viernes, 19 de julio de 2019

J.R. Chaves: Los plenos municipales no soportan todo

"Las declaraciones de orden político general, internacional, ecologistas, espirituales, de apoyo a selenitas o declarándose una isla feliz, son asuntos que no tienen cabida en los acuerdos de las administraciones públicas salvo que su normativa legal o reglamentaria expresamente contemple tal cometido"

Por José Ramón Chaves. DelaJusticia.com.- Al hilo del enjuiciamiento por la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de una declaración política adoptada por el pleno municipal en relación a la problemática catalana, se deja claro el ámbito competencial legítimo de los entes locales (e indirectamente de entes institucionales) en cuanto a que solo hay acuerdos legítimos dentro de la competencia de cada entidad.  Por ello las declaraciones de orden político general, internacional, ecologistas, espirituales, de apoyo a selenitas o declarándose una isla feliz, son asuntos que no tienen cabida en los acuerdos de las administraciones públicas salvo que su normativa legal o reglamentaria expresamente contemple tal cometido.

Así, argumenta la Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2019 (rec.352/2018):
Si se atiende al artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local , es ostensible la falta de competencia municipal para dictar el acuerdo impugnado porque no existe entre las competencias municipales, ninguna atribución que consienta a un municipio terciar en aspectos de evidente trascendencia constitucional, que afecten a la titularidad de la soberanía, a la petición de una fragmentación del Estado, ni a trastocar, o pedir que se trastoque, la organización territorial básica del Estado mismo.
No puede contradecir esta afirmación la referencia que hace el contrarrecurso del Ayuntamiento al artículo 46.2 e) de la LBRL porque las mociones a que se refiere son un mecanismo de control por el Pleno de la Corporación de los demás órganos de la misma, pero no una cláusula que permita al ente local efectuar en forma innominada declaraciones totalmente desvinculadas del ámbito de las competencias municipales.

Esfera competencial
En definitiva, el ropaje de los actos municipales es para intereses municipales y estos son los que se encuadran dentro de su esfera competencial.

Lo mas curioso es que podía la sentencia explayarse didácticamente con algún concepto que hemos estudiado de Derecho administrativo e ilustrar la conclusión diciendo aquello de “La competencia es la medida de la capacidad del órgano y la entidad”, o que “ Un acuerdo adoptado sin competencia para ello incurre en vía de hecho”, o sencillamente decir que se precisa una habilitación legal y competencial expresa para que pueda actuar la administración (no se presume la extensión competencial). En otras palabras, las competencias son irrenunciables pero también improrrogables. No menos pero tampoco más.

En todo caso, quede ahí esa sentencia como recordatorio para frenar veleidades políticas de quienes creen que los plenos municipales soportan todo o quienes pretenden utilizarlos de caja de resonancia de sus particulares gustos lo quejas.

Ahora bien, para evitar que paguen justos por pecadores conviene no olvidar que hay que estar a un principio favorable a la inclusión en el orden del día de las cuestiones que soliciten los concejales y que sean manifestación legítima de su derecho a la participación política propiciando debates plenarios, sobre temas de interés local. En cambio, los asuntos que ostensiblemente se ofrecen extramuros de la competencia municipal no deben pasar a debate plenario ni declaración.

O sea, nada de declarar de interés general El Capitán Trueno, ni declarar la guerra a Corea del Norte, o declarar el municipio territorio amigo de los hobbits. No. Todo el aparato burocrático y político local – que cuesta, y mucho- está al servicio de los intereses locales tal y como los delimitan las competencias atribuidas por la Ley. Y lo dicho vale para que tampoco las Universidades se conviertan en inquisidores generales o valedores de todo tipo de causas divinas y terrenales.

Las administraciones se crean para una finalidad y se les dota de unas competencias expresas. Pero si queremos que todas las administraciones tomen declaraciones sobre todo, lo propio y lo ajeno, lo interno y lo internacional, lo amistoso y lo belicoso, pues que la Constitución diga que España se constituye en Torre de Babel.

martes, 16 de julio de 2019

Andrés Morey: A vueltas con las comisiones de servicio

"En definitiva, el problema radica en realidad en la perversión del sistema, bien por politización, bien o porque la movilidad entre administraciones públicas se he invalidado en realidad y se acude a soluciones de problemas concretos o casos de amiguismo,.."

Por Andrés Morey Juan. Tu blog de la Administración Pública.- De nuevo una entrada del Blog de la Justicia me lleva al comentario; esta vez sobre las comisiones de servicio de las que se ha escrito en este blog (remito especialmente a esta entrada). La sentencia que comenta J.R. Chaves, como todas contempla un caso concreto y una figura determinada dentro del concepto o regulación de las comisiones de servicios, por ello mismo, al no contemplar este concepto es por lo que incita a mi comentario.

En la sentencia, se refiere a la necesidad de publicidad previa de las comisiones de servicio como sistema de publicidad y concurrencia y lo hace diferenciando entre provisión de puestos de trabajo y movilidad funcionarial. Pero no nos engañemos, la segunda siempre determina una provisión de puestos de trabajo, por lo que hay que contemplar un poco la historia de las comisiones de servicio y la evolución de la figura o de los sistemas de provisión que encierra.

La primera de las ideas que yo recuerdo de la comisión de servicios, es la del encargo de un servicio especial a un funcionario que implica un desplazamiento temporal de su puesto de trabajo y que según su alcance determina el pago de unas dietas compensatorias de los gastos que le produzca dicho desplazamiento. Esta figura persiste en la actualidad y la pueden contemplar en el RD 462/2002 en su artículo 3 que regula las comisiones de servicio con derecho a indemnización y que nos dice: Son comisiones de servicio con derecho a indemnización los cometidos especiales que circunstancialmente se ordenen al personal comprendido en el artículo anterior y que deba desempeñar fuera del término municipal donde radique su residencia oficia, entendiéndose como tal el término municipal correspondiente a la oficina o dependencia en que se desarrollen las actividades del puesto de trabajo habitual, salvo que de forma expresa y según legislación vigente, se haya autorizado la residencia del personal en término municipal distinto al correspondiente a dicho puesto de trabajo.....

Por tanto he aquí lo que podíamos considerar idea nuclear de la comisión de servicios: un cometido especial, primero; un desplazamiento como segundo factor, en realidad determinante de indemnización cuando se traslada uno fuera del término municipal de residencia o trabajo, No implica un cambio de destino, ni se corresponde con la ocupación o provisión de puesto alguna. Simplemente es una comisión (un cometido que realizar); lógicamente de la especialidad o función propia del funcionario. No pierde su destino o puesto que desempeña regularmente. Y la comisión es una designación que corresponde al Subsecretario del Departamento ministerial correspondiente. No necesita publicidad ni concurrencia. En una cuestión meramente organizativa y funcional.

