martes, 2 de septiembre de 2014

La CNMC publica un Informe sobre los Pliegos para el Acuerdo Marco para suministro de mobiliario general y especializado

 Se pretende que la AGE acceda a un suministro más eficiente de estos servicios minimizando las distorsiones sobre la competencia.
 
El Consultor-La Ley- CNMC. Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) publica un Informe sobre los Pliegos para celebrar el Acuerdo Marco para los suministros de mobiliario general y especializado, donde efectúa una serie de recomendaciones desde la óptica de la competencia efectiva y la regulación económica eficiente.
 
El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LA LEY 21158/2011) (TRLCSP), establece en su artículo 206.3 la posibilidad de un procedimiento de contratación centralizada en dos fases. En la primera se adoptan los tipos contratables para cada clase de bienes o servicios mediante un acuerdo marco o un sistema dinámico, mientras que en la segunda fase se convoca a las partes a una licitación para la contratación específica dichos de los bienes o servicios.
 
La CNMC valora las iniciativas dirigidas a lograr una mayor eficiencia en la utilización de los recursos públicos y efectúa una serie de recomendaciones para mejorar este Acuerdo Marco para la adopción de tipo de los suministros de mobiliario general y especializado (muebles de oficina en general, sillería, estanterías, mobiliario de laboratorio y clínico o geriátrico). Se pretende que la Administración General del Estado acceda a un suministro más eficiente de estos servicios, salvaguardando el bienestar general y minimizando las distorsiones sobre la competencia.
 
Entre estas recomendaciones cabe reseñar:
 
- La sustitución del Acuerdo Marco por un sistema dinámico de contratación. En los Acuerdos Marco se produce un cierre efectivo del mercado a la libre competencia durante el plazo de vigencia (en este caso 1 año, con posible prórroga de 6 meses), por lo que la Administración puede no beneficiarse de todo el potencial de eficiencia en los contratos de la segunda fase. En un sector donde la rotación de empresas es elevada (como es el caso de la distribución comercial de muebles), ese cierre del mercado tiene un efecto particularmente dañino sobre la competencia y la eficiencia. Por tanto, es aconsejable optar por un sistema dinámico de contratación, donde no se contempla dicho cierre temporal del mercado.
 
- La necesidad y proporcionalidad de los criterios de solvencia, de forma que no se erijan barreras de acceso injustificadas a la licitación. Por ejemplo, el criterio de un volumen de negocios superior a 1.000.000€ en alguno de los últimos 3 años se antoja excesivo, dado que los contratos en segunda fase serán muy variados y es muy posible que muchos se adjudiquen por importes inferiores a dicho umbral. Además, ese umbral supondría excluir a muchas empresas dado el tamaño medio de las mismas en este sector.
 
- Criterios de adjudicación del acuerdo marco. Resulta difícil de justificar que no se utilice el criterio del precio, más aún si se tiene en cuenta que el acuerdo marco pretende una mayor eficiencia en la gestión de los fondos públicos y dada la especial garantía de objetividad que el mismo ofrece. Por ello, se recomienda su inclusión y con una ponderación mayoritaria. Respecto al resto de criterios, uno de ellos podría reformularse para evitar que se traduzca en una barrera a la competencia. Se trata del número de provincias en las que se dispone de asistencia técnica propia o concertada. Este requisito puede primar a ciertos operadores sin que sea del todo necesario para una prestación adecuada del suministro. Por ello se podría reformular como el tiempo máximo de respuesta al que la empresa se compromete a prestar asistencia técnica.
 
- Contratos basados en el acuerdo marco. En primer lugar, se ha establecido un sistema competitivo de licitación diferente dependiendo de si el contrato basado en el acuerdo marco está o no sujeto a regulación armonizada. Se recomienda extender el sistema abiertamente competitivo de los sujetos a regulación armonizada a los dos tipos de contratos contemplados. Asimismo, se recomienda la potenciación del criterio del precio en la adjudicación de los contratos, pues es la variable objetivable por excelencia que mejor asegura un trato justo y no discriminatorio e incentiva la eficiencia y la competencia.
 
El ámbito subjetivo del acuerdo marco está compuesto por la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, pero podrían incorporarse las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales (y sus Organismos autónomos y entes públicos) y las sociedades y fundaciones y los restantes entes, organismos y entidades del sector público
 

lunes, 1 de septiembre de 2014

Gijón: 11 y 12 de septiembre: "El proceso de transformación para la Administración del Siglo XXI".

