martes, 25 de noviembre de 2014

El Congreso debate qué objetivos pueden destinar los ayuntamientos españoles su superávit.

"Los socialistas quieren que el único requisito para que una inversión sea considerada financieramente sostenible sea que "contribuya al crecimiento económico a largo plazo"
 
Revista de prensa. EP. El Pleno del Congreso debatirá este martes una proposición de ley presentada por el PSOE para definir qué se considera una 'inversión financieramente sostenible', es decir, a qué objetivos pueden destinar los ayuntamientos españoles su superávit.
 
Ayuntamiento de Ferrol
En la iniciativa, que recoge Europa Press, el principal partido de la oposición aboga por autorizar a las corporaciones municipales a emplear su superávit presupuestario en la "reactivación de la economía, la creación de empleo, la promoción del bienestar social o la atención a los más necesitados".
 
"Es una medida que premia a las administraciones eficientemente gestionadas y que coloca a cada ayuntamiento beneficiario como ejemplo de política a seguir. Así, se quiere apostar de forma decidida por el protagonismo de las entidades locales en la detección de las fórmulas más idóneas para la dinamización de la economía y para la solución de los problemas acuciantes de sus vecinos", añade.
 
Margen de maniobra
Para ello, los socialistas plantean añadir una disposición a la Ley de Haciendas Locales con un listado "lo suficientemente comprensivo" de áreas donde invertir ese excedente presupuestario como para que los ayuntamientos tengan "margen de maniobra" y "diferentes opciones" de inversión.
 
En concreto, se propone que los fondos puedan ir a vivienda, pensiones, servicios sociales, dependencia, fomento del empleo, salud, educación, cultura, fiestas populares y festejos, industria, deportes, desarrollo empresarial o carreteras, además de otras áreas como aguas, residuos, alumbrado público, medioambiente, estructuras agropecuarias, energía, comercio, promoción turística, transportes, recursos hidráulicos, investigación científica o sociedad de la información, que ya había planteado el PP.
 
Y es que la Ley de Deuda Comercial modificó la normativa de Estabilidad Presupuestaria para permitir a las haciendas locales con superávit destinar ese dinero a inversiones, y emplazaba al Ejecutivo a regular en otro texto legal la definición de 'inversión financieramente sostenible' para hacer efectiva esta posibilidad.
 
El partido que da sustento al Gobierno presentó entonces una enmienda a la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios proponiendo que se considerara que una inversión es financieramente sostenible cuando "contribuye al crecimiento económico a largo plazo", considerando "exclusivamente" las inversiones que se recojan en los programas presupuestarios mencionados.
 
Sin embargo, los socialistas exigieron la retirada de dicha enmienda por no guardar ninguna relación con el proyecto de ley de Consumidores y Usuarios, queja que los 'populares' atendieron. Poco después, el PSOE presentó esta proposición de ley, que amplía el listado de apartados donde estaría permitida la inversión del superávit.
 
Crecimiento económico
No obstante, los socialistas quieren que el único requisito para que una inversión sea considerada financieramente sostenible sea que "contribuya al crecimiento económico a largo plazo" y que "no comprometa, durante su vida útil, la sostenibilidad financiera de la corporación local" bien porque genere recursos suficientes para financiar su funcionamiento o porque propicie un ahorro superior a su coste.
 
Sin embargo, la propuesta del PP preveía excluir las inversiones con una vida útil inferior a los cinco años, así como las adquisiciones de mobiliario, enseres y vehículos "salvo que se destinen a la prestación del servicio público de transporte". De forma excepcional podrían incluirse indemnizaciones o compensaciones por la rescisión de contratos "siempre que tengan carácter complementario y se deriven directamente de actuaciones de reorganización de medios o procesos asociados a la inversión".
 
Diputaciones
En el caso de las diputaciones provinciales, los consejos y los cabildos insulares, los 'populares' estaban dispuestos a incluir las transferencias de capital destinadas a financiar inversiones que cumplan con los requisitos anteriores.
 
Los dos partidos mayoritarios sí coinciden en que, para controlar que estas inversiones no ponen en riesgo la estabilidad financiera de la corporación municipal, el expediente deberá contar con una memoria económica específica que recoja una "proyección de los efectos presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida útil".
 
No obstante, el PSOE plantea que el Pleno municipal tenga conocimiento anual del grado de cumplimiento de todos estos criterios a la vez que se detalla la liquidación presupuestaria, y que la inversión de los superávits de 2012 y 2013 no computen en el déficit de este ejercicio, precepto que los 'populares' no mencionaban en su enmienda.

