lunes, 22 de octubre de 2018

El Gobierno prepara cambios en Transparencia para facilitar el acceso a información pública por parte de la ciudadanía

El Gobierno quiere dar más facilidades a los ciudadanos para obtener información de los poderes públicos y para ello va a aprovechar el Reglamento de desarrollo de la Ley de Transparencia 

Revista de prensa. La Vanguardia.- El Gobierno quiere dar más facilidades a los ciudadanos para obtener información de los poderes públicos y para ello va a aprovechar el Reglamento de desarrollo de la Ley de Transparencia en cuya redacción trabaja ya el ministerio de Política Territorial y Función Pública. Así lo ha anunciado este miércoles la titular de este departamento, Meritxell Batet, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso y en respuesta al diputado socialista Odón Elorza.

La Ley Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se aprobó en diciembre de 2013, pero el Reglamento que la tiene que desarrollar aún sigue pendiente. Batet ha fijado su aprobación como una de sus "prioridades" y ha avanzado que servirá para dar "más seguridad jurídica" y asegurar "la aplicación restrictiva" de los límites al derecho a la información de la ciudadanía.

Cuarto Plan de Gobierno Abierto 
También para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas el Ejecutivo también está ultimando el Cuarto Plan de Gobierno Abierto. "La transparencia no tiene que ser unilateral, requiere acompañarse de la participación activa de los ciudadanos", ha argumentado la ministra.

Además, Batet ha recordado que el Ejecutivo ya ha aprobado el Reglamento de la Ley que regula el ejercicio del alto cargo y que hace unas semanas publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) más de mil declaraciones patrimoniales de altos cargos actuales y también del Gobierno de Mariano Rajoy que se "encontraron en los cajones".

"Hemos tenido que ser transparentes por nosotros y por los que nos han precedido porque incumplieron la legislación vigente y hemos saldado una deuda de teníamos con los ciudadanos", ha resumido la ministra.

sábado, 20 de octubre de 2018

Gimeno Feliú: "La transición hacia la contratación electrónica no está llegando a los objetivos marcados por Europa ni la Ley de Contratos del Sector Público"

Analizamos la implantación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público después de 8 meses de su entrada en vigor en España con José María Gimeno Feliu, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y Director del Observatorio de Contratos Públicos

Revista de prensa. Por Eva Altaber. El Economista. El 18 de octubre es un día muy relevante en lo que a la contratación pública electrónica respecta. Las Directivas Europeas marcan esta fecha como el límite para que todas las Administraciones Públicas, liciten por medios electrónicos los concursos que superen los umbrales económicos de la regulación armonizada.
José Mª Gimeno. Foto. El Independiente
El legislador español, con la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ha sido más ambicioso tanto en los plazos de entrada en vigor de la obligatoriedad de la licitación electrónica como en los umbrales económicos, extendiendo la obligatoriedad a toda la contratación pública.

Han pasado 8 meses desde que la nueva Ley de Contratos del Sector Público entró en vigor en España, momento para analizar su implantación en nuestras administraciones. Preguntamos acerca de ello al Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y Director del Observatorio de Contratos Públicos, José María Gimeno Feliu.

¿Cómo regula la Ley la obligatoriedad del uso del medio electrónico en el proceso de la compra pública y más concretamente en el proceso de Licitación?
A partir del 18 de octubre la contratación tiene que ser electrónica lo que se concreta en la exigencia de publicidad y notificación mediante medios electrónicos, así como la obligación de presentar ofertas de forma electrónica (hacerlo en papel seria causa de exclusión). El procedimiento no tiene porque ser electrónico aunque las ventajas de subastas electrónicas o sistemas dinámicos de adquisición de compras, son herramientas muy útiles para una gestión más eficaz y sencilla de la contratación pública.

¿Cual es su visión sobre la situación en la que nos encontramos en estos momentos?
En mi opinión, en España la transición hacia la contratación electrónica no está lo suficientemente alineada con los objetivos de las instituciones europeas ni de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Sigue pesando mucho la cultura del procedimiento en papel, y existen tanto problemas técnicos (no se ha consolidado la Administración electrónica) como de resistencia al cambio.

¿Qué grado de dificultad están teniendo las Administraciones y los agentes de mercado?
La Ley 9/2017 concibe a la contratación pública como una oportunidad para una gestión más eficaz, transparente y eficiente de la contratación pública. Sin embargo, el desarrollo práctico está generando problemas quizá por la ausencia de una adecuada "política de transición" hacia este escenario y la falta de un diseño de puesta en funcionamiento de un sistema de colaboración público-privada (y también pública-pública) para conseguir los objetivos. En concreto, debería trabajarse más una adecuada política de homologación de servicios de contratación pública electrónica (como sucede en otros países), con una verdadera interoperabilidad, en vez de que las Administraciones públicas asuman el coste de diseñar y mantener sistemas propios (lo que puede ser ineficiente desde la perspectiva de gestión de recursos públicos e incluso cierta debilidad desde la perspectiva de la seguridad de las infraestructuras).

