martes, 30 de septiembre de 2014

El 92,66% de los magistrados encuestados confiesa sufrir estrés por la sobrecarga de trabajo que soportan sus juzgados

JpD considera "urgente" que el nuevo ministro Rafael Catalá cree 815 plazas e un horizonte temporal de cinco años

Noticia relacionada: Expansión: Catalá anuncia que modificará la ley de tasas.
 
Noticias jurídicas. 29.9.2014.- Jueces para la Democracia (JpD) ha advertido de que el 92,66% de los magistrados encuestados confiesa sufrir estrés por la sobrecarga de trabajo que soportan sus juzgados, por lo que ha requerido al nuevo equipo del Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adopten medidas ante esta "alarmante" situación de riesgos psico-sociales.
 
Rafael Catalá en su toma de posesión
como nuevo ministro de Justicia.DN
Así lo expone la asociación judicial apoyada en un informe del Servicio de Inspección del CGPJ, al que tuvo acceso Europa Press, que revela que el 43,53% de los juzgados españoles están saturados. En concreto, 1.695 superan en un 150% la media recomendada por el órgano de gobierno de los jueces.
 
Para Jueces para la Democracia, este estudio arroja como conclusión que la justicia cercana al ciudadano en sus facetas de trabajador, pequeño empresario, miembro de familia o víctima de un delito está "absolutamente desbordada". Y es que el estudio destaca el colapso entre los juzgados de lo penal, lo social, mercantil o familia.
 
Una de las causas, según la asociación judicial, radica en la política judicial "errática" seguida por los sucesivos Ministerios de Justicia, que hace que España tenga una media de jueces por habitante diez puntos por debajo de la media europea.
 
"El Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón no ha sido una excepción, ha congelado las plazas de oposición y acceso por cuarto turno", dice, para recordar en un comunicado la supresión de 1.200 jueces sustitutos y que 395 jueces están sin plaza.
 
Crear 815 plazas en cinco años
Así las cosas, la asociación de jueces y magistrados ha considerado "urgente" que el nuevo ministro Rafael Catalá cree 815 plazas e un horizonte temporal de cinco años, es decir 165 plazas nuevas por año para dar respuesta al número de órganos sobrecargados y a las vacantes que se producen anualmente en la Carrera.
 
Ha instado también al Consejo General del Poder Judicial a evaluar los riesgos psicosociales en la judicatura, a fijar una carga máxima a efectos de salud laboral con un límite de asuntos al mes, a adoptar medidas preventivas en esta materia y informar a los posibles afectados sobre los trámites para que la contingencia de su patología sea declarada profesional y no derivada de enfermedad común.
 
Jueces para la Democracia ha propuesto a todas las asociaciones reactivar la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) para abrir un período de negociaciones con el nuevo equipo del Ministerio y con el CGPJ con el objetivo de acabar "de una vez con la lacra social de la justicia lenta, que sólo puede interesar a los que gozan de recursos para permitírsela y que perjudica a las clases más desfavorecidas".

Post relacionado: Blog ¿Hay Derecho?: La cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles (o el problema del polizón)

lunes, 29 de septiembre de 2014

Access Info Europe reclama al Gobierno de España que regule cuanto antes el Consejo de la Transparencia

Para mejorar el futuro organismo de revisión Access Info Europe propone una serie de medidas, basadas en los estándares internacionales recogidos en el Global Right to Know Rating
 
Access Info Europa. Madrid, 26.9.2014 – Con ocasión del Día Internacional del Derecho a Saber, el 28 de septiembre, Access Info Europe reclama al Gobierno de España que regule cuanto antes el Consejo de la Transparencia y propone una serie de recomendaciones basadas en estándares internacionales para dotarlo de mayor independencia.
A menos tres meses de la entrada en vigor de la ley de transparencia (que se producirá el 10 de diciembre de 2014), la sociedad española aún no sabe cómo será el organismo encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en España. Lo único que sabemos es que en las próximas semanas el Gobierno compartirá el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el Consejo de Estado para recabar sus impresiones antes de hacerlo público.
 