 

lunes, 24 de noviembre de 2014

Antonio Díaz: ¿ Están los ayuntamientos preparados para gestionar una nueva transición ?

"Necesitamos un sistema que dificulte la corrupción, que provea de incentivos para combatirla y proteja y estimule las “buenas conductas”, incluida la denuncia de las abundantes malas prácticas"

Antonio Díaz. Blog administracioninteligente. Es la pregunta que nos podemos hacer tras una legislatura convulsionada  por dos grandes terremotos: el “tsunami de la crisis” y el “tsunami de la corrupción”.  Recientemente pudimos debatir sobre ello en las #JOMCAL2014 celebradas en Málaga.
 
Antonio Díaz MéndezDel “tsunami económico” ya se puede hacer un primer balance y recuento de víctimas: caída brutal de los ingresos tanto ordinarios como extraordinarios y en consecuencia reducción drástica del gasto local.

El empleo público ha caído en torno a un 10 %, el gasto corriente entre el 10 y el 20% como media, y las inversiones, según los casos, entre el 20 y el 80 %, según los datos estimados por nuestro colega A. Galofré. Esta ha sido la tónica general en la mayoría de Ayuntamientos.
 
El resultado global de este austericidio  son unas cuentas locales más saneadas, donde la gran mayoría de los gobiernos locales cumplen actualmente los objetivos de déficit, mientras el grupo minoritario que no los cumple, se encuentran en una situación práctica de “Intervenidos por el Ministerio de Hacienda”.
 
Los damnificados una vez más son los ciudadanos, no solo porque nuestras calles estén más sucias y la calidad de los servicios se resienta, sino sobre todo, porque el desempleo se mantiene en porcentajes similares, mientras aumenta notablemente la fractura social. No hay más que ver el aumento exponencial de personas atendidas por organizaciones como  Cáritas , que pasa de 370.000 en 2007 a 2.513.503 en 2013, al tiempo que descienden los beneficiarios de  la ley de dependencia y de otros programas sociales municipales por falta de fondos. Con todo, los Ayuntamientos han sido capaces de dar respuesta o al menos “dar la cara” ante la necesidad social (comedores, deshaucios,..etc.) en estrecha colaboración con la sociedad civil.
 
Austeridad vs eficiencia
Al final de este periodo, somos sin duda más austeros, pero ¿a qué precio?.  No está nada claro que seamos más eficientes, ni tampoco que hayamos logrado innovar nuestros sistemas de gestión, que era otra de las grandes cuestiones iniciales ¿estamos mejor preparados para abordar el cambio de época?.
 
La Ley de Reforma y Sostenibilidad de la Administración Local se ha alineado sobre todo con esos objetivos de racionalizar, controlar y favorecer la iniciativa económica privada, dejando en segundo plano otros más “delicados” como la clarificación de competencias (C. Campos), cuestión que se apunta como el gran fracaso de esta reforma, junto al olvido de asuntos como la dirección pública profesional, la flexibilización en la función pública o la misma calidad de la democracia local.  De financiación, ni hablamos, porque “ni está ni se le espera”.
En cuanto al  “tsunami de la corrupción”, irrumpió abruptamente en las propias Jornadas, poniendo cada vez más en evidencia que no estamos hablando solo de “manzanas podridas”.  Necesitamos un sistema que dificulte la corrupción, que provea de incentivos para combatirla y proteja y estimule las “buenas conductas”, incluida la denuncia de las abundantes malas prácticas. Cada día aparece un manifiesto con nuevas medidas, como el de Transparencia internacional o el de “Regenerar la Administración” desde los funcionarios, abierto a debate por C. Marcos en la red social Novagob. Por otra parte, la ciudadanía parece muy dispuesta a “hacer vudú” desde la sociedad civil, utilizando PODEMOS, como bien explica JI Torreblanca.
 
Hemos  iniciado tímidamente un camino con las leyes y ordenanzas de transparencia, si bien el trecho es largo para pasar de una transparencia de escaparate  a otra real, más cercana a la evaluación de políticas, la apertura de datos y rendición de cuentas permanente, y al diseño de marcos de integridad y códigos éticos, compartidos y vigilados también desde la sociedad civil.
 
Innerarity  nos dejó unas cuantas buenas preguntas (¿se trata de coger el poder o hacer algo con él?) y algunas reflexiones interesantes para “gobernar en el siglo XXI”, entre las que destacaría la necesidad de disponer de sistemas inteligentes, capaces de sobrevivir a los malos políticos y también incluso a los malos funcionarios.
 
