viernes, 28 de agosto de 2015

La devolución de la paga extra de 2012 no abonada a los empleados públicos, cada vez más cerca

En 2016 se ampliará notablemente la oferta de empleo público
 
Revista de prensa.- Cinco Días.- El Gobierno podría aprobar la devolución a los funcionarios de otro 25% de la paga extraordinaria de las Navidades de 2012 ya este viernes, en la primera reunión del Consejo de Ministros tras las vacaciones veraniegas.
 
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha abierto esta posibilidad durante su intervención ante el Pleno del Congreso para defender el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 de las enmiendas de totalidad que han presentado todas las formaciones de la oposición salvo UPN, socio electoral del PP.
 
La intención del Gobierno es que, en los primeros consejos de ministros después de este debate, se arbitre la fórmula legal para pagar otro cuarto de la paga extraordinaria”, ha indicado Montoro, sin precisar nada más y lanzando así la posibilidad de que esta decisión se materialice incluso este mismo viernes.
 
De hecho, la semana pasada el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ya indicó que la habilitación de crédito para afrontar este pago se produciría en septiembre u octubre, con un coste de 274 millones para el Estado y de 1.281 millones para el conjunto de las administraciones.
 
En enero, el resto
Además, los Presupuestos de 2016 ya recogen la devolución del 50% restante de la paga extraordinaria -el otro 25% se les abonó en la nómina de enero de 2015- a los empleados públicos a principios de año.
 
Dicha medida tendrá un coste total de 2.562 millones de euros --547 millones sólo al Estado-- y será “básica potestativa”, es decir, que las comunidades y los ayuntamientos podrán aplicarla o no "según sus planes de ajuste y conforme proceda en la negociación con sus centrales sindicales”.
 
Junto con la devolución de lo que faltaba de la paga extraordinaria de Navidad, los Presupuestos del año que viene recogen también un incremento retributivo del 1%, la recuperación de los 'moscosos' y los 'canosos' -días de asuntos propios- que se habían eliminado en 2012, y una mayor tasa de reposición en los servicios públicos

jueves, 27 de agosto de 2015

Smart cities: Barcelona y Palma de Mallorca serán las dos primeras ciudades con coches de alquiler eléctricos

 Se trata de un proyecto enmarcado en la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Goldcar
 
Compromisorse.- Barcelona y Palma de Mallorca serán las dos primeras ciudades españolas en que Goldcar ofrecerá su flota de vehículos eléctricos. Así, según informa Goldcar, estas dos ciudades se convertirán en sus primeras Smart Cities en España.
 
 De esta forma, ambas capitales incorporan la iniciativa de Goldcar a la condición que le otorga formar parte de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), manteniendo su compromiso por un modelo energético y de transporte sostenible.
 
 Nissan Leaf
En concreto, la compañía de alquiler de coches pondrá a disposición de sus clientes coches del modelo Nissan Leaf, un vehículo 100% eléctrico que cuenta con una autonomía de 200 kilómetros.
 
Se trata de un proyecto enmarcado en la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Goldcar dentro de la iniciativa Goldcar Blue que tiene por objetivo reforzar el compromiso de la empresa con la movilidad sostenible y la protección del medio ambiente.
 
“Es una alternativa factible, real y con un coste muy bajo”, destaca el consejero delegado de la compañía, Juan Carlos Azcona, de dicha iniciativa, para la que Goldcar explica que hay puestos de recarga en ambas ciudades (en la ciudad condal unos 300 y en Palma de Mallorca 174).

Noticia relacionada: Ituser.es- El mercado global de tecnología para smart cities se triplicará en 2019

miércoles, 26 de agosto de 2015

UGT pide volver a una jornada laboral de 35 horas semanales en las Administraciones Públicas

FSP-UGT  pide además  recuperar salarios, aumentar el empleo y devolver íntegramente la paga extra suprimida en 2012

Revista de prensa. EP. Lanzadigital.es.-  -  La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) negociará la reimplantación de la jornada de 35 horas semanales en todos aquellos convenios y acuerdos colectivos firmados con los gobiernos autonómicos y locales que se vieron afectados por el decreto antidéficit de diciembre de 2011, por el que se ampliaba la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales.
 