 El Ayuntamiento de Gijón organiza las Jornadas de Innovación en Gestión Pública que se celebrarán los próximos 11 y 12 de septiembre bajo el lema "El proceso de transformación para la Administración del Siglo XXI".
 
Estas jornadas, dirigidas preferentemente a Habilitados Nacionales, a cuerpos de gestión de los grupos A1 y A2 y profesorado y estudiantes del Grado de Gestión y Administración Pública, nacen como punto de encuentro de profesionales del sector público para el análisis de los temas de actualidad relacionados con la administración electrónica.
 
Gestion Innovacion PublicaEste año la temática de las jornadas abordará cuestiones como los retos a los que la administración pública se enfrenta cada día que se han de implantar para prestar servicios del siglo XXI a la ciudadanía y empresas. Cuestiones sobre el buen gobierno, la transparencia, los datos abiertos, la nueva ley de procedimiento administrativo, la contratación y la facturación electrónica  y la nueva instrucción del modelo normal de contabilidad local también serán debatidas a lo largo de las exposiciones que se sucederán en esta primera edición.
 
El día 11, jueves,  tras la inauguración,  Manuel Arenilla, Director del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP,  hará una exposición sobre los retos a los que se enfrente al administración pública de hoy. A continuación intervendrá  Fernando de Pablo, Asesor en Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración, que expondrá las medidas de reformal de la administración local. Tras una breve pausa,   Mª Ester Arizmendi, Directora General de Modernización Administrativa, Procedimientos eImpulso de la Administración Electrónica, abordará la nueva ley de procedimiento administrativo. Los contenidos de la mañana del día 11 se completan con una mesa sobre contratación electrónica, donde Carlos Galán, Abogado especialista en TIC’s y Doctor en Informática, centrará su intervención en la visión jurídica de la contratación electrónica, y a continuación se expondrán las experiencias prácticas en esta materia de la Universidad de Almería y del Ayuntamiento de Gijón. Por la tarde, se desarrollará una mesa de debate en la que destacados profesionales y profesores expondrán las tendencias y posibilidades de mejora en el campo de la transparencia, participación y rendición de cuentas.
 
El día 12, viernes.  Elena Mª Estrada, seguida por Juana Mª Zurbano, realizarán una exposición de los objetivos de la ICAL 2015 y sobre la implantación de los costes e indicadores de gestión en la actividad administrativa. A continuación, y para finalizar las jornadas, Pablo de Amil, Jefe de Área de Informática de la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, junto a Dña. Susana Alonso, Responsable de Proyectos de Modernización del Ayuntamiento de Gijón, hablarán sobre la Facturación Electrónica y el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas FACe.
 
Consultar programa completo.
 
Nota: Estas jornadas, están dirigidas preferentemente a Habilitados Nacionales, a cuerpos de gestión de los grupos A1 y A2 y profesorado y estudiantes del Grado de Gestión y Administración Pública. Todos aquellas personas inscritas que no se encuentren en estos grupos pasarán a la condición de reservas y su inscripción será confirmada al cierre del periodo de inscripción.

viernes, 29 de agosto de 2014

I Congreso Internacional sobre calidad democrática, buen gobierno y lucha contra la corrupción’

Valencia. 27 y 28 de Nov. 2014. Organizado por la Universidad Cardenal Herrera- CEU y la Asociación Valenciana de Polítólogos AVAPOL
 
Avapol- La sociedad española se está transformando, por ello una evaluación sobre los balances de la ‘calidad democrática’ de nuestro sistema, se hacen necesarios para comprender las nuevas demandas ciudadanas.
 La crisis económica de 2008, ha despertado la conciencia cívica de la ciudadanía y ha puesto en tela de juicio el sistema actual, de ahí la importancia para aprovechar este momento para impulsar un cambio en nuestra democracia. Es el momento de atajar todas las reformas pendientes que quedaron en la etapa de la transición a la democracia e innovar en materia de políticas públicas. 
 
