FEPSU presenta al Congreso de los Diputados una propuesta de modelo policial para el siglo XXI

Revista de prensa. fepsu.es - El modelo policial debe pensarse dentro de un modelo integral de seguridad que tenga en cuenta que la seguridad es una cuestión compleja en la que intervienen factores como la estabilidad económica, la cohesión comunitaria, la educación, o la calidad del entorno urbano

Esta nueva policía también tiene que ser capaz de implementar modelos de comunicación y relación con la ciudadanía basadas en la proximidad y la confianza, y que integre la prevención y la resolución de conflictos de convivencia como pieza clave de un modelo integral de seguridad

Javier Barbero, concejal de Seguridad del Ayto
de Madrid y Presidente de Fepsu

El presidente del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad Urbana (FEPSU) y delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha elevado un informe a la Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI, del Congreso de los Diputados, que recoge una serie de consideraciones sobre qué características deben reunir los cuerpos de policías locales.

El modelo policial es una pieza clave del modelo de seguridad que propone esta asociación, que considera que debe responder a diversos parámetros. El modelo policial debe pensarse dentro de un modelo integral de seguridad que tenga en cuenta que la vivencia de la seguridad es una cuestión compleja en la que participan factores diversos y diferentes a la mera presencia de delincuencia en un territorio: la estabilidad económica, la cohesión comunitaria, el uso compartido y pacífico del espacio urbano, la calidad del entorno urbano, la educación, etc. Por ello, las políticas de seguridad deben ser transversales e integrar diversos ámbitos de políticas públicas siempre poniendo el acento en la prevención.

Cooperación

Para adecuar el modelo policial a este marco integral de políticas de seguridad es necesario impulsar un cambio de cultura que refuerce la cooperación intercorporativa e interinstitucional basada en la lealtad y en la transversalidad.

La relación y el compromiso con la ciudadanía deben ser ejes vertebradores del modelo de seguridad. Es necesario superar completamente las políticas clásicas de ley y orden y adoptar un modelo moderno y de seguridad al servicio de la ciudadanía, centrado en las personas.

Es imprescindible impulsar la coproducción de las políticas públicas de seguridad. Definir un marco de coparticipación ciudadana en las políticas en lo relativo a la detección y definición de problemas, a la elección de formas de solución y a la evaluación del resultado de dichas políticas

Es necesario asimismo trabajar para establecer y consolidar relaciones de proximidad y confianza entre la ciudadanía y los cuerpos policiales. Para ello hay que conseguir que las organizaciones policiales reflejen la composición y la diversidad de la sociedad a la que sirven; garantizar que el trato con la ciudadanía sea percibido como justo y respetuoso y que se de respuesta a los problemas cotidianos que más afectan a la percepción de seguridad. La prevención y resolución de conflictos y la promoción de la convivencia deben ser una pieza clave del modelo de seguridad integral.

El modelo de seguridad debe dar respuesta a problemas concretos en lugares concretos, mayoritariamente urbanos. Es preciso desarrollar políticas locales de seguridad que reconozcan el rol esencial de los actores locales en su diseño e implementación. En este sentido, es importante que el nuevo modelo policial redefina y potencie las funciones de la policía local, la cual está en una posición privilegiada para desarrollar un modelo preventivo de seguridad que prime la proximidad y conocimiento del territorio y el desarrollo armónico del espacio público y de sus usos. El nuevo modelo debería también mantener y potenciar el rol de las policías autonómicas como policías de proximidad.

Competencias

En cuanto a las funciones, es necesario superar el modelo actual basado en distribución exclusiva de competencias y con un rol auxiliar de la policía local, para ir hacia un sistema de atribución de funciones adaptadas al ámbito de actuación o la especialización de cada cuerpo policial. Además, es preciso evitar duplicidades, establecer mecanismos eficientes de coordinación entre policías y modelos de trabajo descentralizados, con alta capacidad de autonomía de agentes y unidades, que deben tomar decisiones y resolver problemas en breve espacio de tiempo.

En definitiva, el modelo policial del siglo XXI debería orientarse a conseguir una policía integrada en un sistema transversal y complejo de seguridad en que los destinatarios y principales actores sea la propia ciudadanía. Debería garantizar asimismo, a través de las condiciones de acceso y selección, una composición que refleje la realidad y el entorno sociales; así como el fomento de valores y una cultura profesional basados en el respecto a los derechos humanos.

Esta nueva policía también tiene que ser capaz de implementar modelos de comunicación y relación con la ciudadanía basados en la proximidad y la confianza, y que integre la prevención y la resolución de conflictos de convivencia como pieza clave de un modelo integral de seguridad.

El documento se presentó a la atención de Jaime Miguel Mateu Istúriz, Presidente de la Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI del Congreso de los Diputados.

También de interés en fepsu.es: Ciclo de Debates sobre el derecho a la ciudad. Barcelona

Diego Gómez: La caducidad del procedimiento administrativo y los intentos de notificación

Otro post de interés. Nada es Gratis blog: Puertas giratorias: ¿qué hacen los políticos en los consejos de administración?

Por Diego Gómez Fernández Abogado y Profesor asociado de derecho administrativo. La reciente STS de 6.02.2019 (RC 2837/2016) nos sirve para recordar la distinción que existe entre el intento de notificación y la relación entre la operación y el servicio administrativo y el servicio administrativo y de oficio sancionador o susceptible de efectos desfavorables un ciudadano

Como ya sabéis, el art. 25.1.b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de la AAPP nos dice que:

"En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo se ajusta a lo que se ha dictado y se redacta, no se aplica a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: (...)

b) En los procedimientos, en la Administración, se realizan potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravedad, se produce la caducidad . En estos casos, la resolución que declara la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95 ".

El día de hoy se inicia el cómputo del plazo máximo en este tipo de procedimientos iniciados de oficio se fija, así como en el arte. 21.3 de la Ley 39/2015 en la fecha de publicación del expediente, sin embargo, puede tenerse en cuenta el período informativo o de actuaciones previas del arte. 55 de la misma ley.

En este sentido, la STS de 18.06.2014 (RC 6525/2011) nos recuerda que:

"La cuestión sobre el tiempo de inicio del plazo de caducidad en los procedimientos para el restablecimiento de la legalidad urbanística tramitación por la administración autonómica gallega al amparo de la Ley 9/2002, ha sido abordada, en términos similares, en las Sentencias del 13 de octubre de 2011, RC 3987/2008 y en la de 21 de diciembre de 2011, RC 1751/2010, en las que se declara el plazo de caducidad en los expedientes de oficios para el restablecimiento de la legalidad urbanística se computa desde que se inicia el expediente, que quepa computar el tiempo transcurrido en diligencias informativas ”.

El plazo máximo de duración de los procedimientos es lo que se fija en la norma reguladora de cada procedimiento y si no se dice nada a la norma, se cumplen 3 meses como sucede con el resto de los procedimientos administrativos (art. 21.3 Ley 39/2015).

La forma de computación indica que el tiempo de mar o de año o año . 30.4 de la Ley 39/2015 , el día inicial es el de la incoación como veíamos y aunque vamos a contar el día siguiente, finaliza el mismo día ordinal del mes o el año como la proceda. de 3 meses y el número de enero del año, empezará a contar el día 4 de enero pero finalizará el día 3 de abril).

Tiene dos excepciones: cuando el último día no es un hábito, en cuyo caso se prorroga al primer día, y luego en el mes no hay un día de vencimiento equivalente, en ese caso termina el último día del mes (p. Ej. Tengo un El mes de enero y yo notificamos el 31 de enero;

Así, la STS de 21.03.2017 (RC 1553/2016) dice que:  "Definitivamente, una doctrina jurisprudencial unánime que los plazos están fijados por meses se computarán de fecha a fecha, quedando circunscrita las excepciones a los supuestos en los que en el mes del vencimiento no exista día equivalente al inicial (en cuyo caso es aplicable Lo que está dispuesto en los artículos 5.1 del Código civil y 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre) o en el último día del cómputo de mar (en cuyo caso se tiene el sentido de haber sido escrito en el primer día hábil siguiente, como Establecido el artículo 48.3 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre) ".

Dicho plazo se puede suspender siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley (art. 22 Ley 39/2015) y por la jurisprudencia, que comentó en esta entrada “A vueltas con la caducidad del procedimiento administrativo y su suspensión” .