UGT considera que este es un momento propicio para ello, dado "el cambio de signo político y de actitud de muchos gobiernos regionales y municipales" y de las señales de recuperación de la economía española.
 
El sindicato argumenta que los empleados públicos llevan cuatro años sufriendo congelaciones salariales que les han hecho perder 9,20 puntos de poder adquisitivo, con una jornada laboral más amplia, y otras medidas que les han afectado de manera negativa, como el cambio en el régimen de complementos salariales en el caso de situaciones de incapacidad temporal.
 
"Estas medidas, impuestas por normas de carácter urgente, han degradado las condiciones laborales y los derechos de los empleados públicos, puesto que se han ejecutado sin posibilidad de negociación por parte de los representantes legales de los trabajadores. Acabado este periodo coyuntural, es imprescindible reconducir la situación, frenar, recuperar y ampliar derechos mediante la negociación colectiva", subraya UGT.
 
Así, el sindicato buscará en la negociación colectiva reinstaurar la jornada de 35 horas semanales, así como recuperar salarios, aumentar el empleo y devolver íntegramente la paga extra suprimida en 2012.

lunes, 24 de agosto de 2015

"Alcaldes de patinete", sobre la falta de consideración institucional y la ausencia de incentivos para asumir cargos públicos

Todo cargo público gratuito y de gran responsabilidad es esencialmente inmoral. Quien no cobra, se cobra, y casi siempre con daño grave de la justicia y del interés público” (Santiago Ramón y Cajal, “Charlas de café. Pensamientos, anécdotas y confidencias”, Espasa Calpe, 2000, Madrid, p. 177).
 
Rafael Jiménez Asencio. Blog La Mirada Institucional.- No se asuste. En ningún caso voy a proponer que los desplazamientos de los cargos públicos locales (o los que fuere) se deban hacer a partir de ahora en semejante vehículo, aunque algunos en su delirio hasta lo avalarían. Es una metáfora que pretende resaltar el sinsentido que está adquiriendo el cúmulo desordenado de limitaciones o restricciones que se anudan en nuestros tiempos recientes al ejercicio de un cargo público.
 
Otra oportuna cita de quien fuera uno de nuestros más insignes científicos, Ramón y Cajal, nos lo advertía hace muchas décadas: “Nada más fácil que diferenciar en el orden político un inglés de un español. El primero cree que su primordial deber es mantener al Estado; mientras que el segundo cree que el Estado debe mantenerle a él”.
 
Esa vieja y desviada concepción de las instituciones y del papel que cumplen en la sociedad sigue plenamente vigente entre nosotros en nuestros días. Cierto que el país, desde aquellas fechas, ha cambiado mucho. Se ha modernizado de fachada. Pero las cosas son como son. Todavía hoy quien ejerce un cargo público, sea este el que fuere, es un “chorizo” en potencia (lo cual no quiere decir que, para desgracia nuestra, no los haya). Y la forma de corregir esa “tendencia natural” es bastardear la política y el ejercicio de cargos de responsabilidad directiva en el sector público hasta extremos insólitos, que rayan con lo pintoresco y representan (fruto de la extraña concepción de lo público existente en este país) una grotesca excepción “hispana” frente a lo que ocurre en las democracias avanzadas de nuestro entorno.
 
A los ciudadanos les parece bien (incluso lo aplauden con fervor) que los políticos o altos cargos cobren poco. También les entusiasma que viajen en clase turista, se les desprovea de móviles de última generación, se les suprima o reduzcan los coches oficiales, se desplacen en metro, autobús, tranvía o bicicleta, coman de menú (a ser posible el más discreto) y no dispongan de patrimonio ni bienes, lo cual quiere decir que vivan con lo puesto.
 
No se llamen a engaño. Quien asuma un cargo público en estos momentos debe ser consciente de muchas cosas. Primero, salvo excepciones (que las hay), debe asumir que percibirá unas retribuciones por lo común muy por debajo de las que ofrece el sector privado. Segundo, las prebendas que antaño tenía ser cargo público, y que en cierta medida compensaban (o paliaban) tales limitaciones retributivas, están despareciendo o a punto de hacerlo. Y tercero, tendrá que cumplir estrictamente un régimen de incompatibilidades que se proyectará también sobre actividades futuras en el ámbito profesional o empresarial.
 