¿Ayuda la licitación electrónica a la transparencia en la compra pública?
Una adecuada y efectiva transparencia puede permitir tanto una gestión más eficiente de los fondos públicos —de especial interés en un contexto de reducción del déficit público y que se presenta como alternativa a políticas de recortes—, como de una gestión transparente compatible con el derecho a una buena administración. Desde esa perspectiva la contratación pública electrónica es una herramienta ineludible: permite claridad y difusión correcta de la información en las licitaciones; favorece la objetividad en la toma de decisiones y ayuda a la transparencia como rendición de cuentas.

La regla de la transparencia no es una formalidad y exige una implementación compatible con su finalidad. Son necesarios sistemas de información online ágiles, accesibles, gratuitos y de alcance universal, que hagan posible que cualquier licitador pueda obtener información sobre una licitación que corrijan la actual situación que desincentiva presentar ofertas por entender que el procedimiento puede estar ya orientado hacia determinados licitadores. Los medios electrónicos y la transición hacia la compra pública electrónica, se manifiestan, en este contexto, como un eje de reforma irrenunciable.

¿Tiene ventajas para las PYMES en España?
Por supuesto. Una correcta estrategia de contratación pública puede avanzar en la línea de simplificación de trámites y ahorro de "costes" y fomento de las PYMES en la contratación pública, pues concurrir no solo es más sencillo, sino que además aporta credibilidad al procedimiento (ausencia de contaminación en la decisión).

¿Qué grado de implantación podemos decir que después de estos 8 meses hemos alcanzado en España?
Claramente escasos. Se observa cierta tendencia a mantener las inercias anteriores (sirva de ejemplo la "discusión" sobre el contrato menor), en vez de analizar las oportunidades que la contratación electrónica permite desde la lógica de eficacia, eficiencia y, también, integridad.

¿Cuáles son los principales riesgos para las Administraciones ante esta situación de baja utilización de la licitación electrónica?
Como hemos dicho, menor eficacia y menor eficiencia, para los poderes públicos. Pero también tiene un impacto negativo para el sector empresarial español y sus oportunidades de negocio. En especial, la situación puede perjudicar a las PYMES, en un escenario donde se confunde la contratación pública electrónica con la adquisición centralizada (que en ocasiones puede distorsionar de forma muy evidente el mercado).

¿Cuáles son los desafíos más importantes a los que se enfrentan las Administraciones Públicas?
Las Administraciones Públicas deben actuar con inteligencia institucional, lo que exige "mirar lejos" para ver las posibilidades de mejora que ofrece la contratación pública, asumiendo además su función de "pilotaje" en esta materia (y no de remeros) procurando escalas de colaboración público-publico y público-privadas adecuadas basadas en la filosofía del win/win (todos ganan).

viernes, 19 de octubre de 2018

El Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas 2016 señala que solo el 61% de las 12.953 entidades locales existentes en España presentaron sus liquidaciones en plazo

El menor grado de rendición a 31 de diciembre de 2017, correspondía a las entidades locales de Andalucía, con un 45% (once puntos por encima del nivel de 2015) mientras que el nivel más alto fue el  de Aragón, con un 93%, y el de la Comunidad Valenciana, con un 92%

Nota del TCU.- Madrid, 15 de octubre de 2018.- El Pleno del Tribunal de Cuentas, en su sesión de 27 de septiembre de 2018, aprobó el “Informe de fiscalización sobre rendición de cuentas de las entidades locales, ejercicio 2016, con especial atención a entidades con incumplimientos reiterados de dicha obligación”.

Los objetivos específicos de la fiscalización consisten en: examinar el cumplimiento de los plazos previstos en la normativa para la aprobación del presupuesto y para la formación, aprobación y rendición de la cuenta general de las entidades locales; verificar el sistema de información contable de las entidades locales que no han cumplido con la obligación de rendir cuentas; evaluar la coherencia e integridad de la información contable del ejercicio 2016 de las entidades locales que no han rendido la cuenta general del citado ejercicio; y realizar un seguimiento de los principales resultados obtenidos en el anterior “Informe de fiscalización sobre rendición de cuentas de las entidades locales, ejercicio 2015, con especial atención a entidades con incumplimientos reiterados de dicha obligación”, respecto de las entidades locales específicamente fiscalizadas en dicho Informe, especialmente aquellas que seguían sin rendir cuentas.

