lunes, 10 de septiembre de 2018

Administración sin papel: Vuelva usted...en 2020

El Gobierno prorroga dos años más la puesta en marcha de la Administración electrónica ante la imposibilidad de cumplir el plazo inicial: las instituciones estaban obligadas a disponer de registros integrados entre sí antes del 2 de octubre de 2018

Revista de prensa. El Independiente.- 2 de octubre de 2018, las administraciones públicas tendrían que haber terminado sus deberes y disponer de los registros y elementos necesarios para que la Administración ‘sin papeles’ fuera una realidad en toda España. Un mes antes de la fecha fijada, el Gobierno ha reconocido la imposibilidad de cumplir el calendario y ha optado por retrasar dos años más la puesta en marcha de la Administración electrónica. La duda es si, llegado ese nuevo plazo, quedará al fin implantada o el Ejecutivo de turno tendrá que conceder más margen de tiempo.

Cuando hace tres años se reformó la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se incluyó una disposición final (la séptima) en la que se fijaba para el 2 de octubre de 2018 la entrada en vigor de elementos esenciales para el funcionamiento de una Administración ‘sin papeles’ que, acorde a los nuevos tiempos y al desarrollo tecnológico, facilitara al ciudadano la realización de trámites burocráticos lejos del modelo tradicional. Ese día, todas las administraciones públicas tendrían que tener operativos e integrados entre sí los registros electrónicos de apoderamientos y de empleados públicos habilitados, un punto de acceso general de la Administración y un archivo único electrónico.

Ese plazo no se cumplirá, lo que llevó el pasado 31 de agosto al Consejo de Ministros a tener que aprobar por vía de urgencia un decreto-ley -publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 4 de septiembre y pendiente ahora de convalidación por el Congreso de los Diputados- por el que alarga en dos años más el plazo inicialmente previsto. La vista se pone ahora en el 2 de octubre de 2020, justo cinco años después de que se reformase una de las dos leyes -junto a la del Régimen Jurídico del Sector Público- que el Estado considera pilares del Derecho Administrativo en España.

Dos años más
Tenemos el temor de que, si no se resuelven los problemas que nos han traído hasta aquí, los dos años "no sirvan”, advierte la Asociación Astic
“La adaptación de los procedimientos administrativos y el diseño de procesos de gestión óptimos exige que los desarrollos tecnológicos y jurídicos cuenten con el grado de madurez necesaria para dar satisfacción a este nuevo estadio de desarrollo de la actividad de las Administraciones Públicas”, justifica el texto, que lleva la firma de Carmen Calvo como presidenta del Gobierno en funciones al encontrarse ese día Pedro Sánchez en su gira por varios países suramericanos. Y añade: “En definitiva, la imposibilidad técnico-organizativa de concluir en los plazos inicialmente previstos los procesos de adaptación a la nueva realidad obliga a ampliarlos en este real decreto-ley. Con ello, se trata de implantar estos instrumentos básicos del funcionamiento de las Administraciones conforme a los principios de eficacia administrativa y garantía de los derechos de los ciudadanos y de los operadores jurídicos y económicos en la tramitación de los procedimientos administrativos”.

La dilación de los plazos no ha sido ninguna sorpresa para la Asociación Profesional de Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de las Administraciones Públicas (Astic), que critica que no haya habido una “planificación de recursos humanos y económicos” ni se haya establecido un “mecanismo de seguimiento y control” para garantizar el cumplimiento del objetivo. “En el momento actual, esa prórroga era inevitable. Es el reconocimiento de que no ha sido posible cumplir en tiempo a todos los niveles las obligaciones de la ley”, lamenta Lucía Escapa, presidenta de Astic.

Escapa no oculta su temor de que los dos años de margen que concede ahora el Gobierno para que las administraciones se pongan al día en materia de registros electrónicos para cumplir la ley también se incumpla. “Tenemos el temor de que, si no se resuelven los problemas que nos han traído hasta aquí, los dos años no sirvan de nada. Si tienes un enfermo, no le has puesto tratamiento a la espera de ver si en dos años se ha curado y llegado ese momento tampoco se lo pones es difícil pensar que se va a curar. Es un problema de gestión del cambio y liderazgo al nivel más alto de la Administración”, sostiene.

Sin dotación presupuestaria
La presidenta de Astic censura que, a diferencia de lo que ocurrió cuando en 2007 entró en vigor la Ley de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos -la norma que introdujo en España el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración-, en este caso no se hayan consignado fondos de manera específica ni se haya establecido un plan de seguimiento al más alto nivel para controlar el grado de avance. “Esta ley no ha tenido en ningún momento dotación presupuestaria ad hoc y tampoco se hizo el ejercicio de que, si los recursos no se podían incrementar, se priorizaran frente a otras cosas”, añade.

Desde el Gobierno insisten en que la aprobación de este decreto-ley trata de asegurar que la puesta en marcha de la llamada Administración ‘sin papeles’ se lleve a cabo “garantizando los derechos de los ciudadanos y la seguridad jurídica de los procedimientos”. Lejos del temor de un futuro incumplimiento de los nuevos plazos, desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública -del que depende la Secretaría General de Administración Digital- aseguran a este diario que el texto por el que se amplía la entrada en vigor en dos años más supone “un nuevo impulso a la Administración electrónica al incorporar un plan de acción para garantizar el cumplimiento, la coordinación y refuerzo de la colaboración con comunidades autónomas y entidades locales, desarrollo normativo pendiente, informes de seguimiento, así como análisis de la usabilidad y sencillez de las soluciones de administración digital”.


“El Gobierno tiene el compromiso de impulsar en todo lo posible la digitalización de España, incluyendo la digitalización de sus administraciones públicas. La transformación digital es una palanca clave para la construcción de una economía nacional más sólida y justa para todos y todas”, apostillan. La cuenta atrás hasta el 2 de octubre de 202o ha empezado a correr…



No hay comentarios:

Publicar un comentario