Revista de prensa. Por Bruno Pérez. LaInformación.- El sindicato de técnicos de Hacienda estimó la cifra el
pasado mes de junio: 437. Ése es el número de altos cargos del
Gobierno de España que son cesados y sustituidos por otros considerados más
afines cada vez que cambia el inquilino que ocupa el Palacio de la Moncloa. El
asunto es que esa cifra es sólo la punta del iceberg: entes públicos,
organismos autónomos, órganos consultivos y empresas públicas están
acostumbrados a experimentar intensas rotaciones en sus cúpulas cada
vez que se produce un cambio de Gobierno.
La operación de centrifugado a la que cada nuevo Gobierno
somete a las estructuras del Estado se ejecuta sin evaluación previa alguna y
en muchos casos dinamita planes, proyectos e iniciativas prometedoras y
potencialmente beneficiosas para el funcionamiento de la Administración o,
incluso, del país en su conjunto, por el simple hecho de haberse impulsado bajo
un gabinete de otro color político.
Desde organizaciones como la Federación de Asociaciones
de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) - una
suerte de 'patronal' que aglutina a las organizaciones que representan a los
cuerpos de élite de la Administración - se ha venido cuestionando
históricamente esta práctica, pero ahora los altos funcionarios del Estado
parecen dispuestos a ir un paso más allá y han alcanzado un acuerdo sin
precedentes para plantear de manera formal al Gobierno una propuesta que
ponga fin a la 'purgas' de directivos públicos que se desencadenan
tras cada cambio en La Moncloa, según han confirmado a La Información fuentes
conocedoras de la propuesta.
El tema no es menor e
incluso ha sido 'denunciado' por la OCDE. Los altos funcionarios del Estado no
solo están expuestos a los cambios de Gobierno también a otras situaciones como
se ha visto en la reciente
dimisión de la directora general de Trabajo, la inspectora de
Trabajo, Concha Pascual, presionada desde su propio Ministerio para
replantearse el cargo tras dar trámite - aparentemente de forma correcta - a la
autorización del sindicato de trabajadoras sexuales, lo que generó un problema
político al Ejecutivo.
El planteamiento viene avalado por las organizaciones
representativas, entre otros colectivos, de los abogados del estado, los
inspectores de Hacienda, los auditores del Estado o los diplomáticos y parte
del principio fundamental de 'blindar' a los directivos públicos frente
a los avatares del ciclo político.
Una Autoridad Independiente para nombrar a los directivos
públicos
Tal situación no se hubiera producido en el esquema que
plantean las organizaciones de cuerpos superiores del Estado. En primer lugar
porque su mecanismo de nombramiento sería diferente. Según las fuentes
consultadas, los altos funcionarios proponen la constitución de una
Autoridad Independiente, al estilo de la que ya existe en Portugal, que se
encargaría de seleccionar la terna de aspirantes al cargo de entre
los funcionarios con una carta de servicios más brillante. El nombramiento
definitivo seguiría dependiendo del ministro o ministra de turno, pero se
aplicaría un filtro de entrada para evitar que cualquiera pueda acceder al
cargo, con independencia de contar o no con los atributos para el mismo.
Su cargo, además, no estaría sujeto a mantener la confianza
de sus superiores, sino que vendría acompañado de una suerte de 'carta de
servicios' en la que se detallarían los objetivos políticos y de gestión
definidos por los responsables del Ministerio para ese cargo concreto y a
partir de los cuales se mediría el éxito o fracaso de su desempeño.
La otra base de la propuesta, de hecho, es la delimitación
de las causas por las que un directivo público puede ser cesado. El
objetivo de este planteamiento es eliminar incertidumbres en el ejercicio del
cargo y desvincular la figura del directivo público de la del 'cargo de
confianza'.
Los motivos de cese serían, básicamente, tres: la comisión
de un delito (la misma causa que puede hacer perder su condición a un
funcionario), el incumplimiento de la carta de servicios establecida tras su
nombramiento (que se evaluaría por sus superiores y por una Autoridad
Independiente) o la finalización de la vigencia de su cargo.
Aquí, precisamente, figura otra de las grandes novedades del
esquema acordado por las organizaciones representadas en Fedeca, según fuentes
de los cuerpos superiores del Estado: la duración del 'mandato' de los
directivos públicos sería de cinco o seis años - prorrogable en una sola
ocasión - para aislar su función de los ciclos políticos.
La propuesta aún está abierta y no define, por ejemplo, el
perímetro al que se aplicaría. Existe un consenso general entre las
organizaciones de que debería alcanzar a los directores y subdirectores
generales de los Ministerios, aunque también se entiende que el esquema es
exportable a organismos autónomos, agencias, entes públicos e incluso a las
empresas públicas, aunque éstas están reguladas por el marco laboral privado.
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