domingo, 16 de diciembre de 2018

Jordi Soler. Objetivo: Regenerar la Función Pública

Fedeca: Hace falta un cambio de cultura política y urge aprobar un estatuto del directivo público

Por Jordi Solé Estalella,  Presidente de Fedeca. Cinco Días.- Según la tradición cristiana, el trabajo es un castigo divino infligido al hombre por comer del árbol del conocimiento, por lo que sería una penosa e ineludible obligación, soportada solamente para ganar con ella el sustento diario.

Es posible que, en muchos casos y para la mayoría de las personas, esto sea así, lo que resulta un drama para ellos por sufrir diariamente el tener que “ganarse el pan con el sudor de la frente”, pero también para las organizaciones en las que trabajan, que ven seriamente afectadas la entrega y dedicación de estas personas a sus cometidos profesionales, con el consiguiente efecto negativo en los resultados esperados.

Siendo los factores de motivación en el trabajo en gran medida comunes entre los sectores privado y público, la función pública cuenta con una palanca motivacional exclusiva: saber que nuestro trabajo ayuda al bienestar general del conjunto de la población, contribuyendo a hacer de nuestro país un país mejor. O dicho en nuestro lenguaje administrativo, el ser conscientes de que, desde nuestros puestos de trabajo, satisfacemos el interés general por encima de intereses particulares y en los que la obtención de elevados beneficios económicos no es la principal motivación.

Motivación 
Por tanto, los funcionarios contamos con una fuente de motivación interna que, para la inmensa mayoría de nosotros, es de una potencia inmensa, suficiente para considerar que nuestro trabajo es una fuente de satisfacción que va mucho más allá de conseguir ese sustento diario.

Sin embargo, la existencia de esta palanca motivacional no es suficiente para disponer de funcionarios motivados, pues no se debe olvidar la afirmación de que “un trabajador motivado es un trabajador productivo”.


Por esto, desde la dirección de la Administración del Estado y de sus unidades de personal deben planificarse y cuidarse los aspectos externos de la motivación laboral. Entre estos aspectos se encuentran la regulación de las condiciones de trabajo, la posibilidad de desarrollo de carreras profesionales horizontales o verticales, la mejora salarial en los cuerpos superiores donde hay una importante brecha en relación con los de la empresa privada o con los de los países de nuestro entorno.

Todo ello, sin olvidar otros, como la planificación de los recursos humanos más allá del criterio de la disponibilidad presupuestaria anual, la instauración de sistemas de evaluación del desempeño serios y fiables, la flexibilidad horaria, la conciliación de la vida laboral y la familiar o el teletrabajo.

Desde otra perspectiva, también es necesario que, desde las más altas instancias, exista un verdadero esfuerzo por evitar actuaciones que menoscaben la dignidad de la función pública y del trabajo que desarrollan los funcionarios, como el secuestro de la Administración por parte de las instancias políticas, que desde hace tiempo se viene denunciando desde muchos foros como una tarea urgente y prioritaria.


Se necesitan acciones valientes que nos hagan orgullosos de pertenecer y de colaborar en el más crucial proyecto del país, recuperando el prestigio de ser servidor público, un valor este que, en los últimos años, ha sido dañado sucesivamente en múltiples ocasiones por actuaciones a veces poco meditadas, y en otras, por verdadera mala fe de decisiones exclusivamente políticas.

Se necesitan medidas de regeneración y de dignificación de la función pública, que conlleven un cambio de la cultura de nuestros partidos políticos, para que asuman que la Administración pública no es un botín a repartir cuando se llega al poder, una herramienta del partido de turno en el Gobierno, sino una institución al servicio del interés general, incluido el determinado por ellos cuando los ciudadanos les hayan otorgado la responsabilidad de dirigir la Administración.


Por ello, como primera medida entre otras muchas necesarias, debe aprobarse, de una vez por todas, un estatuto del directivo público, bajo las premisas y principios presentados recientemente por Fedeca. Debe ser este marco del estatuto del directivo público un instrumento imprescindible para separar nuestra alta dirección administrativa de los vaivenes de la política. Los altos funcionarios deben poder desarrollar su cometido con profesionalidad e independencia, planificar en el medio y en largo plazo, más allá del cortoplacismo de la política actual, aunque plenamente involucrados en los objetivos señalados por el Gobierno de la nación y asumiendo la responsabilidad plena por la consecución de los mismos.

Habida cuenta que apasionarse en y por la función pública es, en general, fácil, nuestros gobernantes deberían hacer todo lo que esté en sus manos para motivar a los empleados públicos para que esta pasión no se apague nunca, y que crezca todo lo que pueda crecer. Como dijo Peter Drücker, “trabajar duro por algo que nos interesa se llama estrés; trabajar duro por algo que amamos se llama pasión”.

sábado, 15 de diciembre de 2018

Aprobada la jubilación anticipada de los policías locales para rejuvenecer las plantillas

La edad ordinaria de jubilación no podrá reducirse más de 5 años, que serán 6 (hasta los 59 años) en el caso de tener 37 efectivamente cotizados. Para financiar esta medida, se aplicará una cotización adicional del 10,6% a todos los policías locales en activo, el 8,86% a cargo de los aytos y el 1,76%, de los funcionarios.

Nota de Lamoncloa.gob.es.- El Consejo de Ministros -de 14 de diciembre de 2018-  ha aprobado, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el Real Decreto por el que se regula la jubilación anticipada de los policías locales.

Caricatura de los sindicatos policiales sobre
el retraso en el decreto de las jubilaciones
Esta nueva norma permitirá a partir del 2 de enero que los policías locales puedan solicitar el adelanto de su jubilación el tiempo que resulte de aplicar un coeficiente reductor del 0,20% al número de años que hayan trabajado efectivamente como agentes municipales. En todo caso, la edad ordinaria de jubilación no podrá reducirse en más de 5 años, que podrán llegar a ser 6 siempre que se acrediten 37 años de actividad efectiva y cotización.

El requisito imprescindible para acceder a la anticipación de la edad de jubilación será haber cotizado 15 años como policía local.

Los interesados deberán comunicar a la administración municipal correspondiente su voluntad de acogerse a esta modalidad de jubilación antes del 31 de enero de cada año.

