Revista de prensa. El Economista-Servimedia.- El Gobierno tiene
intención de aprobar antes de junio un real decreto por el que se aprueba el
desarrollo reglamentario de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno.
Fuentes del
Ministerio de Hacienda y Función Pública señalaron que este reglamento se
someterá a información pública durante el mes de mayo.
La norma pretende
aclarar el alcance de las obligaciones sobre transparencia de la actividad
pública y que "la aplicación de los límites de la ley sea muy restrictiva,
siempre a favor de la transparencia", indicaron las mismas fuentes.
Según el borradorde la norma, se aplicará principalmente a las administraciones públicas,
sociedades mercantiles y fundaciones del sector público estatal.
Con este
reglamento se pretende asegurar la mayor transparencia posible en la actuación
de los sujetos obligados y facilitar el acceso de los interesados a la
información pública de forma eficaz, al tiempo que se refuerzan las garantías
del interesado, asegurando una aplicación restrictiva de los límites y causas
de inadmisión previstas en la Ley.
4 capítulos
La norma se
estructura en cuatro capítulos: el primero concreta el objeto de la norma y los
sujetos del sector público y las entidades a las que abarca; el segundo
capítulo modula las obligaciones de publicidad activa en función de los sujetos
obligados; en el tercer capítulo se establecen distintas previsiones en aras de
facilitar y simplificar la relación con el interesado y se garantiza que la
interpretación de las causas de inadmisión sea restrictiva; y por último,
concreta las funciones de las unidades de información de transparencia, que
ejercerán una labor de coordinación de la información que sea objeto de publicidad
activa y de la tramitación de las solicitudes de acceso a la información
pública.
En este borrador
se especifica que las medidas previstas no podrán suponer incremento de
dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal, y que la norma
entrará en vigor el 1 de julio de 2018.
No obstante,
fuentes de Hacienda señalaron que si algún trámite se retrasa, la aprobación se
produciría después del verano.
Destacaron que
este reglamento "va a incrementar la seguridad jurídica, porque hay muchas
lagunas que han dado lugar a interpretaciones diversas" de la ley de
transparencia.
El objetivo,
según Hacienda, es que "no se utilice el reglamento como un arma para no
dar información, sino todo lo contrario".
Por otra parte,
estas mismas fuentes explicaron que tienen la intención de establecer una
obligación para elaborar planes de absentismo en las administraciones públicas,
así como los parámetros para medirlo "con el afán de que nos comparemos y
veamos qué cosas están funcionando en unas administraciones y qué cosas
no".
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