La base para acometer esta gran transformación de nuestras instituciones y sociedad, consideremos que es el ‘buen gobierno’. Desde la esfera pública más cercana a los ciudadanos, que es la esfera local, es donde empieza este proceso. Un cambio en la forma de gobernar los territorios, junto con una mayor involucración de actores en el proceso de elaboración de políticas puede contribuir a regenerar nuestro sistema democrático y adaptarse a los cambios que exige la ciudadanía.

Escándalos
Por último, los escándalos de corrupción que han saltado a la luz en los últimos años han demostrando que nuestro país tiene un importante déficit de control y prevención de la ‘lucha contra la corrupción en España’. Ello ha contribuido a que la percepción de la profesión política tenga una muy baja consideración por parte de la ciudadanía española. El descontento y desafección de nuestra población respecto a nuestras instituciones es latente. Por ello el debate sobre la lucha contra la corrupción no lo podemos obviar, es la base para la calidad democrática, justicia social y desarrollo económico.
 
El ‘I Congreso Internacional sobre calidad democrática, buen gobierno y lucha contra la corrupción’, organizado por la Universidad Cardenal Herrera- CEU y la Asociación Valenciana de Polítólogos AVAPOL tiene como pretensión generar debate, análisis y propuestas ante los retos que exige la situación actual de los países occidentalizados.
 
Se trata de poner sobre la mesa la situación actual, retos y oportunidades, sobre las tres materias que compondrán los ejes de estudio:
 
-Calidad democrática -Buen gobierno-Lucha contra la corrupción 
 
Es por ello que los organizadores del congreso hacemos un llamamiento público a los especialistas, profesionales, cargos electos y académicos para proponer diferentes temas de análisis y debate, en forma de comunicaciones, que se podrán presentar durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2014.
 

jueves, 28 de agosto de 2014

Andrés Morey: ¿Son las autonomías el problema?

"La dirección administrativa en España bien es política o bien está politizada y siempre corresponde, como en toda organización, a personas y se desenvuelve dentro de un sistema, bien diseñado legalmente, o bien corrompido"
 
Tu Blog la Administración Pública. Andrés Morey. En estos momento que creo que cabe considerar como de crisis general, si bien parezca que sólo interesa políticamente hacer referencia a los aspectos económicos, las elecciones europeas han introducido un pequeño cambio y los partidos políticos que aspiran al poder proponen cambios constitucionales, principalmente en lo que se refiere a la organización del Estado.

Y es común que esa propuestas afecten al Capítulo III del Título VIII de la Constitución, ya que es común considerar que los problemas políticos actuales se solucionarían cambiando el actual y denominado como Estado de las Autonomías, en especial por lo que respecta a las Comunidades autónomas, sin perjuicio de las reformas que se puedan considerar respecto de la Administración Local.

 En estas propuestas hay dos vías distintas y contradictorias, una que propone avanzar hacia un Estado Federal que no se concreta o describe, pero que apunta a una reducción respecto del número de las actuales comunidades autónomas y a una asimetría entre los estados que las sustituyan. Esta postura considera, en el fondo que el problema político son los nacionalismos y que con el federalismo tendría solución. Son muchos los aspectos que no se desarrollan y, por tanto, mucho camino el que quedaría por describir y delimitar. La otra vía o propuesta, tiene una base más de carácter económico y considera que hay que reducir la administración autonómica o más bien regresar a un Estado centralizado. Sigo, pues, más detenidamente examinando esta postura, ya que es más próxima a los problemas administrativos que puedan existir en la actualidad. No obstante, es posible que se reiteren cuestiones ya analizadas en otras entradas, principalmente en la diez dedicadas a los males de la Administración española  y desarrolladas desde el 7
 de diciembre de 2012 a 20 de enero de este año 2014. Para completar y tener una visión más concreta de lo que aquí se va a tratar, la relectura de estas entradas puede ser ilustrativa y complementaria.

