Por José Ramón Chaves. Blog DelaJusticia.com.- Recientemente comenté que me hubiese gustado que en el flamante Acuerdo del Gobierno con los sindicatos sobre
empleo público, se hubiese incorporado alguna estipulación realista
para el desarrollo de la pieza fallida del Estatuto Básico del Empleado
Público, relativa a la evaluación del desempeño, como eje para facilitar la
promoción, licencias o remuneraciones de quienes desarrollen su labor
cuantitativa o cualitativamente mejor. Y es que si la tripulación está
contenta, la buena singladura está asegurada.
Se trataría de encontrar la llave o receta para poder
evaluar el desempeño de cada puesto de trabajo, tanto para obtener una
mejora de la eficacia de la administración como para incentivar a sus agentes,
y de este modo compensar a esa masa silenciosa de funcionarios que tienen
visión institucional y de servicio público y destierran el “vuelva usted
mañana”, frente a la exigua minoría parasitaria de los han optado por “sacar
oposición y echarse a dormir”, o por encastillarse en la rutina y el
desinterés. El pastor público tiene el deber de evitar que las ovejas negras
mancillen la imagen y el rendimiento del rebaño.
Sé que la evaluación del desempeño es un caballo de
batalla difícil de domar pero me he tropezado con una lectura que ofrece claves
objetivas e ilustrativas de como acometer tan necesaria como difícil labor. Se
trata del estupendo ensayo del profesor Juan José Rastrollo Suárez, titulado “Evaluación del desempeño en la administración: hacia un
cambio de paradigma en el sistema español de empleo público”
(Ed.Tirant lo Blanch,Valencia, 2018).
Veamos una rápida presentación de lo que nos aguarda y de
los peligros de este laberinto de la evaluación del rendimiento.El autor, joven
y versado administrativista, aborda con rigor y valentía la evaluación del
desempeño en las administraciones públicas, partiendo de los principios y metas
que están en juego cuando se trata de evaluar a los empleados públicos: la
eficacia, la transparencia, la buena administración y el derecho de
participación ciudadana. A continuación, como buen explorador de un territorio
asilvestrado, se asoma a las experiencias y modelos de otros países,
singularmente del americano, francés, italiano, alemán y portugués, exponiendo
con frescas pinceladas las técnicas, virtudes e inconvenientes.
Sistemas aplicados en las CC.AA
Sistemas aplicados en las CC.AA
A renglón seguido se adentra en los sistemas de
evaluación aplicados por las Comunidades Autónomas en España con desigual
factura y fortuna.
Y así, mostrando el panorama exterior e interior de la
evaluación del desempeño de puestos de trabajo, la obra nos conduce por un tema
escurridizo tanto a las plumas del Derecho Administrativo como de Ciencias de
la Administración, para desembocar en conclusiones claras y lúcidas.
Entre otras, alza los principios de participación y
transparencia, como clave de bóveda del modelo a implantar. Asimismo, para
evitar alzar puentes en el vacío insiste en la necesidad de establecer
Relaciones de Puestos de trabajo, serias, ordenadas y adecuadas a la realidad,
de manera que se puedan establecer objetivos o pautas de rendimiento.
Como receta frente al subjetivismo de las valoraciones y
evitar el abuso de conceptos generales y difusos por la normativa del ramo,
postula la implantación de Agencias de Evaluación externas, distintas y
distantes de la administración evaluada (estatal y/o autonómicas), bien para
fijar los objetivos o bien para resolver los eventuales recursos frente a las
evaluaciones internas, al estilo del modelo italiano o inglés.
En definitiva, esta obra colma una laguna teórica
importante (pese a las notables aportaciones de Luis Miguel Arroyo Yanes,
Federico Castillo Blanco, Rafael Jiménez Asensio, entre otros muchos más que me
disculparán mi falta de tiempo para leerles o de memoria para recordarles). Y
junto a ello, una laguna de la praxis administrativa porque por mucho
que los políticos incluyan en su programa tal evaluación de rendimiento y la
pidan los propios sindicatos, no es tan fácil su implantación.
Me atrevo a apuntar algunas razones sociológicas de
ser la asignatura fallida.
-Las autoridades dan prioridad a su estabilidad y paz
social y no desean lidiar fuentes de conflicto sobre la función pública. Los políticos
siempre han considerado a la función pública como problema y no como solución.
-Los sindicatos tienden a la aplicación de la
mancha de aceite de la igualdad cuando se trata de mejoras para los empleados públicos
y en armonía con su papel protector, tienden a minimizar las consecuencias
negativas de las evaluaciones. Además cuentan con la dificultad de responder y
dar cuentas ante un doble colectivo con doble rasero, los labores y los
funcionarios, que comparten un mismo patrono.
-Por su parte, los ciudadanos tienden a juzgar toda
la administración y todos los empleados según su singular experiencia, y dado
que normalmente la administración actúa con funciones de policía que limita o
sanciona, o presta servicio público que cuesta ( y es cicatera con el fomento
de incentivos y subvenciones), pues se juzga a la parte funcionarial por el
todo, y así los empleados salen mal parados de la valoración ciudadana.
Baste pensar lo fácil que resultaría evaluar el
rendimiento del personal de un circo: el número de entradas vendidas, la
intensidad y duración de los aplausos, el número de caídas o fallos en la
ejecución del espectáculo, los comentarios de los espectadores a la salida del
circo (críticos o elogiosos), o el criterio del Director del circo, normalmente
alguien que fue artista antes, siempre respetado; ello sin olvidar que los
artistas saben que su futuro profesional en ese u otro circo depende de su
éxito y dedicación, como su movilidad entre las distintas labores del mismo
circo.
En cambio, si vamos al circo de la administración nos
encontramos con una fronda de obstáculos para valorar el desempeño del trabajo:
el indicador de usuarios no sirve porque hay unidades de mucho trasiego
(ej.multas de tráfico) y otras escaso (Ej.gestión del cementerio municipal),
volumen ajeno al interés o rendimiento del funcionario. Los errores del
funcionario o son impunes, o son imputables a la autoridad que resuelve …
cuando quiere resolver y en el sentido que lo hace. Los comentarios de los
usuarios en la calle siguen la leyenda negra de los empleados públicos (leña al
mono, como tuve ocasión de comentar en Los diez pecados capitales de los
empleados públicos, Ed.Amarante,2015). Y además, los directivos
públicos suelen ser reclutados políticamente y con duración temporal. En
esas condiciones…¿quién es capaz de establecer mecanismos de evaluación del
desempeño fiables, serios y rigurosos?, ¿quién le pone el cascabel al
gato?
Pues a tan difícil reto se enfrenta Juan José Rastrollo
en su ensayo, alejándose de la palabrería vacía, de los logaritmos y de leyes
huecas, para centrar el problema en sus justos términos, formular su diagnóstico
y apoyándose en las soluciones comparadas y sus originales reflexiones, ofrecer
recetas que sin duda, serán de inmensa ayuda a directivos, sindicalistas y
responsables de recursos humanos. Enhorabuena, Juanjo.
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