Sin duda hay que diseñar e implantar estos modelos -también lo apuntó Mane R. Maseda- pero sin olvidar que los modelos de gestión y las tecnologías son  medios para encontrar un fin, sin embargo es muy fácil convertirlos en un fin en sí mismo (S. Jimenez). Cuando eso ocurre, estamos burocratizando y matando la innovación.
 
Gobernar el futuro
Gobernar el futuro significará implantar otros modos de hacer, incorporar la tecnología como instrumento y herramienta de rendición de cuentas y también de participación  (gestionar implicando a la gente), asumiendo los riesgos que eso conlleva.
 
¿Tenemos que ir a “gobiernos y administraciones nudistas”? (T. Fernández). Desde luego, habrá que entender y digerir la actual demanda de radicalidad democrática, además de incorporar las necesidades y expectativas de los “milenials” a las instituciones (O. Cortés). Pero si tuviera que resumir, la gran pregunta es si las Instituciones y las personas que las dirigen están preparadas para gestionar la transición que ya se está produciendo: entre lo nuevo y lo viejo, entre lo analógico y lo digital, entre un bipartidismo imperfecto y un multipartidismo alternativo y emergente…. En definitiva, ¿estamos preparados para gestionar la Innovación democrática?-
 
Como alertó E. Cuéllar, deberíamos estar atentos a lo que hacen por Europa (Observatorio de Innovación de la OCDE), e ir aprendiendo también, sin prejuicios, de algunas experiencias iberoamericanas…. Por cierto, ¿Ya os habéis inscrito en el Congreso Iberoamericano de Innovación ?  #Novagob2014.

domingo, 23 de noviembre de 2014

La norma "ISO 18091: 2014" cuenta con 39 indicadores para evaluar la gestión de los ayuntamientos españoles

Se presentó en Madrid por ISO y la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables (Fidegoc).
 
Revista de prensa. La Vanguardia.- Un cuestionario con 39 indicadores de bienestar es la propuesta que plantea un grupo internacional de expertos para lograr que los ayuntamientos crezcan en democracia, participación y transparencia, una iniciativa global que aterrizará en España a principios del próximo año.
 
La norma "ISO 18091:2014" es el método para lograr un buen gobierno en las entidades locales que ha sido presentado hoy en Madrid por la Organización Internacional de Normalización (ISO), creadora de la propuesta.
 
Tras ese nombre se esconde una idea "muy sencilla", ha explicado el director de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables (Fidegoc), Carlos Gadsden, quien ha asegurado que el método ya funciona en municipios de más de cincuenta países.
 
Se trata de un cuestionario con 39 indicadores sobre el buen funcionamiento de los ayuntamientos: transparencia, corrupción, nivel de bienestar, seguridad ciudadana, entre otros, que tanto el gobierno local como sus ciudadanos han de valorar en función de la realidad de su municipio.

Luces de calidad democrática
La calificación de cada uno de los parámetros puede ser roja, amarilla o verde de acuerdo con su calidad democrática.
 
"Es un método muy sencillo que va a cambiar el paradigma en materia de gobiernos locales", ha proseguido Gadsden en la presentación de la norma que, según ha apuntado, "no tiene sentido" si no es desde el principio de la "confianza y la participación ciudadana".
 
En esta línea, el sociólogo mexicano ha comparado la estrategia que propone su organización con el sistema de alcohólicos anónimos. "Sólo se pueden cambiar ellos mismos, y para ello lo primero que tienen que hacer es reconocer con honestidad sus fallos y limitaciones, lo mismo han de hacer los ayuntamientos", ha dicho.
 
La ISO tiene previsto desarrollar este sistema de indicadores en España a principios de 2015 y para ello contará con la ayuda de AENOR, que llevará "la confianza, la objetividad y la seguridad" a todo este proceso, tal y como ha precisado Ramón Palacios, gerente de Calidad Avanzada de la asociación.
 
"No se trata de poner vendas a un sistema para corregir sus fallos -ha subrayado Palacios- sino de crear un sistema nuevo que incorpore a la ciudadanía en los procesos de decisión de los gobiernos a nivel local".
 
Aunque este método ya ha sido implantado en numeroso municipios alrededor del mundo, también tiene sus limitaciones, como la escasa comunicación y el solapamiento de competencias entre los ejecutivos locales, regionales y nacionales que se dan con frecuencia en los países.
 
