sábado, 25 de octubre de 2014

Madrid 20-22 de Noviembre 2014.- X Congreso Cosital: Innovación e Imparcialidad. Una profesión de futuro

Madrid 20-22 de Noviembre 2014.- X Congreso Cosital. Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local: Innovación e Imparcialidad. Una profesión de futuro
Jueves 20 de noviembre

 16:30 – 18:00 Mesas redondas de reflexión y debate abierto

Mesa 1.-Gestión del conocimiento y dirección pública local
Moderador-Coordinador: Eulalio Ávila Cano, Presidente del C. G. de COSITAL
Intervienen:
-José Luis Pérez López, Secretario Ayto. San Lorenzo de El Escorial
-Juan Carlos González, Subdirector de Programas Formativos INAP
-Milagros Ortiz Torremocha, Presidenta de la Asociación Valenciana de Técnicos de Personal de Administración Local
-Javier Oliva, Coach Ejecutivo
-Carlos Cardosa Zurita, Interventor del Consejo General, Presidente CT de Ciudad Real

Mesa 2.-Nuevas formas de comunicación. Una profesión en red
Moderador-Coordinador: Víctor Almonacid, Secretario Gral. del Ayuntamiento de Alzira, Vicepresidente 4º del Consejo General de COSITAL
Intervienen:
-Francisco Hierro Caballero, Secretario Ayto. Quintanilla de Vivar, Vicepresidente 5º del Consejo General de COSITAL
-Jesús Blanco Giró, Interventor. Ayto. Verín, Presidente CT Ourense
-Mª Rocío Claros Peinado, Tesorera Ayto. Alhaurín de la Torre, Vicepresidenta del CT de Málaga, Coordinadora Proyecto Esperanto
-Lorenzo Pérez Sarrión, Secretario Gral. Ayto. Gandía
Pendientes de confirmar:
-Alejandro Fernández Rodríguez-Oliva, Tesorero Ayto. Tenerife. Presidente CT Tenerife
-Emma Pozo Rodríguez, Secretaria-Interventora Ayto. Batres

Mesa 3. Profesionalidad en los pequeños municipios. El rol de las diputaciones provinciales
Moderador- Moderador-Coordinador: José Ignacio Martínez García, Jefe de Servicio Asistencia a Municipios SAT Granada, Vpte. 3º del C. G.de COSITAL
Intervienen:
-Marien Peinado Lozano, Secretaria-Interventora Ayto. Jimena, Presidenta del CT de Jaén, Comisión Ejecutiva Consejo General de COSITAL
-Ginés Ortiz Barriuso, Secretario-Interventor Ayto. Viana de Cega, Presidente del CT de Valladolid
-Carlos Limón Martínez, Secretario Ayto. El Borge (Málaga)
-Julio Pedreira García, Servicio Asistencia Municipios Diputación de León, Presidente CT León
Pendiente de confirmar: Javier Cabanes, Presidente CT Tarragona
 
18:00 – 19:30.- Mesas redondas de reflexión y debate

Mesa 4.- El control de la gestión económico-financiera local
Patrocinada por: T-Systems
Moderador-Coordinador: Francisco Javier Biosca, Interventor Ayto. Manises, Presidente  CT Valencia, Comisión Ejecutiva Consejo General de COSITAL
Intervienen:
-José Fernando Chicano Jávega, Interventor  Ayto. Tarragona
Beatriz Vigo Martín, Interventora Ayto. Madrid
J-aime Alvarez de Toledo Jaén, Tesorero Ayto. Alcalá de Henares, Presidente CT Madrid
-José Luis Pinotti Baldrich, Representante de la Economía del Bien Común
Pendiente de confirmar: José Antonio Rueda de Valenzuela, Interventor Concello Ames, Presidente CT A Coruña

Mesa 5.-La Secretaría General: Ley, Transparencia y Buen gobierno
Moderador-Coordinador: Rosa de la Peña Gutiérrez, Vicesecretaria Ayto. Palencia, Presidenta CT de Palencia, Comisión Ejecutiva C. Gral de COSITAL
Intervienen:
-José Carlos Castiñeira Piñeiro, Secretario Ayto. Pontevedra, Presidente CT Pontevedra
-Víctor Almonacid Lamelas, Secretario Gral.  Ayto. Alzira, Vicepresidente 4º del Consejo General de COSITAL
-Antonio Serrano Pascual, Secretario Gral. Diputación Provincial Huesca, Director del Observatorio de Personal de Cositalnetwork-Proyecto Esperanto
-Manuel Paz Taboada, Secretario Ayto. Galapagar
-Hilario Llavador Cisternes, Secretario Ayto. Valencia
-David Ré Soriano, Secretario Ayto. Alhama de Murcia, Presidente del CT Murcia
 
