Por Carlos Macarell*. Agenda Pública blog-El Períodico.- El sistema de ingresos municipales requiere de una reforma
integral que sitúe a las áreas urbanas en el centro de nuestra estructura
económica, como principal lugar de desarrollo de la humanidad, reforzando su
independencia y autonomía a través de una mayor descentralización fiscal, pero
también innovando en la forma de generar recursos e inversiones.
En general, el sistema actual es insuficiente para poder
desempeñar sus competencias de forma autónoma y efectiva (recursos propios para
lucha contra la gentrificación, por ejemplo), así como para desarrollar las
infraestructuras del futuro, lo que provoca una dependencia excesiva de las
transferencias del estado y del sector privado (big tech), perjudicando de
rebote la rendición de cuentas directa entre la ciudadanía y los
municipios. La jerarquización entre niveles de gobierno para controlar el
déficit y gasto públicos, ha obligado a los municipios a apretarse el cinturón
por encima de los que les correspondería (han sido el nivel de gobierno que ha
incurrido en menores niveles de déficit). Además de la necesidad de trabajar por
una reforma de la financiación local integral que
vaya en la dirección del modelo sueco (por ejemplo) por tanto, la
tecnología jugará también un papel fundamental a la hora de mejorar la
financiación, así como permitir un mayor ahorro de costes en la provisión de
servicios.
Tecnologías como el 5G (que facilitará el Internet de la
Cosas), el blockchain, la Inteligencia
Artificial, así como la gestión de los datos en general para desarrollar
servicios smart, pueden permitir ganar eficiencia y reducir costes en
movilidad, seguridad, compra pública de servicios, procesos administrativos y
un largo etcétera. Si bien la smart city y el aterrizaje de las big
tech en el mundo urbano como paradigma del capitalismo del SXXI ha llegado
para quedarse, cada vez son más
voces alertan sobre la necesidad de politizar el debate tecnológico para
asegurar que la “sensorización” en masa a nivel urbano no sirve en
exclusiva para monetizar nuestros datos (en la nevera, en casa, en el coche, en
la calle, etc.) y permitir así generar más ingresos, así como su capacidad de
desarrollar (casi en exclusiva) la seguridad asociada a la economía digital del
futuro para venderla posteriormente a gobiernos.
Coalición por lo derechos digitales
No se trata de frenar el desarrollo de las tecnologías smart a
nivel urbano, si no de encontrar un equilibrio
entre el desarrollo de infraestructuras digitales que mejoraran la movilidad,
la salud, la eficiencia energética o la seguridad pero que buscan también
monetizar nuestros datos para generar ingresos para las grandes tecnológicas;
con la protección de nuestra la privacidad y soberanía digital. En
este sentido, un grupo de ciudades ha aprobado una coalición por los
derechos digitales en el marco de la Smart City Expo World
Congress 2018, como primeros
pasos del mundo urbano hacia un debate que marcará el futuro de las ciudades y
la economía del sigo XXI. Una colación que busca: garantizar el acceso a
internet y la formación digital; proteger la privacidad, los datos y la
seguridad, así como fomentar la transparencia, la rendición de cuentas respecto
a los datos, los algoritmos y el contenido y establecer estándares éticos y
abiertos de los servicios basados en tecnología digital.
Se trata de encontrar el equilibrio entre el modelo basado
en la monetización del tecno “solucionismo” de Sillicon Valey y la
distopia China que hace realidad la ficción Orwelliana de 1984 (asociando
acceso a servicios con vigilancia tecno-digital). ¿Qué es lo que debemos
dejar monetizar y que no en el espacio urbano y como protegernos del mal uso de
la tecnología digital en detrimento de la democracia? Pero
sobretodo, ¿cómo
encontrar un equilibrio entre los ingresos generados por los datos en
beneficio privado y la capacidad de las administraciones de usar los datos
generados por las infraestructuras digitales del futuro en beneficio de interés
general? En este sentido, la poca capacidad fiscal municipal, así
como el precio de las infraestructuras digitales, fundamentalmente
desarrolladas por el sector privado (Alphabet INC, IBM, Cisco, etc.), requiere
de nuevas formas de financiación municipal y cooperación público privada que
nos permitan adaptarnos a la era de la 4ª revolución industrial, asegurando que
la tecnología esta al servicio de la ciudad y no al revés.