Pero es el RD 364/1995 que regula el ingreso y la provisión de puestos de trabajo en la Administración estatal el que en su artículo 36 como una forma de provisión contempla la comisión de servicios, así como la adscripción provisional. La primera se regula en el artículo 64 que determina como requisito la existencia de una vacante de urgente e inaplazable necesidad de cobertura y prevé un sistema voluntario de provisión y uno forzoso. Es para el primer caso en el que la sentencia tiene relación y eficacia y para el que se exige publicidad y oferta mediante convocatoria pública; pero no debe de dejar de tenerse en cuenta que la provisión del puesto es temporal. Si la convocatoria pública lo otorga con carácter definitivo, ya no es una comisión es un concurso.

Por tanto, la sentencia no me complace plenamente, pues para un sistema temporal, en caso urgente e inaplazable conduce realmente a una especie de concurso. El problema no radica en la publicidad sino en la perversión del sistema y en la realidad o no de la necesidad urgente o inaplazable. Pero en realidad el que el reglamento contemple una provisión voluntaria ya conduce a ello. Pero en términos sencillos, existiendo la vacante y los requisitos que exige la legalidad, la Administración resolvía, viendo si entre sus funcionarios había quien o quienes quisieran cubrirlo temporalmente y si no lo hacía con carácter forzoso. La publicidad y concurrencia complica la figura o alarga la gestión.

De otro lado, la sentencia nos introduce en la idea de la movilidad, que habría que conceptuarla y, más o menos, puede que lo haya hecho en el blog, en alguna de las 24 entradas que contienen la etiqueta de movilidad funcionarial. El caso es que el Texto Refundido del EBEP, regula una movilidad funcionarial en su artículo 81, por cada Administración y para la planificación general de sus recursos humanos, que en realidad viene a poder considerar comprendida en ella a las comisiones de servicio contempladas, pero que también contempla los casos que se comprendían en los planes de empleo o reorganizaciones estructurales.

Límites
Los límites desde mi perspectiva es que es en el seno de cada Administración y con un sus recursos humanos que me incita a pensar que con sus funcionarios propios. Y, además, la comisión, resulta, tal como se pone la cosa, menos efectiva que la adscripción provisional, que no requiere convocatoria previa, tal como resulta de la redacción que dice: En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán proveerse con carácter provisional debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo que señalen las normas que sean de aplicación.

De otro lado, para mí la comisión de servicios, hoy, también tiene que ver con la movilidad entre Administraciones públicas que regula el artículo 84 del citado Texto Refundido, que no voy a analizar pues me parece hoy inútil e inaplicado y confieso que no sé si existe o no una Conferencia Sectorial y si le interesa o no que exista una movilidad territorial ajustada a derecho y no a intereses "nacionalistas" o de lenguas. Pero esta movilidad se considera también como un elemento de colaboración entre Administraciones y nada impide que un convenio regule comisiones de servicios especiales no como una provisión de puestos de trabajo, sino como cometido especial. Yo mismo, fui designado como Director de la Función Pública en Valencia mediante una comisión de servicios y posterior solicitud de transferencia a la Comunidad Valenciana como funcionario.

El tema es amplio y no toda comisión tiene porqué implicar una convocatoria. La primera Ley de la Función Pública Valenciana preveía la movilidad de los funcionarios de la Administración Local o de otras Administraciones mediante concurso. Y en su artículo 35 regulaba las comisiones de servicio de carácter temporal y admitía la posibilidad de existencia por razones técnicas del servicio a prestar que exija la colaboración de personas con especiales condiciones profesionales o de preparación técnica: No procederá su otorgamiento para el desempeño de puestos de plantilla o de carácter permanente que corresponda cubrir por concurso o libre designación, a no ser en puestos desiertos en las convocatorias correspondientes

En definitiva, el problema radica en realidad en la perversión del sistema, bien por politización, bien o porque la movilidad entre administraciones públicas se he invalidado en realidad y se acude a soluciones de problemas concretos o casos de amiguismo, recomendaciones, etc. La judicatura no puede entrar si no hay demanda o solicitud. Pero ha de entrar el perversión del sistema y en el verdadero alcance de la movilidad. Me gustaría ver qué pasa, o conocer si ha pasado, si un ciudadano de la Unión reclama que no puede acceder a un puesto porque le exigen, vasco, catalán, valenciano, gallego o bable y no le basta con saber español y que resolvería la jurisprudencia europea.

domingo, 14 de julio de 2019

Elisa de la Nuez: La lenta decadencia de la administración

"La Administración española necesita más que una reforma una pequeña revolución. Y se nos está acabando el tiempo"

Por Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado.- Hay Derecho  Blog- Expansión- Nuestra Administración Pública está en decadencia. En primer lugar porque tenemos una Administración Pública muy envejecida: España es el tercer país de la OCDE con una plantilla pública más envejecida, teniendo en cuenta Administración del Estado, CCAA y Ayuntamientos. Y si miramos solo los datos de la Administración General del Estado la situación aún es peor: el 65% de sus empleados públicos tiene más de 50 años. Esta situación basta por explicar por sí sola  muchos de los problemas que tiene nuestra Administración: falta de talento joven, espíritu innovador y excesivo peso de inercias burocráticas junto con el predominio de una cultura anticuada, corporativa y jerárquica.

Efectivamente, nuestras Administraciones Públicas se configuran en los años 80 y 90 del siglo pasado, y ahí siguen estancadas. Desde los sistemas de acceso a la función pública (que siguen basados en modelos arcaicos de aprendizaje memorístico de contenidos) hasta el sistema de retribuciones pasando por cualquier otro aspecto de la carrera profesional de un empleado público todo sigue como estaba hace 30 o 40 años . Ninguna reforma ha conseguido abrirse paso pese a que el diagnóstico es unánime: tenemos una Administración anticuada y envejecida  cuyos profesionales demasiadas veces carecen de las competencias y habilidades  necesarias para abordar los problemas de las muy complejas sociedades del siglo XXI. Por poner un ejemplo, seguimos reclutando auxiliares administrativos como si estuviéramos en 1980. En la convocatoria de la oferta de empleo público de 2019 hay 1089 plazas para administrativos del Estado y otras 872 plazas para auxiliares administrativos del Estado. No está nada mal para una profesión a extinguir; es como si estuviéramos reclutando profesionales de espaldas a la creciente digitalización de nuestras sociedades en general y de nuestras Administraciones Públicas en particular. Por supuesto, tampoco encontraremos en esta oferta de empleo plazas de analistas de “big data” ni ningún otro perfil profesional que tenga demasiado que ver con los retos del mundo que viene. No solo nuestros procesos de selección son los mismos que hace 30 o 40 años; también seguimos reclutando los mismos perfiles profesionales como si el tiempo se hubiera detenido.