Años cotizados y recargos
Los años de cotización efectiva como policía local para anticipar la edad de jubilación hasta 6 años se van a exigir de manera progresiva: en 2019, serán necesarios 35 años y medio; en 2020, 2021 y 2022, 36 años; en 2023, 2024, 2025 y 2026, serán 36 años y medio; y en 2027 y posteriores, 37 años.

Con el objetivo de mantener el equilibrio financiero del Sistema de Seguridad Social, estos beneficios llevarán consigo un incremento en la cotización ya contemplado en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Esta cotización adicional será del 10,6% para todos los policías en activo. De esta cuota, los municipios deberán financiar el 8,86% y los propios funcionarios, el 1,76% restante.

Este Real Decreto, que cuenta con el aval del Consejo de Estado, da cumplimiento a una demanda histórica de las corporaciones locales; de los diferentes sindicatos y plataformas representantes del colectivo; y ha recibido también el apoyo de los grupos parlamentarios del Congreso. Asimismo, está avalado por la Ley General de la Seguridad Social, que contempla que la edad mínima exigida para tener derecho a la pensión de jubilación "podrá ser rebajada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre".

Con esta medida los ayuntamientos podrán acelerar el proceso de rejuvenecimiento de las plantillas de policía local de forma ordenada. De esa forma se asegura la agilidad en el proceso de reposición de las vacantes que se generen, manteniendo en todo momento las garantías para la seguridad de los ciudadanos.

Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta en este sentido es que, si bien todas las comunidades autónomas han regulado la segunda actividad para la policía local, no todos los ayuntamientos pueden ofrecer esta posibilidad a los agentes, bien por el tamaño del consistorio o por su capacidad financiera. Poder anticipar la edad de jubilación resuelve el problema de discriminación entre policías locales de diferentes localidades de la misma autonomía.

La Ertzaintza como referencia
Esta medida se someterá a evaluación dentro de un año con el objetivo de valorar su impacto. En el informe participarán el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; el Ministerio de Política Territorial y Función Pública; y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Otros colectivos en una situación similar ya disfrutan de un coeficiente reductor en su edad de jubilación, como es el caso de la Ertzaintza -- policía autonómica vasca-- y los cuerpos de bomberos. La jubilación de la Policía Nacional y la Guardia Civil también presenta un régimen especial a través de la situación administrativa de reserva.

Se ha actuado con la mayor diligencia para que el primer día del próximo año sea ya un derecho para el colectivo de Policías Locales, consciente de la demora en el proceso de aprobación de la norma que venía siendo demandada por los ayuntamientos españoles desde hace años.

viernes, 14 de diciembre de 2018

Edificios administrativos y nuevas formas de trabajar

Las decisiones sobre el espacio de oficinas están bien fundadas, pero los mecanismos de financiación de proyectos de construcción con frecuencia son complejos y afectan la transparencia presupuestaria

Por Antonio Arias. Fiscalización.es.- El Tribunal de Cuentas Europeo acaba de publicar un interesante informe titulado Espacio de oficinas de las instituciones de la UE con el subtítulo “Algunas buenas prácticas de gestión, pero también insuficiencias”.

Concluyen los auditores que, en general, las instituciones de la UE gestionan de manera eficiente sus gastos en espacio de oficinas aunque la mayoría de los grandes proyectos sufren retrasos que generan costes adicionales. Además, a menudo su financiación es innecesariamente compleja y los presupuestos no siempre son transparentes. Los auditores formulan una serie de recomendaciones de mejora.

Las instituciones gastan en edificios alrededor del 11 % de su presupuesto, unos 1000 millones de euros anuales; Dos tercios de este importe se destinan a cubrir gastos de adquisición y alquiler de edificios, mientras que el resto se gasta principalmente en mantenimiento, seguridad y energía.

Los auditores examinaron las estrategias inmobiliarias de las cinco instituciones de la UE con mayor espacio de oficinas: el Parlamento, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia y el Banco Central Europeo.

Los mecanismos de financiación de los grandes proyectos de construcción analizados por el Tribunal a menudo eran complejos y afectaban en algunos casos a la transparencia del presupuesto. La mayoría de estos proyectos sufrió retrasos y, algunos de ellos, costes adicionales sustanciales. Por ejemplo, el presupuesto original estimado para el proyecto KAD II del Parlamento Europeo en Luxemburgo era de 317,5 millones de euros en 2005. El proyecto sufrió importantes retrasos, su escala se redujo y el presupuesto se revisó en 2009 hasta 363 millones de euros. El proyecto JMO II de la Comisión Europea, también en Luxemburgo, sufrió retrasos prolongados. Los auditores estiman que la Comisión contraerá gastos de alquiler por un importe de 248 millones de euros debido a la necesidad de alquilar espacio adicional.

Las estrategias inmobiliarias no siempre se formalizan y la planificación de sus necesidades de edificios podría mejorar.

En palabras de Jan Gregor, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe, «las instituciones de la UE deberían establecer, antes del final de 2019, procedimientos de gestión adecuados para los grandes proyectos de construcción y renovación».

Las instituciones de la UE cooperan y aplican principios parecidos en la toma de decisiones. No obstante, definen sus principales principios y objetivos para la gestión inmobiliaria en varios documentos. Algunos están desfasados y otros se aplican sin aprobación formal. En el momento de la auditoría, las instituciones no habían evaluado el enfoque de «Nuevas formas de trabajar», que introduce espacios de trabajo colaborativos y una cultura de trabajo más flexible.

Las decisiones sobre el espacio de oficinas están bien fundadas, pero los mecanismos de financiación de proyectos de construcción con frecuencia son complejos y afectan la transparencia presupuestaria

Según los auditores, el seguimiento y la información sobre los parques inmobiliarios de la mayor parte de las instituciones no es adecuado. Para su gestión interna, la mayoría de ellas no supervisa periódicamente los indicadores del coste de sus edificios y de la eficiencia de su utilización. Aunque las instituciones de Bruselas y Luxemburgo han acordado la armonización de la medición de las superficies, los datos no están plenamente estandarizados y la comparación resulta difícil. La información transmitida a las autoridades presupuestarias no permite realizar comparaciones ni analizar la eficiencia.

