En
esta legislatura, se aprobará la Ley de Función Pública de la Administración
General del Estado, se modificarán el EBEP y la
Ley de Transparencia, se avanzará en Gobierno abierto y se impulsará un nuevo
acuerdo Gobierno-sindicatos para continuar la mejora del empleo público.
Ministerio de Política Territorial y función Pública. Nota de prensa. La ministra de
Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado
importantes reformas y cambios legislativos en la modernización de la
Administración pública para contribuir a la reconstrucción social y económica
después del COVID-19 y acelerar las grandes transformaciones de nuestro país.
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| La ministra Carolina Darias en su toma de posesión el pasado mes de enero |
Ley de Función Pública y modificación del Estatuto Básico
La ministra ha anunciado que el Gobierno
presentará el proyecto de Ley de Función Pública de la AGE, que acometerá una
profunda transformación en el sistema de empleo público sobre los pilares de
carrera profesional, evaluación del desempeño, formación y personal directivo.
Y con los principios de igualdad de género, fomento de la diversidad y la
inclusión en la función pública, con especial atención a la integración de las
personas con discapacidad, a las víctimas de violencia de género y del
terrorismo. La reforma del empleo público constituirá el eje básico de la
modernización de la Administración: “Es
necesario mejorar el acceso a la función pública”, por lo que, además de
los principios rectores, igualdad, mérito, capacidad…se incorporarán criterios
específicos en relación con las tareas concretas a desempeñar, ha resaltado. En
el ámbito local, la normativa del Estado es supletoria (en ausencia de
desarrollo autonómico), y se planteará también actualizar cuestiones de la Ley
de Bases de Régimen Local de 1985 y del Real Decreto Legislativo 781/1986, por
el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local.
La
ministra ha adelantado también la modificación del Estatuto Básico del Empleado
Público en dos aspectos relevantes. Por un lado, mejorar la regulación del
personal interino, para evitar situaciones que han llevado a un alto nivel de
conflictividad y pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE. Y por
otro, tras la experiencia de la etapa COVID, que ha mostrado el potencial de la
modalidad del trabajo no presencial, dotar de un marco jurídico adecuado y
consensuado a esta forma de trabajo, mejorando la conciliación y respetando los
principios de igualdad y corresponsabilidad. La Reforma de la Función Pública
se integrará en el conjunto de las políticas de reformas estructurales del
Gobierno y de sus esfuerzos para impulsar la modernización de la
Administración, mejorar la calidad, la eficacia y la eficiencia de su
funcionamiento y garantizar a la ciudadanía la prestación de los servicios
públicos.
Convocatoria
de la Conferencia Sectorial de Administración Pública
La reunión anunciada por la ministra para el
11 de junio viene precedida de 19 encuentros bilaterales con cada uno de los
responsables de Función Pública de las comunidades autónomas. Además de
analizar las fórmulas de trabajo no presenciales, “que han venido para quedarse”, la Sectorial abordará los cambios
legislativos anunciados por la ministra y la necesidad de dar estabilidad a las
plantillas, con la supervisión de la Comisión de Coordinación del Empleo Público.
En su última reunión, en octubre de 2018, alcanzó dos importantes acuerdos:
aprobación del Reglamento sobre su funcionamiento y favorecer la movilidad
interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género.
Modernizar la Administración pública La ministra ha señalado que se impulsará
en esta legislatura un “proceso de modernización reflexiva de la Administración
pública”, para hacer de ella el mejor instrumento al servicio del buen gobierno
y de las políticas públicas que España necesita. Una transformación basada en
los conocimientos, las experiencias vividas y con nuevos elementos como son las
tecnologías, la inteligencia artificial y las redes sociales, con un papel
relevante que hoy “afecta a nuestras
relaciones sociales y personales y a nuestras relaciones con la Administración”.
Queda probado, afirma la ministra, que “el Estado es la parte insustituible de
la solución y no el problema”. Una Administración pública al servicio del buen
gobierno, precisa de organismos vitales en ese proceso de modernización
reflexiva: el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el
Instituto para la Evaluación de las Políticas Públicas (IEPP). El IEPP evaluará
todas las políticas públicas, con el horizonte de la vertebración social y territorial
y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y el INAP, fortalecido como centro
de referencia de generación de conocimiento y valor público, funcionará como
laboratorio para las administraciones públicas en la construcción de la
sociedad del futuro, preparando a los servidores públicos.
La
ministra ha añadido asimismo que el Plan de Captación
de Talento contribuirá a poner freno al envejecimiento existente en
la Administración General del Estado, a través de programas con universidades,
institutos y centros de formación profesional. Claves de la modernización:
personas, recursos y procesos. Empleadas y empleados públicos. Carolina Darias
se ha declarado “defensora férrea del
servicio público” y ha elogiado la labor de las empleadas y empleados públicos
este tiempo: ”Han demostrado una
generosidad y una entrega dignas de elogio y en unas condiciones difíciles”. La
ministra ha informado que continuará el diálogo y la negociación con los
representantes sindicales, con quienes ya ha alcanzado acuerdos y con el
propósito de aprobar un nuevo acuerdo que permita seguir avanzando en la mejora
del empleo público y condiciones de trabajo.