Mesa 6.-La gestión y recaudación profesional de los fondos públicos
Patrocinada por: Aytos
Moderador-Coordinador: Vicente Calvo del Castillo, Interventor Ayto. Santiago de Compostela, Comisión Ejecutiva Consejo General de COSITAL
Intervienen:
-José Luis Martínez de la Riva Sánchez, Tesorero Diputación Granada
-Inmaculada Turú i Santigosa, Tesorera Ayto. Barcelona
-Blanca Jiménez Garrido, Tesorera Ayto. Manises
-Emilio Fernández Agüero, Tesorero Ayto. Talavera de la Reina
Pendiente de confirmar: Jaime Porquet Colomina, Interventor  Diputación Provincial de Huesca, Presidente CT de Huesca

 Viernes 21 de noviembre
10.h.- Apertura oficial del congreso
Intervenciones del Presidente del Consejo General,  EULALIO ÁVILA CANO y de las Autoridades Invitadas

11.h.-Conferencia inaugural. A cargo de  Manuel Arenilla Sáez. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración. Director del INAP

12,30. h.- Mesa redonda “El régimen jurídico de la habilitación nacional tras la reforma"

 16 h.- Mesa redonda “Secretarios, interventores y tesoreros de la administración local: una visión exterior del futuro profesional”.
Patrocinada por: Wolters Kluwer

 17.30.h.- Mesa redonda “La responsabilidad administrativa, penal y contable de los funcionarios con habilitación nacional”

Sábado, 22 de noviembre X Asamblea COSITAL
De 9.00h a 14.00 horas. Saludo de los Presidentes autonómicos de COSITAL. Entrega Premio COSITAL. Desarrollo de la Asamblea
Otras noticias. El BOE del día 11 de octubre de 2014 publica el cese como Directora General de Función Pública, Carmen Sánchez-Cortes Martín, que ha asumido la Secretaría de Estado de Justicia. 
 

 

 
 
 
 
 

viernes, 24 de octubre de 2014

Decálogo del Reutilizador de Datos Abiertos del Sector Público

Proyecto Aporta ha preparado un decálogo que explique los conceptos básicos en materia de datos abiertos
 
Datos.gov.- En la actividad diaria de la Administración Pública, se generan gran cantidad y variedad de datos con alto valor y gran potencial. El fin último de una iniciativa open data no es otro que habilitar y facilitar, en la medida de lo posible, la reutilización de la información del sector público para que repercuta finalmente en la sociedad.
El equipo del Proyecto Aporta ha preparado un decálogo que explique los conceptos básicos en materia de datos abiertos y facilite los primeros pasos para todos los agentes –periodistas, infomediarios, entidades privadas y usuarios- que estén interesados en reutilizar dicha información:
 
1.- Qué son los datos abiertos – fuente de información custodiada por los organismos públicos y guiada por una serie de principios que garantizan que se expongan al público en formatos abiertos y estándar y bajo licencias de uso no restrictivas de forma que cualquiera pueda acceder a ellos y reutilizarlos fácilmente.
 
2.-Datos reutilizables: licencias – listado de las licencias predefinidas y compatibles con los principios open data más frecuentes que determinan las condiciones de uso y las restricciones específicas a la hora de reutilizar la información pública.  
 
3.-Dónde encontrar los datos – índice de los catálogos nacionales, regionales y locales donde acceder y descargar los datos abiertos de interés.
 
4.-La calidad de los datos - normas básicas para aprender a convivir con cierto grado de errores en los datos que vendrán ocasionados en su mayoría por su propio ciclo de vida.
 
5.-Interoperabilidad y estándares – identificación a los problemas existentes de interoperabilidad en la vertiente técnica, semántica y operativa.
 
6.-Persistencia y volatilidad – recomendaciones para afrontar que la disponibilidad de los datos no esté garantizada en los términos de uso, produciéndose una discontinuidad en el servicio.
 
7.-Herramientas para el tratamiento de datos recorrido por las principales herramientas de scraping, tratamiento de datos, análisis, visualización, creación de mapas y geolocalización, elaboración de series temporales, generación de redes, librerías e interfaces de programación.
 