El tiempo pasa
Pero el tiempo no se detiene. Y cada vez es más visible la brecha entre los recursos humanos  de que disponen nuestras Administraciones y los enormes retos que se avecinan, desde el invierno demográfico a la España vacía, por no mencionar la crisis climática, la desigualdad o la precariedad.  Por si fuera poco nuestras Administraciones siguen estando enormemente politizadas, con el déficit que supone el punto de vista del buen gobierno. Los jefes políticos   pueden condicionar la carrera profesional de los funcionarios que deseen promocionar, que se ven abocados a ganarse el favor del político de turno para aspirar a las vacantes más codiciadas. La figura del directivo público profesional no se ha desarrollado desde 1997 en que se aprobó en el Estatuto básico del empleado público. Seguimos también arrastrando los pies en lo relativo a la cultura de transparencia y  a la rendición de cuentas, de manera que siguen las resistencias a facilitar información pública comprometida y a la asunción de responsabilidades. La evaluación de las políticas públicas brilla por su ausencia, por lo que es fácil despilfarrar miles de millones de euros. Ahí lo demuestra el reciente informe de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) denunciando que en España se conceden más de 14.000 millones de subvenciones al año sin estrategia ni control posterior, por lo que podemos tener la razonable certeza de que derrochamos una gran cantidad de dinero público.

En cuanto a las retribuciones, un incentivo fundamental para cualquier trabajador, bien puede hablarse sencillamente de caos. En un estudio realizado por la Fundación Hay Derecho hace un par de años ya se ponía de relieve que no existía ninguna lógica conocida en las retribuciones de los altos cargos, de forma que un Ministro gana menos que su subalterno, el Secretario de Estado y el Presidente del Gobierno menos que el presidente de una empresa pública. Pues bien, algo parecido sucede con el resto de los empleados públicos. Hay que repensar el sistema de raíz porque produce todo tipo de incentivos perversos. Funcionarios con grandes responsabilidades perciben retribuciones claramente insuficientes, en términos de mercado,  mientras que un gran número de empleados públicos sin grandes tareas o responsabilidades perciben retribuciones mucho más elevadas que las que les corresponderían por trabajos equivalentes en el sector privado. La conclusión es fácil; abandonan el sector público los funcionarios muy cualificados pero nunca lo hacen los poco cualificados.

De hecho, las retribuciones públicas en España son, de media, muy superiores a las privadas; eliminando los sesgos introducidos por la cualificación profesional y los años de servicio llegan a ser hasta un 20% superiores, según un informe reciente de la Comisión Europea. Las explicaciones del desbarajuste retributivo son muchas, pudiendo mencionarse desde las inercias, las razones históricas hasta la falta de una estrategia retributiva o el gran peso de los sindicatos en los escalones inferiores de la función pública. Si a esto se le une la discrecionalidad -cuando no directamente la arbitrariedad- en la provisión de algunos puestos de trabajo muy  bien retribuidos (típicamente lo son los puestos de trabajo fuera de España) y la frecuente falta de criterios objetivos en el reparto de las retribuciones variables (la denominada productividad) tenemos servido el clientelismo que tantos estragos hace en nuestras Administraciones.  La lógica del sistema es fomentar no la lealtad institucional sino la lealtad al jefe político o al partido que puede favorecer la carrera profesional lo que, en definitiva, supone la sumisión del funcionariado al poder político.

En definitiva, la Administración española necesita más que una reforma una pequeña revolución. Y se nos está acabando el tiempo.

viernes, 12 de julio de 2019

La Gestión eficiente de personas en los gobiernos locales (II): Desafíos del empleo público local y decálogo de líneas de actuación*

Por Rafael Jiménez Asensio.- La Mirada Institucional blog.
La Gestión eficiente de personas en los gobiernos locales (II): 
Desafíos del empleo público local y decálogo de líneas de actuación
(Leer I parte de este post)

Desafíos 
El empleo público local se encuentra, tal como se ha visto en la entrada anterior, en una compleja encrucijada. No será fácil salir de ella. Pero, al menos, se debe intentar. No hacerlo sería un ejercicio supino de cinismo y de irresponsabilidad. Y la política local, la buena política, no se lo puede permitir. Sin un empleo público de mínima calidad institucional, nunca habrá una administración local eficiente ni menos aún un gobierno local que haga política con resultados tangibles.

Los retos a los que se enfrenta cualquier gobierno local en materia de personal son, sin embargo, innumerables. Muchos de ellos proceden de la herencia recibida. Y estos no son fáciles precisamente de resolver. El contexto de cada administración local marcará, por tanto, la diferencia. Y se debe analizar caso por caso. Aquí no caben las generalizaciones. Los retos endógenos se deben diagnosticar adecuadamente y articular medidas efectivas para intentar resolverlos. Sobre estos muy poco puedo decir aquí. Requieren tratamiento individualizado.

De otro lado, los desafíos generales que en los próximos años deben encarar los niveles locales de gobierno en materia de recursos humanos son muy conocidos y están bien identificados. Citaré solo algunos de ellos, resumiéndolos en diez puntos:

-Reforzar el sistema de mérito y la profesionalización en el acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo, especialmente –aunque no solo- en los procesos de estabilización del empleo temporal, donde se corren elevadísimos riesgos de que quiebren completamente los principios de igualdad, mérito y capacidad, adosándose al empleo público local funcionarios sin perfiles profesionales cualificados.

-Tecnificar cada vez más las plantillas de personal ante una Administración Local en la que la profesionalización especializada y de atención a personas serán esferas de demanda creciente, mientras que los empleos instrumentales entrarán en una inevitable espiral de contracción.

-Realizar estudios de prospectiva que determinen, por un lado, qué afectación tendrá en la plantilla de personal las jubilaciones futuras en un horizonte de 10/15 años, así como detectar, por otro, cuál será la demanda de servicios públicos que deberá atender el gobierno local en ese período.

-Afrontar el envejecimiento de plantillas (en algunas entidades locales muy evidente y en otras menos intenso, aunque en todos los casos preocupante), preparando un relevo generacional que sea coherente funcionalmente con las tareas que deberán desarrollarse en los años venideros en los diferentes puestos de trabajo.

