sábado, 1 de agosto de 2015

Los empleados públicos recuperarán en 2016 la paga extra no abonada en 2012 y hasta tres "canosos"

El gobierno también negoció con los sindicatos la devolución en Septiembre de un 25 % de la paga extra de Navidad de 2012.
 
GP.- El Consejo de Ministros acordó ayer,  último día del mes de julio, aprobar inicialmente las cuentas de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, que en los próximos días serán remitidos al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria "expres".
 
Javier Moscoso, ministro que dio nombre a los días
 de libre disposición, ya conocidos como "moscosos".
Posteriormente se concedieron los "canosos" en 
función de la antigüedad de los empleados públicos.
El deseo del gobierno de Rajoy, que cuenta con respaldo mayoritario en ambas cámaras, Congreso y Senado, es   que los PGE2016 queden aprobados antes de la celebración de las elecciones generales previstas para final de año.
 
Según la reseña del consejo de Ministros, los empleados públicos, en 2016  recuperarán  el sexto "Moscoso", hasta  tres "canosos" -posiblemente en días de vacaciones- y el 50% de la paga extra de 2012 ya que otro 25% se abonará en el próximo mes de septiembre. En enero pasado ya se había abonado la otra cuarta parte restante.
Además en 2016 se ampliará notablemente la oferta de empleo publico, pudiéndose reponer el 100% de los efectivos en muchos colectivos.
 
La  referida nota de prensa hecha pública por el palacio de  Moncloa tras el consejo de Ministros del pasado día 31, señala que los empleados públicos verán incrementados sus retribuciones en un 1%, la primera subida que se produce desde el recorte del 5% de 2010, al que siguió una congelación de cinco años y otro recorte salaria aún mayor -alrededor de un 7%-  no abonando la paga extra de Navidad de 2012, solo recuperada en una cuarta parte -25%- a primeros de este año.
 
 La nota oficial dice textualmente en el apartado de función publica: "Los empleados públicos, cuya aportación fue esencial para salir de la crisis, van a ver actualizadas sus retribuciones al 1 por 100, después de la rebaja de 2010 y de los años de congelación salarial, y se les restituirá el 50 por 100 de la paga extra que no cobraron en el año 2012. De igual manera, se recupera el sexto día por asuntos particulares, y hasta otros tres días en función de la antigüedad. Por otro lado, se establece una tasa de reposición del 100 por 100 para sectores prioritarios y del 50 por 100 para el resto."

viernes, 31 de julio de 2015

Acuerdo Marco de colaboración entre el Ministerio de HYAP y la FEMP para potenciar los portales de transparencia

 
Pae.- El pasado día 24 de julio, se constituyó la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco de colaboración firmado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias para promover y facilitar el desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de la transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en las Entidades Locales.
La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como prestador del servicio del Portal de la Transparencia en la nube, que se ofrece de forma gratuita a las Entidades Locales adheridas, ha publicado en el área de descargas de la solución Transparencia Cloud el detalle de los acuerdos alcanzados.
 
Entre ellos, cabe destacar los adoptados en respuesta a las distintas solicitudes, que exponen que la constitución de los ayuntamientos durante el pasado mes de junio, ha imposibilitado tomar los acuerdos preceptivos para la adhesión al servicio del Portal de la Transparencia en la nube. Por lo tanto se ha acordado:
 
Prórroga para  la adhesión
- Adoptar como punto de cierre de la Plataforma de Adhesiones las 12.00 horas del día 15 de septiembre de 2015, asumiendo la DTIC la prestación del servicio a todas las Entidades adheridas hasta ese momento, que cumplan con las directrices y condiciones establecidas al efecto.
 
- Considerar que dicho cierre podría ser de carácter transitorio, si las condiciones del servicio, las eventuales renuncias a la adhesión u otras condiciones de índole diversa, permitieran reabrir la oferta de la DTIC a nuevas adhesiones, lo que en cualquier caso, requeriría la adopción del correspondiente acuerdo por esta Comisión de Seguimiento.

jueves, 30 de julio de 2015

El gobierno hace un balance triunfal de dos años sobre la reforma de las Administraciones Públicas (CORA)

El Consejo de Ministros del pasado viernes 24 de julio  recibió de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia el balance del segundo trimestre de 2015 sobre  la ejecución del Informe de la Comisión para la Reforma de las AA.PP (CORA)