Este plazo máximo es para resolver y notificar la resolución (art. 21.2 y 25.1.b) Ley 39/2015), en todos los términos de la declaración de lesividad (art. 107 Ley 39/2015) a la espera de lo que diga el Tribunal Supremo sobre estos y los procedimientos de revisión de oficios de actos nulos (art. 106 Ley 39/2015) como comentaba en esta entrada “ ¿Cuál es el día final del plazo de caducidad en los procedimientos de revisión de oficio?” .

Por ello, el día final del plazo con esa excepción y la espera de lo que el Tribunal Supremo con la revisión de oficio será el servicio de la resolución de la resolución.

¿Pero qué pasa si usted no ha notificado al ciudadano dentro de ese plazo? ¿Se producirá siempre la caducidad? ¿Qué pasa con el ciudadano?

En estos casos, el art. 40.4 de la Ley 39/2015 nos dice que:

“4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, ya los solos efectos de sentido cumplir la obligación de notificar dentro del plazo máximo de la duración de los servicios, la cantidad suficiente, la respuesta que contiene, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como El intento de notificación debidamente acreditado ".

Esto significa que el ciudadano no estaba en casa, con haber intentado era suficiente.Pero, ¿cómo hay que hacerlo?

El Tribunal Supremo en sus SSTS de 3.12.2013 (RC nº 557/2011) y de 17.11.2003 (RCIL 128/2002), parcialmente modificada por la parte anterior dejaron sentada la siguiente doctrina jurisprudencial: 

“El inciso intento de notificación acreditada que emplea el artículo 58.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se refiere al intento de notificación personal por cualquier procedimiento que Cumple con las exigencias legales contempladas en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, pero que resulte infructuoso por cualquier circunstancia y que usted esté debidamente acreditado. De esta manera, bastará para entenderlo. Conclusión un procedimiento administrativo dentro del plazo máximo que la ley le asigne, en la aplicación del artículo 58.4 de la Ley 30/1992, el intento de notificación en cualquier medio legalmente admisible según los términos del artículo 59 de la ley 30/1992,y Que se Practique Con todas las Garantías Legales AUNQUE resulte frustrado Finalmente, y Siempre Que Quede constancia Debida del Mismo en el expediente. En la relación con la práctica de la notificación por medio del correo certificado con acuse de recibo, el intento de notificación queda culminado, a los efectos del artículo 58.4 de la Ley 30/1992, en la fecha en la que se ve a un cabo ".

Trasladado a la Ley 39/2015, se cumplirá con las exigencias legales del arte. 41 de la ley 39/2015. Pero, ¿Cuántas veces hay que intentarlo?

En las notificaciones en papel, tanto la Ley 30/1992, como la Ley 39/2015 dicen que para que pueda surtir efectos en la notificación, debe primero intente la notificación por dos veces para luego proceder a su publicación en el BOE.

¿Es lo mismo para cumplir con el plazo máximo para resolver y notificar?

Sí, sucede lo mismo, esta STS de 17.11.2003 (RCIL 128/2002) nos lo aclaraba:

 "La discrepancia interpretativa reside, como se ha visto, en qué se debe entender por" intento de notificación ": mientras que la sentencia impugnada afirma que dicha expresión" ha de entenderse se refiere al momento de la culminación de todo el proceso de servicio que en este caso de referirse a la notificación edictal, la Diputación recurrente a la misma equivalencia, en el caso de autos, el doble intento de notificación por correo certificado con un acuse de recibo que no pueda cumplir su objetivo. Tiene razón la Diputación actora aLa calificación realizada por la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de San Sebastián. Cuando el precepto legal habla de "intento de notificación" es evidente que se trata de una notificación no culminada, por lo tanto, la pena de tergiversar el sentido natural de los términos, en contra del artículo 3.1 del Código Civil. Un intento de notificación que, si está debidamente acreditado, será suficiente para entender el procedimiento administrativo y los efectos de verificar la finalización se ha producido en el plazo máximo que la ley atribuya a dicho procedimiento. No puede hacerse equivalente a una expresión ya una culminación y plenamente eficaz, ya que en este caso el problema es rigurosamente inútil. Si el inciso tiene un contenido normativo propio, se considerará como un intento de notificación como algo distinto a la culminación de cualquier modalidad de notificación admitida por la ley. En efecto, está claro y no es preciso en ningún caso. Expresión legal para decirlo. fin del procedimiento ".

La STS de 6.02.2019 (RC 2837/2016) nos comentó en esta doctrina , exigiendo los dos intentos de notificación para el cumplimiento del plazo máximo para notificar la resolución pero el hecho de contar con una puntualización interesante que muchas veces inducir un error y que el Tribunal Supremo aclara: ¿Qué es una cosa son los dos intentos de que se pueda tener en cuenta las mismas en el papel (no electrónicas) para cumplir con dicho plazo máximo y otra muy importante es el inicio del plazo para que el ciudadano pueda recurrir que no ha empezado a contar Hasta que la notificación sea efectiva, bien haciéndose luego en esos dos intentos, bien publicándose en el BOE (art. 44 Ley 39/2015) .Así nos explica lo siguiente:

". ..debe rechazarse con base en lo resuelto por esta Sala Tercera y sección cuarta en sentencia dictada el día 14 de octubre de 2016 (recurso de casación 2109/2015), aunque resaltando que en ella se confirmó un recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de una Sala Territorial que rechazó la caducidad alegada por el administrador en un supuesto idéntico de existencia de los intentos válidos de notificación infructuosa con la declaración posterior. Resaltando este dato, debemos reiterarlo, que era lo siguiente:… lo esencial es determinar el acuerdo sancionador.Los días 10 y 13 de mayo de 2013 (en cuyo caso, no habría caducidad) o, por el contrario, debe ser anotado, como fecha de notificación, a la comunicación efectiva de la oficina de correos, acaecida el 17 de mayo de 2013 (Por supuesto, en el que se publicará el mensaje). En la sentencia de la Sección Quinta de esta Sala de 7 de octubre de 2011 (dictada en el recurso núm. 40/2010) afirmamos lo siguiente: La caducidad no debe vincularse en forma necesaria a la notificación del acto porque el acto de la notificación es algo conceptualmente distinto de la resolución que se notifica y del procedimiento que la original. Por eso se determina el artículo 58.4 LRJPAC que el intento de notificación se acredita es suficiente a los solos. Y concluido dicha sentencia: Por lo tanto, si se trata de la oportunidad de los intentos dentro del plazo máximo para resolver, la resolución y el sentido se han traducido en el plazo, aunque la notificación o el intercambio de información son los siguientes. "¿Qué es lo que dice?". 4 LRJPAC que el intento de notificación se acredita es suficiente a los solos efectos del cumplimiento del plazo máximo de duración de los procedimientos. Y concluido dicha sentencia: Por lo tanto, si se trata de la oportunidad de los intentos dentro del plazo máximo para resolver, la resolución y el sentido se han traducido en el plazo, aunque la notificación o el intercambio de información son los siguientes. "¿Qué es lo que dice?". 4 LRJPAC que el intento de notificación se acredita es suficiente a los solos efectos del cumplimiento del plazo máximo de duración de los procedimientos. Y concluido dicha sentencia: Por lo tanto, si se trata de la oportunidad de los intentos dentro del plazo máximo para resolver, la resolución y el sentido se han traducido en el plazo, aunque la notificación o el intercambio de información son los siguientes. "¿Qué es lo que dice?". La resolución ha sido determinada dentro del plazo, aunque la notificación al interesado o el destinatario exceda de dicho plazo máximo para resolver. "¿Qué es lo que dice?". La resolución ha sido determinada dentro del plazo, aunque la notificación al interesado o el destinatario exceda de dicho plazo máximo para resolver. "¿Qué es lo que dice?".

4 razones:  

La STS de 6.02.2019 coincide con esta doctrina y la base en 4 razones: 

"1. El precepto en cuestión se refiere, se hace referencia, en el momento, se cumple, se cumple la obligación de notificar en el plazo, se fija en la fecha, el intento de ser debidamente acreditado. Esto no es un problema, sino que también se ha expresado.

