de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) han venido una vez más marcadas por Europa. La Fundación Civio lamenta esta oportunidad perdida de reformar, de forma consensuada y tras un debate profundo, un sector clave para la lucha contra la corrupción. Es un error.

El retraso en la aplicación de esta reforma no se debe únicamente al año que España ha pasado con un gobierno en funciones. Las directivas europeas se aprobaron en febrero de 2014. En abril de 2015, el Gobierno presentó el borrador del anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público a un periodo de observaciones, que se cerró en mayo de ese mismo año. Desde entonces, y hasta que el Gobierno pasó a estar en funciones (siete meses después), no se anunciaron avances en la aprobación de esta normativa: ni pasó por Consejo de Ministros para convertirse en proyecto de ley y ni mucho menos llegó a debatirse en Las Cortes para su aprobación. Y ahora se tramita de urgencia.

La Ley de Contratos del Sector Público es norma muy compleja, que lleva año y medio parada y de la que los ciudadanos aún desconocemos qué aportaciones al anteproyecto se han incluido y cuáles no: a día de hoy, no contamos con el proyecto de ley. Civio considera imprescindibles estas mejoras, sobre todo en aspectos clave como poner límite al uso masivo del procedimiento negociado o la inclusión de determinadas obligaciones a los partidos políticos en materia de contratación. No obstante, insistimos en la necesidad de un debate parlamentario. Una reforma exprés en comisión no es suficiente.

Por estos motivos, desde la Fundación Civio reclamamos que se traslade el debate al pleno y que se permita un debate amplio, en el que la sociedad civil pueda participar y donde todos los grupos tengan tiempo para analizar a fondo el proyecto de ley y para presentar enmiendas que permitan conseguir el mejor texto posible de una ley clave.

En Civio hemos analizado a fondo las directivas, el anteproyecto que se presentó hace año y medio y la última proposición de ley del PP sobre este asunto, y haremos lo mismo con el texto del proyecto. Queremos trasladar a todos los partidos nuestras propuestas de mejora, basadas principalmente en dos puntos, y que ampliaremos una vez hayamos analizado a fondo el proyecto de ley:

CONTROL Y VIGILANCIA: es imprescindible que exista un organismo independiente y con capacidad sancionadora, que no dependa de un ministerio, que vigile la contratación pública de forma avanzada, sistemática y con los medios suficientes para ejercer esta importante tarea. Además, ese organismo debe permitir denuncias de cualquier ciudadano, incluso anónimas, que ayuden a investigar irregularidades. No podemos depender solo de que sean las propias empresas que participan en esos procesos de contratación las que denuncien irregularidades para destapar casos de corrupción, como ha pasado en muchos casos hasta la fecha.

TRANSPARENCIA EFECTIVA ORIENTADA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS: la trasposición es tibia en cuanto a las necesidades de transparencia. Es imprescindible que aprovechemos esta reforma para que la transparencia de la contratación no se limite a las posibles empresas participantes, a permitir la concurrencia, sino que se transforme en una auténtica rendición de cuentas ante los ciudadanos que incluya publicidad efectiva sobre todo el proceso (composición de las mesas de adjudicación, actas completas, ofertas de los participantes, participación de las empresas en cada UTE…) sin aplicar trabas basadas en intereses comerciales a bloques enteros de información. Y esa información debe estar en, unificada en una única web y estar disponible de forma permanente. La transparencia y el escrutinio público no pueden tener fecha de caducidad.

La Fundación Civio demanda, en suma, un debate serio, basado en datos y en hechos probados, con la importancia que esta reforma se merece. Y no un procedimiento urgente y sigiloso. Deseamos poder analizar el documento a fondo y que la oposición también pueda tener esa oportunidad.
En definitiva, queremos participar.