El informe presentado recoge que se encuentran totalmente implantadas 172 medidas de las 222 previstas en el Informe CORA, lo que supone el 77,4 % total, y otras 37 notablemente avanzadas. En el último trimestre se han terminado 25 medidas, muchas de ellas vinculadas a las Leyes de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
 
Entre las medidas aprobadas en este trimestre pueden destacarse la simplificación de trabas administrativas en materia de gestión de residuos, ayudas al despliegue de infraestructuras de banda ancha, especialmente en lo que afecta a colegios, gestión integral de determinados servicios de distintos organismos de la Administración General del Estado para ahorrar en la contratación administrativa o fórmulas más fáciles para liquidar deudas ante la Administración.
 
Balance de dos años de la CORA
En los casi dos años de funcionamiento del Informe para la Reforma de las Administraciones Públicas se han suprimido 2.297 entes públicos, es decir, 103 más que las que se habían suprimido hasta el trimestre anterior: 107 por parte del Estado, 754 por las Comunidades Autónomas y 1.436 por las Entidades Locales.
 
En cuanto a los ahorros, superan los quinientos millones de euros sólo en la centralización de contratos de los ministerios y organismos públicos estatales, mientras que la cifra total de ahorro entre todas las Administraciones asciende a 22.300 millones de euros, a los que hay que añadir 2.300 millones de ahorro para ciudadanos y empresas.
 
A todo ello hay que sumar 5.000 millones de euros de ingresos por ventas de participaciones empresariales. En total, 29.600 millones de euros de ahorro por la aplicación, hasta el momento, de las medidas contenidas en el Informe para la Reforma de las Administraciones Públicas.

miércoles, 29 de julio de 2015

La potestad reglamentaria de los Ayuntamientos

La Junta de Gobierno Local,  también participa o puede participar puntualmente del ejercicio de esta potestad, de forma más frecuente en los municipios de gran población


Víctor Almonacid.- Blog NosoloAytos. Vaya por delante, por si hubiera dudas, que los Ayuntamientos pueden (y deben) dictar normas: las ordenanzas (como las ordenanzas fiscales), los reglamentos (como el reglamento orgánico), las cartas de participación ciudadana, el plan general, el presupuesto, las bases de ejecución del presupuesto, las bases de subvenciones o de oposiciones, los pliegos de contratos, los convenios laborales y pactos de funcionarios, etc…

Estas normas o cuasinormas, tienen una vocación reguladora, eficacia erga omnes, y en definitiva naturaleza reglamentaria. Los reglamentos son un tipo de norma y como tales forman parte del ordenamiento jurídico. Dicho esto la pregunta que surge es: ¿tiene sentido (y utilidad) la potestad reglamentaria en los Ayuntamientos?


La respuesta a esta pregunta podría tener interés en cualquier instante, pero quizá más en el presente, en un momento no solo de cambio de gobernantes, sino de crisis del principio de división de poderes, de dispersión del mismo poder legislativo, y, consecuentemente, de proliferación de normas de distinto rango y origen: Tratados Internacionales, Tratados Constitutivos, Constitución, Estatutos de Autonomía, Directivas y Reglamentos de la UE, Leyes del Estado (algunas de ellas orgánicas), Leyes de las CCAA, Reales Decretos Ley, Reales Decretos legislativos, Reales Decretos del Consejo de Ministros, Órdenes Ministeriales, Decretos autonómicos, Reglamentos de las Cámaras… Todo un lío del que dimos buena cuenta en 50 sombras de Ley.

Por todo ello consideramos interesante que Nosoloaytos dedique una entrada a la potestad normativa de los Aytos, una de las principales de entre todas las que ostentan.

Hipertrofia normativa

Podría argumentarse en contra de esta potestad reglamentaria. ¿Acaso no hay ya suficientes normas? Desde luego que sí: una locura de normas. No negamos la mayor. El sistema continental fomenta la hipertrofia normativa, y España, donde se calcula que coexisten unas 200.000 normas en vigor, no es en absoluto una excepción. Evidentemente se dice con razón que la ignorancia de ley no exime de su cumplimiento, porque de lo contrario ni el gran García de Enterría, que desde luego tampoco se las sabía todas, debería haberlas cumplido.