Retribuciones. La ministra ha recordado una de las
primeras medidas de este Gobierno, el incremento del 2% con efectos a 1 enero
de 2020, y ha recalcado lo ya reiterado por el presidente y por la ministra de
Hacienda: “El Gobierno mantiene su compromiso con las retribuciones de los
empleados públicos”. Igualdad entre hombres y mujeres. En la Administración
pública, la igualdad es un derecho fundamental y un valor estratégico, y la
ministra ha apuntado algunas medidas prioritarias: itinerarios formativos en
Igualdad en la Función Pública; apoyo a la conciliación de la vida personal,
familiar, laboral y la corresponsabilidad; remover obstáculos que limitan la
igualdad plena en el desarrollo de la carrera profesional; y medidas para la
detección temprana y el abordaje integral de situaciones especialmente
vulnerables, como es el acoso sexual y por razón de sexo. Inclusión social y
laboral. Darias ha resaltado que precisamos de una Administración inclusiva,
que no deje a nadie atrás, y de oportunidades, especialmente a quienes más lo
necesitan. Las ofertas de empleo público de 2018 y 2019 reservan 424 plazas,
que serán convocadas, ha anunciado la ministra, por ingreso libre y estarán
reservadas para personas con discapacidad intelectual y física.
Oferta
de empleo público (OEP):
Durante los años de crisis económica, las ofertas de empleo público estuvieron
prácticamente congeladas. En 2018 se da un giro a la situación y en 2019, el
Gobierno impulsó la mayor oferta de empleo público de los últimos 11 años, con
33.793 plazas. El envejecimiento del personal genera un problema que puede
afectar al funcionamiento de la Administración y a la prestación de servicios
públicos. La edad media del personal de la AGE es de 52 años, casi diez años
más que la del conjunto de la población activa (42,5) y la previsión es que en
los próximos diez años, más del 51% del personal se va a jubilar, un aspecto al
que hay que dar una respuesta y afrontar con las ofertas de empleo público.
En la AGE, el personal interino está ya por debajo del 8%.
Hay
en marcha procesos de estabilización, tras los acuerdos alcanzados en los
últimos Presupuestos Generales del Estado, para situar la temporalidad por
debajo de 8% en todas las administraciones públicas. En los sectores sanitario
y educativo de las comunidades autónomas, la temporalidad sigue muy por encima
del 8%. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de
marzo de 2020, también incide en la alta temporalidad. El Gobierno “asume su
compromiso con la reducción de la temporalidad e impulsa mecanismos de
coordinación para que se desarrollen los procesos de estabilización del empleo
público”. Administración transparente y al servicio del buen gobierno La
ministra ha señalado la transparencia y el buen gobierno como principios
fundamentales y ha anunciado que uno de los objetivos de Legislatura es la
reforma de la actual Ley de Transparencia y Buen Gobierno (2013) para avanzar
en la ampliación de las obligaciones de publicidad activa, máximas garantías en
el ejercicio del derecho de acceso e impulsar la participación ciudadana en las
políticas públicas. El alcance de la reforma, ha añadido, deberá perfilarse en
los procesos de consulta y audiencia pública. “Es voluntad de este Ministerio
avanzar en unas instituciones más trasparentes, más permeables al público, para
mejorar en la consideración de instituciones responsables e íntegras que
legitiman su papel ante la ciudadanía”, ha subrayado Carolina Darias.
Nuevo impulso también a la política de Gobierno Abierto, mediante la aprobación del IV Plan de Gobierno Abierto, una nueva estrategia de España, en colaboración con la sociedad civil y las distintas administraciones públicas, a través de la Comisión Sectorial de Gobierno abierto y del Foro de Gobierno Abierto.
Nuevo impulso también a la política de Gobierno Abierto, mediante la aprobación del IV Plan de Gobierno Abierto, una nueva estrategia de España, en colaboración con la sociedad civil y las distintas administraciones públicas, a través de la Comisión Sectorial de Gobierno abierto y del Foro de Gobierno Abierto.