8.-Formación en el uso de datoscomunidades nacionales de datos abiertos y eventos open data que tienen lugar en España.  
 
9.-Experimentación con datos – concursos de datos y hackathones que fomentan el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en la reutilización de la información pública.
 
10.-El valor de los datos y las oportunidades de negocioconsejos para la investigación de mercado y conocimiento de las necesidades actuales para el desarrollo de una idea basada en datos abiertos.
 
De esta manera, el Decálogo del Reutilizador de Datos Abiertos del Sector Público recoge los aspectos más importantes a tener cuenta para dar el salto a reutilizar los datos abiertos para la creación de nuevos proyectos, con fines comerciales o no, pero que seguro que generarán valor que repercuta finalmente en la sociedad.

+Info. Casos prácticos de reutilización de información en el sector público

jueves, 23 de octubre de 2014

Granada, 13 y 14 Noviembre. La Función Pública Local a debate: un estado de la cuestión

 Los días 13 y 14 de noviembre de 2014, se celebrarán en Granada las Jornadas: La Función Pública Local a debate: Un estado de la cuestión.

PROGRAMA
JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

9:00 a 9:30 - Presentación de las Jornadas. Federico A. Castillo Blanco. Director de la sede territorial en Granada de la UIMP. María Asunción Torres López. Directora del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada. Miguel Olmedo Cardenete. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada y  Juan B. Cano Bueso, Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía
 
9:30 a 10:30 - Conferencia: “La función pública local ante la crisis: oportunidades y retos”. Federico A. Castillo Blanco. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Granada.
 
11:00 a 12:00 - Conferencia: “Incidencia de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en la función pública local”. Jesús Ángel Fuentetaja Pastor, profesor Titular de Derecho Administrativo. UNED.
 
12:00 a 13:00 - Conferencia: “El desarrollo de la figura del directivo público profesional: especial referencia al ámbito de la Administración Local”.Mariano Bacigalupo Saggese. Profesor Titular de Derecho Administrativo. UNED.
 
13:00 a 14:00 - Conferencia: “La problemática del personal eventual en la Administración Local”. Severiano Fernández Ramos. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Cádiz.

16:00 a 18:00 - Mesa Redonda: “La selección y provisión de puestos de trabajo de los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional”. Estanislao Arana García. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Granada.
Sara Medina González. Profesora Contratado Doctor. Departamento de Derecho Administrativo. UNED.
Pilar Celma Alonso. Profesora Contratado Doctor. Departamento de Derecho Administrativo. UNED.
Antonia Santiago Fernández. Secretaria del Ayunto. Albolote.
Modera:  Ildefonso Cobo Navarrete. Presidente de COSITAL Granada.
 
VIERNES 14 DE NOVIEMBRE
 
9:00 a 10:00 - Conferencia: “El Estatuto Básico del Empleado Público y su incidencia sectorial”. Juan Francisco Pérez Gálvez. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Almería.
 
10:30 a 12:00 - Mesa Redonda:El personal laboral en la Administración Pública”. María José Rodríguez Ramos. Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Sevilla.
 Alberto Palomar Olmeda. Profesor Titular (Acred.) de Derecho Administrativo. Universidad Carlos III de Madrid.
José Antonio Fernández Avilés. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Granada.
Modera: D.ª. Ana Olmedo Gaya. Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Granada.
 
12:00 a 14:00 - Mesa Redonda: “Sistema retributivo, evaluación del desempeño y carrera profesional: propuestas para la Administración Local”. Ángel Luis Cabal. Director General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Principado de Asturias.
Luis Canal Fernández. Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias.
Javier E. Quesada Lumbreras. Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de Granada.
Modera:  Pilar Bensusan Martin. Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Granada.
 
16:00 a 17:30 - Mesa Redonda:Criterios para la delimitación de funciones y la reserva de funciones locales a los funcionarios con habilitación de carácter nacional”.
 Josefa Cantero Martínez. Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Castilla-La Mancha.
 Carmen Fernández Rodríguez. Profesora Titular de Derecho Administrativo. UNED.
José Luis Martínez de la Riva Sánchez. Tesorero de la Dip. Granada.
Modera:  Ildefonso Cobo Navarrete. Presidente de COSITAL Granada.

17:30 a 18:30 - Conferencia: “La problemática de la función pública local: análisis desde la visión de los órganos consultivos”.
 Juan B. Cano Bueso. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Almería.