Los auditores recomiendan que las instituciones de la UE:

-actualicen y formalicen sus estrategias inmobiliarias y actualicen periódicamente los documentos de planificación;
-aumenten la transparencia presupuestaria de la utilización de mecanismos de financiación de proyectos de construcción;
-establezcan procedimientos de gestión adecuados para grandes proyectos de construcción y renovación;
-mejoren la coherencia de los datos y el seguimiento de sus parques inmobiliarios, y
-evalúen el enfoque de «Nuevas formas de Trabajar»; En este sentido, las instituciones deberían: i) evaluar los resultados de la implantación de proyectos NWoW y ii) integrar sus resultados en reflexiones estratégicas sobre el desarrollo de sus estrategias inmobiliarias y políticas de recursos humanos. El  plazo de aplicación: i) final de 2019 e ii) final de 2020.

Nuevas formas de trabajar
En relación con este último apartado, el epígrafe 23 y siguientes del informe presenta el denominado enfoque NWoW («Nuevas formas de Trabajar») que tiene como finalidad transformar el entorno de oficina con la introducción de espacios de trabajo colaborativo y una cultura de trabajo más flexible, lo que no supone necesariamente la reducción del espacio de oficina, sino más bien la transformación del entorno y de la cultura del trabajo en cooperación con la dirección y el personal, y con el compromiso de estos.  Requiere el desarrollo de herramientas específicas en tres ámbitos principales: Recursos humanos/cultura de la organización (incluido el enfoque basado en la actividad, la política de teletrabajo y la evaluación del personal), Tecnologías de la información y la comunicación (infraestructura informática fiable y sin soporte de papel) y Espacio de trabajo (espacios silenciosos, espacios colaborativos, diseño de la oficina, etc.). Ya hemos hablado de esto en la reseña de la conferencia de Magdalena Cordero en el VIII CONASP del FIASEP 2018.

Según el Tribunal, las instituciones de la UE han introducido el enfoque NWoW por medio de distintas iniciativas y cambios. Por ejemplo, implantando el teletrabajo ocasional o estructural, como oportunidad para alternar períodos regulares de teletrabajo y de trabajo en la oficina, cuando sea posible. En el Consejo y en los Comités, la introducción del teletrabajo estructural ha dado lugar a un uso más denso del espacio de oficina, mediante la introducción de oficinas compartidas para teletrabajadores estructurales.

La Comisión introdujo espacios segmentados y colaborativos en tres edificios de Bruselas para optimizar el uso de la superficie disponible. Según la Comisión, esto supuso un aumento medio del 46 % en la ocupación de estos edificios. Los resultados de la encuesta de satisfacción del personal que trabaja en entornos colaborativos en estos tres edificios aún no estaban disponibles en el momento de la fiscalización. En Luxemburgo, la Comisión utiliza espacios de trabajo colaborativo para alrededor de doscientas personas en dos edificios.

El Parlamento encargó estudios de viabilidad con miras a crear espacios colaborativos en dos nuevos proyectos inmobiliarios. Aunque el proyecto en su forma original fue abandonado posteriormente, el Parlamento está aplicando algunos de sus elementos en estos dos edificios, sobre la base de un diálogo con los servicios afectados.

En definitiva, el enfoque NWoW entraña costes adicionales de inversión y se aplica por lo general como parte de proyectos de reforma o de nueva construcción. Las instituciones todavía no han evaluado completamente los beneficios económicos y de otro tipo de los espacios de trabajo colaborativo ejecutados, somo el aumento de la productividad.

jueves, 13 de diciembre de 2018

RDL 20/2018: Nueva prohibición de contratar

"Sorprende por la norma donde se incluye la prohibición de contratar –la Ley de Industria- cuando, desde la lógica del principio de función normativa, debería haberse situado en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (artículo 71)"

 OCP.- El Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España (BOE de 8 de diciembre) ha introducido, como sanción accesoria, una nueva prohibición de contratar al modificar el artículo 34 de la Ley de Industria de 1992: 

3. La autoridad sancionadora competente podrá acordar, además, en las infracciones graves y muy graves, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y la prohibición para celebrar contratos con las Administraciones Públicas, durante un plazo de hasta dos años en las infracciones graves y hasta cinco años en las muy graves”.

Esta regulación sorprende, en primer lugar, por la norma donde se incluye la prohibición de contratar –la Ley de Industria- cuando, desde la lógica del principio de función normativa, debería haberse situado en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (en concreto, en el artículo 71). Asimismo, sorprende que esta prohibición solo sea aplicable a contratos que realicen las Administraciones Públicas y no cualquier poder adjudicador (opción establecida por la Ley 9/2017, de Contratos del sector Público), lo que puede presentar importantes problemas prácticos (y que deberá respetar el principio de proporcionalidad).  Además, el plazo máximo, de hasta cinco años supera el previsto en la LCSP (solo es cinco en las sentencias penales), pues para las infracciones se fija el plazo máximo en tres años.

Y no se contempla la opción del artículo 72.5 LCSP  de que la “No procederá, sin embargo, declarar la prohibición de contratar cuando, en sede del trámite de audiencia del procedimiento correspondiente, la persona incursa en la causa de prohibición acredite el pago o compromiso de pago de las multas e indemnizaciones fijadas por sentencia o resolución administrativa de las que derive la causa de prohibición de contratar, siempre y cuando las citadas personas hayan sido declaradas responsables del pago de la misma en la citada sentencia o resolución, y la adopción de medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones administrativas, entre las que quedará incluido el acogerse al programa de clemencia en materia de falseamiento de la competencia. Este párrafo no resultará de aplicación cuando resulte aplicable la causa de prohibición de contratar a que se refiere el artículo 71.1, letra a).

La prohibición de contratar, así declarada, podrá ser revisada en cualquier momento de su vigencia, cuando la persona que haya sido declarada en situación de prohibición de contratar acredite el cumplimiento de los extremos a que se refiere el párrafo anterior. El órgano competente para conocer de la citada revisión será el mismo que dictó la resolución de declaración de prohibición de contratar”.

En definitiva, una nueva regulación sobre contratación pública con claro déficit de técnica normativa y claramente “desajustada” con la regulación que sobre prohibiciones de contratar contiene la LCSP (que es donde, como norma cabecera de grupo normativo, en su caso, debería haberse incluido el nuevo supuesto de prohibición de contratar).

miércoles, 12 de diciembre de 2018

Víctor Almonacid: Implantación de la nueva #LOPDGDD en la Administración Local

“Si piensas que la tecnología puede solucionar tus problemas de seguridad, está claro que ni entiendes los problemas ni entiendes la tecnología” (Bruce Schneier)

    Por Víctor Almonacid.-  Nosoloaytos.    Ya está en vigor la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE 6 de diciembre; en vigor desde el 7 de diciembre). Llamémosla LOPDGDD por cierto, y no simplemente LOPD. Podremos decir que no estamos adaptados a esta Ley, pero no que represente una sorpresa, salvo para los que no vieran venir la jugada de lejos con la jurisprudencia del TJUE de los últimos tiempos en materia de protección de datos y sobre todo con el RGPD (REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos), el cual ha sido objeto de nuestra consideración en diversas ocasiones (véase por todas “Ya es 25 de mayo: las 25 tareas que debe realizar un Ayuntamiento para cumplir el #RGPD”).