2. Acoger como fecha relevante a efectos de caducidad solo el servicio de la resolución de la resolución al interesado no solo supondría inaplicar aquel precepto, sino private de su posibilidad, que no es otra cosa que la de equiparar ala notificación (a los solos efectos de corregir el plazo de duración del procedimiento) el intento válidamente efectuado y constatado en el expediente.

3. Esta es la tesis que se deriva de la jurisprudencia de esta Sala anterior y posterior a la sentencia del Pleno del 3 de diciembre de 2013: el intento de notificación es el determinante para cumplir con la obligación de resolver en el plazo, aunque una doctrina antes de la sentencia se hizo referencia a la forma concreta de acreditar la realización de dicho intento.

4. La interpretación anterior se refiere, exclusivamente, el hecho de que el artículo 86.4 de la Ley 30/1992 contempla, esto es, para entender el cumplimiento de los requisitos en el plazo. "Distinto es el caso, como ya se ha señalado" Sala "," La eficacia del acto de servicio ", que se despliega a partir de la" notificación "," El tiempo ".

Queda claro : aunque el plazo para recurrir el ciudadano no empieza a contar hasta que finalmente después de los dos intentos de notificación se realiza de manera efectiva la misma o se publica en el BOE, para el cumplimiento del plazo máximo y, consecuentemente, para que no se produzca la caducidad del procedimiento desfavorable inicio de oficio es suficiente con los dos intentos de notificación.

¿Y en las notificaciones electrónicas? ¿Qué sucede con los obligados a relacionarse electrónicamente con las artes? 14.2 y 3 de la Ley 39/2015?

En estos casos es diferente, puesto que el arte. 43.3 de la ley 39/2015 nos dice que "Se entenderá cumpliendo la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo en marcha en la dirección electrónica habilitada única”.

O mar que para cumplir con el plazo máximo para resolver y notificar en los procedimientos en las notificaciones en el futuro. , mal llamada única (porque cada administración confiere al ciudadano una distinta).

Para finalizar, ayer Presidente de Gobierno anunciará la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril.

En varias entradas de este blog se hizo referencia a la necesidad de modificar la regulación de la administración electrónica para que sea más efectiva para la administración, pero no a la costa de perjudicar los derechos y las garantías de los ciudadanos. 

En esta entrada "Administración electrónica: 2020 o 1984" y en las referencias se trata de un tema que se explica en los aspectos más problemáticos. 

Ahora que tenemos  elecciones desde esta  Tribuna hago un  llamamiento a todos los Partidos Políticos para que se comprometan públicamente llevar a cabo dicha reforma de manera Inmediata una vez que formen gobierno y se constituya el Parlamento y así demuestren que de verdad representan y protegen a los ciudadanos como dicen los artes. 6 y 1.2 de la Constitución.

Es de justicia.

 Diego gómez fernández

www.derechoadministrativoyurbanismo.es/blog

Rafael Jiménez Asensio: No a los test

"De todas las decisiones que toma una organización ninguna es tan importante como las relativas al personal porque determinan la capacidad de su rendimiento”  (Peter F. Drucker, Sobre la profesión del Management, 1999, pp. 72-73)

Por Rafael Jiménez Asensio.- Blog La Mirada Institucional.- En buena parte de las pruebas selectivas para el acceso a empleos de las Administraciones Públicas (salvo en algunos cuerpos de élite) hay un primer ejercicio de test, formulado a modo de preguntas con diferentes respuestas (cuatro habitualmente) de las cuales una es la que se considera correcta y el resto de ítems son, como así se denomina técnicamente, “distractores”.

 Estos test, encuadrados generosamente dentro de las pruebas de conocimiento o también configurados como ejercicio teórico, son, por lo común, un medio de cribar aspirantes en procesos selectivos de carácter masivo (de ahí su pretendida bondad o su uso generalizado). Entre sus ventajas se destaca que son “pruebas muy cómodas” (presumo que para quien las debe gestionar), que se contestan rápido (lo cual permite preguntar por muchos contenidos) y que la corrección –se concluye- es objetiva, sencilla, fiable y rápida (Antón, 2017). Sus defensores, por tanto, esgrimen esta batería de argumentos como hechos determinantes para avalar su idoneidad. No seré quien los discuta, aunque se puedan precisar, matizar o, incluso, refutar, pues todo depende en última instancia de cómo se elaboren esas pruebas y de qué grado de validez y fiabilidad tengan (que, en la práctica, al menos en nuestro sector público, son muy bajas).

En efecto, una cosa son test elaborados con rigor y otra los test que circulan por el panorama actual de oposiciones en el sector público. Aquí me opondré solo a los test que se realizan en pruebas de acceso a puestos de carácter técnico y que pretenden medir (cosa que, anticipo, no hacen en absoluto) conocimientos institucionales, organizativos o predominantemente jurídicos (que también se exigen muchas veces para el acceso a puestos o plazas de ingenieros, economistas, médicos o informáticos, por solo aportar algunos ejemplos). Con frecuencia se olvida que, para evaluar el grado de información (algo muy distinto al conocimiento) recogida en los textos normativos (que es lo que exclusivamente se mide a través de tan singulares pruebas), el test rara vez se construye más allá de lo que dicen literalmente los enunciados normativos de un texto legal o reglamentario (salvo que se quiera elaborar un test conceptual y aquí las dificultades son mayores, pues entran en juego opiniones y puntos de vista doctrinales o jurisprudenciales, así como las posibilidades de impugnación también se elevan). El test convencional al uso impone que para superarlo haya que estudiar tales documentos normativos de memoria (si es fotográfica, mejor), pues esto es lo único que vale para dar respuesta válida a preguntas rebuscadas y en no pocas veces estúpidas o estrafalarias (¿Cuántos senadores se eligen por la circunscripción electoral de Melilla?; o ¿cuál de las siguientes atribuciones no es competencia del Pleno de un municipio de gran población?). 

Opositores

El opositor debe, así, memorizar innumerables textos normativos prolijos y no pocas veces incoherentes, así como largos listados de competencias, atribuciones, requisitos, excepciones, supuestos, cuando no fechas o números de artículos, capítulos o títulos, etc. Equivocarte en un adverbio, en un dato o una coma supone incurrir en el error y, por tanto, “acreditar que no sabes”. ¿No sabes qué? Pues muy claro, no sabes memorizar algo que a golpe de clic puedes consultar en tiempo real en tu dispositivo digital. Una forma disparatada de perder el tiempo y las energías. Eso no es acreditar conocimiento, significa solo acreditar que has perdido horas de sueño y dedicado un esfuerzo inútil para demostrar a la Administración que eres capaz de aprenderte de memoria infinitas normas jurídicas que, una vez modificadas o derogadas, de nada te servirán, y mientras sigan en vigor, tampoco. Pero lo grave es que ese tipo de pruebas no acredita competencia alguna que luego hayas de desarrollar en el ejercicio de las funciones asignadas. No hay democracia avanzada europea que tenga semejante modo de seleccionar (mejor dicho, elegir aleatoriamente) a sus funcionarios públicos. En esto, como en tantas otras cosas, siempre hemos sido diferentes.

En casos más patológicos (que, hoy en día, abundan por doquier) esos test representan un sistema para facilitar la entrada de personal interino o temporal y garantizar que se puedan aplantillar como funcionarios de carrera o como personal laboral fijo (por medio de la elaboración de test blandos o sin penalización, que superan la práctica totalidad de aspirantes y así luego entran en liza los puntos del concurso; preferentemente, la antigüedad). Es una modalidad postmoderna benefactora del viejo enchufismo, esta vez promovida por una coalición interna circunstancial de intereses espurios políticos-sindicales-corporativos con la bendición de las estructuras directivas de recursos humanos o de función pública de cada Administración Pública en la que se promueve sobre todo la paz social en plena época de estabilización. Todo ello para cerrar el paso al de fuera o al que todavía no toca (“esta no es mi OPE”, se dice con marcada incorrección). En algunas pruebas de concurso-oposición, la fase de oposición consiste solo en superar un test (si esos son los únicos “conocimientos” que acreditan, vamos dados). En otras, superar el test ya es mérito bastante para entrar en las perniciosas y absurdas bolsas de trabajo (otro instrumento “cómodo”, si bien altamente ineficiente, de selección de interinos, que tiempo después se aplantillarán por los mismos métodos). También ha habido casos en que las pruebas de test se proyectaban sobre los ejercicios prácticos, algo difícil de armar conceptualmente, pero tanto da. 

