viernes, 20 de enero de 2017

El Tribunal de Cuentas pide sanciones efectivas en materia de subvenciones

"El TC constata la debilidad de los controles sobre la presentación de la cuenta justificativa por el beneficiario y la falta de exigencia observada con el cumplimiento de sus plazos de presentación y contenido"

Por Antonio Arias. Blog Fiscalización.es.- El título IV de la Ley General de Subvenciones establece una normativa básica en materia sancionadora (infracción penal aparte) que incluye multas pecuniarias independientemente de la obligación de reintegro. También prevé sanciones no pecuniarias, en caso de infracciones graves o muy graves, en relación con la posibilidad de obtener más subvenciones o contratar con las Administraciones públicas.

Las infracciones (arts. 56, 57 y 58 de la ley) van desde las leves por incumplimientos de tipo formal (como presentar fuera de plazo de las cuentas justificativas o que sean inexactas) hasta las muy graves como falsear las condiciones para su concesión o no aplicar las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida.

Pues bien, el Tribunal de Cuentas acaba de hacer público un informe sobre la gestión de reintegros de subvenciones en el área de la Administración Económica del Estado (ejercicios 2014 y 2015), donde entre otras muchas consideraciones, recuerda que el citado régimen de infracciones y sanciones de la LGS “está siendo aplicado mínimamente por los centros gestores”. Constata además la debilidad de los controles sobre la presentación de la cuenta justificativa por el beneficiario y la falta de exigencia observada con el cumplimiento de sus plazos de presentación y contenido.

En opinión del Tribunal, los departamentos fiscalizados deben dictar instrucciones para que los centros gestores:
-realicen una comprobación inicial y formal de los puntos esenciales de la justificación recibida en un plazo breve tras la recepción (entre ellos la existencia de remanentes no aplicados y la carta de pago correspondiente);
-efectúen el requerimiento de subsanación pertinente en caso de que la justificación esté incompleta;
-lleven a cabo la verificación final de las ayudas correspondientes a cada convocatoria en un plazo que evite la existencia de solapamientos en la comprobación de las ayudas concedidas en convocatorias de ejercicios diferentes;
-emitan, tras finalizar la comprobación de las ayudas, un pronunciamiento sobre la adecuación de la justificación realizada por el beneficiario;
-analicen las razones por las que no se está aplicando el régimen sancionador previsto en la LGS.

Iregularidades
El Ministerio de Hacienda confirma en alegaciones que esas actuaciones irregulares de los beneficiarios “únicamente se penalizan con la devolución de las cantidades indebidamente subvencionadas” (interés de demora aparte, que tiene carácter meramente resarcitorio), lo que hace ineficaz y escasamente disuasorio al sistema sancionador recogido en la Ley. Recuerda que intentó resolverlo, en 2014, aprobando un Anteproyecto para la modificación de la LGS que rediseñaba completamente el régimen sancionador, al clarificar el sistema de infracciones (“que adolece de muchas debilidades”) para ser efectivamente disuasorio. El texto incluía medidas para “integrar el procedimiento de control financiero de subvenciones con el procedimiento de reintegro que se tramita como consecuencia de dicho control, atribuyendo a la IGAE la competencia para tramitar y resolver ambos procedimientos simultáneamente”.

Una previsión que eliminaría esas demoras a la vez simplificaría y reduciría las actuaciones administrativas sobre el beneficiario. ¿Veremos esa futura reforma? Una multa de este tipo obliga a la institución sancionada a ejercer la acción de regreso frente al gestor negligente grave, en aplicación del artículo 36.2 LRJSP.

Sé que muchas universidades ya no concurren a ayudas de investigación ante cierta ambigüedad de los controles financieros. La puerta la abrieron los vicerrectores del ramo con un ácida Tribuna titulada “Hacienda, contra la investigación” -que tuvimos ocasión de comentar aquí– donde se quejaban de la gran cantidad de reintegros de subvenciones de proyectos de I+D que encubría la ausencia de fondos del ministerio

jueves, 19 de enero de 2017

El Consejo de Transparencia tramitará las reclamaciones de la Comunidad de Madrid tras cinco meses en el limbo

"El plan es que el CTBG se encargue de esta gestión hasta que la ley de transparencia de la Comunidad Autónoma cree un organismo propio"

Eva Belmonte.- El BOE nuestro de cada día. El BOE de 16 de Enero el BOE  recoge el convenio entre la Comunidad de Madrid y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) para que este último se encargue de tramitar y resolver las reclamaciones de los ciudadanos que consideren que no han sido respondidos de forma correcta a sus solicitudes de información.

 Con este paso, el convenio entra en vigor de forma definitiva, después de cinco meses en los que no había ningún organismo encargado de realizar esta gestión. Las reclamaciones, por tanto, quedaban paradas en un limbo en el que nadie se hacía responsable.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia para las entidades autonómicas y locales en diciembre de 2015, la Comunidad de Madrid está obligada establecer un organismo responsable de tramitar estas reclamaciones no solo para los organismos propios, sino para todas las empresas públicas y los ayuntamientos que no contaran con un organismo para realizar esta función. El 31 de diciembre de ese año, tras la supresión del Consejo Consultivo, encargó esta misión al Tribunal Administrativo de Contratación Pública.

