Revista deprensa. El Confidencial.- Rafael Méndez.- Mantener a un funcionario sin trabajo atenta contra
su integridad moral, un derecho fundamental recogido en la Constitución.
Después de seis años de pleitos, el Tribunal Constitucional ha dado la razón a Jaime Nicolás Muñiz, un alto funcionario que pasó
los últimos años de su carrera en un pasillo, represaliado,
sin que el Ministerio del Interior le diera apenas ocupación.
En un fallo que supone una novedad, considera que no hace falta que la
Administración caiga en el hostigamiento para que sea considerado acoso
laboral. El alto tribunal establece que es suficiente dejar a un funcionario en
el pasillo para que se vean vulnerados sus derechos fundamentales.
"Recurrí hasta el final por mi honor pero, sobre todo, en defensa
de la función pública,porque aprecio la carrera a la que he dedicado más de
40 años", explica Nicolás Muñiz, hoy jubilado.
Jaime Nicolás entró como técnico de la Administración
civil del Estado, uno de los cuerpos de alto funcionario, en 1972.
En 45 años en la Administración, ocupó todo tipo de cargos. Con gobiernos de
distinto signo fue letrado del Constitucional, director del Centro de Estudios
Constitucionales, director del Instituto de RTVE,
jefe de gabinete de Francisco Rubio Llorente en el Consejo de
Estado y asesor de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil.
En 2012, tras
la llegada del PP al poder, pasó dos meses en su casa
esperando destino hasta que fue asignado a la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese), de
Interior, el organismo que se encarga de vender solares y cuarteles. En la
práctica, estuvo sin trabajo durante año y medio. Después de pedir tarea de
forma reiterada, consiguió alguna ocupación, pero no mucha. El departamento que
entonces dirigía Jorge Fernández Díaz lo tenía en una lista negra.
"Quizá
trabajo una hora cada 15 días, no llega a uno hora cada día. Pongamos una hora
cada semana. Voy todos los días, cumplo mi horario, voy por las tardes con
regularidad. ¿Qué hago dentro? No me toco las narices: leo, estudio sobre la
Revolución rusa, la Revolución francesa y la Guerra Civil, y he traducido un
libro del alemán, pero no hago crucigramas. Estoy infrautilizadísimo y es
indignante. Me da vergüenza decir las horas que trabajo y que me ocupo de
Habermas y Robespierre. Me da vergüenza aunque no es culpa mía", explicó a este diario en 2017, cuando estaba a punto de
jubilarse.
Entonces
relataba su desazón: "Cada mañana, cuando voy al despacho, entro desde los
ascensores y paso el arco de seguridad. Camino por el pasillo y me ven el
agente de seguridad, la secretaria del director, un funcionario, otro, aquí hay
un gran despacho con varios funcionarios que también me ven. Giro, vuelvo a
girar, vuelvo a girar hasta que llego a mi despacho en el culo del edificio. Al
principio, acojonaba e indignaba. En todos los despachos me veían y pensaban:
'¿Y este tío? ¿Viene aquí a tocarse las pelotas? ¡Será sinvergüenza! ¡Será
fresco! ¿O será realmente un desecho de tienta? ¿Estará para el arrastre, para
el pudridero?".
Lector
voraz, Nicolás aprovechó el tiempo para estudiar. Pero a la vez empezó
a reclamar trabajo. Recurrió internamente en la Administración
apelando al "protocolo de actuación frente al acoso laboral en la
Administración General del Estado". Se trata de un texto aprobado en 2011 que cita como primera
causa de acoso "dejar al trabajador de forma continuada sin ocupación
efectiva, o incomunicado, sin causa alguna que lo justifique".
Jaime Nicolás: "Lo hice por mi honor pero, sobre todo, en
defensa de la función pública, porque aprecio la carrera a la que he dedicado
40 años"
Pero
primero el Ministerio de Interior y después la Audiencia Nacional, el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid y el Supremo consideraron que no tenía razón. El
expediente ministerial fue archivado de plano. La instructora fue Isabel
Borrell, que acaba de ser ascendida a directora del Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP), y consideró que si bien era
cierto que Nicolás no tenía trabajo, "pudo al menos dar su opinión en una
cafetería cercana durante los descansos".