Incluso se han llegado a hacer pruebas de test en las que se daba a los aspirantes un cuestionario de mil o dos mil preguntas, con las consabidas respuestas (a modo de falso temario, con las soluciones correctas), para que sobre ellas se formulara el ejercicio a superar. Ni qué decir tiene que en estos casos no superar la prueba era prácticamente un delito por parte de los aspirantes o una muestra evidente de indolencia o incompetencia absoluta. El listado de ocurrencias que surgen destinadas a bastardear los principios de igualdad, mérito y capacidad, es casi infinito; pues en algunos casos para repescar a los que responden inadecuadamente la batería de preguntas formuladas (es decir, simple y llanamente que no alcanzan a acreditar la capacidad requerida para el acceso), se saca la media de las primeras calificaciones y se divide por dos, así puede superar las pruebas y ser nombrado funcionario un aspirante con un suspenso clamoroso; cuando no se expone sin rubor alguno en las bases de convocatoria que se podrá superar el ejercicio del test con, al menos, un 3 o un 4 sobre un total de 10 puntos. Dicho en lenguaje paladino, aprueban también los suspendidos. Paradojas del empleo público. Es la consagración (inconstitucional) del principio de incapacidad en el acceso al empleo público. Y, en todos estos casos, luego se suman los méritos, por llamarles algo, que solo tienen (o tienen en mayor medida) los que ya están, no los de fuera. Pero de todo esto ya me he ocupado en entradas anteriores. Allí remito a quien le interese.

Ahora únicamente quiero poner de relieve que evaluar a través de esos test de (pretendidos) conocimientos, al menos los que así están configurados, es un soberano absurdo. Pretender que los aspirantes se torturen literalmente (a veces durante años) memorizando (que no estudiando ni comprendiendo) enunciados normativos (insisto, información, pura y dura; no conocimiento) es un absoluto despropósito. A través de semejantes pruebas selectivas se consigue el perverso resultado de eliminar a personas con buenas destrezas, aptitudes y actitudes, incluso con excelente conocimiento, simple y llanamente porque ese aspirante no ha sido lo suficientemente masoquista para aplicar un sistema de preparación que en plena era de revolución tecnológica es un dislate mayúsculo. Muchos cualificados magistrados, profesionales, catedráticos de Universidad, altos funcionarios, por no decir la amplia mayoría, no superarían baterías de test como las que aquí se censuran. Ni falta que hace, pues si ella fuera la exigencia para alcanzar la excelencia profesional, esta no existiría.

Algunos objetarán que así se selecciona a los jueces y fiscales en España. Y, en efecto, el primer ejercicio de esas oposiciones consiste precisamente en responder a un cuestionario de cien preguntas tipo test, que la mayoría de ellas tienen que ver con enunciados normativos concretos de artículos de leyes en vigor en el momento de elaboración del ejercicio. Saber inútil en línea con los ejercicios ulteriores: cantar temas. El opositor como papagayo de información codificada en plena era de digitalización y automatización de la información. Además, a esos aspirantes a jueces y fiscales, no se les exige superar prueba selectiva alguna a través de la cual acrediten poseer destrezas prácticas escritas ni de razonamiento jurídico (las que deberán desarrollar a lo largo de su vida profesional). Eso, me dirán, se palia a través del período de Escuela. Pero este período, en verdad (al margen de lo que digan las normas), no tiene carácter selectivo. Superar la oposición supone, por tanto, atravesar el Jordán y besar la tierra prometida (Nieto). Y quienes allí llegan serán, así, jueces o fiscales para toda la vida. Ni siquiera hay pruebas selectivas psicotécnicas. Que nadie se queje luego de que personas con determinadas patologías psicológicas decidan sobre la libertad y el patrimonio de los ciudadanos.

Test psicotécnicos de inteligencia

En fin, no cabe plantear ninguna objeción a las pruebas selectivas que usen test psicotécnicos de inteligencia o de otro carácter (siempre que estén correctamente planteadas, pues en ese caso su validez predictiva está contrastada), tampoco pondría especiales impedimentos a pruebas de test conceptuales o de conocimientos (y no de pura información), pero estas últimas (y doy fe de ello, pues por razones que no vienen al caso he tenido que preparar algunas) presentan enormes dificultades de confección (mucha inversión de tiempo) y se debe disponer de un marco conceptual muy sólido en cada materia sobre la que se cuestione, algo que, pese al manido principio de “especialización” de los miembros de los tribunales, pocas veces se da forma efectiva. Las pruebas teóricas consistentes en ejercicios de composición, de preguntas de relación o de desarrollo de temas con varias cuestiones, ofrecen mucha más consistencia predictiva para evaluar la capacidad de los aspirantes que esos deficitarios test que tanto abundan. Pero, la pereza se impone. La innovación en este campo es prácticamente inexistente. Y los criterios seguidos altamente discutibles.

En fin, la selección en el empleo público vive sumida en un vetusto mundo de ficciones y mentiras; algunas piadosas, otras mayúsculas. Tal vez, convendrá algún día comenzar a desmontarlas, y dar pasos decididos hacia modelos de selección que sean no solo cómodos y objetivos (también lo es el sorteo), sino que midan o predigan efectivamente si los candidatos poseen las competencias requeridas para el desempeño de las funciones y tareas de los diferentes puestos de trabajo que deberán desarrollar a lo largo de su vida profesional. La ciudadanía, siempre destinataria última de ese servicio público, lo agradecería infinitamente. Por soñar que no quede.

Leyes de corrupción y la lucha por la ejemplaridad pública

Sobre la novedad editorial:  Leyes de la Corrupción y Ejemplaridad Pública (Ed.Amarante, 2019) de J. A. Fernández Asenjo

Por José Ramón Chaves. delaJusticia.com. Con el resultado de las inminentes elecciones se producirá el reenganche así como la renovación de los políticos a los mandos de los gobiernos estatal y autonómicos. Se pondrá a prueba no solo su capacidad de liderar y dirigir la cosa pública sino también su honradez ante los ciudadanos porque no olvidemos como nos recuerda una conocida película que “La corrupción nunca duerme”.

En ese escenario, acaba de publicarse un libro de ensayo ameno, sencillo y esperanzador, titulado Leyes de la Corrupción y Ejemplaridad Pública (Ed.Amarante, 2019) obra del erudito académico y doctor José Antonio Fernández Asenjo, prologada por Ricardo Rivero Ortega, Rector de la Universidad de Salamanca y Catedrático de Derecho administrativo.

La obra acomete una visión del fenómeno de la corrupción pública bajo la única perspectiva que creo podrá ser acorralada, la de los valores y la conciencia de las personas. Un paseo magnífico por una realidad incómoda. Veamos

El autor,  que actúa como un atento guía por el museo de la corrupción pública, tras indicarnos su origen y efectos, nos muestra los valores que deben cultivarse: la cultura de limpieza en la administración persiguiendo el buen hacer y buena imagen institucional; la lealtad institucional entre administraciones para evitar que los desaprensivos aprovechen los flancos abiertos; la austeridad o gasto dentro las posibilidades reales; y recuperar la ética institucional en lugar de la ciega parcelación de cometidos técnicos entre los múltiples órganos de control (Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Abogacía del Estado, Inspección de Hacienda, Consejo de Estado…).

También se ocupa de los modelos de la buena y mala autoridad, del buen y mal funcionario, sin perder el optimismo y sin dejar de rendir tributo al funcionario discreto y servicial en un contexto que no ayuda a serlo.

Texto inspirado en escándalos

El texto está anclado en casos reales, desde los remotos (Filesa, Fondos, Roldán,etc) hasta los recientes (Palau,Gürtel, ERE,etc). Tampoco faltan las anécdotas, por ejemplo, la queja de Miguel de Unamuno de haberse visto postergado para una plaza pese a su apabullante curriculum,derrotado por la mera fe de bautismo de su competidor.

