Noticia relacionada en Madridiario.es.- Ignacio González tendrá que vérselas con los ayuntamientos que convirtió en accionistas del Canal
Elisa de la Nuez. Blog Hay Derecho.-Suelen decir nuestros
expertos que en España no puede hablarse de corrupción sistémica porque,
básicamente, los funcionarios y altos cargos no perciben sobornos a cambio de
la prestación de servicios públicos, como la educación, la sanidad o la
seguridad, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde entregar un
sobre a un médico o un profesor -y no digamos ya a un policía- facilita
bastante las cosas. Pero también admiten que la corrupción política está
profundamente enraizada en nuestras Administraciones Públicas e
instituciones en sus tres niveles: estatal, autonómico y local.
La razón es sencilla: es
muy difícil que personas que sólo saben gobernar de una manera entiendan que su
tiempo político ya se ha acabado, por mucho que todavía consigan ganar
elecciones y no se hayan enriquecido directamente con una corrupción que han
tolerado o ignorado como un mal menor a cambio de conseguir (o comprar, porque
la línea es bastante fina) apoyos, lealtades, votos y lo que hiciera falta para
alcanzar y mantenerse en el poder. Esperanza Aguirre ha necesitado tener a su delfín encarcelado
sin fianza para captar por fin el mensaje. Y es que, como decía Orwell, ver lo
que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante.
Andanzas en boca de todos
Porque seamos claros: las
andanzas de Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid por la
gracia del dedo de la lideresa, eran perfectamente conocidas por una parte
muy importante de la sociedad madrileña. Es más, incluso para los muy crédulos
o los muy sectarios -que suelen ser los mismos- los indicios estaban ahí para
cualquiera que quisiera verlos. Las sospechas nacían de un tren de vida
personal y familiar difícilmente compatible con la percepción durante muchos
años de un sueldo público, de la obsesión por la seguridad y el control, del
mantenimiento de una corte de fieles incondicionales (colocados siempre
estratégicamente en cargos institucionales, empresas públicas y en entidades
supuestamente privadas como CEIM, pero capturadas a base de dinero público) de
las relaciones con medios de comunicación poco escrupulosos y, por supuesto, de
la necesidad de controlar a los jueces y fiscales que podían investigarle y
encarcelarle.
En ese sentido, quizá el
último favor que Ignacio González ha hecho a la democracia española, si podemos
llamarlo así, ha sido poner de relieve la importancia de la independencia y la
imparcialidad del fiscal anticorrupción y del fiscal general del Estado -cuya
situación, por cierto, sería insostenible en un país serio-, así como la
imposibilidad de encomendar en este momento la instrucción de los delitos a los
fiscales por muchas razones técnicas que pueden invocarse sin acometer primero
una reforma a fondo del Estatuto del Ministerio Fiscal que garantice que se
investigan todos los delitos, incluidos los que puedan resultar incómodos para
el Gobierno de turno.
Efectivamente, lo que nos
demuestra insistentemente la realidad es que, en una democracia de baja calidad, los
jueces (sobre todo los jueces de base) son los únicos que pueden acabar con una
organización de tintes mafiosos tejida durante años y años al amparo del
poder, en este caso el del PP de las mayorías absolutas en la Comunidad de
Madrid. Algo similar ha sucedido con la antigua CDC en Cataluña y su famoso 3%
o con el PSOE de los ERE en Andalucía.
Afortunadamente los jueces han respondido a la necesidad de actuar como lo que son: la última trinchera del Estado de Derecho. Una trinchera en la que por fin se ha estrellado la impunidad de la que parecía disfrutar el ex presidente González, y de la que dan testimonio no sólo sus conversaciones privadas sino también lo burdo de algunas de las operaciones de saqueo que van siendo conocidas, al menos desde un punto de vista jurídico y económico. Porque, por lo que se sabe, podemos decir que no estamos ante métodos particularmente sofisticados para inflar contratos y cobrar comisiones.