Solo unos meses después, en julio de 2016, aprobó una ley para reformar dicho organismo y le quitó esa función. De esta forma, desde el 11 de agosto de 2016, no se encarga de las reclamaciones. La norma también establecía que, hasta que se cree un organismo específico para estas reclamaciones, será el CTBG quien se encargue de tramitarlas. Pero hasta hoy el convenio no ha llegado al BOE. El Consejo de Transparencia no tenía competencias para hacerlo. Durante cinco meses, nadie las tenía.

Así, nadie se hacía responsable de recibir las reclamaciones presentadas durante este tiempo, pese a que forman parte de la ley; y las que se recibían quedaban paradas. Hasta ahora. El convenio firmado establece que el CTBG tramitará no solo las reclamaciones que reciba a partir de ahora, sino también las que estén pendientes de resolución. Esas que estaban abandonadas en un cajón.

Convenios con seis CCAA y Ceuta y Melilla
Hasta el momento, según su página web, el CTBG tiene firmados convenios similares con Extremadura, La Rioja, Cantabria, Asturias, Castilla La Mancha, Ceuta, Melilla y, ahora, Madrid. En todos ellos el procedimiento es muy similar: el Consejo se encarga de tramitar y resolver las solicitudes y cobra una tasa a final de año según el número de expedientes gestionados. De media, en todos los casos, el precio por expediente está en 131,38 euros.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el plan es que el CTBG se encargue de esta gestión hasta que la ley de transparencia de la Comunidad Autónoma cree un organismo propio. La norma está aun en tramitación en la Asamblea de Madrid, aunque hace ya nueve meses que se hizo público el primero proyecto de ley.

De hecho, la primera propuesta de texto, presentada por parte del gobierno autonómico, no incluía la creación organismo regulador independiente de la transparencia. El proyecto de Cristina Cifuentes repartía las competencias que corresponderían este organismo (la vigilancia del cumplimiento de la ley, su evaluación, la instrucción e imposición de sanciones o la gestión de recursos de derecho de acceso) entre cinco autoridades departamentales distintas, todas ellas dependientes del ejecutivo madrileño. Así, el gobierno de la Comunidad de Madrid se proponía como evaluador, guía, juez y parte, algo considerado inadmisible según los estándares internacionales de transparencia.


La propuesta realizada por el PSOE, que es la que se tramita finalmente, sí incluye la creación de un Comisionado de Transparencia que se encargue, entre otras funciones, de resolver las reclamaciones de derecho de acceso. Hasta que la ley se apruebe, será el Consejo de Transparencia el encargado de llevarlo a cabo.

miércoles, 18 de enero de 2017

Movilidad local sostenible: oportunidades y límites

"Ante esta resistencia de los ciudadanos, a cambiar voluntariamente sus hábitos de transporte, los gobiernos –y, sobre todo, los locales como los más cercanos a la reacción popular- difícilmente se atreven a establecer restricciones al tráfico de carácter más permanente en el tiempo por el precio político que puedan ser llamados a pagar"
1.- En estos últimos meses nos hemos encontrado frecuentemente con varios artículos en la prensa española que han criticado o alabado las distintas decisiones políticas municipales del Ayuntamiento de Madrid en relación con los incidentes de alta contaminación atmosférica que ha sufrido la capital española y las medidas de restricción al tráfico que ha activado el Consistorio para afrontarlos.

 En concreto, ante los incidentes, la reacción municipal implicó, el pasado mes de diciembre, la adopción de varias medidas que o bien desincentivaban el uso del vehículo privado como medio de transporte regular de los ciudadanos o directamente prohibían la circulación de los mismos en el distrito central de la ciudad. Entre aquellas pueden citarse: la reducción temporal de la velocidad en la principal carretera de circunvalación de la ciudad y sus principales accesos, el permiso de circulación de los vehículos en la almendra central de la ciudad dependiendo de los números de la matrícula (pares-impares), la prohibición de aparcamiento en el centro de la ciudad en los espacios de estacionamiento regulado, el cierre temporal de la calle principal de la ciudad (la calle Gran Vía) a la circulación de automóviles y, en varios momentos, la prohibición absoluta de circulación de los vehículos privados, que no pertenecieran a residentes, en todo el centro de la ciudad.

2.- Estas medidas de limitación de carácter puntual adoptadas por los municipios, que prevén restricciones temporales al tráfico ordinario por motivos medioambientales y de protección de la salud, pueden resultar adecuadas –aunque esto también ha sido cuestionado por varios expertos- para reducir las altas concentraciones de emisiones de gases y sustancias en la atmósfera en momentos de contaminación aguda. No obstante, en ningún caso ofrecen una respuesta idónea o integral al problema de la polución o de la alteración climática a causa de la ordenación antropogénica del transporte y del tráfico en las ciudades.

