El EBEP cumple 10 años… pero los problemas de la función pública permanecen

Abril 2007-2017: Del  EBEP al CORA y de  Zapatero a Rajoy

Por Luis Barbado*.-Tal día como hoy, el 12 de abril de 2007 el Congreso de los Diputados ponía fin a la tramitación de la Ley 7/2007, por la que quedaba aprobado el Estatuto del Empleado Público, el EBEP. El día siguiente veía la luz el texto  en el BOE.

Jordi Sevilla y su sucesora en el MAP Elena Salgado

Impulsada la ley por el ministro Jordi Sevilla, dio la sensación que el gobierno de Zapatero había incluido en su agenda la modernización de las Administraciones Públicas. De hecho se había encargado un trabajo previo a un grupo de expertos de reconocido prestigio que hicieron un trabajo muy profesional.

Aunque el articulado de la ley ya omitió parte de esas recomendaciones de los expertos, dejaba mucho margen para el desarrollo reglamentario, bien por el propio gobierno o a través de los respectivos parlamentos autonómicos con competencias en la materia.

En todo caso, la norma  se acogió en un primer momento con cierto optimismo entre la función pública porque -además de incluir generosos permisos para los empleados públicos- era la primera vez que se hacía referencia al personal directivo, a la evaluación del desempeño, al código ético, etc. También se introdujeron algunas fórmulas para mejorar la gestión de RRHH como los nombramientos temporales y la posibilidad de jornadas reducidas, aunque aún siguen infrautilizadas. En el apartado sindical se reforzó su capacidad negociadora pero a la vez se eliminaba a sindicalistas y a políticos de los tribunales de selección para reforzar su independencia y profesionalidad.

Aunque nunca se hicieron públicas las diferencias con el ministro, parece que el presidente Zapatero no consideró prioritario el desarrollo del EBEP y Sevilla tuvo que abandonar precipitadamente el gobierno tres meses después de sacar adelante la ley. El hecho trajo como resultado que su desarrollo quedó aparcado en el despacho  de su sucesora en el MAP, Elena Salgado, y nunca más se supo. Más tarde  hubo nuevas elecciones, las de 2008, y al poco tiempo llegó la crisis económica y los recortes -entre ellos una  rebaja de sueldos- que pondrían punto y final al gobierno de Zapatero en 2011.

De Zapatero a Rajoy

Tampoco el nuevo gobierno de Rajoy a partir de 2011  hizo mucho por cambiar el status quo de la función pública. Olvidado  el desarrollo del EBEP, siguieron los recortes, sobre todo de empleo público temporal,  que afectó sobremanera al personal interino de sectores clave como la enseñanza y la sanidad. Como alternativa, desde octubre de 2012 el gobierno puso en marcha la  Comisión para la Reforma de lasAdministraciones Públicas (CORA), liderada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que más que afrontar cambios profundos focalizó su trabajo en realizar un completo y meritorio inventario del entramado de las instituciones públicas existentes (fundaciones, empresas públicas, consorcios, mancomunidades e incluso “chiringuitos varios”.), poniendo coto  a esa administración paralela-duplicada y engordada durante años tanto en la AGE como en el resto de las administraciones territoriales, en parte para obviar el encorsetado procedimiento administrativo y la voluntad de esquivar los controles públicos sobre la contratación de bienes y personas.

Presentación del Informe #CORA, aprobado por el

gobierno de Rajoy en el año 2012 y que ahora languidece

Tanto los responsables del equipo de Zapatero como 

los de Rajoy tienen en común que la mayoría son 

funcionarios de carrera

Aparte de "podar" y racionalizar algo ese tupido entramado institucional y agilizar algunos procedimientos, sobre todo gracias al desarrollo de la administración electrónica, durante los años duros de la crisis -entre 2011 y 2015-  se congeló la reposición de los efectivos jubilados que en la práctica conllevó un recorte y envejecimiento de las plantillas públicas que supuso un nuevo handicap para la mejora de los servicios públicos.

A día de hoy, diez años después, nos encontramos que la propia Ley 7/2007 pasó a mejor vida en 2015, renaciendo a través del RDL 5/2015, de 30 de octubre,  que aprobó el  texto refundido del EBEP, dejando las cosas como estaban a nivel normativo.

Aparte de languidecer la propia comisión CORA por falta de impulso político del mismo gobierno que la creó hace menos de cinco años, los problemas de la función pública española -con casi 2,5 millones de empleados públicos- siguen ahí esperando que alguien de un paso al frente y les de una vuelta. Mejor por consenso para evitar el fiasco que supuso  la reforma local. A estas alturas, del ministro Cristobal Montoro,  con varios años de responsable de la cartera de Hacienda y Función Pública, no se espera que vaya a sorprendernos con medidas modernizadoras profundas.  

El último problema puesto sobre la mesa trata sobre el escandaloso tema del personal temporal, que afecta a un alto número y porcentaje de empleados públicos. El asunto se quiere corregir con una ambiciosa y generosa OEP durante los próximos años, pero  no tanto por poner fin a eso niveles de interinidad sino para eludir las consecuencias de una sentencia europea que no admite esa dualidad tan española que permite dispares derechos para los trabajadores según tengan contrato o nombramiento temporal o indefinido. En éste y otros asuntos que afectan a los ciudadanos, las imposiciones de las instituciones europeas a los sucesivos gobiernos y parlamentos han sido muy bien acogidas por más que en otros  quizás hayan defraudado.

Seguramente se dará un paso adelante si se pone fin a esta situación de precariedad laboral de nuestras AA.PP, incluso a los temporales del sector privado, pero a la vez abre otro debate y es el del propio modelo de la selección a través de las convencionales oposiciones, que resultan caras, clasistas y endogámicas en algunos casos,  y escasamente eficaces casi siempre para seleccionar a los mejores empleados públicos a partir de los principios de igualdad,  mérito y capacidad. (Ver entrada reciente al respecto)

En éste, como en otros aspectos de la gestión pública se echa en falta un mayor nivel de profesionalidad e independencia de los directivos públicos, espacio que ahora invade o coloniza la política,  bien a través de su personal de confianza directa, con sus asesores y con nombramientos discrecionales de cargos públicos y directivos, o de forma indirecta  con la proliferación de nombramientos  de libre designación.  En términos generales acaban  actuando al servicio de los partidos políticos gobernantes que les nombran  frente a los intereses generales, que frecuentemente no suelen ser coincidentes como lo demuestra el alto nivel de preocupación ciudadana hacia la corrupción existente en nuestras administraciones públicas. 

Luis Barbado*.- Es funcionario de carrera. TAE de RR.HH y editor del blog Gestores Públicos. @gestorespublico