Matriculación: Gratuita para estudiantes de la Universidad de Granada y funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional de la provincia de Granada. 10 € para aquellos profesionales del sector público que deseen asistir y obtener una acreditación de su participación en las Jornadas.
La inscripción deberá realizarse antes del 9 de noviembre a través del formulario disponible en el siguiente enlace: http://www.pga.uimpgranada.es/catalogo/174.
Para más información puede ingresar en la web www.uimpgranada.es o enviarnos un correo electrónico a jaque@ugr.es

 Otras convocatorias: La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMYP) organiza el ciclo La Cuestión Catalana, una serie de conferencias de carácter multidisciplinar que tendrá lugar entre el 27 de octubre y el 24 de noviembre, a las 19 horas, en la sede de la academia.

Lunes 27 de octubre: Santiago Muñoz Machado. La solución constitucional para Cataluña
Lunes 3 de noviembre: Pedro Cerezo Galán. "Una y diversa España".

Miércoles 12 de noviembre: Alejandro Nieto. 1934-2014: analogías y diferencias
Lunes 17 de noviembre:  Ramón Tamames. Aventuras, inventos y mixtificaciones de la hispanocatalaneidad
Lunes 24 de noviembre: Emilio Lamo de Espinosa. El lugar de España en Cataluña


19 horas- Lugar. En la sede de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (Casa y Torre de los Lujanes, Plaza de la Villa 2-3, Madrid). Entrada gratuita, hasta completar aforo. 

miércoles, 22 de octubre de 2014

Ayuntamientos y CC.AA deberán determinar las áreas prioritarias en las que reforzar su personal público en 2015.

La tasa de reposición podrá elevarse al 100% en determinadas áreas pero no superar el 50% del total.
 
Revista de prensa.- Expansión. 201.10.2014.-El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha recalcado hoy en el Congreso que cada administración pública deberá determinar las áreas prioritarias en las que reforzar su personal público en 2015.
 
Ayuntamiento de Huelva
Montoro ha subrayado durante el debate de totalidad de los presupuestos generales del Estado para el año próximo que la tasa de reposición podrá elevarse al 100% en determinadas áreas cuando esa comunidad o ayuntamiento lo considere oportuno, y siempre y cuando el conjunto de las reposiciones no supere el 50%.
 
"Se trata de que no continúe adelgazando la plantilla del sector público, porque tenemos que garantizar la prestación de los servicios públicos en las mejores condiciones", ha añadido.
 
El ministro ha constatado que una vez que las condiciones económicas han mejorado, y tras años de "sacrificios", en 2015 los funcionarios podrán recuperar una parte de la paga extraordinaria de dejaron de percibir en 2012.
 
Además, ha afirmado que "ahora que las disponibilidades presupuestarias nos lo permiten", la mesa de la función pública podrá reunirse "para poder llevar adelante una nueva tarea cara al próximo futuro".
 
Montoro ha agradecido su labor a los funcionarios y ha asegurado que él mismo se considera "fundamentalmente" un servidor público "que acumula trece trienios en la nómina".

Noticia relacionada. Información.com. El trabajo de por vida de los funcionarios, a debate

martes, 21 de octubre de 2014

Post de R. Jiménez Asensio: La "otra" transparencia: el derecho de acceso a la información pública

"El poder y la información no se soportan bien. Al poder le gusta envolverse en el secreto”.(Byung-Chul Han, “En el enjambre”, Herder, Barcelona, 2014, pág. 67)

Noticia relacionada. Info Access: El Comité de Derechos Humanos de la ONU es instado a investigar las violaciones del Derecho a la Información en España"Nos preocupa la poca calidad de la ley de acceso a la información, así como el abuso que se hace de denuncias a periodistas por difamación, pretendiendo intimidar a aquellos que sacan a la luz casos de corrupción o las malas prácticas del gobierno."

R. J. Asensio. Blog Estudi.con.- Desde que se anunció a bombo y platillo la tramitación y posterior aprobación (tras un año y medio de gestación) de la Ley de Transparencia, los distintos niveles de gobierno pusieron el foco de atención exclusivamente en una de las dimensiones de la Transparencia, la Publicidad Activa.
 