-Llevar a cabo procesos de identificación de ámbitos críticos de conocimientos y destrezas que también inevitablemente se van a perder, como consecuencia principalmente de jubilaciones masivas, y proceder a articular un sistema de gestión ordenado de transferencia de ese conocimiento sin que la organización pase a transformarse de repente en una hoja en blanco.

-Enfrentarse gradualmente a unos procesos cada vez más intensos de digitalización y de automatización, que preparen el terreno para la implantación gradual de la Inteligencia Artificial, algo que también impactará más temprano o más tarde en la Administración local (Ramió, 2109).

-Implantar en las organizaciones locales una gestión planificada de vacantes (Gorriti, 2018), que detecte las tareas que se van a automatizar a corto/medio plazo, amortizando aquellos puestos o dotaciones que sea vean más afectados por la automatización de tareas, redefinir asimismo las funciones y tareas de los que se mantenga, y crear, en paralelo, nuevos puestos de trabajo que hagan frente a las necesidades a medio plazo de las organizaciones locales (titulaciones STEM).

Fortalecer el perfil de las competencias profesionales de las personas de la organización con la finalidad de que aporten valor añadido (creatividad, iniciativa, innovación, pensamiento crítico, soft skills, etc.), exigiendo tales competencias en procesos selectivos o en la provisión de puestos de trabajo.

-Estimular la formación y el aprendizaje permanente a lo largo de la vida profesional de los empleados públicos como política central de recursos humanos en las organizaciones locales como medio de adaptación imprescindible a las aceleradas transformaciones derivadas de la revolución tecnológica que se producirán en el ámbito público en los próximos años.

-Promover un diálogo social estratégico en los niveles locales de gobierno sobre el futuro del empleo público, que prepare a estas Administraciones Públicas para poder adaptarse a la revolución tecnológica que ya se ha iniciado, sin duda, como se ha dicho, la más disruptiva de todas aquellas a las que se ha enfrentado la sociedad contemporánea.

En fin, son solo algunos (e importantes) desafíos, cuyo impacto sobre los gobiernos locales será muy variable en función del tamaño de tales organizaciones. Los municipios pequeños verán todos esos retos como algo lejano o, incluso, distante en el tiempo. Las entidades locales de ciertas dimensiones no podrán orillarlos. En cualquier caso, no conviene perder de vista su existencia. Y, en la medida de lo posible, ir preparando el terreno para que sus efectos colaterales dañen lo menos posible a las organizaciones locales. Aunque cabe ser conscientes de que esa “mirada de luces largas” contrasta con una perspectiva inmediata (“de luces cortas”), por cierto muy asentada en la política local, que solo ve los problemas cotidianos que aquejan a cualquier organización pública, que son –para desgracia de todos- los que por lo común concitan las energías e intereses inmediatos de políticos y gestores. Hay que ser realistas.

Decálogo de líneas de actuación
Al margen de esas hipotecas que representa una visión estratégica poco alimentada en el mundo local que choca siempre contra el muro temporal de 2023, sí que cabe ensayar algunas ideas-fuerza que actúen como meras propuestas o líneas de actuación para preparar, siquiera sea modestamente, un cambio. Al menos para caminar en la buena dirección. Veamos:

1.- Mirar al futuro y pensar estratégicamente, planificar y preparar las organizaciones para que puedan adaptarse a transformaciones futuras de gran profundidad. Definir los empleos del futuro y preparar a la Administración para ese gradual tránsito. No hacer nada es un suicidio.

2.- Redefinir sustancialmente los instrumentos de gestión del empleo público, particularmente flexibilizar las relaciones de puestos de trabajo, caminar hacia ofertas de empleo público que se ejecuten en el año natural (a ser posible en seis meses), acabando así con la interinidad estructural.

3.- Optar, donde no haya certezas de que determinados ámbitos funcionales serán estructurales y, por tanto, cubiertos indefinidamente con empleados públicos, por programas temporales, proyectos o misiones, que incorporen talento joven y permitan flexibilidad organizativa, sin hipotecar la organización a un futuro incierto en su demanda de servicios.

4.- Seleccionar a los mejores perfiles de personas para las Administraciones Locales. Dicho de otro modo: captar talento, no mediocridad. Un error selectivo en las entidades locales, más aún si estas son pequeñas, se paga carísimo y a largo plazo. Las organizaciones públicas deben reclutar a los mejores candidatos, pues esas personas son las que deberán servir a la ciudadanía en las próximas décadas.

5.- Dar el valor que merece y el protagonismo debido a la formación y aprendizaje permanente en un contexto de mutación acelerada de las funciones y tareas en las organizaciones públicas. Las organizaciones locales no pueden permitirse la licencia de que su personal se quede obsoleto e inadaptado frente a cambios funcionales que serán profundos.

6.- Ofrecer a los empleados públicos locales carreras profesionales atractivas basadas en la gestión de la diferencia y el buen desempeño, articulando asimismo una movilidad interadministrativa efectiva. Romper el cantonalismo del empleo público local no depende de las entidades locales sino del legislador. Pero se pueden dar pasos.

7.- Reforzar el compromiso ético y la cultura de los valores de lo público en las organizaciones locales, hoy en día preterido o, hasta cierto punto, maltrecho. La formación de acogida debe ser implantada en todas las organizaciones locales, con un fuerte contenido en transmisión de valores.


8.- Cabe resituar el papel de los sindicatos en el ámbito de lo público fortaleciendo los poderes de dirección en las organizaciones públicas. Si los gobiernos locales declinan de esta responsabilidad, nada podrán hacer de forma efectiva.

9.- Despolitizar al máximo la Administración Local, así como sus entidades del sector público, y crear, allí donde sea factible, estructuras directivas profesionales. Lo que implica, asimismo, fortalecer profesionalmente las unidades de gestión de recursos humanos con programas de choque que las transformen gradualmente en estructuras que combinen estrategia con gestión.

10.- Impulsar políticas de igualdad de género y de diversidad en el empleo público local, que reduzcan gradualmente la discriminación e integren a los diversos colectivos de la comunidad local en las estructuras de personal. El empleo público local debe ir pareciéndose a la sociedad-mosaico que muchas entidades locales representan.

Este decálogo de propuestas podría enriquecerse mucho más aún. Pero si al menos se dan estos pasos (o algunos de ellos), no duden lo más mínimo que sus organizaciones locales mejorarán gradualmente de forma sustantiva. En cualquier caso, será la política local quien active o desactive “la puesta a punto” de la máquina burocrática, con el necesario impulso de la tecnoestructura. Si no es consciente la política de la trascendencia institucional que tiene el empleo público local, como bien apuntara Javier Cuenca, nada se logrará. Continuaremos perdiendo el tiempo y los recursos. Algo que la ciudadanía responsable nunca perdonará. Y la política se ahogará a sí misma, sin saberlo. Por tanto, manos a la obra. Hay mucho por hacer en este mandato 2019-2023, que acaba de iniciarse. También en lo que afecta a la gestión de personas en las organizaciones locales. Que nadie con responsabilidades públicas lo olvide. Por el bien de todos.