Gasden tiene claro que este sistema de indicadores puede superar todas sus posibles limitaciones a través de la confianza y la participación ciudadana dentro del sistema democrático.
 
Ha advertido que esa participación que proponen no ha de servir para "agitar avisperos", en referencia a la estrategia que, a su juicio, han desarrollado organizaciones como Podemos o movimientos como el 15-M, sino para "construir colmenas organizadas" para alcanzar una sociedad mejor.

viernes, 21 de noviembre de 2014

El Gobierno estudiará la siniestralidad en el ámbito de la Policía Local para regular los coeficientes reductores que se pueda aplicar para acceder a la jubilación

Ya se aplica a la Ertzaintza y que otros países como Alemania o Bélgica también cuentan con una regulación de este tipo
 
Revista de prensa. EP. 20.11.2014.- El Gobierno estudiará la siniestralidad en el ámbito de la Policía Local para regular los coeficientes reductores que se pueda aplicar este colectivo para acceder a la jubilación antes que la población general, y ya ha puesto en marcha una plataforma a través de la cual más de 120 ayuntamientos han remitido ya la información pertinente.
 
Así lo ha señalado este martes la diputada 'popular' Ana Belén Vázquez en la Comisión de Empleo del Congreso, durante el debate de una iniciativa de UPyD pidiendo que se reconozca la peligrosidad de la profesión para que los agentes municipales puedan jubilarse antes.
 
En este sentido, la portavoz del PP, inspector de Policía de profesión, ha asegurado que la Secretaría de Estado de la Seguridad Social "ya ha iniciado los trabajos" para elaborar el estudio "preceptivo" sobre la siniestralidad en el colectivo de la Policía Municipal.
 
Oportunismo de UPyD?
De hecho, desde finales de junio está en marcha un "canal seguro de transmisión de información" y 120 ayuntamientos ya han remitido todos los datos relativos a 14.654 agentes para "comenzar a elaborar esos informes y poder establecer una legislación sobre los coeficientes reductores". "El Gobierno los va a poner en marcha para que todos los policías del territorio nacional tengan derecho a los coeficientes reductores. Ya se están dando pasos, y lo saben", ha añadido Vázquez.
 
De hecho, ha cargado contra el "oportunismo" de la formación magenta por presentar esta iniciativa para intentar "poner la guinda del pastel", cuando a su juicio eso sólo corresponde al Gobierno y a las asociaciones de policías, que llevan cinco años luchando por este objetivo "de justicia".
 
Algo parecido opina la socialista Isabel López i Chamosa, quien ha recordado que los policías locales ya tienen una regulación sobre cómo acceder a los coeficientes y que "se están reuniendo con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para alcanzar acuerdos en este tema".
 
"El problema no es el coste de la medida, sino el coste para las personas que tienen más de 35 años ahora y que ya no tienen tiempo para cotizar más. ¿Quién paga el coste de todos los que están en la edad cercana a la jubilación? ¿Los ayuntamientos, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)? Ése es el problema", ha añadido, subrayando que la reivindicación es "justa y razonable" y que el PSOE la apoya, pero que debe resolverse a través de un "acuerdo" con el Gobierno.
 
La Ertzaintza ya lo tiene
El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha defendido que la actual normativa permite aplicar coeficientes reductores para determinados colectivos, si cumplen unos requisitos de peligrosidad o excepcionalidad que, a su juicio, la Policía Local tiene. Además, ha recordado que esto ya se aplica a la Ertzaintza y que otros países como Alemania o Bélgica también cuentan con una regulación de este tipo.
 
Así, considera que el único argumento en contra podría ser el coste, porque los coeficientes no podrían afectar al equilibrio de la Seguridad Social, aunque cree que una mayor cotización resolvería el problema.
 
Carles Campuzano, de CiU, ha defendido que "un apoyo decidido y claro" de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ayudaría a allanar el camino a esta demanda "legítima", mientras que por parte del PNV, Emilio Olabarria ve "razonable" la propuesta aunque alerta de la "dificultad de su ubicación normativa" porque haría falta una Ley de Policía Municipal.

jueves, 20 de noviembre de 2014

Selección de empleados públicos y oposiciones: ¿qué nos dice la evidencia?

"El mejor predictor del desempeño laboral es la inteligencia, medida por los test de inteligencia psicométricos"
 
Politikon.- Gabriel Táuriz.-  Cuando nos hablan de selección de personal seguramente nos venga a la cabeza un señor muy serio con corbata, en un despacho de una empresa, haciéndole una entrevista a un directivo, un comercial o un contable.
 