Asimismo, se ha verificado la observancia de la normativa reguladora en materia de transparencia de la información pública, en todo aquello que, de conformidad con la misma, pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras.

A continuación se exponen los principales resultados obtenidos de la fiscalización, a través de una síntesis de sus conclusiones y recomendaciones.

Las conclusiones se formulan con una doble perspectiva: por un lado, a nivel global, las mismas versan principalmente sobre el censo de las entidades locales y el análisis sobre su cumplimiento en cuanto a la obligación de rendición de la Cuenta General, así como de sus plazos de aprobación y liquidación del presupuesto; y, por otro lado, desde una perspectiva más específica, basadas en el análisis de una muestra de 56 entidades locales, además del seguimiento de los resultados del anterior Informe respecto a otras 28 entidades locales que continuaban sin rendir sus cuentas con posterioridad.

Relativas al censo de las entidades locales y al cumplimiento de su obligación de rendición
El Sector Público Local, al finalizar el año 2016, se encontraba integrado por un total de 12.953 entidades locales. De estas, los ayuntamientos constituían el 63% del total (8.123). El 84% de los ayuntamientos tenía una población inferior a 5.001 habitantes y representaba el 12% de la población total; y el 2% de ellos disponía de una población superior a 50.001 habitantes, representando el 52% de la población.

El 61% de las entidades locales rindieron la cuenta del ejercicio 2016 en el plazo legalmente establecido, porcentaje superior en cinco puntos al registrado en la rendición de cuentas del ejercicio 2015. El nivel de rendición de las cuentas del ejercicio 2016 a 31 de diciembre de 2017, es decir, transcurridos dos meses y medio desde la finalización del plazo de rendición, también se incrementó, situándose en una media del 76%, mejorando en tres puntos porcentuales respecto del ejercicio 2015.

Por comunidades autónomas, el menor grado de rendición a 31 de diciembre de 2017, correspondía a las entidades locales de Andalucía, con un 45% (once puntos por encima del nivel de 2015) mientras que el nivel más alto fue el de la Comunidad Autónoma de Aragón, con un 93%, y el de la Comunitat Valenciana, con un 92%.

En cuanto a la rendición de las Cuentas Generales de las entidades dependientes, los ayuntamientos mayores de 1.000.000 habitantes presentaban los mayores niveles de rendición de sus entidades dependientes y consorcios adscritos (97%) y del 95% en el tramo entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes. Los menores niveles se dan en los tramos entre 5.001 y 20.000 habitantes (un 60%) y entre 1.001 y 5.000 habitantes (un 61%).

En relación con las entidades objeto de muestra (56 entidades), y en cuanto a la rendición de las cuentas generales de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, había un total de 57 cuentas generales pendientes de rendir a 23 de septiembre de 2018, de las cuales, un 7% correspondían al ejercicio 2014, el 43% al ejercicio 2015 y el 52% al ejercicio 2016.

El artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible establece que, en el supuesto de que las entidades locales incumplan la obligación de rendir al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente aprobada, se puede retener el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les corresponda, y hasta que se considere cumplida tal obligación. A tal efecto, en el desarrollo de las actuaciones realizadas para promover la rendición de cuentas de las entidades locales, el Tribunal de Cuentas mantiene actualizado al Ministerio de Hacienda sobre los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares que no han cumplido con la obligación de rendir la cuenta general del ejercicio 2016.

Además, el Tribunal de Cuentas emitió requerimientos conminatorios a los Alcaldes-Presidentes de los 26 ayuntamientos, incluidos en la anterior fiscalización, que persistían en el incumplimiento de la obligación de rendición de cuentas, lo que puede dar lugar a la imposición de multas coercitivas en caso de no ser atendidos.

Por otra parte, los plazos de rendición de las cuentas generales de las entidades locales que establecía en 2016 la legislación de las Comunidades Autónomas de Madrid, Comunitat Valenciana, Andalucía y Castilla y León eran diferentes a los establecidos en la normativa estatal. El Tribunal de Cuentas, en sucesivos Informes de fiscalización, ha puesto de manifiesto que la falta de homogeneidad en los plazos de rendición de las cuentas generales de las entidades locales produce divergencias temporales injustificadas en el cumplimiento de la obligación entre unas y otras entidades locales dentro del territorio nacional, lo que impide ofrecer una visión homogénea de los niveles de rendición en plazo de las entidades locales.

