Un análisis detallando (también ver
AIREF (2107)) de este tipo de programas de rentas mínimas regionales nos
muestra que también son muy heterogéneas tanto en la cuantía como en la
cobertura. En cuanto a la cuantía, van de los 300 euros mensuales en Murcia o
Ceuta, hasta los más de 700 euros mensuales en el País Vasco o en Navarra. En
cuanto a la cobertura, para determinar los colectivos con derecho a las mismas,
también se usan distintas rentas de referencia (8 comunidades usan el IPREM,
tres comunidades el SMI y Cataluña ha creado una renta de referencia). Y para
añadir una mayor heterogeneidad regional, las CCAA usan distintos porcentajes
sobre sus rentas de referencia (que van desde 62% al 100%). Si a esto le
añadimos una alta complejidad administrativa podemos decir que el modelo actual
tiene una baja eficacia en su lucha contra la pobreza, incluso contra la
extrema.
Por este motivo, creo que es imprescindible mejorar el
actual sistema de rentas mínimas, estableciendo un nuevo diseño que ordene
todos los programas de apoyo existentes, que garantice unas coberturas y
cuantías mínimas en todo el territorio nacional y que mejore su eficacia y
eficiencia. Cómo todo el mundo puede entender, el principal escollo para
diseñar un Ingreso Mínimo Vital de carácter permanente, es la necesidad
diseñarlo conjuntamente con las CCAA y su maraña de rentas mínimas de
inserción.
Dada la urgencia de ayudar a los mas vulnerables afectados
por la COVID-19 en este
post abogaba por establecer un Ingreso Mínimo Vital de emergencia que
sirviera como laboratorio de pruebas para un IMV permanente. Sinceramente creo
nuestro país necesita un programa de IMV para hacer frente a la pobreza y en
particular a la pobreza infantil. No hay nada que generé más desasosiego que la
pobreza infantil. Los niños en hogares pobres o marginales están condenados al
fracaso escolar, lo cual dificulta mucho la movilidad social. Por lo tanto,
creo que la lucha contra la pobreza infantil es una de las políticas mas
importantes para garantizar la igualdad de oportunidades. Y este sentido el
nacimiento de IMV permanente bien diseñado es sin duda una muy buena noticia.
El gobierno ha descartado la puesta en marcha de un ingreso
mínimo de emergencia frente al COVID-19 y ha optado por introducir directamente
un Ingreso Mínimo Vital de carácter permanente con las siguientes
características. Se trata de una ayuda que complementa los ingresos de familias
vulnerables. El requisito para ser considerado vulnerable es tener una renta
que se queda 10 euros o más por debajo del umbral mínimo establecido. El nuevo
IMV a modo de renta garantizada servirá de complemento. Es decir, una familia
que cumpla los requisitos le corresponde una renta mínima de 1.000 euros tendrá
derecho al complemento si ingresa 990 euros o menos. El montante de la ayuda va
a depender del número de miembros y de hijos y de la tipología del hogar entre
otras cosas. Se han establecido 14 tipos de hogar. Estos irán desde el
compuesto por un adulto solo, al que le corresponderán 461,5 euros mensuales,
hasta las familias compuestas por tres adultos y dos niños o más o por cuatro
adultos y un niño (1.015 euros/mes). El Instituto Nacional de Seguridad Social
(INSS) se hará cargo de la gestión del ingreso mínimo en toda España, excepto
en Navarra y el País Vasco, donde se encargarán las administraciones
autonómicas.
En una primera reflexión he identificado algunos problemas
de diseño que creo que se deberían corregir para conseguir que el necesario programa
de IMV que acaba de nacer mejore su potencia y su eficacia como lucha contra la
pobreza.
Papel de las CCAA. La parte positiva del nuevo IMV es
que consigue crear una garantía de rentas mínima a nivel estatal (igualando en
un mínimo a todas las CCAA), buscando la armonización con los sistemas de
rentas de inserción ya existentes. Es decir, garantiza un mínimo común por
parte del estado, y da libertad a aquellas comunidades, que así lo deseen,
complementen sobre este mínimo garantizado.