"La independencia del organismo de revisión es de vital importancia para asegurar una correcta implementación de la Ley de Transparencia", comenta Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info Europe, "El Gobierno debe reforzar la independencia del Consejo de la Transparencia en línea con lo que establecen los estándares internacionales, de no hacerlo, este organismo sería juez y parte a la hora de decidir sobre el acceso a la información pública", añade Anderica.
 
El Presidente lo nombrará Hacienda
Esta futura regulación parte con ciertas limitaciones a la independencia del Consejo de la Transparencia impuestas por la propia ley de transparencia: el nombramiento del presidente lo hará el Ministerio de Hacienda, y el comité estará formado por el Presidente del Consejo, un Diputado, un Senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
 
Para mejorar el futuro organismo de revisión Access Info Europe propone una serie de medidas, basadas en los estándares internacionales recogidos en el Global Right to Know Rating, que el gobierno podría incorporar en el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para asegurar una mayor independencia y eficacia del mismo:
 
» Los miembros del Consejo de la Transparencia serán nombrados de forma que los proteja de cualquier influencia política y asegurando su permanencia en el cargo, protegidos contra el despido arbitrario (procesal / sustantivo) una vez nombrados.
» El Consejo de la Transparencia reporta al parlamento, y tiene su presupuesto aprobado por este, o por otros mecanismos eficaces que protejan y aseguren su independencia financiera.
» Existen prohibiciones de nombrar a personas con fuertes vinculaciones políticas y se establecen unos requisitos de experiencia profesional para ser nombrado miembro del organismo de supervisión.
» El Consejo de la Transparencia cuenta con el mandato y poder necesario para desempeñar sus funciones, incluyendo el poder de revisar documentos clasificados e inspeccionar las instalaciones de los organismos públicos.
» Las decisiones del Consejo de la Transparencia son vinculantes.
» El Consejo de la Transparencia tiene el poder de ordenar las medidas necesarias para para que sus decisiones se cumplan, incluida la desclasificación de la información.
» El Consejo de la Transparencia tiene el poder de imponer las medidas estructurales necesarias a la autoridad pública (por ejemplo, realizar más formación o mejorar la gestión de los registros).
 
Además de proponer estas medidas, Access Info Europe propone que se abra a consulta pública la aprobación de esta norma y que se prevea un proceso de nombramiento abierto y participativo en el que haya varios candidatos de reconocido prestigio.

Post relacionado. Blog educonsultoria.com. Rafael Jiménez Asensio:  Transparencia: el plural diseño institucional de los órganos de garantía
 
Algunos analistas han depositado excesivas esperanzas en que
la transparencia restaure la legitimidad y confianza en el
sistema político. Sin embargo, hasta lo que ha podido
demostrarse, la transparencia no tiene un efecto relevante en
ninguna de ellas”  (Politikon, “La urna rota. La crisis política e institucional del
modelo español”, Debate, 2014, p. 183).
 
 
 

sábado, 27 de septiembre de 2014

La AGE, premiada como la entidad pública más innovadora

Crisoltic. El jueves 25 de Septiembre,  la Administración General del Estado ha recibido el premio CIO Directions a la Entidad Pública más Innovadora. Este premio se ha concedido en la conferencia  "CIO Directions" que  celebran anualmente la consultora IDC y la empresa de medios especializados IDG, editora entre otros de la revista Computerworld.

Este premio llega en un momento particularmente adecuado ya que coincide con la aprobación del nuevo modelo de Gobernanza TIC (RD806/2014) que fue aprobado en el pasado Consejo de ministros y que fue publicado  en el BOE el viernes 26.

Enhorabuena a todos los empleados públicos que impulsan la innovación como la mejor forma de adaptarse a una realidad cambiante y se esfuerzan a diario para mejorar y transformar la Administración Pública para que sea más cercana a los ciudadanos, más eficaz y eficiente.
 
Otras noticias: ASTIC: Publicado en BOE el Real Decreto de Gobernanza TICs en la AGE y sus organismos Públicos
 
El BOE de 26 de septiembre de 2014 publica el Real Decreto 806/2014, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, en el que se configura el modelo de gobernanza TIC de la Administración Central.
 