Puede que creamos que su trabajo puede tener algún efecto en la cuenta de resultados de la empresa, o no, si somos escépticos respecto a la utilidad real de sus procedimientos para seleccionar a la persona más idónea para el puesto. Probablemente no pensemos que su trabajo pueda ser de gran importancia para la sociedad o para nosotros. Sin embargo, seguramente desearemos que el piloto que va a aterrizar nuestro avión o el cirujano que va a operar a nuestro hijo haya sido seleccionado mediante métodos que garanticen que su desempeño va a ser alto.
 
Pero no hace falta ponerse tan dramáticos: la selección de personal puede tener un gran efecto en la sociedad si pensamos en la selección de los empleados públicos. Todos estaremos de acuerdo en la importancia que tiene para el país el desempeño de jueces, fiscales, profesores, médicos, policías, inspectores de sanidad, de hacienda, de trabajo, etcétera. Y es que, pese a que algunas personas sostengan la creencia de que “todo el mundo trabaja más o menos bien”, lo cierto es que los estudios han demostrado que existen grandes diferencias entre individuos en el desempeño laborali.
 
Procedimientos
Antes hacía referencia a la posibilidad de “creamos” o “seamos escépticos” respecto a la utilidad de diferentes procedimientos de selección de personal. Por suerte, no necesitamos confiar en la intuición, hemos inventado la ciencia y los estudios empíricos para ayudarnos a tomar las decisiones correctas (por ejemplo, ¿es mejor usar antibióticos o untar el pecho con vick vaporub para tratar la neumonía?). Pues bien, lo cierto es que existe una ciencia de la selección de personal, una especialidad de la psicología, que a lo largo de 100 años de investigaciones empíricas, utilizando miles de muestras y estudios diferentes, con una muestra acumulada de ─posiblemente─ millones de personas, ha determinado cuáles son los mejores instrumentos, técnicas y medidas que se pueden utilizar para predecir cuál será el desempeño laboral de un candidato.
 
El objetivo de esta disciplina científica es, por tanto, la predicción del futuro desempeño laboral. Para ello, los diferentes instrumentos de selección son calificados mediante un coeficiente, la validez predictiva, que varía teóricamente entre 0 (ninguna capacidad predictiva, e.g. el horóscopo) y 1 (validez total y perfecta, imposible en la práctica). Esta validez se determina matemáticamente -estadísticamente- partiendo de un coeficiente de correlación entre las puntuaciones de los evaluados en el instrumento de selección y el desempeño laboral. Esta correlación se refina luego mediante la aplicación de otras fórmulas (e.g. corrección por atenuación en el criterio, corrección por restricción en el rangoii) para obtener el coeficiente de validez.
 
Existe otro tipo de validez, llamada la validez aparente (face validity en la literatura anglosajona). Esta validez no se deriva de ningún cálculo ni investigación, es simplemente la validez que “parece” que tiene un instrumento de selección, que intuitivamente nos parece que va a funcionar. Este criterio es el que dirige muchas de las decisiones en materia de selección de personal. Pensemos por ejemplo en las oposiciones para acceder a la función pública. Nadie ha estudiado su validez como método de seleccióniii. Están ahí porque “parece” que van a funcionar. Esto, en pleno siglo XXI, no tiene mucho sentido.
 
Pues bien, ¿qué es lo que nos dice la ciencia de la selección de personal? ¿Cuál es el mejor instrumento de selección que existe? Soy consciente de que la siguiente afirmación le va a sorprender a mucha gente, pero los datos de las investigaciones son firmes y concluyentes: El mejor predictor del desempeño laboral es la inteligencia, medida por los test de inteligencia psicométricos. Es la mejor tanto por puro poder predictivo como por los bajos costes que conlleva su aplicación, tanto para el candidato como para la organización evaluadora. La validez predictiva de los test de inteligencia está en torno a .65iv, calculada mediante meta-análisis que reúnen los resultados de cientos de estudios individuales con muestras acumuladas enormes. Esta validez es mayor cuanto más complejo sea el puesto y disminuye en puestos poco complejos, por lo que el valor de .65 es para puestos de complejidad media (que son sobre el 63% de los puestos totales existentes en la sociedad). En aquellos puestos de alta complejidad (el 17%) la validez sube a cerca de .75; en los de baja complejidad (el 18%) está en torno a .55. Incluso en aquellos puestos de muy baja complejidad (solo el 3% de los puestos existentes) la validez aún se mantiene en torno a .40v
 