El problema principal, probablemente por la urgencia en la
negociación con las CCAA, es que no hay ningún tipo de obligación por parte de
las CCAA a colaborar en el coste y estas estratégicamente pueden retirar sus
rentas mínimas para ser reemplazadas por el IMV estatal. De hecho, ni siquiera
se tienen en cuenta las rentas autonómicas que pueda estar recibiendo una
familia en este momento, a la hora de aplicar el control de rentas que
determina los requisitos para percibir el IMV. Es decir, el nuevo IMV de la
Seguridad Social que percibirá una familia será exactamente el mismo, tanto si
esta familia estaba percibiendo ya la ayuda autonómica como si no la estaba
percibiendo. Por lo tanto, es muy probable que la mayor parte de las CCAA
reduzcan sustancialmente sus programas de rentas mínimas, y únicamente aquellas
CCAA que ya tienen rentas mínimas muy generosas, como el País Vasco o Navarra,
los mantendrán, como complemento. Para garantizar que las CCAA siguen aportando
recursos para la lucha contra la pobreza, un diseño más razonable sería que el
nuevo IMV fuera co-financiado por las CCAA y la Seguridad Social. De esta
forma, no solo se obtendría un sistema de protección más potente (actualmente
las CCAA dedican 1.500 millones y dan apoyo a 350 mil familias en sus programas
de rentas mínimas), sino que también ganaría en corresponsabilidad fiscal pues
no olvidemos que son las CCAA las que tienen las competencias en asuntos
sociales.
Incentivos al empleo. Al estudiar los programas de rentas
mínimas que mejor funcionan hemos aprendido que los programas de ingresos
mínimos deben tener importantes incentivos al empleo para evitar las llamadas “trampas
de la pobreza” que generan persistencia y reducen la movilidad social o el
desplazamiento de rentas hacia la economía sumergida. En la nota
de prensa del decreto se dice: “Además, se fomentará la participación en el mercado laboral
con incentivos. Cuando el titular de la prestación no tenga empleo y lo
encuentre, parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de
la prestación. En el caso de que esté ocupado, cuando su salario se incremente,
la cuantía de la prestación se reducirá en una cantidad inferior. En el caso de
que el titular no esté ocupado, se exigirá la inscripción como demandante de
empleo para el acceso a la prestación.”
Habrá que esperar a los detalles del RDL para ver cómo son
dichos incentivos al empleo. Voy a poner dos ejemplos para ilustrar por qué un
IMV sin incentivos al empleo puede generar incentivos perversos.
Supongamos que el IMV (a modo de renta garantizada) para una
familia de 5 miembros que cumple los requisitos para percibirla, son 1.015
euros al mes y el IMV no tuviera incentivos al empleo.
Ejemplo 1. La familia tiene ingresos por 915 euros, que es
el sueldo de uno de los miembros. En este caso el IMV al que tendría derecho
son 1.000 euros. Pero si la persona que esta trabajando por 915 euros deja de
trabajar, el IMV sería de 1.015 euros. Es decir, el IMV pasaría de 1.000 a
1.015 euros mes. Por lo tanto, podemos decir que, en esta situación, el
trabajador dedica su jornada laboral para obtener tan solo 0 euros. Por lo
tanto, podemos decir que, en esta situación, el trabajador dedica su jornada
laboral a obtener 0 euros (es decir es cómo si tuviera un 100% de tipo
impositivo).
Ejemplo 2. La familia tiene 0 ingresos pues nadie
trabaja. En este caso el IMV será de 1.015 euros. Supongamos que tiene la
suerte que a un miembro de la familia le ofrecen un salario de 1.011 euros y lo
acepta. En este caso el IMV pasará de 1015 euros a 1 euro.