(*)  Esta entrada y la anterior que también se publicó en este Blog reproducen, con algunas variaciones en los contenidos y desarrollo, las ideas recogidas en una contribución sobre “Situación, desafíos y propuestas de la Política de Recursos Humanos en la Administración Local (2019-2023)” que será difundida por la FEMP en el marco de un libro colectivo que, a suerte de Guía de mandato, se editará en septiembre/octubre de 2019. Agradezco a Borja Colón de Carvajal y a los responsables de la FEMP la confianza depositada para participar en ese interesante proyecto colectivo.

jueves, 11 de julio de 2019

¿Vinculan a las Administraciones autonómicas y locales las respuestas a las consultas que emite la Dirección General de Tributos?

Por César Martínez. IDL-UAM blog- Desde hace años existen notables dudas acerca de la extensión de los efectos vinculantes de las consultas a otras Administraciones diferentes de la que emitió la contestación. En particular, la cuestión se ha centrado habitualmente en el alcance que haya de darse a las contestaciones evacuadas por la Dirección General de Tributos. Esto es, ¿están obligadas las Administraciones tributarias autonómicas y locales a seguir el criterio expresado por el citado órgano?

A mi juicio la respuesta es claramente negativa, si bien no puede obviarse la existencia de algunas opiniones doctrinales abiertamente contrarias a esta conclusión, así como un acatamiento en los hechos, difícilmente cuantificable pero perceptible en la práctica, del criterio expresado por la Dirección General de Tributos. De hecho, este centro directivo ha manifestado expresamente que sí han de vincular sus contestaciones a las entidades locales (contestación de 27 de julio de 2018, V2258-18). Así pues, cumple argumentar suficientemente mi postura, tal y como haré a continuación.

En primer lugar, debe recordarse cuál es la naturaleza y la función de esta figura. Como he sostenido en un reciente trabajo, las contestaciones a las consultas tributarias no son disposiciones de carácter general, que innovan el ordenamiento jurídico y son de obligado cumplimiento para todos, sino una especie singular de instrucciones jerárquicas a las que se les dota de determinados efectos ad extra con el único propósito de garantizar la seguridad jurídica del consultante. Por tanto, la contestación solo vinculará a quienes pueda obligar la Dirección General de Tributos mediantes instrucciones, esto es, a los órganos de aplicación de los tributos estatales.


Para que estuvieran obligados los órganos autonómicos o locales habría de cumplirse alguna de estas dos situaciones: o bien que las contestaciones a las consultas tuvieran rango reglamentario, o bien que los órganos autonómicos y locales estuvieran jerárquicamente subordinados a la Dirección General de Tributos. Como ya se ha dicho, no se cumple ninguna de las dos condiciones, por lo que, como consecuencia del actual sistema de fuentes y del reparto de competencias constitucionalmente establecido, no cabe en ningún caso defender que dicho centro directivo puede dictar disposiciones de carácter general ni órdenes jerárquicas a los órganos de aplicación de los tributos autonómicos o locales, con la excepción de que se trate de supuestos estrictos de delegación de competencias.

En efecto, en apoyo de mi tesis se puede invocar la literalidad del art. 89.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (“LGT”) donde se dice que las consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes “para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos en su relación con el consultante”. Elocuentemente el legislador ha optado por referirse en singular a “laAdministración tributaria”, lo cual denota que se está ordenando su aplicación singular a una única Administración, ya que en otros artículos, por el contrario, sí se ha utilizado el plural para indicar que el precepto en cuestión será de aplicación “a todas las Administraciones tributarias” (art. 1 LGT).

Tribunal Supremo
La interpretación que aquí defiendo también fue refrendada hace décadas por el Tribunal Supremo. En particular, el Alto Tribunal analizó la posible aplicación del criterio expuesto por el Ministerio de Hacienda a un tributo municipal. El órgano judicial fundó su criterio, al igual que he hecho anteriormente, tanto en consideraciones de reparto constitucional de competencias como en otras relacionadas con la naturaleza jurídica de las consultas. Así, sostuvo que la “autonomía municipal que la Constitución proclama, priva de valor alguno a la contestación que el Ministerio de Hacienda dio a la consulta que le fue formulada por la entidad mercantil(…), ya que dichas consultas podrán ser vinculantes para la Administración cuando se refieran a Impuestos estatales y se hagan en los términos del(…) pero no pueden en ningún caso vincular a aquellas otras entidades que tienen una cierta potestad impositiva -como son los Ayuntamientos, según el art. 133 de la Constitución-, ya que, en tal supuesto, carecerían de fuerza alguna e incluso de realidad, los términos de los arts. 142 y concordantes de la Constitución, que declaran que las Haciendas Locales deberán disponer de medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley les atribuye, recursos que se nutrirán fundamentalmente de los tributos propios y de la participación en los del Estado, ya que, frente a las previsiones presupuestarias, la Administración Central podría privarle de parte de esos ingresos mediante actos singulares, declarando exenciones en una imposición que le es totalmente ajena(…) y cuya gestión exclusiva corresponde a los Municipios, que son quienes únicamente podrán declarar las exenciones que procedan, que no puedan ser otras que las mencionadas expresamente en un precepto con rango de Ley, rango que indudablemente no tiene la contestación dada a la consulta por el Ministerio de Hacienda” (STS de 25 de enero de 1984, RJ 1984\201, Cdo. 2º).

En definitiva, a mi juicio la seguridad jurídica que se persigue garantizar con este tipo de consultas no puede suponer el atropello del sistema de fuentes y del reparto constitucional de competencias por lo que, por más que pueda resultar incómodo para el peticionario, no cabe sostener –en virtud de los argumentos que se han expuesto con anterioridad– que las Administraciones autonómicas y locales se encuentren vinculadas por el criterio manifestado por la Dirección General de Tributos.

