Antes de que asumiese el poder el 20 de enero, una de las grandes incógnitas de esta la Administración Trump era cuál iba a ser el rol de Elon Musk y de las acciones de DOGE
Revista de prensa. El Confidencial blogs.- Por Argemino Barro. Nueva York.- Antes de que asumiese el poder el 20 de enero, una de las grandes incógnitas de esta segunda Administración Trump era cuál iba a ser el rol de su principal mecenas, Elon Musk. La idea general era que se trataría de una especie de asesor externo. Alguien a quien solicitar consejo en determinadas cuestiones y cuyo rol sería proponer estrategias para hacer del Gobierno federal una entidad más eficiente. Su iniciativa, DOGE, acrónimo en inglés de Departamento de Eficiencia Gubernamental, podría haber sido una consultora que guiara los pasos del gabinete.
Bastaron unos pocos días, sin embargo, para comprobar que el hombre más rico del mundo no había pagado 277 millones de dólares a la campaña republicana para ganarse el derecho a realizar algunas tímidas sugerencias. La gente de Musk se presentó de inmediato en distintas agencias del Gobierno federal, entre ellas la que gestiona los pagos, el Departamento del Tesoro, para acceder a sus bases de datos y comenzar los despidos, todo sin avisar, sin pases oficiales y sin la ratificación del Congreso de EEUU, el órgano designado por la Constitución para ejercer el poder presupuestario y el de crear o desmantelar las agencias que forman el Gobierno.
Las acciones de DOGE suscitan dos preguntas. Primero, ¿está operando de forma legal, habida cuenta de las 46 demandas interpuestas contra las medidas de Trump en menos de dos meses, muchas de ellas relacionadas con DOGE? Y segundo: aún si ignorásemos el aspecto legal, ¿quiere realmente DOGE alcanzar los anunciados objetivos de potenciar la transparencia, eficacia y la prestancia del Gobierno?
Desde el pasado 20 de enero, DOGE, que ni siquiera es un “departamento” (ministerio), sino un órgano creado ad hoc y sin certificación parlamentaria, ha logrado la marcha de más de 100.000 funcionarios federales. Cerca de 70.000 con un despido voluntario ofrecido al principio a toda la fuerza laboral; el resto, unos 30.000, despedidos en seco. Pero los funcionarios, miembros del Servicio Civil, tienen protecciones legales. Como también tienen peso las decisiones parlamentarias.
Por eso, buena parte de las acciones de DOGE han sido paralizadas o revertidas por una serie de dictámenes judiciales: contra los despidos indiscriminados y sin aportar razones, contra las congelaciones del gasto presupuestario y el intento de liquidar agencias federales como la de ayuda al desarrollo, USAID; o contra la opacidad de DOGE, que se ha negado a hacer pública, incluso, su cadena de mando.
Según el portal de investigación ProPublica, ni siquiera los empleados federales que están siendo despedidos o cuestionados saben quiénes están al frente de DOGE. Elon Musk, pese a que reivindica continuamente en su red social las acciones de DOGE, no tiene oficialmente ningún poder. Sobre el papel, la administradora es Amy Gleason, una funcionaria desconocida. Pero es Musk el que da las órdenes y sus lugartenientes, como Steve Davis, viejo colaborador del magnate, los que las aplican. La iniciativa que busca “transparencia” sigue envuelta en el misterio para que nadie pueda obligar a Musk a rendir cuentas ante el Congreso o ante un tribunalLas órdenes de los magistrados, que por ejemplo obligan al Gobierno a volver a contratar a los 30.000 empleados despedidos, no han enfriado los ímpetus de DOGE. Musk quiere echar a 80.000 empleados del Departamento de Veteranos, a 55.000 del Departamento de Defensa y a la mitad de los trabajadores del Departamento de Educación y del IRS (la Hacienda de EEUU). Miles ya han perdido el empleo. Y al estilo DOGE, con estudiantes de ingeniería de veintipocos años que no tienen experiencia alguna, pero que son leales a Musk, montando campamentos en las distintas oficinas y actuando como un ejército de ocupación: exigiendo a los funcionarios que justifiquen sus empleos o que se atengan a las consecuencias.
