España se sitúa entre los países más avanzados de la UE en
digitalización de la justicia, pero continúa en el vagón de cola en jueces por
habitante, independencia percibida y tiempos de resolución. La Comisión Europea
vuelve a señalar que la sospecha de interferencias políticas sigue pesando
sobre el sistema, mientras que el caso Plus Ultra vuelve a poner la regulación
de los 'lobbies 'sobre la mesa.
Reivata de prensa. Agenda Pública.- España es uno de los países de la UE que más invierte en
justicia y se encuentra entre los más avanzados en la aplicación a ese
servicio público de las últimas tecnologías de la información y la
comunicación. Así lo refleja la nueva edición del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE que cada
año edita la Comisión Europea. Ese enorme esfuerzo económico y de
modernización, como en años anteriores, no se traduce, sin embargo, en un
aumento significativo de la confianza de los ciudadanos en la
independencia de jueces y magistrados. Tampoco resuelve el sempiterno atasco
judicial ni los tiempos de respuesta del sistema, que permanecen prácticamente
estancados.
España es el noveno país de la Unión que más invierte
en justicia en relación con su PIB. Entre las grandes economías de la eurozona,
solo Alemania la supera, aunque con datos muy similares. El gasto público en
juzgados y tribunales desembolsado por el Estado y las comunidades autónomas
—sus principales proveedores— supera al de Italia y, a todavía más
distancia, al de Francia, Países Bajos, Austria o Bélgica. Si la inversión en
este servicio público se relaciona con la población total, España desciende a
mitad de tabla en gasto por habitante, lejos de Alemania, pero en el mismo
rango que Italia, Francia o Bélgica.
Gran parte de los fondos dedicados a la administración de justicia han ido
a la mejora tecnológica del sistema, lo que ha convertido a España en uno
de los Estados mejor situados en todos los indicadores relativos a la digitalización. Nuestro sistema judicial está en el
grupo de cabeza en valores como la accesibilidad de información en línea sobre
el sistema judicial, la disponibilidad de tecnologías digitales en juzgados y
tribunales, el uso de herramientas como la inteligencia artificial, la
videoconferencia, el teletrabajo o el expediente digital, o la posibilidad
de que ciudadanos y profesionales interactúen con los órganos judiciales y la
Fiscalía a través de herramientas y aplicaciones informáticas.
"El creciente flujo de recursos materiales y humanos no
ha conseguido aumentar significativamente la confianza de los españoles en la
independencia de su sistema judicial"
Pese a los esfuerzos del Gobierno, que ha anunciado para
este año la creación de quinientas nuevas plazas judiciales y se
propone crear quinientas más en 2027, el Cuadro de indicadores de la
justicia en la UE sigue situando a España a la cola en número de jueces
por habitante, solo por delante de Malta, Dinamarca e Irlanda. El Ejecutivo y
el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya han lanzado la convocatoria que
permitirá cubrir las nuevas vacantes con opositores y expertos juristas que
accedan a la carrera a través del llamado "cuarto turno". Este
aumento sin precedentes de la planta judicial se complementará con otras
doscientas nuevas plazas para fiscales. Los cálculos del Ministerio de la
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes indican que, gracias a estas
medidas, la presencia de jueces en la sociedad se acercará a la media europea,
aunque habrá que esperar a los próximos informes para comprobarlo.
El creciente flujo de recursos materiales y humanos, sin embargo, no ha
conseguido aumentar significativamente la confianza de los españoles en la independencia de
su sistema judicial. España vuelve a suspender, quedándose en el puesto
vigesimosegundo y dejando por detrás únicamente a Chipre,
Eslovaquia, Hungría, Croacia y Bulgaria. La principal razón de esa
mala nota, como en ediciones anteriores, es la supuesta interferencia del
Gobierno o los partidos, seguida por las presiones económicas.
El porcentaje de entrevistados que consideran que la independencia es
buena o muy buena apenas alcanza el 40%. Alrededor de un 35% la considera mala,
mientras que otro 10% la califica de muy mala. La visión positiva gana apenas
un par de puntos respecto a 2025. Se trata de una visión muy similar a la
de la edición anterior.
La confianza en la independencia de los jueces crece con más fuerza, según el
documento de la Comisión, entre las empresas, aunque tampoco en este valor
nuestra justicia sale del vagón de cola. El crecimiento de cinco puntos en las
percepciones de la independencia como buena o muy buena entre las compañías nos
deja en el decimonoveno lugar de los Veintisiete. Los motivos son los mismos:
la apreciación de influencias políticas y económicas.
En ambos casos -ciudadanos y empresas- los datos son algo mejores respecto a
ediciones anteriores del informe, aunque el ligero crecimiento nos vuelve
a dejar muy lejos de las grandes economías de la UE. Alemania, Países Bajos,
Bélgica, Francia e Italia obtienen en este punto una evaluación mucho mejor.
"La UE aprecia un estancamiento tanto en los tiempos de
resolución como en la pendencia de asuntos y la tasa de resolución"
Los datos son malos también en lo que respecta al atasco
secular de los juzgados y tribunales. La UE aprecia un estancamiento tanto en
los tiempos de resolución -en los que somos cuartos por la cola-como en la
pendencia de asuntos y la tasa de resolución -antepenúltimo puesto-. El
sistema judicial español solo mejora en la duración de las causas relacionadas
con el derecho europeo, como las relacionadas con la competencia o las
telecomunicaciones.
Por último, España sí sale bien parada en la promoción del acceso a
métodos alternativos de resolución de litigios, como la mediación, la
conciliación o la negociación. El dato puede deberse a la entrada en vigor, en
abril de 2025, de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia
del Servicio Público de Justicia, que estableció como obligatorio el
recurso a estos sistemas antes de presentar la demanda ante los tribunales
del orden civil.
En pleno estallido del caso Plus Ultra, en el que el
expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado en la Audiencia Nacional por tráfico de
influencias al mediar presuntamente con el Ejecutivo para que esa
aerolínea consiguiera un rescate de 53 millones en plena pandemia, el documento
vuelve a colocar a España entre los siete países europeos que todavía carecen
de registro de grupos de interés (lobbies). Otros países como Dinamarca,
Italia, Países Bajos o Suecia tampoco lo tienen.
"La representación de intereses que busca influir legítimamente en la toma
de decisiones de los poderes públicos que no implique un intercambio indebido
de ventajas es una actividad perfectamente legítima", dice la Comisión,
que pide transparencia para que esos contactos "no se conviertan
en puertas a la corrupción".
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