3.- Las consecuencias que los ciudadanos sufren ya a diario y vayan a sufrir próximamente (en su salud y en el tiempo que duran sus desplazamientos), a raíz de la contaminación atmosférica y acústica y la aceleración del cambio climático, cuestan cada vez más para todos (tanto para el Estado como para los ciudadanos). En este sentido, las razones que justifican una intervención más planificada y drástica en el sector por parte de todos los niveles de gobierno no se fundamentan solamente en bases científicas incontrovertidas sino también son de índole económica. De hecho, muchas regulaciones de finalidad ambiental –también las relacionadas con el transporte-, como por ejemplo la norteamericana, se basan en argumentos de economía y de análisis coste-beneficio para enjuiciar la pertinencia y eficacia de una regulación restrictiva en el sector (calculando el coste social de la emisión de cada tonelada de gases o contaminantes a la atmósfera)[1].

4.- Ahora bien, no es menos cierto que el coste político que conlleva este tipo de decisiones como las restricciones al tráfico para alcanzar, entre otras acciones también, el concepto de movilidad sostenible es bastante alto por el impacto que estas puedan tener sobre el bienestar –al menos desde una perspectiva micro y a corto plazo- de los ciudadanos. La gran dependencia que hemos desarrollado del vehículo privado permite comodidad y agilidad en nuestros desplazamientos. Esto en combinación con el modelo de ciudad extensa y dispersa que hemos promovido y la falta, a menudo, de alternativas sólidas y seguras de transporte público y de circulación en bici o a pie nos hace reacios ante cualquier restricción que se nos impone al uso de nuestro vehículo privado. 

Es más, ni siquiera contemplamos el coste en nuestra salud que esta situación pueda ocasionar. Ante esta resistencia de los ciudadanos, a cambiar voluntariamente sus hábitos de transporte, los gobiernos –y, sobre todo, los locales como los más cercanos a la reacción popular- difícilmente se atreven a establecer restricciones al tráfico de carácter más permanente en el tiempo por el precio político que puedan ser llamados a pagar. Sin embargo, también es cierto que las decisiones municipales puntuales que restringen de forma espasmódica y temporal el tráfico o la velocidad también tienen su coste político. Y la experiencia ha demostrado que, incluso este tipo de coste -por la toma de medidas puntuales de restricción al tráfico en casos de incidentes de alta contaminación-, puede ser más alto que la adopción de una solución más radical pero integral y permanente en el tiempo (como por ejemplo se ha hecho en Paris, Atenas, Singapur, Londres con el establecimiento de peajes urbanos o la habilitación de circulación de automóviles  dependiendo del número de matrícula en días alternos). La razón es que la adopción de medidas de limitación estables encaminadas a la materialización del concepto de la movilidad sostenible es de naturaleza más consciente, medida y planificada y es capaz de dejar espacio y tiempo a los ciudadanos para reflexionar sobre ella e interiorizarla. Además resulta claramente más beneficial a medio-largo plazo para el medioambiente y la salud de los ciudadanos. La pregunta, por lo tanto, que surge de si este tipo de decisiones debe adoptarse con base en razones científicas, jurídicas y económicas o de conveniencia política parece que debe contestarse excluyendo la última.

5.- En cuanto a la conveniencia y margen de la acción de los gobiernos locales para adoptar medidas en el ámbito, debemos empezar por recordar que el 80% de la población en la UE y los EE.UU. vive y se desplaza en áreas urbanas. Así, el papel de las corporaciones locales en la lucha para la reducción de las emisiones en el sector del transporte resulta fundamental.  La adopción de medidas técnicas dirigidas a controlar la emisión de contaminantes y GEI en la fuente misma debería constituir la prioridad para toda política –local o no- en materia ambiental puesto que los daños ya ocasionados son difícilmente mitigables o reversibles. Es más, los gobiernos locales son los primeros interesados en mitigar los efectos ambientales de las emisiones provenientes del sector del transporte puesto que las ciudades, como hemos visto, son las primeras que sufren las consecuencias inmediatas de estas emisiones (contaminación atmosférica, ruido, alta concentración de CO2 aceleradora del cambio climático etc.). No obstante, los gobiernos locales constituyen, también, el nivel de gobierno que más dificultades afronta a la hora de adoptar políticas y regulaciones que incentiven el recorte de emisiones de CO2 y otros contaminantes a causa del transporte. Las razones son varias. Por una parte, las causas y efectos del deterioro ambiental que sufren las ciudades por la emisión de sustancias contaminantes y gases con origen en el transporte no son decarácter exclusivamente local. El éxito de muchas de las medidas relacionadas con las fuentes de emisiones se ve condicionado y plenamente sujeto a la toma de medidas a nivel estatal, autonómico o europeo, puesto que no pueden -por falta de competencia o eficacia- ejecutarse a nivel local (por ejemplo: los estándares de emisión impuestos para la fabricación de nuevos automóviles no se realiza a nivel local sino son mandatos incluidos en la normativa europea que deben cumplir las empresas automovilísticas). Además, aunque por ejemplo un municipio, que se encuentra emplazado al lado de varios otros de gran población, ponga en marcha todas las políticas posibles de movilidad sostenible, si no existe una acción coordinada con los demás municipios limítrofes o una política regional bien diseñada y ejecutada, sus intentos quedarán vacíos por el carácter también supralocal de los problemas ambientales (cross polítics).

