lunes, 25 de julio de 2016

Nuevas y más sofisticadas barreras para el trabajo colaborativo

"Hemos aprendido con el tiempo que debe haber espacios y metodologías para todo tipo de prácticas"

Jesús Martínez. Blog Trabajo Colaborativo.- Transcurridos más de 25 años desde la llegada de Internet al ámbito del aprendizaje y del conocimiento, se hace necesario reflexionar sobre si las expectativas que en su día se depositaron en esta nueva herramienta se han cumplido.

¿Era ajustada la creencia de que Internet vendría a ser la gran transformadora de la pedagogía y de la forma de administrar la formación? ¿Estábamos más cerca del advenimiento de nuevas maneras de trabajar y de aprender en los que la colaboración sería el elemento base?

Pasados estos años, creemos que ya podemos tener un criterio mucho más ajustado de lo que realmente ha ocurrido. En este artículo presentaremos algunas evidencias de lo que está quedando después de muchas experiencias de trabajo en red y colaborativo, y señalaremos aquellos retos ineludibles que tenemos planteados tanto formadores como aprendices para hacer más eficientes los aprendizajes (y el trabajo).

Las vamos a agrupar en seis grandes apartados. En el primero de ellos recogemos una reflexión sobre los aspectos negativos y positivos de lo que han supuesto -más diez años ya- de uso intenso de lo que se llamó la  Internet  social y de las personas. En los siguientes apartados recogemos, más específicamente, los retos y barreras que el trabajo y el aprendizaje colaborativo (mediado por Internet) supone en la Administración Pública. Los dos primeros, los más clásicos, son aquellos que se derivan de las barreras tradicionales en las organizaciones públicas: la estructura organizacional jerárquico-burocrática y la escasa modernización tecnológica de los últimos años. Los tres restantes son nuevos. A saber: la dificultad de transferir y escalar las buenas prácticas de trabajo colaborativo a toda la organización,  la dialéctica -siempre tensionada- entre dinámicas de arriba-abajo y de abajo- arriba (con el peligro que conlleva que la parte  más consolidada y tradicional de la organización acabe fagocitando a la más débil);  y, la última, la que se deriva de la dificultad de encontrar nuevas figuras técnicamente preparadas y competentes para dirigir y pilotar las nuevas experiencias de trabajo colaborativo.

1.- El Internet social 10 años después
Como afirmaba Juan Insua en 2014, diez años después del nacimiento lo que conocemos como web 2.0, ésta puede verse desde una perspectiva más crítica y compleja. Un fenómeno con dos caras sobre el que conviene seguir reflexionando, pese a la velocidad con que el desarrollo tecnológico puede convertir en obsoleta toda teoría o crítica, incluso aquellas que, sin filias ni fobias excesivas, intentan recuperar la pregunta por el sentido.
El autor intenta hacer un balance entre la cara A de la web social entendida como el gran salto evolutivo de nuestra época; y la cara B que contradice e interpela sus conquistas proyectando un cono de sombra sobre el devenir de la Red.

Nos ha parecido oportuno mencionar estos pros y contras que,  también, en los puntos sucesivos, tienen paralelismo en aspectos relacionados con el trabajo colaborativo.

CARA A: EL BIEN COMÚN
La web social favorece el acceso de los ciudadanos a la cultura, ofreciendo un modo más igualitario de concebir, producir, compartir y distribuir información y conocimiento.

Se inspira en los modelos de redes distribuidas, que, a diferencia de las redes centralizadas y descentralizadas, permiten la conexión potencial de cada nodo con todos los nodos de una red.

La web 2.0 es una vindicación de la inteligencia colectiva, supone una intensa reactivación de las prácticas comunitarias y conduce a una reformulación de los bienes y espacios comunes.

La web social permite la expansión de la crítica a los modelos económicos y políticos, ampliando la capacidad participativa de los ciudadanos.

La web social interpela la noción tradicional de auctoritas, favoreciendo la emergencia de nuevas categorías de conocimiento y la irrupción de nuevos prescriptores.

La web 2.0 promueve las prácticas expandidas. No hay ámbito que no haya sido afectado o influenciado por dinámicas más abiertas y participativas, como puede verse, por ejemplo, en el impacto de las TIC en el sistema educativo.

CARA B: LA SOMBRA DEL GRAN HERMANO
La web 2.0 ha generado una formidable operación de marketing global que favorece el poder y el enriquecimiento de las multinacionales de la comunicación y de las empresas de alta tecnología.

Es un extraordinario canal para la prosperidad de las tecnoutopías, algunas de las cuales solo parecen concebidas para y por élites tecnocráticas y cientificistas.
La web social (e Internet en general) provoca la pérdida de facultades intelectuales significativas, como la concentración, la reflexión profunda, el cultivo de la memoria y el pensamiento crítico.

Las promesas de emancipación serían nuevamente promesas incumplidas. El TU que la revista Time proclama en 2006 como personaje del año se habría convertido en un sujeto alienado proclive a la fascinación acrítica, cuya vida en sociedad depende del último gadget tecnológico.