La referencia del Consejo de Ministros de 19 de septiembre, en la que se aprobó el citado Real Decreto, señala como objetivos del mismo:
  • Orientar las actuaciones y líneas estratégicas en las TIC de forma que tengan como principal objetivo satisfacer las necesidades derivadas de la estrategia global del Gobierno y disponer de una planificación estratégica común para todo el sector público administrativo estatal.
  • Potenciar la Administración digital y las TIC como los instrumentos que permitan hacer sostenible el constante proceso de innovación y mejora en la calidad de los servicios ofrecidos por la administración que demandan ciudadanos y empresas, e incrementar la productividad de los empleados públicos.
  • Racionalizar el uso de los recursos informáticos de forma que se consiga una mayor eficiencia, proporcionando un ahorro sustancial de costes de todo tipo, y en especial en el resto de la actividad administrativa.
La publicación de la gobernanza TIC supone la cristalización de uno de los puntos fundamentales de la reforma de las TIC en la AGE, impulsada desde la CORA, y había sido reivindicada por Astic en diferentes ocasiones, debido a los retrasos que ha tenido la tramitación de la norma.

Reestructurado el Ministerio de Hacienda y Administración Públicas
Acompañando al Real Decreto de Gobernanza TIC, el BOE de 26 de septiembre de 2014 publica también la nueva estructura del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas donde, entre otros cambios, destaca la integración de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, antes adscrita al Ministerio de Presidencia, en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que busca impulsar el proceso de racionalización de la política de tecnologías de la información y comunicaciones.

La noticia en el blog Espacio tic tac: Real Decreto 806/2014 sobre organización e instrumentos operativos de las TIC en la AGE y sus Organismos Públicos

viernes, 26 de septiembre de 2014

El Gobierno autorizará para enero de 2015 la devolución de una cuarta parte de la paga extra de 2012

La medida afectará a la AGE y el resto de administraciones solo podrán devolver la extra si eso no les impide cumplir con su meta de déficit público.
 
Revista de prensa. El País. 25.9.2014.- Los empleados públicos cobrarán a principios del próximo año el 25% de la paga extra que el Gobierno les suprimió en 2012. Así lo anunció ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, horas antes de reunirse con los representantes sindicales para avanzarles las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, que hoy aprobará el Consejo de Ministros. "Procederemos a devolver parte de la paga extra del año 2012, sólo se puede parte", deslizó el ministro en los pasillos del Congreso de los Diputados. "En torno a una cuarta parte", detalló.
 
Cristóbal Montoro, Ministro de HAPP y Antonio
Beteta, secretario de Estado de AA.PP.
Los empleados públicos recibirán un pago en metálico correspondiente a los 44 días devengados entre el 1 de junio hasta el 14 de julio, cuando se aprobó el decreto de suspensión de la paga de Navidad. Precisamente algunos tribunales ya habían dictado sentencias que obligaban a varias administraciones a restituir estos 44 días porque consideran que los funcionarios ya habían generado ese derecho salarial cuando se les suprimió la extra. Incluso el Supremo había expresado sus dudas sobre la supresión de la paga extra de 2012. Por las dudas sobre su legalidad y porque el Ejecutivo quiere lanzar un guiño a los funcionarios antes de las elecciones del próximo año, los presupuestos recogerán esta devolución en metálico que apenas le costará 230 millones de euros.
 
El Gobierno cifra el coste total del reembolso de esos 44 días en 1.220,7 millones de euros para todas las administraciones públicas. De esa cantidad, 230 millones corresponderían al Estado; 774 millones a las comunidades y 215 a los Ayuntamientos. Cuando el Ejecutivo decidió suspender la paga complementaria de Navidad de 2012 esperaba ahorrar algo más de 5.000 millones, aunque el recorte fue menor porque no tuvo en cuenta el efecto de las retenciones en el IRPF a los funcionarios.
 