¿Es efectiva la 'motosierra' Musk?
Con este proceso aparentemente improvisado, sin los contables forenses pertinentes y que ha tenido que revertirse en varias ocasiones para que no colapsaran algunos servicios del Gobierno, Elon Musk quiere aplicar al Estado la misma filosofía que a sus empresas: disparar primero y preguntar después, o, como dice en Silicon Valley, “romper las cosas a toda prisa”. Los jueces que bloquean estas acciones emprendidas en nombre de la eficiencia, calificadas de “farsa” por el magistrado William Alsup, están siendo difamados continuamente por Musk en la red social de su propiedad, X. Como consecuencia, los jueces se enfrentan a “un nivel de amenazas inusualmente alto”, según el servicio de los U.S. Marshal.
Los simpatizantes de Musk restan importancia al hecho de que este no haya comparecido ante los comités parlamentarios que examinan la acción del Gobierno. Y algunos, como dijo el senador John Kennedy, de Luisiana, recurrieron al adagio revolucionario: “Para hacer una tortilla, hay que romper algunos huevos”. Al menos hablan así de cara al público. En privado, los congresistas han transmitido por varias vías a la Casa Blanca la preocupación por los efectos socioeconómicos de los recortes, y ha habido choques entre Musk y miembros del gabinete Trump.
Lo cual nos lleva a la segunda pregunta. Aún en el caso de que Musk y la gente de DOGE estuvieran actuando dentro de los límites que establece la Constitución, ¿cuáles pueden ser los resultados de estos recortes? Los republicanos apuntan al impresionante currículum de Elon Musk, a la creación de la empresa de coches eléctricos, al menos hasta hace poco, más grande del mundo, Tesla; a los cohetes reutilizables de SpaceX o a la facilidad con la que las unidades de Starlink conectan con internet en prácticamente cualquier lugar del planeta. ¿No es bueno que le aplique la “motosierra” al Gobierno para hacerlo más transparente, efectivo y fresco, aunque, por el camino, haya que alborotar y sufrir un poco?
El profesor de Política Americana del Boston College y copresidente del Programa de Gobierno Constitucional de Harvard, R. Shep Melnick, argumenta en un artículo de Quillette que los objetivos enunciados por DOGE son un “fraude”. Lo que los recortes de Musk van a conseguir no es un Estado más eficiente y ahorrador, sino lo contratrio: más ineficiencia, más caos y, además, un coste más elevado.
Para empezar, las iniciativas para reformar el Gobierno federal son muy comunes y populares en Estados Unidos. En el último siglo ha habido 15, emprendidas por presidencias de todas las épocas y colores. Ahora mismo, paralelamente a DOGE, los demócratas también debaten sobre lanzar la suya, a nivel estatal o a nivel federal en el futuro. Las regulaciones medioambientales y de otros tipos se han vuelto tan abundantes, complicadas y pejigueras que ya nadie construye nada: ni viviendas, ni internet de alta velocidad, ni trenes modernos. Lo cual ha tumbado la calidad de vida en feudos demócratas como California o Nueva York. Así que la reforma de la burocracia es algo que goza de consenso a ambos lados de la bancada política.
Lo que ocurre, como dice Melnick, es que estas campañas se topan con una paradoja. El pueblo norteamericano tiende a desconfiar de un Gobierno grande y por eso sintoniza con los intentos de reformarlo y aligerarlo, pero, al mismo tiempo, siente apego y confianza por los programas públicos más caros, que son el Medicare, el Medicaid y la Seguridad Social. Tres programas que suman el 60% del gasto federal.
Esta paradoja indica que, en realidad, más allá de simplificar las regulaciones o modernizar la tecnología de la administración, es muy difícil reducir significativamente el gasto público sin tocar la sanidad pública, que de todas formas sólo cubre a los estadounidenses más humildes (Medicaid) y a los más mayores (Medicaid), y la Seguridad Social. El margen de maniobra para ahorrar, por tanto, está acotado, a no ser que se quieran dinamitar las prestaciones sociales más básicas.