La web social tiene su reverso en nuevas y cada vez más sofisticadas formas de control que van desde el conocimiento pormenorizado de nuestros hábitos de consumo, gustos, tendencias y aficiones, hasta la práctica impune del espionaje masivo con objetivos políticos, como cabe imaginar si llevamos al límite las consecuencias de la era post-Snowden.

La web 2.0 ha facilitado una fabulosa acumulación de datos cuya utilización y explotación comienza a ser comprendida y resistida por la ciudadanía, hasta tal punto que ya se anuncia una nueva generación de empresas de Internet cuyo modelo de negocio está orientado a la máxima privacidad, el derecho al olvido y el control de los datos personales.

2.- La organización burocrática sigue muy viva
Pese a las grandes expectativas depositadas en las últimas tendencias (optimistas)  desburocratizadoras, las cuales nos devolverían, en esta  época de transformación digital, organizaciones  más planas y  horizontales, creemos que esto no está ocurriendo a la velocidad que se esperaba. Es cierto que cada vez más hay más profesionales  que han asumido un rol de liderazgo distribuido y de influencia basado en la orientación, guía, y desarrollo del potencial de las personas de sus equipos. Y, en muchos casos, estos nuevos roles van más allá de lo esperado al tener que ejercerse dentro de estructuras tradicionales. Organizaciones no alineadas completamente con estos nuevos paradigmas hacen que el efecto dinamizador y acelerador de los nuevos planteamientos se ralentice y, en algunos casos, resulte inoperante. Además, en el caso de las organizaciones públicas se hace a costa de un considerable desgaste personal de estas figuras. Al no estar completamente blindados los cambios y la innovación en Recursos Humanos por la normativa legal, el peso de la cultura organizacional frena las nuevas iniciativas. En este sentido, la homogeneidad como factor disparador de la nueva cultura -todo el mundo está concernido y comprometido con el proyecto-, se pierde. Y, además, no nos engañemos, el peso de las rutinas cognitivas personales actúa de barrera frente a lo nuevo desincentivándolo. Y esto ocurre tanto en organizaciones públicas como en las privadas. Gary Hamel, el gran gurú del nuevo management lo explicaba recientemente, de forma muy contundente.  Decía que pese a todo, las organizaciones burocráticas no sólo no habían perdido influencia sino que iban a más. Lo representaba con este gráfico donde se señala que los puestos de trabajo de managers y directivos crecía a una mayor velocidad y proporción que el resto.
Mas burocracia Hamel

3.- La barrera tecnológica
Decididamente, la Administración Pública ha perdido la carrera por la actualización tecnológica y se ha situado al margen de los avances que están ocurriendo en otros sectores. En algunas ocasiones, es verdad, en la organización pública postcrisis, se ha invertido en aplicativos y tecnologías que podrían hacer posible, por ejemplo, administración electrónica, y el funcionamiento correcto de las unidades administrativas y de atención al usuario. Pero, también es verdad, todos tenemos, en la mayoría de los casos, la sensación de que estamos asistiendo una competición muy desigual. Los empleados tenemos aplicativos en el trabajo muy obsoletos y, por el contrario, poseemos en nuestros hogares -y en nuestros bolsillos- tecnología de última generación. La carrera, cada día más acelerada, de innovación tecnológica en todos los sectores y su uso masivo por parte de los ciudadanos, nos hacen tener expectativas tan altas que en la administración pública siempre llegaremos tarde. Descartadas las políticas BYOD solo nos queda, en algunas unidades más periféricas, plantearse recurrir a los dispositivos personales usándolos en funciones corporativas. El uso generalizado ya del whatsapp, por ejemplo, al no haber disponible una aplicación similar corporativa, es tan sólo uno de los múltiples ejemplos que podríamos poner.

4.-La difícil escalabilidad de las buenas prácticas y experiencias de trabajo colaborativo
Hace unos años, al inicio de la puesta en marcha de las primeras experiencias de trabajo colaborativo, teníamos la convicción de que, si lo hacíamos bien, y si mostrábamos claramente la eficiencia de estas nuevas propuestas y metodologías de trabajo y aprendizaje, era tan solo una cuestión de tiempo que se extendiera a toda la organización. Pensábamos que estábamos en la época de la colaboración y que la tecnología lo haría posible en una dinámica imparable. La metáfora de la mancha de aceite la solíamos usar para representar lo que sería su crecimiento y su extensión. Ahora, pasado el tiempo, las cosas no han ocurrido exactamente así. La penetración ha sido limitada y de forma muy desigual en las diferentes unidades. En algunos casos, esta extensión de la mancha de aceite colaborativa ha llegado a cotas elevadas (cercanas al 50%) en algunos colectivos, pero por un tiempo limitado. Pero, lo más habitual ha sido encontrarse con espacios de colaboración muy delimitados, en los que siempre aparecían los tres elementos que ya describiera Etienne Wenger (“grupo de personas que comparten un interés, un conjunto de problemas, o una pasión sobre un tema, y quienes profundizan su conocimiento y experiencia en el área a través de una interacción continua que fortalece sus relaciones”.) . La complejidad de la organización actual es tan grande que sería irreal y muy pretencioso plantearse una organización uniforme en que todo estuviese basado en el trabajo y aprendizaje colaborativo. Hemos aprendido con el tiempo que debe haber espacios y metodologías para todo tipo de prácticas.