Montoro explicó ayer en el Parlamento que esta medida afectará a los trabajadores públicos de la Administración General del Estado (AGE) -funcionarios, personal laboral, eventuales y otros empleados públicos-. Advirtió de que el resto de administraciones solo podrán devolver la extra si eso no les impide cumplir con su meta de déficit público. "Las que no lo puedan hacer porque están muy lejanas de la consecución de sus objetivos de déficit o no tengan recursos presupuestarios, no lo harán, pero lo hará la Administración General del Estado", subrayó al tiempo que se mostró dispuesto a "habilitar" medidas para que las comunidades autónomas y Ayuntamientos puedan reintegrar, al menos, la misma cantidad.
 
Reunión con los sindicatos de función pública
Durante la reunión con los representantes sindicales, Montoro evitó precisar cuándo restituirá el resto de la paga extra suprimida en 2012. Según los sindicatos presentes en la reunión (UGT, CC OO y CSI-F) les reconoció que "no hay previsión al respecto". Pero los sindicatos no descartan que el Gobierno se guarde cierto margen para antes de las elecciones del próximo año.
 
El titular de Hacienda confirmó a los funcionarios algo que ya se temían. Volverá a congelarles el sueldo por quinto año consecutivo. Desde 2010, cuando el Ejecutivo de Zapatero, les recortó la nómina un 5% de media, el salario de los empleados públicos se ha mantenido constante con independencia de la subida del IPC.
 
No obstante, habrá que ver si el Gobierno permite subidas en algunos complementos salariales o subidas a los trabajadores de otras administraciones que tengan más margen presupuestario.
 
El Gobierno también avanzó a los sindicatos que "elevará en una cuantía más significativa la tasa de reposición -el número de contrataciones públicas por cada baja". Montoro admitió que en los últimos años ha sido "extraordinariamente exigente". Desde 2010 la sustitución de los funcionarios que causaban baja por jubilación estaba congelada. Solo se permitía una tasa de reposición del 10% para sectores de servicios básicos como sanidad, educación, fuerzas y cuerpos y seguridad del Estado e inspección tributaria. "Ya estamos en condiciones porque la plantilla pública está en los rangos de 2003 y 2004, y vamos a cambiar esa tasa de reposición que hemos tenido en los tres últimos años", aseguró el ministro que informó a los sindicatos que la tasa de reposición subirá hasta el 20%. "Queremos que no salga tanta gente de la función pública que no se repone", indicó.
 
El sindicato CSI-F criticó las medidas avanzadas por Montoro porque considera que "da nuevamente la espalda a los empleados públicos con una nueva congelación de sus retribuciones, por quinto año consecutivo y agravará el deterioro de los servicios públicos". Los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, calificaron ayer como insuficiente la devolución de solo el 25% de la paga extra de diciembre de 2012. Méndez señaló que la medida "devuelve una parte ínfima de la reducción del poder adquisitivo de los empleados públicos

jueves, 25 de septiembre de 2014

Novedad editorial: OCDE. Panorama de las Administraciones Públicas en 2013

EL INAP publica este informe -314 páginas-  de la OCDE con interesantes datos cuantitativos  que nos permite conocer y comparar la las distintas Administraciones Públicas a nivel internacional.

La crisis financiera y económica que comenzó en 2008 y que ha afectado a la mayoría de los países miembros de la OCDE ha reabierto el debate sobre el papel del Estado, acerca de cómo y dónde debe intervenir para lograr sus objetivos.

 Panorama de las Administraciones Públicas 2013 proporciona datos cuantitativos y cualitativos claves que pueden permitir la toma de decisiones basadas en los hechos, así como ayudar a los gobiernos a planificar el futuro.

Permite la comparación de las actividades, de las prácticas y del rendimiento de las Administraciones Públicas en una serie de aspectos críticos y pone de relieve las áreas que requieren un examen más detenido.

 En su capítulo primero la obra analiza los vínculos entre la confianza en las Administraciones y las políticas e instituciones de la gobernanza pública.