Es el momento ahora de completar lo ya dicho por diversos expertos en diversas ocasiones (consultar documentación anexa a la presente entrada) con el análisis de la incidencia de la LOPDGDD en el ámbito concreto de la Administración Local, que es de la que hablamos en Nosoloaytos. Y para ello desarrollaremos los siguientes ítems:

Adiós a la LOPD (un nuevo régimen jurídico)
Ante todo, la nueva LOPDGDD deroga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Esto era muy necesario vista la antigüedad de la anterior Ley (anterior a la transparencia, al desarrollo del mundo digital, a la administración electrónica, al ENS) y sobre todo tras la aprobación del RGPD (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos). Cierto es que el RGPD no necesitaba transposición al no ser una Directiva, pero las normas europeas siempre necesitan adaptación al ordenamiento jurídico interno, por razones de seguridad jurídica, del mismo modo que las Leyes del Estado suelen necesitar de adaptación a la realidad local a través de su desarrollo mediante Ordenanzas y Reglamentos locales, respecto de los cuales se nos ha dicho que no abusemos (Ley 39/2015), pero no que no los usemos. Faltaría más. Algunos ya estamos adaptando los reglamentos municipales a la LOPDGDD, matizando también los documentos derivados del ENS. Asimismo queda derogado el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos (que analizamos aquí), el cual obviamente nació con vocación de transitoriedad.

Modificación de la Ley de procedimiento
La LOPDGDD modifica los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que pasan a tener la siguiente redacción (ojo a la negrita):

2. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.

Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.

Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente.

3. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.

Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.»

Entonces… ¿El tratamiento de datos necesario para la tramitación de los expedientes precisa de consentimiento del afectado? Sí, con los matices apuntados. Lo más importante es que se sustituye la necesidad, salvo excepciones, del consentimiento expreso, por la oposición expresa (véase al respecto este informe de la AEPD). Es difícil que se dé esta oposición, pues de lo que se trata es precisamente de hacer efectivo un derecho de las personas como es el de no presentar dos veces el mismo documento o bien simplemente de no presentar certificados que emanan de la administración, aunque la administración sea distinta de la actuante. La administración debe recabar esos datos o documentos en nombre del ciudadano. Es un tratamiento de datos, por tanto, que se hace en beneficio del mismo. Y cuando no existe tal beneficio, por ejemplo porque el expediente administrativo que se tramita es de tipo sancionador, el interesado no puede oponerse ya que obviamente esto supondría un bloqueo de este tipo de procedimientos. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la D.A.8ª (Potestad de verificación de las Administraciones Públicas).

Consentimiento del afectado
En todo caso parece adecuado referirnos al consentimiento del afectado, toda vez que va a ser necesario recabarlo en diversos casos de “tratamiento”. El art. 6 de la LOPDGDD regula el Tratamiento basado en el consentimiento del afectado (ver), si bien nos parece más didáctico el art. 7 del RGPD cuando establece las siguientes “Condiciones para el consentimiento” (totalmente aplicable a las AAPP):
1.- Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales.
 2.- Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo. No será vinculante ninguna parte de la declaración que constituya infracción del presente Reglamento.
  3.- El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo.

4.- Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuenta en la mayor medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un contrato, incluida la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento de datos personales que no son necesarios para la ejecución de dicho contrato.

Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos
El artículo 8 LOPDGDD regula estos tres supuestos en sus dos apartados:
1.- El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 (“el tratamiento será lícito si dicho tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento“), cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.

2.- El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679 (“el tratamiento será lícito si dicho tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento“), cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.

Transparencia y protección de datos
Modificaciones en la Ley de transparencia. La protección de datos siempre se ha visto, e incluso se ha utilizado, como la contrapartida de la transparencia. Pero este aparente conflicto es más sencillo de resolver de lo que parece si simplemente aplicamos el ordenamiento jurídico de forma coordinada (ver LOPD y transparencia: dos caras de la misma moneda”). En palabras de Borja Adsuara, la transparencia consiste en una serie de derechos sobre los datos; mientras que la protección de datos contiene derechos sobre nuestros datos, de modo que son disciplinas absolutamente emparentadas. Precisamente la LOPDGDD modifica la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en los siguientes términos:

Uno. Se añade un nuevo artículo 6 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 6 bis. Registro de actividades de tratamiento.
Los sujetos enumerados en el artículo 77.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, publicarán su inventario de actividades de tratamiento en aplicación del artículo 31 de la citada Ley Orgánica.»


Dos. El apartado 1 del artículo 15 queda redactado como sigue:
«1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.

Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de ley.»

Información al afectado. El artículo 11 LOPDGDD debe ser interpretado en este caso de manera conjunta con los artículos 13 y 14 del RGPD, y por supuesto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Dicho artículo 11 contiene tres apartados:

1.- Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (“Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado“) facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

2.- La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos: a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso; b) La finalidad del tratamiento; c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

3.- Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 (“Información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado”) facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. En estos supuestos, la información básica incluirá también: a) Las categorías de datos objeto de tratamiento; b) Las fuentes de las que procedieran los datos.

Identificación de los interesados en las notificaciones por medio de anuncios y publicaciones
La D.A.7ª regula exactamente esta cuestión (Identificación de los interesados en las notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos). A este respecto indicar que precisamente la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado acaba de emitir el siguiente comunicado:

“El 7 de diciembre de 2018 se ha producido la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Entre otros contenidos, esta norma regula la forma en que deben identificarse los interesados en los anuncios de notificación que se publican en el Tablón Edictal Único del BOE:

Esta identificación se realizará exclusivamente mediante el número completo de su documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

Cuando el afectado careciera de cualquiera de los documentos mencionados, se identificará al afectado únicamente mediante su nombre y apellidos.

En ningún caso debe publicarse el nombre y apellidos de manera conjunta con el número completo del documento.