5.-Fagocitacion
Hace unos años el Seymort Papert explicaba, a propósito de la introducción de la informática y los ordenadores en el sistema educativo, que se corría el peligro de que las prácticas tradicionales acabasen por restar influencia al poder disruptivo de las prácticas emergentes que posibilitaba la tecnología. Venía a decir que era una tentación real volver a hacer lo mismo, pero con tecnología.

Pasado el tiempo, todos tenemos constancia de que esta lucha aún continúa y pese a ser sabedores de ello, no se ha desterrado esta tendencia de hacer lo mismo, pero con artefactos de vanguardia.

Pues bien, podríamos estar también delante de este fenómeno en lo que se refiere al trabajo colaborativo.

Durante mucho tiempo hemos defendido que debía haber una combinación pacífica entre las diversas metodologías de trabajo colaborativo. Podían conjugarse perfectamente los grupos de trabajo colaborativo -altamente estructurados y focalizados en un objetivo determinado-, con las agrupaciones clásicas de comunidades de práctica; y éstas, a su vez, con redes más amplias y grupos de interés de características más informales, donde la colaboración pueda ser puntual y en función de los intereses de los participantes.

Pese a todo ello, con el tiempo hemos ido asistiendo a la preponderancia del primer tipo de agrupaciones. Es como si la estructura organizacional acabase por imponer unas determinadas reglas de funcionamiento también en lo colaborativo. Y que hiciesen prevalecer las directrices jerárquicas por encima de la autonomía de los participantes.

Esta tendencia, de seguir manifestándose, obligaría a replantearse la política actual de promoción del trabajo colaborativo y adoptar políticas más activas en la promoción de comunidades de práctica. Con ello evitaríamos que la lógica organizativo burocrática acabase por imponer sus reglas y hacer prevalecer sobre el resto de la organización un solo tipo de grupos. 

6.- Cuando la conexión ya no es suficiente.
Desde hace ya tiempo hemos venido señalando que uno de los factores más importantes en el éxito del trabajo colaborativo y de las comunidades de práctica, eran el e-moderador (o los dinamizadores). Es una de las condiciones necesarias para que finalice con éxito la aportación del grupo. Pese a todo, no hemos sabido desarrollar un proyecto formativo adecuado y probado para formar y preparar a los nuevos dinamizadores. La lógica inicial de la filosofía de las CoPs que afirmaba que no era bueno forzar el surgimiento de las comunidades, nos ha hecho delegar la conducción de los grupos en los líderes naturales que iban apareciendo en las protocomunidades. Con el tiempo hemos visto que podría haber un mayor grado de aceleración del trabajo colaborativo si estos agentes dispusiesen de más y mejores competencias.

En el programa Compartim ya distinguíamos entre dos roles principales del dinamizador. El de gestor de comunidad y el de dinamizador. E. Dale, por su parte lo representa de una forma mucho más compleja. En este gráfico se recogen todas las facetas posibles.

Font:  Diagram re-worked from an original by Dion Hinchcliffe

Algunas organizaciones han tenido la tentación de reciclar las figuras de docentes excelentes para reconvertirlos en e-moderadores. Se pensaba -a nuestro juicio de forma equivocada-  que, si estas figuras habían sido excelentes en su rol tradicional, podrían llegar a serlo en los nuevos. 

Creemos que es una política desacertada. El ADN del docente tradicional acaba por imponerse a la debida colegización de saberes que presupone el trabajo colaborativo. El aprendizaje entre pares presupone, en todo caso, dinamización invisible. Algo que los roles tradicionales ni se les puede exigir, ni se lo plantean.


domingo, 24 de julio de 2016

José R. Chaves: Tiempo de auditorías públicas

"Al amparo de la crisis económica el foco del control ha cambiado de objetivo y ganado en intensidad. La luz del control comienza a proyectarse y a dejar ver las miserias de la administración y dejando a los políticos al desnudo de sus corrupciones, corruptelas y despilfarros"

J.R. Chaves. Blog delaJusticia.com.- Corren tiempos en que parece que el derecho público represivo se está despertando. No hace mucho, en tiempos de vacas gordas y bonanza económica, las administraciones públicas vivían plácidamente el sueño de los frívolos, pues solía confundirse el “interés general” con el “interés particular” del gobernante de turno; éste normalmente coincidía con aquél pero a veces no era así cuando algún desaprensivo descubría la posibilidad de aprovechar las holguras del sistema administrativo para lucrarse, traficar con influencias o practicar nepotismo, o incluso para actuar arbitrariamente, porque el político consideraba que tenía una especie de “derecho al error impune”. 

Lo triste era que contaban con la coartada de que los controles no funcionaban realmente de forma rápida ni eficaz e incluso algunos nos preguntábamos si el Estado de Derecho sería capaz de atajar la corrupción.

Pero veamos de donde venimos y hacia dónde parece que vamos.