Motor del gasto público
En la segunda postura se considera que las Comunidades autónomas son el motor del gasto público y el incremento de éste exagerado y que si desaparecieran aquéllas este gasto se reduciría y la racionalidad en general se produciría con mayor seguridad. Retornamos, pues, a uno de los problemas más discutidos desde el siglo XIX a la actualidad: las ventajas e inconvenientes de la dicotomía entre centralización o descentralización, tema que también ha sido desarrollado detenidamente en este blog. Pero lo principal en este problema actual respecto de las autonomías es que éstas no son sólo una cuestión administrativa sino que lo es también y básicamente de carácter político, ya que la estructura de las Comunidades autónomas cuenta con instituciones de naturaleza política, en especial porque cuentan con Asambleas legislativas o un poder legislativo en el ámbito de sus intereses y subordinado al poder legislativo estatal o general y común.
 Con los límites que el propio concepto de la autonomía implica y de la estructura española del poder judicial, se puede decir que las comunidades autónomas son casi unos pequeños estados y que no se pueden considerar como tales por no ser soberanas. Pero es que hoy en día hay que revisar la idea que se tiene de la soberanía pues las organizaciones supra estatales la han cambiado y la subordinación de unos ordenamientos jurídicos a otros resulta ya algo normal. Este hecho hace que sea necesario considerar el verdadero alcance que tendría el poder legislativo de las comunidades autónomas y si es realmente necesario todo el aparato organizativo que ha surgido a su alrededor y cuáles son los intereses verdaderamente propios y particulares que pueden apoyar y justificar su existencia. Esta cuestión creo que hace que se hagan presentes más los aspectos administrativos de esta organización territorial del Estado. En resumen, a la vista de lo que resulta de lo antedicho, desde el punto de vista del gasto público o de la necesidad, es cierto que esta parte legislativa de las comunidades autónomas podría ser objeto de crítica y revisión y que su necesidad podría quedar en entredicho, pero es claro que para muchos ello implicaría una vuelta atrás y, por ello, hay un problema político de fondo y la necesidad de un cambio constitucional.

Pero quizá esto no resultaría un problema si la realidad no fuera la del gasto público desorbitado que la organización territorial del Estado español ha producido en estos años desde la Constitución española de 1978 y si este gasto es producto de esta organización o no y si es cierto que el problema económico nace de la misma y en especial de las comunidades autónomas. Y aquí en este punto, al margen, de la cuestión apuntada respecto del verdadero alcance de la organización  política que he señalado, es donde hay que centrarse, pues desde el punto de vista administrativo parece que la descentralización era y es una necesidad evidente y que tanto ha de desarrollarse sea con una centralización política como con una descentralización de este tipo. Y, entonces, la pregunta es si como organización administrativa las comunidades autónomas son las responsables del gasto y el problema actual y creo que la respuesta ha de ser que no. Este tipo de organización administrativa no es en sí misma  la causa y que ésta hay que buscarla en los responsables de dirigirla o en los que tienen la responsabilidad política de diseñar su organización, sus estructuras y las políticas públicas a desarrollar y la aprobación de los presupuestos correspondientes y control del gasto público. Surge, pues, como causa, el gobierno y no la administración.
 
Sistema corrompido
La dirección administrativa en España bien es política o bien está politizada y siempre corresponde, como en toda organización, a personas y se desenvuelve dentro de un sistema, bien diseñado legalmente, o bien corrompido. El gasto crece si se gobierna mal o se diseña una administración que no es tal, sino que sirve a los intereses de partidos y burócratas no profesionales y que ha de sostener estructuras burocráticas de organizaciones no propiamente administrativas, sino de los partidos políticos, sindicatos, empresarios y otros intereses subvencionados con fines espurios y no públicos estrictamente. Y este es el problema básico en España, se ha corrompido el sistema y las organizaciones están al servicio de los intereses de los partidos políticos y de las instituciones por ellos dominadas, sean las que sean. La inmoralidad se ha asentado en todos los ámbitos y ante ella ninguna organización resulta racional o adecuada y mientras ella exista no hay reforma que valga. La verdadera reforma está en su erradicación y en la regeneración moral de los poderes del Estado. Los males los conocemos, falta la voluntad de hacerlos desaparecer y es necesaria la elección de los que sean capaces técnica y moralmente de realizar el cambio.

No, no es el sistema diseñado legalmente la causa, son las personas que lo dirigen los responsables y las instituciones que las mantienen y lo hacen en su beneficio propio. Los cambios que se proponen no son el remedio si persiste la corrupción, la inmoralidad y la apropiación de lo público por los intereses bastardos. Nadie nos habla de esta reforma, nadie propone algo que nos haga ver que, dentro de la legalidad existente o si se quiere con los cambios más necesarios, la vergüenza actual desaparecerá y hombre íntegros y partidos limpios nos dirigirán y administrarán, sin utopías y demagogias engañosas. Nadie, de los que han sido titulares del poder y del gobierno, reconoce ninguna responsabilidad, nadie plantea la regeneración. No son las autonomías el problema, aunque sean un problema entre otros muchos.

