Revista de prensa. El Mundo.- Hazte profesor universitario, tendrás un buen trabajo, bien
remunerado y de por vida. Dar clase en una universidad pública española fue
siempre uno de esos sueños típicos que cualquier madre invoca para sus hijos.
El estatus social del docente y la posibilidad de
encaramarse a la intocable función pública hacían de esta profesión un futuro
deseable. Sin embargo, muchos de esos atractivos se han desdibujado en los
últimos 15 años como consecuencia de la crisis, el escamoteo de plazas de
profesor funcionario por los recortes y la proliferación de contratos
laborales, temporales y a tiempo parcial.
Una de las figuras que más ha sufrido esa precarización es
la de los profesores asociados, creada en la Ley Orgánica de Universidades
(2001) como una vía para que todo tipo de profesionales arrimaran el hombro en
la formación de los universitarios, pero que ha acabado convertida en leña para
mantener en movimiento la locomotora académica. "Se ha pervertido
plenamente el espíritu de la figura y se ha convertido en un profesor barato
que saca adelante cada vez más docencia por muy poco dinero", denuncia
Manuel Benítez, que lleva 17 años trabajando como profesor asociado en la Universidad de Alicante y preside la
Plataforma de Profesores Asociados de dicha institución.
Lo cierto es que la diferencia salarial de este colectivo
respecto a figuras funcionariales como las de catedrático y profesor titular
son significativas. "Un asociado cobra entre 300 y 750 euros al mes,
según las estimaciones que hemos recopilado a nivel nacional", explica
Isabel de la Cruz, presidenta de la Plataforma Estatal que han creado estos
docentes.
Mientras, un catedrático puede ganar entre 40.000 y 80.000
euros y un titular entre 30.000 y 60.000 euros, dependiendo de un sinfín de
complementos, trienios, quinquenios, sexenios... aunque en estos casos a la
docencia se añade la actividad investigadora que no tienen los asociados.
"No es verdad que esté creciendo tanto el profesorado
asociado porque sea una figura menos costosa, sino porque actualmente es
imposible incrementar el permanente", afirma Ernest Cano, secretario
ejecutivo de la sectorial de profesorado de la Conferencia de Rectores
de las Universidades Españolas (CRUE).
"Desde el año 2012 [con el Real decreto-ley de medidas
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo], o
incluso antes, nos hemos encontrado con dificultades por la tasa de reposición
de funcionarios mientras seguían creciendo las necesidades docentes",
añade el también vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Valencia.
Desfuncionarización
La consecuencia ha sido una desfuncionarización que va más
allá de la epidemia de asociados. Así, el profesorado contratado (no sólo los
asociados, sino otras figuras alternativas a las de catedrático y profesor
titular, como el ayudante, el contratado doctor o el visitante) creció
cinco puntos porcentuales entre 2008 y 2014 para pasar del 39,99% al 44,71% del
total.
Ya en el curso 2017-2018, 54.614 miembros del personal
docente e investigador (PDI) estaban vinculados a la Universidad por esa vía no
funcionarial. Ello supondría un 55,63% del total, aunque habría que hacer
la equivalencia a tiempo completo de esos contratos para saber si los
campus españoles exceden el 49% que la ley de universidades vigente (la Lomlou)
establece como máximo para estas figuras.
Dos de los principales expertos nacionales en gerencia y
directores del informe estadístico bienal de la CRUE, Juan Hernández Armenteros
y José Antonio Pérez García, hicieron esa traducción hace unos años y
concluyeron que nueve universidades superaban el máximo de profesores
contratados ya en 2008, antes de que se notaran los efectos de los recortes y
las restricciones para la contratación (la Pablo de Olavide alcanzaba un 76,75%
ese año); y otras nueve se les habían sumado hacia 2014.
Es decir, 18 universidades vivían al margen de la ley: Pompeu
Fabra, Girona, Autónoma de Barcelona, Miguel Hernández, Rey Juan Carlos, Pablo
de Olavide, Castilla-La Mancha; Rovira i Virgili y las universidades de
Barcelona, Islas Baleares, Extremadura, Alcalá y Alicante. Y la situación sólo
ha empeorado en estos cinco años.
