Por Elisa de la Nuez. Blog Hay Derecho.- Los avatares del máster de Cristina Cifuentes por la
Universidad Pública Rey Juan Carlos –con independencia de cómo evolucione la
investigación acerca de si reunía o no los requisitos necesarios para obtener
el título puesto que las explicaciones facilitadas el miércoles en la Asamblea
regional de la Comunidad de Madrid solo han convencido a los que ya lo estaban
previamente- revelan un problema de fondo muy preocupante. Consiste en la
escasa formación de nuestros políticos sumada a las redes clientelares tejidas
alrededor de determinadas instituciones académicas públicas. Se refiere por
tanto a la necesidad de aparentar más méritos de los que efectivamente se
tiene.
Porque más allá de lo que se determine finalmente
respecto a la veracidad de las actas, la asistencia a clase, los trabajos de
fin de curso, las notas modificadas y otros elementos relacionados con el
complejo procedimiento administrativo académico (que a día de hoy parece
presentar irregularidades muy notables dicho sea de paso) hay algo que es
obvio: la señora Cifuentes no ha podido dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a
obtener este máster. En eso sigue la tradición de otros políticos de su partido
que antes que ella -recordemos las tesis de Rodrigo Rato o Federico Trillo
cuando eran respectivamente Vicepresidente del Gobierno y Presidente del
Congreso- que han hecho tesis doctorales ocupando puestos políticos de primer
nivel. ¿Superhombres o supermujeres? Que cada uno piense lo que quiera, pero el
ciudadano desconfiado puede pensar que es poco probable que se les haya exigido
lo mismo que a otros estudiantes de a pie o que ellos solos hayan
realizado un trabajo intelectual que –al menos si se hace bien- requiere un
esfuerzo y una dedicación considerables. No nos engañemos: una vez que se llega
a primera línea de la política no hay más capital humano e intelectual que el
que se trae puesto de casa e incrementarlo no es fácil y menos mediante una
formación reglada. Desgraciadamente en España ese capital no suele ser muy
impresionante.
Dicho lo anterior, parece que el objetivo es
sencillamente hacerse con un título que avale el reconocimiento y el prestigio
que se supone lleva aparejada la educación superior así como las ventajas
profesionales que lleva consigo. En el ámbito académico y empresarial estar en
posesión de un máster o de un doctorado es una “marca” que puede mejorar
sustancialmente las perspectivas profesionales máxime en casos como los de
Cristina Cifuentes, que antes de pasar a la política era funcionaria del Cuerpo
Técnico Superior de la Universidad Complutense de Madrid, es decir, personal de
Administración y Servicios (PAS).
El problema es cuando este objetivo se pretende
alcanzar sin necesidad de superar los requisitos de mérito y capacidad que
exigen este tipo de estudios.
En definitiva, si estas titulaciones se
expidan a los políticos –y quizás no solo a ellos- en unas condiciones que básicamente
lo que acreditan es justamente lo contrario, la falta de mérito y capacidad, se
pervierte todo el sistema y se pone en entredicho la finalidad y la función
social de una institución académica de tanta importancia como es una
universidad pública.
En el caso de la Universidad Rey Juan Carlos (más
conocida por sus estrechos lazos clientelares con el PP de Madrid que por sus
logros académicos) además llueve sobre mojado. Después del escándalo
protagonizado por el anterior Rector, Fernando Suarez, por varios casos
documentados de plagio la Universidad no solo fue incapaz de reaccionar, sino
que sus órganos de gobierno cerraron filas con el Rector, para vergüenza
general. La pasividad de profesores y estudiantes, con honrosas excepciones,
fue la regla general. Tampoco el papel de la CRUE fue demasiado airoso. El
Rector Suárez no llegó a dimitir sino que simplemente no se presentó a la
reelección y, hasta donde se sabe, sigue desempeñando su tarea docente en la
Universidad Rey Juan Carlos.
Ascensor social
Más allá de las vicisitudes del caso concreto de la
Presidenta de la Comunidad de Madrid (cuya huida hacia adelante le augura un
futuro político poco halagüeño) convendría reflexionar como sociedad sobre la
necesidad de tomarse más en serio los principios de mérito y capacidad. Los
títulos académicos y las universidades que los expiden (máxime si están pagadas
con el dinero de nuestros impuestos) tienen una importantísima responsabilidad
en esto. Si en una Universidad pública el esfuerzo, el talento y la dedicación
no valen nada, cabe cuestionarse legítimamente cual es papel. Algo
especialmente crítico en una Universidad de las características de la Rey Juan
Carlos, llamada a servir de “ascensor social” a los estudiantes con menos
ventajas socioeconómicas.
Conviene insistir: si cunde la sospecha de que en esta
u otras universidades personas con poder pueden obtener el reconocimiento de
méritos inexistentes, queda en entredicho su credibilidad y su profesionalidad
y con ellas el esfuerzo y el trabajo de sus profesores y estudiantes. En
definitiva, si el máster de Cristina Cifuentes no vale nada, los títulos que
expida la Universidad Rey Juan Carlos cada vez valdrán menos. Por tanto, deben
de ser esos mismos profesores y estudiantes, además de sus órganos de gobierno,
los principales interesados en disipar todas las dudas y demostrar que en la
Universidad Pública las reglas que rigen el mérito y la capacidad son iguales
para todos. Por su bien y por el de todos.
Por último, deberíamos también plantearnos qué tipo de
representantes políticos queremos. Porque en una época de grandes cambios e
incertidumbres como la que vivimos se necesitan muchos más recursos
intelectuales y morales que en otras menos disruptivas y más tranquilas.
Necesitamos políticos con una formación más amplia e ilustrada, capaces
de detectar hacia donde van nuestras sociedades y como usar para mejorar
nuestra calidad de vida la tecnología que ya tenemos a nuestra disposición.
Necesitamos repensar muchos conceptos políticos, jurídicos y económicos que ya
no responden al mundo en el que vamos a vivir. Y por encima de todo,
necesitamos un compromiso ético con los intereses generales mucho mayor.
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