El legislador (los distintos legisladores en realidad), es muy prolífico. Pero esto lejos de ayudar confunde, sobre todo en un régimen burocrático en el que los juristas, y los puristas, suelen realizar estudios legales y adoptar criterios interpretativos desde la óptica de que lo que no está regulado no se puede hacer. Es cierto que hay tantas normas que de inicio uno tiene esta sensación, pero en nuestra opinión esta manera de entender el Derecho parte de un error de concepto. En efecto, hay tantas normas que si un día a uno le surge un tema que, tras indagar primero en el hipocampo cerebral y después en las bases de datos no aparece en ninguna fuente conocida del Derecho (ley, costumbre, doctrina/jurisprudencia), lo consideramos ilegal en lugar de alegal. Lástima de no haber aplicado por ejemplo esa otra fuente, tan ignorada, que se llama “principios generales del Derecho”. Pero esos temas jurídicamente inéditos surgen, valga Internet como botón de muestra, y no podemos quedarnos estupefactos sin respuesta jurídica alguna mientras esperamos que el legislador nos salve el trasero y reaccione con la norma 200.001. No es necesaria. Debemos innovar nosotros mismos y la innovación no se hace con las leyes en la mano, sino más bien “a pesar de las leyes” -como decíamos en Innovando (también) en el marco normativo-.

 Jurídicamente hablando se puede innovar de muchas formas: con un informe jurídico, con un reglamento de administración electrónica, con un pliego de cláusulas administrativas generales, impugnando un acto administrativo concreto para generar jurisprudencia… Alguna de estas fórmulas presuponen el ejercicio creativo del Derecho, esto es legislar, lo cual evidentemente puede hacer un Ayuntamiento con absoluto respeto del principio de jerarquía normativa. Pero una vez respetado el mismo, encontrará sin duda mucho espacio de alegalidad donde desplegar este ejercicio de creatividad.

Decía Peter Drucker que “la innovación es la imitación inteligente”. Personalmente también hemos hablado en numerosas ocasiones de benchmarking, como aquí y sobre todo aquí. Quizá esta “copia inteligente” sea precisamente una buena técnica normativa para el ejercicio de la potestad reglamentaria local.

Una potestad que, después de todo, resulta necesario desarrollar para adaptar esos miles de normas a la organización, funcionamiento, servicios y características de los municipios, porque hay 8.122 y cada uno presenta sus propias peculiaridades (turístico, de montaña, área metropolitana, capital de provincia, rural, insular, muy grande, muy pequeño, con mucha población extranjera…). Esta adaptación es necesaria, además de por la citadas especialidades propias del lugar, por la notable falta de empatía del legislador estatal, e incluso del autonómico, con la problemática local. Y con el “tamaño”.

Como también decíamos en “50 sombras de Ley” (por cierto, nuestra mejor entrada), según la Ley de Contratos un Ayuntamiento pequeño puede adjudicar prácticamente todos sus contratos a dedo, salvo que alguna de las facturas supere los 18.000 euros más IVA (50.000 si es de obras), de conformidad con la propia Ley de contratos, una ley, evidentemente, hecha pensando en los contratazos de construcción de autopistas del Ministerio de Fomento, no en el suministro de lápices a una administración que tiene una oficina, tres despachos y cinco mesas. No siempre es culpa de la ley, evidentemente, esta falta de cobertura, y es que por muchas leyes que haya y por muchos artículos que estas tengan nunca abarcarán ni remotamente todos los supuestos de hecho y la casuística que puede presentar la realidad. Pero los técnicos y los responsables municipales sí conocen parte de esta casuística y por lo tanto pueden tenerla en cuenta y hasta cierto punto preverla (¿cuántas veces se han arrepentido de no haber previsto determinada vicisitud relativa a la ejecución del contrato en el pliego de cláusulas administrativas?).

Y una potestad, por cierto, que corresponde al Pleno corporativo, y en contadas excepciones al Alcalde, órgano ab initio desprovisto de esta potestad reglamentaria, pero que sin embargo aprueba algunos pliegos, bases de convocatorias, y dicta Bandos (estos últimos no son propiamente un reglamento, sino un simple recordatorio del cumplimiento de las normas de convivencia). La Junta de Gobierno Local, el otro órgano municipal por antonomasia, también participa o puede participar puntualmente del ejercicio de esta potestad, de forma más frecuente en los municipios de gran población.