Repasen las entradas antes indicadas y verán el cúmulo de males que existen y que, aunque se atribuyan a nuestra Administración pública, realmente lo son políticos y sociales.

miércoles, 27 de agosto de 2014

Competencia pide a la Administración General del Estado un mayor fomento de la transparencia

La Administración General del Estado debe dar ejemplo fomentando la competencia en los concursos públicos que convoque.
 
 Blog esPublico.com. Es la conclusión que se extrae de los últimos informes publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los que ha hecho una serie de recomendaciones para que la Administración haga más transparentes y tenga más criterios de competencia en la concesión de los servicios de limpieza y telecomunicaciones.
 
Por echar un vistazo a los relacionados con las telecomunicaciones, los documentos destacan que en 2012 el gasto en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ascendió a cerca de 1.500 millones, de los que una cuarta parte fueron directamente inversión en teleco. Por ello propone que se cambien algunas de las viejas costumbres que se venían haciendo en la concesión de estos concursos. Por ejemplo: solicita que se hagan más lotes de adjudicación, con el objetivo de que haya más compañías que puedan presentarse y trabajar con la Administración General del Estado.
 
Menos de 4 años
 Además reclama que los tiempos de contratación sean inferiores a los cuatro años más dos de prórroga, ya que produce un cierre en el mercado, generando situaciones de falta de competencia. Y por último, solicita que la AGE no acepte ofertas de servicios integradoras porque de esta manera se pueden producir situaciones de subsidio que ayuden a las operadoras a encubrir pérdidas en determinados segmentos.
 
En cuanto a la contratación de empresas de limpieza, la CNMC considera positivo que se busque el mayor ahorro posible a la hora de contratar estos servicios. Sin embargo, insta a la Administración a que no menoscabe los principios de libre competencia y conurrencia en la presentación de los concursos. Por eso hace una serie de recomendaciones:
  • Que el criterio geográfico no sea el preponderante a la hora de distribuir los lotes. A su juicio es mejor emplear un criterio de número de eficios afectados y la superficie.
  • Analizar la proporcionalidad, necesidad y mínima restricción a la hora de otorgar las prórrogas de los contratos.
  • Reclama nuevos métodos que ayuden a comprobar la solvencia de una empresa, que no sea solo el haber trabajado con anterioridad para otras administraciones.
  • Cuestiona el que se imponga un número de horas mínimas en los servicios, ya que considera que esto puede afectar de lleno a la libertad de organización empresarial.
  • Valora positivamente que se entregue información a las empresas concurrentes sobre la situación del personal que tendrá que ser subrogado en caso de que logre hacerse con alguno de los concursos.

martes, 26 de agosto de 2014

Franciso Longo: Transparencia sin "masterchef"

"En la era digital, la información en poder de las administraciones es también un recurso social extremadamente valioso para la generación de actividad económica"
 
El Periódico. Francisco Longo. Esade. Dos fenómenos de nuestro tiempo están ejerciendo sobre las administraciones públicas una presión desacostumbrada. Por una parte, la tecnología las impulsa a producir y manejar voluminosos conjuntos de datos cuyo procesamiento adquiere un interés social creciente. Por otra, una sociedad crítica y enojada con los comportamientos políticos desconfía cada vez más de quienes la gobiernan. La confluencia de ambos fenómenos ha hecho crecer la oposición a las prácticas opacas y la demanda de transparencia.
 
Nunca antes los poderes públicos habían manejado tanta información, y nunca se habían visto tan urgidos a ponerla a disposición de los ciudadanos. Leyes de transparencia de última generación y consejos independientes de supervisión han aparecido en diversos países. Académicos, think tanks y organismos internacionales como la ONU o la OCDE han extendido los enfoques de gobierno abierto. Diversos rankings miden los avances en esta dirección.
 