Algún lector se estará preguntando cómo se mide el desempeño laboral a la hora de realizar estos cálculos. Bien, existen diferentes medidas del desempeño laboral que van desde las más sencillas (pedir una valoración global del empleado a su supervisor directo) a las más complejas (e.g. escalas multidimensionales de valoración del desempeño que requieren una observación directa), pasando por medidas objetivas de productividad (número de ventas, expedientes tramitados), valoraciones de compañeros o clientes, etcétera. La diferente precisión o “calidad” de estas medidas (que se mide mediante el coeficiente de fiabilidad) puede tener unas importantes repercusiones para el trabajador y la organización (promociones, despidos…) pero no para la selección. Esto es debido a que el error generado por una medida poco fiable es error aleatorio, no correlacionado, por lo que se puede eliminar mediante la aplicación de unas fórmulas matemáticas (la corrección por atenuación en el criterio mencionada anteriormente). Se ha demostrado que, para medidas globales del desempeño, los test de inteligencia (al igual que otros instrumentos de selección) ofrecen índices muy similares de validez independientemente del tipo de medida del desempeño empleada.
 
Test de inteligencia
Los cuestionarios de inteligencia no son los únicos instrumentos de selección con una buena validez predictiva. Existen otros buenos instrumentos con una validez que se acerca a la de los test de inteligencia. Por ejemplo, las simulaciones del trabajo llevado a cabo en el puesto (work sample test o test de muestras de trabajo) tienen una validez de .55. Las entrevistas estructuradas de descripción de conducta, un tipo de entrevista de selección muy sofisticado que requiere la confección de unas preguntas que evalúen el comportamiento del candidato en una serie de dimensiones identificadas como importantes para el puesto, tienen una validez en torno a .50vii. La diferencia radica en el coste de desarrollo y aplicación del instrumento. Existen decenas de buenos test psicométricos en el mercado capaces de evaluar la inteligencia por unos pocos cientos de euros. El coste de aplicación es muy escaso, puedes evaluar a varios candidatos a la vez en tan solo media hora (aproximadamente), el tiempo en que tardan en cubrir el test. Comparemos esto con los costes de emplear complejas simulaciones de las tareas del puesto, desarrolladas ad hoc y con altos costes de aplicación. Es por esto que otros instrumentos de selección se evalúan muchas veces en función de lo que pueden añadir a lo que ya predice un test de inteligencia (si utilizamos diferentes herramientas no podemos simplemente sumar sus coeficientes de validez, la correlación entre ellas y la regresión múltiple se encargan de ajustar el resultado final).
 
Examinemos ahora la validez que podrían tener las oposiciones como método de selección en el estado español. Digo que “podrían” tener porque la que tienen no la sabemos, ya que no se ha investigado. Si examinamos la literatura científica sobre el tema vemos que los “test de conocimientos del puesto” son quizá lo que más podría asemejarse a un examen de oposición. La validez de estos test está en torno a .45viii, inferior a la de los test de inteligencia pero aun así una buena validez. Sin embargo, esta validez varía en función de la semejanza entre el contenido del test y las tareas y funciones que se van a desempeñar en el puesto. Los test de conocimientos del puesto son exámenes de los conocimientos específicos necesarios para desarrollar las tareas del puesto.
 
En el caso de los exámenes de oposición muchas veces incluyen contenido no relacionado con el puesto en sí, como puede ser el derecho constitucional, el administrativo o preguntas de cultura general. Además, la corrección de las preguntas no se realiza siempre de manera objetiva, por lo que el error de medida será mayoriii. Todo esto parece indicar que los exámenes de oposición tendrán una validez predictiva probablemente muy inferior al .45 indicado para los test de conocimientos del puesto. Leer+

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Novedad editorial: "La Ética en la Política"

Montaigne. ¡Qué falta nos hace volver a los principios y recuperar las virtudes públicas! 
 
A todos aquellos políticos que, a pesar de las evidencias, siguen sin darse por enterados de qué es la ética en la actividad pública:  “Tu vida privada debe servir de ejemplo. Refrena los apetitos sexuales y financieros”  (“Código Ético para Políticos”, Yehezkel Dror, La capacidad de gobernar; Círculo de Lectores,1994, p. 192)

Rafael Jiménez Asensio. Estudiconcultoría.com.-  aunque esa cita extraída de un breve (pero ilustrativo) Código Ético para Políticos fue escrita hace veinte años, no cabe duda que guarda una innegable actualidad. Nuestra clase política sigue confundiendo ética con legalidad o regularidad de sus actuaciones, prescindiendo de algo tan esencial como es la ejemplaridad e integridad que deben guiar sus conductas tanto en su vida pública como privada.