Foto Info Access
 Los innumerables esfuerzos que algunas Administraciones Públicas han hecho desde la entrada en vigor (e incluso antes) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, para adecuar su práctica de gobierno a los mandatos de la norma son, bien es cierto, dignos de elogio.
Pero con frecuencia se olvida que esa dimensión “activa” de la Transparencia es solo una parte del problema y por mucho que se invierta en ella tiempo y recursos una Administración Pública podrá ser tachada de opaca cuando no haya resuelto cabalmente el otro nudo de la cuestión: articular un sistema estructurado de acceso a la información pública y proveer con celeridad y transparencia esa información solicitada por las personas y entidades que la demanden o, en su caso, dar respuestas rápidas y motivadas en los casos en que ese acceso a la información pública sea denegado.  
 
Dos años de plazo para las territoriales y uno para la AGE
El nuevo marco normativo básico en materia de Transparencia viene establecido por esa Ley citada. Su vigencia, sin embargo, solo es de momento parcial (Título II de Buen Gobierno), estando su vigencia y aplicabilidad diferida de forma escalonada para la Administración del Estado (un año a partir de la publicación de la Ley) y para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales (cuyos órganos disponen, tal como prevé la disposición final novena, de un plazo máximo de dos años “para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley”).
 
No obstante, ese período máximo de dos años que tienen las Comunidades Autónomas y los Entes Locales para adaptarse a las obligaciones de esa Ley puede resultar algo equívoco, puesto que no cabe ocultar que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, lleva a cabo una profunda reformulación del derecho de acceso a la información pública (modificando radicalmente el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que reenvía a la propia Ley de Transparencia para el ejercicio de ese derecho de acceso a la información pública por los ciudadanos o por sus entidades, tal como prevé la disposición final primera de la Ley de Transparencia).
 
Ello podría implicar que, una vez que la Ley entre en vigor en lo que afecta al Título I de Transparencia para la Administración del Estado (al año de su publicación en el BOE), ese derecho de acceso a la información pública no solo sea plenamente ejercitable por los ciudadanos ante la Administración General del Estado y sus entidades vinculadas o dependientes, sino también ante cualquier Administración Pública (también ante las Comunidades Autónomas y Entidades Locales), pues cabe dudar razonablemente que se pueda dejar en suspenso o sin aplicación el ejercicio de un derecho (configurado de forma general y patrimonio de todos los ciudadanos) de acceso a la información pública en determinados niveles de gobierno.
 
Art.37 de la Ley 30/92
En efecto, una lectura literal de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, podría conducir a la solución de que ese derecho de acceso no tiene aplicabilidad efectiva hasta que las Leyes autonómicas no lo prevean y en todo caso como máximo antes de que transcurran los dos años desde la publicación de la Ley. Esta tesis “literal” implicaría que el derecho de acceso a la información pública regulado en el artículo 37 de la Ley 30/1992, no sería de aplicación a las Comunidades Autónomas y a los entes locales hasta que se produjera la condición prevista en la disposición final novena de la Ley (por otro lado, formulada en términos de una notable ambigüedad). Sin embargo, si eso fuera así, ¿qué régimen del derecho de acceso se aplicaría en esas entidades?, ¿el previsto en el artículo 37 anterior ya derogado?, ¿habría, por tanto, dos artículos 37 de la Ley 30/1992, de contenido radicalmente diverso, aplicables transitoriamente según el tipo de nivel de gobierno?. Absurdo e imposible: la derogación del artículo 37 no puede hacerse en dos tiempos y sus condiciones de aplicabilidad pensamos que tampoco.

 
No parece muy adecuada esa interpretación y más bien cabría deducir (en línea también con lo previsto en el guión segundo de la propia disposición final) que la referencia a “las obligaciones” a las que hace mención esa disposición final novena lo es exclusivamente a las de Publicidad Activa y no a las propias del derecho de acceso a la información pública, pues este es un derecho de los ciudadanos y cubre otra dimensión de la Transparencia distinta a la anterior. No se configura como “obligación”, sino como derecho de los ciudadanos que la Administración Pública debe atender en sus propios términos. Sería, por tanto, enteramente discutible que una Administración autonómica o entidad local se pretendieran amparar en la “no entrada en vigor (o en su no aplicabilidad) en sus respectivas administraciones” de ese derecho de los ciudadanos para no dar respuesta a la solicitud de información pública demandada a partir del año de publicación del citado texto.
 