En relación con el sistema de información contable, control interno e integridad y coherencia de las cuentas anuales de las entidades locales
El Sistema de Información Contable del 77% de las entidades de la muestra permite la realización del control de legalidad a través de la función interventora, superándose dicho porcentaje en todos los tipos de entidad local y tramos de población, salvo en el de ayuntamientos de municipios de población comprendida entre los 5.001 y 20.000 habitantes, en el que se redujo al 65%.

En cambio, solo permitía realizar actuaciones de control financiero en una media del 41% de las entidades locales de la muestra, motivado fundamentalmente por la falta de medios técnicos o personales. La inexistencia de actuaciones de control financiero supone una debilidad del sistema de control interno y afectan a la evaluación de la gestión de la actividad económico-financiera de la entidad local y, por lo tanto, a la identificación y corrección de las eventuales deficiencias existentes.

De las 55 entidades que no disponían de ningún tipo de regulación propia en materia contable, se disponía de la liquidación de presupuesto de 49 de ellas, que gestionaron en el ejercicio 2016 créditos del presupuesto de gastos, por un importe superior a 1.102 millones de euros, sin instrucción de cierre presupuestario y contable, lo que supone una importante debilidad en el procedimiento de gestión contable y presupuestaria.

Sobre cumplimiento de las obligaciones recogidas en la Ley de transparencia, acceso a la información púbica y buen gobierno
El 77% de las entidades locales de la muestra tenía implementado un portal de transparencia propio, un 5% utilizaba el portal de transparencia de otra entidad (normalmente el de la diputación provincial) y un 13% realizaba la publicidad a través de la página web o sede electrónica. En el restante 5% de entidades no era posible realizar consultas sobre los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria, por estar el portal de transparencia en fase de pruebas, o próximo a su implantación, a la fecha de realización de los trabajos de fiscalización.

Un 46% de las entidades locales de la muestra analizada no había implementado, en el funcionamiento de su organización interna, sistemas para integrar la gestión de solicitudes de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos.

Por otra parte, de los 28 ayuntamientos que han sido objeto de seguimiento, en cinco se habían producido cambios en relación con la existencia de canales de publicidad activa para los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria de la entidad local, contando todos ellos con portales de transparencia.

Con el objetivo de contribuir a la mejora de la rendición de las cuentas generales de las entidades locales y de eliminar los obstáculos en las estructuras, organización, gestión y control de aquellas que la dificultan o ralentizan, así como para fortalecer la interiorización de la cultura de la rendición, en el Informe, el Tribunal formula, entre otras, las siguientes recomendaciones:

Homogeneizar en la normativa estatal y autonómica de los plazos de rendición de las cuentas de las entidades locales en todo el territorio nacional, así como la reducción del citado plazo límite de rendición.

Fortalecer las medidas legislativas encaminadas a fomentar el cumplimiento en plazo del deber de rendición de las cuentas generales por las entidades locales. Entre ellas, sería conveniente establecer, con carácter general, que la rendición de cuentas en plazo constituya requisito indispensable para el acceso por las entidades locales a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas. Estas medidas también habrían de referirse a la rendición de las cuentas de las entidades dependientes que forman parte de la cuenta general de la entidad local.

Finalmente, se insta a las entidades locales a adoptar las medidas necesarias para que su sistema de información contable les permita efectuar actuaciones de control financiero, lo cual resulta de especial relevancia tras la entrada en vigor, el 1 de julio de 2018, del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.  

El contenido del presente Informe (nº1.287) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas, (www.tcu.es)

jueves, 18 de octubre de 2018

Administración digital: Un viaje a Estonia

En 2017 Estonia abrió la primera “embajada de datos” del mundo en Luxemburgo, un almacén para guardar una copia de seguridad de todos los datos de Estonia

Por Carles Ramió. EsPúblico Blog.- Si un gobierno o una administración pública desea ser proactiva y puntera en aplicar la revolución digital no lo tiene tan difícil. El conocimiento innovador y los avances tecnológicos suelen ser difundidos y argumentados y está al alcance de todas las instituciones públicas que pueden aprovechar los avances que han realizado otras en cualquier parte del mundo. 

El elemento crítico y condición necesaria reside en ubicar al avance tecnológico como uno de los puntos más sobresalientes de la agenda política e institucional y crear un equipo de empleados públicos multidisciplinar enfocado a ello. Este equipo interno debería trabajar con unas fronteras difusas y contar con la colaboración de agentes externos (consultores o profesionales especializados en la materia y equipos universitarios que impulsan investigaciones sobre este ámbito). Definir una agenda de actuación más concreta es complejo y para ello hay que observar a las administraciones públicas especialmente innovadoras. 

