La situación electoral en España hace prácticamente imposible cualquier reforma. PSOE y PP dependen del voto de los mayores de 65 años, por su peso demográfico y porque su apoyo es mucho más sólido en este grupo que entre los jóvenes
Por Jesús Fernández-Villaverde.- La mano visible.- El Confidencial.es.- Con esta tercera entrada concluyo mi serie sobre pensiones y racionalidad. En la primera entrada, resumí la preocupante situación de nuestro sistema público de pensiones. En la segunda entrada, expuse tres ideas clave: la “hucha de las pensiones” es un fraude contable, el déficit creciente del sistema amenaza con hundir nuestras cuentas públicas y muchas supuestas soluciones (como recortar el despilfarro en el gasto público) no lo son. Si no ha leído esas entradas, le recomiendo hacerlo. Es posible que allí encuentre respuesta a muchas de sus dudas y no repetiré aquí las mismas ideas de nuevo.
El objetivo de esta tercera entrada es doble: primero, justificar que el problema del sistema público de pensiones va más allá de un mero reto presupuestario, pues sus resultados violan principios básicos de justicia intergeneracional, y segundo, proponer reformas que lo encaminen hacia un escenario más sostenible. Estas reformas son económicamente viables y no muy radicales, aunque, me temo, casi imposibles políticamente.
Para ello, contaré con la inestimable ayuda de Jon González, quien publica casi a diario en X datos de la mejor calidad sobre pensiones, distribución intergeneracional y economía española en general. Es una de las (pocas) personas a las que sigo con rigurosa regularidad y recomendaría a todos mis lectores que hagan lo mismo. Además, Jon tiene una página en Substack, La Promesa Generacional, donde desarrolla estas ideas en más detalle. Como ha abordado estos temas con mucha más inteligencia y detalle de lo que yo podría, le pedí que colaborase en esta entrada. Jon, con una generosidad inaudita, aceptó. Por ello, a partir de ahora, cambiamos a la primera persona del plural.
Empecemos con la justicia intergeneracional. En el primer gráfico, presentamos la renta per cápita equivalente por grupos de edad seleccionados empleando datos del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles. Esta renta se calcula a partir de la renta total de los hogares y ajustándola por el tamaño de estos (parte de la tesis doctoral de Jesús fue precisamente cómo efectuar este ajuste por el tamaño de los hogares con cuidado). A partir de este momento, y para ahorrar espacio, renta querrá decir siempre renta per cápita equivalente.
El primer grupo de barras muestra lo que llamamos renta de mercado ampliada: salarios, alquileres, intereses, etc. Simplificando solo un poco, esta es la renta que los españoles reciben antes de impuestos y transferencias públicas.
Como en casi todas las economías avanzadas, la renta de mercado ampliada sigue una curva con forma de joroba a lo largo del ciclo vital: crece con la edad a medida que los trabajadores ganan experiencia laboral (y con ella, mayores salarios) y acumulan activos. La renta de mercado ampliada suele alcanzar su punto máximo alrededor de los 55 años. A partir de ahí, los salarios medios empiezan a descender: muchos trabajadores se jubilan y, entre quienes no lo hacen, reducen sus horas de trabajo. Aunque los ingresos por activos siguen aumentando hasta edades avanzadas, a partir de los 65 años la caída de los ingresos laborales es tan pronunciada que la renta de mercado ampliada disminuye. Por ejemplo, mientras que las personas entre 50 y 65 años tienen una renta media de 32.685 euros, las de 65 a 85 años apenas alcanzan 12.462 euros (calcular esta cifra para los mayores de 85 años es más complejo por razones técnicas).
En el segundo grupo de barras añadimos las prestaciones públicas monetarias, como pensiones, desempleo e ingreso mínimo vital, para obtener la renta bruta. La joroba sigue presente, pero es mucho menos pronunciada: las personas entre 50 y 60 años tienen una renta bruta de 37.309 euros, apenas 6.206 euros más que la de quienes tienen entre 65 y 85 años.
Pero la renta bruta debe cumplir con todas sus obligaciones fiscales: impuestos y cotizaciones sociales. El tercer grupo de barras muestra el resultado de estas deducciones: la renta disponible. Y aquí viene la sorpresa: las personas entre 65 y 85 años terminan con la renta disponible más alta de todos los grupos de edad. Nuestro estado del bienestar, con un sistema fiscal progresivo y transferencias públicas, convierte la joroba en una pendiente.