La transparencia no es ya solo -siendo esto muchísimo- cuestión de calidad democrática. En la era digital, la información en poder de las administraciones es también un recurso social extremadamente valioso para la generación de actividad económica. La aparición de ecosistemas de programadores, desarrolladores y aplicadores de esa información permite la creación de productos con alto valor potencial de mercado. El éxito de la llamada economía colaborativa se asienta en parte sobre el acceso a esos datos y la posibilidad de su procesamiento y explotación. Por otra parte, de la interacción público-privada construida sobre esos recursos pueden desprenderse importantes mejoras de calidad y eficiencia de los mismos servicios públicos. Son escenarios propicios a la coproducción. El portal Data.gouv.fr del Gobierno francés anima a los usuarios a enriquecer y mejorar los datos disponibles e incluso a introducir datos nuevos.
 
Retórica
La primera reacción de las instituciones ante estas nuevas expectativas sociales es, aparentemente, positiva. Todos los partidos incluyen en sus programas las iniciativas de transparencia y los gobiernos multiplican sus anuncios en ese sentido. No es oro, sin embargo, todo lo que reluce. Con frecuencia, las proclamas se quedan en mera retórica. El programa del PSOE en el 2004 contenía ya la promesa de una ley de transparencia homologable con nuestro entorno europeo que nunca llegó a promulgarse, y la aprobada hace pocos meses a iniciativa del Gobierno del PP ha recibido serias críticas de insuficiencia.
 
 El cambio se hace incómodo para unas administraciones acostumbradas a disponer de la información como si fuera propia. Recientemente saltaba a los medios que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha había hecho desaparecer de su «portal de transparencia», probablemente para maquillar sus listas de espera, miles de citas de resonancias magnéticas pendientes.
 
Y es que la tentación de cocinar los datos sigue asaltando a los gobiernos. Tanto el temor a mostrar la realidad como sus tradiciones de opacidad y hasta la misma obsesión por los rankings les incitan a producir PDF previamente condimentados según el interés de quien manda, o según las preferencias de algunos comensales con acceso a los medios. En este contexto, sorprende la audacia de una experiencia local próxima y reciente.
 
Hace unas semanas, el Ayuntamiento de Gavá puso en marcha su nuevo portal de datos abiertos (Gavaobert.gavaciutat.cat). Soportado por una plataforma Socrata, similar a las de algunas de las principales ciudades norteamericanas, su filosofía es que cualquiera con conocimientos básicos de ofimática pueda trabajar por su cuenta los datos y compartir con quien desee los resultados.
 
 Quien lo visite comprobará que le resulta fácil, por ejemplo, acceder a datos de ejecución del presupuesto hasta el nivel de gasto más desagregado (factura), saber quiénes son los proveedores del ayuntamiento, o lo que se paga por IBI o cualquier otro tributo municipal. En definitiva, puede disponer de la misma información económico-financiera que cualquier concejal. Pero lo más importante no es el contenido sino el origen de los datos: es información en crudo, extraída de modo automático del aplicativo municipal de contabilidad, sin intervención humana alguna.

lunes, 25 de agosto de 2014

Radiografía de la función pública española

El 40% de los empleados públicos españoles supera los 50 años
 
Revista de prensa. El Confidencial. Mujer, maestra y mayor de 40 años. Ese es el perfil tipo del empleado público en España de acuerdo con los últimos datos facilitados por el Registro Central de Personal. El Confidencial ha analizado la estructura de la mayor plantilla del país por detrás de la 'multinacional del desempleo'–, que, tras dos años de pitadas, viernes de luto y mareas negras, se encuentra hoy envejecida y afectada por el lifting al que la han sometido los dos últimos gobiernos.
 
Los recortes se hacen notar. El tijeretazo del Gobierno de Rodríguez Zapatero, mantenido –y aumentado– a lo largo de la legislatura de Mariano Rajoy, ha conseguido que este año el empleo público se iguale al que hubo en los últimos años de la burbuja inmobiliaria. En el tercer año de la crisis se alcanzó el pico máximo de plantilla. Y a partir de ese momento, el número de trabajadores en la 'cosa pública' no ha dejado de bajar, hasta el punto de haber desaparecido 192.977 puestos de trabajo –universidades no incluidas– en la Administración.
 