No funcionaba la vía penal por múltiples causas: un legislador lento frente a delitos tecnológicamente avanzados; el laberíntico tinglado de garantías procesales: prescripciones, pruebas válidas, cadena de recursos infinita hasta el Constitucional, lentitud exasperante, instrucciones complejas, etc; un régimen de ejecución de condenas que bien por remisiones condicionales o indultos propiciaba la impunidad práctica; o unos delitos de prevaricación o malversación cuyo perfil restrictivo convertía las escasas instrucciones penales en “puertas giratorias” con mucho ruido y pocas nueces. Una situación que paradójicamente no reinaba en otros ordenamientos penales.

Tampoco funcionaba la vía contencioso-administrativa por otras causas: una visión del control en tránsito hacia la jurisdicción protectora pero con anclaje en la vieja jurisdicción revisora (temerosa de sustituir a la administración); un sistema de legitimación restrictiva, salvo los escasos supuestos de acción pública, que dejaba impunes infinidad de actos ilegales en materia de función pública, contratación o subvenciones porque los únicos con interés supuestamente “legítimo” para impugnarlo eran los beneficiados de la felonía; una alicorta concepción de las relaciones impugnatorias entre administraciones como acto hostil a evitar; un sistema de ejecución de sentencias estimatorias aquejado de incidentes de inejecución interminables cuando no burlados por el ejecutivo, e incluso con la complicidad del legislativo para forzar la imposibilidad legal de ejecución, etc.

Y el entramado legal era deficiente: un dinamismo legislativo atroz que dejaba sumido en la incertidumbre a autoridades, funcionarios, abogados y ciudadanos; un legislador pésimo, que como el juego de naipes de las siete y media, o no llegaba o se pasaba, y venía el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia europeo censurándole cuando ya la ley había sembrado de actos la vida pública; y un legislador con mala puntería por su dificultad para deslindar la concurrencia de jurisdicciones, especialmente en materia de contratación, personal o económico-financiera, siendo especialmente sangrante el reparto de competencia cuando se tropezaban con un delito contable, o el caso paradigmático del alcance, en que la jurisdicción penal, la contenciosa, la contable y la propia administración han tirado del cobertor para su lado hasta dejarlo deshilachado y mal remendado.

La crisis
Sin embargo, al amparo de la crisis económica el foco del control ha cambiado de objetivo y ganado en intensidad. La luz del control comienza a proyectarse y a dejar ver las miserias de la administración y dejando a los políticos al desnudo de sus corrupciones, corruptelas y despilfarros.

Junto a ello, se sitúa el desencanto ciudadano ante los políticos en general (siendo buena prueba la insólita dificultad para formar gobierno actualmente, que justificaría expulsar del templo del congreso a los fariseos de la política profesional).

En esas condiciones, reverdecen los controles de legalidad y particularmente los controles económicos, bajo el telón del fondo de esa valiosa palanca de control que es la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen gobierno.

Los controles de legalidad han ganado protagonismo, y la jurisdicción penal no sólo sigue cabreada por lo que la Sala Penal del Supremo calificó de “inoperancia de la disciplina administrativa” (Sentencia de 27 de noviembre de 2009, Caso Andratx), sino que tiene el gatillo fácil frente a autoridades corruptas y las condenas por prevaricación, malversación y otros delitos contra la administración están prodigándose.

La jurisdicción contencioso-administrativa, pese a la zancadilla procesal del ominoso régimen de vencimiento en las costas procesales (que provoca incertidumbre y entierra la tutela judicial efectiva) avanza con rapidez y pone orden con creciente número de sentencias invalidantes que ponen en su sitio las malas prácticas administrativas y a las autoridades sin escrúpulos.

En paralelo, el papel de secretarios e interventores en administraciones locales, y el papel de sus homólogos – secretarios técnicos, interventores, letrados públicos, etc – en el ámbito autonómico, institucional y estatal, ha crecido en respeto y protagonismo, de manera que el manual de la autoridad prudente del siglo XXI le lleva a apoyarse en ellos y no dar pasos en falso sin su conformidad y visado.

Congreso de Auditoría de Toledo
En esta línea, me complace recordar que el Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público que organiza la fundación FIASEP tendrá lugar en su séptima edición del 16 al 19 de noviembre de 2016 en el campus de Toledo de la Universidad de Castilla – La Mancha (UCLM), corresponsable de la organización junto a la Intervención General de la Comunidad Autónoma anfitriona, evento en que han tenido la amabilidad de invitarme para verter ideas y debatir sobre las carencias y fuerzas del control público. El programa es ambicioso pero si resulta tan fructífero como en las ediciones anteriores, creo que será un evento de los que hacen época… en época de necesario control.

Del evento ya se hizo eco Antonio Arias en este post, y dejo constancia del mismo por si resulta de interés la participación abierta en el mismo de letrados, interventores, auditores y altos funcionarios interesados en mejorar la cosa pública (e incluso profesionales privados y autoridades públicas… ¿por qué no?), que no es la “cosa nostra” como algunos desaprensivos pensaban, sino la “casa de todos”. Y por eso, todo debate claro, vivo y riguroso sobre el control de la decisión y gasto público y el papel emergente de las auditorías, ha de ser bienvenido. Aquí está la web del evento con su programa, metodología e inscripciones.

