ElDerecho.com.- Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
volverán a abrir al público el próximo martes, 15 de junio, en los territorios
que se encuentren en fase III, aún por determinar, siempre que cumplan las
medidas en materia de riesgos laborales contempladas en el protocolo del SEPE,
según ha comunicado la dirección de este organismo a la Central Sindical
Independiente y de Funcionarios (CSIF).
En este sentido, CSIF considera que se debería estabilizar
esta carga de trabajo para proceder a la reapertura con las debidas garantías
al ser "más que previsible que la angustia e incertidumbre de estas
personas se trasladará a las oficinas del SEPE y a los profesionales que las
atienden".
Además, CSIF rechaza la reapertura por fases planteada
por los responsables del SEPE al considerar que las oficinas de prestaciones
del SEPE deben reanudar la atención al público al mismo tiempo, de la mano de las
comunidades autónomas con las que se comparte el espacio físico en las
oficinas, garantizando "las mismas y máximas medidas de seguridad
sanitaria, además de la vigilancia de seguridad, tanto para los gestores de
prestaciones como para nuestros usuarios".
En este sentido, reclama la presencia de Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad en el conjunto de las unidades, que garanticen la invulnerabilidad
tanto de gestores como de usuarios. "Poco sentido tiene reanudar la
atención a nuestros usuarios en unos territorios sí y en otros no, si no
podemos estar en condiciones de garantizar una respuesta efectiva al conjunto
de desempleados a los que, lamentablemente, todavía no hemos podido
llegar", subraya.
La carga laboral se multiplica por cinco y la plantilla solo
sube un 10%
La organización denuncia que los profesionales del SEPE
"desde que comenzó la crisis, han estado trabajando siete días a la semana
y a doble turno, durante el confinamiento en sus propios domicilios y con sus
equipos informáticos para resolver la avalancha de solicitudes de protección
por desempleo, con una plantilla deficitaria".
De hecho, apunta que, respecto al año pasado, la carga de
trabajo se ha incrementado un 530%, mientras que la plantilla solo ha aumentado
un 10% con personal interino por seis meses, prorrogable a nueve.
CSIF señala que quedan por tramitarse la protección al
colectivo de empleados del hogar, que aún no ha podido acometerse, además de
las prestaciones ordinarias de la extensa carta de servicios del SEPE que ya se
habían visto incrementadas exponencialmente antes de la pandemia y con motivo
de la ralentización de la economía.
"Todo ello ha generado una lógica frustración y
preocupación en los ciudadanos afectados, a los que los empleados públicos
quieren seguir atendiendo, eso sí, en las mejores condiciones", ha
añadido.
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