Más información:
Las tres directivas vinculadas a la contratación pública se aprobaron el 26 de febrero de 2014 y aparecieron en el boletín de la Unión Europea del 28 de marzo de ese mismo año. Dos de ellas (la 2014/24/UE sobre contratación pública y la 2014/23/UE sobre contratos de concesión) son las que debería trasponer la reforma de la ley de Contratos del sector público. La tercera es la 2014/25/UE sobre contratos en sectores de agua, energía, transportes y servicios postales, que se aplicará en una ley propia, cuyo proyecto está siguiendo el mismo proceso en el Congreso.

SOBRE LA FUNDACIÓN CIVIO:
La Fundación Ciudadana Civio (www.civio.es) es una organización sin ánimo de lucro que pone el potencial de las nuevas tecnologías al servicio de la transparencia, el acceso a la información y de una ciudadanía activa.

Combinamos herramientas informáticas y de Internet con periodismo de datos para crear proyectos cívicos innovadores que facilitan el acceso a la información pública a ciudadanos, medios de comunicación y todo tipo de organizaciones. Entre ellos Tuderechoasaber.es¿Dónde van mis impuestos?El IndultómetroEl BOE nuestro de cada díaQuién MandaMedicamentalia y ¿Quién cobra la obra?

martes, 29 de noviembre de 2016

La formación corporativa en 2020: 3 tendencias y dos barreras en 2016

"El aprendizaje en el puesto de trabajo es aún el gran ausente"

Por Jesús Martínez. Blog Trabajo Colaborativo.- Ahora que ya acaba el año, y antes de que nos pongamos todos a hacer balances  y buenos propósitos, me adelanto  y  os dejo algunas  ideas y reflexiones sobre formación corporativa basadas en lo que he observado, leído, hablado y participado en este año 2016.

Repasando lo que a mi juicio está siendo lo más novedoso, encuentro algunas tendencias,  las cuales  podrían acercarnos a los que en el futuro podría ser la formación  corporativa  en los  próximos  5 años.

Para ello haré dos entradas. La primera de ellas la dedicaré a repasar lo que, a mi juicio,  está siendo lo más relevante en este año. En la siguiente,  trataré de hacer prospectiva y apuntaré lo que podrían ser los centros de formación  en 2020.

Las tres tendencias son éstas:

1.- Necesidad de reaprender  las prácticas profesionales
En bastantes centros de formación, sus profesionales  han  iniciado un proceso de actualización y de aprendizaje de las nuevas prácticas profesionales. Pongo como ejemplo, y con permiso de Fernando Monar,  a la  EBAP. A principios de 2016, y coordinado por José Antonio Latorre, se puso en marcha un ciclo  de formación sobre nuevas modalidades de aprendizaje corporativo. Y es que se veía venir.  Una vez que se llega al consenso de que las modalidades tradicionales están amortizadas,  se pasa directamente a explorar lo que pueden dar de sí las nuevas. Un ejemplo de cómo puede hacerse   es el ciclo citado. Los temas que se tocaron fueron los siguientes:

-Evolución de la formación de empleados públicos en España.Tendencias actuales. A cargo de Jesús Martínez y José Antonio Latorre.

-Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE´s). PLE´s individuales,  PLE´s institucionales. A cargo de Linda Castaneda y David Alvarez.

-Experiencias de aprendizaje social: Las COP´s (Comunidades de prácticas, Comunidades de Aprendizaje, Grupos de trabajo). A cargo de Dani Giménez, Rosario Villa y José Antonio Latorre.

-Experiencias de aprendizaje experiencial. El aprendizaje en el puesto de trabajo. A cargo de Carlos Suso y Angel Iniesta.

-Gestión del conocimiento. La importancia de los repositorios de contenidos. A cargo de Juan Carlos Gonzalez, José Luis Bimbela y Consuelo Vega.

El nuevo papel que se espera de los gestores de formación en la actual Administración Pública. A cargo de Manel Muntada y Jose Antonio Latorrre.

Me consta que otros centros  han optado por otras modalidades  menos ambiciosas,  pero  tan o más potentes.

