"En Valladolid, el gobierno presidido por el PSOE en coalición con Valladolid Toma la Palabra se hizo en 2017 con la gestión directa del suministro de agua que estaba en manos de una empresa privada desde 1997. El proceso acumula ocho sentencias favorables"
Revista de prensa. El Pais.- El veterano funcionario municipal y
prestigioso jurista gallego Xoaquín Monteagudo acaba de jubilarse tras culminar
uno de los procesos más enrevesados de su carrera: devolver a manos públicas la
gestión del servicio de la grúa y la ORA en Santiago de Compostela. Como
responsable de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, Monteagudo sacó adelante
un voluminoso expediente para cumplir una promesa del gobierno de Compostela
Aberta, una de las candidaturas
de unidad popular que dieron un vuelco al panorama político en España en
las municipales de 2015. “La realidad que me encontré es que la legislación es
mucho más laxa cuando un Ayuntamiento saca un contrato de millones de euros
para la gestión indirecta a través de una empresa privada que cuando se propone
gestionar directamente cualquier servicio pequeño”, concluye desde su retiro.
Tras los escándalos de corrupción y los
conflictos laborales que sacudieron el sector de las contratas municipales
durante la crisis, las denominadas alcaldías del cambio de Madrid, Barcelona,
Valencia, Zaragoza, A Coruña, Santiago, Ferrol y Cádiz prometieron
“remunicipalizar” servicios básicos. Han logrado devolver a manos públicas
aparcamientos, funerarias, teatros, guarderías, equipos de salvamento y hasta
el izado de una bandera que en Cádiz el PP había encargado a una empresa
privada. Pero en la mayoría de los casos, y especialmente en los contratos más
grandes, se han topado con un rosario de atrancos, desde los corsés de las
leyes de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy hasta recursos judiciales de
la patronal CEOE.
La subrogación
de la plantilla de la concesionaria ha sido un importante escollo por
las restricciones a la contratación que impuso el PP y también por los reparos
internos a que esos trabajadores se conviertan en empleados públicos. En
Santiago, el servicio jurídico esgrimió que los cerca de 45 trabajadores de la
grúa y la ORA no suponían en realidad un incremento de gasto para las arcas
locales sino un mero traspaso presupuestario: el dinero que se destinaba a
pagar el contrato con la empresa privada se trasladaba al capítulo de personal.
Y con este argumento logró saltar el muro.
“El núcleo del debate debería haber sido
comparar la eficiencia y la calidad del servicio cuando se gestiona de forma
directa e indirecta, pero al final lo fundamental ha sido cómo hacer para
asumir el personal”, lamenta Monteagudo. Tras superar las trabas legales con
400 folios de informes y los reparos del interventor y del secretario
municipal, el cambio ha entrado en vigor sin ser impugnado por el Gobierno
central, aunque está pendiente de un recurso presentado en los tribunales por
un abogado a título particular, explica el gobierno local.
Madrid
Ahora Madrid llegó al Ayuntamiento con el ojo
de las remunicipalizaciones puesto
en Calle 30, que gestiona la M-30; los contratos de limpieza viaria, recogida
de residuos, mantenimiento de vías públicas y alumbrado; centros culturales,
escuelas de música, gestión de parques y jardines, polideportivos y otros.
Cuatro años después, la realidad queda lejos de las expectativas. Recuperó la
funeraria, "una de las empresas más grandes que se han
remunicipalizado", afirma el concejal de Economía y Hacienda, Jorge García
Castaño, ya que gestiona 14 cementerios, dos tanatorios y dos crematorios. El
Ayuntamiento ha retomado la gestión directa de cinco centros deportivos, cinco
aparcamientos y el teleférico de la Casa de Campo, y el servicio de alquiler de
bicicletas municipales ha pasado a manos de la Empresa Municipal de Transporte.