6.- Dicho lo anterior, la estrecha interconexión entre el sector del transporte y la protección medioambiental (calidad atmosférica, cambio climático, ruido etc.) obliga, en general, al diseño de políticas públicas que incentiven: a) el abandono progresivo de la absoluta dependencia humana del vehículo motorizado para cubrir las necesidades de desplazamiento fomentando en paralelo el transporte no motorizado (circulación a pie o en bicicleta); y b) la mejora en términos tecnológicos y de eficiencia energética de los medios de transporte (vehículos eléctricos, utilización de biocombustibles en los medios de transporte colectivo, fomento de los medios de transporte colectivo menos contaminantes etc.). En la segunda categoría de políticas, el margen competencial y normativo local es más limitado por el carácter nacional o supranacional de las decisiones que normalmente deben adoptarse. Sin embargo, en la primera categoría de decisiones existen varios instrumentos jurídicos locales que pueden utilizarse para evitar y, hasta una medida, corregir los daños ambientales ocasionados por el transporte en las áreas urbanas. Las competencias combinadas que gozan los gobiernos locales en España en materias de urbanismo, medioambiente, ordenación del transporte urbano y tráfico (ex. arts. 25.2.a), b) y g) y 26.1.d) de la LBRL modificada por la LRSAL y de la legislación sectorial estatal y autonómica en estos ámbitos) son lo suficientemente amplias para que puedan servir como fundamentos sólidos a la acción local para promover la movilidad sostenible en sus territorios.

7.- Más en concreto, algunos instrumentos locales viables y basados en los fundamentos competenciales pertinentes en el ámbito para preservar la calidad atmosférica y climática y, así, la salud de los ciudadanos incluyen: a) medidas de limitación y control del tráfico, circulación y movilidad; b)medidas de desincentivo del uso del vehículo privado y de fomento del transporte colectivo o no motorizado (medidas fiscales de carácter positivo y negativo respetando siempre el principio constitucional de reserva de ley en la materia; inserción de mejoras tecnológicas y de eficiencia energética en los medios de transporte colectivo a través de la incorporación de cláusulas verdes en su contratación); y c) medidas de naturaleza planificadora como el diseño y la ubicación de las redes de transporte a través del Derecho urbanístico y el Derecho de transporte en sí (carriles bici, zonas peatonales, amplias reservas de espacios para las redes de transporte colectivo). Las medidas de control de tráfico de competencia local y desincentivo del uso del vehículo privado incluyen, por su parte, instrumentos de regulación y control combinados con medidas de incentivo -positivo o negativo-: prohibiciones y limitaciones permanentes en la conducción de vehículos basadas en el establecimiento de zonas ambientales dentro de las ciudades y en las características de emisión de cada vehículo; imposición de límites bajos de velocidad en áreas urbanas; gestión de semáforos y calles para una conducción más eficiente; establecimiento de peajes para la entrada de los vehículos privados en los centros urbanos; reducción de las plazas de aparcamiento y gestión de los parquímetros según el nivel de contaminación de los vehículos.


8.- En conclusión, no hay una solución de talla única en materia de movilidad sostenible dirigida a todos los municipios. La idoneidad de cada solución dependerá del tamaño del municipio y sus características geopolíticas, de su disponibilidad del suelo y, por supuesto, de la coordinación con las políticas metropolitanas o regionales que son necesarias en el ámbito.

martes, 17 de enero de 2017

La firma electrónica se desactiva en fin de semana

Actualidad: El Confidencial. La Conferencia de Presidentes debatirá, de acuerdo con Santamaría, un plan para flexibilizar la tasa de reposición de empleados públicos y analizar la consolidación de miles de interinos en España

Por Víctor Almonacid.- Me preguntan -en serio-, desde una Administración Pública española, si es válido que un funcionario firme electrónicamente el fin de semana, ya que no se encuentra en su mesa trabajando.

Vamos a contestar esta interesantísima y nada ridícula pregunta en abierto (y más que nada para ayudarle a gestionar la resistencia al cambio a la compañera que me ha contactado, esta vez sin broma, y que la pobre está apurada por la actitud de sus compañeros).

Pues sí, tienen razón. A veces hay que rendirse con deportividad, sobre todo cuando el enemigo presenta argumentos irrefutables y, por qué no decirlo, un intelecto superior.

Qué duda cabe que la firma electrónica se desactiva el viernes a las 15 horas, porque efectivamente si no estamos en el centro de trabajo cómo diantres vamos a firmar. Imposible ¿Quién tendría firma electrónica en casa o, peor, en los dispositivos móviles? Es de locos. Y si se pudiera no sería legal porque esa firma se produciría fuera del horario laboral. Además, la nueva Ley de procedimiento, esa que es malísima porque es muy moderna pero que alguna cosa buena tiene, al menos dice que los sábados son inhábiles ¿Quién firmaría en un día inhábil? Sólo un ergómano adicto al trabajo, o un viajero del tiempo que viene del siglo XXIII.

Teletrabajo
Esta perversa práctica de firmar fuera del horario de trabajo abriría, además, una peligrosa puerta hacia el teletrabajo, algo intolerable y jurídicamente más que dudoso que supondría aceptar que un documento administrativo puede formalizarse más allá de las sagradas paredes de la institución.