Y como no, infinidad de oportunísimas citas; por ejemplo, la aguda percepción del historiador Polibio: “no hay testigo tan terrible ni acusador tan potente como la conciencia que mora en el seno de cada hombre”, o la lúcida de Barak Obama, “en democracia, el cargo mas importante es el de ciudadano”)

La moraleja, que deberíamos interiorizar todos, y particularmente los políticos, es que las bombas de racimo con leyes, coacciones y castigos que se anuncian como males del infierno para los infractores poseen poca fuerza disuasoria para los profesionales de la corrupción, debiendo actuarse mejor sobre la conciencia de las personas que sobre su libertad o bienes; mejor incidir en su mentalidad y educación para promover la ejemplaridad natural. Cita el autor el caso de Finlandia donde no se ha acudido a la hiperregulación legislativa y cuyas normas antifraude no han sido reformadas en casi un siglo, pero se ha puesto el acento en la profesionalización de la burocracia, en el consenso político y una administración abierta y participativa.

En esta línea me viene a la mente el diagnóstico del sociólogo francés Michel Crozier y expresado lúcidamente en el título de su obra “No se cambia la sociedad por decreto”(1984).

Una gran obra, como es de esperar en quien obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado con su monumental tesis “Aspectos jurídicos y económicos de la corrupción” además de Premio del Tribunal de Cuentas Europeo para la investigación en auditoría del Sector Público 2010.

Ahora nos ofrece esta versión ligera, bajo la perspectiva ética del fenómeno de la corrupción, con edición de calidad y formato cuidado, que consigue que el lector lleve una lectura pausada y esperanzadora.

En suma, un ameno, razonado y riguroso alegato para combatir la corrupción desde la defensa de valores en toda la extensión, con ideas finales o retos, en torno a recomendar que los gobiernos recuperen la costumbre de decir la verdad, que el legislativo aplique la tolerancia cero contra la huida del Derecho administrativo, que administraciones y funcionarios luchen por la dignidad de su alta función, y que la sociedad civil salude con orgullo las buenas prácticas, la buen administración y la transparencia. Una buena lectura con buenas ideas en tiempos no tan buenos.

Por mi parte, aprovecho para comentar que tuve oportunidad de hablar el pasado jueves en la Universidad de Salamanca sobre Corrupción y Transparencia, tema que siempre me preocupa del que me ocupé en anterior post, en el III Congreso Internacional para combatir la corrupción y por el control público, donde aproveché para ofrecer mi visión de las luces y sombras del fenómeno y donde concluía con la licencia humorística de esta viñeta:

El impacable declive de las ciudades medias. ¿Una maldición sin remedio?

"Las ciudades medias languidecen sin que nadie alce la voz en su defensa. Abramos el debate, ahora que aún estamos a tiempo" 

Por Manuel Pimentel. EsPúblico blog.- Vivo en Córdoba*, una ciudad cada vez más hermosa y sabia, pero, también, más vacía. Hace ya tiempo que dejó de crecer y en cada censo se deja arañar unos pocos ciudadanos. Los jóvenes se marchan a Sevilla, Málaga o Madrid y las pocas fábricas que en los sesenta constituyeron su tejido industrial hoy languidecen mientras transmutan su alma productiva por una gris y desastrada realidad arqueológica. Naves cerradas que recuerdan viejos tiempos, como la Colecor, la Algodonera y otras tantas que languidecen en el silencio y el olvido. Sin embargo, la ciudad cada día está más bella, más cuidada, mejor equipada. Goza de unas excelentes infraestructuras culturales, sanitarias, administrativas, educativas. ¿Por qué entonces pierde pulso y sufre la emigración del talento joven.

Córdoba desde el aire

 Vivo en Córdoba, pero viajo permanentemente a lo largo y ancho de esta España de nuestras entretelas. En un alto número de ciudades medias del interior -que no de la costa- me encuentro con el mismo relato, con el mismo quejío, con la misma preocupación. Perdemos población joven, me dicen, la industria se cierra, la actividad agoniza. Si la ciudad está tan bonita, si los servicios son tan buenos, ¿por qué se marchan nuestros jóvenes?

            Esa pregunta llena de inquietud a muchas de las ciudades medias y a las grandes poblaciones del interior que sorprendidas, no logran comprender qué es lo que les ocurre. ¿Qué estamos haciendo mal?, se preguntan los más autocríticos, mientras asisten atónitos al fracaso de una y otras políticas de desarrollo local emprendidas. Como cada uno mira por lo suyo, nadie se percata de que el mal es general, endémico de unos tiempos en los que la conjunción de la globalización con la sociedad digital condena a las ciudades medias a languidecer, mientras refuerza a las grandes urbes, que concentran actividad, investigación y vida. Se repite que, en internet, el ganador se lo lleva todo. Pues eso, en estos tiempos convulsos, también ocurre con las poblaciones, las ganadoras se lo llevan todo, empresas, instituciones y jóvenes. No es por tanto culpa de esta o aquella mediana ciudad, sino que, en general, casi todas sufren esas mismas dinámicas en similar medida. ¿Quiénes se libran del mal del siglo? Pues las grandes urbes, las ciudades costeras del sur y del Mediterráneo y las capitales de las autonomías, porque –y no profundizaremos en estas líneas-, el sistema autonómico no ha servido para repartir riqueza ni población, sino que, al contrario, ha cebado la concentración en la capital beneficiada.

¿Efectos de la globalización?

            ¿Por qué la globalización ha castigado a las ciudades medias del interior? Pues porque la industria emigró a países emergentes – o sea a China y a India– al tiempo que se concentró y automatizó. Las instalaciones medias quedaron obsoletas y no pudieron competir con las gacelas del momento. Las empresas han ganado tamaño y las multinacionales siempre ponen su sede en Madrid y, al menos antes, en Barcelona. ¿Qué multinacional –las verdaderas generadoras de actividad y sueldos altos– establecería su sede en Córdoba, Jaén, Cáceres, Zamora o Huesca? Hagan lo que hagan estas entrañables ciudades, las grandes corporaciones concentrarán cada vez mayor actividad y se seguirán ubicando en Madrid y Barcelona. Y, tras ellas, se irán los jóvenes con ambición.

¿Por qué la revolución tecnológica penaliza a las ciudades medias? Pues porque las nuevas empresas tienden a una concentración muy importante, donde la estructura de poder, investigación, decisión y gestión se ubican en las grandes urbes, en especial en Madrid, la gran ganadora de los tiempos que vivimos. Y estas empresas son muy atractivas para los jóvenes talentosos, que ven en ella una dinámica oportunidad de promoción.

¿Por qué el sistema autonómico tampoco ha favorecido a las ciudades medias? Pues porque han funcionado a modo de miniestados, concentrando todo el poder y todas las instituciones en la capital, con la consiguiente atracción de funcionarios y políticos, que le dan una vida que restan al resto de ciudades medias de la comunidad.

Por todo ello, estamos ante una dinámica general que determinará la evolución de muchas de nuestras ciudades. Por supuesto que existen excepciones y que la buena gestión de una ciudad mejorará frente a la mala gestión de la vecina. Así es. Pero se trata de excepciones que confirman la regla general, que es igual de simple de anunciar que de inexorable en su resultado: las ciudades medias pierden frente a las capitales autonómicas, grandes urbes y ciudades costeras, que ganan. Así de sencillo, así de duro.

El turismo como alternativa

La casi totalidad de las ciudades medias del interior han embellecido su casco urbano y han apostado por el turismo, que ha respondido, en general, muy bien. Hoteles, apartamentos turísticos, guías, rutas, hoteles con encanto, jalonan – afortunadamente– nuestra geografía. El turismo es la savia que aún riega las maltrechas economías de las ciudades medias del interior, tan cargadas de historia como azarosas de futuro. El turismo está bien, muy bien, pero no garantiza el porvenir dinámico de una sociedad. Por eso, cada vez más, sentimos, cuando visitamos los bellísimos centros históricos de muchas de nuestras ciudades, que nos encontramos ante un formidable decorado, vacío de población local y habitado, tan sólo, por turbas de turistas que se afanan escandalosas con sus fotos. El turismo, no cabe duda, es parte del futuro, pero sólo con el turismo no se construye futuro.

Las ciudades medias languidecen sin que nadie alce la voz en su defensa. Hace unos años, nos escandalizamos al descubrir la España vacía, esos inmensos páramos de densidad siberiana. Ojalá algún día, al despertar, no nos percatemos de la España de las ciudades muertas. Que entre todos la matamos y ellas solas se murieron. Abramos el debate, ahora que aún estamos a tiempo. ¿O ya no lo estamos? Quién sabe, quién sabe…

*Nota del blog: Córdoba tiene 325.708 habitantes según  los últimos datos del ine.es (1 enero 2018) y en 2010 tenía 328.547 habitantes. 

