No se ha modificado durante 40 años nada significativo
del andamiaje administrativo en España. Faltan profesionalización,
meritocracia, transparencia, renovación en la gestión de los empleados y
cambios reales en el modelo
"El actual modelo de función pública ya no se puede reformar y hay, literalmente, que dinamitarlo para construir uno totalmente nuevo que abrace, de una vez por todas, la racionalidad y la modernidad"
Por Carles Ramió. El País.- Es cierto que la Administración pública en España hace
años que, con algunas excepciones, ha entrado en la senda de la modernidad en
cuanto a la prestación de servicios públicos de calidad y gestionados de manera
eficiente.
Portada del último libro de Carles Ramió (Tibidabo). |
-La primera
impostura guarda relación con la profesionalización de los directivos de
nuestras Administraciones públicas. Por ejemplo, un ciudadano vota a un
candidato a alcalde porque el personaje le genera empatía, tiene un proyecto
interesante de ciudad y sabe lograr complicidades sociales. Cierto que este
candidato es un pésimo gestor, ya que tiene su negocio próximo a la bancarrota.
Pero esta circunstancia no inquieta al votante, ya sabe que una vez sea alcalde
va a codecidir con funcionarios muy bien preparados y que estos se van a
encargar de gestionar las nuevas políticas. Pero este ciudadano no sabe que
este escenario lógico es excepcional en España. Lo usual es que el nuevo
alcalde decida unilateralmente e, incluso, se ponga a gestionar directamente
las políticas. Es una tradición política en España que los cargos políticos
pueden hacer lo que les venga en gana, ya que pueden cesar discrecionalmente a
todos los directivos profesionales y nombrar a otros funcionarios más afectos y
sumisos. Son usuales estos relevos en cada cambio político, generándose
el efecto Penélope: tejemos durante una legislatura
(o menos) para destejer la noche del cambio de cargos políticos. No hay
continuidad ni aprendizaje institucional y no hay gestión del conocimiento. Con
cada nuevo nombramiento político es usual que empecemos de cero y tropecemos
con las mismas piedras. En este sentido, el mandato legal, de hace casi once
años, de que las Administraciones regulen una dirección pública profesional no
ha sido atendido por ninguna. No interesa ni a los partidos ni a los
sindicatos, ya que unos no quieren perder su discrecionalidad arbitraria y a
los otros les disgusta la disciplina institucional.
-La segunda impostura es la del acceso meritocrático a la
función pública. No todos los empleados públicos acceden bajo los principios de
igualdad, capacidad y mérito. En las últimas décadas ha reverdecido la
tradición de los nombramientos digitales (y no precisamente 2.0). En algunos
casos es directamente clientelismo y amiguismo, pero en la mayoría no suele ser
así. La lógica es que, como el proceso para ocupar una plaza de funcionario es
burocrático y lento (unos dos años, si se alcanza velocidad de crucero, que
nunca suele ser el caso), se suele contratar de manera rudimentaria y
artesanal. Se suele utilizar la técnica de dar voces: “Tú conoces a algún
informático”, va voceando el alcalde, y, cuando alguien responde que sí, hacen
una entrevista al candidato y lo contratan como laboral o como interino. ¿Ha
sido un acto de clientelismo? No, en la mayoría de los casos individuales. El
problema es que contratando a voces, si no se utiliza megáfono, los nuevos
efectivos suelen pertenecer a un determinado círculo social que, además, suele
coincidir con un determinado círculo político. Este sistema rústico de
contrataciones genera que a nivel agregado exista clientelismo social y
político. Y este sistema no ha sido excepcional, sino que de esta manera se han
contratado a centenares de miles de empleados públicos. Por más que se quiera,
con estos métodos no es posible gozar de una Administración profesional y
neutral.
-La tercera impostura es la
transparencia. Desde que tenemos ley de transparencia (hace algo más de tres
años) puede dar la impresión que el problema está resuelto. Nos vendieron la
ley como una apuesta por la modernidad cuando la primera ley de transparencia y
de acceso a la información data de 1766. Cuando nosotros aprobamos la nuestra
hace muchos años que casi todos los países la poseían. En Europa fuimos los
últimos, junto con Chipre, Malta y la Ciudad del Vaticano. Para ser de los
últimos optamos por un modelo retrógrado y conservador. Hemos pasado de la
opacidad a la transparencia traslucida. A un ciudadano le suelen interesar dos
temas: quién toma las decisiones, cuándo, con quién y por qué; y en qué se
gasta hasta el último euro. Hoy por hoy, ambos elementos no están al alcance
del ciudadano. La Administración sigue trabajando como si fuera una logia
masónica, una caja negra impenetrable para la ciudadanía.
Meritrocaria vs amiguismo
-La cuarta gran impostura es la falta dramática de
renovación de su sistema de gestión de los empleados públicos. Es el gran
cuello de botella para lograr una Administración contingente y adaptada a los
nuevos tiempos. Sistemas de selección meritocráticos (cuando hay la suerte de
que se utilicen) propios del siglo XIX. Un caos absoluto en los vínculos
contractuales: funcionarios, laborales e interinos que ocupan idénticos
puestos, pero que poseen derechos distintos. Una ordenación en cuerpos y en
grupos que ya solo responden a una lógica corporativa sin la menor complicidad
con la modernidad. Unos sistemas retributivos desfasados, irracionales e
injustos, a años luz del mercado privado. Un régimen disciplinario draconiano,
pero que jamás se aplica. La falta de diseño de una carrera profesional
(horizontal) y de una carrera directiva. La evaluación del desempeño es un
talismán que no se practica. Finalmente, no se ha diseñado nunca una puerta de
salida del sistema. Se trata de una función pública que literalmente vive en
una burbuja totalmente alejada del mundo real. En cambio, es una burbuja
totalmente abierta a las capturas políticas, sindicales y corporativas. El
actual modelo de función pública ya no se puede reformar y hay, literalmente,
que dinamitarlo para construir uno totalmente nuevo que abrace, de una vez por
todas, la racionalidad y la modernidad.
-La quinta impostura ha sido la
necesidad de impulsar una reforma de la Administración pública en España como
un tema cíclico y recurrente. Desde el primer gran intento serio, impulsado por
el ministro Almunia, pero no secundado por el presidente González, en 1988
hasta la CORA de Sáenz de Santamaría y Rajoy de 2012 en el Estado, pasando por
el proyecto CORAME del País Vasco en 1994 hasta el impulso reformista de
Cataluña de 2013. Todas estas iniciativas, solo por citar las más conocidas,
han resultado ser una gran impostura. Repensarlo todo, querer moverlo todo para
no cambiar nada. Es quizás el ejercicio institucional más evidente, en nuestro
país, de marear la perdiz. No se ha modificado, durante 40 años, nada
significativo del andamiaje administrativo en España.
Carles Ramió es
catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universitat Pompeu
Fabra. Coautor del libro La Nueva Gestión del Empleo
Público (Tibidabo).
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