Ni que decir tiene, pues, que la firma electrónica, que se autocontrola para salvaguardar las tradiciones y buenas costumbres, se desactiva cuando uno sale por la puerta del trabajo. También durante la media hora del almuerzo, claro está. Más dudoso es, aunque así lo respalda algún sector doctrinal, que sea legal la firma realizada desde otro lugar del edificio administrativo distinto de nuestro despacho/mesa. Cabe razonar que cuanto más nos alejemos aumenta el peligro de incurrir en una administración no solo electrónica, sino también telemática (teles es un prefijo griego que significa “a distancia”). Siendo flexibles podríamos aceptar una firma realizada en un radio de 10 metros alrededor de nuestra mesa, que es donde debemos estar, pero no más allá, tanto por razones legales como técnicas (el “microchip” no tiene tanto alcance).

En cuanto a la validez de la firma electrónica del empleado público que va al aseo, parece que lo más sensato es reconocer que durante los 45 segundos de las aguas menores (o micción simple) la firma sigue en vigor, pero que a partir del minuto, y en todo caso en situaciones de aguas mayores, se produce un efecto de derecho equivalente al almuerzo.

A mayor abundamiento, en el hipotético y muy improbable caso de que algún día la firma electrónica no procediera a tal desactivación, igualmente no se podría firmar el fin de semana porque supondría trabajar durante el mismo, o entre semana a horas intempestivas, y de hecho ya hay esquizofrénicos que firman por la tarde, incluso por la noche, y en un alarde de locura, han llegado a firmar en el AVE, o incluso en la misma estación o aeropuerto. Esta práctica demente también abriría otra peligrosa puerta, en este caso al trabajo por objetivos o rendimiento en lugar de “por horas”. El día que lleguemos a semejante grado de alienación acabaremos con las buenas usanzas de lo público, que deben permanecer inmutables más allá del avance demoníaco de los tiempos.

En definitiva, como señala un amigo con el que he comentado esta interesante cuestión, la firma electrónica no es válida los fines de semana ni las fiestas de guardar. Y obviamente la del ciudadano tampoco. Fin del riguroso análisis jurídico.

lunes, 16 de enero de 2017

CReSAP: Portugal "exporta" su nuevo y moderno modelo de selección por competencias de directivos publicos

"En CReSAP  trabajabamos con 12 competencias ideales en los procesos de selección de estos directivos, que se pueden agrupar en sólo 6, que son: iniciativa, sensatez, talento, resolutivo, negociador, liderazgo e innovador"

Post Relacionado: Carles Ramió en Blog EsPúblico. Consejos para los directivos públicos ante un cambio organizativo (I)

Blog Hay Derecho.- Lo primero que hay que subrayar es que desde 2012 la selección de los niveles más altos de la Administración portuguesa se efectúa a través de una institución independiente y profesional, que es la CRESAP, que se ha convertido en una institución con reconocimiento internacional y un ejemplo de buenas prácticas en relación con la selección de los directivos públicos.
En definitiva, Portugal cuenta con un sistema profesional de selección de los directivos públicos, algo que nos parece fundamental para reforzar la independencia, la neutralidad y la capacidad de las Administraciones Públicas.

Como se pueden imaginar, su puesta en marcha no fue fácil; las resistencias de los partidos políticos pero también de los propios directivos públicos ha
sido muy fuerte. Sin embargo su 
instauración ha incrementado la confianza, la transparencia y la legitimidad de las instituciones y ha contribuido a despolitizar la Administración. Si bien es cierto que como se dice en la propia entrevista no siempre es conveniente exportar sistemas completos de un país a otro, nos parece que con las debidas cautelas la experiencia portuguesa puede servir de inspiración para España, donde la selección de directivos públicos es a día de hoy muy poco profesional.

A continuación reproducimos la entrevista cuyo formato original pueden encontrar Entrevista J Bilhim CRESAP (1) (1)

1.- ¿Cuál es para usted la definición ideal del directivo público?
R.-Es difícil definir al directivo público ideal, pero creo que puedo identificar los rasgos esenciales de su perfil en un mundo posmoderno y global como el actual. En primer lugar, aclarar que no existe un perfil ideal que sirva para todas las situaciones existentes. Soy seguidor de la teoría de la contingencia y, por tanto, lo ideal estará siempre condicionado al entorno concreto.

Para mi, el aspecto más relevante de un directivo público es su capacidad para adaptar su perfil de dirección/gestión a las demandas del entorno y, en particular, a las exigencias del poder político. Es este condicionante político en el que ha de operar el directivo público el que lo diferencia del directivo privado.

Podría enunciarles los elementos que deben presidir los procesos de selección de estos profesionales públicos. En la Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP)
trabajabamos con 12 competencias ideales en los procesos de selección de estos directivos, que se pueden agrupar en sólo 6, que son: iniciativa, sensatez, talento, resolutivo, negociador, liderazgo e innovador.