Tecnología y teletrabajo en la Administración

La administración electrónica no solo sirve para tramitar expedientes

Por Víctor Almonacid. Nosoloaytos blog.- Qué duda cabe de que la tecnología permite una mayor y mejor conciliación de la vida laboral y personal. Con ello nos adentramos en el mundo de la retribución por objetivos (que deben ser susceptibles de medición, independientemente del tiempo de trabajo “presencial”) o evaluación del desempeño (concepto en realidad similar aunque no sinónimo), pero también en el del llamado “salario emocional”, imprescindible para atraer o bien retener, según los casos, el talento.

Añadan un plus de eficacia y eficiencia, principios inherentes a la organización y el funcionamiento de las organizaciones públicas y que en nuestra opinión se ven mucho mejor representados en el teletrabajo que en el sistema de fichaje. Y añadan la utilidad y la funcionalidad que permite poder utilizar la tecnología para superar las dificultades  de movilidad de algunas personas con diferentes discapacidades, o las geográficas de comunicación o acceso físico como la insularidad, el carácter rural, o en general cualquier situación orográfica peculiar, teniendo en cuenta simultáneamente el nivel de conectividad de la zona.

La videoconferencias son una buena herramienta para reunirse
o intercambiar información de forma online

Pero habrá que ser modernos en todo, y no solo en algunas cosas. Lo cierto es que la tecnología redefine la concepción tradicional del trabajo por cuenta ajena. Y es que nuestro trabajo no está dentro de una carpeta o en general en el papel (sobre todo cuando deje de existir). Nuestro trabajo no está en la silla, ni en la mesa. Ni mucho menos en la máquina de fichar. Nuestro trabajo lo llevamos encima. Lo llevamos, sobre todo, en la cabeza, y también en dispositivos como el portátil, la tablet o el móvil, desde donde podemos hacer cientos de gestiones, incluida la de firmar. 

La palabra “móvil” comparte etimología con “movilidad”. En el estudio “IDC FutureScape 2019” se subraya la importancia de la movilidad como el factor definidor de los modernos puestos de trabajo (entendida en este caso no como movilidad entre puestos de trabajo sino como movilidad del puesto de trabajo). En palabras de José Carlos Martín Marco (quien ha desmenuzado dicho estudio): “Movilidad. Sin duda sigue siendo el principal impulsor para la transformación del puesto de trabajo y una de las prioridades de las empresas para mejorar no solo la productividad de los empleados, sino la experiencia de los mismos. La relación entre movilidad y talento la hemos abordado ya en este blog y quedó bien contrastada por una de las predicciones expuestas: en 2021 la demanda de talento hará que el 60 por ciento de las empresas de las compañías de la lista Forbes Global 2000 (G2000) ofrezca trabajo en equipo y remoto, gracias al acceso a las aplicaciones empresariales y de colaboración. Me refería en un artículo anterior, por ejemplo, al valor que aporta la videoconferencia para el trabajador remoto y, por ende, su importancia para la gestión del talento”.

Por tanto, la posibilidad de poder moverse y teletrabajar existe, es legal, es tecnológicamente viable y solo quedaría analizar si es mejor. Nos consta que muchos tienen ya su opinión al respecto, pero en nuestro caso vamos a defender que sí, que sirve para mejorar el nivel del servicio público (que es al fin y al cabo lo que importa).

Pero ante todo… ¿De qué estamos hablando? El teletrabajo puede definirse como una «forma de organización y/o ejecución del trabajo realizado en gran parte o principalmente a distancia, mediante el uso intensivo de las técnicas informáticas y/o de telecomunicación y bajo esta óptica lo debemos analizar, pero no olvidemos que alrededor de este concepto se deben abrir otros horizontes de mayor calado e importancia sociocultural» (DAVARA RODRÍGUEZ, M.A., “Un acercamiento al teletrabajo”, en El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 5/2009, pág. 765, LA LEY 8982/2009). Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo define como la forma de trabajo efectuada en un lugar alejado de la oficina central o del centro de producción y que implica una nueva tecnología que permite la separación y facilita la comunicación. También cabe apuntar, lógicamente, que existe la posibilidad de ceñir el teletrabajo a una parte del desempeño laboral, una parte que además no tiene por qué ser la principal, instaurando una especie de sistema mixto que combine trabajo presencial y no presencial, el cual tendría aún “mejor venta”, ya que un posible argumento en contra del teletrabajo es el de que determinadas actuaciones exigen, sí o sí, presencia física. Bien, que haya presencia física pues. Por la misma regla de tres muchas otras actuaciones (firma, tramitación, la mayoría de las reuniones…) no la exigen. También tenemos claro que determinados puestos de trabajo, por ejemplo los de atención directa al ciudadano, son poco compatibles con el teletrabajo (ojo, sin despreciar la teleasistencia, la cual se puede realizar desde el centro de trabajo o, evidentemente, desde cualquier otro lugar).

Pero más allá de opiniones, insistimos en la legalidad de la figura en el ámbito de la Administración. De hecho goza de un inequívoco respaldo normativo desde la Disposición final sexta de la ya derogada Ley 11/2007, «habilitación para la regulación del teletrabajo», que era más bien un mandato imperativo para regular las condiciones del teletrabajo en la Administración General del Estado. De la misma época es la Orden APU/1981/2006, de 21 de junio, del Ministerio de Administraciones Públicas por la que se promueve la implantación de programas piloto de teletrabajo en los departamentos ministeriales. A nivel europeo encontramos el Acuerdo marco Europeo sobre Teletrabajo, firmado el 16 de julio de 2002 en Bruselas.

Función pública valenciana, Extremadura, Castilla-León...

Por su parte, en el ámbito normativo autonómico destacó en un primer momento la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana, cuya Disposición adicional décima establecía: “La administración de la Generalitat, en el marco del Plan para la Implantación de la Administración Electrónica, y de garantía en el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, incorporará las fórmulas telemáticas más adecuadas para hacer posible la implantación del teletrabajo. La definición de los ámbitos funcionariales o colectivos en los que pueda ser posible el teletrabajo, en atención a sus características o por las funciones que deban desempeñar, será delimitada reglamentariamente”. Dicho desarrollo reglamentario se abordó mediante el Decreto 82/2016, de 8 de julio, del Consell, por el que se regula la prestación de servicios en régimen de teletrabajo del personal empleado público de la Administración de la Generalitat.

Otras normas autonómicas son la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura (art. 50 en relación con el Decreto 1/2018, de 10 de enero, por el que se regula la prestación del servicio en la modalidad no presencial, mediante la fórmula del teletrabajo, en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura); la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia (art. 107 y Orden de 5 de septiembre de 2016); y en Castilla y León los interesantes Decretos 9/2011, de 17 de marzo, por el que se regula la jornada de trabajo no presencial mediante teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y  16/2018, de 7 de junio, por el que se regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Volviendo a la citada Orden 1981/2006 del Ministerio de Administraciones Públicas (muy útil a nivel conceptual a pesar de que, ciertamente, tuvo una muy escasa aplicación), incorporó un epígrafe llamado «definición del teletrabajo» que señalaba que, a los efectos de la Orden, “se entenderá por teletrabajo toda modalidad de prestación de servicios de carácter no presencial en virtud de la cual un empleado de la Administración General del Estado puede desarrollar parte de su jornada laboralmediante el uso de medios telemáticos desde su propio domicilio, siempre que las necesidades del servicio lo permitan y en el marco de la política de conciliación de la vida personal y familiar y laboral de los empleados públicos”. A mayor abundamiento, tomando como base esta norma podemos destacar los siguientes aspectos:

1.º.- TIC y conciliación de la vida personal y laboral. Según la Orden, el teletrabajo es una fórmula basada en las tecnologías de la información que posibilita que los empleados de una organización puedan desarrollar total o parcialmente su jornada laboral desde un lugar distinto al de su centro de trabajo. Esta forma de organización de la prestación laboral puede suponer importantes beneficios, tanto para la organización, al exigir la identificación de objetivos y la evaluación del grado de su cumplimiento, como para los propios empleados que, al poder desempeñar parcialmente su trabajo desde su domicilio, ven aumentadas sus posibilidades de conciliación del desarrollo profesional con su vida personal y laboral. Bien, a este respecto solo añadir que deberíamos superar el cliché de que las únicas personas que necesitan conciliar la vida personal y laboral son las mujeres con hijos pequeños. Este planteamiento nos parece tan desacertado como anticuado.