El papel de la tecnología a nivel urbano: por un nuevo
contrato socio-digital
El sector público necesita adaptarse y desarrollar una
estrategia holística, no solo respecto al concepto de smart citiy y
sus implicaciones presupuestarias y financieras, sino también respecto a sus implicaciones
para el contrato social, el estado de bienestar y la relación entre la
explotación de nuevos modelos de negocio a través del big data y la
inteligencia artificial para con la democracia a nivel urbano. Aquellas
ciudades capaces de encontrar fórmulas que preserven la soberanía digital y
redistribuyan los ingresos generados por las nuevas tecnologías, aprovechando a
su vez el potencial de los modelos de negocio basados en tecnologías como el
5G, la Inteligencia Artificial o el blockhain, gozarán de ventajas
comparativas. La ciudad de Viena, por ejemplo, lleva un tiempo desarrollando
(junto con EY) un proyecto de blockchain para
“securizar” documentos.
Más allá de estos primeros pasos, el desarrollo de dicha
tecnología en el futuro a nivel urbano puede permitir (a través de su sistema
de verificación en bloque), que las ciudades se enfrenten mejor, a retos como
la corrupción, la eficiencia energética o el pago de impuestos, así como a
proveer multitud de servicios de forma más barata y segura (energía, transporte
público, etc.) o mejorar la eficiencia en general.
Si bien el blockhain tiene un gran
potencial, también
tiene muchos riesgos y habrá que saber qué no hacer, así como monitorizar si
verdaderamente se trata de un modelo guiado por una fuerte descentralización y
no de un oligopolio.
Por otro lado, el desarrollo de la tecnología
5G (que permitirá potenciar el Internet
de las Cosas y la gestión de los datos a nivel urbano), marcará el
futuro de las infraestructuras digitales urbanas pero también de los nuevos
modelos de negocio en el marco de las smart cities. El reto es encontrar
fórmulas que permitan financiar el desarrollo de tales tecnologías sin incurrir
en costes excesivos para la administración, así como diseñar un marco
equilibrado que beneficie a la ciudadanía (para evitar futuros “Castor”) y a
los inversores privados que facilitan su desarrollo.
Junto con la necesaria reforma de la financiación que dote
de independencia financiera a los municipios a través de mayor capacidad fiscal
(y progresiva), existen diversas formas para poder explotar el potencial
financiero de las ciudades y que profundizan nuevas metodologías y formas de
gobernanza como el New
Localism, el Desarrollo
Económico Local (LED, por sus siglas en Inglés) o el BREEP,
– por sus siglas in inglés- (buscar, investigar, experimentar, evaluar e
implementar) que permiten generar más recursos e inversiones, así como integrar
a distintos actores en el proceso. Dichas metodologías se basan en la
provisión de servicios y el diseño de una gobernanza urbana descentralizada,
basada en la flexibilidad, la actuación en red y el liderazgo urbano (sector
privado, administración pública, universidades, sociedad civil, etc.) que se
aleja de la burocratización, la jerarquización y la compartimentalización administrativo-legal
de la división competencial tradicional, para conseguir dar soluciones
concretas a problemas concretos.
La mejora de la comunicación entre departamentos
municipales, el refuerzo de la capacidad financiera de las ciudades a través de
la microfinanciación, de mecanismos de blending de
instrumentos financieros y de deuda verde (entre niveles de gobierno, empresas,
agencias de desarrollo y bancos públicos para garantizar la seguridad
crediticia a través de colaterales garantizados por agentes fuertes del mercado),
así como la potenciación de la emisión de bonos de impacto social serán vitales
para desarrollar las infraestructuras del futuro. El estado debería potenciar y
facilitar la capacidad de llegar a acuerdos comerciales y financieros de las
ciudades a través de un refuerzo decidido de sus agencias de desarrollo
económico, la creación de aceleradores y bancos de desarrollo públicos locales,
así como reforzando el papel urbano en la escena internacional y en la
diplomacia en general.