Comenzábamos diciendo que los Ayuntamientos deben dictar normas, no muchas para no sobrecargar el abarrotado ordenamiento jurídico, pero sí las suficientes para regular adecuadamente sus relaciones jurídicas y la vida de su comunidad vecinal. Se trataría de normas que, para variar, no crearían más burocracia ni más problemas, sino que (incluso!) los solucionarían. Como en todo en la vida, la calidad por encima de la cantidad. Ver video




martes, 28 de julio de 2015

Códigos de conducta e integridad institucional. Un eje central de la política futura

La corrupción sitúa en peligro los valores mismos del sistema: la democracia es golpeada en el corazón” (D. Della Porta, Y. Mény, “Démocratie et corrupción en Europe”, La Découverte, 1995, p. 13)


“Nadie está obligado a ocupar puestos directivos o a hacer carrera política. Cabe presumir que quien accede a alguno de estos cargos lo hace por propia voluntad y acepta implícitamente unos determinados estándares de diligencia. Ello explicaría por qué a los políticos se les suele demandar una conducta, pública y privada, más escrupulosa que a los ciudadanos comunes”  (L. M. Díez-Picazo, “La criminalidad de los gobernantes”, Crítica, 1996, p. 28)

RafaeL Jiménez Asensio. La Mirada Institucional.- Conforme la política y el ámbito de lo público se han visto sumidos en una cadena de escándalos de corrupción, la revalorización de la conducta de los gobernantes, directivos y funcionarios ha pasado a ocupar un lugar estelar en las estrategias de las estructuras gubernamentales que apuestan por la Buena Gobernanza. Sin embargo, esa estrategia por la renovación moral de lo público dista mucho entre nosotros aún de ser general y, más todavía, de ser sincera; esto es, de interiorizarse como un elemento central del funcionamiento cotidiano de la política y de la propia función pública.

En la mayor parte de los países de la OCDE que se han implicado seriamente en la construcción de Sistemas de Integridad Institucional, el proceso siempre se ha iniciado por lo común de forma reactiva (es decir, como respuesta a una cadena de casos de corrupción que han erosionado la confianza de los ciudadanos en sus instituciones) y, asimismo, a través de la construcción de Sistemas o Marcos de integridad Institucional (Villoria, 2012).

En los distintos niveles de gobierno que pueblan este país, a pesar de la fuerte presión externa que supone la multiplicación de casos de corrupción y la caída en picado de la legitimidad de las instituciones por parte de la ciudadanía, apenas se ha conseguido impulsar ese eje central de la política de Buena Gobernanza como es la Integridad Institucional. Es verdad que hay algunas excepciones singulares, que se sitúan en el ámbito del Gobierno Vasco y en alguna diputación foral y de régimen común o en unos pocos ayuntamientos. Pero se trata de casos singulares.

La regla general que ofrece la clase gobernante frente a este fenómeno es la incomprensión frente a la necesidad de impulsar tales sistemas de integridad institucional. No perciben, cosa insólita, “el coste moral”, por emplear la expresión de Pizzorno, que tiene la corrupción sobre la propia política. Eso se llama no ver la “viga” en el ojo propio.

En la función pública, por ejemplo, el EBEP fue pionero en la apuesta por introducir un Código Ético en el empleo público, pero se equivocó de instrumento, pues la Ley (por su rigidez formal) no es el medio adecuado para tal empeño. En todo caso, tras más de ocho años de “vigencia”, sus mandatos han pasado sin pena ni gloria; esto es, sin efecto alguno. Tampoco las Comunidades Autónomas han avanzado un ápice en esa larga tarea de ejemplificar la función pública y reforzar sus valores. Es algo que ni se comprende ni al parecer interesa realmente a quienes con más ceguera que mirada institucional nos gobiernan en estos días. Se equivocan. Tiempo tendrán de comprobarlo.

La alta administración (cargos públicos directivos) ofreció una ventana de esperanza cuando en 2005 el entonces Ministerio de Administraciones Públicas, liderado a la sazón por Jordi Sevilla, se sumó a la corriente de vanguardia de la OCDE y aprobó un Código de Buen Gobierno para altos cargos. Han pasado diez años desde esa fecha y el Código se quedó desde sus inicios en letra muerta (no se aplicó de forma efectiva). Hace unos meses, la Ley 3/2015, del estatuto del alto cargo, lo remató por completo, al establecer (con una miopía política innegable) su derogación plena. La confianza que muestra el gobierno central en la Ley es un ejemplo de lo poco que entienden los altos funcionarios metidos a políticos sobre la evolución actual de este problema. Bastaba una mera ojeada al exterior para observar lo que hacen otras democracias avanzadas (valga como ejemplo el caso francés y el Informe Nadal de enero de 2015 entregado al Presidente de la República).