Porque lo preocupante es
que hablamos de empresas públicas con muchos empleados y que cuentan,
al menos sobre el papel, con profesionales y asesores internos y externos para
detectar operaciones internacionales rocambolescas y ruinosas como la compra en
2013 por parte del Canal de Isabel II (una empresa pública que se dedica, según
su propia web, “a gestionar el ciclo del agua en la Comunidad de Madrid”) del
75% de una sociedad brasileña, Emissao Engenharia e Construcoes SA Ltda,
pagando una cantidad desmesurada a través de una firma instrumental y
depositando parte del dinero en una cuenta en la sucursal suiza del Royal Bank
of Canada. ¿Cómo es posible que se puedan realizar este tipo de operaciones tan
alejadas, por lo demás, del objeto social de una empresa pública sin que salten
todas las alarmas?
Cúpula directiva sin capacidad profesional y politizada
Pues, sencillamente,
porque en la cúpula directiva de estas empresas falta capacidad profesional y
criterio, y sobra politización y enchufismo. Pero también porque falla algo más
importante dentro de estas entidades: la ética y la responsabilidad de quienes
sí tienen esa capacidad profesional y ese criterio. Es relativamente fácil
convencer a alguien sin experiencia previa, sin formación adecuada y sin
criterio profesional alguno, de la bondad de prácticamente cualquier proyecto
que tenga las bendiciones de los que mandan pero hace falta también -y esto es
muy importante- que el proyecto, por absurdo que sea, aparezca adecuadamente
presentado y que cuente con los debidos avales técnicos y jurídicos. Por eso
todos los altos cargos investigados o acusados lo primero que alegan es que las
operaciones sospechosas habían pasado todos los controles, lo que en muchos
casos hasta puede ser cierto. Pero eso sólo quiere decir que los controles no
eran los adecuados, no que las operaciones no sean disparatadas en el mejor de
los casos y fraudulentas, en el peor. Y, sobre todo, el que finalmente se
pueda eludir la responsabilidad penal no quiere decir que no haya que asumir
ninguna responsabilidad por los daños ocasionados al erario público por
una gestión negligente o incompetente. Hay que insistir en esta idea:
necesitamos gestores responsables y para eso nada mejor que exigirles
efectivamente la responsabilidad política, administrativa o patrimonial que
corresponda. Oportunidades no nos van a faltar.
También conviene recordar
el destacado papel que en algunas de las operaciones dudosas que van saliendo a
la luz han desempeñado abogados, asesores, consultores y auditores internos y
externos, algunos de firmas muy relevantes y prestigiosas, pero que querían
tratar bien a sus clientes. Lamentablemente, los clientes no eran los
madrileños que acabamos pagando sus honorarios, sino los directivos que
decidían contratarles. Convendría empezar a reflexionar sobre el conflicto
de intereses que surge cuando quien nombra o contrata los servicios de
asesores especializados busca un beneficio particular en detrimento de los
intereses de la entidad o institución pública que gestiona. Un problema clásico
de gobierno corporativo bien conocido en el ámbito privado, pero que conviene
plantearse urgentemente en relación con las empresas públicas.
Fiscal anticorrupción
Quizá la mayor lección a
extraer de esta historia es la del desprecio por nuestras instituciones que ha
demostrado hasta su entrada en prisión quien tantos cargos institucionales ha
ostentado. Efectivamente, Ignacio González quiso seguir controlando el Canal de
Isabel II cuando ya era presidente de la Comunidad de Madrid, quiso presentarse
como candidato autonómico a las últimas elecciones autonómicas, quiso presidir
Caja Madrid, quiso elegir al fiscal anticorrupción.
Todo eso sabiendo lo que podía suceder, y que, finalmente, ha sucedido gracias al esfuerzo de unos cuantos profesionales: jueces, fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros muchos funcionarios que han conservado la suficiente dignidad y decencia para hacer bien su trabajo pese a todas las presiones. Lo que demuestra que el desprecio de González no estaba justificado y que tenemos servidores públicos decididos a evitar el hundimiento institucional y moral de nuestra democracia.
Post relacionado: Blog GlobalsPoliticicsandlaw. Responsabilidad política por la corrupción.
Todo eso sabiendo lo que podía suceder, y que, finalmente, ha sucedido gracias al esfuerzo de unos cuantos profesionales: jueces, fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros muchos funcionarios que han conservado la suficiente dignidad y decencia para hacer bien su trabajo pese a todas las presiones. Lo que demuestra que el desprecio de González no estaba justificado y que tenemos servidores públicos decididos a evitar el hundimiento institucional y moral de nuestra democracia.
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