*Esta entrada ha sido publicada en el Blog de la Facultad de Derecho de la UAM el 5 de julio de 2019.

lunes, 8 de julio de 2019

La gestión eficiente de personas en la Administración Local (I). ¿Misión Imposible?*


"No hay democracia local de calidad sin un sistema de mérito que garantice la disposición de un bien público esencial: una burocracia local que, además de eficaz, sea garante de la imparcialidad. Al punto que su ausencia es un factor coadyuvante de corrupción e ineficiencia”
(Javier Cuenca Cervera, El empleo público local en la España democrática. Una perspectiva institucional, FDGL, 2015, p. 163)

Por Rafael Jiménez Asensio.- La Mirada Institucional blog.- Ya ha comenzado el nuevo mandato de los gobiernos locales. Cuatro años por delante. Una aparente eternidad. Sin embargo, pronto el tiempo se encoge. Hay tantas cosas por hacer, tanta ilusión y empeño renovados en quienes llevan las riendas, que tempranamente se debe hacer acopio de los recursos con los que se cuentan para tan estimulante viaje. La nave inicia su curso, se presume que con carta de navegación (plan de mandato), pues sin ella se perderán en aguas desconocidas. El timonel, alcalde o alcaldesa, echa u vistazo a su alrededor y pronto identifica un problema en la “máquina” difícil de resolver: ¿cómo transmitir entusiasmo a una tripulación desmotivada, escéptica y descreída, ayuna además de compromiso con un proyecto que arranca? Y esta será una de las cuestiones que, sigilosamente, sin ruido, cercenará su mandato hasta hacerle complejo, en no pocas ocasiones, alcanzar tierra de forma rápida (esto es, cumplir sus objetivos).

Quienes repiten mandato, lo saben. Quienes llegan de nuevo, pronto se darán de bruces con la realidad más descarnada. Si hay algo realmente difícil en los gobiernos locales no es otra cosa que gestionar eficientemente las personas que forman parte de esas organizaciones públicas que conocemos como ayuntamientos, diputaciones o mancomunidades, por traer a colación tres significativos ejemplos. Ya lo decía Emerson, las instituciones son una prolongación de las personas; en el caso de la Administración Local es mucho más evidente por su tamaño y proximidad. Gestionar personas es, sin embargo, una tarea ingrata y compleja en cualquier organización, más aún en las públicas, por lo que inmediatamente diré. Y ello por una razón muy sencilla: mal se puede hacer gestión cuando no se hace previamente política. Sin una (buena) política de recursos humanos, diseñada y compartida en sus detalles (aunque también en su estrategia), nunca se podrá hacer (buena) gestión de personas en ese tipo de organizaciones. Ante una ausencia de política, la gestión se transforma en contingente, errática, condicionada o hipotecada, que aún es peor. Si nadie imprime visión al problema y orienta su curso, la gestión de recursos humanos se diluye transformándose fácilmente –como decía Joan Prats- en pura “administración de personal”. Las unidades de recursos humanos de los gobiernos locales se convierten, así, en meras “gestorías” (Gorriti): pagan nóminas, reconocen trienios, conceden permisos y vacaciones, organizan cursos de formación, declaran situaciones administrativas, etc. Esto es lo que hacen en su práctica totalidad. Que nadie se queje luego de que las cosas no funcionen.

Situación alarmante
No oculto nada que no se sepa si digo que la crisis de la institución de función pública (hoy en día del “empleo público”) es sencillamente alarmante. Si esto es así en general, en el empleo público local el asunto comienza a tomar tintes algunas veces irresolubles. Y a este oscuro diagnóstico contribuyen, en exposición telegráfica, un conjunto diverso de factores que, con notables omisiones y múltiples matices que aquí no pueden ser abordados, serían los siguientes:

-La realidad local es enormemente plural. Gestionar eficientemente personas en municipios pequeños suele ser un pío deseo. En estos casos, hay que fiarlo todo a la suerte. Si se dispone de buenos funcionarios con vocación de servicio, algo se podrá hacer. En caso contrario, olvídense. Tiempo perdido. Pero en municipios medianos y grandes, o en las propias diputaciones, las cosas no son precisamente mejores. Pocas entidades locales disponen de máquinas burocráticas bien engrasadas y altamente profesionales. No haber hecho política y gestión de personal durante décadas, termina pudriendo la organización hasta en sus rincones menores. Herencias envenenadas las hay por doquier. El estado de deterioro y abandono de estos temas, es en muchos casos sorprendente, aunque más lo es que no se adopte medida alguna para corregirlo. Empleadores irresponsables o poco duchos en estas lides, han dejado en manos de la inagotable voracidad sindical prácticamente todo lo que tiene que ver con la gestión de personas en las entidades locales. Y eso se paga. Además con larga factura.

-Con ese oscuro panorama, la opción política más común es distraer el problema e implorar para que no me reviente en las manos (aunque a alguien le explotará, “pero que no sea a mí”). El mal político juega así a la lotería inversa, con suerte se libra. A quien “le caiga el Gordo”, aunque no haya tenido arte ni parte en la gestación del problema, pagará por todos los irresponsables o indolentes que le precedieron. La política local timorata pone a la política y gestión del personal como penúltima (o última) preferencia de su orden de prioridades. Nadie quiere en el reparto de responsabilidades “el patito feo” de la política de personal, que desgasta mucho y no da apenas ninguna alegría. Encontrar buenos perfiles de responsables de recursos humanos para los ayuntamientos comienza a ser una odisea. La dictadura sindical, como me decía un periodista experto en lo público, acecha y acosa a un empleador frágil. A poco que le aprieten, concede todo.

Olvídense, sin liderazgo político efectivo ni buena dirección (o buenos técnicos) de recursos humanos el problema se irá pudriendo y sus consecuencias cada vez serán peores. O hay alguien que se enfrenta “a cara de perro” al problema real, o de forma imperceptible e irreparable el empleo público local irá perdiendo el escaso prestigio que aún le queda hasta desdibujarse por completo. Cada día que pasa, las unidades de recursos humanos (o de función pública) ya no necesitan tanto profesionales excelentes como perfiles dispuestos a inmolarse o a pasar a la unidad de quemados intensivos en un tiempo circunscrito al mandato. Eso sí, tal como están las cosas, es la única solución capaz de devolver el poder de dirección de personas al lugar del que nunca debería haber salido. Con la anuencia y apoyo de la política, de la buena.

-El marco normativo regulador del empleo público local nada contribuye a mejorar ese paupérrimo estado de cosas. Está absolutamente obsoleto. Lleno de contradicciones, plagado de incoherencias, fragmentado, atomizado y, sobre todo, claramente disfuncional e inadaptado para afrontar los inmediatos retos y futuros desafíos a los que debe hacer frente la política municipal en el ámbito de la gestión de personas en sus organizaciones. La “penúltima” salida de tono ha sido la STS sobre la interinidad en la policía local, que comenté en una entrada anterior (https://wordpress.com/edit/post/82414506/1968). Pero en un país prácticamente sin gobierno (buena parte de su tiempo “en funciones”) y con un Parlamento en precario, las reformas legislativas ni están ni se las espera. A una legislación caótica y chapucera se le añaden interpretaciones de vuelo gallináceo, que siempre paga el maltrecho bolsillo del ciudadano. Se imponen las formas y se obvia el fondo. Empieza a ser preocupante que ni siquiera los tribunales de justicia sean capaces de extraer las finalidades de interés público que deben regir el sistema jurídico en su conjunto. La inventiva jurisdiccional y sus propios vaivenes cada día desestabilizan más. Crean más problemas de los que intentan resolver.