Y la política (partidos y estructuras similares) se ha visto invadida de Códigos éticos y de conducta con la finalidad espuria de “salvar” su (pésima) imagen a ojos de la ciudadanía. Todos los partidos o movimientos políticos sin excepción se han dotado de Códigos de conducta que airean tales declaraciones de valores y principios como ejemplo de su cambio de actitud ante el manejo de la cosa pública. Pero, en verdad, no son sino un síntoma más de una impostura. Apenas hay internalización de valores y mucho menos asunción plena de las normas de conducta en su quehacer cotidiano. Nada de sistemas de seguimiento y, en su caso, sanción. Se trata de mera coreografía, que todo lo más limita mandatos, sueldos o bastardea aún más la ya zarandeada clase política. Suscrito el código algunos no tienen empacho de nombrar cargos o asesores a sus propios familiares o amigos. No han entendido nada o nada han querido entender.

En el ámbito local de gobierno, la FEMP aprobó recientemente (marzo 2015) un nuevo Código de Conducta y Buen gobierno. Mejora sustancialmente el anterior, pero sigue sin dar el paso al establecimiento de un auténtico Sistema de Integridad Institucional, puesto que orilla la configuración de un modelo de difusión de los Valores, Principios y normas de conducta, así como prescinde de crear un auténtico marco de seguimiento, evaluación y control a través de una Comisión de Ética, que dirima los dilemas deontológicos, siente criterio, depure responsabilidades y mejore día a día la aplicación de ese Código. También en el espacio local de gobierno Euskadi, a través de EUDEL, fue pionera de la puesta en marcha de sistemas de integridad institucional, aún no completados. Cataluña, por su parte, ha aprobado recientemente una Ley de Transparencia que obliga a que todos los entes locales se doten de un Código de Conducta, pero solo aplicables a “altos cargos”. Una buena oportunidad para avanzar en la implantación de ese Marco de integridad institucional antes expuesto.

Algunos otros municipios y diputaciones si que han aprobado Códigos de conducta, pero solo -al igual que el de la FEMP- para “políticos” o “directivos”. Parece como si la integridad institucional estuviera garantizada en el resto de la administración pública, lo que está muy lejos de ser realidad, aunque no pocos lo pretendan.

En el ámbito autonómico son de resaltar hasta ahora las soluciones institucionales propuestas primero por el Gobierno Vasco y más tarde por la Xunta de Galicia. La primera es, con mucho, la más desarrollada, como hemos señalado en otras ocasiones. El modelo Xunta es más imperfecto desde la perspectiva de su diseño institucional de seguimiento, aún así contiene aspectos de interés (su detalle y ámbito de aplicación). La Generalitat de Cataluña, por su parte, debería aprobar en breve un Código de Conducta por exigencia de la ya citada Ley de transparencia (ley 19/2914). Ya dispone de un Código de Buenas prácticas de altos cargos, pero meramente retórico. El resto de Comunidades Autónomas deberán mover ficha, si no lo han hecho ya. Pero no basta con aprobar Códigos si estos no vienen acompañados de sistemas de integridad institucional.

Y de la Administración General del Estado mejor no hablar. El aireado estatuto del alto cargo de 2015 es un paso atrás en un proceso iniciado (y nunca desarrollado) en los años 2005 y 2007. Los altos cuerpos del Estado (abogacía del Estado, principalmente) han impuesto su limitado criterio de que la Ley tiene también efectos taumatúrgicos sobre la conducta de los gobernantes y de sus funcionarios. Algo que las democracias avanzadas, inclusive las de tradición francófona, hace tiempo que han descartado. A pesar de todas las exigencias legales (declaración de idoneidad, registro de bienes e intereses, etc.), no se ha dado ni un solo paso en la buena dirección de configurar ese necesario Sistema de Integridad Institucional con una autoridad independiente ( o, al menos, “no dependiente”) que garantice la plena aplicabilidad de un Código de Conducta, que sencillamente en el Estado ni existe ya, pues el de 2005 ha sido derogado y no se prevé su sustitución por ningún otro.