Gestión inteligente
Ahora, por ejemplo, todas las miradas se dirigen en el ámbito de la gestión inteligente de las ciudades a Singapur, Londres, Helsinki, Nueva York, Amsterdam, Medellín, Tel Aviv, o Barcelona. A nivel de administraciones de países, hay un ejemplo que destaca claramente sobre el resto: Estonia. Este país es pionero en el uso de las identidades digitales protegidas para sus ciudadanos, lo que les permite firmar y encriptar los documentos y acceder sin problemas a los servicios gubernamentales. Las bases de datos públicas y privadas de Estonia se comparten a través de la red de pares (X-Road: una arquitectura descentralizada para las comunicaciones informática que evita que se realicen robos masivos de datos) en una especie de federación de la información. Los usuarios dan su consentimiento digital usando su carné de identidad y su PIN, para que una base de datos extraiga información de otra (por ejemplo, si un hospital necesita contactar con un seguro médico para saber el estado de la cobertura de un paciente). 

Este país está facilitando la utilización de los datos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero dando el control necesario a los mismos ciudadanos para que decidan quién puede tener acceso o no a sus datos. 

También asegura que su sistema digital sea seguro. En 2017 Estonia abrió la primera “embajada de datos” del mundo en Luxemburgo, un almacén para guardar una copia de seguridad de todos los datos de Estonia, que gozará de los mismos derechos soberanos de una embajada. Esto permitiría “reiniciar” el país a distancia en el caso de un ataque masivo de piratería informática (Rodríguez, 2018: 277, 278 y 280). Además, El gobierno de Estonia cuenta con una declaración electrónica de los bienes de los funcionarios para reducir el riesgo de corrupción y aumentar la transparencia. Algunos de los logros más destacados de Estonia como líder en innovación digital son: es el país con mayor cantidad de starUps per cápita del Mundo, tiene la banda ancha más rápida del mundo, es la única con i-voting que permite sufragar desde un teléfono celular (en unas lejanas elecciones de 2011 ya lograron que el 25 por ciento de los votantes optaran por este canal), primera nación en declarar la conexión a internet como un “derecho humano básico”, todas sus escuelas están online desde hace muchos años, se enseña a programar a los niños a partir  del preescolar (jardines de infancia), cuenta con identificación digital obligatoria y universal,  está a la cabeza de Europa en penetración de Internet y telefonía móvil, primera residencia virtual del mundo, país europeo número uno en ciberseguridad, país con mayor libertad en Internet, permite inscribir una empresa en 18 minutos, casi la totalidad de los trámites se pueden hacer por internet (Balbí, 2017).

Espíritu de cooperación 
La clave del éxito de Estonia con las TIC estriba en el espíritu de cooperación y la continuidad, porque desde el decenio de 1990 los gobiernos sucesivos impulsaron el desarrollo de esas tecnologías con apoyo del sector privado (han desarrollado un modelo de PPP (alianzas público privadas) muy maduro y sin muchas de las desconfianzas), el mundo universitario y la ciudadanía. También en el espíritu de reciprocidad gracias a la transparencia, a la seguridad y la lucha contra la corrupción, porque el Estado se ganó la confianza de sus ciudadanos y éstos, a su vez, le autorizaron a acceder a sus datos personales. 

Finalmente, Estonia también aposto por la participación: participó activamente en la creación de un sistema de gobernanza abierta y democracia digital. Para coordinar las contribuciones de la ciudadanía al debate se crearon tres sitios web con fondos públicos. Estonia es el único país del mundo dotado con un sistema tan transparente para observar la elaboración de proyectos de ley y la coordinación entre los diferentes ministerios (Roonemaa, 2017).

Estonia es un país diminuto (1, 3 millones de habitantes) pero es un magnífico laboratorio de pruebas para que otros gobiernos se inspiren en los factores de su triunfo. El éxito no es tanto tecnológico sino político e institucional y sus ingredientes fundamentales son: la cooperación, los partenariados público privados, el empoderamiento de los ciudadanos, la transparencia y la participación. También forman parte de su éxito factores como la creatividad para romper barreras y tópicos administrativos y su capacidad para innovar la normativa.

El caso de Estonia es un buen ejemplo de como un pequeño país puede alcanzar un espléndido desarrollo en una determinada materia. Pero a nadie se le escapa que su éxito también se debe a un tema de escala ya que se beneficia de una población escasa y cohesionada. No posee el mismo grado de dificultad un país como Estonia que Francia, Alemania o España. Estonia, por tanto, es un magnífico ejemplo a seguir para los grandes ayuntamientos o las comunidades autónomas, pero quizás no tanto para un país de grandes proporciones.