Si esto fuera así (pues lo contrario significaría una discriminación en el ejercicio de un derecho dependiendo de la Administración Pública a la cual se solicite tal información) conllevará de inmediato una serie de retos de singular importancia para todos los gobiernos locales y autonómicos. Por ejemplo, todos aquellos que tienen que ver con la unidad que gestionará tales solicitudes de acceso y con los procedimientos internos para dar respuesta en plazo (un mes, prorrogable excepcionalmente otro más) de tales solicitudes. Pero sobre todo con relación a los criterios de admisión de solicitudes (las causas de inadmisión son muy tasadas), con la aplicación de las limitaciones para denegar el acceso (la realización del test del daño), así como con la ponderación con la posible afectación a la protección de datos personales.
 
En cualquier caso, independientemente de cuál sea la tesis que se mantenga en relación con la aplicabilidad efectiva de ese derecho en el ámbito autonómico y local, no se puede obviar que, teniendo en cuenta que dentro de unos meses se celebran elecciones municipales y en al menos trece Comunidades Autónomas, es muy factible que, conforme se aproxime la contienda electoral, la demanda de información pública se multiplique en los diferentes Ayuntamientos y Administraciones autonómicas por parte de entidades, colectivos ciudadanos, asociaciones y personas individuales. Esa demanda de información se basará, sin duda, en la ejercitabilidad inmediata de ese derecho regulado por la legislación básica general y frente a la cual no cabe interponer una necesidad de “adaptación a las obligaciones de la Ley”, pues estas son meramente instrumentales.
Si no se responde o se responde denegando el acceso o alegando que no “está en vigor ese derecho”, se invocará de inmediato por los solicitantes que el gobierno municipal no es transparente. Dará relativamente igual que el gobierno local haya hecho un notable esfuerzo por desplegar una política de Transparencia-Publicidad Activa (esta le puede servir de “paraguas” frente a toda aquella demanda de información que ya esté “colgada”). Y todo ello previsiblemente acabará en los tribunales de justicia o, en su caso, en los órganos independientes de resolución de reclamaciones.
 
Pero los problemas no solo provendrán de la situación que se deriva de no disponer de unos servicios administrativos ni siquiera mínimamente preparados para hacer frente a una hipotética avalancha (o, al menos, a un buen número) de demandas de información pública y carecer asimismo de criterios básicos para resolver la denegación de tal derecho de acceso justificada en materia de límites (test de daños o criterios de ponderación) o por afectar a la protección de datos. Los servicios técnicos y jurídicos de estas Administraciones estarán sin duda “en pañales” cuando las primeras demandas de información se activen y deberán articular tanto un órgano o unidad que resuelva tales demandas como los procedimientos internos de tramitación de las mismas.
 
¿Se descuida el  acceso a la información publica?
Igualmente, como todo el acento se ha puesto en reforzar el principio de Publicidad activa, descuidando totalmente esta segunda e importante dimensión de la Transparencia como es el derecho de acceso a la información pública, la práctica totalidad de los legisladores autonómicos lo han fiado todo a la aprobación de leyes autonómicas y a la regulación en estas de órganos independientes de resolución de reclamaciones en los casos de denegación del acceso al derecho de información pública. Lo cual implica que cuando entre en vigor el nuevo marco que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública probablemente solo la Administración del Estado (y puede que alguna Comunidad Autónoma de forma excepcional) tendrán regulado ese órgano. ¿Dónde deberán acudir para plantear las reclamaciones previas frente a resoluciones denegatorias o de indamisión aquellas personas o entidades a las que no se les conceda el acceso?, ¿deberán ir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa?, ¿pueden acudir subsidiariamente al Consejo (estatal) de Transparencia y Buen Gobierno?

Demasiadas preguntas sin respuesta clara para una cuestión de tanta relevancia y que puede explotar en las manos de esos gobiernos autonómicos y locales en breve plazo (o, al menos, plantear algunas dudas jurídicas y no pocas tensiones fácticas importantes).  Siempre cabrá escudarse en las tesis “ortodoxa” que ese derecho es de vigencia o aplicabilidad diferida en estos casos, pero más tarde o más temprano intuyo que los tribunales de justicia desmontarán esa lectura formal y escasamente adecuada a lo que es la regulación general de un derecho por parte del legislador básico.

lunes, 20 de octubre de 2014

13 y 14/11/2014 Toledo: I Congreso Internacional de la RIDE: La nueva contratación pública

Los días 13 y 14 de noviembre de 2014 se celebrará en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo el “I Congreso Internacional de la RIDE: La nueva contratación pública”.