Ahorrar 'calderilla'
Pero esto, según R. Shep Melnick, no es tan dramático. El Gobierno federal no es un mamotreto tan grande, horrible, costoso y despilfarrador como aseguran desde hace tiempo los republicanos. En realidad, los 2,4 millones de funcionarios federales representan una proporción de la población estadounidense menor que la que había en los años sesenta. El sector público federal ha aumentado, pero la población del país ha aumentado todavía más. Y, si comparamos la proporción de americanos que trabajan para el sector público, un 13,41%, es relativamente más baja que la de otros países industrializados. En Reino Unido, son el 23,56%; en Francia, el 20,12%; en Australia, el 28,92%, según datos de la Organización Internacional del Trabajo.
Además, si dejamos a un lado los programas sociales, lo que de verdad le cuesta dinero a los contribuyentes no es el salario de los funcionarios. Este apenas representa un 6,6% de los casi siete billones (trillions) del gasto federal anual. “Despídelos a todos”, escribe Melnick, “y los efectos en el déficit federal serán mínimos”. Lo que cuesta dinero son los contratistas que trabajan con el Gobierno. Entre empresas privadas de todo tipo, hospitales, universidades, oenegés, bancos y un “ejército de consultores”, podemos hablar de unas 20 millones de personas.
El rol fundamental de muchos de esos 2,4 millones de funcionarios federales, además de costear las coberturas médicas y de mandar los cheques mensuales a los pensionistas, es cerciorarse de que esas 20 millones de personas que trabajan para los contratistas no se aprovechan del dinero público. Por eso, despedir a funcionarios puede ahorrar un poco de calderilla, pero abrir las puertas a que las aseguradoras sanitarias o las armamentistas esquilmen al contribuyente.
Caso práctico. En la primera década de este siglo, en una de estas populares iniciativas para recortar el gasto del Gobierno federal, la administración de George W. Bush decidió despedir a 130.000 burócratas del Pentágono. Muchos de ellos se encargaban de negociar y supervisar los contratos con las empresas armamentísticas. El gabinete de Bush pensaba que estos príncipes del papeleo resultaban redundantes y que el Gobierno podría seguir negociando con las contratistas de defensa sin tener que rellenar tantos formularios.
Al deshacerse de buena parte del músculo supervisor del Pentágono, las armamentistas empezaron a sacar partido. Y un misil Stinger, de Raytheon, pasó de venderse por 25.000 dólares la pieza en 1991 a 400.000 dólares en la actualidad. Descontando la inflación, el precio se multiplicó por siete. Una investigación gubernamental de 2015 concluyó que Lockheed Martin y Boeing inflaban las facturas y facturaban unos beneficios del 40%. El despido de 130.000 burócratas había saciado las ansias de recortar el Gobierno, pero había agravado el despilfarro.
“La mayoría de los administradores federales no distribuyen ellos mismos los beneficios y los servicios, llevan a cabo las investigaciones, desarrollan medicamentos, o construyen autopistas o sistemas de misiles”, escribe Melnick. “En lugar de ello, financian a terceros partidos que desempeñan estos trabajos, y se espera que se aseguren de que estos terceros partidos cumplen lo prometido”.
Lo que Melnick y otros expertos en políticas públicas sospechan es que, más temprano que tarde, todos estos golpes de motosierra azarosos, ya que a veces consisten en un email amenazador enviado, con un ultimátum, a toda la fuerza laboral, se van a notar en un desplome de la calidad de los servicios. En cheques que no llegan, tratamientos que no se cubren, facturas infladas, oportunidades de corrupción y cosas todavía más graves, como la posibilidad de que la calidad del tráfico aéreo, dado el despido del 12% de los empleados de la Administración Federal de Aviación, se resienta. Como recoge The Atlantic, el gremio de los controladores está falto de personal y con las expectativas y la moral hundidas.