La
Audiencia falló en 2014 que, aunque era un despilfarro dejar
sin trabajo a un funcionario, no había acoso. Señaló que la jurisprudencia califica
como 'mobbing' "toda conducta abusiva o de violencia psicológica" y
que en este caso no se había acreditado "que su situación laboral sea
consecuencia de una persecución de hostigamiento sistemática y planificada, e
injustificada". El Supremo ni admitió sus recursos.
Nicolás
recurrió entonces al Constitucional alegando que se había vulnerado
se derecho constitucional a "la integridad moral".
El alto tribunal solo admite un 1% de los recursos de amparo que recibe, pero
este sí lo aceptó alegando que tiene "especial trascendencia
constitucional porque brinda al tribunal la oportunidad de perfilar la doctrina
constitucional relativa a los derechos fundamentales sustantivos invocados en
asuntos de marginación laboral de empleados públicos".
La
Fiscalía, que en todos los procedimientos anteriores se había opuesto a las
pretensiones de Nicolás, una vez en el Constitucional cambió radicalmente de
postura y decidió apoyar el recurso. Solo la Abogacía del Estado se opuso, pero
lo hizo "sin esgrimir una mínima justificación racional
para esa situación", según relata el Constitucional de forma crítica.
El
tribunal detalla en una sentencia del pasado 6 de mayo a la que ha
tenido acceso este diario que está acreditado que Interior creó un puesto de
vocal para Nicolás "sin definición de un ámbito de atribuciones para
adjudicarlo al actual demandante de amparo, la Administración le mantuvo
durante largo tiempo (año y medio, aproximadamente) completamente desocupado,
sin información sobre sus funciones, sin asignarle tareas y sin convocarle a
reunión de trabajo alguna".
"La
inactividad laboral prolongada a la que fue sometido el trabajador demandante
de amparo involucra inequívocamente a la integridad moral y a la prohibición
de tratos degradantes", un derecho en el que no cabe
"exención o ponderación posible". La sentencia señala que no es el
trabajo del Constitucional "elaborar un concepto de acoso laboral"
sino interpretar los de integridad moral y trato degradante en la
Administración. Aclara que el acoso a los funcionarios no busca que se marchen
del empleo sin indemnización, como ocurre en la empresa privada, sino
represaliarlos por motivos personales o ideológicos.
En este
caso, "la inactividad profesional del demandante no ha sido accidental.
[...] La Administración creó un puesto de trabajo sin contenido para el
demandante y, pese a las quejas de este, no intentó, siquiera mínimamente,
poner remedio a la situación de inactividad laboral". El tribunal critica
que el propio ministerio archivara la queja interna pese a que era el trámite
adecuado para solucionar el problema y lo claro que es el protocolo antiacoso
aprobado en época de Jordi Sevilla.
La
conclusión es que la Administración, "deliberadamente, sin una finalidad y
objetivo legítimo, con abuso de poder o arbitrariedad, marginó
laboralmente al recurrente durante un periodo largo de
tiempo", lo que supone "un claro menosprecio y ofensa a la dignidad
del trabajador" contrario a su derecho fundamental a la integridad moral,
y anula las sentencias y la resolución del ministerio.
El caso
empezó con Jorge Fernández Díaz de ministro
Nicolás
se jubiló en 2017, al cumplir 70 años, y la lucha que empezó en 2013 ya no le
reportará ningún beneficio. Pero el miércoles estaba exultante con el resultado
en el que había vencido, contra todo pronóstico.
"Lo hice por mi honor y, sobre todo, en defensa de la función pública. Yo
aprecio la carrera de funcionario, a la que he dedicado 40 años. Esto abre una
puerta a muchos funcionarios que están apartados en los pasillos y será muy
importante para ellos".
Cuando
cambia el color del Gobierno, es un clásico que altos funcionarios que han
ocupado cargos de confianza se vean arrumbados en los pasillos, a menudo
durante meses en sus casas sin destino. En la Administración es un clásico el
telegrama con el que cesó de embajador en 2012 Juan
Pablo de Laiglesia, hoy secretario de Estado para América
Latina. "Con fecha de hoy ceso en mi cargo de Embajador Representante
Permanente de España ante Naciones Unidas para incorporarme a mi nuevo destino
en el pasillo, aunque, como V. E. sabe, hubiera preferido ventanilla". El
Constitucional acaba de obligar a que todos los funcionarios estén en la
ventanilla.
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