Y son solo algunos ejemplos de restricciones que se han ido imponiendo en la legislación, en los códigos de conducta o por la vía de hecho. Algunas de ellas son razonables y necesarias (impedir los conflictos de interés o fomentar conductas ejemplares). Otras son más discutibles, al menos en su intensidad.
 
Hace más de dos décadas, el sociólogo Juan José Linz predijo sabiamente que un severo régimen de incompatibilidades o la propia falta de incentivos podía desviar de asumir responsabilidades públicas a buena parte de los profesionales de cierto prestigio y a las personas con talento y proyección. Algo de esto sucede en la actualidad. Y se corre el riesgo de que este mal se enquiste para siempre. No tiene ningún sentido que un alto cargo de la Administración (o un político que ejerce las máximas responsabilidades en la estructura gubernamental) cobre menos que algunos (o muchos) funcionarios. Ya hay un buen número de casos en los que altos funcionarios o profesionales del sector privado declinan asumir cargos directivos de libre nombramiento porque las condiciones retributivas son menores o, en el mejor de los casos, iguales, así como por la dureza del régimen de incompatibilidades (sobre todo “ex post”) que planea sobre tales cargos. Para algunos, no es broma, representa “la muerte civil” tras el cese. No podrán volver a sus ocupaciones anteriores. Con ello se pretende evitar “el tráfico de influencias”, pero realmente tan insigne objetivo no se está evitando (menos aún en la alta función pública) y lo que se está fomentando, guste o no guste, es una huída de las responsabilidades públicas de personas con talento.
 
Es verdad, se me objetará con razón, que los cargos públicos han sido y todavía están siendo pasto de unas clientelas políticas cuyo única obsesión es apoderarse de una poltrona y de un sueldo en la Administración Pública. No se acredita mérito para acceder a tales puestos ni se evalúan objetivamente competencias profesionales. Pero es preciso diferenciar. Los cargos públicos representativos se deben a la confianza del electorado, que es quien valorará las aptitudes y la credibilidad que cada candidato ofrezca y le votará o no. Aún así rodear de restricciones el ejercicio de tales cargos públicos supone poner barreras de acceso a un buen número de personas que, junto al desprestigio de la actividad, ven cómo no hay estímulo alguno (salvo un acentuado y, por lo común, no generalizado compromiso de servicio público) que ayude a asumir esas responsabilidades.
 
Directivos públicos
Diferente es quien ocupa cargos ejecutivos o directivos en el sector público. En este caso si las restricciones retributivas, de condiciones de ejercicio o de incompatibilidades son excesivas, no cabe duda que tales puestos solo atraerán a militantes o simpatizantes de partido sin oficio ni beneficio, a funcionarios mediocres o a profesionales sin expectativas en su ámbito de actividad. Algo de esto ha pasado en nuestra frágil democracia en los últimos treinta y cinco años. Como bien expuso el también sociólogo José Cazorla en 1996, “personas de cualificaciones muy bajas y conocimientos culturales modestos –oportunistas- alcanzaron a través de la carrera política posiciones que, en su vertiente profesional, jamás hubieran soñado, gracias al control de los recursos públicos”.
Si se quiere cambiar esa tendencia que derechamente nos ha conducido a la ineficiencia, cuando no a la corrupción, convendría –no nos queda otra- comenzar a replantearse si no se han de dignificar las condiciones de ejercicio de los cargos públicos representativos y ejecutivos, así como directivos, incrementando, eso sí, los test de escrutinio y la rendición de cuentas, siendo impecables con los corruptos, pero alimentando el buen gobierno y la profesionalidad en el ejercicio de las funciones directivas en el sector público.
 