La situación apenas cambia si consideramos la renta disponible extendida, que incluye prestaciones públicas en especie como educación y sanidad. El cuarto y último grupo de barras muestra precisamente esa renta disponible extendida. Ahora la pendiente es aún más pronunciada: las personas entre 65 y 85 años tienen 1.551 euros per cápita más al año que el segundo grupo con mayor renta, las personas entre 50 y 65 años.
Desde una perspectiva de justicia intergeneracional, ¿alguien cree que este resultado es justo? ¿Por qué quienes tienen entre 65 y 85 años deberían disponer de más renta disponible extendida que cualquier otro grupo de edad?
Planteemos el siguiente experimento: reducir los impuestos a las personas de entre 30 y 40 años y ajustar las prestaciones monetarias de quienes tienen entre 65 y 85 años. Con ello, la renta del primer grupo pasaría de 23.327 a 24.327 euros, mientras que la del segundo se reduciría de 28.569 a 27.860 euros. Este ajuste cumple con tres condiciones clave:
Impacto neutral en la renta total de los hogares en España: dado que hay 5,9 millones de personas entre 30 y 40 años y 8,3 millones entre 65 y 85 años, la redistribución es perfectamente equilibrada.
La sanidad de los mayores permanece intacta: no se recorta ni un céntimo en su atención sanitaria.
Los mayores de entre 65 y 85 años seguirían disfrutando de la renta disponible extendida más alta de todos los grupos de edad en España, con 27.860 euros, es decir, 842 euros más que el segundo grupo con más recursos (las personas entre 50 y 65 años).
¿Quién puede argumentar que la situación actual (23.327 euros vs. 28.569 euros) es más justa que nuestra propuesta (24.327 euros vs. 27.860 euros)? Y antes de que alguien nos acuse de “enfrentar” a un grupo contra otro: los recursos fiscales son los que son. Fantasear con “que todos tengan más” no es una solución, sino simple pensamiento mágico.
Pero lo realmente preocupante es el deterioro de la situación en la última década. El segundo gráfico emplea datos del Instituto Nacional de Estadística para mostrar la evolución de la renta media en España en euros de 2024 para dos grupos: mayores de 65 años y personas entre 18 y 64 años. Mientras que a principios de la década pasada ambas rentas eran similares (en 2010, 15.495 euros para los mayores de 65 años vs. 15.734 euros para las personas entre 18 y 64 años), desde entonces la brecha entre ellas se ha ampliado de forma clara (en 2024, 17.208 euros para los mayores de 65 años vs. 15.161 euros para las personas entre 18 y 64 años).*
España no tuvo más remedio que aplicar un duro ajuste fiscal tras la crisis del euro, con recortes salariales y subidas de impuestos. El gráfico deja en evidencia que este ajuste ha recaído exclusivamente sobre quienes tienen entre 18 y 64 años, cuya renta per cápita en 2024 sigue por debajo de la de 2008. En contraste, los mayores de 65 años no solo han estado completamente protegidos de cualquier ajuste, sino que su renta ha aumentado de manera considerable. Este resultado no tiene sentido.
El resultado de estos ajustes es que, según la Encuesta de Coste Laboral, el salario bruto medio anual de los trabajadores por cuenta ajena al cierre de 2024 era de 27.977 euros. Si se eliminan las cotizaciones sociales, el salario comparable se reduce a 26.169 euros, apenas un 5,8% por encima de la pensión media de jubilación de quienes trabajaron por cuenta ajena, que asciende a 24.727 euros. Dado que el trabajo por cuenta ajena conlleva costes adicionales no reembolsables —como transporte, vestuario profesional y comidas fuera de casa— lo más probable es que la pensión media de jubilación sea ya más generosa en términos reales que el salario medio anual por cuenta ajena una vez descontadas las cotizaciones sociales. Además, mientras que en la última década los salarios han caído un 1% en términos reales (según la misma fuente), la pensión media de jubilación ha aumentado un 16% en ese mismo periodo.
No estamos defendiendo que la renta real de los mayores de 65 años no deba estar protegida en tiempos de crisis. Pero lo que no es admisible es que no solo no asuman ni un céntimo del ajuste, sino que encima lo agraven para los demás al incrementar aún más su renta per cápita.