García Castaño señala algunas trabas
encontradas en el camino. Además de que los contratos de mantenimiento de las
vías públicas, alumbrado y limpieza no expiran hasta el próximo mandato,
"hay restricciones a la contratación de personal porque la tasa de
reposición está muy fijada", dice el concejal. "Madrid ha tenido una
dificultad añadida: con la intervención del Ministerio de Hacienda no tenía
posibilidad de crear empresas públicas nuevas", añade. ¿Fueron demasiado
optimistas en 2015? "Siempre he sido bastante realista. Creo que hay cosas
para las que es mucho mejor la gestión pública y otras quizás no tanto. Se han
dado pasos importantes", contesta.
Barcelona
Ada Colau cierra su mandato cumpliendo con las
municipalizaciones más modestas que prometió en 2015 y con algunas que no había
previsto en su programa. Barcelona en Comú propuso
hace cuatro años remunicipalizar el agua y el servicio de atención
domiciliaria, crear un operador energético verde y recuperar la gestión pública
de varias guarderías. Solo ha cumplido las dos últimas. Ha creado una
comercializadora eléctrica que ha permitido al Ayuntamiento autoabastecerse
y desenchufarse de las eléctricas convencionales. En el caso de las
guarderías, el antecesor de Colau abrió tres guarderías públicas pero externalizó
su gestión. Nada más llegar, el gobierno de Barcelona en Comú internalizó a sus
31 educadoras e hizo que estos tres centros funcionasen como el resto de 101
escuelas para niños de cero a tres años.
Municipalizar el servicio de atención
domiciliaria se descartó por las limitaciones a la contratación. Lo prestan
3.400 personas y cuesta 56 millones de euros anuales. En el caso de la gestión
pública del agua, Colau pretendía incluir el proyecto en una consulta ciudadana
que la oposición vetó inicialmente y luego fue recurrida en los tribunales. La
alcaldesa y las entidades que promueven la gestión pública del agua acusan a la
empresa Agbar de presionar para dificultar la municipalización. Durante este
mandato ha habido otras dos remunicipalizaciones no previstas: las impuso el
grupo municipal de la CUP como condición para aprobar las primeras cuentas de
Colau. Se trata de dos servicios de atención a mujeres, que suman unas 50
trabajadoras.
Valencia
El gobierno local de Compromís, PSOE y
València en Comú (Podemos e independientes) ha recuperado la gestión directa de
algunos servicios. Dos céntricos aparcamientos de 800 plazas han pasado a ser
explotados directamente por el Consistorio. El Ejecutivo de Joan Ribó ha
remunicipalizado el Teatro El Musical -tras el fiasco protagonizado por el
anterior gestor privado, el promotor de espectáculos José Luis Moreno- y el
espacio escénico La Mutant, el Parque Gulliver, los albergues de animales y
tres escuelas infantiles de las 12 de titularidad municipal, concretamente las
que tenían una matriculación más baja. “Si antes costaban unos 300 o 400 euros
mensuales, ahora se paga 32. Además están las becas de comedor”, explica la
concejal de Educación, María Oliver.
Las áreas de Hacienda y de Gobierno Interior
han creado una oficina de control y seguimiento de las contratas municipales
que gestionan los grandes servicios municipales en la tercera capital española.
Ribó anunció hace pocos días que si gobierna impulsará la creación de una
empresa pública comercializadora y distribuidora de energía eléctrica 100%
renovable para impulsar la energía verde y abaratar facturas. En un primer
momento abastecería a los edificios municipales.
Zaragoza
El servicio de atención telefónica, con 14
trabajadoras, ha sido remunicipalizado pero de una manera rocambolesca. Nada
más llegar al gobierno, Zaragoza en Común aprobó retomar la gestión directa del
servicio pero, antes de que entrase en vigor, la medida fue recurrida en los
tribunales por la CEOE. Esta impugnación permitió seguir a la concesionaria
pero, según cuenta el gobierno local, a los dos meses dejó de pagar los
sueldos. “El gobierno de Zaragoza no podía permitir que hubiera unas
trabajadoras sin cobrar realizando su trabajo de atención al teléfono de
información y acordó pagar directamente las nóminas”, explican las mismas
fuentes. Las empleadas reclamaron ante la justicia ser trabajadoras del
Ayuntamiento y ganaron. El 010 lleva un año siendo gestionado directamente y se
han ahorrado 120.000 euros, un 20% del coste, señala el gobierno local.
