Revista de prensa. El Economista.- El sector público
es el único que ha logrado sortear el impacto de la crisis económica generada
por la pandemia. A mes de abril de 2020 se contabilizaban en la Seguridad
Social un total de 2.579.237 afiliados en entes de las
administraciones públicas. Esto supone, a pesar del paso de la crisis
sanitaria, un 1,8% más que los empleados contratados por el Estado registrados
en el mismo mes de 2019 (2.533.671 funcionarios). Un hecho que se podría
explicar por las fuertes necesidades en términos de recursos humanos que han
precisado las administraciones públicas en los últimos dos meses,
principalmente en el ámbito sanitario, que registra un
incremento de afiliación en los últimos doce meses de casi
80.000 ocupados más.
En este sentido,
el régimen general de trabajadores asalariados ha sufrido un
impacto que refleja una caída entre el mes de abril de 2019 y
abril de 2020 de 624.977 cotizantes, lo que significa un 4,1% menos.
Concretamente, hace un año se registraban 15.897.050 personas en este
colectivo, mientas que en el mismo mes de este año la cifra ascendía a 15.272.073.
Lo mismo ocurre en el caso de los trabajadores por cuenta propia que sumaban a
3.266.740 empleados en el Reta hace un año, mientras que en abril de 2020 la
cifra era de 3.220.977, es decir, un 1,4% menos (-45.833 autónomos).
Tampoco se libran
del estropicio en pérdida de trabajos el régimen del mar y el del
carbón. En el primero de los casos la tasa interanual a mes de abril de altas
en la Seguridad Social arroja una caída de 3.666 trabajadores de esta rama de
actividad, lo que supone un 4,9% menos (tras pasar de 65.010 afiliados a
61.944). Por su parte, los trabajadores del carbón son hoy 352 menos
que hace un año, lo que supone una caída del 29,2% tras contabilizar hace un
mes a escasos 1.205 trabajadores del sector.
Cabe recordar en
este punto que la crisis por el coronavirus ha dejado un mercado
laboral insostenible. El Estado paga ya al 63% de las
personas que perciben algún salario o prestación, mientras que solo el 37%
restante son empleados del sector privado. La subida del paro, los Ertes,
el cese de los autónomos y las pensiones supone que, en estos momentos, en
España por cada asalariado de la empresa privada hay 1,7 receptores de rentas
públicas.
Tras el avance de
las personas en situación de paro -si se suman los Ertes y los
autónomos alcanzan ya los 9 millones-, los datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA) reflejan que quedan en España 12,433 millones de
asalariados en el sector privado, mientras los sueldos y las prestaciones de
otros 21,148 millones se encuentran en manos del Estado. Entre ellos están los
parados (9 millones si se incluyen los Ertes y el cese de autónomos), los
pensionistas (8,9 millones) y los funcionarios públicos (3,248 millones).
Además, el gasto en nóminas públicas registrará la mayor subida de la
última década en medio de la crisis del coronavirus
Aportación de los sanitarios
Una de las
explicaciones que se pueden encontrar a este mantenimiento del empleo por parte
del sector público a pesar de la pandemia está en la contribución de los
afiliados pertenecientes a la rama de Actividades Sanitarias y Servicios
Sociales que en el último año registra un saldo positivo del 5,1% con
79.589 profesionales más que hace un año. De hecho, la aportación a los niveles
de afiliación del empleo publico es crucial ya que en las 21 ramas de actividad
que recoge la Seguridad Social solo dos más a parte de los sanitarios
registran tasas positivas de empleo en los últimos doce meses, pero con un
impacto residual sobre la afiliación: las actividades agrícolas que suma 1.266
ocupados en el último año y las de comunicación, que emplean a 1.449 personas
más.
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