Nuestros dos gráficos conectan con el argumento de la segunda entrada: imaginemos que, eliminando gasto superfluo, las administraciones públicas logran 50.000 millones de euros adicionales (o la cifra que más rabia le dé al lector). ¿Deben destinarse automáticamente a pensiones? ¿No sería más sensato reducir el déficit público para que los jóvenes enfrenten menos deuda en el futuro? ¿O invertir en vivienda? ¿O en combatir el cambio climático?
Muchos jubilados argumentan que se sacrificaron mucho para que España creciera. Es cierto, pero también emitieron cantidades masivas de CO₂ en el proceso. Por tanto, es razonable pedirles que asuman parte del coste que la transición energética impone sobre el presupuesto público.
¿Qué medidas pueden reconducir el sistema hacia una situación más sostenible presupuestariamente y, al mismo tiempo, más justa intergeneracionalmente? Para no alargarnos en exceso, presentaremos solo cuatro propuestas, pero todas ellas de gran impacto. En los siguientes párrafos, tomaremos ampliamente como referencia la entrada de Jon en Substack, Reforma de las pensiones en España: Propuesta para un sistema sostenible. En esa entrada, el lector interesado encontrará más detalles y medidas adicionales, como la reforma del seguro de desempleo para mayores de 52 años, un tema que, por claridad, preferimos no abordar aquí.
Primero, el cupo vasco y la aportación navarra deben incluir el porcentaje del presupuesto de la Seguridad Social que se financia con impuestos o deuda pública (que, al final, son impuestos futuros). Cuando se diseñaron estos regímenes fiscales durante la Transición, las cotizaciones sociales bastaban para cubrir los gastos del sistema, pero hoy ya no es así. En 2024, el Estado transfirió 54.005 millones de euros a la Seguridad Social (cifras provisionales), un dinero que sale de los impuestos de todos los españoles que no tributan a las haciendas forales. Mientras tanto, los contribuyentes vascos y navarros no aportan ni un solo euro a ese esfuerzo.
Este privilegio territorial no solo es injusto, sino que genera incentivos perversos. Actualmente, los diputados del País Vasco y Navarra pueden votar subidas de pensiones que benefician a sus propios pensionistas sin que sus territorios contribuyan a financiarlas, ya que el sistema está en déficit incluso antes de esas subidas. Para corregir esta anomalía, habría que calcular con precisión qué parte del déficit corresponde a competencias no transferidas (ya que el País Vasco gestiona algunas prestaciones sociales que otras regiones no), pero en términos generales, el País Vasco debería empezar a pagar unos 3.000 millones de euros y Navarra unos 900 millones.
Segundo, la pensión de viudedad necesita una reforma para reducir la dependencia de los supervivientes del sistema público y fomentar su reincorporación al mercado laboral. En las generaciones más jóvenes, con una brecha laboral mucho menor, esta pensión debería limitarse en cuantía y duración mientras la persona esté en edad de trabajar.
Tercero, debemos recuperar un sistema que incorpore explícitamente la relación entre ingresos y gastos en el cálculo de las pensiones. La Ley 23/2013, de 23 de diciembre introdujo dos elementos clave para garantizar un futuro más sostenible: un factor de sostenibilidad que ajustaba la pensión inicial según la esperanza de vida a los 67 años y un índice de revalorización que vinculaba las pensiones a la evolución del número de beneficiarios, su coste y los ingresos del sistema. Aunque no era perfecta, fue una de las pocas reformas estructurales del gobierno de Rajoy. Si se hubiese mantenido en vigor, la situación actual sería muy distinta y esta serie de artículos no sería tan necesaria.
Desafortunadamente, la ley tuvo una corta vida. La Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones derogó el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, sustituyéndolos por el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, una sobrecotización finalista destinada a alimentar un fondo de reserva de la Seguridad Social que, como explicamos en la segunda entrada, no es más que un fraude contable.
La mejor forma de implementar esta reforma es adoptar un sistema de cuentas nocionales similar al de Suecia. Este modelo introduce un registro individualizado de contribuciones, donde cada trabajador acumula un saldo virtual basado en sus aportaciones y en el crecimiento medio de los salarios. La pensión final se calcula en función de la esperanza de vida y del saldo nocional acumulado, asegurando así una vinculación directa entre contribuciones y prestaciones, con una posible corrección para garantizar un mínimo para las pensiones más bajas.
Es importante entender que un sistema de cuentas nocionales sigue siendo público, de reparto y gestionado al 100% por la Seguridad Social. No hay ninguna inversión de las cotizaciones sociales; el sistema simplemente registra cuánto ha contribuido cada trabajador.