En un sistema institucional en el que los valores se convierten en retórica fácil, en el que los controles institucionales son formales, inadecuados, tardíos y sin exigencias reales de responsabilidad (o muy esporádicas), la imperiosa necesidad de construir Sistemas de Integridad Institucional debería ser una prioridad política que, desgraciadamente, solo unos pocos gobernantes han conseguido ver como reto efectivo de los próximos años. No se dan cuenta que, como señaló Innerarity, los votantes cada vez confían más en la integridad personal de los candidatos que en sus ampulosos y siempre incumplidos programas electorales de los partidos que los promueven.

Algo está cambiando profundamente en el panorama institucional y todavía hay un sinfín de políticos que no se entera de nada. La inercia es el peor enemigo de la innovación o de la mejora continua, también en las instituciones. Al menos cabe constatar que hay algunos gobernantes que sí se han percatado de esa necesidad. Algo es algo. Una señal de esperanza, en un panorama hasta ahora ciertamente sombrío.


lunes, 27 de julio de 2015

Medinyà y el deseado adelgazamiento del sector público local

 España es el tercer país de la Unión Europea en entes locales, sólo por detrás de Francia, con 36.682, y Alemania, con unos 14.000 
 
"A mayor fragmentación del territorio, mayor control político, y de ahí la resistencia de los políticos locales a la unión de municipios"


Por  Jaime Mairata Laviña .Blog ¿Hay Derecho?.-          Es lugar común que la multiplicación arbitraria de organismos públicos provoca una situación de  despilfarro y de desmesura organizativa que hay que corregir.
 
 
El libro del catedrático
Santiago Muñoz Machado es
un referente para analizar
la crisis institucional que
padece ahora nuestro país-
Según el registro de entidades locales Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en España existen 8.122 Ayuntamientos, de los cuales sólo 145 cuentan con más de 50.000 habitantes, 93 si se excluyen las capitales de provincia (1,15 % del total); 4.874 (60 %) tienen menos de 1.000 habitantes y, de estos, 1.040 (13 %) tienen menos de 100 y 3.787 (47 %) no llegan a 500. Lo municipios con menos de 5.000 vecinos representan solo el 13% de la población, lo que significa que el 87% de la misma se concentra en núcleos urbanos.
 
Con ese número, España es el tercer país de la Unión Europea en entes locales, sólo por detrás de Francia, con 36.682, y Alemania, con unos 14.000.  Algunos países europeos han promovido reformas para reducir sus municipios: según un informe del Consejo de Europa, hasta Grecia ha pasado de tener 1.034 ayuntamientos a 325; Islandia, de 7.200 a 76; Letonia, de 500 a 118; y Dinamarca, de 271 a 98.
 
 En Italia el Gobierno aprobó en el año 2011 la supresión de 36 provincias. El propio Consejo ha elaborado un estudio sobre el volumen mínimo de población de un municipio para que sus prestaciones no sean gravosas para sus residentes y para que alcancen un nivel óptimo de calidad, considerando que a partir de 10.400 vecinos las finanzas municipales podrían estar saneadas; a partir de 11.600 podría haber una correcta planificación urbana; y a partir de 8.200 podrían garantizarse los servicios sociales, límite mínimo que no alcanzan más del 89 % de los ayuntamientos que hay en España. Por eso recomienda la fusión de municipios de menos de 10.000 habitantes, como vía rápida para la reducción de costes, agrupando bajo un mismo ayuntamiento a todos aquellos que se encuentren a 20 minutos aproximadamente de la capitalidad resultante -nada con los modernos sistemas de transporte y la administración electrónica-, más por los recursos que quedarían disponibles para aumentar el número y calidad de servicios públicos a prestar que por el ahorro que ello pueda conllevar.
 
El debate en España
 En España el  debate de la fusión de municipios -dispersión de los núcleos rurales, situación geográfica y endeudamiento municipal- se reabrió tras el anuncio de su fusión por municipios coruñeses, Cesuras y Oza dos Ríos,  para lograr subvenciones y poner en marcha proyectos comunes.
 
