"Para detectar quién es el más capaz parece que lo más prudente será indagar acerca de sus saberes y habilidades para desempeñar el puesto que se oferta"
Por Francisco Sosa Wagner.- Blog EsPúblico- Un fantasma recorre algunos medios de comunicación y es el
del descrédito de las oposiciones como método para seleccionar a los empleados
públicos. Quienes hemos conocido ya a muchos iluminados que nos han querido
vender la pócima salvífica (“el elixir” de la ópera de Donizetti) para
solucionar este asunto contemplamos la campaña con la mayor de las inquietudes.
Muchas veces lo he contado. Cuando elaboramos lo que luego
fue la ley básica de régimen local de 1985 tuvimos sus redactores que
defendernos, y hacerlo con mucha acometividad, de quienes querían suprimir sin
más los cuerpos nacionales de secretarios, interventores y depositarios por
considerarlos una antigualla franquista. La atrevida ignorancia de aquellos
sujetos tuvimos que disolverla dando algunas lecciones de historia y al final
pudimos mantener esas figuras a base de crear la “habilitación nacional”. ¿Ha
hecho daño la solución? Parece que ninguna, lo que ha hecho daño y mucho ha
sido el sistema de libre designación que ha degradado la seriedad inicial del
invento.
Porque, y parece mentira tener que recordarlo, “oposición”
viene de “oponerse”, es decir, del hecho elemental de que, cuando hay un puesto
de trabajo pagado con dinero público y a él aspiran cinco candidatos, preciso
es buscar la fórmula para seleccionar al más idóneo, descartado el recurso al
pariente próximo y a la “venta de oficios” practicada en el Antiguo Régimen (el
anterior a la Revolución francesa).
Pues bien, para detectar quién es el más capaz parece que lo
más prudente será indagar acerca de sus saberes y habilidades para desempeñar
el puesto que se oferta. Es aquí dónde caben todas las fórmulas posibles:
temarios, pruebas prácticas, redacción de informes u otras específicas
derivadas de esta o aquella especialidad (trabajo en un laboratorio, en un
taller, en el monte, etc).
Valoración por especialistas
Y por supuesto cualquiera es válida siempre que se respeten
a mi juicio algunas exigencias, de las que destaco dos: a) los conocimientos
han de ser objetivos y exigibles de acuerdo con unas reglas previamente
conocidas por los aspirantes (“opositores” porque -insisto- se “oponen” entre
ellos); b) han de ser valorados por especialistas que sepan de qué se está
hablando.
Es decir, no valen esas pruebas entregadas a la subjetividad
de quienes examinan como son las que se hacen sobre la base de entrevistas con
los candidatos que son muy buenas, y esto quiero que quede bien claro, para
cerrar o ultimar un proceso de selección pero, ojo, no para sustituirlo. La
entrevista moderna que mide el “liderazgo”, la “interoperabilidad”, la
“transversalidad” y todas esas otras moderneces sacadas de un manual de
psicología de feria, debemos mirarlas, yo al menos las miro, con la mayor
desconfianza sobre todo si se convierten en el meollo de las pruebas de
selección.
De otro lado, la necesidad de que quienes enjuician a los
candidatos sean expertos no es preciso enfatizarla. Pero sí recordarla porque,
al menos en la Administración local, y para los puestos atribuidos a
licenciados universitarios que no son de habilitación nacional, ha sido
frecuente que el compañero de partido o de sindicato sustituya con desparpajo
al abogado del Estado. Y aprovecho para decirlo: durante varias décadas, desde
1982, he sido catedrático de derecho administrativo de la Facultad de Derecho
de León. Jamás, en todos esos años, he sido llamado por un Ayuntamiento de la
provincia para formar parte de un tribunal cuya función consistiera en
seleccionar a un técnico experto en Derecho (lo que sí era frecuente en mi
etapa en Bilbao, hasta 1975, y en Oviedo, hasta 1982). Sin duda alguien con
buenas credenciales me ha sustituido pero sospecho que con mejor intención que
solvencia.
Conclusión: altérense como se quieran las pruebas, los
exámenes y sus contenidos de eso que despectivamente se llaman “oposiciones” pero
siempre respetando estas mínimas exigencias que me he permitido recordar.
Porque ese puesto que está en juego, y cuya obtención es el
sueño de quien no tiene trabajo o aspira a mejorarlo, está pagado con el dinero
de todos.
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