Galicia
En Santiago, tras recuperar la gestión directa
de la grúa y la ORA, Compostela Aberta promete hacer lo mismo con el
abastecimiento de agua. Desde el gobierno de Martiño Noriega piden al Ejecutivo
de Pedro Sánchez que “facilite que los municipios puedan decidir cómo gestionar
sus servicios”. En A Coruña lleva tres años intentando sin éxito
“remunicipalizar” cinco bibliotecas municipales que estaban en manos de una
empresa privada. La subrogación del personal es el gran atranco. “Ha sido un
trabajo infinito, es unos de los expedientes mayores que he visto”, señala José
Manuel Sande, concejal de Culturas de Marea Atlántica. “Hay una facilidad
insultante para privatizar lo público y unas dificultades inmensas, incluso
internas, para hacer algo sensato”.
El gobierno de Ferrol logró devolver a la
gestión directa el servicio de socorrismo, integrado por 53 personas durante
tres meses al año. Lo intentaron con la recogida de basura. “Entre la
oposición, las grandes multinacionales y la maquinaria administrativa fue
imposible”, afirma el alcalde, Jorge Suárez, de Ferrol en Común. “La
legislación nacida de la crisis beneficia al sector privado, a los grandes
magnates de la construcción que quedaron sin negocio”, añade en alusión a
compañías como ACS, FCC o Ferrovial, que gestionan los grandes contratos.
Cádiz
En Cádiz, José María González Kichi prometió
el rescate de más de 10 servicios municipales entregados a empresas privadas
durante gobiernos del PP. Cuatro años después, su gobierno ha conseguido
rescatar tres, vinculados a los servicios de limpieza, socorrismo y
mantenimiento de las playas de la ciudad. La medida, que ha afectado a entre 30
y 200 trabajadores -en función de si es temporada baja o alta-, fue impugnada
en los juzgados por la Subdelegación del Gobierno, entonces bajo el gobierno
del PP. Cuando los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento, la ya
Subdelegación socialista recurrió la decisión, que está pendiente de sentencia.
Otro de los servicios que González ha
recuperado es el del izado y arriado de la inmensa bandera de España que el
anterior gobierno del PP instaló en un mástil de la plaza de Sevilla. Cada vez
que por motivo de los fuertes vientos que azotan la ciudad había que mover la
bandera, una empresa cobraba hasta 145 euros. Ahora se encarga un operario
municipal. El actual gobierno afirma que si sigue en el poder las nuevas
remunicipalizaciones llegarán solo si existe “respaldo de los trabajadores”
afectados.
Según The Transnational Institute (TNI), un
instituto de investigación social y política con sede en Amsterdam, las
remunicipalizaciones se han extendido en Europa en los últimos años “como una
respuesta a las políticas de austeridad; una reacción frente a los excesos de
la liberalización y el acaparamiento corporativo de servicios básicos”.
En un estudio el TNI cifra en 106 los
municipios de Francia que han devuelto el abastecimiento de agua a manos
públicas, mientras que en 284 localidades de Alemania estas operaciones se han
centrado en la gestión de la energía. En 2017, el Ayuntamiento de Oslo retomó
el control público de la recogida de residuos tras 20 años de externalización.
En España, las remunicipalizaciones de esta
legislatura no son patrimonio solo de las candidaturas de unidad popular. En
Valladolid, el gobierno presidido por el PSOE en coalición con Valladolid Toma
la Palabra se hizo en 2017 con la gestión directa del suministro de agua que
estaba en manos de una empresa privada desde 1997. El proceso acumula ocho
sentencias favorables, según el Ayuntamiento
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