En su Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo” (Crítica, Barcelona, 2012), el profesor Santiago MUÑOZ MACHADO alertaba ya de la necesidad de un debate en profundidad sobre el manifiesto deterioro de las instituciones públicas en España, que a nivel electoral desemboca en un creciente desafecto del pueblo hacia la clase gobernante –así se ha comprobado en las últimas elecciones municipales y autonómicas- y en la convicción generalizada de que la necesidad de una profunda reforma del Estado y de algunas partes de la Constitución, entre ellas la relativa a la regulación de una organización territorial  generadora de unos gastos desorbitados y prescindibles que podrían reducirse con una rebaja de competencias de las comunidades autónomas y el adelgazamiento de la organización política y administrativa del Estado, que junto a la clase gobernante constituye uno de los más serios problemas que condicionan el futuro de España. El Estado no puede ser un problema en sí mismo, sino que está para resolver los problemas a los ciudadanos, lo que se traduce en el ámbito local en la necesidad de ayuntamientos que presten de forma eficiente los servicios públicos, respondan a las necesidades de los ciudadanos, y hagan sentirse a éstos representados y con acceso a las autoridades locales. Aunque el número de municipios de España es inasumible, el problema es, en opinión de los expertos, que a mayor fragmentación del territorio, mayor control político, y de ahí la resistencia de los políticos locales a la unión de municipios.
 
En España la norma general impide la constitución de municipios nuevos cuando no cumplen todos los requisitos legalmente establecidos; un paso más lo constituye la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que pretende conformar la estructura organizativa de la Administración Local a los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera y, para ello, incluye  medidas tendentes a redefinir y reducir la dimensión del sector público local, como la modificación del régimen jurídico de la gestión directa de los servicios públicos de competencia local, la limitación de la constitución de consorcios como instrumentos de cooperación entre la Administración Local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas  y la limitación genérica tanto para crear directa o indirectamente nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y entes similares, como para realizar aportaciones patrimoniales o suscribir ampliaciones de capital de entidades empresariales o de sociedades mercantiles locales con necesidades de financiación.
 
Pero la dispersión facilita el control político y cualquier excusa es buena para hacerse con él, aunque para ello se requiera una ley singular que habilite la excepcionalidad sobre la base del llamado ‘principio de diferenciación’, como la reciente Ley 8/2015, de 10 de junio, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de creación del municipio de Medinyà, publicada en el BOE de 3.07.2015.
 
Medinyà es un pueblo situado al noreste de la ciudad de Girona que ocupa la parte oriental del valle bajo del Terri, un terreno llano de la orilla izquierda del Ter, por el transcurre la N-II y la autopista AP-7. Hasta ahora formaba parte del municipio de Sant Julià de Ramis, pero a juicio del Parlamento de Cataluña sus características justifican su conversión en municipio: lo fue hasta el año 1972, fecha en que se incorporó al municipio limítrofe de Sant Julià de Ramis por un acuerdo de los ayuntamientos de estos dos municipios, cuando –dice la ley- “no se trataba de un consistorio elegido democráticamente, ya que el país sufría la dictadura franquista, y  el mencionado decreto está firmado por el dictador Francisco Franco”. Y continúa:  “la población mantuvo, desde un primer momento, la voluntad de que Medinyà recuperase su carácter de municipio”, y de ahí que 23 años después, en “el año 1995 se constituyó el Col·lectiu pro Medinyà Independent”;  además, nos tranquiliza el legislador, “como consecuencia de haber sido municipio hasta el año 1972, Medinyà no ha perdido nunca su código postal e, incluso en la señalización de la carretera N-II, de la que se encarga el Ministerio de Fomento, figura el rótulo oficial de Medinyà”.
 
Razones todas ellas mas que suficientes para crear con 866 habitantes y una superficie de 7,66 kilómetros cuadrados -que incluye, además del pueblo de Medinyà, los caseríos de Santa Fe de la Serra, Tomet, Lladrers y Vall-llobera-, el municipio de Medinyà por segregación de una parte del término municipal de Sant Julià de Ramis, adscribiéndolo “a la comarca de El Gironès, a la veguería de Girona y a la provincia de Girona”. El número de vecinos no debe suponer ninguna intranquilidad, pues “Medinyà será el municipio número 123 en número de habitantes de los 222 que conformarán las comarcas de Girona”, habida cuenta además de que “la recuperación de la condición de municipio independiente permite reparar una decisión antidemocrática, corregir disfuncionalidades y atender a la voluntad de la mayoría de la población”.
 
La verdad es que no doy crédito.

domingo, 26 de julio de 2015

Contratación Pública Electrónica: Las claves para la transición a la contratación pública electrónica

 
Contratación Pública Electrónica.- . Se aproxima una ola de proyectos para realizar la transición a la contratación pública electrónica en todo el sector público. En cuanto se apruebe el nuevo anteproyecto de ley de contratos del sector público que traspone las directivas europeas de contratación pública, empezarán a iniciarse los proyectos y a redactarse los pliegos de prescripciones técnicas para esta transición.
 