Novedad editorial. Inap. Panorama de las Administraciones Públicas 2017 

miércoles, 17 de octubre de 2018

CSIF, CC.OO., UGT, USO y CIG firman con el gobierno un acuerdo de movilidad para los funcionarios de la AGE


  • Texto íntegro del I Acuerdo de movilidad del personal funcionario al servicio de la Administración General del Estado


  • Nota del Mº de Administraciones Públicas y Función Pública.- Madrid, 15 de octubre de 2018.- El secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, y los representantes de los sindicatos representados en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, CSIF, CC.OO., UGT, USO y CIG han firmado hoy el primer acuerdo sobre movilidad del personal funcionario. 

    La provisión de puestos de trabajo de este personal al servicio de la Administración General del Estado tiene especial trascendencia, dada la necesidad de garantizar en todo momento la prestación eficaz de los servicios públicos, promoviendo al mismo tiempo la movilidad de los funcionarios y las funcionarias y su promoción profesional.

     Por ello es preciso contar con unos criterios comunes de provisión en los distintos ministerios y organismos públicos, acordados con las organizaciones sindicales más representativas en este ámbito, dirigidos a regular uniformemente esta materia mediante la implantación de procedimientos que permitan una mayor agilidad en la cobertura de puestos.

     Acuerdo firmado
    Este nuevo acuerdo, firmado esta tarde, al finalizar la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, representa avances importantes en la Función Pública:

    -Se impulsa el concurso como sistema de provisión de puestos de trabajo 

    -Se dota de mayor transparencia en el sistema de provisión de plazas

    - Se refuerzan los principios de mayor seguridad, igualdad, mérito, capacidad, competencia y publicidad en los concursos y traslados

    Tras el acuerdo alcanzado, se valorarán, entre otros méritos, los siguientes:

    Experiencia.- Una puntuación teniendo en cuenta la experiencia adquirida por el funcionario durante el tiempo que haya estado desempeñado puestos de trabajo de un determinado nivel de complemento de destino, siempre en relación con el puesto o puestos que solicita.

     Cursos.- Los impartidos o recibidos en el marco de la formación para el empleo de las Administraciones Públicas y centros oficiales de idiomas.

    Conciliación.- El personal funcionario que alegue causas relativas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral para la adjudicación de un puesto en distinta localidad, deberá solicitar la totalidad de los puestos de trabajo que se convoquen en esa localidad, siempre que cumpla los requisitos establecidos en la correspondiente convocatoria.

     También se tendrán en cuenta las siguientes situaciones:

     Cuidado de hijos.- Hasta que el hijo cumpla doce años, siempre que se acredite por los interesados que los puestos solicitados permiten una mejor atención del menor, se valorará ponderando la puntuación en función de la localidad de destino del funcionario y de la localidad de residencia de los hijos, así como, en su caso, del grado de discapacidad del menor objeto de cuidado.

     Cuidado de un familiar.Hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acceda desde un municipio distinto, y siempre que se acredite por los interesados que los puestos que solicitan permiten una mejor atención del familiar. 

    Destino previo del cónyuge funcionario.- Cuando dicho destino haya sido obtenido mediante convocatoria pública en el municipio donde radique el puesto o puestos de trabajo solicitados, siempre que se acceda desde municipio distinto, se valorará este supuesto ponderando en todo caso la puntuación en función del tiempo de separación de los cónyuges.

    Entre los acuerdos alcanzados, destaca también, por primera vez, que la Administración General del Estado pone en valor el conocimiento de las lenguas cooficiales en los territorios en los concursos de traslados y promoción de los funcionarios. Personal del Servicio Público de Empleo Estatal y Fogasa.- Las limitaciones que tenían a la participación en concursos de personal se flexibilizarán.

    El Gobierno, con el acuerdo firmado esta tarde con los sindicatos, se compromete a elaborar unas bases generales aplicables a todos los convenios de movilidad, de tal forma que aquellos que cumplan las bases que se establecen serán publicados en 15 días, para su puesta en marcha y resolución.

    Por otro lado, la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, también ha avanzado en otros asuntos:

    Traslados por motivos de salud. Se establecerán criterios en relación con los traslados por motivos de salud que permitan la utilización adecuada de esta figura con la finalidad de desligarla de los supuestos en los que concurren razones de conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los funcionarios que no guardan relación directa con el puesto de trabajo asignado, para lo cual se procederá, en el seno del grupo de trabajo de movilidad de personal funcionario, a la revisión y, en su caso, reformulación o reelaboración de los criterios fijados hasta hoy.