De interés: Ver Sumario: El Consultor de los Ayuntamientos nº 13/2016, de 15 de julio

viernes, 22 de julio de 2016

El Congreso no da ejemplo de transparencia ¡Vaya tropa!

"No hay lugar en el Estado de Derecho para privilegios ni tampoco para parlamentarios que ensucien tan noble condición"

José Ramón Chaves.- DelaJusticia.com.-Arranca la nueva legislatura y todo son aplausos y preocupaciones por el reparto de cargos y cambalaches de poder. Espero que el nuevo Congreso arranque sin descuidar su obligado ejemplo de transparencia que está bajo mínimos.

Y es que hace dos días, me quedé perplejo cuando el Diario El Mundo divulgó que solicitó formalmente del Congreso que le facilitase algo tan elemental como es “la identificación de los parlamentarios parlamentarios que dispusieron de tarjeta taxi, teléfono móvil, tableta electrónica, línea de datos y ADSL en su hogar a cargo del Parlamento español durante la pasada legislatura”, así como “facilitar las retribuciones de los asistentes o asesores nombrados por los diputados o los grupos parlamentarios”.

La respuesta de la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso ha sido utilizar el argumento de que prevalece “la protección del dato personal frente al derecho de acceso a la información”, ¡Y se quedan tan anchos!.

Burlas
Me parece una burla intolerable. O dos burlas pues son dos los bloques de datos que se ocultan.

No hacen falta leyes de transparencia para que las autoridades públicas faciliten qué uso hacen de su cargo y como se benefician de los fondos públicos. Debería facilitarse con naturalidad como consecuencia del deber de dar cuenta del uso de los fondos públicos con ejemplaridad por parte de quien se supone es el guardián de lo público.

No hace falta que se pida formalmente por los medios de comunicación que se digan los sueldos de los asesores parlamentarios o si se cuenta con beneficios tecnológicos a costa de las arcas públicas. Debería facilitarse de oficio por el Congreso o por propia iniciativa de los parlamentarios afectados.

No hace falta que un órgano parlamentario busque argumentos jurídicos para denegarlo sino que si hay escollos legales, deberá impulsar propuestas para la transparencia pues es el propio parlamento de quien hablamos. Y si una normativa interna parlamentaria lo impide, pues debería cambiarse.

No hace falta invocar la protección de datos personales para eludir tal información, pues supone pervertir el derecho de intimidad al utilizarlo de forma impúdica. Si un ciudadano tiene derecho a conocer el uso de las arcas y medios públicos por un Alcalde, concejal o alto cargo público, también de los parlamentarios.

Y si los parlamentarios prontamente facilitaron su identidad cuando hacían su petición de móvil, tableta o línea, y que gustosamente volverían a facilitarla para renovarla si se extravía o avería, a través de procedimientos administrativos ante el Parlamento, pues me parece una vergüenza que tengan un ataque de dignidad y se nieguen a facilitar tan importante “dato personal”. Es cierto que mucho antes se facilitó la información (no personalizada, por grupos parlamentarios) de que 261 diputados renuncian a que el Congreso pague su ADSL y 51, a la tarjeta de taxis, pero bien estará conocer la identidad de unos y otros, para lo bueno y para lo malo. Aquí se detiene la transparencia, o mas bien, aquí arranca la oscuridad.

Moralidad
No es cuestión de legalidad. Es cuestión de moralidad. Me sorprende y preocupa que voluntariamente los diputados que se benefician así, de medios técnicos o de asesores, no faciliten su identificación, dando un paso adelante y confesando si utilizan tales beneficios parlamentarios.

Si existen esos beneficios es que son lícitos y por ello no debe ser vergonzoso identificar a los beneficiarios, salvo que existan intereses inconfesables. Salvo que tengan algo que ocultar. Salvo que hagan su uso para fines particulares. Salvo que hagan un uso abusivo. Salvo que se demuestre que son beneficios que no se precisan para la función parlamentaria.

Cuando la opacidad parlamentaria entra por la puerta, su credibilidad salta por la ventana. Y si la mayoría de los diputados han renunciado a esos beneficios… ¿por qué este “bloque de justos” no impulsan y se ponen de acuerdo para impedir que la minoría se escude en la protección de datos o para imponer que se condicione el disfrute de los mismos a facilitar la identidad?

Y es que, como me enseñaron en la facultad, una cosa es la prerrogativa, o facultad inherente al ejercicio de un cargo y otras un privilegio, una condición exclusiva vinculada a la persona y que es propia de tiempos feudales felizmente superados.

No hay lugar en el Estado de Derecho para privilegios ni tampoco para parlamentarios que ensucien tan noble condición.

Desde luego, personalmente no me considero representado por quien me oculta tan elementales datos, pues coincido con aquello que decía Tierno Galván con lucidez que “los políticos tenían que tener los bolsillos de cristal”.