En este punto, creo que es conveniente recordar lo que se resumía en un estudio de los Estados Unidos acerca de los proyectos que implican tecnología en las administraciones públicas:  Billions in the balance.
 
Porque muchas administraciones van a redactar pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas, y es bueno conocer porque fallan (más del 90 %) los proyectos de tecnología de la información en las administraciones públicas de los Estados Unidos.
  • Problemas de los pliegos técnicos en la compra de Tecnología
    • No existe alineamiento con el problema o los resultados esperados.
    • Una gobernanza y un liderazgo débil
    • La cultura de la lista de comprobación
    • Requisitos demasiado prescriptivos
    • Un proceso de compra lento y mercados cerrados
  • Soluciones (Recomendaciones del Gobierno Federal de los EEUU)
    • Establecer líneas claras de autoridad y responsabilidad
    • Desarrollar una lista sencilla de necesidades y resultados, en vez de un voluminoso pliego de prescripciones técnicas.
    • Comprometer y consultar al mercado desde el principio.
    • Desarrollar una estrategia de coste – beneficio con métricas claras.
    • Asumir una toma de riesgos inteligente.
    • Reducir las cargas administrativas y acelerar el procedimiento de contratación
En el caso que nos ocupa, la transición al formato electrónico de extremo a extremo en la contratación pública,  en mi opinión, el proyecto de cambio o de innovación es aún mayor y más complejo. Se requiere la colaboración activa de muchas personas. Tal y como Kotter, el experto en gestión del cambio nos comenta:
 
La verdadera colaboración es acerca de salirse de las estructuras institucionales tradicionales para centrarse en los resultados. De hecho, existe una correlación entre el 81% de la colaboración y la innovación”
 
Y el proyecto de la transición es un proyecto de innovación que va a requerir mucha colaboración de los agentes que gestionan el servicio. No se trata de conseguir el “tengo que hacerlo”. Se trata de conseguir el quiero hacerlo porque es bueno para mí y para mi organización”.
 
En resumen: nos enfrentamos a un tipo de proyectos que:
  • Involucran sistemas de información y sus riesgos asociados en la gestión de este tipo de proyectos,
  • Incorporan además mucha innovación, prácticamente hacer nuevo el servicio de contratación, y
  • Con una restricción de tiempo importante (plazos),
  • Que requieren nuevas habilidades y competencias en las personas que gestionan el servicio (promotores, gestores, interventores, políticos….) y
  • Que además afecta de lleno a los licitadores
Con todo esto la visión de conjunto no tiene pinta de que sean proyectos fáciles, de los de ir marcando el “recibido”.  Y no es solo por culpa o a causa de la tecnología.
 
Las claves del proyecto de transición
Por tanto, creo que las claves fundamentales de los proyectos de transición a la contratación pública electrónica, que además deberían de cuidarse en los pliegos de prescripciones técnicas son los siguientes:
  • Hacer proyectos de gestión del cambio y la comunicación donde se tengan en cuenta las personas que debe utilizar tecnología, no la tecnología solo. Involucrar y dar incentivos para la colaboración honesta y sincera.
  • Considerar dentro de la gestión del cambio el capítulo de formación y capacitación como el fundamental: las personas primero.
  • No olvidar la gestión de los afectados por la transición al formato electrónico, que los habrá, y hay que darles una solución adecuada
  • Aplicar las recomendaciones para los proyectos tecnológicos que nos ofrece el Gobierno Federal de los Estados Unidos, y hemos resumido al principio de la entrada. O al menos reflexionar sobre ellas.
Espero que estas reflexiones os sean de alguna forma útiles.
 
CONFERENCIA SOBRE INTEROPERABILIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRONICA
Quiero recordaros que el próximo día 15 de septiembre en la Universidad de Alcalá se celebra una conferencia sobre la "Interoperabilidad en la contratación pública electrónica” y un seminario sobre los estándares CEN BII, OpenPeppol y el estado del arte en otros países europeos.
 
En este enlace podéis ver la agenda de mañana y tarde de ese día y además podéis apuntaros a la conferencia y al seminario. La entrada en gratis pero se requiere inscripción previa.