Sindicalismo
-Un actor perturbador en el panorama del empleo público local es, como ya se viene apuntando y estudió atentamente Javier Cuenca, el sindicalismo de sector público. Partiendo del legítimo ejercicio de un derecho fundamental (la libertad sindical y la negociación colectiva anudada a aquel), ese actor se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo en un auténtico freno a cualquier transformación o mejora funcional de la institución. Más que ser conservadores, representan, como lo calificara Pepe Mujica, la patología extrema de aquéllos: la más pura reacción. Su único objetivo es llenar de prebendas sinfín a sus clientelas sindicales, como las denominó Jorge Fondevila. Se trata de llenar el morral de los empleados públicos de condiciones de trabajo cada día más ventajosas (vacaciones, permisos, retribuciones, etc.), muy por encima de las existentes en el mercado privado. Y todo ello a cambio de nada: pues el empleador débil -como lo calificó Francisco Longo- todo lo regala. Prima una desviada y corrupta concepción, muy anclada por cierto: el presupuesto público no es de nadie. Frente a tales regalos no hay contrapartidas: ni evaluación del desempeño, ni diferenciar retributivamente al que trabaja bien del que no trabaja, ni seleccionar a los mejores con pruebas rigurosas, ni una auténtica carrera profesional que gestione la diferencia. Y, además, los malos sindicalistas (aquellos que no ven más allá de sus narices) ansían que no se implante (en eso se coaligan con una política estrecha) la figura de la dirección pública profesional. Palos en las ruedas. Eso es de la empresa, no de la Administración. 
Mejor el caos que el orden. Un actor del siglo XX que no se adapta al XXI. Y, si no lo hacen rápido, desaparecerán, aunque se lleven por delante algunas cosas: por ejemplo, la Administración Pública.

-Consecuencia de lo anterior, el empleo público local es una institución desarticulada con muy bajo sentido de pertenencia, donde los valores de lo público están muy poco presentes (en algunos casos ausentes de forma absoluta). Ciertamente, hay excepciones; algunas notables. Pero la regla es una percepción, cada vez más acusada, de desvinculación institucional. Comienza a ser altamente preocupante el escaso sentido institucional que se percibe en el empleo público, y por lo que ahora toca en el local. Y sin sentido de pertenencia institucional, como recordó Hugh Heclo en su día, las organizaciones públicas son pastos de clientelas e ineficiencias. Pierden imagen y prestigio.

-No obstante, ser empleado público en estos momentos es un privilegio, sobre todo si se dispone de un empleo “permanente” o “estable”, aunque también lo es ser interino, sobre todo si se compara la interinidad pública (que puede eternizarse y dispone de condiciones de trabajo homologables en gran medida al empleo estable) con la existente en el sector privado. Las “vocaciones” funcionariales se multiplican en momentos de incertidumbre. La “estabilización” es la nueva Meca del interino o del ciudadano. El mercado del empleo privado es cada vez más contingente y precario. Nada que ver con lo público, por mucho que se pretenda vender lo contrario. En el mundo local sigue existiendo la presión, y en algunos casos la práctica, de “colocar a la clientela política, sindical o familiar”, cuando no a los amigos. Detestable y corrupta práctica. Y no digamos nada de su sector público institucional y empresarial. Allí la corrupción campa a sus anchas en el empleo de quien no lo merece. Al menos en amplias zonas del territorio estatal. No en todas, es verdad. Pero en buena parte. Con el plácet también del TS, en este caso de su sala de lo social.

-Así las cosas no cabe sorprenderse de que las máquinas burocráticas locales sean herramientas formales (donde aparentemente se cumple la Ley), pero a la vez resulten en buena medida estructuras de una ineficiencia escalofriante. La productividad del empleo público es baja, la del empleo público local menor aún. Porque es muy difícil, cuando no imposible, ser productivo donde no hay reglas o estas son contradictorias, donde tampoco hay –como ha estudiado Joan Mauri- poder de dirección, pues éste se encuentra ausente; o, en fin, donde se trabaja de forma discontinua, con largos períodos en los que la máquina está prácticamente “sin piezas” o efectivos (verano, navidades, semana santa, puentes, etc.). La acumulación de “moscosos”, “canosos”, “puentes artificiales”, vacaciones y permisos varios, comportan la esquizofrenia de que las leyes penalizan a la Administración por resolver tarde o no resolver, sin embargo a ningún empleado público le pasa nada por no resolver en plazo. Otra indolencia más, de una Administración de mentira. Silencio sepulcral de una Administración durmiente en largos períodos vacacionales.

-Y, en fin, se podrían multiplicar las patologías. Hay otra muy relevante. El principio de mérito (o si se prefiere, de igualdad, mérito y capacidad), está prácticamente ausente en el acceso al empleo público en buena parte de las entidades locales. En demasiados lugares las prácticas clientelares, nepotistas o de amiguismo siguen siendo más frecuentes de lo que sería deseable. Las oposiciones en el mundo local se han convertido en un sueño prácticamente irrealizable. Convendría plantearse muy en serio si la escala local es la más idónea (al menos el pequeño y mediano municipio) para llevar a cabo una selección objetiva e imparcial. Hace varios años (en 2008), publiqué un trabajo con Federico Castillo dónde abogábamos por la creación de Agencias de Empleo Público a escala provincial que, gestionadas por las Diputaciones o en forma de Consorcios, ejecutaran por delegación, entre otras cosas, la selección profesional de empleados locales. Poco se ha hecho en esta dirección.

Y, a pesar de este panorama tan poco halagüeño, algo habrá que hacer. Realmente, mucho. Quedarse de brazos cruzados no es solución alguna. Transferir el problema “a los que vengan después” es un cínico ejercicio de irresponsabilidad política y una pésima herencia para la ciudadanía, así como para el propio municipio. Hay que querer poco a tu pueblo o ciudad para endosarle “un marrón” como los que se han dejado por el camino. No queda otra que ponerse manos a la obra. Comenzar gradualmente a mejorar las cosas, también la gestión de personas en las organizaciones locales por muy cuesta arriba que sea la tarea, presupuesto imprescindible para hacer buena política y prestar servicios de calidad a la ciudadanía. No será fácil, pero ello no es óbice para no abordar esa responsabilidad. Quien no quiera problemas, que no se meta a alcalde o concejal. Se vive más plácidamente de ciudadano común.