2. En su opinión, ¿cuáles son las principales ventajas del modelo de la CRESAP frente al sistema tradicional?
De acuerdo con mi experiencia las ventajas del modelo de selección de la CReSAP son las siguientes:

a) Incrementa la transparencia, y por tanto, la legitimidad y confianza en los políticos
b) Los procesos de selección en una administración abierta son verificables por la ciudadanía y especialmente por los medios de comunicación.
c) Conceden mayor legitimidad a los titulares de los órganos directivos, en base a que su selección se debe a un proceso de concurrencia meritocrática y no en la mera confianza política de un miembro del Gobierno
d) Desaparece la presión de los aparatos de los partidos políticos y de los miembros del Gobierno para “enchufar” candidatos
e) Ayuda a despolitizar la administración, aunque no agota su influencia en ella.
f) Choca frontalmente con la mentalidad política tradicional vigente en el acervo interno de los partidos políticos, que piensan que una buena gestión política es aval suficiente para ser Presidente del Gobierno o de un gran Banco público, con independencia del mérito profesional.
g) Contribuye a cristalizar una cultura de profesionalización de la administración. Esto no significa una cultura de cuerpos profesionales que monopolicen la administración, sino prestar un servicio profesional a los ciudadanos y a los órganos superiores que dirigen la Administración.

3 3.- ¿Cuáles son los elementos esenciales del sistema de la CRESAP?
La CReSAP sólo selecciona a los niveles más altos de la Administración Pública: directores y subdirectores generales y miembros de los consejos directivos de los institutos públicos con autonomía financiera (cerca de 500) y emite informe preceptivo y no vinculante respecto a los candidatos que el Gobierno quiera designar para el sector empresarial del Estado (cerca de 1100).

Los concursos destinados a niveles inferiores son gestionados por cada Departamento y presididos por el correspondiente director general (cerca de 9.200). Respecto a los concursos de los niveles más altos de la Administración Pública, los elementos esenciales del procedimiento de selección son los siguientes: solicitud de apertura de concurso de plaza por un miembro del Gobierno, nombramiento de un tribunal (compuesto por un presidente, un vocal permanete, un vocal no permanente rtepresentando al Ministerio solicitante de la plaza y un experto del Ministerio), aprobación por el tribunal del del perfil de la plaza, ratificación por el Gobierno del perfil propuesto, publicación en el Diario Oficial de la República del anuncio del concurso, plazo de solicitudes de diez días hábiles, evaluación de los curricula presentados, test de conducta, entrevista y propuesta al Gobierno de una terna de candidatos.

En cuanto al examen curricular y la adecuación al perfil de la plaza de los candidatos que el Gobierno quiera designar para el sector empresarial del Estado, los elementos esenciales del procedimiento de evaluación son los siguientes: petición de evaluación realizada por un miembro del Gobierno, que viene acompañado de dos documentos: un curriculum elaborado de acuerdo con los modelos de la CReSAP y un cuestionario de autoevaluación contestado por el candidato. En este cuestionario el candidato tiene que indicar, respecto de los doce criterios o competencias de gestión existentes, evidencias de su curriculum que demuestren las competencias requeridas.


Con base en estos documentos el Presidente de la CReSAP nombra un ponente y un contraponente para la emision de sus informes. Estos ponentes citan al candidato a entrevista antes de que se le someta a un test de conducta. Tras ello, estos ponentes emiten su informe para su discusión en la Comissão Técnica Permanente, que emite su informe final, preceptivo y no vinculante.


4 4.- ¿Cuál es el impacto en la organización? ¿Se puede observar una mejora en la gestión de los servicios públicos en aquellos ámbitos en los que los directivos han sido seleccionados por la CRESAP?
La doctrina comparada de Administración Pública (Pollit y Bouckaert, 2002) afirma que la medición de los resultados de cualquier reforma es siempre difícil de realizar y exige el trascurso de cierto plazo de tiempo para ello. En este caso, los directivos seleccionados están ejerciendo sus cargos desde hace menos de 3 años. Les recuerdo que el mandato de los directivos de la Administración Central del Estado es de 5 años y el de las empresas públicas de 3.


No obstante, desde la perspectiva social, en un reciente estudio realizado por la ISCSP de la Universidad de Lisboa se demuestra que entre los candidatos presentados (cerca de siete mil) al ser preguntados si volverían a presentarse a un proceso similar, contestó afirmativamente el 85%.

Algo idéntico sucede en una pregunta similar ¿recomendaría a un amigo concursar en la CReSAP? El 86% respondió afirmativamente. Estos datos indican que quien concurre y conoce la CReSAP se muesta satisfecho con su labor.


5.- En la puesta en marcha y consolidación del sistema, ¿se han encontrado muchas resistencias al cambio y cómo las han superado?
Tuvimos que enfrentarnos a numerosas resistencias. En primer lugar las resistencias propias de los directivos públicos que no creían que tal sistema fuese posible en la práctica. En segundo lugar, las provenientes de algunos miembros del Gobierno, que pese a obedecer al cambio de sistema por ser este un mandato del propio Primer Ministro, intentaban discutir y entorpecer el proceso para relantizarlo.


En tercer lugar el hecho de que se trataba de un Gobierno minoritario y en coalición, y el compromiso electoral de crear la CReSAP era sólo de uno de los socios del Gobierno, el PSD (centro derecha) y no del CDS (derecha). La voluntad de profundizar en el sistema era matizada por acuerdos con el socio de la coalición.

En cuarto lugar, hubo fuertes presiones de los apartos de los partidos, ya que la CReSAP terminaba con la selección política de los candidatos y dificultaba así los “enchufes” de sus candidatos (podrían presentar sus candidatos pero con la CReSAP tendrían que tener mérito y capacidad suficientes para concurrir). Además, los que estaban en la oposición mañana serían gobierno, y este nuevo sistema rompía su lógica de “patrocinio”.


6.- Aprendiendo del fracaso, ¿qué lecciones han extraído de la puesta en marcha del sistema?
En la CReSAP siempre hemos puesto en valor la actitud de crecimiento, esto es, de ir aprendiendo de los errores de acuerdo con la filosofía de que “Roma y Pavía no se hicieron en un día”. Así, fruto de la experiencia acumulada en la CReSAP a lo largo de 3 años se hizo una modificación legal por la Ley 128/2015, de 3 de septiembre, que introdujo numerosas mejoras en su sistema. Por ejemplo, la CReSAP pasó a ser desde entonces responsable de elaborar los perfiles de los puestos y el Gobierno pasó a homologar los mismos. Este aspecto se detectó como algo que no funcionaba bien antes de ser corregido, ya que antes de esta reforma era el propio Gobierno quien elaboraba los perfiles de los puestos.


7.- ¿Existen medidas de precaución contra el favorecimiento de un candidato en la corrección?
El sistema informático está blindado para impedir este tipo de actitudes. Además el artículo 5.º de los Estatutos de la CReSAP prohíbe que sus miembros pidan o reciban orientaciones del Gobierno.


8.- ¿Es este modelo exportable a otros ámbitos y países?

Las lecciones de la Administración Pública comparada indican que, en caso alguno, se debe exportar/importar modelos acabados de otros países. Ese fue el principal error cometido por los heraldos/misioneros de la Nueva Gestión Pública, oriunda del paradigma administrativo anglosajón. No obstante, podemos y 6 debemos inspirarnos en lo que otros países hacen bien. Así, soy del parecer de que, con las debidas cautelas, la experiencia portuguesa podría ser objecto de inspiración para España.

domingo, 15 de enero de 2017

Presentado el Repositorio público de datos sobre corrupción en España

TI España.- El 12 de enero se ha presentado por parte del Consejo General del Poder Judicial el Repositorio de datos sobre procesos de corrupción en España, que es fruto del Convenio firmado por este organismo y Transparencia Internacional España.

Este repositorio constituye una importante base de datos estadística de acceso público sobre los muy diversos datos judiciales relacionados con la corrupción, en base a los procesos existentes actualmente, y clasificados de muy diversas formas, tanto por órganos centrales de justicia, como por juzgados en cada una de las Comunidades autónomas, por tipos de procedimientos, modalidades de delito, tipos de sentencias dictadas, etc.

Radiografía
El repositorio supone, por tanto, una radiografía integral de la corrupción en clave judicial en este país, y va a permitir a los ciudadanos conocer los principales datos e indicadores sobre esta materia, los cuales se van a ir actualizando trimestralmente. 

El repositorio ha comenzado con los datos correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, y en próximas fechas está previsto que recoja los datos del último trimestre de 2016. Los datos que se recogen corresponden a procedimientos penales por delitos relacionados con la corrupción una vez dictado acto de apertura de juicio oral o de procesamiento.

Según los primeros datos ofrecidos por este repositorio, los juzgados y tribunales españoles dictaron entre las dos citadas fechas Acto de apertura de juicio oral o de procesamiento por delitos de corrupción contra 1.378 personas acusadas y/o procesadas, en 166 procedimientos judiciales.

Para acceder a este repositorio de datos: Repositorio sobre corrupción

viernes, 13 de enero de 2017

Los ayuntamientos con mayor visibilidad en Google

Dentro de los 100 primeros municipios, el 70% utiliza la extensión de dominio .es, un 12% la extensión .cat y un 11% .org,

Nicolasmarchal.com. BlogNovagob.- Como se puede comprobar, los esfuerzos realizados desde la Administración Pública para hacer más accesible la información, son un hecho que venimos corroborando desde el inicio de esta sección, por eso, una vez que se han realizado multitud de campañas y acciones durante el 2016, es un buen momento para analizar la visibilidad de la Administración en internet, en este caso, de la administración a nivel local.

Para realizar el presente estudio, se han analizado las páginas web de los 100 municipios con mayor población en España según el último censo emitido por  el Instituto Nacional de Estadística (INE), a su vez, se han incluido ciertos municipios que no están entre los 100 municipios con mayor población en España, pero presentan una mayor visibilidad en Google que muchos municipios con más población.