No sé si la culpa la tienen los partidos políticos que no controlan a sus parlamentarios o si la tiene la Mesa del Congreso o si son nuestras leyes que atan perros con longaniza. Lo cierto es que como decía Hamlet, “algo huele mal en Dinamarca”.

jueves, 21 de julio de 2016

20 derechos de las personas ante una Administración que funciona (y su equivalente obligación)

Víctor Almonacid.- Blog Nosoloaytos.- Valga la presente como una versión más simple de nuestra “Carta de derechos electrónicos de las personas, en la que listaremos 20 derechos actuales de las personas reconocidos en la LPA, y que pueden ser ejercidos ante una Administración moderna y que funciona, así como la correspondiente y equivalente obligación por parte de dicha Administración.

1.- Derecho de la persona. A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

1.bis.. Obligación de la Administración. A disponer de un Punto de Acceso General electrónico.

2.- Derecho. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

2.bis.- Obligación. De asistencia a las personas que lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.

3.- Derecho. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

3.-bis. Obligación. A utilizar la misma lengua que el ciudadano, siempre que sea oficial en el territorio de su Comunidad Autónoma.

4.-Derecho. Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

4. bis. Obligación. A permitir el acceso a la información pública, archivos y registros, con la máxima amplitud que permita el Ordenamiento Jurídico y resolviendo expresamente dentro de plazo.

5.- Derecho. A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

5.- bis. Obligación. A un buen trato personal, a la asistencia y asesoramiento en el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas, y a la máxima accesibilidad y legibilidad de las relaciones escritas.

6.- Derecho. A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

6.- bis. Obligación. A asumir las responsabilidades administrativas, patrimoniales, contables y penales en que incurriesen los funcionarios y autoridades.

7.-Derecho. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la Ley.

7.- bis. Obligación. Proveer o facilitar la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la Ley.

8.- Derecho. A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

8.-bis. Obligación. Cumplimiento del ENS, de la LOPD y del Reglamento General de Protección de Datos, y de forma genérica salvaguarda del principio de confidencialidad en las relaciones jurídico administrativas.

9. -Derecho. Los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.

9.- bis. Obligación. Las AAPP pondrán a disposición de las personas los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen.

10.- Derecho. A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.

10.- bis. Obligación. Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar esta información a través del Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan.

11.- Derecho. A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

11.- bis. Obligación. De identificarse ante los interesados de un procedimiento.

12.- Derecho. A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.

12. bis. Obligación. De no exigir dichos originales salvo previsión expresa de la norma. De realizar copias auténticas y copias autenticadas.

13.- Derecho. A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

13. bis. Obligación. De no exigir dichos datos y documentos salvo previsión expresa de la norma. De recabar en nombre del ciudadano, y con su autorización, los documentos administrativos que precisen para acompañar la solicitud, por medios interoperables.

14.- Derecho. A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

14.-bis. Obligación. A hacer efectivos estos derechos.

15.- Derecho. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

15.- bis. Obligación. De informar y orientar acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

16.- Derecho. A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

16.- bis. Obligación. A relacionarse con el interesado y su asesor, sea su representante o no.

17.-  Derecho. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.

17.- bis. Obligación. Mantener la relación jurídico administrativa con el representante. Facilitar la acreditación de la representación a través de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. Además, el órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento.

18.-  Derecho. A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2 LPA.

18. bis. Obligación. De habilitar los cauces electrónicos para hacer posible el pago a través de medios electrónicos.

19.- Derecho. A ser notificado de los hechos que se le imputen en un procedimiento sancionador, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

19. bis. Obligación. De reconocimiento y garantía de los anteriores derechos.

20.- Derecho. A que la Administración le conteste siempre y dentro de plazo, por el medio de notificación escogido, salvo que se trate de un sujeto obligado al uso de las comunicaciones electrónicas.