PROGRAMA
Jueves. 13 de noviembre.- Mañana. 10.30 h. Conferencia inaugural: “La nueva contratación pública”- Pedro Costa Gonçalves. Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Portugal)
 
12:00 h. Primera ponencia: “La contratación pública electrónica”
 -Julián Valero Torrijos. Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Murcia. Coordinador de Idertec
 
13:00 h. Segunda ponencia: “Modificaciones contractuales y ejecución de los contratos”.- Silvia Díez Sastre. Profesora Contratada doctora de Derecho Administrativo. Universidad Autónoma de Madrid.
 
Tarde. 17:00 h. Tercera ponencia: “Compra pública innovadora; en particular, las centrales de compras”.-  Francesca Di Lascio, Professore Aggregato di Diritto Amministrativo. Università di Roma Tre (Italia).
 
18:00 h. Cuarta ponencia: “La adjudicación de los contratos de concesión”
 María Hernando Rydings. Profesora de Derecho Administrativo. Universidad Rey Juan Carlos.
 
19.00 h. Presentación de comunicaciones

 Viernes, 14 de noviembre.- 10.00 h. Quinta ponencia: “La colaboración público-público”. Isabel Gallego Córcoles. Profesora Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Castilla-La Mancha.
 
11:00 h. Mesa redonda: “Otros retos de la contratación pública”
MODERA: Francisco García Costa. Profesor Contratado Doctor de Derecho Constitucional. Universidad de Murcia.
 
-“Contratación pública y lucha contra la corrupción”,  Giuseppe Pipperata. Professore Associato di Diritto Amministrativo. Università IUAV de Venecia.
“Contratación pública y propiedad intelectual”,  Juan Antonio Ureña Salcedo. Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Valencia.
-“Contratación pública y declaraciones de concurso”,  Francisco Puerta Seguido. Profesor Contratado Doctor de Derecho Administrativo. UCLM.
-“Contratación pública y facturación electrónica”,  Damián Oliva García, Coordinador de Estrategia Económica y Europea. JCCM
 
13:00 h. Conferencia de clausura: “El futuro de la Unión Europea: algunas consideraciones en clave jurídica”. Luis Ortega. Magistrado del Tribunal Constitucional. Catedrático de Derecho Administrativo. Catedrático Jean Monnet. UCLM.
 
INSCRIPCIÓN
- Profesores y alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha, a través de la Unidad de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.
- Resto de interesados, mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección: estrella.moreno@uclm.es La cuota de inscripción es de 15 €.
 
El plazo de inscripción finaliza el 13 de noviembre.
 Para los alumnos, la participación en el Congreso será reconocida con 0,5 Créditos de Optatividad en Grado y 1 Crédito de Libre Configuración.
 
Lugar y + info:
Las sesiones del Congreso se desarrollarán en la Sala de Prensa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo (Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n) +Info:  cde@uclm.es

Enlace. Contratación electrónica del Ayuntamiento de Gijón.

Otras convocatorias. La FONGDCAM, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas, organiza una Jornada sobre Cooperación Local el miércoles 22 de octubre

domingo, 19 de octubre de 2014

Empleados públicos vs cargos políticos: La paradoja de la corrupción política en España

"...los funcionarios están actuando como auténticos colaboracionistas para que los cargos políticos puedan repartir ilícitamente concesiones y negocios públicos, mediante su participación sumisa en la elaboración de los expedientes administrativos..."

Blog ¿Hay Derecho?. J.A. Fdez Asenjo.- El saber popular ha construido una sentencia que, a modo de infalible regla de tres, se presenta como indubitada: no puede haber políticos corruptos sin ciudadanos corruptos.

El catedrático Alejandro Nieto es
unos de los analistas más lúcidos
sobre nuestra administración pública
La realidad científica por el contrario es reiterativa en contradecir esta afirmación, pues los estudios sobre nuestro país muestran un mayor grado de deshonestidad entre la clase política que en otros sectores como los funcionarios públicos. A modo de ejemplo, los últimos informes GRECO se preocupan especialmente de la financiación ilegal de los partidos políticos (2013) y la injerencia política en las instituciones (2014), o el último Barómetro Global de la Corrupción TI’2013 muestra una peor valoración de los políticos y la judicatura que de los sectores administrativos como la sanidad o la educación.

La consecuencia práctica es que mientras para muchos ciudadanos sería casi impensable pagar un soborno para acceder a los servicios públicos básicos, para un empresario no es tan extraño plantearse prácticas colusorias con las autoridades políticas en materia de contratación y urbanismo.