Ver sumario y páginas iniciales del libro

 INAP - OCDE, 2014 1ª edición . ISBN: 978-84-7088-968-4
314 páginas 20,00 € (papel)
 Otras noticias de Gestión Pública: El BOE publica el patrimonio de altos Cargos, tal como establece la Ley de Transparencia

El BOE ha publicado el patrimonio de 250 altos cargos cesados o nombrados entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014, con Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina entre ellos, aunque no están entre los más pudientes. Decenas de ellos declaran patrimonios de millones de euros.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles por primera vez la declaración patrimonial de los altos cargos, que hasta ahora sólo era obligatorio publicar los bienes de ministros y secretarios de Estado, pero en virtud de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia esta obligación se amplía a miembros del Gobierno y otros altos cargos. (Leer+ Expansión)

miércoles, 24 de septiembre de 2014

Los sindicatos policiales reprochan al gobierno la política de concesión de medallas pensionadas

Desde el Sindicato Unificado de Policía protestan porque se ha dejado fuera a varios funcionarios, que  fueron heridos de diversa consideración en manifestaciones. 

Otras noticias:  Funcionarios de Justicia lamentan la  "desacertada" gestión de Gallardón y piden a su sucesor más compromiso con el sector
 
Revista de prensa. lainformación.com.- La entrega de medallas al mérito policial siempre conlleva polémicas. Año tras año, por un motivo o por otro, siempre hay quien comparte y quien no las decisiones tomadas por la Dirección General.

 Esta vez, por lo tanto, no podía ser de otra manera. En este caso la controversia se centra en torno a lo que ocurrió la noche del pasado 22 de marzo, después de las manifestaciones denominadas Marchas por la Dignidad, que concluyeron con disturbios sin precedentes por las calles de Madrid que acabaron con 67 funcionarios heridos de diversa consideración.
 
Uno de esos policías, el inspector que tenía bajo su mando al grupo de antidisturbios Puma 70, recibió numerosos golpes de los manifestantes que le provocaron un llamativo traumatismo craneoencefálico por el que tuvo que ser intervenido. El agredido hoy está visiblemente molesto porque tantos los responsables policiales que estaban por encima de él como los que se sitúan en el rango inmediatamente inferior han sido galardonados con medalla al mérito policial y él no.
 
La razón, según explican fuentes oficiales, es que su actuación no fue correcta e incluso supuso un "riesgo" para la integridad de sus compañeros. No en vano, explican las mismas fuentes, los tres jefes de subgrupo que están por debajo de él en categoría (dos subinspectores y un oficial que hacía labor de jefe) tuvieron que salir al paso y sacarle del 'avispero' en el que se había metido. Estos tres últimos, al igual que el comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona, y el jefe de las Unidades de Intervención Policial, José Miguel Ruiz Iguzquiza, sí han sido condecorados con la medalla roja, que además conlleva una pensión de por vida, lo que ha incrementado el malestar del afectado.
 
Además, de los ocho funcionarios que quedaron aislados y rodeados de violentos, tres recibirán medalla roja, otros tres medalla blanca (que no conlleva pensión añadida) y dos de ellos se quedarán sin ningún tipo de reconocimiento. Desde el Sindicato Unificado de Policía protestan porque se ha dejado fuera a estos dos funcionarios, que según apuntan también fueron heridos de diversa consideración. 
 
Desde el Sindicato Profesional de Policial (SPP), que representa al inspector no condecorado, piden que haya más "transparencia" en la entrega de los galardones, ya que no existe ningún documento en el que se explique el motivo que ha llevado al Ministerio del Interior a tomar la decisión de condecorar a unos y no a otros. "Desconocemos el porqué; si lo explican, a lo mejor lo entendemos, pero deben explicarlo", asegura un portavoz de la citada organización.

Sin expediente

También se quejan desde el SPP de que la Dirección General de la Policía haga responsables al inspector afectado de lo que pasó aquella noche negándole la medalla y, sin embargo, no le haya abierto ningún expediente, que es la herramienta con la que cuenta el Ministerio para tomar medidas disciplinarias ante actuaciones impropias. 
 
Tras la polémica noche del 22M, el inspector pasó temporalmente a desempeñar labores administrativas y luego fue recolocado como jefe del grupo 5 de las Unidades de Intervención Policial, puesto que desempeña en la actualidad.