2.º.- Plan Concilia. Hablamos de temas que vienen de largo. La norma estatal de 2006 se aprobó dentro del marco del Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005 por el que se acordó el Plan Concilia, el cual, entre otros compromisos, prevé una serie de medidas para hacer efectiva la conciliación de las responsabilidades profesionales con la vida personal y familiar en el ámbito del empleo público.

3.º.- Programas piloto de teletrabajo. Los departamentos ministeriales y sus organismos públicos vinculados o dependientes pusieron en marcha programas piloto de teletrabajo, al amparo de la Orden ministerial y del Plan Concilia, si bien con relativo éxito.

4.º.- Jornada y horarios. Los criterios generales sobre jornada y horarios, contenidos en la Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio de la Administración General del Estado, no fueron de aplicación al personal participante en alguno de los programas piloto de teletrabajo. Fue cada programa piloto el que determinó, en cada caso, la jornada y horario aplicable a los empleados públicos que participaban en el mismo.

5.º.- Análisis global. Concluidos los programas piloto, los diferentes departamentos y organismos debían elevar al Ministerio de Administraciones Públicas la evaluación de sus resultados, a fin de efectuar un análisis global integrado sobre su implantación.

Por otra parte, debemos tomar conciencia de algo que parece una obviedad, pero que no está de más subrayar: la administración hoy en día es o debe ser electrónica y, evidentemente, los medios electrónicos son perfectamente compatibles con los telemáticos. De hecho los medios telemáticos son electrónicos (aunque no todos los medios electrónicos son telemáticos). El legislador suele confundirlos, añadiendo además el término “informático” cuando piensa que se va a quedar corto en alguna regulación. Pero los matices conceptuales son sencillos. Teles es un prefijo griego que, como bien sabemos, significa “a distancia”. Normalmente cuando hablamos de tramitar desde casa nos referimos al ciudadano, pero qué duda cabe de que la tecnología permite tele trabajar (tele comunicarse, tele firmar…) del mismo modo que permite tele tramitar. Si se cumplen los objetivos y el Esquema Nacional de Seguridad, no debería haber problema. A cambio, las AAPP disfrutarán de empleados públicos más implicados y satisfechos. Como se afirma en el artículo: “Teletrabajo, ¿por qué no?” (de José del Val), “No cabe duda de que en unas Administraciones Públicas no acostumbradas a la gestión por objetivos, basadas en una cultura arraigada en la importancia de la presencia en el puesto de trabajo, es difícil introducir mecanismos de teletrabajo, pero es incuestionable la necesidad de abordar su implantación en la Administración general del Estado y su generalización en las Administraciones autonómicas, dado que puede contribuir tanto a una mayor satisfacción laboral del empleado público como a su mayor implicación en el cumplimiento de los objetivos de la unidad administrativa donde presta sus servicios profesionales”. Al autor le falta citar la Administración Local (en la cual es incluso más susceptible de ser implantado el teletrabajo), pero por lo demás totalmente de acuerdo.

En resumen, frente a la desconfianza en el teletrabajo y su concepción tradicionalista ceñida al ámbito de las madres (¿por qué no los padres?) y las personas con discapacidad, abogamos por su implantación simultánea junto con el trabajo por objetivos, regímenes horarios mixtos (parte del trabajo sería presencial), y por supuesto su generalización a todo tipo de trabajadores y trabajadoras, de cualquier edad y condición física, con hijos (también de cualquier edad) y sin hijos. Todo el mundo tiene vida personal, y por tanto todo el mundo tiene derecho a conciliar. Cierto es que se trata de un sistema que implica una cierta complejidad, ya que entre otras problemáticas deberá garantizar la seguridad de las comunicaciones o hacer efectivo al mismo tiempo los derechos de conexión y de desconexión (LOPDGDD) de los empleados. Pero dicho sistema, bien implantado, presenta numerosas ventajas para los propios trabajadores (mejorarán en satisfacción, implicación y productividad), para las organizaciones públicas (se verán favorecidas por ese mayor empuje y rendimiento) y, por supuesto, para la ciudadanía (se verán beneficiados por el impacto externo de esta medida en el servicio público).

Estos son los 50 retos de las Administraciones públicas para 2019 desde la perspectiva ciudadana

Novagob.- En el arranque de 2019, nos propusimos definir los 50 retos de la Administraciones públicas para 2019, un desafío que ya completó la comunidad NovaGob en 2018. En esta ocasión, el objetivo era identificarlos desde la mirada ciudadana, haciendo un esfuerzo por traducir propuestas o medidas en el valor real que tienen para las personas a las que se sirve.

Nos han llegado, a través de los comentarios de este post en NovaGob y de la etiqueta de Twitter #50retosnovagob, más de un centenar de ideas en forma de retos y con la participación de cerca de 80 personas del sector público y sociedad civil de España y Latinoamérica. Los nombres de las personas que han contribuido puede consultarse aquí (es necesario iniciar sesión en la red social).  

El resultado son 50 retos agrupados en cinco grandes ejes temáticos: Administración 4.0, Administración Abierta, Administración Comprometida, Administración Fácil y Administración Humana. Hemos recopilado, unificado ideas y en la medida de lo posible intentado recoger el espíritu de todas las aportaciones.

Como ya ocurriera en 2018, los retos definidos por la comunidad este año serán la guía de acción para el debate dentro de la Red Social, en el próximo Congreso NovaGob y en los proyectos y publicaciones de nuestro Laboratorio de innovación.  

Estos son los 50 retos de las Administraciones pública para 2019 desde la perspectiva ciudadana:

ADMINISTRACIÓN 4.0

Gobierno completamente digital y más inteligente con las TIC

1.- Dedicar los recursos necesarios para implantar la Administración digital plena y hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a relacionarse con las Administraciones públicas por medios electrónicos cuando así lo decida. Del mismo modo, establecer mecanismos de responsabilidad para las Administraciones que incumplan los mandatos de plazo de las leyes 39 y 40 de 2015.  

2.- Hacer de la tecnología la base no solo de la gestión de los servicios sino también de la investigación, creatividad e innovación, todo ello para generar una nueva experiencia en la relación Administración y ciudadanía, y orientado a mejorar la vida de ésta.  

3.- Promover la reutilización de los datos abiertos en foros entre Administraciones públicas y comunidades de reutilizadores para que los datos abiertos tengan su potencial de impacto social y/o económico.

4.- Implantar una gobernanza del dato transversal, para gestionar de forma eficiente y efectiva uno de los mejores activos con los que cuenta la Administración (los datos) y logrando con ello realizar una mejor toma de decisiones.

5.- Estructurar los servicios públicos con rutas interinstitucionales apoyadas en tecnologías digitales, y rediseñando los servicios públicos a partir de la reutilización de datos.   

6.- Impulsar, además de la digitalización, otras adecuaciones tecnológicas como la inteligencia artificial, la robotización, el blockchain y el big data, no como un fin en sí mismas, sino pensando en la ciudadanía y en la generación de valor público de verdad.

7.- Facilitar los trámites en línea a través de medios que utiliza la ciudadanía en su día a día, tales como el teléfono y la tarjeta bancaria, aplicando la tecnología necesaria.  

8.- Utilizar las redes sociales digitales para la prestación de servicios públicos en ciertos ámbitos a través de estas tecnologías.

9.- Administraciones con capacidad para ser proactivas con la ingente cantidad de información que se dispone de la ciudadanía, anticipándose a las demandas mediante gestión inteligente de la información  y de los datos.

10.- Hacer que las Diputaciones sean la verdadera palanca de cambio en la transformación digital de todas las Entidades Locales.

ADMINISTRACIÓN ABIERTA

Nuevas formas de comunicación y relación con la ciudadanía para construir confianza  

11.- Impulsar procesos de transformación cultural en las organizaciones públicas basados en la ética y los valores públicos, incluyendo la formación de los futuros cuadros profesionales en estos valores.  

12.- Abrazar la innovación tecnológica y social mediante la apertura y la colaboración (desarrollo de principios y programas de gobierno abierto).