    Movilidad interadministrativa
    Los instrumentos de movilidad del personal funcionario entre las distintas administraciones públicas, contemplados en el acuerdo marco para fomentar la movilidad de los empleados públicos entre administraciones públicas, han permitido en ocasiones desarrollar de manera eficaz esta forma de movilidad, si bien actualmente resulta necesario avanzar en esta materia diseñando nuevas fórmulas de movilidad e intercambio. Un compromiso adquirido en la reunión de esta tarde.

    martes, 16 de octubre de 2018

    La tasa de temporalidad en el sector público escala al 24,9%, la más alta desde finales de 2009

    Andalucía (130.000), Cataluña (106.100) y Madrid (86.600)  concentran el 41,5% del total de los temporales, que suman 777.100 empleados públicos. En el País Vasco, el 35,3 por ciento son temporales 

    Revista de prensa. EP.- El 24,9% de los trabajadores del sector público eran temporales al finalizar el segundo trimestre del año, lo que supone la tasa más elevada desde el último trimestre de 2009, según un informe de Randstad publicado este lunes.

    En total, de los 3.117.800 trabajadores que desarrollan su actividad en el sector público, 777.100 de ellos lo hacen mediante un contrato temporal. Entre los asalariados del sector privado, el 27,2% de ellos trabaja con un contrato de duración determinada (3.579.900 ocupados).

    Entre 2008 y 2009 el porcentaje de trabajadores del sector público con contrato temporal se situó entre el 25 y el 27%, registrando los valores más elevados. Su nivel mínimo se alcanzó en el primer trimestre de 2013, al bajar hasta el 19%.

    El 31 por ciento de extremeños trabaja en el sector público
    Según el informe de Randstad, Extremadura es la comunidad autónoma que cuenta con una mayor tasa de empleados públicos respecto del total de ocupados. En concreto, el 31,1% de los extremeños desarrolla su carrera laboral en el sector público.

    A continuación, por encima de la media nacional (19,2%), se sitúan Asturias (24,4%), Castilla y León (23,2%), Castilla-La Mancha (23,2%), Andalucía (23%), Cantabria (22,7%), Galicia (22,5%) y Aragón (21,9%). En el lado contrario, por debajo de la media nacional, figuran País Vasco (18,2%), Canarias (18,1%) y Murcia (17,9%), entre otras regiones.

    El informe revela que País Vasco (35,3%), Extremadura (34,1%), Baleares (32,7%) y Asturias (30,2%) son las comunidades que muestran una mayor tasa de empleados públicos con contratos temporales. A continuación se sitúan Canarias (29,9%), Navarra (29,8%) y Cantabria (28,6%).

    El País Vasco encabeza la temporalidad
    Por encima del 25% y de la media nacional (24,9%), también se encuentran Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cataluña y Murcia. En el lado opuesto, con las tasas más bajas, se encuentran Galicia (24,1%), Aragón (24%), Andalucía (22,4%), Castilla y León (22,1%) y Madrid (18,7%).

    En términos absolutos, Andalucía (130.000), Cataluña (106.100) y Madrid (86.600) son las comunidades que tienen más empleados públicos con contratos temporales. Estas tres regiones concentran el 41,5% del total.

    Andalucía, que es una de las regiones con menor porcentaje de trabajadores públicos con contratos temporales (22,4%), es la comunidad autónoma con mayor tasa de profesionales con contrato temporal en el sector privado (40,4%). Ocupando la segunda y tercera posición, se encuentran Extremadura (37%) y Murcia (36,4%), mientras que al final de la tabla figuran Cantabria (23,3%), País Vasco (23%), Cataluña (20,9%) y Madrid (19,7%).

    lunes, 15 de octubre de 2018

    Subcontratación en la Ley de contratos del Sector Público

    "La relación entre contratista y subcontratista no debiera afectar a la Administración contratante"

    Por Julio Fernández.- Globals Politics and Law Blog. La subcontratación constituye uno de los elementos que más distorsiona el proceso de contratación en el sector público. El hecho de que el adjudicatario del contrato no sea el que ejecuta el contrato en su integridad, no deja de ser una fuente incesante de problemas, tanto para la Administración como para el propio subcontratista.