Los desafíos o retos generales son enormes. También en muchos casos los puntuales o endógenos. Pero hay solución o, al menos, hoja de ruta para enfrentarse a todos ellos. Habrá que identificarlos (algunos ya han salido en estas primeras líneas) y poner negro sobre blanco las vías para buscar cómo resolverlos. Eso es objeto de la próxima entrada. Mantengamos el suspense. O, más bien la atención de lo que se puede hacer para mejorar, siquiera sea algo, la pésima herencia recibida en la mayor parte de las entidades locales. Y no es un tributo que deje una u otra fuerza política. Aquí no hay distingos. Hay alcaldes y alcaldesas que hacen frente a estos problemas y otros/as que los distraen, disimulan o, incluso, los crean o multiplican. También en este punto se ve dónde existe el verdadero liderazgo y dónde mera coreografía.

(*) La presente entrada y la siguiente que se publicará próximamente también en este Blog reproducen, con algunas variaciones en los contenidos y desarrollo, las ideas recogidas en una contribución sobre Situación, desafíos y propuestas de la Política de Recursos Humanos en la Administración Local (2019-2023)” que será difundida por la FEMP en el marco de un libro colectivo que, a suerte de Guía de mandato, se editará en septiembre/octubre de 2019. Agradezco a Borja Colón de Carvajal y a los responsables de la FEMP la confianza depositada para participar en ese interesante proyecto colectivo.

sábado, 6 de julio de 2019

Hay Derecho: Los nuevos retos del poder local

"En mayo de 2019, con otras importantes elecciones locales, culmina una primera gran época del poder local en España, y desde mi punto de vista, se inicia otra con grandes y estratégicos objetivos a acometer…"

Por Ángel-Bartolomé Gómez. Hay Derecho blog.- El pasado 3 de abril se cumplieron 40 años de las primeras elecciones municipales de nuestro actual período democrático. Eran tiempos verdaderamente difíciles y arriesgados para participar en la actividad política. A pesar de esa dificultad, hubo personas comprometidas y valientes que dieron un paso al frente y decidieron ser candidatas en sus pueblos y ciudades.

Ayuntamiento de Cádiz
Hacía muy poco tiempo que había entrado en vigor la actual Constitución, tras el largo y negro período de negación de derechos y libertades básicos, que consagraba el principio de autonomía local, al establecer, en el marco del título referido a la organización territorial del Estado, que “la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales” (artículo 140).


Dicha proclamación está precedida de otro precepto fundamental, el 137, que expresaba una idea de Estado compuesta, no unitaria, diversa territorialmente en la gestión de los intereses, de cercanía a los administrados, y que literalmente decía, y dice: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.

Con ese respaldo constitucional tuvieron lugar las primeras elecciones municipales de nuestra actual Democracia. En ese 3 de abril de 1979 millones de españoles se lanzaron a las urnas para elegir democráticamente a sus concejales, que unos días después, una vez que se constituyeron las Corporaciones Municipales, elegirían a sus alcaldes y alcaldesas, primeras autoridades locales netamente democráticas desde la II República.


Como decía al inicio, eran tiempos, esos de abril del 1979, complicados para la vida política.


En el mundo rural aún quedaban muchos resquicios del franquismo, y muchos problemas sociales y económicos, y la decisión personal de ser candidato a alcalde no era nada pacífica, sobre todo en las fuerzas políticas que habían estado prohibidas hasta hacía muy poco tiempo.

Las personas que decidieron dar ese paso y fueron elegidas concejales, y en su caso, alcaldes o alcaldesas, contribuyeron en esos años a experimentar la nueva democracia que había sido conquistada para nuestro país. En sus municipios y ciudades empezaron a construir el futuro, nuestro presente, a trabajar desinteresadamente por el bien común, dedicando su tiempo, sus energías y su patrimonio, y la de sus familias, a los demás, al bienestar de sus pueblos y de sus gentes.

En esas históricas elecciones locales, se eligieron un total de 67.505 concejales, en los casi 8.100 municipios del conjunto del Estado español. La Unión de Centro Democrático consiguió 28.960 concejales (30,6%), el Partido Socialista Obrero Español un total de 12.059 concejales (28,1%) y el Partido Comunista de España llegó a los 3.727 concejales (13,1%). Es de destacar que un total de 16.320 concejales lo fueron en candidaturas ajenas a partidos políticos, candidaturas independientes de nivel local. Por el pacto político que tras las elecciones se firmó ente Partido Socialista y Partido Comunista, la izquierda gobernó en dicha primera legislatura local en las grandes ciudades de nuestro país.

La España vaciada

Cuarenta años después, en mayo de 2019, con otras importantes elecciones locales, culmina una primera gran época del poder local en España, y desde mi punto de vista, se inicia otra con grandes y estratégicos objetivos a acometer…

La problemática del mundo rural se ha puesto en los últimos meses en valor, la España vaciada, provocada por políticas de poca atención al hecho rural, con consecuencias nefastas en términos de equilibrio poblacional y preservación de la naturaleza. Hace cuarenta años muchas personas valientes y comprometidas se presentaron a aquellas lejanas elecciones con la esperanza de luchar por el desarrollo de sus pueblos. Hoy persisten muchas de las problemáticas del mundo rural, con una brecha muy importante en términos de acceso a la sociedad de la información, de infraestructuras (y servicios) básicas, de escasas posibilidades de desarrollo endógeno que facilite que los jóvenes puedan desarrollar su futuro personal y profesional en sus pueblos de origen y no verse obligados a migrar a ciudades e incluso a otros países.

Y en cuanto a las grandes ciudades, el gran reto sin duda es la contaminación, con graves consecuencias para la salud de millones de personas que habitan las grandes urbes de nuestro país. Se trata de un modelo de vida poco sostenible, grandes concentraciones humanas con actividades y hábitos altamente impactantes en el entorno y en su propia salud.

Sin duda, en este período de poder local 2019/2023 ha de iniciarse otra forma de entender la gestión territorial de nuestro Estado. Los entes locales son lo más cercano al ciudadano y al territorio, y con las personas como principal centro de interés, deberían iniciarse nuevas políticas públicas de apoyo al mundo rural, a las personas, y de lucha contra los ataques al medio ambiente de unos modos de vida urbana altamente perjudiciales. Pensemos en el futuro y no el “cómodo” presente.