Dado el carácter automatizado del sistema de remisión y gestión telemática de los anuncios de notificación, se recuerda que las unidades remisoras son responsables del contenido del anuncio a publicar, por lo que deben garantizar que su redacción responde a lo dispuesto por la nueva ley”.

El Delegado de Protección de Datos
La LOPDGDD consolida la figura del DPO regulada en el Reglamento General de Protección de Datos. Personalmente me alegro, porque yo soy el DPO de mi organización y esto me crea seguridad jurídica. Es una figura, por tanto, obligatoria (que se puede articular no obstante de diferentes modos, tal y como explicamos en el audio insertado unas líneas más abajo). Obligatorio, ojo, como también lo es el responsable y el encargado del tratamiento, los cuales vamos a dar por sentado que los tienen ustedes “ubicados” en cada organización. Volviendo al DPO, es una responsabilidad importante. No olvidemos que el DPO es el interlocutor de la entidad ante la AEPD, teniendo facultades de inspección de los procedimientos; y que “Cuando el delegado de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia de protección de datos lo documentará y lo comunicará inmediatamente a los órganos de administración y dirección del responsable o el encargado del tratamiento” (que en nuestro caso podría ser el Alcalde y la Junta de Gobierno). 

Como señala Rafael Jiménez Asensio, “La figura del Delegado de Protección de Datos reitera algunas de las características recogidas en el RGPD (artículos 37 a 39), pero con algunas exigencias adicionales:

La comunicación a la autoridad de control en el plazo de diez días del nombramiento y cese del DPD (artículo 34.3)

La dedicación a tiempo completo o parcial del DPD, en función del tipo de datos que se traten (artículo 34.5)

La “obtención de titulación universitaria” (¿se refiere a postgrados?) para demostrar a través de mecanismos de certificación el cumplimiento de los requisitos del artículo 37.5 RGPD

La garantía, siempre que se trate de persona física, de no remoción y de independencia, evitando cualquier conflicto de intereses del DPD (Art. 36.2), lo que puede poner en duda algunos nombramientos en función del tipo de tareas que se desarrollen (dedicación parcial).

La facultad del DPD de inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto de la Ley y emitir recomendaciones (artículo 36)

La facultad de documentar y comunicar a los órganos competentes la existencia de una vulneración relevante en materia de protección de datos.

Y el régimen de intervención del DPD en los supuestos de reclamaciones ante las autoridades de control (artículo 37)”.

Por lo demás nos remitimos a la lectura de los aludidos arts. 34 a 37 LOPDGDD (“Delegado de protección de datos”) y sobre todo a nuestro estudio monográfico “El Delegado de Protección de Datos en la Administración Local #DPO”.

Derechos digitales
Ya hemos indicado que esta no es una nueva LOPD, sino una LOPDGDD. Ahora bien, los derechos digitales son los derechos digitales y la protección de datos es la protección de datos. Yo los habría separado. Nos parece muy bien que se reconozcan unos nuevos derechos “de la Era digital”, como el derecho de acceso universal a Internet, el derecho a la educación digital o el derecho al olvido en búsquedas de Internet, pero podrían haberse recogido en otra Ley. Obviamente todo está relacionado, pero también estaba relacionado el Buen Gobierno con la transparencia y en su momento también lo habríamos sacado de la Ley de transparencia. En todo caso, hablando de la GDD, como poderes públicos que somos los entes que conforman la Administración Local, nos corresponde, en gran medida, la garantía de su ejercicio.

Esquema Nacional de Seguridad
Aquí seremos muy breves: si una Administración cumple totalmente con el Esquema Nacional de Seguridad también cumplirá la normativa sobre protección de datos, porque esta se encuentra incluida en aquel, aunque la LOPDGDD sea una Ley Orgániza y el ENS un simple Real Decreto desarrollado por las NTI. Esta inclusión es de tipo conceptual, no jerárquica normativa. En todo caso es incompatible la figura del DPO con la del responsable de seguridad de la información del ENS. A mayor abundamiento véase Seguridad jurídica y seguridad informática: dos caras de la misma moneda”.  Fuente: CCN-CERT

Otros impactos en la Administración Local
Potestad de verificación de las Administraciones Públicas. En la aludida Disposición Adicional 8ª se reconoce esta potestad de verificación en el sentido de que “Cuando se formulen solicitudes por cualquier medio en las que el interesado declare datos personales que obren en poder de las Administraciones Públicas, el órgano destinatario de la solicitud podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos”.

Nuevos derechos de los trabajadores. Se añade en el Estatuto del empleado público el derecho de dichos empleados a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital. Téngase en cuenta en todo caso los siguientes derechos que afectan al entorno laboral(arts. de la LOPDGDD):


Tratamientos de los registros de personal del sector público. Otra disposición digamos “de RRHH” es la adicional 12ª, que establece que “Los tratamientos de los registros de personal del sector público se entenderán realizados en el ejercicio de poderes públicos conferidos a sus responsables, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679”. Además “Los registros de personal del sector público podrán tratar datos personales relativos a infracciones y condenas penales e infracciones y sanciones administrativas, limitándose a los datos estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus fines”.

Modificación de la LOREG. La LOPDGDD modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General añadiendo un artículo especialmente desafortunado en mi opinión, como es el nuevo 58 bis, que permite a los partidos políticos a acceder a nuestros datos, y utilizarlos por ejemplo enviándonos propaganda electoral en base a nuestro perfil ideológico (algo que tiene un enorme margen de error) mediante sistemas de mensajería instantánea. Llámenme miope pero no veo el interés público. Sé que ya hay voces autorizadas que están defendiendo la oportunidad este precepto (por ejemplo la propia AEPD), mientras que otras lo critican con fuerza (véase este artículo de Borja Adsuara y alguno más que recogemos en la documentación anexa a la presente entrada). Yo me encuentro mucho más cerca de los segundos, y me permito añadir, por ejemplo, que este precepto podría chocar con la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de la Generalitat, de publicidad institucional para el interés ciudadano.

Datos de las personas fallecidasEl nuevo art. 3 obviamente afecta a la Administración Local, donde se gestionan y tratan datos de las personas fallecidas del municipio, así como de otros interesados.

GDD. No olvidemos tampoco que la Administración debe hacer efectivos los derechos de las personas contenidos en los arts. 12 a 18 de la nueva LOPDGDD, que se corresponden con los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, unos derechos que van más allá de los clásicos “ARCO”; y también, con los matices indicados, los derechos digitales del Título X.