20.- bis. Obligación. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

miércoles, 20 de julio de 2016

La corrupción de los partidos políticos

Carles Ramió. Blog EsPúblico.- Los últimos casos de corrupción demuestran algo que nadie ha querido reconocer hasta ahora: la corrupción es sistémica en lo que se refiere y tiene su origen en la mayoría de los partidos que nos han gobernado.  Estos partidos “clásicos” están ahora catatónicos por su falta de legitimidad moral. Solo son capaces de gritarse unos a otros “y tú más” y de dedicarse a tiempo completo a tapar sus vías de agua para no naufragar. Es un intento vano ya que se van a hundir sin remedio. 
Por este motivo exijo a los actuales partidos, todavía protagonistas del escenario político en el gobierno o en la oposición, que dejen de perder el tiempo y se pongan a trabajar en serio por el bien del país. Se trata ahora de salir de una crisis institucional que nos puede hundir a todos y ya no tiene sentido intentar salvar solo al actual sistema de partidos. Además, quizás salvando al país puedan salvarse algunos muebles de los actuales partidos. Las propuestas que deberían atender de forma inmediata son:
  1. Hay que salir rápido de la espiral de depresión colectiva en la que estamos instalados. Lo que ocurre a nivel de corrupción en el país es grave pero no mortal. Una parte importante de los países desarrollados de nuestro entorno también han sufrido y padecen esta enfermedad. El aspecto autóctono del fenómeno es, hasta el momento, una gran impunidad.
  2. De manera inmediata habría que dotar de mayores medios a los jueces, fiscales y policías que investiguen los casos de corrupción. Cuando caiga en sus manos un caso de corrupción de forma automática habría que destinar más recursos y, además, los cargos políticos alejarse totalmente y dejar que los profesionales públicos trabajen con total autonomía.  Solo la neutralidad absoluta y una gran rapidez pueden calmar la alarma social.
  3. A partir de ahora mismo deberían hacerse públicos los gastos, euro a euro, de todas las administraciones públicas y de todos los partidos políticos. Todos son todos: incluso lo que se gasta en una comida un ministro o lo que cuesta un desplazamiento de un líder político aunque lo haya sufragado su propio partido. De forma radical van a cambiar unos usos y costumbres que sin ser ilegales los ciudadanos detestan.
  4. Cambiar de forma radical el papel y el rol que juegan el tribunal de cuentas (y sus equivalentes autonómicas) y los interventores dentro de la Administración pública. Hacer aquí lo mismo que con la justicia: muchos más recursos y garantía de una autonomía absoluta.
  5. Recuperar la neutralidad de los empleados públicos instalando como único el criterio meritocrático para la asunción y permanencia en los puestos de mando y de carácter directivo. Suprimir de plano la discrecionalidad política en los puestos profesionales de contacto con los políticos.
Estas cinco medidas deberían tomarse de forma urgente como forma de salvar al país de su actual estado de depresión y desconfianza colectiva.  Estoy hablando de días o semanas y no de meses o años.  Si además, los actuales partidos que todavía dominan la escena quieren salvarse del tsunami que ellos mismos han generado, las otras medidas serían las siguientes:
  1. Impulsar unas auditorías independientes sobre las cuentas de sus partidos durante la última década y mostrar sin tapujos y sin trampas todos sus trapos sucios.
  2. Pedir perdón y disculpas públicas a la sociedad por todos los desaguisados.
  3. Cambiar a todos sus actuales máximos líderes ya que todos son culpables ante la sociedad aunque sea por omisión. Sabe mal decirlo pero incluso los líderes más recientes de los partidos “clásicos” están quemados ya que sin ser culpables activos atesoran la culpa de no denunciar automáticamente las irregularidades que seguro que detectaron desde el primer momento que tomaron las riendas.
Estas tres últimas medidas las percibo como casi imposibles pero si los actuales partidos políticos no las adoptan van a pasar a ocupar posiciones irrelevantes en los nuevos arcos parlamentarios.  Ellos se juegan el papel más o menos relevante que van a tener junto a los nuevos partidos que están surgiendo con gran fuerza. En todo caso, unos y otros deberían afrontar en la nueva legislatura dos medidas más:
  1. Cambiar todas las actuales reglas institucionales de financiación de partidos, del sistema electoral, del modelo de descentralización, del modelo de Administración, etc. Entraríamos, pues, en una legislatura constituyente.
  2. Suavizar algunas de las primeras medidas urgentes ya que podrían tener a medio plazo el inconveniente de pasar de un sistema dominado por los partidos a un sistema dominado por la burocracia y los tecnócratas. Y esto no es bueno. Hay que conjugar con inteligencia ambos ingredientes para que unos nuevos partidos, que son los que tendrán la legitimidad democrática, sigan dominando el sistema pero con importantes contrapesos de carácter neutral y profesional.

lunes, 18 de julio de 2016

El CGPJ convoca los Premios Calidad de la Justicia 2016

ElConsejo General del Poder Judicial ha convocado una nueva edición de los Premios Calidad de la Justicia, con los que se reconoce la calidad del servicio público mediante buenas prácticas de gestión

Revista de prensa. EP.-. Los premios, que se crearon en 2009 y que se concedieron por primera vez el año siguiente, se otorgan en las modalidades de experiencia para conseguir una Justicia más eficaz, experiencia para conseguir una Justicia más transparente y experiencia para conseguir una Justicia más accesible.

Así, los interesados en la convocatoria tendrán de plazo hasta el próximo 20 de septiembre para presentar una memoria justificativa en la que se describa el proyecto, se expongan sus resultados y se explique la innovación que supone.

En esta edición el jurado estará integrado por los vocales del CGPJ Gerardo Martínez Tristán -que lo preside-, Mar Cabrejas y Juan Martínez Moya y por un representante de cada una de las siguientes profesiones jurídicas: abogado, procurador, fiscal, letrado de la Administración de Justicia y graduado social.

Premiados en  2015
En la edición de 2015, los órganos y oficinas judiciales premiados fueron el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valencia, los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, la Audiencia Provincial de Castellón y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Por su parte, los organismos relacionados con la Administración de Justicia galardonados fueron la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española, la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia de la Generalitat de Catalunya, el Gobierno de Canarias; la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia; y la empresa Logisman Aragón S.L.

domingo, 17 de julio de 2016

La falta de transparencia de las asignaciones económicas a los grupos municipales

"La inmensa mayoría no tiene colgados los acuerdos adoptados sobre esta materia en sus sitios, para que la gente consulte en su pagina web y de una manera sencilla pueda saber"

Blog Acal. En los meses inmediatamente anteriores a la aprobación de la infausta Reforma Local, tratamos en este blog las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales. Analizábamos su insuficiente regulación legal y las malas practicas, por no decir otra cosa, que ello permitía. Como estaba en marcha aquella Reforma aprovechábamos la ocasión para pedir desde este humilde sitio que se abordaran las asignaciones a los grupos municipales. Al fin y al cabo, si lo que se pretendía era, entre otras cosas, poner orden en las liberaciones de concejales y sus emolumentos y en los cargos de confianza, entendíamos que de la misma naturaleza de fines participaba la cuestión para la que demandábamos una mejor regulación.