Por mucho que insistan, no es cierto que sea indiferente o neutro lo que haga un político con su vida privada, ni menos aún cuando con su conducta privada deteriora la confianza que los ciudadanos depositan en sus instituciones. La responsabilidad moral de los gobernantes es un activo institucional, su ausencia o ninguneo un descrédito a unas instituciones ya maltrechas.

En la política y en sus aledaños (también esta peste alcanza al mundo sindical, empresarial, profesional e incluso funcionarial) el sonrojo y el ostracismo solo llega con la condena penal, ni siquiera con la infracción administrativa. En lo demás, cuando no se “justifica” burdamente la conducta, se pide perdón (un “arrepentimiento” nunca espontáneo y casi siempre rodeado de escasa credibilidad).  Asunto arreglado. O, al menos, eso creen. Confían en la debilidad de la memoria ciudadana, siempre frágil y en demasía complaciente. Pero ya nada es lo mismo.

La relación entre Ética y Política es una cuestión actual, sobre todo ante la innumerable cantidad de escándalos de corrupción que azota la vida pública. La ciudadanía mira atónita ese desfile de noticias que un día sí y otro también salpican la información cotidiana. Pero más que seguir echando leña al fuego tal vez convenga ofrecer una mirada distinta sobre tan poliédrico asunto.

Esto es lo que han llevado a cabo distintos profesores de filosofía en un libro titulado “La ética en la política” (KRK, ediciones, 2014), del que pretendo hacer un sucinto cometario. La dimensión conceptual tal vez nos ayude a entender mejor algunos problemas que ahogan la vida pública española.

Los editores (Longás Uranga y Peña Echevarría) no ocultan en su presentación “la complejidad del problema”. Tal como señalan, “tendemos a pensar que los problemas de la ética en la política son problemas de otros”. Y esto es un grave error en el que con frecuencia se incurre.

Vargas-Machuca resalta la importancia de las instituciones, así como la deriva populista o mesiánica de la política actual. La ética aporta a la política principios, mientras que las instituciones ofrecen reglas. La estrategia política debería encuadrarse en ese doble esquema de respeto de los principios y de las reglas. Sin embargo, “el desarrollo de la política en España ha sido, y lo es ahora de manera más aguda, muy vulnerable a este particular trastorno de las relaciones entre principios, reglas y estrategias”. El continuo, según este autor, parece claro: desde la ética a la política, pasando por el derecho. La primera pieza está rota, la segunda a punto de romperse y la tercera queda huérfana. Sola se transforma fácilmente en despotismo o populismo barato.

En un sugerente ensayo, Peña González pone en guardia sobre el gobierno de los expertos o tecnócratas y sobre las limitaciones de la política actual. La omnipresencia de la economía mutila la política. Tal como señala, “la dimensión reflexiva está en riesgo en la actual forma de hacer política”. En efecto, la política se refugia en la banalidad del reality show y en la astucia del marketing. Frente a esa configuración del buen gobierno como cultura de expertos, propone recuperar las viejas virtudes de la política y, en particular, la conciencia de que ética y política no pueden disociarse, a riesgo si no de no responder a la pregunta básica (formulada tanto por Platón como por Derrida) sobre cómo debemos vivir.

“Ciudadanos adolescentes”
Otros dos ensayos de este libro nos ponen sobre la pista de algo que, con frecuencia, no se recuerda: la existencia de “ciudadanos adolescentes” (Ovejero) o de una “ciudadanía de omisión” (Arteta). La aportación de Félix Ovejero es estimuladora, pero también inquietante: una crítica mordaz y frontal del “buenismo”, que todo lo contamina. Una ciudadanía adolescente e irresponsable a la que le gustan discursos aduladores y siempre positivos: “los ciudadanos (¿son realmente ciudadanos?) no se fían de quienes anticipan problemas; de quienes reclaman cambios para evitar dificultades del porvenir”. A quienes señalan los problemas, “parecen que los crean”. Mejor vivir en la ignorancia e indolencia. De ahí construye doce verdades buenistas. Alerta sobre el empacho de moralismo. Pero finalmente intenta reconstruir los destrozos de un análisis demoledor: la sabiduría práctica y la prudencia deben atemperar la política y los dilemas morales que en ella se incuban. Se vuelve a la ética.