Otras modificaciones legales. Por último, también se modifica La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y algunas leyes sectoriales como la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.  Seguiremos informando.

“Si piensas que la tecnología puede solucionar tus problemas de seguridad, está claro que ni entiendes los problemas ni entiendes la tecnología” (Bruce Schneier)

© Todos los derechos reservados. Nosoloaytos. Web oficial de Víctor Almonacid Lamelas 2018. Aviso legal.

Para saber más:
Informe de la AEPD sobre tratamiento de datos por parte de las AAPP (art. 28 LPAC y otras cuestiones).
Informe de la AEPD sobre (in)compatibilidad entre la figura del delegado de protección de datos del Reglamento general de protección de datos y el responsable de seguridad de la información del Esquema Nacional de Seguridad.
#NoConMisDatos, por Borja Adsuara.
“La PDLI, la Asociación de Internautas y expertos juristas lanzan un formulario para impedir que los partidos puedan crear bases de datos con las opiniones políticas de los ciudadanos”, vía internautas.org. Nota: el documento ha sido elaborado por los letrados: Carlos Sánchez Almeida, David Bravo, Borja Adsuara, Samuel Parra (451.legal), Sergio Carrasco y Ofelia Tejerina (consulte la misma noticia en Europa Press).

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martes, 11 de diciembre de 2018

La necesaria profesionalización de la contratación pública

"Es preciso que todo el ecosistema de la contratación pública (operadores, normas y procesos) esté orientado a su profesionalización"

Por Juan Carlos Melián.- Melián Abogados.- La atalaya profesional de un abogado dedicado a la contratación pública es privilegiada. Desde aquí diviso y participo del anhelo de empresas y profesionales en darle un mordisco al pastel de la contratación pública; más o menos el 18% del PIB español, eso dicen. A pesar de ello algunas ni se lo plantean. 

Entre éstas y las que sí y lo hacen con éxito, la diferencia: la profesionalización. 


Giro la vista y al otro lado diviso al sector público en su mayoría abrumado por un tsunami de normas que se apelotonan a su puerta exigiendo cumplimiento; en contratación, la incapacidad de satisfacer los retos que plantea la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Índice de Contenidos:

Dando sólo abasto para salir airoso del día a día, poco tiempo para alzar la cabeza y reflexionar el cómo afrontar de manera eficiente y exitosa los retos que plantean las nuevas normas, entre ellas la de contratación. La nueva Ley de contratos del sector público envía un mensaje claro: “Compra calidad”; pero seguimos comprando principalmente por precio.

NECESIDAD DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
La contratación pública se revela ahora como una palanca poderosa para orientar los mercados hacia patrones de producción más sostenibles y propiciar la creación de nuevos bienes, servicios e infraestructura sostenibles. Una palanca que hay que usar.

El paquete de directivas de contratación de 20141, introdujo formalmente el concepto de contratación pública estratégica, vinculado a la materialización de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, establecida en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010 titulada «Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador».

Contratación pública estratégica
Esta vinculación del concepto de contratación pública estratégica al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, amplía su campo de visión, ya no sólo se identifica exclusivamente al logro exclusivo de objetivos económicos, sociales y ambientales, también se enfoca en temas horizontales como la innovación y la satisfacción de otros objetivos de política pública.

Así la contratación pública se hace estratégica cuando promueve un crecimiento económico sostenible, facilita la lucha contra el desempleo, las desigualdades y propicia la integración de los sectores sociales más débiles y desfavorecidos. Por supuesto, también cuando promueve un medio ambiente sostenible, la investigación y la innovación.

Esa visión estratégica se plasma expresamente en nuestra Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP) en múltiples ocasiones.

En la exposición de motivos en los apartados II y III; en el artículo 1.3 LCSP, cuando se dispone que: “en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos”.

En igual sentido el artículo 28.2 del precitado texto legal determina que: Las entidades del sector público… valorarán la incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y de innovación como aspectos positivos en los procedimientos de contratación pública”

Así como el artículo 122.2 al establecer que las consideraciones sociales, laborales y ambientales pueden recogerse como criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución. Al respecto véase el proyecto “Contratación Pública Socialmente Responsable en Canarias“.

Declaración de intenciones
A lo largo de toda la Ley esa declaración de intenciones realizada de forma expresa se materializa luego en múltiples preceptos.

Se trata, en definitiva, de ir más allá de la simple adquisición de suministros, obras o servicios; la contratación pública debe ser palanca implementación de las políticas públicas a través de la cual se promueva una contratación social y medioambientalmente responsable, con capacidad de generar nuevas ideas, plasmarlas en productos y servicios innovadores y, de este modo, fomentar: “un crecimiento económico sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos.”; que maximice la accesibilidad, minimice las ineficiencias, el malgasto, las irregularidades, el fraude, la corrupción y contribuya a crear cadenas de suministro responsables.

Naturalmente, esta ampliación en el campo de foco que debe abarcar la contratación pública, implica un mayor grado de complejidad en los procesos de compra. En palabras de Adrian Ovidiu Teban:  “La contratación pública moderna no puede limitarse a obtener un valor máximo con el dinero público, sino que también se espera de ella que apoye objetivos políticos estratégicos e innovadores, por ejemplo aprovechar la digitalización, respaldar la sostenibilidad económica y medioambiental, la innovación y la inclusión social y contribuir a reducir los residuos, el fraude y la corrupción. El inconveniente de este nuevo enfoque para modelar una contratación pública más estratégica es la complejidad añadida a los procedimientos de licitación, que requerirán un elevado nivel de competencias de concepción, operativas y de gestión”

¿CÓMO PROFESIONALIZAMOS LA COMPRA PÚBLICA?
La cuestión está en su implementación:
¿Cómo lograr que la contratación pública sea estratégica?
¿Cómo logar que la contratación pública sea eficiente?
¿Cómo garantizar la mejor calidad precio?
¿Cómo simplificar los procedimientos y orientarlos al mercado?

Naturalmente, es preciso que todo el ecosistema de la contratación pública (operadores, normas y procesos) esté orientado a tal finalidad.

Cambio de paradigma
Para ello, los gestores públicos tendrán que cambiar de forma de pensar, pensar de manera estratégica y orientarse menos a lo meramente administrativo y formal. Ello exige necesariamente elevar su nivel profesional y dotarlos de las herramientas tecnológicas que contribuyan a ese cambio de mentalidad y que ayuden a los gobiernos a monetizar los beneficios que la contratación pública estratégica puede brindar.