Además de la emisión municipal de deuda verde y de impacto
social (para
permitir un cambio de modelo energético y eléctrico urbano que permita ahorrar
costes, por ejemplo), el capital riesgo urbano, una mejor interacción entre
los mercados de capital internacional y local, así como formas innovadoras de
cooperativas digitales y de commons urbanos empiezan a consolidarse
como alternativa a los modelos clásicos de inversión y gestión presupuestaria y
financiera local. El refuerzo de partenariados público-privados en el que se
aseguren contrapartidas claras y garantistas para las administraciones a la
hora de desarrollar las infraestructuras urbanas del futuro (obligar a los
inversores y empresas tech a compartir los datos, cláusulas sobre
privacidad, acceso y explotación de los datos, transparencia algorítmica, etc.)
que permita un equilibrio entre el interés privado y el general.
Los acuerdos, sobre todo en el marco de contratos que
potencian el desarrollo de infraestructuras smart y, sobretodo, los
datos asociados a ellas deben ser claros para
evitar posibles dudas respecto a los objetivos reales de los proyectos desde
el punto de vista de la soberanía digital y la privacidad como es el caso
de Side Walk Labs (en
Toronto) desarrollado por Alphabet Inc. En este sentido, necesitamos abrir
el public procurement para hacerlo más atractivo y transparente y
competitivo a través de iniciativas y plataformas innovadoras como City Mart, que aumentan la cantidad de
competidores y facilitan la interacción entre proveedores de soluciones y
administraciones, así como la entrada de nuevos agentes.
Por otro lado usar el software abierto, así como elaborar
estrategias de formación y empoderamiento digital ambiciosas para poder
aprovechar mejor las capacidades de las personas en el mercado de trabajo
futuro y anticiparnos ante la segregación digital del mundo que viene.
La creación de un ministerio de la ciudad permitiría
desarrollar las condiciones necesarias para acompañar a las ciudades en el
desarrollo de las infraestructuras urbanas del futuro de forma coordinada, así
como garantizar el uso de instrumentos financieros innovadores. El desarrollo
de cooperativas digitales en paralelo a las infraestructuras e ideas smart generadas
por el mercado, así como la privacidad, los datos abiertos, el uso del software
libre o acuerdos claros sobre la explotación de los datos generados por
infraestructuras urbanas digitales serán claves en el futuro de las ciudades.
Por otro lado, deberíamos avanzar en el diseño de nubes de
datos públicos y procesos de democracia digital y datos comunes (DDDC)
(como DECODEben Barcelona por
ejemplo) o el desarrollo de Creative Commons digitales
(para tecnologías y algoritmos que pasen a ser públicos con el paso del tiempo
como las patentes farmacéuticas) y perfiles de datos individuales que las
empresas puedan utilizar pagando una cuota, así como a la administración usar
el big data agregado para contra-restar la velocidad de las ideas e
infraestructuras digitales generadas por el mercado. Mientras que, por otro
lado, tales tecnologías lideradas por la administración permiten a la
ciudadanía participar mucho más del proceso legislativo y político, así como
decidir qué datos comparte y cuáles no.
El debate sobre la necesidad de un nuevo contrato social
apuntado por Joaquín Estefanía en
este artículo que dé respuesta a los 4 elementos disruptivos que han
llevado al agotamiento el modelo de postguerra (tecnología, demografía,
globalización y revolución conservadora) debe incluir también la
robotización/digitalización en su dimensión urbana, como parte del nuevo
contrato social de cara a reconstruir el estado de bienestar. Las elecciones
municipales del año que viene son una buena oportunidad para empezar a
politizar el debate tecno-digital y la necesidad de una reforma de la
financiación a nivel urbano.
El concepto de WISE
CITIES desarrollado por el CIDOB puede ser una buena herramienta para
pensar la smart city desde otra perspectiva en la era de la 4ª
revolución industrial.
*Carlos Mascarell es asesor en gobernanza y ciudadanía del Consejo Europeo de Municipalidades y Regiones (CEMR) en Bruselas.- Politólogo y Máster en relaciones internacionales y estudios europeos por el Instituto Europeo del Centre International de Formation...
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