La Administración sigue
engordando sin freno: 3,25 millones de empleados públicos, y el 27,5% son
interinos
Revista de prensa. Por Roberto Pérez. ABC.es.- España se ha visto sorprendida otra vez por una crisis
económica con una cifra récord de trabajadores a sueldo de las
administraciones públicas. Ocurrió en 2008 y ha vuelto a ocurrir ahora, tras
desencadenarse la crisis del coronavirus. Y todo ello tras años en los que se
ha disparado la cifra de interinos.
En 2010, cuando la recesión colocó al borde del precipicio
las cuentas públicas de España, la Administración se vio forzada a poner a
dieta sus gastos. Una de las consecuencias fue el recorte de plantillas: el
empleo público empezó a reducirse en 2011, pero apenas tres años después ya
estaba remontando. Y no ha dejado de crecer con fuerza desde entonces, de modo
que ahora España ya está otra vez en cifras de récord.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), cuando más
empleados públicos hubo en nuestro país fue a finales de 2011, cuando se llegó
a los 3,3 millones de asalariados; ahora, el sector público tiene 3,25
millones de trabajadores, pero con una sustancial diferencia respecto a 2011:
ahora hay muchos más interinos y menos funcionarios de carrera.
La Administración española ha batido todos sus récords de
interinos: alrededor de 900.000, según las tres últimas EPA. La del primer
trimestre del año situaba la cifra de interinos en 892.800, tras una escalada
que se viene produciendo desde hace años, de forma sostenida. En el primer
trimestre de 2013 había 559.700 interinos en el sector público español, dos
años después ya eran 622.500, en el primer trimestre de 2017 se había subido
hasta los 686.100, a principios de 2019 la cifra alcanzó los 862.800, y en este
último año las administraciones españolas han engordado con otros 30.000
interinos. En total, en siete años, 333.000 más.
Se trata de plazas que la Administración ocupa con
contratados temporales, en vez de cubrirlas empleados públicos de carrera
que han obtenido un puesto en propiedad tras el correspondiente proceso
selectivo. La normativa establece que los puestos cubiertos por interinos deben
ser una circunstancia excepcional y pasajera. Entre otras cosas, para asegurar
que el empleo público se dota con personal de carrera, por oposición,
garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la
Administración.
Sin embargo, el sector público español transita ahora
también en tasas récord de temporalidad. No solo es ahora cuando más interinos
hay en número absoluto, sino que la proporción que representan sobre la
plantilla total de la Administración anda disparada en tasas de récord: hace
siete años, tras ponerse «a dieta» el sector público, los interinos suponían el
19% de todos sus asalariados; ahora son el 27,5%.
Datos por comunidades
Los gobiernos autonómicos son líderes en la materia. Entre
otras cosas, porque las administraciones regionales son, con mucha diferencia,
las que concentran la mayor parte del empleo público en España. Y también de
los interinos.
Contando los asalariados al servicio de todas las
administraciones (la periférica del estado, las locales y la autonómica
correspondiente), prácticamente todas las regiones tienen una tasa de
interinidad del empleo público superior al 25%. Cinco superan el 30% y
una, el País Vasco, roza el 40%. En ránking lo lideran Navarra, con una
tasa de temporalidad del empleo público del 33,3%; Canarias, con el 34%;
Extremadura, 35,1%; Cantabria, 36,3% y el País Vasco, con un 38,7%.
Frente a las voces de economistas que alertan del elevado déficit
público en el que está instalada España, y del riesgo que supone el aumento
constante de los costes estructurales de la Administración, desde los
sindicatos defienden el aumento del empleo público que se ha producido, para
recuperar las plantillas tras los recortes aplicados en la anterior crisis.
Pactos incumplidos
La secretaría de Políticas Públicas de la Federación de
Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Miriam Pinillos, considera que la alta
tasa de interinidad que se da ahora es consecuencia directa de esa
«recuperación del empleo público que se había perdido». Recuerda los acuerdos
alcanzados entre los sindicatos y la Administración en 2017 y 2018 para la
mejora del empleo público, que incluía reducir la temporalidad por debajo del
8%. El problema -explica Pinillos- es que las plazas se han dotado con
interinos a la espera de unas ofertas públicas de empleo que la Administración
no está llevando a cabo.
En similar sentido incide Francisco Lama, secretario
nacional de Acción Sindical de CSIF. «Han pasado tres años desde que se firmó
el primer acuerdo para reducir la tasa de temporalidad y, a día de hoy, siguen
pendientes de ejecución el 80% de los procesos selectivos que debían haberse
convocado con las correspondientes ofertas de empleo público».
«Hay una excesiva tasa de temporalidad provocada por las
administraciones públicas, y son ellas las que tienen que corregirla», subraya
Francisco Lama. Y defiende la estabilidad del empleo público como una de las
garantías de los servicios que se prestan a la ciudadanía. «Cuando más se
necesitan los servicios públicos es cuando más se nota esa precariedad, como ha
ocurrido con las condiciones laborales en las que ha tenido que responder la
Sanidad pública en la pandemia del coronavirus».
El 57%, a sueldo de las autonomías
La mayor parte del empleo público español depende de los
gobiernos regionales. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), las
administraciones autonómicas concentran el 56,8% de todos los trabajadores
públicos que hay en nuestro país, mientras que el 20% dependen de las
administraciones locales (ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos
insulares), apenas un 18% son empleados de la Administración central y de la
Seguridad, y en torno al 5% son asalariados de entes vinculados a las distintas
administraciones.
La abultada plantilla de las autonomías está directamente
relacionada con la sanidad y la enseñanza públicas, dos grandes servicios
muy intensivos en personal y que son competencia de las administraciones
regionales.
Desde el primer trimestre de 2014, las autonomías han
ampliado sus plantillas un 15,5% -han sumado otros 247.400 asalariados, según
la EPA-. Las entidades locales han engordado un 7,7%, y un 5% la Administración
central y de la Seguridad Social.
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