Necesitamos políticos y directivos públicos competentes profesionalmente, así como ejemplares en sus conductas y no personas que practiquen una austeridad mal entendida. Y eso no se promueve con medidas absurdas cargadas de demagogia, con restricciones hipócritas o con la estandarización de conductas cínicas. Si se quieren responsables públicos competentes e íntegros habrá que pagarles y ofrecerles condiciones de trabajo en consonancia con la entidad de sus funciones. Gobernar o dirigir el sector público es tarea -como diria Ramnón y Cajal- de gran responsabilidad. En caso contrario, el talento huirá del sector público (ya está pasando) y nuestros gobernantes y directivos seguirán siendo personas de bajo perfil que cultivarán el “doroteísmo” del que hablara Caciagli; esto es, gestionarán el poder sin ideas ni proyectos, con la única voluntad de mantenerse en el mismo. Nada recomendable.

domingo, 23 de agosto de 2015

Oferta de Empleo Público: Vuelven las oposiciones masivas y el 100 por cien de reposición de efectivos

La Guardia Civil ha pasado de los 82.692 efectivos que tenía hace cuatro a años a los 78.379 de ahora.
 
Revista de prensa. El Confidencial.- Los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno esta semana en el Congreso van a propiciar la vuelta de las grandes convocatorias de plazas para el ingreso en los Cuerpos de Seguridad tras un largo paréntesis de restricciones en el gasto público.
 
El Ejecutivo de Rajoy ha accedido en el cuarto año de legislatura y con las elecciones generales a la vuelta de la esquina a elevar el número de vacantes al 100% de la tasa de reposición, el doble de lo que había autorizado para el actual ejercicio.

La medida no va a paliar la sangría de efectivos que han sufrido durante la crisis tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Desde 2011, ambos cuerpos han visto como su plantilla perdía en total más de 9.500 agentes. La Policía Nacional ha pasado de los 72.593 funcionarios con los que cerró 2011 a los 67.350 que tenía disponibles con fecha de 31 de mayo, según confirmó el propio Gobierno en la Cámara Baja. Por su parte, la Guardia Civil ha pasado de los 82.692 que tenía hace cuatro a años a 78.379. En los dos cuerpos, las bajas han superado durante este periodo holgadamente los escasos ingresos que registraban.
 
Tasas de reposición
El 100% de la tasa de reposición no va a servir para aumentar las plantillas pero va a paliar una tendencia que estaba empezando a generar graves problemas de funcionamiento en algunas demarcaciones, aunque la efectividad de los cuerpos no ha dejado de aumentar en los años de recortes. En algunas provincias, por ejemplo, la edad media de los agentes de Policía excede ya los 50 años por la limitación de las incorporaciones. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), la mayoritaria en el Instituto Armado, también ha denunciado recientemente que la falta de efectivos estaba obligando a patrullar en solitario.
 
La relajación de las restricciones también va a suponer un soplo de aire fresco para los opositores, que en 2008 vieron como se terminaban las convocatorias multitudinarias de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y en 2010 comenzaba un periodo de auténtica sequía en el que cada nueva plaza llegó a tener más de 200 solicitantes.
 
El número de vacantes que saldrán a concurso en 2016 aún no se ha anunciado oficialmente, pero según fuentes de la Dirección General de la Policía consultadas por El Confidencial, el nuevo escenario va a permitir que el próximo año se doblen las 1.374 incorporaciones que van a realizarse este ejercicio. La convocatoria volvería por tanto a los niveles de 2009 y se quedaría a mitad de camino del periodo 2005-2007, cuando el Ejecutivo de Zapatero tiró la casa por la venta y autorizó tres ofertas seguidas de 5.500 plazas.
 
Fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil vaticinan un panorama similar. En 2015 ingresarán en el Instituto Armado 820 nuevos efectivos, de los que 328 llegarán por la vía del acceso libre, otros 328 procedentes de las Fuerzas Armadas y, por último, 164 del colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. El objetivo de la Guardia Civil es que la convocatoria de 2016 saque a concurso más de 1.600 plazas, una cifra similar a la del año 2009 aunque alejada de la oferta récord de 2007, que alcanzó las 5.500.
 
Instituciones Penitenciarias y CNI
Las perspectivas también han cambiado con los Presupuestos de 2016 para Instituciones Penitenciarias, uno de los cuerpos de seguridad más castigados por los recortes de gasto. Este año se incorporarán a su plantilla 320 funcionarios después de dos ejercicios sin una sola alta (2012 y 2013) y tras sumar tan sólo 90 el pasado. Si los compromisos del Ministerio del Interior se cumplen, Instituciones Penitenciarias ofertará el próximo año más de 600 vacantes para acceso libre.
 