13.- Políticas reales de gobierno abierto y lucha contra la corrupción, combinadas con procesos participativos y deliberativos, evaluables en su rendición de cuentas.

14.- Voluntad de hablar más de lo que se hace fuera de la organización; difundir y publicar los avances y mejoras implementados; hacer partícipes a través de múltiples canales a las personas destinatarias de esas mejoras; escuchar más a la ciudadanía y aportarle más datos mediante transparencia por múltiples canales.

15.- Fortalecer las capacidades de las personas que forman parte del servicio público para comunicarse con la ciudadanía generando dinámicas claras de gobierno abierto, tanto en el manejo de las redes sociales digitales, usándolas para transmitir la gestión del día a día y lograr una comunicación institucional de servicio público atractiva e interactiva, como en trámites en línea y atención ciudadana.

16.- Realizar comunicación pública con enfoque de género, potenciando el uso del lenguaje inclusivo y no discriminatorio.

17.- Dignificar el servicio público, dar ejemplo, y superar la barrera que sigue distanciando todavía hoy a la ciudadanía de la Administración y de los empleados públicos.

18.- Caminar hacia una auténtica gobernanza participativa, incorporando a la ciudadanía a la toma de decisiones de forma transversal y en todo el ciclo de las políticas públicas (incluida la evaluación) y prestación de servicios públicos para lograr mejores resultados de planificación e implementación.

19.- Democratizar la innovación y la transformación digital del modelo de participación impulsando espacios abiertos a toda la ciudadanía como los laboratorios ciudadanos, desde los que capacitar y buscar soluciones co-creativas a los problemas públicos.   

20.- Desarrollar en mayor medida la rendición de cuentas como uno de los pilares del gobierno abierto, definiendo los objetivos de legislatura y publican su evolución y estado de ejecución con herramientas de medición y control. Además, hay que rendir cuentas de las acciones realizadas de forma clara y didáctica, facilitando la comprensión por parte de la ciudadanía.

ADMINISTRACIÓN COMPROMETIDA

Dando una respuesta efectiva a las principales preocupaciones de la ciudadanía

21.- Tener un mejor conocimiento de las necesidades y expectativas reales y potenciales de los servicios, y explicar a la ciudadanía en un lenguaje claro y entendible los servicios que se prestan y con qué compromisos de calidad.  

22.- Desterrar ineficiencias y prácticas no íntegras fortaleciendo la dotación y capacidad de órganos y mecanismos de control, y recuperando así mismo la evaluación de políticas públicas como instrumento fundamental para una gestión pública eficaz.

23.- Asunción de responsabilidades democráticas, objetivos globales y compromiso con el desarrollo sostenible.

24.- Destinar más recursos a la generación de empleo para reducir el paro.

25.- Reducir los plazos para acceder a servicios públicos fundamentales para la vida cotidiana de muchas personas, desde la sanidad hasta los servicios sociales.

26.- Prestar especial atención a las políticas sociales y a aquellas personas y familias en especial situación de vulnerabilidad.

27.- Mejorar la gestión del tráfico en las ciudades para hacerlas más sostenibles.

28.- Fomentar la competencia económica, habilitar el desarrollo de negocios e incentivación de la actividad empresarial.

29.- Incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas.

30.- Reforzar la asistencia jurídica y técnica que las Diputaciones Provinciales prestan a los municipios de menos de 20.000 habitantes, a fin de que los vecinos y vecinas de las zonas rurales puedan ejercer sus derechos con las mismas facilidades y recibir servicios en las mismas condiciones de acceso y calidad que en las zonas urbanas.

ADMINISTRACIÓN FÁCIL

Digitalización accesible en organizaciones menos burocráticas, más transversales y con trabajo en equipo

31.- Situar a la ciudadanía en el epicentro de toda actividad pública. Solo mediante en enfoque orientado a la ciudadanía cobran sentido los procesos de transformación administrativa y cambio organizativo.

32.- Hacerlo todo más fácil: aplicación de metodologías ágiles a la tramitación, la participación, la gestión, la transparencia la rendición de cuentas, el gobierno abierto, las relaciones con las ciudadanía, etc.

33.- Convertir las Administraciones en plenamente accesibles, de un modo simple y ágil, en el contexto de una transformación tecnológica, organizativa y jurídica que permita simplificar al máximo sus actuaciones y relaciones Ad intra y Ad extra.  

34.- Poner en marcha planes de desburocratización pública, reduciéndola al mínimo imprescindible en la Administración electrónica, y prestando atención especial a los programas de simplificación administrativa para las empresas, concretamente para las PYMES, racionalizando el marco normativo y reduciendo con ello el “papeleo” burocrático.

35.- Implicar a la ciudadanía en el uso de la Administración electrónica, con campañas de información y formación personalizadas, que tengan en cuenta la brecha digital para cumplir el principio de igualdad y no discriminación en el uso de la Administración electrónica, haciendo ésta más sencilla y accesible.

36.- Diseñar servicios y normas simples, claras y usables para las personas, ya sean quienes los reciben -ciudadanía- o quienes han de gestionarlos -funcionariado-.

37.- Creación de una potente capa de gestión que coordine retos transversales en cada Administración.

38.- Aplicar un sistema de trabajo transversal y de trabajo en equipo real para dar coherencia a las acciones destinadas a la ciudadanía desde todos los servicios. Diseñar servicios con espacios de reflexión transversal para marcar líneas básicas de actuación y potenciar el trabajo por proyectos con equipos multidisciplinares.

39.- Apostar por un proyecto “interoperbabel”, para que la interoperabilidad/intermediación sea una realidad en la Administración electrónica, reduciendo así la burocracias en los trámites que tienen que realizar pymes y ciudadanía.

40.- Impulsar desde las Diputaciones una estrategia de políticas de transparencia que sea homogénea entre los distintos ayuntamientos y la haga inteligible para la ciudadanía, utilizando un lenguaje próximo y permitiendo comparar datos.

ADMINISTRACIÓN HUMANA

Capacidad para afrontar el cambio junto a las personas, con pasión por lo público y atrayendo nuevo talento  

41.- Humanizar las Administraciones públicas, lo que significa que, al margen del desarrollo de la Administración electrónica, se ha de disponer de personas en el territorio, detrás de los call centers, de los help desk on line, aportando calidad en la atención y humanidad, con las consiguientes habilidades profesionales y personas que requieren esos puntos de contacto humano.

42.- Llevar a cabo procesos de transformación cultural en las organizaciones públicas a través de las propias personas que las integran.  

43.- Desaprender lo analógico. Emprender el cambio cultural en las Administraciones públicas y sus empleados entendiendo que la transformación digital es sobre todo transformación cultural, cambio de chip.

44. Afrontar de manera integral todas las problemáticas que presenta la gestión de recursos humanos (envejecimiento de las plantillas, jubilaciones, relevo del conocimiento, automatización de funciones, redefinición de puestos, replanteamiento de procesos selectivos, dirección pública profesional, nuevas actitudes, reorganización, nuevos perfiles, nuevo dibujo organizativo adaptado a los tiempos, etc.), algo que determinará el éxito o el fracaso del modelo organizativo y funcional de la Administración pública.

45.- Invertir en formación para que todo empleado público sea 4.0 y adquiera las nuevas competencias que implica el proceso de digitalización y automatización, pudiendo así ofrecer servicios acordes a la realidad actual.

46.- Anticiparse y hacer de la inteligencia artificial y la robótica unos aliados para mejorar la gestión de los recursos humanos y generar valor público.

47.- Mejorar (o redefinir) los procesos selectivos para que las Administraciones públicas sean un agente empleador atractivo, capaz de atraer talento entre los perfiles que interesa incorporar (jóvenes, de alto nivel y acostumbrados a las nuevas tecnologías).

48.- Desarrollar las medias oportunas para posibilitar que más mujeres se incorporen a los puestos de decisión en la Administración pública.

49.- Potenciar la comunicación interna para convertir a los empleados y a las empleadas públicas en los más potentes embajadores de la marca, es decir, del servicio público.

50.- Que cada una de las personas que conforman el sector público se comprometan a dar lo mejor de sí mismas, trabajando siempre buscando la excelencia, atreviéndose a abandonar la queja y demostrando cada día que sienten pasión por lo público.