Hay otro añadido: Elon Musk ha montado su defensa de DOGE con mentiras y cálculos erróneos. “Verificar los detalles de DOGE”, dice The New Republic, “ha revelado que la organización ha confundido miles de millones (billions) con millones, triplicado el ahorro de la suspensión de un contrato, se ha arrogado el crédito de cancelar programas que terminaron en la Administración Bush, y ha dicho que se ahorraron 1.900 millones al acabar con un contrato de la IRS que, de hecho, fue terminado con el presidente Joe Biden”. Una de sus mentiras más pintorescas, sobre señores de 150 años que presuntamente cobraban una pensión, ha sido desmontada numerosas veces. Pero logró colarse en el discurso de Donald Trump en el Congreso.
¿Un genio o un lastre político?
Queda una tercera pregunta: si Musk no está adoptando un proceso de auditoría que identifique los despilfarros y un método para solventarlos, y simplemente está desatando el caos, desmantelando el Gobierno, socavando la confianza de los ciudadanos y probablemente agravando los problemas que él mismo asegura combatir, como el fraude o el despilfarro, ¿cuál es realmente el objetivo de DOGE?
Este es otro misterio para el que, de momento, solo existen hipótesis. Una, que Musk quiere realmente mejorar el Gobierno de EEUU, solo que aplica medidas draconianas más adecuadas para el sector privado. Dos, que, dado que sus compañías más exitosas, que son Tesla y SpaceX, han florecido gracias en parte a los contratos con el Gobierno federal, Musk quiere insertarse todavía más en las estructuras estatales para otorgarse contratos (los Starlink para el tráfico aéreo son un ejemplo) y eliminar, en suma, todos los límites a su enriquecimiento.
A Elon Musk se le está yendo la pinza y no deberíamos tener miedo a contarlo
Tres: estaríamos viendo cómo Elon Musk, enganchado probablemente a la ketamina, que ha reconocido consumir para mantener a raya la depresión, estaría viviendo un colapso psiquiátrico ante nuestros ojos, mostrando comportamientos erráticos y compulsivos hasta el punto de no poder formar una frase inteligible. Destrozando el Gobierno como si fuera un juguete, para apaciguar sus turbulencias internas.
La cuarta hipótesis es la más barajada por los demócratas: Elon Musk sabría lo que está haciendo, que es forzar al Gobierno a funcionar peor para poder decirle al pueblo americano que el Gobierno no funciona, y, así, privatizarlo. A pesar de que Donald Trump ha prometido que no recortará la Seguridad Social, Elon Musk dijo que la SS era “un imán gigante para atraer a inmigrantes ilegales y hacer que se queden en el país”. En un tuit dijo que la Seguridad Social era “la mayor estafa piramidal de todos los tiempos”. En otras palabras: podría estar pergeñando la destrucción del Estado tal y como lo conocemos, y levantar en su lugar una versión pequeña y oligárquica, en línea con las fantasías tecnoautoritarias de su ambiente.
“Estoy seguro de que es un genio. Y de que es una persona muy creíble, aunque solo sea por el dinero que ha amasado”, declaró el congresista demócrata John B. Larson, rojo de furia, la semana pasada. “Pero la riqueza no exime a nadie de rendir cuentas ante el Congreso. Nadie está por encima de la ley. Si es tan genial, si esos planes y todo ese fraude y abuso que ha encontrado son tan evidentes, ¿por qué no está aquí explicándolo? Vosotros sabéis por qué: porque quiere privatizar la Seguridad Social".
Más allá de las preocupaciones morales de los demócratas, atacar a Musk les puede ser políticamente rentable. Una encuesta de la CNN refleja que apenas un 35% de los estadounidenses tiene una opinión positiva de Musk. Su inquieta motosierra, sus tuits, sus apariciones públicas y sus conflictos con el gabinete de Trump, pueden convertirlo potencialmente en un lastre político para la Administración. Pero deshacerse de Musk no sería tan sencillo como decir, a la manera de Trump, You’re fired! El multimillonario tiene el dinero, y el megáfono, a los que agarrarse.
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