2.- Innovación en formatos y contenidos
En este apartado me permitiré, también con permiso de Paco Saavedra (en la foto, detrás del ordenador) poner el ejemplo de la EFIAP de Murcia. Hace escasas semanas tuve la oportunidad de participar en un evento formativo en el que se mostraban las mejores prácticas en aprendizaje colaborativo. Pude comprobar que la formación y la actualización  (todos los profesionales tenían  mi libro;), no estaba reñida con la innovación en proyectos y formatos. Desde hace ya algún tiempo la EFIAP viene ganando premios en muchas de sus propuestas. Especialmente relevante me pareció su programa -ya afortunadamente muy conocido-  de estancias formativas (ahora están trabajando en un formato adicional de estancia formativas inversas).

Pero el gran impacto y dimensión que ya está teniendo es digno de admirar (y de copiar). También me llamó  la atención como han sistematizado y normalizado los grupos de trabajo y CoPs.  En la gestión de la formación también son líderes. Anoto  el estilo de liderazgo de su director y la polivalencia y la versatilidad de los integrantes de la escuela. Creo que es lo que ahora se nos pide.

También  hay que reconocer que este esfuerzo por probar formatos y contenidos nuevos ya está muy extendido en la mayoría de los  centros. Lo pudimos comprobar en el Congreso EDO 16 en el que tuvimos más de 30 propuestas aplicadas diferentes.

3.- El modelo 70 20 10 crece en la parte social
Con este tipo de actuaciones anteriores, progresivamente, estamos reduciendo la proporción de actividades formativas formales y crecemos en aprendizaje social . Aún queda mucho recorrido por hacer,  pero en  lo social estamos cerca de la proporción ideal.

Las dos barreras son estas:

1.- El aprendizaje en el puesto de trabajo es aún el gran ausente
No me extenderé en este punto dado que lo explicaré en la próxima entrada. Simplemente adelantaré  que aún se nos hace muy difícil visualizar qué tipo de programas y acciones concretas podríamos impulsar en este campo. La larga tradición de separación  entre trabajo y formación pasa factura.

2.- La tecnología sigue siendo una barrera
En los entornos personales (y en otro tipo de organizaciones más ágiles) la tecnología ha obrado como palanca para la eficiencia. En el ámbito público esto no ha sido así en ningún caso. No hemos podido aprovechar las enormes posibilidades de eficiencia  que ellas nos ofrecen.  Más tarde que pronto habrá que volver a hacer inversiones importantes en este campo.

Seguro que hay muchas más tendencias y barreras. Si te animas las comentamos.

lunes, 28 de noviembre de 2016

20 guías (gratis) de redes sociales y administraciones públicas

"Existen muchos libros interesantes sobre redes sociales y administraciones públicas y estoy haciendo una recopilación de ellos que publicaré en breve"

Si trabajas gestionando redes sociales en una administración pública o bien te han propuesto que empieces a gestionarlas, seguramente te vendrá muy bien tener a mano guías, manuales y ejemplos de lo que se está haciendo en otras administraciones públicas.

Aquí os he dejado 20 de esos manuales, guía y recursos. No son todos los que hay; he hecho una selección de los que considero más interesantes y que pudieran abarcar todos los sectores. Así por ejemplo he incluido una guía de un ayuntamiento pequeño como es Lorca y otro más grande como Málaga, o una guía para todo el sistema sanitario andaluz y otro elaborado por el Hospital Sant Joan de Déu.

Otra de las premisas para la elaboración de este listado ha sido que todos los recursos se pudieran descargar de forma gratuita en formato pdf. Existen muchos libros interesantes sobre redes sociales y administraciones públicas y estoy haciendo una recopilación de ellos que publicaré en breve.

Así que aquí os dejo 20 guías y manuales gratuitos y muy interesantes sobre redes sociales y administraciones públicas:








7.-          Manual de buenas prácticas en redes sociales de la Red de Bibliotecas Universitarias (Rebiun)





12.-      Guía práctica para el uso de redes sociales en los ayuntamientos de la Junta de Castilla y León




16.-      Redes sociales: guía estilo de Gobierno de Canarias

17. -     Redes sociales y herramientas en la nube para las administraciones públicas del s. XXI del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP)