sábado, 18 de febrero de 2017

El ayuntamiento de Madrid aún tiene 3.401 puestos de libre designación, después de "poner orden"

Los puestos de  libre designación en el ayuntamiento de la capital suponen el 12% del total de la plantilla, que llega a los 28.000 empleados públicos  

Noticia relacionada: ABC CC.OO. asegura que los puestos de libre designación aumentaron un 48% durante el año pasado

Revista de prensa.- La Vanguardia.- La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha asegurado este jueves en rueda de prensa que el Ayuntamiento ha "puesto orden" en la plantilla municipal y que ha reducido los puestos de libre designación.

Fachada del Ayuntamiento de Madrid
"A lo largo de estos dos años, el Ayuntamiento ha puesto orden, porque el nivel de heterogeneidad y desorden en la plantilla municipal era muy elevado", ha explicado Maestre al ser preguntada tras la Junta de Gobierno por las críticas de CC.OO en relación con la cantidad de personal de libre designación del Ayuntamiento.

En este sentido, Maestre ha precisado que se ha reducido el número de puestos de libre designación, "que es regularizar una multitud de plazas de adscripción municipal, esas sí a dedo, sin concurso". "Las hemos regularizado a través del procedimiento correcto, que es el de la libre designación", ha apuntado.

Así, ha argumentado su exposición con cifras, y ha señalado que en el 2014 hubo en el Consistorio madrileño 3.408 puestos susceptibles de ser provistos mediante libre designación; 3.458 en el año 2015; 3.431 en 2016, y 3.421 en 2017. "No solo no existe incremento, sino que lo que ha existido estos años es un descenso", ha apuntado.

Maestre ha agradecido la formulación de la pregunta, ya que "así" podía "aclarar" informaciones con datos erróneos.

Además de los eventuales
"No tiene nada que ver la contratación de asesores eventuales que existen en todas las administraciones públicas, reguladas por la ley de bases de régimen local, presentadas las cuentas en el pleno, todo dentro de la legalidad", ha indicado, para asegurar a continuación que "luego están los puestos de libre designación".

De estos últimos ha indicado que son puestos "que por concurso están abiertos al personal funcionarial del Ayuntamiento de Madrid y de las administraciones públicas". "Son dos escalas diferentes, que conviven y coexisten en todas las administraciones públicas, y también en el Ayuntamiento de Madrid", ha concluido.

viernes, 17 de febrero de 2017

El Tribunal Supremo se apunta a la Transparencia

El Tribunal Supremo ha puesto en marcha el pasado martes su Portal de Transparencia que permitirá a los ciudadanos conocer por primera vez el estado de tramitación de sus causas en el alto tribunal que con esta herramienta pretende convertirse en un órgano más accesible al público en general.

Revista de prensa. EP. Así lo ha anunciado el vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes, quien ha precisado que el objetivo del portal es ofrecer la información más completa sobre el mismo y por ello recoge también por primera vez los señalamientos de las cinco Salas, de modo que será posible conocer qué asuntos va a tratar cada una de ellas y cuál es la parte recurrente.

En la pestaña de biografía se pueden consultar los perfiles profesionales de los 78 magistrados titulares y ocho eméritos además de los miembros del gabinete técnico. Otra de las novedades es la relativa a la información sobre los salarios de los magistrados y los gastos protocolarios incluidos en su presupuesto y que se desglosan por los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma.

El vicepresidente ha explicado que se ha trabajado durante un año en su puesta en marcha bajo el criterio de ofrecer la mayor transparencia posible sobre su funcionamiento si bien ha precisado que se trata de una herramienta dinámica que se irá mejorando día a día en función de la demanda existente.

Sentencias
Al hilo ha precisado que una de las cuestiones que más interesan a los ciudadanos es la incidencia que tienen las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como ocurre en lo relativo a la nulidad de las cláusulas suelo y sobre las que está previsto que se pronuncie este miércoles para adaptarse criterio europeo que impuso retroactividad en el cobro de las cantidades percibidas indebidamente por la banca.

Por su parte el jefe del gabinete técnico, el magistrado Dimitri Berberoff, ha indicado que a partir de ahora el público también puede conocer todos los asuntos ingresados por las salas en los últimos cuatro años. La información pone de relieve el incremento producido en la Sala de lo Civil (que pasa de 3.579 asuntos en 2013 a 4.397 el pasado año) y la Contencioso-Administrativo con un incremento de más de 3.000 asuntos en tres años.

La pestaña de estadísticas permite conocer el tiempo medio de respuesta y la tasa de asuntos resueltos, según ha indicado Berberoff que reconoce que hay que tener en cuenta que la complejidad de los asuntos que ingresan en el Tribunal Supremo es cada vez mayor debido a la novedad de los mismos.

Respecto al tiempo medio de respuesta varía en función de las salas; así la Civil cuenta en 2015 con un tiempo medio de 15,4 meses, la Contencioso de 13,8 mientras que el tiempo medio de respuesta en la Sala de lo Penal es de 5,1 meses y de 4,4 en la Sala de Lo Militar.

Acceso ciudadano
Los ciudadanos pueden acceder también a información relativa en el ámbito no jurisdiccional así como las agendas del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y del vicepresidente Ángel Juanes. Además, en el apartado de jornadas de puertas abiertas se facilita información de contacto para el público quiera acercarse al alto tribunal.

El Supremo explica que con la puesta en marcha de esta herramienta culmina el proceso de extensión de la política de transparencia a los órganos de gobierno de los tribunales iniciado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en noviembre de 2015. Medio año después, en junio de 2016, entró en funcionamiento el de la Audiencia Nacional.

jueves, 16 de febrero de 2017

El futuro del sector público: El elefante en la sabana digital

"Podría decirse que los mercados se ocupan con éxito de un sinfín de problemas complicados, pero dejan cada vez más para el estado los problemas complejos"

"La construcción de entornos avanzados de gobernanza colaborativa se dibuja como la condición para afrontar con éxito los grandes problemas colectivos de nuestro tiempo"

"El sector público del futuro tendrá que ser, probablemente, más inteligente, más diverso y descentralizado, y más colaborativo"

Francisco Longo. Blog Agenda Pública.- Como un viejo elefante que contempla de lejos las luchas de los depredadores, el sector público vive a distancia los procesos de destrucción creativa que acompañan a la innovación en los mercados. 

Alejado de la competencia y protegido así de la amenaza schumpeteriana, los ritmos de cambio de sus organizaciones son mucho menos dependientes del entorno que los de las empresas. Esto no quiere decir que no cambien. Se van adaptando de forma gradual a la innovación tecnológica, pero lo hacen habitualmente sin alterar sus patrones básicos de funcionamiento ni sus estructuras de poder. Sólo en raras ocasiones los gobiernos emprenden reformas de amplio alcance, obligados por la crisis fiscal que es siempre la condición necesaria -aunque no suficiente, como muestra el caso de nuestro país- de esas transformaciones.

Y sin embargo, se hace difícil creer que el huracán de cambios disruptivos que en esta segunda década del siglo sacude y desestabiliza las economías y las sociedades de la era global/digital no acabe por afectar también a las organizaciones públicas y a quienes trabajan en ellas. Al menos, cuatro grandes tendencias de fondo parecen llamadas a alterar en profundidad la configuración y los modos de hacer del sector público.

Crece la complejidad y dificultad de los problemas sociales. El economista Ernst Schumacher llamó “divergentes” a aquellos problemas que, cuanto mayor es la dotación de inteligencia con que se analizan, más probable es que susciten soluciones contrapuestas. En un sentido análogo, Ronald Heifetz, de Harvard, denomina “adaptativos” a los problemas que carecen de soluciones técnicas protocolizadas por el conocimiento disponible. Pues bien, un número creciente de los problemas colectivos contemporáneos responden al tipo divergente y adaptativo. Asuntos como el calentamiento global, el crecimiento de las desigualdades, la congestión de las megalópolis o el fracaso escolar, por citar algunos ejemplos de alcance universal, reúnen alta complejidad y alta incertidumbre. Son escenarios poco propicios para la intervención de los actores económicos en condiciones de mercado. Podría decirse que los mercados se ocupan con éxito de un sinfín de problemas complicados, pero dejan cada vez más para el estado los problemas complejos. Esos que los anglosajones han dado en llamar wicked (terribles), y  cuya insidiosa multicausalidad hace difícil relacionar los síntomas con las intervenciones, y estas con los impactos.

Hiperpluralismo
El poder se difumina. Como ha escrito Moisés Naím (“El fin del Poder), el poder ya no es lo que era. Atribuido tradicionalmente a las burocracias jerarquizadas –privadas o públicas- de gran tamaño, hoy lo encontramos disperso en una multiplicidad de “micro-poderes” que contrarrestan y minimizan la capacidad de aquéllas. La globalización ha vuelto ilusoria la pretensión de preservar la hegemonía defendiendo los feudos territoriales, por mucho que los gobiernos invoquen nostálgicamente la soberanía sobre esto o lo otro. Para el autor venezolano, el acceso –o la ambición de acceder- de miles de millones de habitantes del planeta a una vida más plena, móvil e interconnectada, está cuestionando todas las fuentes tradicionales del poder y creando, al mismo tiempo, múltiples focos de poder alternativo. Vivimos en el mundo de lo que Donald Kettl ha llamado “hiperpluralismo”, o Francis Fukuyama “vetocracia”, en el que los gobiernos ejercen una influencia necesariamente compartida y sometida a contrapesos cada día mayores.

La innovación tecnológica se vuelve exponencial. Los cambios tecnológicos que los sistemas públicos han ido metabolizando en las últimas décadas no son comparables en trascendencia con los que, en el horizonte inmediato, apuntan ya en inteligencia artificial, neurociencias, robótica, biomedicina, big data, nanotecnologías y otras áreas del conocimiento humano. En “The Second Machine Age, Brynjolfson y McAffee han bautizado como “exponencial” la impresionante aceleración producida por el avance cruzado en todos estos campos.  La disrupción tecnológica alterará drásticamente los requerimientos que la sociedad dirige a las organizaciones públicas en lo que afecta a sus sistemas de producción (ya se trate de seguridad, salud, educación, ciencia, promoción económica, ordenación del territorio u otros ámbitos) a las competencias y perfiles profesionales necesarios, a las formas de organizar sus procesos y actividades y a los modos de relacionarse con los ciudadanos.

Las personas son cada vez más capaces y autónomas. La acción combinada de la globalización y la revolución digital ha creado imparables dinámicas de desintermediación que dotan a los individuos de capacidades nuevas para actuar por sí mismos en múltiples campos. En casi todos los sectores de actividad económica –del turismo al audiovisual, del transporte a la banca-, este fenómeno está produciendo macro-procesos adaptativos y cambiando los modelos de negocio de las empresas. Parece improbable que esta “revolución de la plataforma”, en expresión de Geoffrey Parker, no acabe por alcanzar a los gobiernos y sus organizaciones. Los servicios públicos son intensivos en mediaciones -piénsese en el trabajo de profesores, médicos, orientadores laborales, gestores de infraestructuras o transportes- que tendrán que reformularse en muchos casos de forma radical.

El futuro del sector público
¿Será el elefante sensible a estos movimientos de fondo en el ecosistema? Micklethwait y Wooldridge, periodistas de The Economist, sugieren en un libro reciente (“The Fourth Revolution”) que algunos cambios han comenzado. Aventuraremos un pronóstico: el sector público del futuro tendrá que ser, probablemente, más inteligente, más diverso y descentralizado, y más colaborativo.

El primer reto es reducir el déficit cognitivo. La brecha actual entre lo que los gobiernos y sus organizaciones saben y los desafíos que afrontan es descomunal y no para de crecer. En tiempos complejos e inciertos, la creación de valor público se relaciona más con el conocer, aprender y liderar procesos sociales que con el producir. En esa dirección, la tecnología -la revolución de los grandes datos, especialmente- ofrece una oportunidad para diseñar políticas e intervenciones mucho mejor focalizadas y basadas en la evidencia. El salto tecnológico exige, eso sí, una fortísima inversión en conocimiento. En un  sector público dedicado hasta ahora a hacer cosas, más que a conseguir que las cosas pasen, y poblado todavía por extensos contingentes de trabajo de cualificación media y media-baja, serán inevitables sustanciales reconversiones de capital humano. Internalizar inteligencia y externalizar trámite parece el modo lógico de orientarlas.

Esa inyección de inteligencia, aplicada en un conglomerado público que es ya extraordinariamente diverso, será incompatible con los diseños homogéneos, rígidos, verticales y centralizados de las burocracias. El conocimiento, en especial cuando se halla sometido a dinámicas permanentes de actualización y aprendizaje, es poco compatible con la unidad de mando y el uniforme. Los sistemas públicos del futuro tendrán que parecerse a constelaciones de núcleos de conocimiento más pequeños, diversos y autónomos, regidos por reglas mucho más flexibles. Serán, en expresión de Clayton Christensen, redes de “mutantes” adaptados a cada uno de los entornos especializados en que operen. Estarán fuertemente profesionalizados y abiertos a interacciones múltiples que en buena medida se desarrollarán en espacios digitales y tendrán un alcance global.

Y todo ello exige que el estado renuncie al mito de la autosuficiencia y asuma la pérdida del monopolio que en otro tiempo mantuvo en la creación de valor público. El sector público del futuro tendrá que profundizar la reinvención de sus modelos de relación y colaboración con una amplia diversidad de actores (individuos, academia, grupos de investigación, organizaciones sociales, empresas) situados extramuros de la fortaleza estatal. La colaboración público-privada, pese a los ejemplos de mala práctica y los ataques fuertemente ideologizados que ha sufrido en España en los últimos años, formará parte del paisaje. Como escribía hace poco en Financial Times Mariana Mazzucato, no son momentos para disyuntivas falsas o ideológicas entre estado y mercado. Por el contrario, la construcción de entornos avanzados de gobernanza colaborativa se dibuja como la condición para afrontar con éxito los grandes problemas colectivos de nuestro tiempo.

Post relacionado: El País. César Cantalapiedra y J.Antonio Herce.  Las Administraciones Públicas que vienen
Blog Es público. Carles Ramió. El incierto futuro del Estado

miércoles, 15 de febrero de 2017

Unidos Podemos no logra apoyos suficientes en el Congreso para derogar la reforma local

El PSOE, que fue beligerante en la FEMP con esta ley, se abstuvo ayer por el "planteamiento atropellado" y "falta de ambición" de la iniciativa

Agencias.- Unidos Podemos no consiguió los apoyos parlamentarios suficientes para tramitar su petición para derogar gran parte de la reforma local, ya que en el debate de la iniciativa el PSOE se decantó por la abstención, y por tanto, el Congreso la rechazó. 

La normativa sacada adelante por el PP en solitario en la anterior legislatura puso en pie de guerra a alcaldes de todos los colores políticos en todo el país y llevó a muchos Ejecutivos autonómicos a aprobar  leyes exprés para adaptar la ley a las particularidades de cada comunidad y poder mantener muchos servicios públicos que gestionaban los ayuntamientos, como es el caso de los servicios sociales. La norma fue declarada parcialmente inconstitucional en 2016.

Manifiestamente mejorable
El diputado socialista Antonio Pradas criticó ayer el contenido y alcance de la iniciativa de Unidos Podemos, y "generosamente" la tildó de "manifiestamente mejorable". Debido al "planteamiento atropellado", a la "falta de ambición" de la propuesta, el PSOE decidió abstenerse, si bien dejó claro que pretende acabar con ella. El problema, a su juicio, es el camino que sugiere Podemos para lograrlo.

Que PSOE y Unidos Podemos comparten el mismo objetivo lo proclamó la diputada del grupo liderado por Pablo Iglesias, Auxiliadora Honorato. De hecho, pidió al grupo socialista que no permita que el Gobierno del PP salve una de las medidas principales de la legislatura en la que contó con mayoría absoluta. "¿Van a volver a declarar el amor al PP?", preguntó ayer.
Votaron a favor ERC, PDeCAT y Bildu, lo que es insuficiente. En contra: el PNV, y Ciudadanos. Desde el PP, Juanjo Matarí reprochó que haber tramitado la iniciativa de Podemos habría sumido en la "incertidumbre" a miles de municipios".


Actualidad. Diario Cinco Días. 14.2.2017. Hacienda dice que sin presupuesto no habrá más empleo público

martes, 14 de febrero de 2017

Las 16 obligaciones electrónicas de los ayuntamientos pendientes que entraron en vigor antes a la Ley 29/2015

Blog Víctor Almonacid.- Dedicado especialmente a las personas que defienden, por increíble que parezca, que todo esto entra en vigor a finales de 2018.

1.- PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA
Norma: Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

Obligación: las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.

Pendiente desde: 1 de enero de 2004.

2.- EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS ELECTRÓNICOS DE LOS CIUDADANOS
Norma: Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Obligación: Los derechos reconocidos en su artículo 6 podrán ser ejercidos en relación con todos los procedimientos y actuaciones Municipales.
Pendiente desde: 31 de diciembre de 2009.

3.- IMPLANTACIÓN DE UN REGISTRO ELECTRÓNICO
Norma: Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio.
Obligación: establece la necesidad de implantar el Registro electrónico, reformando la Ley 30/92
Pendiente desde: julio de 2011.

4.- PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
Norma: Ley 2/2011 de Economía Sostenible

Obligación: Las Comunidades Autónomas y las Entidades integradas en la Administración Local en las que no puedan ser ejercidos a partir del 31 de diciembre de 2009 los derechos reconocidos en el artículo 6 de la Ley 11/2007, deberán aprobar y hacer públicos los programas y calendarios de trabajo precisos para ello, atendiendo a las respectivas previsiones presupuestarias, con mención particularizada de las fases en las que los diversos derechos serán exigibles por los ciudadanos.

Pendiente desde: Septiembre de 2011

5.- PLAN DE AJUSTE
Norma: RD-ley 4/2012 (1ª fase mecanismo de pago a proveedores y ampliación);  RD-ley 4/2013 (2ª fase mecanismo de pago a proveedores); RD-ley 8/2013 (3ª fase mecanismo de pago a proveedores.
Obligación: Remisión de información (relación certificada de todas las obligaciones pendientes de pago) y aprobación del Plan de ajuste, con adopción de medidas organizativas tendentes a la implantación de un funcionamiento electrónico.

Pendiente desde: 31 de marzo de 2012.

6.- COMPETENCIAS “PROVINCIALES” EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
Norma: Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).

Obligación: Prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes (art. 36.1.g LBRL)

Pendiente desde: 31 de diciembre de 2013.
Administración medieval versus administración electrónica… ¿Cuál escoge como modelo burocrático? Algunos responsables públicos aún señalan el enorme prontuario que sostengo en la mano derecha

7.- PARTICIPACIÓN 2.0.
Norma: LRSAL

Obligación: Promoción de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Pendiente desde: 31 de diciembre de 2013.

8.- IMPLANTACIÓN DEL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
Norma: Real Decreto 3/2010 por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad

Obligación: cumplimiento de lo establecido en el citado Reglamento.
Pendiente desde: 30 de enero de 2014

9.- IMPLANTACIÓN DEL ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD
Norma: Real Decreto 4/2010 por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad

Obligación: cumplimiento de lo establecido en el citado Reglamento.
Pendiente desde: 30 de enero de 2014

10.- ICAL
Norma: Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la nueva Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

Obligación: Adaptación de la contabilidad a la ICAL, para lo cual es necesaria la correspondiente integración informática.
Pendiente desde: 1 de enero de 2015.  

11.- FACTURA ELECTRÓNICA.
Norma: Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público; Orden HAP 492/2014; Orden HAP 1074/2014; Resolución SE AAPP de 25 de junio de 2014; Resolución SE AAPP de 10 de octubre de 2014.
Obligación: facturación electrónica de los proveedores, en los términos previstos en las normas reguladoras.
Pendiente desde: 15 de enero de 2015. 

12.- TABLÓN EDICTAL ÚNICO
Obligación: Configurar un Tablón Edictal Único a través del “Boletín Oficial del Estado”. A partir de ese momento, los anuncios de notificación que realice cualquier Administración Pública cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar o el medio de la notificación, o bien intentada esta, no se hubiese podido practicar, deberán publicarse necesariamente en el BOE. Previamente, y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar el anuncio en los boletines territoriales o en los tablones de anuncios existentes.

Pendiente desde: 1 de junio de 2015

13.- IMPLANTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO
Norma: Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (en la cual el procedimiento electrónico no es obligatorio, solo es “mejor”).

Obligación: Eliminación progresiva del procedimiento en papel o del papel en el procedimiento.

Pendiente desde: 31 de diciembre de 2009, en relación con los derechos electrónicos de los ciudadanos, si bien la obligatoriedad absoluta se puede predicar desde 2 de octubre de 2015.

14.- PUBLICIDAD ACTIVA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN
Norma: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Obligación: “Los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley” (esencialmente cumplir con el principio de publicidad activa y articular el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, ambos con un fuerte componente “electrónico”).

Pendiente desde: 10 de diciembre de 2015.

15.- LICITACIÓN ELECTRÓNICA.
Norma: DIRECTIVA2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (aún pendiente de transposición).

Obligaciones y plazos máximos:
En 2016, ya era obligatorio que todas las administraciones públicas españolas se comuniquen con sus licitadores a través de la notificación electrónica, y que todos los pliegos administrativos estén disponibles de manera online.

Durante este primer trimestre de 2017, todas las centrales de compras deberán haber implantado un sistema de licitación electrónica que permita el envío y recepción de ofertas de forma segura y confidencial.

El último paso se dará en el último trimestre de 2018, momento en el que la licitación electrónica será completamente obligatoria para todas las administraciones públicas de los Estados miembro de la UE. ¿Ya lo es? Algunos defendemos que sí (véase Anexo).

16.- SUMINISTRO DE INFORMACIÓN AL MINHAP POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.
Norma: (entre otras) Orden HAP 2082/2014 de 7 de Noviembre, por la que se modifica la Orden HAP 2105/2012, de 1 de Octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.

Obligación: Diversas obligaciones relativas a la remisión de información.
Plazo: la normativa establece diferentes plazos.

lunes, 13 de febrero de 2017

Cemci. Curso on line sobre la Factura Electrónica en la Administración Local (21 de marzo-17 de abril)

Curso sobre la factura electrónica en la Administración Local (III edición). Del 21 de marzo al 17 de abril de 2017.  (Inscripciones hasta el 6 de marzo) Formación virtual. Dirección académica: Montserrat Carpio Carro. Precio.275.00 €. Si es la tercera o siguiente actividad de 2017: 210 €.  Horas de asistencia: 40 horas. Horas con aprovechamiento: 50 h. 
Ver más cursos para empleados públicos en CEMCI-Granada. 


Introducción
Desde el 15 de enero de 2015 las facturas dirigidas a las Administraciones Públicas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, deben ser electrónicas, salvo aquellas excepciones previstas en la misma Ley.
La Administración local ha tenido que adaptar su organización interna, sistemas y funcionamiento para poder dar cumplimiento a los requerimientos de la mencionada Ley, cuyo objetivo último es la consecución de una Administración electrónica, accesible y transparente.

El objetivo de este curso es doble. Por un lado profundizar sobre el funcionamiento de la factura electrónica, y todo lo relacionado con la misma, y por otro, analizar los desafíos a los que se enfrenta la Administración Local en la gestión de la factura electrónica. Hay que tener presente que aun cuando la Administración ha realizado un gran esfuerzo para incorporar la factura electrónica, los diferentes niveles, tamaños y peculiaridades del mapa local español suponen enfrentarse a este proyecto de manera muy diferente.