Ya lo dijo Madame de Stäel en 1795, tras los sucesos de la Convención y del Terror: “Si el poder de la moral no es, por así decirlo, el poder constituyente de una república, la república no existe”. Tomen nota la legión de reformadores constitucionales. La recuperación moral de la política es, por tanto, una premisa para que la política sea creíble. Pero ya no valen gestos hacia la galería (“la ética no es cosmética”, como diría Adela Cortina) ni arrepentimientos cargados de impostura. Al gobernante solo le cabe, como recordara Javier Gomá y siglos antes relató Montesquieu, practicar con el ejemplo. Y cuando el “ejemplo” es burdo, grosero o impropio de un político serio, la única salida digna es conjugar el verbo dimitir, antes de que uno sea echado a las tinieblas por la ira de una complaciente y adolescente ciudadanía, adormecida hasta la médula, pero que ahora parece comienza a despertar. Al menos se muestra más exigente, no sé si también con ella misma. Ahí tengo más dudas.

Quien se dedique a la política o a cualquier otra función representativa e institucional debe tomar buena nota de ello: una conducta moral intachable o siquiera sea conducida con patrones de exigencia e integridad, no solo en lo público sino también en lo privado, es el único salvoconducto para mantenerse dignamente en el ejercicio de sus responsabilidades.
Así lo demostró, por ejemplo, Hipócrates, el padre de la medicina, “cuando el rey de Persia quiso atraerlo a sí por medio de ofertas y grandes regalos, pero que él respondió que sería para él un cargo de conciencia ocuparse en curar a los bárbaros que querían matar a los griegos, y en servir con su arte a quien quería avasallar a su país” (Étienne de La Boétie, “Discurso de la servidumbre voluntaria”, Tecnos, Madrid, 2010, p. 63). Dilema resuelto. Nobleza y coraje, pero también integridad, como recuerda en esa cita el buen amigo de Montaigne. ¡Qué falta nos hace volver a los principios y recuperar las virtudes públicas!

martes, 18 de noviembre de 2014

Arranca en Barcelona la Smart City Expo World Congress

Participan 232 empresas y entre los ponentes destacan el ex asesor de Barack Obama, Parag Khanna y el experto en sostenibilidad, Alex Steffen.
 
Revista de prensa. EP. La cuarta edición de Smart City Expo World Congress arranca hoy, martes 18 de noviembre en Barcelona hasta el 20 de noviembre. Se trata del único evento mundial del sector que reúne en un mismo lugar a representantes municipales, instituciones, líderes académicos y de pensamiento, centros de investigación, empresas y emprendedores.
 
 
Santander volverá a Barna para mostrar
sus avances como Smart city.
El objetivo de este congreso es mostrar a sus asistentes todo tipo de tecnologías aplicadas para construir un entorno urbano más sostenible y eficiente.
 
 La Red Española de Ciudades Inteligentes participará en este encuentro que reunirá en Barcelona a 232 empresas, más de 50 alcaldes de Asia, África, Europa, Norteamérica y Sudamérica, 41 delegaciones internacionales y más de 400 ciudades.
 
 Durante esta feria, el presidente de RECI, Íñigo de la Serna, formará parte de una mesa redonda que tendrá lugar el miércoles y que tratará sobre el equilibrio económico y el desarrollo local y ambiental en las smart cities.
 

 Por su parte, José Antonio Teixeira, director general de Innovación del Ayuntamiento de Santander y representante de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), moderará una mesa sobre el Internet de las Cosas este martes.
 
 Este congreso también acogerá una muestra de las soluciones de Indra, que han posicionado a la compañía como una de las pocas a nivel global capaz de ofrecer una oferta integral para hacer frente a los retos de las ciudades del futuro.
 
 En este certamen, Indra dará a conocer algunas de sus tecnologías más innovadoras en ámbitos como la gestión integrada e inteligente del transporte público y la aplicación del Big Data, IoT (Internet of Things) y la Realidad Aumentada a sectores clave de la economía como la industria, la energía y el turismo.
 
 Este congreso se divide en seis ejes temáticos (sociedad inteligente, tecnología, gobierno, energía, movilidad y ciudad sostenible). Entre los ponentes destacan el ex asesor del presidente de EE.UU., Barack Obama, Parag Khanna y el experto en sostenibilidad, Alex Steffen, entre otros muchos participantes.

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