      
Además de estas condecoraciones vinculadas a la conflictiva noche del 22 de marzo, el Ministerio del Interior entregará medallas a los coordinadores del operativo policial que rodeó a la proclamación de Felipe VI el pasado 19 de junio por las calles de Madrid. En concreto, entre otros, recibirán el ansiado y pensionado premio tres funcionarios que formaron parte del gabinete multidisciplinar que coordinó el operativo (dos de ellos, asesores habituales del director adjunto operativo, Eugenio Pino) y los citados Iguzquiza y Villabona.

Fuentes oficiales, de hecho, aseguran que el galardón a estos dos últimos se les concede por su papel en la proclamación, y no por la polémica actuación que ambos protagonizaron el 22M y que fue tan duramente criticada por los sindicatos policiales. 

 

martes, 23 de septiembre de 2014

Cl@ve, nueva plataforma común del sector público estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica

Permitirá integrar al resto de las Administraciones Públicas, habilitando de este modo la extensión práctica de los servicios de Administración Electrónica a la gran mayoría de los ciudadanos.

Noticia relacionada. MAHP.  Manual para la racionalización y eliminación de duplicidades por la Administración General del Estado

Nota MHAP.-  El Consejo de Ministros -19.9.2014.- ha aprobado un Acuerdo para la creación de Cl@ve, nueva plataforma común del sector público administrativo estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica. Con ello se sustituye el actual sistema de acceso electrónico en la red basada en la obtención de un certificado de firma electrónica por un sistema de claves concertadas más ágil y eficiente de fácil obtención y utilización.

Esta medida se enmarca dentro de las propuestas del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) en el ámbito de los medios informáticos, destinadas a la racionalización de las actuales estructuras organizativas en el ámbito de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) del Sector Público Administrativo Estatal.

Sistema Colaborativo
Aunque ya existen, en aplicación de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, diferentes sistemas de identificación, autenticación y firma, se diseña ahora un sistema colaborativo de identificación, autenticación y firma electrónica llamado a resolver las limitaciones de los actuales, integrando los sistemas de claves concertadas de la Administración ya existentes en uno único y abriendo su utilización a la totalidad del Sector Público Administrativo Estatal.

Asimismo, se permitirá integrar al resto de las Administraciones Públicas cuando esté disponible, habilitando de este modo la extensión práctica de los servicios de Administración Electrónica a la gran mayoría de los ciudadanos.

El órgano responsable del sistema Cl@ve será la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Administración General del Estado.

 Además, participarán también en la construcción e implantación del sistema, siendo garantes de su funcionamiento, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y demás entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, la Dirección General de la Policía y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

Los interesados que deseen utilizar el sistema deberán facilitar los datos de carácter personal necesarios para habilitar los servicios de identificación, autenticación y firma electrónicas. Estos datos se integrarán en el fichero Cl@ve de datos de carácter personal, que se creará en los términos previstos en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

Tipos de identificación
Habrá dos tipos de identificación en esta plataforma común del sector público administrativo estatal:

a)Cl@ve ocasional: sistema de contraseña de validez muy limitada en el tiempo, orientado a usuarios que acceden esporádicamente a los servicios.

b)Cl@ve permanente: sistema de contraseña de validez duradera en el tiempo pero no ilimitada, orientado a usuarios habituales.

El Sector Público Administrativo Estatal deberá habilitar el sistema Cl@ve en todos los servicios y trámites electrónicos dirigidos a los ciudadanos antes del 1 de octubre de 2015. Estarán excluidos los servicios y trámites dirigidos a ciudadanos que estén obligados por la normativa vigente al uso exclusivo de certificados electrónicos incluidos en el ámbito de la Ley de Firma Electrónica, así como el resto de trámites o servicios en los que la normativa reguladora no permita la utilización por los ciudadanos de los sistemas de identificación, autenticación y firma.

Las medidas previstas se llevarán a cabo sin incremento de gasto público y se enmarcan en el proyecto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de acercar la Administración al ciudadano y hacerla más sencilla, cercana y eficiente.