España es miembro con otros
países de la Alianza de Gobierno Abierto, para promocionar los valores de la
transparencia, la rendición de cuentas, la integridad, la participación
ciudadana y la colaboración social e institucional. Este objetivo común se
concreta en el diseño e implementación de Planes de Gobierno Abierto, como el
III Plan aprobado por España y finalizado en 2019. Un avance significativo,
según el Mecanismo de Revisión Independiente (IRM), que destaca el valor de la
promoción del acceso a la información y la institucionalización del Foro de
Gobierno Abierto. España es el único Estado miembro de la Alianza para el
Gobierno Abierto con tres programas activos, con representación de los tres
niveles de gobierno. El IV Plan de Gobierno Abierto se elaborará con la
colaboración de todas las administraciones públicas y la sociedad civil, con el
objetivo de que pueda ser aprobado por el Foro de Gobierno Abierto en el
próximo mes de septiembre.
Un país que tiene que reconstruirse. La ministra ha
recordado durante su intervención a las víctimas del COVID-19, señalando que la
acción del Gobierno se ha dirigido a salvar vidas, a reforzar nuestro sistema
público de salud y a poner en marcha un dispositivo para mitigar el impacto
social y económico: “Hemos aprendido una lección del comportamiento de la
ciudadanía, que nos exige un mínimo común de entendimiento para hacer frente a
la emergencia sanitaria y abordar la reconstrucción social y económica”. Otra
de las lecciones aprendidas, ha agregado, es la necesidad de acelerar las
grandes transformaciones anunciadas por el presidente del Gobierno en su
Investidura. Para ello se ha creado la Comisión de Reconstrucción Social y
Económica.
Desescalada. Con fecha 1 de junio de 2020 hay 64.412 efectivos prestando servicio de manera presencial, 99.178 en modalidades no presenciales y 2.451 en situación de aislamiento. Además, se han celebrado 118.607 reuniones por videoconferencia, en una clara apuesta por el uso de nuevas tecnologías, según los datos aportados en la comparecencia en el Senado. La ministra Darias ha recordado que el 4 de mayo de 2020 se publicó una resolución negociada con los sindicatos, con estos prioridades: prestación del trabajo en modalidades no presenciales, no podrá incorporarse el personal en situación de incapacidad temporal, tengan o hayan tenido sintomatología reciente relacionada con la COVID-19 o hayan estado en contacto con personas afectadas; prioridad de la atención telefónica y telemática en los servicios de atención al público; cita previa, límite del aforo y flexibilización horaria. Se establecen varias fases de transición hacia la normalidad, de acuerdo con el Plan del Gobierno, con reincorporación gradual de las personas imprescindibles. El personal encuadrado en los grupos vulnerables no se incorporará en las fases 0 y I. Con carácter general las reuniones de trabajo se celebrarán mediante audio o videoconferencias; se suspenderán los viajes de trabajo que puedan solventarse con recursos tecnológicos y los cursos se desarrollarán, prioritariamente, por medios telemáticos. Tras finalizar la suspensión de plazos administrativos, los procesos selectivos se tramitarán con carácter ordinario y se aplaza la celebración de pruebas selectivas presenciales de concurrencia masiva por el tiempo imprescindible.
Desescalada. Con fecha 1 de junio de 2020 hay 64.412 efectivos prestando servicio de manera presencial, 99.178 en modalidades no presenciales y 2.451 en situación de aislamiento. Además, se han celebrado 118.607 reuniones por videoconferencia, en una clara apuesta por el uso de nuevas tecnologías, según los datos aportados en la comparecencia en el Senado. La ministra Darias ha recordado que el 4 de mayo de 2020 se publicó una resolución negociada con los sindicatos, con estos prioridades: prestación del trabajo en modalidades no presenciales, no podrá incorporarse el personal en situación de incapacidad temporal, tengan o hayan tenido sintomatología reciente relacionada con la COVID-19 o hayan estado en contacto con personas afectadas; prioridad de la atención telefónica y telemática en los servicios de atención al público; cita previa, límite del aforo y flexibilización horaria. Se establecen varias fases de transición hacia la normalidad, de acuerdo con el Plan del Gobierno, con reincorporación gradual de las personas imprescindibles. El personal encuadrado en los grupos vulnerables no se incorporará en las fases 0 y I. Con carácter general las reuniones de trabajo se celebrarán mediante audio o videoconferencias; se suspenderán los viajes de trabajo que puedan solventarse con recursos tecnológicos y los cursos se desarrollarán, prioritariamente, por medios telemáticos. Tras finalizar la suspensión de plazos administrativos, los procesos selectivos se tramitarán con carácter ordinario y se aplaza la celebración de pruebas selectivas presenciales de concurrencia masiva por el tiempo imprescindible.
MUFACE.- Respecto a la modernización de MUFACE, pasa por
un nuevo Plan 2020-2023, que incorpora la digitalización en la prestación del
servicio y refuerza el papel de las direcciones provinciales. Buen ejemplo de
los avances logrados es la implantación de la receta electrónica en 16
comunidades autónomas, a la que se sumará La Rioja. Antes de la crisis sanitaria,
sólo se utilizaba en cuatro (Extremadura, Cantabria, Aragón y Asturias).
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