Luego, en el ejemplo 1 ¿qué incentivos tiene el miembro de
la familia que esta trabajando a seguir trabajando? o lo que es más grave, ¿qué
incentivos tiene de pasarse a la economía sumergida? Y en el ejemplo 2, ¿qué
incentivos tiene el trabajador a aceptar el empleo por 999 euros? Creo que las
preguntas se contestan solas. En mi opinión los incentivos deberían ser al
estilo de los “negative income tax”. Este problema de incentivos también lo
tenia iniciativa legislativa popular sobre establecimiento de una Prestación de
Ingresos Mínimos como puse de relieve en este
post. Esperemos que diseño final de los incentivos al empleo, que
conoceremos tras la publicación del RDL, sean los adecuados.
También es importante tener en cuenta, que introducir
incentivos al empleo, requiere un mayor gasto del calculado de forma estática.
Según algunos cálculos solventes la introducción de incentivos monetarios al
empleo supondría un aumento del coste total del programa en una horquilla del
28% al 50%. Cuando tengamos los detalles una vez se publique el BOE, analizaré
en detalle cómo funcionan estos incentivos.
Estabilidad Fiscal. Como hemos dicho en muchas
ocasiones en este blog, España aún no ha resuelto su crisis fiscal y lo que
resulta más preocupante desde el año 2014 el déficit estructural no ha parado
de aumentar (ver aquí para
una análisis de la consolidación fiscal en España desde la crisis de 2008).
Simplificando, el déficit estructural es el déficit que tendría una economía
cuando crece a su potencial y sin tener en cuenta las medidas temporales (o
medidas “one-off”) tanto de gastos como de ingresos. En este sentido, a
diferencia de un IMV temporal, un IMV permanente aumenta el déficit
estructural. Dado que aumenta los gastos de forma estructural, lo responsable
para no introducir tensiones fiscales adicionales es introducir medidas de
aumento de los ingresos capaz de financiarlo.
No obstante, dicen que son 3000
millones de euros, pero ¿son adicionales? pues, a parte del comportamiento
estratégico de las CCAA reduciendo sus programas rentas mínimas, parece que la
prestación por hijo de la Seguridad social, o al menos una parte de ella,
va a desaparecer.
Cobertura. El gobierno anuncia que el IMV tendrá una
cobertura inicial de 850 mil familias y un coste de 3.000 millones anuales. En
una situación previa a la pandemia, como la analizada por la AIReF
en 2017, hablaba de 1,8 millones de familias como el objetivo a cubrir y un
coste de 5.500 millones. Evidentemente en estos momentos donde muchas familias
han sido golpeadas por la pandemia, el colectivo de vulnerables será incluso
mayor. Por lo tanto, creo que es muy probable que este IMV sea insuficiente
para luchar contra la pobreza asociada al COVID-19. En este sentido, cobra aún
más importancia una buena negociación con las CCAA para que entren a
co-financiar este nuevo IMV, alineen sus incentivos, mejore la
corresponsabilidad fiscal y eviten que los recursos que ya están dedicando a la
lucha contra la pobreza acaben desviándolo a otras funciones. Para el tema de
la cobertura es importante conocer los detalles de cómo se van a considerar la
caída de ingresos por culpa de la pandemia. Para conocer lo ocurrido en
2019 tenemos los registros de la Agencia tributaría, pero ¿para este año 2020?
¿cómo se va a hacer?. Y, ¿se van a considerar los ingresos contemporáneos
de forma excepcional solo este año por la pandemia o de forma estructural?
En definitiva, creo que la puesta en marcha del IMV recién
anunciado por el gobierno es un paso muy importante para completar nuestro
Estado del Bienestar al introducir una prestación de último recurso general y
homogénea en todo el territorio nacional. Seguramente es el avance en materia
social más importante desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia de
2006. Comparto completamente el objetivo de luchar contra la pobreza, y en
particular contra la pobreza infantil. No obstante, creo que tiene importantes
problemas de diseño que el necesario recién nacido programa de IMV debería
tratar de resolver lo antes posible para mejorar su potencia y eficacia cómo
escudo contra la pobreza. Por último, es muy destacable, que por primera vez
nace un programa del Estado del Bienestar estableciendo un mecanismo para poder
ser evaluado. La evaluación de políticas públicas es crucial para la mejora de
los programas y el uso eficiente de los recursos públicos.
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