También los licitadores deberán pensar de forma estratégica y diseñar nuevos productos o servicios que incorporen de forma relevante valores relacionados con la sostenibilidad: responsabilidad social, medioambiental e innovación.

Profesionalización
En definitiva, desde el lado de los poderes públicos, la contratación pública se enfrenta a nuevos desafíos, lo que implica garantizar la aplicación eficiente de las normas de contratación pública en todos los niveles. Esos desafíos pasan necesariamente por la profesionalización de los agentes, públicos y privados, que intervienen en la contratación.

Al respecto el artículo 334.1 LCSP destaca la profesionalización como uno de los aspectos, que entre otros habrán de considerarse dentro de la Estrategia Nacional de Contratación pública:

“…e) Promover la profesionalización en contratación pública mediante actuaciones de formación del personal del sector público, especialmente en aquellas entidades que carecen de personal especializado, mediante el diseño de un plan específico en materia de formación en contratación pública y otras actuaciones complementarias de promoción de la profesionalización en la contratación pública.”

También la profesionalización aparece enumerada entre los objetivos que han de cubrir las medidas adoptadas dentro de dicho plan (334.2 LCSP):

“…b) Incrementar la profesionalización de los agentes públicos que participan en los procesos de contratación.”

UN BUEN CATÁLOGO DE ACCIONES A EMPRENDER
Sobre el alcance de lo que significa la profesionalización, es fundamental la referencia a la Recomendación (UE) 2017/1805 de la Comisión de 3 de octubre de 2017 sobre la profesionalización de la contratación pública, construir una arquitectura para la profesionalización de la contratación pública.

Conforme afirma esta comunicación, una política de profesionalización eficaz debe basarse en un planteamiento estratégico global en torno a tres objetivos complementarios:

I.- Arquitectura política
Desarrollar la arquitectura política adecuada para la profesionalización:
“…para tener un impacto real, cualquier política de profesionalización debe contar con un elevado nivel de respaldo político. Esto significa definir claramente a nivel político central la atribución de responsabilidades y tareas de las instituciones; respaldar los esfuerzos a nivel local, regional y sectorial; garantizar la continuación a través de los ciclos políticos; utilizar, cuando sea apropiado, las estructuras institucionales que fomentan la especialización, la agregación y el intercambio de conocimientos”.

II.- Recursos humanos
“…mejorar la formación y la gestión de la carrera de los profesionales en materia de contratación: los profesionales de la contratación pública, es decir, aquellas personas implicadas en la contratación de bienes, servicios y obras, así como los auditores y funcionarios responsables de la revisión de los casos relacionados con la contratación pública, deben disponer de las cualificaciones, formación, capacidades y experiencia adecuadas necesarias para su nivel de responsabilidad. Esto implica garantizar la existencia de personal con experiencia, capacitado y motivado, ofrecer la formación y desarrollo profesional continuo necesarios, así como desarrollar una estructura de la carrera profesional e incentivos que hagan atractiva la función de la contratación pública y motiven a los funcionarios públicos a lograr resultados estratégicos”

En el cumplimiento de este objetivo la Comisión entiende que es preciso:
En primer lugar, identificar y definir el conjunto de competencias en las que cualquier empleado público debe ser formado, teniendo en cuenta, por un lado, la naturaleza multidisciplinar de la contratación, y por otro, el diferente nivel de responsabilidad. 


En este punto, el Comité Económico y Social Europeo en su dictamen de 26 de junio de 20183 propone la realización de una prueba piloto que permita definir las capacidades y competencias que debería poseer todo profesional de la contratación pública.


En segundo lugar, entiende que es necesario elaborar programas adecuados de formación, inicial y permanente, sobre la base de la evaluación de los datos y las necesidades. Poniendo como ejemplo, entre otros, de posibles acciones a adoptar:

-desarrollar y/o ayudar a desarrollar la oferta de formación inicial, a nivel de pregrado y posgrado, y otra formación básica para la carrera.
-suministrar y/o apoyar una oferta exhaustiva, específica y accesible de formación y aprendizaje permanentes;
-multiplicar la oferta de formación a través de soluciones innovadoras e interactivas o herramientas de aprendizaje electrónico, así como programas de repetición, y
-aprovechar la cooperación académica y la investigación para desarrollar un respaldo teórico firme para soluciones de contratación.


En lo que respecta a este apartado, el Comité Económico y Social Europeo en el dictamen referido, entre otras propuestas, recomienda incluir en los ejes de programación de Fondos estructurales, en especial del Fondo Social “intervenciones de profesionalización conjunta a escala nacional, regional y local”, y la concesión de becas de estudio de estudio de la UE.


En tercer lugar, los estados miembros deben también desarrollar y apoyar la adopción por parte de las autoridades/entidades de contratación de una buena gestión de los recursos humanos. Señalando algunas acciones que podrían servir de ejemplo:

-programas de planificación de la carrera profesional,
-incentivos de motivación específicos para las funciones de la contratación,
animar a los profesionales a proporcionar una mejor calidad y un planteamiento más estratégico en la contratación pública, por ejemplo:
-programas de reconocimiento y/o certificación que identifiquen adecuadamente y recompensen las funciones de contratación;
-estructuras profesionales, incentivos institucionales y apoyo político para lograr resultados estratégicos,
-premios de excelencia para fomentar buenas prácticas en áreas como la innovación, la contratación pública responsable desde los puntos de vista ecológico y social, o la lucha contra la corrupción.

Vinculado a este grupo de acciones parece que se va abriendo camino la necesidad de crear una certificación que acredite y demuestre que una persona cumple con los requisitos específicos de experiencia y un nivel establecido de conocimiento necesario para realizar, de manera competente, un trabajo dentro de la contratación pública. Esta certificación acreditaría la capacidad de una persona para obtener el máximo valor por el dinero público.

En Estados Unidos las certificaciones de Oficial de adquisiciones públicas certificadas (CPPO) y Compradores públicos profesionales certificados (CPPB) son credenciales reconocidas en todo el mundo y significan que la persona que ha obtenido el certificado ha alcanzado un nivel específico de educación y experiencia y ha demostrado un nivel predeterminado de conocimientos necesarios para realizar, de manera competente, el trabajo de un funcionario de compras públicas o comprador. 