Los efectivos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tienen otro estatus pero las cuentas nacionales también recogen una leve mejora en recursos humanos. Los gastos de personal presupuestados para el organismo en 2016 ascenderán a 174,9 millones de euros, frente a los 167,7 millones del balance de 2015. Descontando el 1% que va a subir el salario para todos los funcionarios públicos, al general Félix Sanz Roldán aún le quedará margen para aumentar en 100 nuevos agentes su plantilla de alrededor de 3.000 efectivos.

viernes, 21 de agosto de 2015

Montoro ordena ahora a los altos funcionarios viajar en clase turista y sustituir reuniones por videoconferencias

La reforma laboral de 2012 estableció una serie de especialidades en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público estatal

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quiere recortar los gastos de los directivos del sector público. Sugiere que recurran a videoconferencias como alternativa a las reuniones, que apliquen "criterios restrictivos" en cuanto al número de personas que se desplazan y que utilicen con carácter general los hoteles incluidos en el contrato.
 
El ahorro es la razón de los recortes en viajes
Revista de prensa.-El Público.es.-  El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha elaborado una serie de "indicaciones" para recortar los gastos de los máximos responsables y directivos del sector público estatal con contratos mercantiles o de alta dirección, entre las que se encuentran la de acogerse a la tarifa turista en sus viajes de avión o tren y la de utilizar con carácter general el transporte público para sus desplazamientos.

Esta lista de indicaciones -ocho en total- vienen recogidas en una Orden publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y firmada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

La Orden, que se aplicará a los contratos mercantiles o de alta dirección que se firmen a partir de mañana, fecha de su entrada en vigor, fija el sistema de compensación por gastos en concepto de dietas y desplazamientos para los máximos responsables y directivos del sector público estatal.

Además, la Orden establece una serie de "criterios de buena gestión" para ajustarse a los principios de austeridad en el gasto, "imprescindibles en el actual contexto de restricciones presupuestarias".

Estos criterios persiguen, según Hacienda, el asegurar la existencia de unas condiciones homogéneas de aplicación al mencionado personal y tienen en cuenta los actuales principios generales de "austeridad, eficiencia y transparencia" en el sector público.

 
Videoconferencias en lugar de reuniones
Así, y con el fin de ahorrar costes, el Departamento de Cristóbal Montoro anima a estos altos cargos a utilizar en sus desplazamientos el transporte público cuando el uso del vehículo particular no sea lo más económico y a acogerse a la tarifa turista en los viajes de avión o tren, salvo casos excepcionales y justificados por la distancia hasta el lugar del destino o la duración del viaje.

Hacienda también les sugiere que recurran a audio o videoconferencias como alternativa a las reuniones o desplazamientos y que apliquen "criterios restrictivos" en cuanto al número de personas que han de desplazarse, evitando los desplazamientos "innecesarios" de equipos de trabajo.

Asimismo, el Ministerio insta a fijar criterios temporales "estrictos" para el inicio y la finalización del servicio, evitando adelantar o prolongar de manera injustificada la estancia en destino; a utilizar con carácter general los hoteles incluidos en el contrato suscrito de forma centralizada por la Administración General del Estado o el Ministerio de adscripción, y a planificar y gestionar anticipadamente los billetes para sus desplazamientos a fin de obtener los mejores precios.

 
Hacienda da dos meses de plazo a contar desde mañana a las entidades del sector público estatal para adaptarse a las directrices y normas contempladas en esta Orden.

La reforma laboral de 2012 estableció una serie de especialidades en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público estatal que afectaron fundamentalmente a las indemnizaciones por extinción del contrato y a sus retribuciones.

En dicha norma se dejaba en manos de Hacienda la definición del sistema de compensación por gastos derivados de dietas, desplazamientos y similares realizados en el desempeño de sus funciones por los altos cargos públicos con contratos mercantiles o de alta dirección.