Como todos sabemos, el articulo 73.3 de la LRBRL, que regula las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales, no fue objeto de modificación. Nos quedamos como estábamos.  Ya después, la precampaña y en la campaña electoral de estas ultimas elecciones todos los partidos y agrupaciones proclamaban a los cuatro vientos la transparencia como un valor supremo de su futuro gobierno. Todos hemos percibido en esta campaña electoral pasada que los candidatos se han preocupado más de la forma en la que ha de gobernarse, que de las prioridades y estrategias de la acción de gobierno a desarrollar si recibían la confianza de los vecinos. Lo cierto es que por el signo de los tiempos y por la música que hemos oído desde todos los puntos cardinales de la política, llegamos a creer que el mismo pudor que se notaba en la clase política para tratar sobre sueldos, liberaciones y demás recursos económicos para el ejercicio de la política, llegaría también a las asignaciones económicas a los grupos políticos municipales. Que igual que se conocen los sueldos de los políticos -en esta especie de concurso extraordinario y ocasional para ver cómo se hace esto de la política más difícil, es decir, quién tiene los sueldos más bajos- íbamos también a saber qué asignaciones se hacen a los grupos, en qué se lo gastan y demás extremos que la gente quiere saber y tiene todo su derecho a ello. Pero lo cierto es que una cosa es predicar y otra muy distinta es dar trigo.

A un mes ya de la constitución de los ayuntamientos, con sus acuerdos de organización y funcionamiento adoptados, si queremos saber qué ha pasado en cada ciudad con las asignaciones económicas a los grupos municipales, qué cantidades se han acordado repartir, qué criterios de reparto ha habido y otros extremos como los criterios de justificación, tenemos que acudir a la forma tradicional para saber. Es decir, estar informado por los medios de comunicación de lo que buenamente nos informen. Hay algunos ayuntamientos que tienen alguna información institucional al respecto, pero la inmensa mayoría no tiene colgados los acuerdos adoptados sobre esta materia en sus sitios, para que la gente consulte en su pagina web y de una manera sencilla pueda saber.

Pudor en informar
Parece una ironía que en las paginas institucionales de grandes ciudades, en el sitio de referencia -gobierno abierto, portal de transparencia o cualquier otra terminología similar que utilizan- parece como si lejos de sentir algún pudor por la falta de información, de manera irónica nos informan de lo bien situada que está su institución en cualquier ranking de cualquier organización que califica la transparencia. Los medios nos van informando de lo que pasa en MalagaLogroño, Badajoz o cualquier otra ciudad. Mientras tanto, también observamos cómo se nos informa de los resultados de una mala regulación que a veces queda a expensas de la moralidad del concejal en cuestión, como este caso que cuentan de Getafe.

La obligación legal de informar desde la propia institución, de una manera clara y accesible está fuera de toda duda de la lectura del articulo 8.1 c) de la Ley de Transparencia. Y ello sin perjuicio de otras disposiciones autonómicas que contienen mandatos legales mas exigentes.

En cualquier caso y al margen de esta lamentable y cínica situación, desde el punto de vista del régimen jurídico propiamente dicho de estas asignaciones, señalaremos dos sentencias que vienen a aportar argumentaciones a los operadores jurídicos que han de enfrentarse al informe y control de estas aportaciones.

La primera de ellas es la Sentencia del T.S.J. del País Vasco, de 23 de mayo de 2011, confirmada en casación por el Tribunal Supremo en Sentencia de 3 de julio de 2012, en la que deja claro que el régimen de retribuciones del artículo 75 de la LRBRL no puede mezclarse ni confundirse con las asignaciones a los grupos que contempla el artículo 73.3 de la LRBRL y por ello no pueden destinarse estas cantidades a retribuir en modo alguno a los concejales del grupo. De igual manera deja sentado que los concejales no adscritos no pueden percibir ninguna cantidad proveniente de las asignaciones contempladas en el articulo 73.3. Esta sentencia, por su claridad, conviene tenerla a mano.
La segunda de ellas, se refiere a una cuestión que ocasionará bastantes vicisitudes esta legislatura: la pertenencia de los concejales a los grupos. Hay muchos gobiernos que dependen de pactos o de simples apoyos, sin pactos de gobierno, que dependiendo de la evolución política puede modificase la composición de los grupos. La expulsión de un concejal del grupo al que pertenece es revisable ante la jurisdicción contenciosa, si bien el Tribunal Supremo en su sentencia de 8 de febrero de 1994 cuenta con un voto particular que se decanta por la jurisdicción civil.