Una ventaja clave de este modelo es que crea incentivos claros para retrasar la jubilación a cambio de una pensión mayor. Esto ayudaría a aumentar la edad efectiva de jubilación, algo necesario dada la evolución demográfica. Además, resulta lógico: el nivel de salud medio de una persona de 65 años en 2025 es muy superior al de 1975. Un sistema de protección social debe reflejar este cambio y facilitar (aunque no imponer) jubilaciones más tardías. No tiene sentido, por ejemplo, que un catedrático deba jubilarse obligatoriamente a los 70 años si sigue siendo productivo en docencia e investigación.
El problema de este modelo es que generará pensiones menos generosas que las actuales, ya que buscamos equilibrar un sistema con un déficit creciente. Pero hacer recaer todo el ajuste en los trabajadores jóvenes sería inaceptable: el esfuerzo debe repartirse entre todas las generaciones. Por ello, podemos reintroducir un mecanismo de revalorización progresiva para las pensiones actuales, sustituyendo la indexación automática a la inflación por un sistema similar al de la Ley 23/2013. Este índice consideraría inflación, crecimiento del PIB y el equilibrio financiero del sistema.
Este mecanismo en ningún caso reduciría las pensiones en términos nominales. Sin embargo, dado que la revalorización podría situarse por debajo de la inflación durante la transición, el poder adquisitivo real de los jubilados actuales se ajustaría de forma progresiva y sostenible.
Como con las cuentas nocionales, se podría establecer un umbral mínimo de revalorización (por ejemplo, la inflación) para pensiones inferiores a un cierto nivel (80%-90% del salario mínimo), asegurando que los pensionistas con menos recursos no pierdan poder adquisitivo.
Cuarto, debemos introducir un componente complementario de capitalización dentro del sistema. Esto se puede lograr mediante fondos de inversión colectiva con costes de gestión mínimos. Un buen ejemplo es la mutualidad sin ánimo de lucro para profesores universitarios en Estados Unidos, en el que uno de nosotros, Jesús, participa como miembro.
El objetivo no es generar beneficios para bancos o aseguradoras, sino ofrecer un sistema transparente, seguro y con costes mínimos para el trabajador. Recuperar el espíritu de las antiguas mutuas sociales, pero actualizado a las vidas laborales contemporáneas puede ser una solución eficaz.
Con esto concluimos esta serie de tres artículos. A pesar de haber escrito casi 9.000 palabras (incluidas las respuestas de Jesús a muchos comentarios), no hemos podido abordar todos los aspectos con la profundidad que merecen; eso requeriría un libro entero. Solo nos queda una última reflexión.
La situación electoral en España hace prácticamente imposible cualquier reforma de este tipo, incluso con matices en los detalles. Tanto PSOE como PP dependen del voto de los mayores de 65 años, no solo por su peso demográfico, sino porque su apoyo es mucho más sólido en este grupo que entre los jóvenes, donde otros partidos como Vox han ganado mucho terreno. En el caso del PSOE, este efecto se refuerza por sus preferencias ideológicas, y en el caso del PP, por la ausencia de una visión clara de
¿Qué pasará si no hacemos nada? Hay dos escenarios posibles. El primero es el de la decadencia gradual: seguimos aplicando ajustes parciales mientras la situación de los jóvenes empeora sin cesar. Poco a poco, más y más jóvenes optan por abandonar España para escapar de impuestos asfixiantes o, si se quedan, postergan la formación de hogares, renuncian a tener hijos o simplemente dejan de invertir en su propio capital humano, pues el retorno a esta inversión es prácticamente nulo. Peor aún, los que emigran no son los menos capacitados, sino aquellos con más iniciativa y menos tolerancia hacia el inmovilismo. Con una base impositiva menguante, la única opción es subir aún más los impuestos a los que se quedan, entrando así en un ciclo autodestructivo del que es difícil salir.
El segundo escenario es el del colapso abrupto: una crisis severa -quizás una guerra, un colapso financiero o un shock externo- nos empuja a un ajuste brutal e inmediato, como el que sufrió Grecia durante la crisis del euro. En lugar de reformas graduales y ordenadas, nos veremos obligados a aplicar recortes desesperados, con consecuencias mucho más dolorosas para todos.
El tiempo dirá cuál de los dos escenarios se materializa. Pero lo que está claro es que, si seguimos sin hacer nada, es poco probable que haya un tercero en el que todo se arregla mágicamente.
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