Con esta Orden se cumple este mandato de la reforma laboral de 2012, al tiempo que se ajustan este tipo de gastos a criterios de austeridad y racionalidad en el gasto público

jueves, 20 de agosto de 2015

El Gobierno confirma en el Congreso que aprobará días libres para embarazadas y ampliará las vacaciones para los más veteranos

Tras cinco ejercicios con el mismo sueldo, el Gobierno reconoce que la pérdida de poder adquisitivo del personal que trabaja en la Administración ha sido importante
 
Revista de prensa. El Confidencial.- El Gobierno intenta congraciarse con los funcionarios después de tres ejercicios de recortes que se sumaron a los dos anteriores aplicados por el último Ejecutivo del PSOE. En los Presupuestos Generales del Estado que se aprobarán en octubre, además de la anunciada subida salarial del 1%, aparecen nuevos permisos remunerados para las empleadas públicas embarazadas y la recuperación de los días de vacaciones extra por antigüedad.
 
Los 2,5 millones de funcionarios son una bolsa de electores que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere cuidar después de las congelaciones de sueldo, aplazamiento de pagas y supresión de días de permiso que les aplicó nada más llegar al poder para hacer frente a la crisis económica. Después de cinco ejercicios con el mismo sueldo, el Gobierno reconoce que la pérdida de poder adquisitivo del personal que trabaja en la Administración ha sido importante y procede a compensarle mínimamente como prueba de la recuperación económica.
 
En enero del próximo año los funcionarios recibirán la mitad de la paga extra de Navidad que Hacienda “suspendió” en diciembre de 2012, con lo que completará la devolución total de la misma. A la Administración Central le costará la medida 547 millones de euros y queda a criterio de cada Comunidad autónoma aplicar o no esa medida según vayan sus cuentas. En total, les correspondería abonar otros 2.562 millones.
 
La principal novedad en materia de permisos para los funcionarios en los Presupuestos de 2016 forma parte de las medidas del Gobierno de apoyo a la familia.
 
Antes, al término de este mismo ejercicio y antes de las elecciones generales del otoño, los empleados públicos ya habrán percibido otro 25% pendiente de su citada paga de diciembre, lo que supondrá a las arcas públicas desembolsar 274 millones de euros.
 
Además, según explicó en la Comisión de Presupuestos del Congreso el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, los funcionarios recuperarán todos los días libres (“moscosos”) que tenían antes de la crisis. “Se procederá  a la devolución del tercer y último día adicional de permiso por asuntos particulares que quedaba, toda vez que, de los 3 que se suprimieron en julio de 2012, uno fue devuelto ya en diciembre de 2013 y otro, el segundo, en septiembre de 2014”.
 
"Canosos" y reposición de efectivos
También vuelven los días adicionales por veteranía en la función pública, hasta otros tres, con la fórmula clásica: uno a partir del octavo trienio, dos con 10 trienios y tres al alcanzar los 12 trienios.
 
La principal novedad en materia de permisos para los funcionarios en los Presupuestos del próximo año forma parte de las medidas del Gobierno de apoyo a la familia. En concreto, se establece un permiso retribuido para las empleadas públicas en estado de gestación, “a partir de la semana 37 del embarazo”. Se garantiza así a las gestantes una etapa de reposo remunerado antes de dar a luz.
 
La subida general del 1% en los salarios en la función pública, que sí es obligado en todas las administraciones, supondrá un desembolso de 883 millones de euros para el conjunto del Estado. En materia de plantillas también hay un cambio de tendencia después de tres ejercicios de reducción al aumentarse la tasa de reposición, con carácter general, del 50 al 100%, salvo en los llamados “sectores prioritarios”, donde se garantizan todos los relevos. Es el caso de la inspección fiscal o laboral, personal docente, fuerzas de seguridad o Fuerzas Armadas.

Según resaltó Beteta en el Congreso, durante esta legislatura el Gobierno ha recurrido a la medida de no cubrir las bajas por jubilación para ajustar las plantillas de la Administración. Entre enero 2012 y enero 2015 el número de empleados públicos se redujo en 141.033 personas (un 5,25% menos).  Se ha pasado de los 2.685.837 funcionarios que trabajaban para el Estado en 2012 a los 2.544.804 en enero pasado.