Temporales
Igualmente, en el curso 2017-2018, casi la mitad del profesorado
de las universidades públicas del país estaban contratando de forma
temporal. Concretamente, 43.460 de los 98.173 profesores del sistema
universitario público no tenían una vinculación permanente con la
institución académica para la que trabajaban.
Lo peor no es que sea alta la proporción de contratos
temporales, con un 44,27%. Ni siquiera que esté por encima del límite legal del
40% establecido en la Lomlou. Lo peor es que hay universidades como la
Rovira i Virgili (66,45%), la Carlos III de Madrid (62,97%), la de las Islas
Baleares (60,37%) y la de Lleida (60%) en las que al menos seis de cada 10
profesores son temporales.
Pero, sin duda, la situación más fraudulenta es la de los
asociados, una figura con la que se pretende aprovechar en la docencia
universitaria los conocimientos y la experiencia de "especialistas de
reconocida competencia que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del
ámbito académico universitario". Un requisito recogido en el artículo 53
de la Lomlou que cada vez se cumple menos.
"Hay multitud de docentes jóvenes y no tan jóvenes a
los que se les dijo en su día que metieran la cabeza en la Universidad como
asociados y que ya irían evolucionando, pero que años después siguen en la
misma situación", describe Benítez, que denuncia cómo "muchos se
dan de alta como falsos autónomos para que parezca que tienen otro trabajo y
poder acceder a la nómina de 600 euros como asociados".
En cambio, sí se cumplen a rajatabla los requisitos del
artículo 53 de que esos contratos sean "de carácter temporal y con
dedicación a tiempo parcial" y su duración sea "trimestral, semestral
o anual» renovable «por períodos de igual duración". Es decir,
condiciones de precariedad absoluta si no son más que el complemento a otra
ocupación preferente.
"Hay una parte de los asociados que tienen otro trabajo
en el sector público e incluso son profesores de secundaria o de magisterio. Se
puede mejorar su reconocimiento económico, pero no hay por qué asumir que estos
profesores están en una situación precaria", sugiere Ernest Cano.
"Otra parte viene del sector privado y en muchos casos lo que precarizó la
crisis no fue su situación en la universidad, sino la de su otra
ocupación", añade.
Un planteamiento que no sienta nada bien entre las
plataformas de profesores asociados. "Ese argumento es ridículo, casi
insultante", estalla indignada Isabel de la Cruz. "La mayoría de los
asociados están en una situación precaria e incluso dados de alta como falsos
autónomos, pero aunque no fuera así, eso no justificaría que cobren una miseria
por su trabajo".
Según cálculos de la plataforma estatal que preside, si
se cuentan todas las horas que dedican a preparar clases y corregir prácticas y
exámenes, cada hora trabajada les saldría a 4,83 euros. "Si tienes que
dejar a los niños con un canguro para trabajar, te cobra más", lamenta.
Soluciones
¿Y cuál podría ser la solución a este problema a medio o
largo plazo? Para la CRUE, en palabras de Ernest Cano, este fraude generalizado
se solucionaría con "una mejor financiación de las universidades y la
aprobación de un marco jurídico más adecuado para la gestión de personal que
permita hacer una planificación estructural de las plantillas". Esa última
es una tarea que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades estaba
acometiendo como parte de la elaboración de un inacabado estatuto del PDI.
Por su parte, la plataforma estatal reclama tres medidas,
como recuerda De la Cruz: "Anular el artículo 53 para que no se vean
obligados a darse de alta como autónomos"; "que se facilite la
promoción a otras figuras" y "que se permita suscribir contratos de
tres años" para que al menos puedan colaborar en proyectos de
investigación plurianuales.
Esta última reclamación tiene que ver con una situación que
explica por qué la figura de profesor asociado es un pozo sin fondo del que es
muy difícil salir. "Como se supone que no tenemos perfil
investigador, no nos dan ayudas para investigar, pero tampoco podemos acceder a
grupos con proyectos plurianuales porque nuestros contratos son, como máximo,
anuales", explica Manuel Benítez.
"Y es la pescadilla que se muerde la cola, como
somos asociados no podemos investigar y si no investigamos no hacemos méritos
para ser asociados. Ése es el círculo vicioso (y fraudulento) de la precariedad
que ha permitido a las universidades sacar adelante su carga docente los
últimos 20 años.
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