Por EVA BELMONTE. Fundación Civio.- El BOE de hoy recoge el resumen de la memoria de 2018 del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el organismo que se puso en marcha en
2014 para aplicar la Ley de Transparencia, vigilando su cumplimiento y, lo más
importante, atender las reclamaciones de la ciudadanía cuando las
entidades públicas no les dan la información que solicitan. Una de las
conclusiones más relevantes es que, desde su nacimiento y hasta el 31 de
diciembre de 2018, el organismo acumula un gasto de 287.159,46 euros para
defenderse de los recursos presentados contra sus resoluciones, la mayoría
presentados por administraciones públicas.
Este no es el único gasto de las arcas públicas que se
destina a estos juicios, puesto que a esta cifra habría que sumarle el
coste para las propias administraciones públicas que recurren. Así, una de las
conclusiones de la memoria es que es necesario reducir la litigiosidad de los
organismos públicos contra las resoluciones del organismo, que en la gran
mayoría de casos se plantea para impedir que la ciudadanía acceda a información
cuando el CTBG resuelve que sí tiene derecho a hacerlo.
Así, a cierre del año pasado, sumaban 131 recursos, 92
de ellos de entidades públicas (85 de ellas estatales, como ministerios y
entidades como RTVE), según los datos de su página web y el resto de
empresas y particulares.
La situación no mejora en 2019. En lo que llevamos de
año, el Consejo suma a esa lista 58 nuevos recursos, 46 de ellos de entidades
públicas estatales y autonómicas y locales. Entre ellos, por ejemplo,
el recurso del Ministerio de Justicia para no dar acceso
al expediente sobre la exhumación de Franco o el de la CNMV para ocultar el
informe completo sobre la sanción impuesta a Josep Borrell alegando datos
personales.
¿Quién defiende al Consejo?
El CTBG cuenta con un convenio con la Abogacía del
Estado para que esta le represente ante los tribunales, por el que paga
20.000 euros anuales. Pero solo puede usar estos servicios cuando litiga contra
particulares, empresas o entidades autonómicas y locales. Y es que, si la pugna
es entre Estado (o entidades públicas estatales) y CTBG, la cosa se
complica: la Abogacía del Estado no puede defender a ambos bandos. Así, en
estos casos (la mayoría, por el momento) el organismo debe contratar abogado
y procurador privados. En la actualidad, tiene un contrato con la firma
Escárate Asesores.
Otra de las conclusiones de la memoria, que se repite año
tras año, es la petición de más efectivos. Durante 2018 contaron con 22
personas y, según un informe del Tribunal de Cuentas mencionado en el
documento, necesitarían 55 para poder ejercer sus funciones. Además, reclaman
un mayor presupuesto -fue de 2,3 millones en 2018, de los que se gastaron 1,74.
En paralelo, el CTBG no tiene presidenta desde noviembre de 2017, cuando
falleció Esther Arizmendi.
Esta falta de recursos provoca, afirman, que su función de
evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia sea parcial, ya que
deberían revisar a unas 100.000 entidades, según sus cálculos. Este problema es
especialmente relevante cuando se trata de las entidades privadas
afectadas por la ley: por un lado, los partidos políticos, las organizaciones
sindicales y las organizaciones empresariales; y, por otro, las entidades
privadas que reciban subvenciones de más de 100.000 euros o que supongan más
del 40% de sus ingresos. Así, por ejemplo, en 2018 solo evaluaron a los cuatro
principales partidos políticos de ámbito estatal.
Estas evaluaciones están destinadas a, entre otras cosas,
vigilar si están publicando toda la información que les obliga la ley. Además
de analizar algunas entidades públicas, revisan el Portal de Transparencia
estatal. Solo ahí han detectado 27 deficiencias. Y, aunque aseguran que ha
habido mejoras, recuerdan que algunas carencias detectadas en 2016 aún no han
sido resueltas.
Disclaimer
Civio es el autor de
algunas de las solicitudes de información que han acabado en los tribunales. De
hecho, estamos personados en dos juicios a favor de las resoluciones del
Consejo y lideramos un tercero. Por el otro lado, en 2019 hemos presentado un recurso, en este caso en contra del CTBG.
Ninguna de estas circunstancias ha afectado a la redacción de esta noticia
No hay comentarios:
Publicar un comentario