Para finalizar este apartado, de las recomendaciones realizadas por el Comité Económico y Social Europeo a este respecto propone una cultura jurídica y judicial común en materia de contratación y aprendizaje recíproco en el ámbito UE. También en este sentido propone la adopción de un código ético común a fin de asegurar el respeto a las normas sociales y medioambientales.

III. Sistemas
“…proporcionar herramientas y metodologías de apoyo de la práctica profesional en el ámbito de la contratación: los profesionales de la contratación pública deben disponer de las herramientas y el apoyo adecuados para actuar de manera eficaz ….herramientas de contratación electrónica, directrices, manuales, plantillas y herramientas de cooperación, con la formación, apoyo y experiencia, agregación de conocimientos e intercambio de buenas prácticas correspondientes.”

Realmente la descripción de la mayor parte de los elementos que señala la sistemática utilizada por la Recomendación (UE) 2017/1805 de la Comisión de 3 de octubre de 2017, sobre la profesionalización de la contratación pública, tienen más que ver con el aprendizaje o la formación por vías alternativas distintas al concepto de formación que la suele identificar, erróneamente, de forma exclusiva con la realización de “cursos” o itinerarios formativos completos.

Las nuevas tecnologías de la información ponen en nuestra mano formas distintas y alternativas tanto o más eficaces que los métodos tradicionales. El uso de plataformas profesionales para la creación de grupos de trabajo específico, el intercambio de documentos, métodos y experiencias, y particularmente las Comunidades de Aprendizaje Profesionales, son herramientas más eficaces por cuanto la formación se realiza sobre casos, supuestos y necesidades reales.

Sucede exactamente lo mismo cuando se pretende atacar la necesaria implantación de la administración electrónica. Desde nuestra perspectiva, el problema tecnológico, es decir, la disposición de sistemas que resuelvan el cómo hacer contratación electrónica, está resuelto. Los problemas en torno a ello están más del lado de la poca cultura digital de la organización que necesariamente demanda formación en el uso de las nuevas herramientas.

En este apartado, para lograr el objetivo pretendido, la Comisión recomienda varios tipos de iniciativas:

Estimular y apoyar el desarrollo y aceptación de herramientas de TI (Tecnología de la Información) accesibles que pueden simplificar y mejorar el funcionamiento de los sistemas de contratación, por ejemplo:
Creación de portales de Internet únicos;

Desarrollar herramientas de TI con la formación correspondiente (por ejemplo, para economías a escala, eficiencia energética o trabajo en equipo), o respaldar las soluciones correspondientes orientadas al mercado.

Normalización, el intercambio, la reutilización y la interoperabilidad de productos y servicios, catálogo en línea de normas de TIC para la contratación pública.

Apoyar y promover la integridad, a nivel individual e institucional, como parte intrínseca de la conducta profesional, proporcionando herramientas para garantizar el cumplimiento y la transparencia y la orientación para prevenir irregularidades:

Establecer códigos deontológicos, así como cartas para la integridad;

Utilizar datos sobre irregularidades como retroalimentación para desarrollar los correspondientes programas de formación y orientaciones, así como para promover la autolimpieza, y

Desarrollar un documento de orientación específico para prevenir y detectar el fraude y la corrupción, incluso a través de canales de denuncia.

Los Estados miembros deben proporcionar orientación, por un lado para ofrecer seguridad jurídica sobre la legislación o los requisitos nacionales y de la UE que se derivan de las obligaciones internacionales de la UE y, por otro lado, para facilitar y fomentar el pensamiento estratégico, el criterio comercial y la toma de decisiones inteligentes/informadas, por ejemplo:

Material de orientación específico, manuales de metodología y depósitos de buenas prácticas y errores más comunes, que estén actualizados, sean fáciles de usar y fácilmente accesibles y estén basados en la experiencia de los profesionales.

Plantillas normalizadas y herramientas para diversos procedimientos tales como criterios de contratación pública ecológica.

Fomentar el intercambio de buenas prácticas y proporcionar apoyo a los profesionales para garantizar procedimientos de contratación profesionales, trabajo cooperativo y la transmisión de conocimientos técnicos a través de, por ejemplo:

Proporcionar ayuda técnica por medio de servicios de asistencia técnica reactivos, asistencia telefónica y/o servicios de correo electrónico.
Organizar seminarios y talleres para compartir nuevos avances jurídicos, prioridades políticas y buenas prácticas, y
Animar a las comunidades de profesionales a través de foros en internet y redes sociales profesionales.

Por último, de las recomendaciones realizadas por el Comité Económico y Social Europeo en el dictamen que anteriormente hemos señalado, en relación a este aspecto, recomienda:

La elaboración de normas técnicas de digitalización de contratos a fin de garantizar la transparencia, la accesibilidad y la interoperabilidad.

El estudio de un régimen reglamentario único y adicional para los grandes contratos a fin de ofrecerlo en régimen de libre adopción por los servicios contratantes con igualdad de condiciones y procedimientos, en todo el mercado único.

En el logro de una contratación pública más profesional hemos visto múltiples acciones cuya adopción no solo es deseable, sino que es conveniente su puesta en marcha lo antes posible.

Naturalmente, como apuntaba más arriba, cada iniciativa habrá que adaptarla a la dimensión y necesidades de cada organización, pero sin perder de vista que en la medida que cada una de ellas sea capaz de conectar con el resto de la contratación pública, tendremos un sistema realmente eficaz de contratación pública, en el que la colaboración y la asistencia mutua sean norma.

MIS WEBS FAVORITAS DE CONTRATACIÓN
En mis intervenciones en público sobre contratación pública, la última diapositiva contiene siempre las herramientas que yo considero un “must” (debe, obligadas) para todos los que nos dedicamos profesionalmente a la contratación pública o para aquellos que se quien acercar a ella.

No son otra cosa que enlaces a mis webs favoritas de contratación (dejo al margen los blogs) ordenadas según mi criterio por el orden del uso que les doy:

http://www.csitallleida.cat/ (tablas comparativas)
https://novagob.org/ (Grupo de Contratación Pública)

Particularmente útiles me parecen las comunidades de prácticas profesionales, plataformas de intercambio de información, experiencias y documentos que permiten transferir el Know-How de una entidad del sector público a otra, las buenas prácticas, el aprendizaje continuo sobre casos reales y el fomento del trabajo colaborativo.