No hay que olvidar además la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas que presenta como una de sus principales novedades la regulación de la Administración electrónica, y la obligación de algunos sujetos de relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas

Esta norma sienta las bases para que las Administraciones Públicas establezcan un procedimiento exclusivamente electrónico, que pretende ser más ágil, transparente y con menor carga burocrática.

Es por ello que es imprescindible la regulación de todos aquellos aspectos relacionados con la factura electrónica como la recepción, el registro contable, la tramitación, además del archivo, la custodia, la identificación y la firma electrónica, así como finalmente el expediente electrónico

En este contexto, el presente curso es una oportunidad para profundizar en estos procesos, su funcionamiento, los retos y las implicaciones que supone la aplicación de la normativa legal vigente cuyo objetivo es proporcionar un sistema más ágil y transparente, que mejore al mismo tiempo la competitividad de las empresas al pretender reducir la morosidad en el Sector Público.

Destinatarios
Cargos electos, directivos, funcionarios con habilitación de carácter nacional y empleados públicos de las entidades locales con titulación superior, media o asimilada, que tengan a su cargo funciones relacionadas con la materia objeto de la actividad formativa. Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admitidos solicitantes que presten servicios en la Junta de Andalucía u otras administraciones y entidades públicas.

Objetivos
-Identificar la normativa de facturación, estudiar sus implicaciones, objetivos y contenido.
-Profundizar en el funcionamiento de la factura electrónica, su formato, sus ventajas y beneficios.
-Conocer los avances tecnológicos en el ámbito de la facturación electrónica y su evolución.
-Analizar algunos aspectos de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común en materia de Administración Electrónica.

Avance de programa
1. Unidad didáctica I. Regulación de la factura electrónica y novedades normativas
1.1. La implantación de factura electrónica en España
1.2. Impulso de la factura electrónica en el sector público
1.3. El marco legal
1.4. Los objetivos
1.5. Ventajas, desventajas y retos
2. Unidad didáctica II. Aspectos técnicos y formales (I)
2.1. Requisitos
2.2. Formato y tipos de facturas electrónicas
2.3. Presentación de las facturas
2.4. Dos aspectos clave: el punto general de entrada y el registro contable
3. Unidad didáctica III. Aspectos técnicos y formales (II)
3.1. El archivo, la custodia y la conservación
3.2. Interacciones: transformación de papel a digital y de digital a papel
3.3. Las obligaciones, las infracciones y las sanciones.
3.4. La incidencia del nuevo procedimiento administrativo
4. Unidad didáctica IV. La identificación y la firma electrónica
4.1. Aspectos claves del nuevo modelo de Administración
4.2. Generalización del uso de la firma electrónica
4.3. La Identificación y la firma Electrónica
4.4. Los sistemas de identificación y los sistemas de firma

sábado, 11 de febrero de 2017

TI-España presenta 11 enmiendas al Proyecto de Ley de Contratos públicos



Transparencia Internacional España.- Como una continuación pormenorizada de las medidas propuestas anteriormente para la mejora del Proyecto de Ley de Contratos de Sector Público, Transparencia Internacional España propone un conjunto de quince enmiendas específicas para mejorar el citado Proyecto de Ley, actualmente en tramitación parlamentaria, cuyo texto actual supone un paso atrás desde el punto de vista de prevención de la corrupción, y es por tanto manifiestamente mejorable en un buen número de artículos.

TI-España ha enviado a los Partidos políticos y a los Grupos Parlamentarios estas enmiendas de cara a que las puedan tomar en consideración y así mejorar el texto del citado Proyecto de ley.

Las enmiendas han sido formuladas por la Comisión de Transparencia y Prevención de la Corrupción en Licitaciones y Contratos públicos, formada en el seno de TI-España y coordinada por José María Gimeno, la cual reúne a una veintena de representantes de instituciones públicas y privadas relacionadas con la contratación pública.