En este mismo blog se ha acreditado recientemente la viabilidad científica de la existencia de distintos umbrales de deshonestidad dentro de una misma sociedad dependiendo de circunstancias coyunturales como la clase de actividad o la cultura de grupo. Como bien dice el Papa Francisco (2013, Corrupción y pecado), la corrupción más que un pecado es un estado en el que se conjuga la formación ética personal con la cultura moral de la institución. Por ello, encontramos casos de funcionarios con intachable trayectoria profesional que, tras su salto al escalón político, participan de los males que padecen nuestro sistema partitocrático: sobresueldos no transparentes, regalos y prebendas onerosos, o, en el peor de los casos, coimas sustanciosas.

Integridad moral de unos  otros
La causa de esta aparente contradicción hay que buscarla en el distinto tratamiento de la integridad moral de las autoridades políticas y los funcionarios públicos en esta etapa democrática. Curiosamente, la clase política comenzó esta andadura con un mayor crédito ético a nivel popular, pues los nuevos o reconvertidos líderes políticos de principios de los 80 gozaban de cierto halo de honestidad consecuencia de su ropaje democrático que parecía romper con la viciada clase política anterior. Como tuvo ocasión de denunciar tempranamente NIETO (1984, La organización del desgobierno), esta aureola pronto se quebró con los escándalos de corrupción ligados en buena parte a la financiación de los partidos políticos.

Cabe recordar un caso paradigmático de principios de los 80 en el que un valiente teniente-alcalde del Ayuntamiento de Madrid (Alonso Puerta) denunció la exigencia a los adjudicatarios de contratas de comisiones ilegales a favor del PSOE, obteniendo como frustrante resultado su expulsión del partido y de la corporación municipal. Consecuencia de este problema no resuelto, los sucesos de corrupción ligados directa o indirectamente a la actividad de los partidos políticos se han reiterado en los últimos treinta años, sin que las sucesivas reformas legislativas iniciadas en 1987 hayan atajado el problema.

Por el contrario, los funcionarios públicos han seguido el camino inverso, pues estos servidores públicos se encontraban mal considerados socialmente al inicio de la andadura democrática, siendo considerados un grupo corrupto e incompetente, del que únicamente se podían salvar algunos cuerpos de élite. La vivencia diaria de los ciudadanos corroboraba esta percepción, pues en su contacto con la Administración era habitual que se vieran envueltos en tratos al menos poco éticos para obtener los servicios públicos: desde el pago de una propina al funcionario de ventanilla, una iguala o suplido al médico del seguro o, en el peor de los casos, la entrega al gestor público de un sustancioso presente a cambio de una buena recomendación.

La democracia española actuó con rapidez mediante la reforma de función pública impulsada por el gobierno socialista en 1984 que prohibió todo tipo de ingresos atípicos a quienes prestan servicios públicos (curiosamente, tal recordatorio sigue figurando treinta años después en las LPGE), reguló de forma estricta las incompatibilidades entre actividades públicas y privadas, y en el caso de los cuerpos más reticentes se abrieron macro-investigaciones judiciales para terminar con perniciosas costumbres como los pagos de engrase (las llamadas “astillas”) que circulaban impunemente por las oficinas judiciales. El éxito de esta política anticorrupción ha sido evidente: hoy en día más de una generación de funcionarios no sabe lo que es recibir regalos por su actividad profesional, y para muchos ciudadanos contarles que hubiera que pagar algún dinero “bajo cuerda” por recibir una atención médica o de otro tipo le sonaría a ciencia ficción.

Licencias urbanísticas
En todo caso, una visión absolutamente positiva de nuestros funcionarios públicos no sería totalmente cierta y no sólo porque siempre pueden denunciarse ejemplos concretos de malas prácticas. En primer lugar, aún persisten sectores administrativos en el que las medidas de regeneración democrática no lograron acabar con las execrables costumbres, singularmente en el ámbito de las licencias urbanísticas municipales donde el recurso a los “pagos acelerador” ha seguido siendo desgraciadamente demasiado habitual. En segundo lugar, como también se ha comentado en este blog, los cuerpos de funcionarios están actuando como auténticos colaboracionistas para que los cargos políticos puedan repartir ilícitamente concesiones y negocios públicos, mediante su participación sumisa en la elaboración de los expedientes administrativos que dan cobertura de legalidad a estas operaciones bajo el principio, y de nuevo recurrimos al Papa Francisco, de que “el corazón no quiere líos”.