    En efecto, que un tercero ajeno al contrato lo ejecute es un fraude a las bases de la contratación. La subcontratación es, guste o no reconocerlo, una circunstancia que repercute en la calidad de la contratación pública, que ocasiona un perjuicio a las PYMES que se han presentado al contrato y no lo han obtenido y, por último, es una fuente de perjuicio para los trabajadores, que serán los que perciban unas retribuciones menores como consecuencia de la relación triangular. Más aún, hay una relación directa entre el incremento de la siniestralidad laboral y la subcontratación. De hecho, las condiciones de la subcontratación han de ser comunicadas a los representantes de los trabajadores.

    Y a ello se añade el hecho, sobre el que se dio muchas vueltas durante la tramitación de la Ley, del riesgo (demasiadas veces materializado) de que el contratista incurra en demoras a la hora de los pagos a los subcontratistas.

    En todo caso, pese a los datos anteriores, con ciertas condiciones previstas en el artículo 215 LCSP, la subcontratación está permitida en nuestro ordenamiento.

    Elementos básicos 
    ¿Cuáles son los elementos básicos que hemos de tener en cuenta en la subcontratación del sector público?

    De entrada, la subcontratación debería estar prevista en los pliegos, o por lo menos no estar prohibida. Más aún, me atrevería a señalar que son los pliegos los que han de determinar que prestaciones, en su caso, podrían ser ejecutadas por un subcontratista. El artículo 215.2 lo señala del siguiente modo: “Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.” El elemento condicional inicial debería ser obligatorio en aras de mejorar la calidad en la ejecución del contrato.

    Desde este punto de vista, también es relevante la indicación de cuáles son las prestaciones que se van a subcontratar. Es cierto que es un elemento que resulta complicado en ocasiones de medir. Lo que, en todo caso debiera ser obligatorio, es que la prestación principal del contrato no podrá ser objeto de subcontratación. Esta prestación se debiera medir no a través de una variable económica sino de un análisis cualitativo del objeto del contrato. La razón es clara: constituye el elemento a través del cual se ha podido valorar la capacidad técnica del contratista y por lo que ha podido resultar adjudicatario ..

    En segundo lugar, es importante que los pliegos determinen cuáles son las condiciones que ha de tener el subcontratista. No se entiende que no sea un factor determinante. Debe ser una persona con condiciones adecuadas de solvencia técnica y económica para la ejecución del contrato. En esta misma línea, se dispone que “en ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71”.

    Debiera ser obligatorio, en este sentido, que el subcontratista aporte un certificado de buena ejecución de prestaciones equivalentes para tener cierta certeza de que no va a producirse un perjuicio al interés general. De nuevo es una garantía para el interés general y, al mismo tiempo, es un mecanismo de prevención para evitar que se produzca una distorsión de la competencia.

    Obviamente, todas las condiciones subjetivas que afecten al personal las tendrán que cumplir los subcontratistas exactamente igual que el contratista personal. Es especialmente importante en los casos en los que se hayan impuesto cláusulas sociales a la hora de su ejecución. 

    Precisamente por ello, la ley exige la concurrencia de la comunicación y ulterior autorización de la subcontratación. Y, con ella, se contempla la posibilidad de resolución del contrato o de imposición de penalidades de hasta el 50% al contratista que no ha cumplido con lo establecido.

    En tercer lugar, la ley prevé la posibilidad de que la contratación se aparte de los perfiles que están recogidos en el artículo 215.2 a). La prevención de que haga falta la autorización de la administración y la prohibición de que no puede iniciar la ejecución hasta los 20 días no resulta suficiente. Debería existir una justificación de cuáles son las razones por las que no se produce una ejecución en las condiciones previstas en la licitación. 

    En cuarto lugar, la relación entre contratista y subcontratista no debiera afectar a la Administración contratante. De hecho, tal como dispone la Ley, “los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo”. Ahora bien, lo anterior no elimina que haya un efecto indirecto en los supuestos de mala ejecución del trabajo por el subcontratista o, incluso, en los casos de desavenencias entre ambos ejecutores del contrato.

    Y que, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley, acabe adoptando un papel de mediador de que el contratista ha recibido las cantidades que estaban previstas en el contrato entre ambos.

    Por último, los supuestos de subcontratación constituyen un factor que realza la importancia que tienen las unidades dedicadas a la ejecución del contrato. Son ellas las que han de comprobar el cumplimiento de los deberes de comunicación del contratista a la Administración y, al mismo tiempo, han de vigilar especialmente las condiciones especiales de ejecución del contrato que va a realizar alguien ajeno a la propia relación.

    Como se ha podido ver en las líneas anteriores, más allá de la posición que se tenga sobre la subcontratación, es preciso rodearla de una serie de cautelas, las cuales, en el fondo repercuten positivamente en la protección del interés general.