Los 20 ayuntamientos con más visibilidad
Para realizar el presente estudio, hemos utilizado la variable de "índice de visibilidad", que mide la visibilidad total en Google (Urls posicionadas, visitas, posición...), lo normal es tener un punto de visibilidad en Google, pero como se demuestra en la siguiente gráfica, estos serían los ayuntamientos con mayor índice de visibilidad en Google:

Dentro del top 20, nos encontraríamos los siguientes Ayuntamientos:
1.-      Madrid
2. -     Barcelona
3. -     Valencia
4.  -    Gijón
5. -     Sevilla
6. -    Málaga
7. -     Pamplona
8. -     Vitoria
9. -     Zaragoza
10.-  A Coruña
11.-  Jerez de la Frontera
12.-  Murcia
13.-  Burgos
14. - Córdoba
15.-  Vigo
16.-  Albacete
17.-  Alicante
18.-  Valladolid
19.-  Cartagena
20.-  Alcobendas

La gran mayoría de municipios que ocupan el top 20, son capitales de provincia, de hecho, si ampliamos el ranking e incluimos a los 50 primeros, solamente encontramos 8 municipios que no son capitales de provincia entre los 50 primeros.

La extensión del dominio más utilizada: .es
Dentro de los 100 primeros municipios, el 70% utiliza la extensión de dominio .es, un 12% la extensión .cat y un 11% .org, algunos municipios del País Vasco utilizan la extensión .eus, y de Galicia .gal.
Como hecho que ha llamado mucho la atención a la hora de realizar el estudio, ha sido que ninguno de los ayuntamientos que se encuentran situados en el top 100, utiliza una de las extensiones más comunes en internet, la extensión .com.

La unión hace la fuerza, incluso en Google
Hay municipios con una mayor población que se encuentran peor posicionados o con menos visibilidad en Google que otros municipios con menos población, como puede ser el caso de Murcia, Almería y otros muchos.

El problema de estos municipios es que han creado una página web para cada servicio, o para sus servicios principales, y esto está produciendo que la fuerza o popularidad de la página web, se reparta, en vez de encontrarse concentrada, como es el caso de del ayuntamiento de Jerez o Albacete, que todos sus servicios se encuentran en la misma página web, produciendo que toda la popularidad que se genera en torno a sus servicios, repercuta de forma positiva al resto.

El éxito de Gijón y Cartagena
El Ayuntamiento de Gijón, es el 16º municipio con mayor población de España, sin embargo, a nivel de visibilidad en Google, se encuentra el 4º; este hecho no es casualidad, la estrategia que ha utilizado el Ayuntamiento de Gijón para fomentar la visibilidad de sus servicios y productos, ha sido crear un directorio para que los negocios y servicios de la localidad puedan darse de alta, y así ser encontrados en Google por sus respectivas categorías, en la actualidad más de 2.600 empresas se han dado de alta en este servicio.

Por otro lado, tenemos al Ayuntamiento de Cartagena, puesto nº 25 a nivel de población en España, pero en el puesto nº 19 a nivel de visibilidad en Google, este Ayuntamiento ofrece dentro de su página web, una plataforma para que todas aquellas personas que quieran compartir piso, se anuncien en la misma. Esta acción ha provocado que la página web del Ayuntamiento de Cartagena aparezca por búsquedas como "compartir piso en Cartagena", "alquiler de habitación en Cartagena" y otras búsquedas relacionadas, aumentando el nº de visitas a la página web del ayuntamiento y, por consiguiente, consultando otros servicios que ofrece el Ayuntamiento.

Los cambios en la extensión del dominio pueden ser un aliado o el peor enemigo
En un principio, las extensiones de dominios que se podían adquirir eran .com, .net, .es y .org principalmente, pero de forma paulatina en el tiempo, se han empezado a implementar extensiones locales, como pueden ser: .eus, .cat, .gal, entre otros. Por lo que muchos Ayuntamientos han optado por adquirir una extensión de dominio más localizada.

El problema es que esta migración, del dominio antiguo al dominio nuevo, hay que hacerla de forma correcta, pues en muchos casos puede suponer una penalización para la página web, como puede ser el caso del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián, que a principios del 2015 decidió cambiar el dominio de su ayuntamiento de donostia.org a donostia.eus, y antes de realizar dicho cambio, el dominio donostia.org tenía una visibilidad muy buena en Google (2,65 puntos de visibilidad), pero a la hora de migrar todo su contenido a la nueva web .eus, ha perdido mucha visibilidad, llegando a encontrarse en la actualidad con 0,89 puntos de visibilidad, como se puede comprobar en la siguiente imagen:

El secreto para estar bien posicionado en Google es la organización en la web
No tiene ningún secreto, los ayuntamientos que tienen una mayor visibilidad en Google, se debe a que sus páginas webs están muy bien jerarquizadas, esto quiere decir que los contenidos se encuentran cada uno en su categoría correspondiente, no se duplica el contenido y la forma de llegar a esos contenidos se encuentra a pocos clicks desde la página de inicio, es un hecho que valora de forma muy positiva Google y que cumplen bastante bien los Ayuntamientos que se encuentra en el top 20.

La organización web en una página de un Ayuntamiento no es tarea sencilla, pues la multitud de servicios, eventos y noticias que se publican y modifican en la página web, hace que en muchas ocasiones sea imposible seguir un orden o estructura posible en la organización de contenidos, pero es un esfuerzo que merece la pena, para que así los usuarios, desde el propio buscador de Google, puedan encontrar los servicios de su Ayuntamiento de forma más rápida y efectiva.