Adelgazados pero viejos
Sin embargo, no todos los sectores han adelgazado por igual. Según el Boletín Estadístico difundido desde el Ministerio de Hacienda, la peor parte se la han llevado los ayuntamientos y las comunidades autónomas (sobre ellas recae el grueso de trabajadores públicos), que han hecho desaparecer alrededor de 140.000 puestos desde 2010. Los únicos que de momento se han 'librado' del recorte son Policía y Guardia Civil, los cuales se benefician de un ligero aumento (de 137.000 en 2010 a 145.000 en 2014.) Miguel Borra, presidente del sindicato CSIF, denuncia que "muchos de los puestos de trabajo que se han destruido han sido de personal interino de Sanidad y Educación, personal que es necesario, y eso ha provocado una merma evidente en la calidad del servicio".
 
Cerca de un 40% del empleo público en España está actualmente ocupado por personas que superan la barrera de los 50 años. Y por comunidades autónomas, la cantidad de empleados públicos con respecto a la población ocupada es bien distinta. Mientras que en Extremadura y Castilla y León la concentración es alta (uno de cada cuatro trabajadores lo hace para la Administración), en Baleares y Cataluña el porcentaje se encuentra por debajo del 13% (uno de cada ocho).
 
El pasado 21 de julio el diario El País publicó un documento interno elaborado por Hacienda en el que se recogían 255 medidas "de racionalización y mejora del gasto público". El escrito compilaba todas las iniciativas que las comunidades autónomas habían sugerido, por voluntad propia, llevar a cabo para reducir sus cifras de déficit, como la "eliminación de plazas vacantes y no creación de nuevas plazas", la "contención de ofertas de empleo público y no reposición de efectivos" o la "limitación a la incorporación de personal interino", entre otras.
 
Tal y como se observa en el interactivo superior, si tomamos una muestra aleatoria de 100 trabajadores públicos, la mayoría de ellos, 40, serían maestros y sanitarios. A este grueso le seguirían 20 personas empleadas en un ayuntamiento, 8 en una consejería autonómica y 5 en un ministerio. El resto se repartiría, de mayor a menor, en trabajadores de universidad (6), militares (5), guardias civiles (3), policía nacional (3), trabajadores de empresas públicas (2), diputaciones (2) juzgados (2), prisiones (1), Seguridad Social (1), Agencia Tributaria (1) y policías autonómicas (1).
 
El portavoz sindical considera que la percepción ciudadana tiende a confundir los funcionarios de carrera con los puestos de libre designación, y opina que lo que de verdad sobran en España son empresas públicas y asesores. “Por ejemplo, la empresa extremeña PAEXPO-92 S.A. sigue abierta veinte años después del evento de Sevilla, mientras que el Servicio Público de Empleo Estatal está saturado porque funciona, ahora que tenemos seis millones de parados, con menos plantilla que cuando en España había dos millones de desempleados. No tiene sentido”.
 
¿Sobran o faltan?
Si bien es cierto que a lo largo de la crisis el empleo privado se ha destruido a mayor velocidad que el público, contextualizando los datos a nivel europeo obtenemos una tasa de funcionarios por habitante menor que la de la Europa de los 15. Resulta difícil encontrar una estadística fiable que compare el porcentaje de masa funcionarial de cada país. Existe, por ejemplo, un estudio elaborado por la empresa británica DTZ en el que se compara el número de funcionarios de cada región europea con el número de empleos "de oficina" de esa misma región. Así, según ese estudio, regiones como Extremadura y Castilla-La Mancha se sitúan en la misma franja que Grecia y Polonia, donde más de la mitad de los puestos "de oficina" son desempeñados por funcionarios.
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por su parte, dispone de una base de datos con información relativa al empleo público de todos los países del mundo. Según la OIT, en España hay un empleado público por cada 15 habitantes mientras que en países escandinavos como Suecia, Dinamarca o Finlandia la relación desciende a 6, 7 y 8 por habitante. La mayoría de países europeos obtienen mejores resultados que España, que se sitúa en el entorno de países como Portugal y Chipre.
 
Los políticos –se queja Borra– acaban por transmitir el mensaje de que hay muchos empleados públicos. Y pese a que "se llegó al acuerdo para que se nos hiciese una evaluación de productividad", afirma el presidente del CSIF, "han pasado siete años, dos gobiernos de dos colores distintos, y nadie ha hecho nada. Necesitamos un auténtico plan de recursos humanos, pero es que ningún gobernante se ha planteado nunca modernizar la administración pública como una cuestión principal".